CADENASER* : Una importante empresa de la construcción valenciana ha financiado las facturas de la reforma de la vivienda del líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Plá. El que fue candidato a la presidencia de la Generalitat realizó obras por valor de 78.000 euros, 13 millones de las antiguas pesetas según las facturas que obran en poder de la Cadena SER. Los recibos fueron abonados en su totalidad por el Grupo Villegas, un grupo con importantes intereses urbanísticos en la Comunidad valenciana. El líder del PSPV realizó entre el verano de 2006 y principios de este año una reforma del interior de su vivienda de Valencia.
Las obras consistieron en la colocación de parqué y en la reforma de la cocina y el baño. Entre las facturas que obran en poder de la Cadena SER , figuran la compra de una vinoteca de casi 1200 euros; una campana de extracción de humos por 1.100 euros; una encimera de mármol glaciar que costó 6.700 euros o un desembolso de casi 4.000 euros en carpintería. En total la reforma asciende a 78.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso esta emisora.
Son 10 las empresas que emiten facturas por los trabajos en el interior de la vivienda del líder del PSPV, Joan Ignasi Plá. Todas ellas las envían a dos empresas del sector de la construcción: Grupo Villegas y OPALIA del Mediterráneo, filial del Grupo Villegas. Ambas son las que finalmente se encargan de pagar a los proveedores, sin que Plá les haya reembolsado esas cantidades.
Declaraciones de Plá a la Cadena SER
El líder de los socialistas valencianos ha reconocido que no ha pagado la reforma de su piso. No lo considera algo extraordinario, aunque han pasado 6 meses desde que finalizaron las obras. Plá ha declarado: "Hasta día de hoy yo no las he pagado. La empresa a la que encargué esas obras será la que habrá hecho frente a los distintos proveedores".
Preguntado por el coste total de la reforma, Plá dice desconocerlo, aunque no descarta que sea superior a los 78.000 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso la SER. El secretario general del PSPV-PSOE añade además que no conoce ni a Construcciones Villegas ni a su filial OPALIA, empresas que finalmente se hicieron cargo de las obras.
Importantes intereses en la Comunidad Valenciana
Según el Registro Mercantil, el Grupo Villegas y su filial OPALIA cuenta con importantes intereses en la Comunidad Valenciana. Construcciones Villegas tiene su sede social en Murcia y ha resultado adjudicataria en 71 concursos públicos. La práctica totalidad de las adjudicaciones proceden de administraciones de Murcia y Valencia. Entre ellas importantes ayuntamientos gobernados por el PSOE en el momento de la adjudicación como el de Dénia o el de Ontiyent.
Construcciones Villegas participa en la empresa OPALIA del Mediterraneo que ha obtenido 10 adjudicaciones, todas ellas en la Comunidad valenciana. La Cadena SER se ha puesto en contacto con Construcciones Villegas que no ha querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.
* Cadena Ser Noticias - 16-10-2007
Una constructora financió las obras del domicilio del líder de los socialistas valencianos
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18.10.07
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La Fiscalía investigó al 50% de los alcaldes de la provincia de Las Palmas en 2006
CANARIAS7* : Primeros ediles de la mitad de los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas formaron parte de diligencias de investigación tramitadas el año pasado por la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC, según datos extraídos de la memoria de 2006, periodo en el que por esta sección pasaron denuncias contra alcaldes de 17 municipios por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, así como supuestos casos de prevaricación y prevaricación urbanística, entre otros.
La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tramitó distintos procedimientos judiciales a lo largo del año 2006 contra alcaldes de hasta 17 de los 34 municipios de la provincia de Las Palmas, ocho de Gran Canaria, cinco de Lanzarote y cuatro de Fuerteventura.
Algunas de esas diligencias han sido archivadas, pero la mayoría continuan adelante, ya sea en forma de acusación ante los juzgados de primera instancia e instrucción, a la espera de juicio o aún en fase de tramitación de esas diligencias.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas se vio el año pasado en la necesidad de pedir a la Fiscalía General del Estado prórrogas del plazo de seis meses establecido para tramitar este tipo de diligencias para continuar investigando varias denuncias, debido a la complejidad de los casos, entre ellas las presentadas contra la anterior alcaldesa de la capital grancanaria, Josefa Luzardo (PP), por la autorización de derribos de inmuebles de Vegueta y Triana y contra el ex primer edil de Puerto del Rosario, Manuel Travieso (CC), por la concesión de licencias para la construcción de viviendas en suelo rústico.
La mayor parte de las diligencias previas abiertas contra alcaldes se refieren a la concesión de licencias de obra en suelo rústico sin los informes que son preceptivos en distintos supuestos de prevaricación y de prevaricación urbanística.
Al cerrar 2006, la Fiscalía de Medio Ambiente aún tramitaba diligencias abiertas en 2000, entre ellas una contra el ex alcalde de Teguise Dimas Martín.
Carmelo Vega y González Arroyo
La Fiscalía de Medio Ambiente tramitó en 2006 cinco diligencias previas contra alcaldes de Santa Brígida, sobre todo Carmelo Vega, por denuncias sobre una urbanización, el velatorio municipal, un edificio de tres plantas en Tafira, una licencia para viviendas en suelo rústico y la autorización de una granja.
Con tres diligencias previas le sigue el ex alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo, denunciado por el caso El Cotillo, extracción de áridos en Tindaya y concesión ilegal de licencia a un pariente.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 16/10/2007
Foto: Yaiza (Lanzarote) - lanzarote-virtual.com
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17.10.07
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Los aliviaderos de las Salinas de Calp están bloqueados por las urbanizaciones
LEVANTE-EMV/Alicante* : El tripartito de Calp aprobó en su junta de gobierno una declaración institucional en la que busca las causas de la gran inundación más allá de la gran tromba de agua. El portavoz del gobierno local, Joan Morató, fue el encargado de leer esa declaración que pone el acento en que «en los últimos 40 años» la ciudad no ha previsto las infraestructuras adecuadas, se ha saturado de construcción y ha crecido sin planificación urbanística.
Fruto de este desarrollo urbanístico, la acequia perimetral que protegía la inundación de las salinas con el agua dulce de los barrancos en caso de lluvias está ahora taponada en su salida al mar por un bloque de 24 adosados (en la imagen).
Por otra parte, la zona baja de las Salinas, por donde se bombeaba el agua del mar, es ahora la calle Finisterre, el lugar donde se ha abierto una brecha artificial para sacar el agua de la laguna.
Ese urbanismo sin brújula, que ha permitido que junto al Penyal d´Ifach y Les Salines se alcen grandes torres de apartamentos, pasa ahora factura. «Queremos pedir disculpas a todos los vecinos y, en especial a todos aquellos que han sufrido daños en sus bienes y enseres o que han pasado momentos de angustia», indicaba la declaración institucional.
Y esas disculpas son porque «las administraciones competentes durante años» no han aplicado políticas adecuadas para evitar una catástrofe como la que Calp vive ahora.
El alcalde, Luis Serna, también ha insistido estos días en que hay que revisar el modelo de la ciudad y caer en la cuenta de que la naturaleza tarde o temprano se rebela contra el urbanismo salvaje.
El portavoz del Bloc, Ximo Tur, abundó ayer en lo mismo: «Ahora hay que reordenar el territorio y repensar el urbanismo para no caer en los mismos errores».
Tur, que es concejal de Cultura, indicó que también se está achicando agua en los yacimientos arqueológicos, sobre todo en el de los Banys de la Reina. Reconoció que hay críticas porque estos trabajos de achique se han efectuado antes que los de los garajes inundados. «Nuestro patrimonio arqueológico tiene muchísima más importancia que todos los Mercedes juntos», afirmó.
El edil de Cultura señaló que, en principio, los yacimientos no habían sufrido daños por la inundación y que se achicaba el agua para evitar ahora su deterioro.
La declaración institucional del gobierno local también agradece «las muestras de solidaridad» del Gobierno y del Consell y «el anuncio inmediato de ayudas para paliar los daños».
El tripartito calpino pide además a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que «revisen los protocolos de actuación (en alusión a la limpieza, sobre todo de cañas) en las riberas de los cauces y barrancos».
* Levante-EMV - A. P. F./J.S, Calp/Valencia - 17 de octubre de 2007
Foto: Calpe (Alicante), salinas y bloques - seo-alicante.org
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17.10.07
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El TSJA se inclina desde 2003 por las paralizaciones cautelares como garantía de la legalidad urbanística
ELPAÍS* : Desde marzo de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene una línea favorable a la suspensión cautelar de obras cuando se impugnan licencias por no ajustarse a los planeamientos urbanísticos. La doctrina del tribunal contenida en los numerosos autos de suspensiones dictados desde entonces sostiene que con esta medida se evita una alteración por la vía de los hechos consumados del modelo urbanístico diseñado y aprobado legalmente en los planeamientos municipales.
El referente claro es Marbella, donde la no adopción de medidas cautelares propició la proliferación de edificaciones ilegales. En los últimos 15 años se han alzado en Marbella más de 18.000 viviendas contrarias al PGOU, y su normalización constituye el debate central del nuevo planeamiento.
Desde que en 1992 se produjo la primera impugnación de una licencia de obra dada por el gobierno de Jesús Gil, el TSJA negó sistemáticamente la suspensión cautelar de las obras. Tardó 11 años en hacerlo, y en el cambio de doctrina fue determinante la acumulación de impugnaciones. Después de 130 recursos en los que siempre se había negado la suspensión cautelar, el 14 de marzo de 2003, el TSJA dictó la primera suspensión en un auto en el que consideraba que "al estarse procediendo sistemática e inexorablemente a la ejecución material de las obras amparadas por tales licencias (..) es posible que nos encontremos con que cuando se dicten los pronunciamientos judiciales de tantísimos recursos se haya podido también consumar la ejecución o construcción de un edificio o urbanización, sino de una parte de cierta importancia del municipio".
En ningún otro municipio se ha dado, ni de lejos, la casuística de Marbella, aunque en general los conflictos judiciales a cuenta del urbanismo han aumentado considerablemente en los últimos años.
En cambio, los juzgados de lo contencioso no se han mostrado todavía tan proclives a las suspensiones cautelares como la sala del TSJA, quizá, como afirma un magistrado, porque ésta ya ha dictado sentencias firmes anulatorias de licencias y tiene una percepción más directa del problema. Un ejemplo es el auto denegatorio de la suspensión cautelar de las 53 viviendas de Valle Rosario Golf. La misma juez negó también la suspensión de las obras de urbanización para el polémico complejo de Los Merinos Norte, en Ronda, en un auto en el que calcaba algunos de los argumentos empleados en el caso de Villanueva del Rosario.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 16/10/2007
Foto: tribunal justicia andalucía - junta andalucía
Noticia relacionada: Villanueva del Rosario (Málaga): Una juez niega la suspensión de unas obras impugnadas para no perjudicar al promotor /El País 16/10/2007
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17.10.07
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Sobreprecios en dinero negro
CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN* : La reciente denuncia realizada por diversas familias viguesas contra la promotora Construcuatro ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo haya iniciado diligencias penales. Tales denuncias, avaladas por grabaciones de voz efectuadas por la policía con autorización judicial, sostienen que la citada promotora cobró sobreprecios en dinero negro en la venta de pisos de protección autonómica. Este tipo de fraude no constituye una novedad, puesto que, al parecer, se trata de una práctica bastante extendida, incluso dentro del propio polígono vigués de Navia, en el que la Consellería de Vivenda ya sancionó este año a otra promotora con multa e inhabilitación, además de obligarla a devolver a los compradores las cantidades indebidamente percibidas.
Las peculiaridades del caso de Construcuatro consisten en que entre los socios de esta promotora figura el portavoz del PP en el ayuntamiento de Pontevedra y en que, aparte de la denuncia por la vía administrativa ante la Consellería, se ha presentado además la citada denuncia por la vía penal, en la que, según la información facilitada por los abogados de los afectados, se imputa a los gestores de la sociedad un delito de estafa y un delito contra la Hacienda pública.
Dejando ahora al margen la evidente infracción administrativa y la ilicitud de los sobreprecios, con los datos que conocemos resulta muy difícil entender que además se cumplen los requisitos del delito de estafa, puesto que en la mayoría de los casos las personas que actuaban en nombre de la promotora ni siquiera ocultaban el límite máximo en el precio de venta de la viviendas; pero incluso en los supuestos en que no se explicaba el motivo por el que se exigía una cantidad en dinero negro no puede aceptarse sin más que, por esta razón, surge ya el "engaño bastante para producir error en otro", característico del delito del artículo 248 del Código Penal. La diferencia entre el fraude penal (delito de estafa) y el fraude civil reside en que en aquél deben existir unas maniobras engañosas de especial relevancia y en que la víctima no ha de tener posibilidades de autoprotegerse frente a la conducta engañosa.
En lo que atañe a los delitos contra la Hacienda pública, tampoco puede existir un delito de fraude de subvenciones en su modalidad de malversación, porque, a diferencia de los supuestos de arrendamiento, en las promociones destinadas a venta de viviendas de protección autonómica la promotora no recibe una prestación económica de la Administración que pueda ser calificada como subvención o ayuda a los efectos del artículo 308 del Código Penal.
Lo que sí podría llegar a existir, en cambio, es un delito de defraudación tributaria, en la medida en que las ganancias obtenidas en dinero negro no se hubiesen declarado a Hacienda y se hubiesen cumplido los requisitos recogidos en el artículo 305 del Código Penal. Aunque en los casos de ganancias ilícitas la aplicación de este delito haya sido materia controvertida en doctrina y jurisprudencia, en mi opinión tal aplicación no debería suscitar dudas cuando las ganancias no constituyen el fruto de un delito previo, sino el de una mera infracción administrativa, como sucede en el caso que aquí se analiza.
Por último, si el juez considera probados los testimonios de algunos compradores, no hay que descartar que en determinados casos haya podido cometerse un delito de amenazas condicionales del artículo 171.1 del Código Penal, siempre que se hubiese amenazado al comprador con causarle un mal (esto es, la no realización del contrato del piso sobre el que tenía una reserva) si éste no cumple una condición ilícita (entregar el sobreprecio indebido en dinero negro).
Y, situados en esta hipótesis, se cumpliría además el presupuesto para la posterior comisión de un delito de blanqueo de dinero definido en el artículo 301 del Código Penal, si la promotora, tras haber percibido las ganancias ilícitas, introduce el dinero en el tráfico financiero legal, dado que este dinero tendría entonces su origen en un delito previo.
* ELPAIS.com - Galicia - 15/10/2007
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La riada de Alicante pone en evidencia el urbanismo salvaje
ELPAÍS* : La inundación que el viernes afectó a la comarca alicantina de La Marina Alta debido al desbordamiento de ríos y barrancos ha puesto al descubierto los efectos del urbanismo salvaje. Expertos universitarios e ingenieros cuestionan la planificación del territorio en la Comunidad Valenciana, permisiva con la construcción de edificaciones en zonas inundables, en los márgenes de cauces y en parajes expuestos a ser arrasados cuando se producen crecidas excepcionales debidas a lluvias torrenciales.
Esta realidad la experimentaron en carne propia los vecinos de las calles paralelas al cauce del río Girona a su paso por El Verger y Els Poblets. El desbordamiento del Girona arrasó un millar de casas en ambos pueblos. La riada también anegó las urbanizaciones levantadas en la desembocadura del Girona y en la playa de Dénia. Mientras, en Calp, el desbordamiento de los dos barrancos que atraviesan el municipio acabó por inundar la parte baja del pueblo. Aquí, el muro del paseo marítimo actuó como barrera y alimentó el nivel de la riada.
- "Intensa ocupación del territorio". El catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina apunta a la masiva edificación del territorio como causa del desastre. El profesor, además, subraya que esa edificación descontrolada no ha ido acompañada de las medidas estructurales que recoge el Plan de Acción Territorial de Comunidad Valenciana (Patricova). "El Patricova no sólo es la cartografía de riesgo, sino que incluye una lista de obras estructurales que hasta el momento no se han realizado, tampoco en el ámbito de La Marina Alta", explica el catedrático.
Olcina vincula directamente lo ocurrido estos días con el urbanismo desaforado que se ha venido ejecutando en la comarca. "El problema es la falta de respeto al medio físico", asegura. Por eso vaticina que "tarde o temprano la gente exigirá responsabilidades jurídicas a los mandatarios, en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, que han permitido que se construya en zonas inundables".
- "Los puentes modifican el flujo hidráulico". José Miguel Saval, ingeniero Civil, de Obra Pública y de Caminos Canales y Puertos, aborda otra cuestión en la base de la polémica entre los dueños de las casas asoladas por el alud de barro, lodo y cañas y la Administración. Los afectados, especialmente los vecinos de El Verger y Els Poblets, sostienen que el taponamiento de los puentes por el cañizo que arrastró el caudal acentuó el nivel de la crecida del río. En un tramo de 1,5 kilometros cinco puentes salvan el río, dos de ellos son centenarios y los tres restantes fueron levantados en los sesenta. Saval explica que los proyectos de construcción de puentes deben disponer de un documento "fundamental" que detalle los efectos hidráulicos de la cuenca con un estudio que contemple en los últimos 500 años las avenidas máximas y mínimas. "El problema es que cuando se construyeron esos puentes esos datos eran casi imposibles de calcular", señala el ingeniero. Afirma que la concentración de puentes a lo largo del cauce, como en el caso de El Verger y Els Poblets, "modifica el flujo hidráulico". Saval señala que es conveniente calcular la distancia entre puentes para mitigar el efecto de una riada.
- "La urbanización no ha respetado los ríos". El comisario de Aguas de la Confederación del Júcar, Manuel Alcalde, admite que los procesos de urbanización "han sido poco respetuosos con los ríos". Alcalde recuerda que no se trata sólo de construir cerca de las cuencas, sino que cuando se autorizan macrourbanizaciones, la tierra se convierte en cemento y asfalto, lo que "modifica hidrológicamente el terreno" y, cuando se registran fuertes precipitaciones, en vez de absorber el agua la escupe a los barrancos. El cargo de la Confederación del Júcar rechaza las críticas de los vecinos sobre el efecto multiplicador de las cañas en la riada: "Sin cañas hubiera sido un auténtico desastre, porque el cañizo minimiza el efecto de la riada al frenar la velocidad del caudal".
- "La responsabilidad es de la Administración y los compradores"
. Por su parte, el profesor de Climatología de la Universidad de Alicante Enrique Moltó asegura que todo el territorio del norte de Alicante es una zona "intensamente urbanizada". "Los responsables son los políticos que autorizaron la construcción y los compradores a partir de los sesenta. Entonces todo valía, pero también hoy se sigue construyendo en zonas de riesgo de inundación". Moltó subraya que las lluvias del viernes, con más de 400 litros por metro cuadrado, son un episodio "extraordinario" pero "no insólito" en estas comarcas, donde en más de 800 ocasiones en los últimos 30 años se han superado los cien litros en 24 horas.
Barrancos edificados
El informe Aguaceros e inundaciones en áreas urbanas alicantinas, coordinado por el catedrático Jorge Olcina y publicado en 2004, es contundente respecto a la localidad de Calp ante avenidas por lluvias torrenciales al identificar tres sectores de "alto riesgo".
El primer sector se extiende hacia el norte del Morro de Toix y ocupa las zonas de desagüe de tres barrancos comprendidos entre Puerto Blanco y Cala Manzanera, que "soportan una elevada densidad de ocupación de sus llanos de inundación por urbanizaciones". Junto a uno de estos barrancos se ubica un restaurante. El segundo, de riesgo "bajo", comprende los barrancos de Quisi y Pou Roig, cuyo encauzamiento se ha resuelto hasta su desembocadura en la playa del Arenal-Bol. El sector con riesgo mayor está en el Saladar. "Aguas arriba se aprecian varios cauces cuyo grado de ocupación es tal que se resulta casi imposible seguirlos".
Joan Morató, coordinador del equipo de gobierno de Calp (tripartito formado por PSPV, Bloc y un grupo independiente), reconoce que ha heredado una gran proliferación de viviendas en zonas inundables: "Nuestro objetivo ahora es mejorar las infraestructuras en esas áreas en previsión de futuras riadas", augura.
Sobre la desembocadura del río Girona en la playa de Dénia, el estudio destaca la elevada densidad de la edificación.
* ELPAIS.com - E. MOLTÓ / S. NAVARRO - Alicante - 16/10/2007
Foto: La crecida del río Girona echó abajo el puente de Beniarbeig - EFE / MANUEL LORENZO
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16.10.07
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Casi 2.000 vecinos de Marbella se manifiestan contra el nuevo PGOU
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : Cerca de 2.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron anoche en Marbella para protestar contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, cuyo periodo de exposición pública concluyó ayer con unas 6.000 alegaciones. La manifestación, convocada por la Plataforma de Ciudadanos Afectados por el PGOU, tenía como objetivo mostrar el rechazo de los propietarios de las viviendas no incluidas en el proceso de normalización del nuevo plan y el sistema de compensaciones.
El PGOU propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes, y deja fuera de este proceso a 752 viviendas, la mitad de ellas ocupadas, así como dos hoteles. En caso de que las promotoras no asuman las cargas urbanísticas, serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacer frente a los gastos del proceso de compensación.
La mayoría de los alegaciones al PGOU procede de los dueños de 18.000 inmuebles ilegales. El Plan Guadaiza diseñado por la Junta, que prevé la expropiación de 200 hectáreas entre unas 300 fincas privadas y huertos familiares en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía -para la construcción de diversos equipamientos educativos, sociales, culturales, deportivos e infraestructuras como las estaciones de autobuses y del futuro tren litoral- ha acaparado otra buena parte de los escritos de vecinos y colectivos.
Proceso. "Desde la semana pasada hemos recibido una avalancha de escritos", comentó el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero. A juicio del ejecutivo local, el elevado número de alegaciones indica que el plan no ha contado con la participación suficiente. "Se ha realizado a espaldas de la ciudadanía. Ni siquiera nosotros hemos tenido participación", reseñó el portavoz del equipo de gobierno.
Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, subrayó la importancia de que Marbella cuente con un plan general que restablezca la seguridad jurídica y urbanística y que, de manera urgente, normalice y dé cobertura legal a la situación en la que se encuentran las viviendas y los comercios construidos al margen de la norma.
Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha de enfrentarse a un volumen de trabajo burocrático importante. "Esperamos que se cumpla el calendario previsto de forma que la aprobación definitiva pueda producirse en la primavera de 2009", añadió.
"La situación actual supone un freno al desarrollo económico de la localidad. Cuando tengamos el nuevo plan la ciudad vivirá un renacimiento económico", sentenció Romero.
En la concentración, respaldada por otros colectivos como la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, el presidente de la plataforma, José Ortiz, leyó un documento en el que se criticaba que la Junta haya "impuesto" a Marbella un PGOU que "perjudica a los ciudadanos" y se acusó al Gobierno andaluz de castigar a los habitantes del municipio con un plan desigual. Ortiz también recordó a las administraciones públicas que "ir contra el pueblo les va a salir muy caro" y pidió para los vecinos la potestad de decidir cómo será el futuro de su ciudad.
* La Opinión de Málaga - MATUCHA GARCÍA / EFE - 16 de octubre de 2007
Foto: Descontento. Los vecinos de Marbella se manifestaron ayer contra el nuevo documento - laopiniondemalaga.es
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16.10.07
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Los ladrillos ya no tiran de la economía
KAOSENLARED* : Los primeros datos que se conocen apuntan a que la desaceleración de la construcción no es tan gradual y ordenada como había anunciado el Gobierno. Hasta ahora, el Ministerio de Vivienda, enfrascado en preparar el calendario de ofertas electorales, sólo ha facilitado los datos del primer trimestre. Pero empiezan a aparecer por goteo indicadores preocupantes: el Colegio de Registradores informa de una caída del 10,18% en la compraventa de viviendas en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior; el de Arquitectos indica que el número de viviendas visadas se redujo un 35% en julio sobre el mismo mes de 2006...
...el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la caída también en julio del número de viviendas hipotecadas en un 8% sobre el mes anterior; la Seguridad Social confirma que se ha moderado sustancialmente el crecimiento de los afiliados en la construcción (en el segundo trimestre de 2006 crecía un 10,3% y ahora sólo al 3,3%); y los datos de paro registrado indican que se ha destruido empleo en los últimos tres meses.
A todo esto, hay que añadir el anuncio de cierre de inmobiliarias y la caída de la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que cobran las comunidades autónomas en las operaciones de compraventa de pisos. Y en fuentes del sector confirman que la construcción de viviendas está sufriendo ya un verdadero frenazo. Pero nadie se atreve a facilitar cifras, a la espera de las que comunique el Ministerio.
Todos estos indicadores son previos al pleno desarrollo del episodio de turbulencias financieras que estalló el 6 de agosto.
Así, en pleno proceso de «suave desaceleración», se ha producido una nueva crisis financiera en Estados Unidos, cuyo contagio ha llegado ya a Europa (sobre todo al Reino Unido) y de la que ningún gurú se atreve a pontificar sobre su alcance a la economía real. De momento, ya ha ocasionado problemas de liquidez con las consiguientes restricciones crediticias que han comenzando a aflorar.
En España, los expertos consultados son concluyentes: «parece descartado un ajuste brusco, pero la economía española es ahora mucho más vulnerable que hace un par de meses». En general, creen que nuestra economía está menos expuesta que otras. Sin embargo, si esta crisis alcanza a los socios europeos, nuestro principal mercado exportador, la situación no pintará como la ha dibujado el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año electoral de 2008, sobre todo cuando ya se nota un cierto cansancio en el consumo (ya se ve en la menor recaudación del IVA) a la espera de ver cómo afectaría la crisis crediticia a la inversión privada.
¿Se ajustan las previsiones económicas del Gobierno a esta nueva escenografía? Los expertos dicen que el cuadro macroeconómico, con que ha elaborado los Presupuestos para el próximo año, «es poco realista». Es más, según se señala en el Informe Económico y Financiero, presentado en las Cortes, el escenario «está basado en el informe de la posición cíclica de la economía española de marzo de 2007». Es el mismo cuadro que aprobó el ejecutivo a finales de julio, una semana antes de que estallara la crisis financiera. Y no se tiene en cuenta esta desaceleración que le llega al ladrillo, que ya no es tan suave, Sólo prevé un ambicioso aumento de la inversión del 3,8%.
Dos días después de la presentación en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, el vicepresidente económico del Gobierno ha cuestionado las bases con que lo ha elaborado. El martes pasado manifestó encontrarse «tranquilísimo» con el crecimiento económico previsto del 3,3%. Y el jueves, en el Senado, expresó sus dudas admitiendo que el PIB podría crecer a finales de 2008 «por debajo del 3%» La media prevista por el ejecutivo para todo el ejercicio es del 3,3% , medio punto menos que el objetivo de 2007.
De los 93 folios que conforman el Informe Económico Financiero, entregado junto a los Presupuestos, sólo los cinco últimos evalúan las previsiones económicas para 2007-2008. En tres líneas se señala que «se considera que el impacto de las turbulencias financieras sobre el crecimiento va a ser limitado y que las bases del crecimiento mundial y europeo siguen siendo sólidas».
Este asunto se trata también en dos párrafos en la introducción de dicho informe, en los que se dice que «las incertidumbres y los riesgos han aumentado, siendo difícil realizar una valoración de la crisis, ya que ésta persiste a la altura de mediados de septiembre y aún no se puede evaluar su impacto sobre la economía estadounidense y mundial».
Y de lo que está ocurriendo ahora o de lo que va a ocurrir en 2008 en el sector de la construcción, se despacha en cinco líneas. Se indica que se prevén ritmos de aumento inferiores a los del resto de componentes de la formación bruta de capital «debido sobre todo a la prolongación de la senda de desaceleración gradual de la demanda de vivienda en un contexto de subidas de tipos de interés y precios todavía elevados de la vivienda».
El resto del informe trata de la situación económica española en los primeros meses del año cuando el Gobierno comenzaba a hablar de leve o suave desaceleración de la construcción y nadie pensaba en las primeras consecuencias de las hipotecas subprime norteamericanas y sus posibles efectos colaterales.
Los economistas consultados dicen que «es sorprendente que el Gobierno no haya modificado sus previsiones económicas. Además de las razones electorales, el Ejecutivo se ha agarrado a que por ejemplo la Comisión Europea no ha modificado el crecimiento para España cuando lo ha hecho para otros países de la UE». En este sentido, hace unos días, Rodrigo Rato, hasta ahora director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que este organismo iba a corregir a la baja las previsiones de crecimiento para España en 2007 y 2008.
En esta línea, el BBVA ya ha bajado su previsión inicial del 3,1% al 2,8% para 2008. Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos señala que «¡ojalá se llegue al 2,8%!, pero es más probable un 2,6%, con lo que el impacto en los ingresos del Estado será muy importante porque se han calculado con el 6,7% del crecimiento de PIB nominal previsto y eso significa decir adiós al superávit de las cuentas».
Los expertos dicen que «el panorama es muy incierto. Hay indicios de una mayor desaceleración en la construcción y, si se confirma, tendremos dos crisis de distinto tamaño y dimensión al mismo tiempo. Pueden convertirse en la peor de las coincidencias en estos momentos y será el empleo quien comience a sentirlo primero».
De hecho, se calcula que por cada vivienda de menos que se construya se pierden tres puestos de trabajo: dos directos y uno indirecto.
Fuentes del sector estiman que este año las residencias iniciadas disminuirán entre un 15 y un 20% frente a las que se edificaron en 2006. Esto significa unas 60.000 casas menos. Así las cosas, la caída en el ritmo de construcción se cobrará previsiblemente unos 180.000 empleos. Estas estimaciones son más negativas que las previsiones realizadas por la patronal Seopan a principios de año. Esta organización calculaba un aumento de entre el 5 y 6% en el volumen de edificación residencial para este año frente al crecimiento del 8,5% registrado en 2006. Aunque ya hay indicios, el retroceso para el sector, sin embargo, no llegará con intensidad hasta el próximo año. Por cada 100.000 casas que se dejarán de edificar, se destruirían 200.000 empleos.
Muchos promotores comienzan a pensar que el ajuste de la actividad va a ser mucho más brusco de lo que se pronosticaba pese al mensaje insistente del Gobierno, instituciones y agentes del sector de cómo la oferta se iría ajustando gradualmente a la demanda.
Hasta julio, el número de viviendas visadas bajó un 9,5% hasta las 448.991 con respecto al mismo periodo de 2006, una cifra razonable. Pero ha sido el desplome del 35% en los permisos para iniciar nuevas residencias en julio con respecto al mismo mes del año anterior lo que ha provocado bastante nerviosismo entre los empresarios.
Por si fuera poco, las 58.035 casas visadas en julio fue el registro más bajo alcanzado ese mismo mes desde 2000. Esta caída, según fuentes del sector, responde a la reacción de las empresas ante el agudo descenso que las ventas de pisos han sufrido en los últimos meses. «Muchos promotores han decidido posponer el inicio de nuevas promociones que tenían previstas a la espera de ver que ocurre con la demanda», reconoce un empresario.
Y es que el encarecimiento de las hipotecas por las reiteradas subidas de los tipos de interés y las incertidumbres sobre la evolución de los precios han aplazado la decisión de las familias de adquirir un piso. A esto hay que añadir las mayores exigencias de los bancos para otorgar créditos, así como las dudas sobre los efectos de la crisis financiera en el precio del dinero por la falta de liquidez.
Los más optimistas apuntan a una caída del 30% en la comercialización de pisos, cifra que puede ascender hasta el 60% en zonas costeras o en la periferia de las grandes ciudades.
En la Asociación de Promotores y Constructores prefieren ser cautos y esperar a ver cuál es la evolución en los próximos meses. A principios de año ya apuntaron que la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, que encarece los costes de construcción, aceleraría la solicitud de visados hasta marzo y, por ende, provocaría un descenso importante en la segunda parte del año.
El temor de los constructores es que el parón de la actividad se convierta en un problema coyuntural. Y como más vale prevenir que curar, han pedido al Gobierno su respaldo y la aprobación de iniciativas de apoyo a la compra de vivienda para dar salida a los proyectos que tienen en marcha. El Ejecutivo, sin embargo, es más proclive a dinamizar el parque del alquiler y está dispuesto a adoptar incentivos para promotores siempre y cuando apuesten por dinamizar ese mercado.
* Kaos en la Red - F. Núñez y M. Gómez - 07.10.2007
Foto: kaosenlared.net
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
El juez acusa a altos cargos en la época de CiU de cobrar comisiones a constructores
ELPAÍS/Cataluña* : Pasqual Maragall se quedó muy corto cuando en febrero de 2005 acusó a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras públicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pagó comisiones del 20 % cuando trabajó para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella época están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.
El órdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU apenas duró unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes políticos el fiscal jefe de Cataluña de la época, José María Mena, abrió diligencias al día siguiente. Solicitó del tripartito toda la documentación necesaria para verificar la acusación realizada por Maragall y recibió centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigación quedó limitada a la empresa pública Adigsa, que había pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.
La fiscalía se querelló y ahora, al cabo de dos años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigación y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los máximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.
Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relación de imputados. Falcó es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa, así como al responsable económico de la compañía, Xavier Sala.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teoría debía elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la práctica se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario y legal.
El juez describe que José María Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigación, así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ningún tipo de expediente previo".
La resolución judicial explica que Penin hacía empezar las obras a los empresarios con carácter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos por el partido en el Gobierno autónomo, Convergència i Unió". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".
También asegura que Honrubia facturó 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intentó que el también constructor A. Jiménez abonase 3.000 euros en concepto de comisión por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.
Cuando la fiscalía abrió diligencias, Penin declaró que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catalán
estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa. También explicó que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses después compareció ante el juez, Penin se desdijo y exculpó a Puig.
El juez considera probado que Penin cobró de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. Añade el magistrado que Penin era la persona que debía realizar las tasaciones de las obras que se tenían que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.
La resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona está fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos días. Las defensas anunciaron ayer que presentarían recurso contra esa decisión y que reclamarán del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitación judicial del caso quedará paralizada. Esa función de retraso en el proceso judicial es la que en la práctica comporta prácticamente siempre la presentación de esos recursos, que acaban siendo rechazados.
Si en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscalía tendría entonces despejado el camino para presentar escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral. El juez atenderá entonces la petición y los ocho acusados se sentarán en el banquillo para responder de su actuación.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 16/10/2007
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El Puerto de Santa María: La rueda especulativa sigue su curso
G.A.S* : El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha convertido en los últimos años en un hervidero para el juego especulativo. En el último año se han construido en el término municipal portuense, alrededor de 5000 viviendas ilegales , de las cuales, una gran mayoría serán legalizadas en el futuro gracias al nuevo PGOU que el Ayuntamiento está elaborando. Dentro de este contexto se enmarcan las investigaciones y posteriores juicios contra promotores, propietarios y antiguos integrantes de los ayuntamientos municipales.
El pasado mes de Julio, se produjeron las primeras detenciones, 17 fueron los propietarios detenidos, a causa de la construcción de viviendas que bloqueaban las cañadas públicas.
Posteriormente han pasado a disposición judicial, responsables de la construcción en el Pinar de Coig y el Barranco, al edificarse en espacio protegido. Estas investigaciones judiciales han llevado al ex alcalde Hernán Díaz y los dos anteriores responsables de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos a comparecer como imputados en un posible delito de prevaricación, al no actuar contra la construcción de estas viviendas.
Aún así en comparación con el número de viviendas existentes, la actuación judicial es mínima por el momento.
Un ejemplo de la inoperancia de las autoridades en estos delitos es la situación que se vive en el diseminado de Cantarranas, donde 4 chalés ilegales y con orden de derribo desde el 2002, que hasta hace pocos meses no han comenzado las tareas de derribo, ya que los propietarios han interpuesto recursos durante todo este tiempo, alargándose así la actuación efectiva contra las viviendas ilegales.
Siguiendo en la dinámica especulativa, centrada en el Puerto, es reseñable la actuación de la trama de Obra Nueva que falsificaba certificados para legalizar viviendas.
Después de su desmantelamiento en Chiclana, se pudo saber que los tentáculos especulativos se habían extendido por varios municipios de la Bahía, y el Puerto entre uno de ellos.
Tras el cambio de gobierno, los nuevos gobernantes se han encontrado con un gran número de documentos, expedientes, etc. que apuntan directamente a la actuación de Obra Nueva en el Puerto, ya que los certificados de antigüedad de las viviendas están firmados por los mismos responsables de Obra Nueva en Chiclana.
En el caso del Puerto, la situación se complica, ya que en Chiclana los imputados no trascendían al plano político cosa que si ocurre en el Puerto de Santa María. En algunos documentos que versan sobre viviendas legalizadas por decreto municipal, y construidas en lugares en unos casos urbanizable y en otros no, y además sin aprobarse primero el Plan Parcial.
El Ayuntamiento ha contabilizado ya, alrededor de 104 casos de Obra Nueva, siendo algunos de ellos legalizados por el anterior teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Todas las actuaciones se realizaron al parecer durante la anterior legislatura en la cual el ex alcalde Hernán Díaz tuvo que dejar su cargo por delitos de prevaricación, siendo condenado a 7 años de inhabilitación.
Ahora dentro del doble discurso institucional, la teniente de alcalde a hecho un llamamiento a las empresas que pretenden urbanizar las zonas protegidas y no urbanizables, advirtiéndoles que no se permitirá ninguna construcción ilegal más, además de que les puede salir muy caro la construcción de nuevas viviendas, estas amenazas han sido declaradas despues de que permitieran la construcción de más de 5.000 mil viviendas.
Así mismo se ha instado a l@s vecin@s que han pagado por estas urbanizaciones ilegales, que se dirijan a los promotores para que verifiquen la legalidad de las obras, ya que si la situación sigue por el mismo camino, serán l@s vecin@s l@s que tengan que pagar dos veces por una vivienda.
Ecologistas en Acción ya hizo un llamamiento denunciando la tala indiscriminada de bosque, que se estaba realizando en la zona, y que ha llevado a la Junta de Andalucía a actuar para paralizar las obras e investigar a la empresa que ha llevado a cabo la tala.
* Grupo de Acción Social - 14 octubre 07
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Viviendas ilegales
FERNANDO SANTIAGO* : Si usted quiere construirse una casa le resultará mucho más caro, lento y complicado cumplir la ley que saltársela. Mientras no se resuelva esta paradoja, abundarán las viviendas ilegales. Los ayuntamientos dicen primero que no tienen medios de inspección para impedir las obras sin licencia y luego que no pueden tirar lo que ya está levantado de manera ilegal. Conclusión: no sea usted tonto y sáltese la ley. No le va a costar nada y con el tiempo se lo van a regularizar. Da igual si se hace una mansión en terreno rústico, si no tiene enganche oficial de electricidad o de alcantarillado, es lo mismo si toma el agua sin permiso de un acuífero, si hace una fosa séptica sin garantías, si la basura la tiene que tirar en cualquier lado. Es lo mismo que usted sea pobre o rico. Con el tiempo le arreglarán el desaguisado.
Así es que le sugiero, sin más, que no pida licencia, que no encargue un proyecto de obra a un arquitecto, que se busque una cuadrilla de albañiles o se lo haga usted mismo y que no pague IVA, por supuesto. Hágalo así y se ahorrará un dineral. Al fin y al cabo a los ayuntamientos les da igual, la Junta no tiene competencias o mira para otro lado y a los jueces es como si les molestase actuar en asuntos de tan poco fuste. Tan sólo algunos irreductibles fiscales parece que quieren que se cumpla la ley y que se tire lo que se ha hecho sin licencia. Nadie habla de que los inspectores impidan que se lleve a cabo lo que la ley no permite. Baste mirar la mancha urbana de Chiclana y se comprobará que mide lo mismo que la de Málaga, con diez veces menos población.
Las 20. 0000 o 30.000 viviendas ilegales de esta población no surgieron de la noche a la mañana, pero ahora se van a legalizar todas. Ahora lo llevan a cabo los mismos que antes estaban en IU y censuraban al PSOE, pero ahora han sido expulsados por darle la alcaldía al PP: los que criticaban la regularización van a llevarla a cabo. Al fin y al cabo qué más da, si ahora el alcalde es del PP y ya han sido expulsados de IU. Lo mismo puede decirse de Barbate, donde antes mandaba el PP y ahora el PSOE. O de El Puerto de Santa María, antes una coalición de independientes con PSOE y ahora el PP y un tránsfuga. O Puerto Real, los más radicales entre los radicales de IU.
La epidemia de pragmatismo se extiende como si fuera gripe aviar o sida. No hay barrera que la frene: ni los partidos, ni la administración autonómica, ni los jueces. Ni siquiera la animosa actuación de algún fiscal. Cambian los alcaldes y se sigue la misma política. Es más, el más rico y famoso urbanista de Andalucía, el omnipresente redactor de PGOU por toda la comunidad, González Fustegueras, lo mismo redacta una norma que regulariza a aquellos que se la saltaron en su día, en un ejercicio de sofismo urbanístico. Dentro de unos años otros miles que se la hayan saltado con posterioridad vivirán la misma regularización que viven ahora quienes se construyeron su casa por la cara. Y seguro que el mismo urbanista que ahora ha redactado el PGOU montará la oficina que permitirá regularizar a los pobrecitos que se hicieron mansiones en suelo rústico, en cañadas, en pinares o en la marisma. Luego nos extrañamos de que estemos degradando el medio ambiente.
Apoyamos a Al Gore, pero nos saltamos todas las normas urbanísticas sin rubor. Serán 50.000 en la provincia de Cádiz, pero en Andalucía pueden ser 200.000. ¿Cómo se ha podido llegar a tal desbarajuste? ¿sirve para algo la ley? Si al final todo el que compra o vende una casa ya tiene en cuenta la manera de evadir impuestos con la argucia del dinero negro, consentido por los inspectores de hacienda, los notarios y la administración y promovido por los ciudadanos que luego exigirán todo tipo de ayudas al Estado, sin pensar que le acaban de estafar. Es lo mismo comprar y vender con dinero negro, las facturas sin IVA o las viviendas ilegales. Andalucía era la tierra de la picaresca hace siglos y parece que no hemos cambiado. ¿A partir de cuántos casos similares uno deja de ser vecino para ser votante? ¿A partir de cuántos casos hay que legalizar lo ilegal para obtener el apoyo de los que cometieron la irregularidad a sabiendas? ¿Eso es el pragmatismo?
* ELPAIS.com - 15/10/2007
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Los daños de la inundación se agravan por el urbanismo salvaje
ELPAÍS/Alicante* : Coches flotando como simples mecanos en medio de barrancos colmados de agua o enseres domésticos a lomos del desatado caudal del Girona en las inmediaciones de la playa de Les Marines, en Dénia, revelan que la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana han dado la espalda en las últimas décadas a la lógica de la naturaleza.
La proliferación de urbanizaciones en la desembocadura del Girona o en los cauces de los barrancos que atraviesan el municipio de Calp ha engordado la lista de pérdidas materiales, que en el caso de la última localidad y sólo en el apartado del parque móvil se eleva a nada menos que 1.200 unidades dañadas. Calp es uno de muchos pueblos del litoral valenciano con las laderas de sus montes y barrancos poblados por decenas de urbanizaciones.
La parte baja de esta población era la mañana del viernes una enorme balsa en la que se acumuló el cauce desbocado de los barrancos. Todavía ayer había gran cantidad de agua embalsada en su playa. Para evitar males mayores, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que tirar el muro del paseo marítimo para aligerar la evacuación mar adentro.
El urbanismo salvaje y su empeño por no dejar a salvo ni un centímetro cuadrado del litoral también ha sido clave en los apuros en que puso la riada a un centenar de vecinos de las urbanizaciones de Les Marines, acosados por una inundación que obligó al rápido despliegue de los equipos de emergencias para su rescate.
En el caso de los municipios afectados por el desbordamiento del Girona, a la construcción de viviendas prácticamente junto al cauce del río se suma la polémica sobre su adecuada limpieza. Este río, seco en verano y con un caudal de apenas medio metro en su curso central en invierno, se desbordó a causa de la intensa lluvia registrada en la cabecera (cerca de 400 litros por metro cuadrados en apenas unas horas). La riada bajó sin aparentes problemas hasta que se topó con los puentes de El Verger y Els Poblets. Los vecinos responsabilizan al cañizo que cubre el cauce del taponamiento de los ojos de los puentes, extremo que habría acentuado la inundación. La Confederación Hidrográfica del Júcar rechaza la denuncia.
A pesar de que cada año, la lluvia torrencial, inherente a la geografía valenciana, pone en evidencia el desarrollo urbanístico en este ámbito territorial, se mantienen nuevos proyectos ubicados en zonas potencialmente inundables. Como ejemplos de estas nuevas iniciativas urbanísticas se encuentra el PAI previsto en el río Algar, en Altea, o una urbanización en San Miguel de Salinas que ocupa parcialmente una rambla.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 15/10/2007
Foto: Alicante, inundaciones - EFE
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
30 años sin resolver el problema del acceso a una vivienda
ELMUNDO* : Ocho legislaturas, tres partidos en el Gobierno, cinco presidentes y el mismo problema. Durante los 30 años de democracia, la política de vivienda ha ocupado siempre uno de los primeros puestos en las agendas de los ejecutivos. El último plan aprobado por la ministra del ramo, Carme Chacón, es sólo un ejemplo más del esfuerzo que los distintos partidos, con independencia de su color político, han llevado a cabo para hacer más asequible y universal el acceso a una casa. Hasta ocho planes y un buen número de reales decretos han dibujado a lo largo de este periodo la realidad de la vivienda en España y los problemas coyunturales acordes con cada época.
Si en un primer momento la necesidad era delimitar los requisitos de acceso a las viviendas protegidas, más tarde los esfuerzos se centraron en mejorar la financiación ante los repuntes de los tipos de interés. La realidad de la vivienda es hoy bien distinta a la de entonces. En primer lugar porque el número de viviendas que ahora conforman el parque inmobiliario ha vivido una gran transformación. En la década de los 70 el incremento medio anual de nuevas casas fue de casi 400.000, mientras que en la década siguiente este promedio se redujo a casi la mitad. A partir de entonces, la recuperación del sector y el aumento de la demanda llevó a una vorágine constructora que ha creado un parque de casi 24 millones casas.
En la actualidad, los nuevos planes gubernamentales han suscitado infinidad de críticas. A juicio de los expertos existen fallos «salvables» pero sobre los que hay que trabajar, y mucho. «Nos encontramos con las lagunas del alquiler, que tiene que facilitar el primer acceso a la vivienda; la rehabilitación no monumental; el realojo y una política de remodelación de los polígonos de zonas periféricas», afirma el arquitecto José María Ezquiaga.
«En España se ha hablado de la escasez de la vivienda en los últimos 30 años, pero el verdadero problema es el precio, que se ha agravado en la última década», asegura Ramón López de Lucio, catedrático de Planeamiento Urbanístico en la Universidad Politécnica de Madrid.
El acceso a una casa: eterno quebradero de cabeza para los españoles
«Ahora el tema crítico está en el precio del suelo. Se debe incidir en conseguir suelo barato para vivienda social», añade José María Ezquiaga.
1978: VPO
Entre 1975 y 1977 se creó el primer Ministerio de Vivienda, al frente del cual estuvo Francisco Lozano Vicente. Durante su mandato y el posterior Real Decreto de 1978 la necesidad primordial fue establecer las condiciones de disfrute de VPO, los distintos regímenes de propiedad y la normativa sobre su edificación. Además, por primera vez se fijan las cuantías de las multas para las infracciones de las normas que regulan estas viviendas.
1981-83: SUELO
Sin embargo, fue el Plan Trienal 1981-1983, elaborado por Luis Ortiz González, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, el primer gran intento de regular la política de suelo y vivienda.
Anna B. Sánchez y Roser Plandiura, de la Universidad de Barcelona, destacan en su estudio 'La provisionalidad del régimen de protección de la vivienda pública en España' que en este periodo «se estableció un convenio con cajas y bancos privados en virtud del cual éstos concedían préstamos a intereses más bajos que los del mercado a los promotores y adjudicatarios de VPO».
Este plan también delimitó la nueva tipología de VPO de promoción privada y fijó el tope de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) requerido para su acceso.
1984-87: TRANSFERENCIAS
Con el Gobierno del PSOE, el entonces ministro de Obras Públicas y Fomento, Javier Luis Sáenz de Cosculluela, elabora el Plan Cuatrienal 1984-1987, que culmina el proceso de transferencias a las comunidades autónomas. En este periodo, y ya con la oferta privada reactivada tras la recesión económica, se decidió restringir las actuaciones protegidas, lo que llevó a los promotores privados a abandonar la construcción de VPO. Un Decreto de 1987 desarrollaba esta ley y establecía la obligación de las comunidades autónomas de financiar las subvenciones a las familias de menores ingresos que antes se cargaban a los presupuestos del Estado.
Julio Rodríguez López, gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, recuerda que «hasta mediados de los 80 los planes vigentes refuerzan los pactos entre la Administración y las entidades de crédito para favorecer el acceso a las rentas más bajas».
El Real Decreto de 1989 estableció una política restrictiva basada en el racionamiento de crédito. Además, se vuelven a revisar los requisitos para acceder a pisos protegidos -se establece en cinco veces el SMI- y desaparece la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
1992-95: SUPERFICIES
Durante la etapa de Cosculluela, según Rodríguez López, «la política de vivienda decae bastante y carece de grandes iniciativas. Posteriormente se le dará un fuerte impulso en el plan 1992-1995, con Josep Borrell». En este periodo se refuerza la colaboración entre Administración central y comunidades autónomas y puede decirse que, desde aquel momento, las políticas de vivienda sucesivas han seguido la misma estructura: el Ejecutivo central diseña el plan en virtud de sus competencias de planificación económica y las comunidades amplían y desarrollan las condiciones generales. También con estas medidas se fija el límite máximo de 120 metros cuadrados para casas protegidas y un periodo de protección de 30 años.
1996-99: TIPOLOGÍAS
Aunque con el diseño del Gobierno socialista, es el Partido Popular, recién llegado al poder, quien aplica el Plan 1996-1999, que amplía el número de actuaciones protegidas e incluye nuevas tipologías, como las viviendas de promoción pública.
Además, regula las medidas de cofinanciación, rehabilitación y construcción en áreas rurales y las casas de tipología especial.
1998-01: VPO DE ALQUILER
El primer plan diseñado expresamente por el Gobierno 'popular', bajo la tutela de Rafael Arias Salgado, tiene lugar en un momento de auge del sector inmobiliario y crediticio, favorecido por unos tipos de interés muy bajos. El aumento de la demanda y la fácil financiación iban en aumento mientras se empezaba a hablar del inicio de la 'burbuja' inmobiliaria.
«También ahora es cuando se producen los cambios más notables en materia de VPO. Durante esta etapa y la de Francisco Álvarez-Cascos se empieza a fomentar la construcción de vivienda protegida en alquiler, una asignatura pendiente en todos los planes anteriores», afirma el experto de la Universidad de Alcalá de Henares.
2002-05: DESREGULACIÓN
La época de Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento, encargado de las políticas de vivienda durante las dos legislaturas del PP, estuvo protagonizada por la polémica desregulación de suelo. Es ahora cuando empieza a surtir efecto la Ley de 1998 promovida por este político que declaraba zonas urbanizables todas aquellas que no estuviesen protegidas.
2005-08: AYUDAS DIRECTAS
Con el Gobierno socialista apareció el segundo Ministerio de Vivienda de la democracia, encabezado por María Antonia Trujillo, quien introdujo novedades como la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y las ayudas directas de 240 euros al mes para fomentar el arrendamiento.
Precisamente la vivienda en alquiler ha marcado una evolución natural de los sucesivos planes de vivienda. En el año 1950, fecha del primer registro, las casas en este régimen representaban un 51% del total. Hoy, según datos del Ministerio de Vivienda, sólo 1,8 millones de inmuebles (el 7,5%) está arrendados.
2007: ALQUILER
Esta progresión explica que las políticas de vivienda hayan evolucionado hacia un mayor fomento del alquiler. El último plan de la democracia, ya en manos de la actual ministra, Carme Chacón, está enfocado a incentivar este mercado con nuevas ayudas directas a inquilinos y la equiparación de las desgravaciones fiscales para compra y arrendamiento. Además se contemplan incentivos a los propietarios y mayor agilidad en los desahucios.
Pese a los intentos del último Ministerio de Vivienda, Julio Rodríguez López apunta que «los dos último planes son muy criticables por el excesivo número de actuaciones. Son demasiado extensos teniendo en cuenta que el desarrollo de las políticas de vivienda está transferido a las comunidades autónomas».
Por eso este experto considera que «la natural evolución que deberá seguir el próximo plan será centrarse exclusivamente en garantizar la construcción de VPO para compra y alquiler y ayudas a rehabilitación. El resto de medidas deberían ser ampliadas por cada Gobierno autonómico».
Por su parte, Ramón López de Lucio argumenta: «La política más adecuada es la del País Vasco, inspirada por Javier Madrazo. Allí, en cualquier actuación urbanística al menos el 65% es de protección oficial. La CAM se queda en el 50% y la Ley del Suelo estatal exige sólo un 30%. Este porcentaje es muy bajo. Sólo las rentas muy altas pueden acceder al mercado libre, mientras que el 80% debe acudir a los pisos protegidos».
López de Lucio, además, da una solución al respecto de las VPO: «Que las viviendas no salgan del circuito de vivienda social pública en un mínimo de 90 años. Esto contribuirá a disuadir a los especuladores, que los hay entre las personas con rentas bajas. Aquí cada uno especula al nivel que puede».
Desde que el famoso 'Decreto Boyer' fuera aprobado en abril de 1985, los españoles vieron la puerta más abierta para la compra de vivienda olvidando una posibilidad vigente e interesante en los países vecinos: el alquiler.
El artículo 7 propone la desgravación por compra de vivienda en un 17%. «Decidirse por la propiedad o el alquiler ha sido siempre otra de las problemáticas. El 'Decreto Boyer' apoyó las medidas fiscales para beneficiarse en la compra de una casa. Desde entonces hasta nuestros días se establece claramente el apoyo a la vivienda en propiedad y se continúa con medidas fiscales frente a la otra posibilidad, que es alquiler», añade López de Lucio.
«En 1985 había muy poco alquiler con respecto al que había en Europa. Esto no ha cambiado», dice.
Para este arquitecto la compra sería más lógica con un menor endeudamiento de los hogares. «Es muy importante que el esfuerzo de adquisición de las familias sea del 30% con relación al salario familiar, incluidos los gastos que ocasiona la vivienda. Y ahora se está llegando al 60%», afirma.
A juicio de otros expertos, hay un paso vital frente a la propiedad. «Facilitar la emancipación de los jóvenes con el alquiler es más importante que el famoso cheque para tener hijos. Desde hace 15 años se ha retrasado la emancipación de los jóvenes. Y como está la situación es necesario mirar hacia el alquiler», apunta José María Ezquiaga.
«Artículo 7. Desgravación por inversión en vivienda: 'La adquisición de viviendas de nueva construcción, cualquiera que sea su destino, dará derecho a una deducción del 17% por inversión en vivienda (...)'».
Los lectores de 'elmundo.es' suspenden el plan de alquiler de la ministra Chacón
Unos resultados parecidos obtiene la cuestión acerca de si la construcción de viviendas sobre suelo público ayudará a bajar el precio de las casas. La mayoría (56,2%) ve el vaso medio vacío, mientras algo más de un tercio (38,3%) prefiere verlo medio lleno.
SU VIVIENDA también pidió a los lectores que consideraran si la aplicación de estas medidas podría hacer que se decantaran por el alquiler en el caso de que estuvieran pensando en comprar un piso. En el 72,2% de los casos la respuesta fue negativa, aunque dos de cada 10 respuestas se inclinaron por el sí.
Además, el 61,4% no se animaría a poner en alquiler un piso en el supuesto de que lo tuvieran vacío, aunque un 30,5% contestó afirmativamente a esta cuestión.
Por último, la pregunta era si resulta oportuno que se haya aprobado este plan a seis meses del fin de la legislatura. De nuevo, la opción seleccionada mayoritariamente fue la del no (76,1%), si bien un 20,5% considera que el momento sí es pertinente.
Los pisos de España, el doble de caros que la media europea
I.P.
Las viviendas en España son las cuartas más pequeñas de Europa y, además, el doble de caras que la media continental, según un informe realizado por la franquicia estadounidense Era Inmobiliaria.
El tamaño medio de un piso en España ronda los 90 metros cuadrados, y sólo supera a los 60 de Francia, los 70 de Chipre y los 80 de Turquía. Respecto al precio, la media del metro cuadrado en España se sitúa en 2.616 euros, mientras que la europea está en 1.346. Los más caros se encuentran en el mercado francés, con 3.678 euros por metro cuadrado, y el más barato es el búlgaro, con 339 euros.
Sin embargo, a pesar de estos datos, España es el tercer país en cuanto al porcentaje de viviendas en propiedad (84%), por detrás de Bulgaria (94%) y de Chipre (85%). Los países con menos vivienda en este régimen son Suiza (37,2%) y Alemania (42%).
En el estudio se sitúa la transacción media en Europa en 167.878 euros, mientras que la española es de 235.400. La búlgara es la más barata, con 44.100 euros, y la más cara es la luxemburguesa, con 420.645 euros, informa Servimedia.
Según el director de Operaciones de Era Inmobiliaria en España, Alfonso Gordon, «la situación del sector inmobiliario en España con respecto al resto de países europeos es consecuencia del crecimiento y evolución que ha experimentado el mercado en los últimos 10 años».
«La experiencia nos dice que, al igual que ha ocurrido en otros países en los que se han vivido situaciones similares anteriormente, en los próximos meses asistiremos a una estabilización del mercado en términos de relación entre oferta y demanda», agregó Gordon, quien cree que «veremos cómo se produce un fenómeno de concentración en el sector de la intermediación inmobiliaria y las agencias independientes o pequeñas redes tendrán que cerrar o integrarse en grupos más fuertes».
* El Mundo/ Su Vivienda - J. G. GALLEGO / BENITO MUÑOZ - 12 de Octubre de 2007
Foto: Manifestación por una vivienda digna en San Sebastián - Justy García (El Mundo)
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15.10.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , NOTICIAS VIVIENDA
La paralización de una urbanización enfrenta al presidente de Murcia con un constructor
ELPAÍS* : El proyecto de urbanización de 4.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en la finca protegida de La Zerrichera (Águilas) se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP). El promotor de la urbanización, Trinitario Casanova, es amigo del consejero de Valcárcel que aprobó la obra -en un espacio protegido por la UE-. Y ahora que la aprobación está en los tribunales, Casanova cargó la responsabilidad sobre Valcárcel: " ¿Acaso en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?". El presidente ha replicado públicamente, alentando la polémica: "No le debo nada a nadie, a ningún empresario ni a nadie".
El plan está paralizado. Un tribunal ha suspendido cautelarmente la obra y, tras el escándalo, hace casi dos años, la Comunidad también la frenó a la espera de elaborar un plan de gestión del terreno protegido. Además, un juez ha imputado a cinco altos cargos del anterior ejecutivo de Valcárcel por la tramitación.
El promotor es el conocido empresario alicantino Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del consejero de Política Social murciano, Joaquín Bascuñana. Éste, en su etapa en Obras Públicas, firmó el documento definitivo que permitía construir la urbanización en las 260 hectáreas de la finca, calificada por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona Especial Protección de Aves.
Casanova, presidente del Grupo Hispania, atacó recientemente al presidente murciano, a quien consideró el principal responsable de los trámites para sacar adelante el proyecto: "En ningún caso caigan ustedes en la mezquindad de utilizar la palabra amigo en un asunto en el que, desde el primer día, cada paso que se ha dado se ha hecho con rigor y a todas luces. ¿Acaso piensa usted que en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?, ¿por qué se intenta destruir lo que antes se ha construido?", declaró al diario La Opinión de Murcia.
El promotor descargaba así la responsabilidad lejos de su amigo Bascuñana -con el que se dejaba ver en los toros mientras le aprobaba la urbanización- y lanzaba la sospecha hacia el presidente murciano. Valcárcel no tardó ni unas horas en contestar: "Yo no le debo nada a nadie en esta Región, a ningún empresario ni a nadie. No me da miedo nada que no sea faltar a un precepto legal".
A la vez, el promotor reclamó al Gobierno regional en un escrito 180 millones de euros como compensación a la paralización.
El escrito critica duramente al consejero que paralizó el plan, el de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader. "Queremos que el Ejecutivo murciano anule su cambio de criterio que de una manera totalmente artificial y maliciosamente dirigida produce un enorme perjuicio a Hispania, tanto por la demora producida por la suspensión del expediente, como por la inseguridad jurídica originada por la aparición de este novedoso plan de gestión", sostiene el escrito.
El consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, rechazó las acusaciones del empresario, aunque apuntando al responsable de la aprobación ambiental del proyecto, el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués. Mercader, que se ha ganado una fama de haber llevado la cordura a la consejería, insiste en que la tramitación es previa a su llegada.
Hispania asegura que la recalificación "dio lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas". El promotor se refiere a la compraventa de los terrenos a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).
'Pelotazo'
La reclasificación del suelo fue un pelotazo, como confirma la Kutxa en un comunicado. La entidad hizo en octubre de 2005 un primer pago al Grupo Hispania de 23,2 millones de euros como anticipo por la compra del paraje de La Zerrichera. A través de su empresa Inverlur también adquirió "el compromiso" de pagar otros 105 millones de euros más IVA por la finca a través de distintos pagos "supeditados al cumplimiento de determinados hitos urbanísticos", que "no se han producido".
El promotor alicantino compró los terrenos por unos 30 millones, lo que elevaría el beneficio a más de 100 millones, y sin poner un ladrillo. Ahora, la paralización del plan le podría llevar hasta al abismo, pues tendría que devolver el dinero adelantado por la caja vasca.
Además de por la consejería, el proyecto está suspendido cautelarmente desde septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que justificó esa paralización en los "valores ambientales" de la zona afectada y en que el retraso "no causa graves perturbaciones para el interés público".
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 15/10/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas - Murcia) - ecologistasenaccion.org
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15.10.07
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Tema: NOTICIAS Murcia
El fiscal pide al juez que investigue al alcalde de Haría por supuestas irregularidades urbanísticas
LA PROVINCIA/Lanzarote* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha instado al juzgado de Arrecife que corresponda a abrir las diligencias previas encaminadas a investigar y esclarecer los hechos por medio de los cuales el alcalde de Haría y presidente nacional de CC, José Torres Stinga, ha sido denunciado ante la Demarcación de Costas de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, tras promover en 1996 un edificio de viviendas en Arrieta (Haría), que, supuestamente, no ha respetado la zona de servidumbre de tránsito de Costas entre dicho inmueble y la línea de deslinde marítimo-terrestre.
En 1996, Torres Stinga no era aún edil en el Consistorio de Haría, institución a la que accedió tras las elecciones de 1999. En su propuesta de resolución del pasado septiembre, el fiscal considera que los hechos relatados en la denuncia interpuesta en agosto de 2006 por Felipe Guerra González y remitida a la Fiscalía en marzo de 2007, "presentan indiciariamente caracteres de un delito contra la ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 319, apartados 1 ó 2 del Código Penal".
Guerra González decidió dar a conocer lo que considera irregularidades en la actuación de Torres Stinga, a partir de un informe firmado por el arquitecto Manuel Cerpa. Según el escrito remitido por el fiscal a los juzgados de Arrecife, Torres Stinga "presentó en 1996 en calidad de promotor un proyecto de edificación para la construcción de un edificio de viviendas en la calle La Playa número 29, en Arrieta".
En dicha documentación "se recogía que la edificación debería quedar separada del deslinde marítimo terrestre nueve metros, distancia resultante de sumar 3,5 metros de retranqueo en parcela, a los 5,5 metros del ancho de la avenida marítima en su punto más favorable". Así, la servidumbre de tránsito, con un ancho de seis metros desde la línea de deslinde marítimo-terrestre, quedaba totalmente conforme a lo prescrito en la Ley de Costas".
Pero tras finalizar la edificación "la distancia de seis metros para salvaguardar la servidumbre de tránsito no fue respetada, no coincidiendo los mojones del deslinde con el muro de cerramiento de la parcela, ni tampoco la distancia de retranqueo entre el muro de cerramiento y la fachada principal".
COMO IMPUTADO. Entre las diligencias que ha solicitado la Fiscalía que practique el juzgado se encuentra la de tomar declaración, en calidad de imputado, al alcalde de Haría, José Torres Stinga. El regidor ha negado haber recibido citación judicial, ni como particular ni como alcalde del municipio.
Asimismo, Torres Stinga ha reiterado que no han existido irregularidades en las obras denunciadas y recordó también que las mismas, que "cuentan con todos los permisos pertinentes", fueron promovidas por su padre, Manuel Torres Berriel.
La Fiscalía también pretende que se pida a la Agencia de Protección del Medio Urbano que informe si a la obra cuestionada se le ha abierto un expediente de infracción urbanística.
* La Provincia / DLP - ARRECIFE - 14 de octubre de 2007
Foto: Viviendas en Arrieta que han sido denunciadas - ADRIEL PERDOMO (La Provincia)
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15.10.07
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Tema: NOTICIAS Canarias
Daños colaterales del ladrillo
ANA CRESPO BLANC* : Ahora que ha pasado la resaca informativa en relación con las recientes inundaciones de Andalucía y Baleares, con resultados de muertes y daños materiales, cabe hacer una pequeña reflexión. Si los meteorólogos afirman que las lluvias no fueron excepcionales, ¿por qué se produjeron avenidas en sitios donde nunca las hubo? En todas las noticias que trataron de estos fenómenos, en ningún momento se ha mencionado que quizá sea la propia actuación humana lo que ha producido una situación de riesgo.
Cuando llueve, el agua necesita tiempo para llegar a una zona baja desde el lugar donde ha caído. El asfaltado y la pérdida de suelo, asociados a las innumerables urbanizaciones que se construyen alrededor de pueblos cercanos a grandes ciudades, hacen que el agua fluya más rápidamente que sobre un suelo cubierto de vegetación; además, eso impide que se infiltre la lluvia en el subsuelo, por lo que aumenta la cantidad de agua que se puede concentrar.
Estos dos simples hechos, que por otra parte se enseñan a los estudiantes de primer curso de Ciencias Geológicas o Ambientales, muestran que no se puede dejar la gestión del territorio exclusivamente a los políticos: técnicos bien informados y científicos deben participar en los órganos de decisión. Esto evitaría muchos riesgos innecesarios y mitigaría las inundaciones, que, en este caso, se pueden considerar un daño colateral de la política desenfrenada del ladrillo.
* Ana Crespo Blanc (Profesora de Geología. Universidad de Granada)
* ELPAIS.com - Opinión - 12/10/2007
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15.10.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
¡Qué pasa!¡qué pasa! ¡que no tenemos resort!
JRMORA*
Y sube la usada también…y el pan nuevo y el de segunda mano, y la leche y la que le dieron…
Pero la publicidad va por su cuenta, nos quieren vender un “resort” porque son los mejores de Europa.
A todo esto ¿Qué carajo es un resort?
Igual el anuncio se coló y era para emitir en “Londón”…
* JR Mora, Humor Gráfico - 14 Octubre 2007
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14.10.07
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
La Fiscalía censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales
ELPAÍS/Cádiz* : "Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.
La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.
Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.
Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.
En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".
Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".
El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.
También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2007
Foto: Vecinos de Zahora, durante una protesta - elpais.com
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14.10.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Córdoba: Miles de parcelistas siguen inmersos en su legalización un lustro después del PGOU
ABC* : Justo cinco años después de iniciarse el macroproceso para la legalización de 8,7 millones de metros cuadrados, contemplado en el PGOU, miles de parcelistas -algo más de 6.000 viviendas entre construidas y las que se harán- siguen inmersos en él y ningún enclave se ha regularizado aún. Eso sí, las parcelaciones que llevan más avanzado el papeleo ya ven la luz al final del túnel. Núcleos como La Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera (Barquera Sur) esperan tener en unos tres años culminada su legalización.
La situación es ésta: de los 8 planes de sectorización -cambian la clasificación del suelo a urbanizable-, tienen aprobación definitiva de la Junta el PO-1 (Huerta de San Luis-Casillas y Cortijo Alcaide); el PO-2 (Carretera de Encinarejo, km. 4 y 5 y Arroyo Ochavillo); el PO-4 (Gorgoja-Marroquil y Barquera Norte); el PO-5 (Cortijo Rubio y Barquera Sur); y el LE-1 (Campiñuela Norte, Montón de la Tierra y Porrillas).
Están aprobados, pero pendientes de subsanaciones, el LE-2 (Quemadas Sur y Ribera Baja) y el PO-6 (Alamillo). Cierra el grupo el PO-3 (Carretera de Encinarejo, km. 5, El Castillo, Fontanar de Quintos y Girasoles) que aún no tiene el visto bueno de la Junta.
Con la mayoría de planes de sectorización ya con luz verde, las parcelaciones siguen trabajando en sus planes parciales -el PO-2 llevó el martes al consejo de Urbanismo la aprobación definitiva de uno de sus dos planes-. Son 18 en total y son las piezas en las que se divide cada plan de sectorización. Definen dónde van las casas -muchas ya existen-, viales, equipamientos y zonas verdes.
Por lo tanto, las parcelaciones están ante un paso importante, ya que, cuando tengan sus planes parciales aprobados, pueden constituir la junta de compensación: el órgano que aglutina a los propietarios. Dichas juntas tienen dos tareas básicas: impulsar el proyecto de urbanización, que fija los costes de las obras (ya hechas en parte), y el de reparcelación, por el que cada dueño recibe sus escrituras como solar urbano. Además, sin el proyecto de reparcelación no se puede empezar la obra de urbanización ni un parcelista puede pedir licencia para hacer su casa, que es el fin del proceso.
Según Ecourbe, empresa surgida en este proceso de regularización -Urbanismo le adjudicó la redacción de la mayoría de planes de sectorización de Poniente: 1, 3, 4 y 5-, ahora los planes más avanzados son los del PO-4 y PO-5. Manuel Mellado, responsable del área de Asesoría Jurídica en Ecourbe, asegura que ya se tramita la aprobación definitiva de los cuatro planes parciales de los citados PO-4 y PO-5 y que ésta llegará de forma inminente.
Un millón de metros más
Paralelamente se trabaja para la constitución definitiva de las juntas de estos dos planes de sectorización que para cuatro de sus zonas (Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera) se prevé que sea «a finales de este año o en los primeros meses de 2008». Mellado añade que su planteamiento es que, a partir de la creación de dichas juntas, en tres años esté todo el proceso de legalización acabado, incluidas las obras de urbanización.
Esto es para las que van más rápido, pero el macroproceso es un pelotón estirado donde el último puesto es para el PO-3 -el que tiene más viviendas-. Su lentitud se debe a que abarca el espacio del aeropuerto y hay que precisar sus zonas de servidumbre y afecciones. Ello implica informes vinculantes de Fomento, con una tramitación compleja, que también tiene la ampliación de la pista del aeródromo en ciernes.
Además, en una carrera aparte, va la innovación del PGOU que el Consistorio tuvo que iniciar a principios de año para legalizar 9 parcelaciones más, cuya regularización no contemplaba el Plan General. Suman un millón de metros cuadrados y un máximo de 1.000 viviendas. El Consistorio se empecinó en meter estos enclaves en los planes de sectorización y la Junta los tumbó, disconforme con la vía usada.
* ABC - B. LÓPEZ - 13 de octubre de 2007
Foto: Cordoba, parcelas ilegales - abc.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El TSJ anula el plan parcial 'Pino Albar'de Simancas
TERRA/Valladolid* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León ha estimado el recurso presentado por varios vecinos de 'Pino Albar' que pedía la anulación del plan parcial que tramitó el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) hace cuatro años por, entre otros aspectos, no haber tenido la suficiente información pública ni haber sido sometido a evaluación de impacto ambiental.
En primer lugar se señala en la sentencia que la delimitación de dicho sector que se hace en el Plan Parcial aprobado inicialmente por decreto de la Alcaldía de Simancas el 9 de febrero de 2001, no fue sometido al trámite de información pública que exige el artículo 52 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este trámite se considera esencial y, por lo tanto, al no cumplirse se determina la nulidad del citado plan urbanístico.
Según dicho artículo 52, le corresponde al Ayuntamiento acordar la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y abrir inmediatamente un periodo de información pública. Este acto se lleva a cabo a través de la publicación de anuncios en los boletines oficiales de Castilla y León y de la Provincia, y en al menos uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, con una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. Y este requisito no se ha realizado. Además, tampoco consta que el plan parcial haya sido sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental, que es exigible en los planes parciales.
La delimitación, tampoco
La delimitación del sector tampoco cumple con los requisitos de racionalidad y calidad de ordenación urbanística que se establecen en el artículo 35.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Se ha considerado que el plan parcial litigioso se ha delimitado de forma completamente irregular, puesto que no existe un reparto justo de las cargas y beneficios existentes en la denominada zona 'Pago de la Bomba'. La falta de racionalidad radica en el beneficio evidente que van a tener otros propietarios 'colindantes y limítrofes' de suelo urbano no consolidado.
También especifica la sentencia que se ha producido una inadecuada ordenación en el plan parcial en cuanto a los viales previstos, pues existe un estrechamiento inadecuado en el V-10, que genera un posible peligro para la circulación de peatones y vehículos. En este vial no se contemplan aceras 'lo que parece insostenible, pues los peatones no pueden pasar con seguridad en ese tramo de la calle'.
Por todas estas razones el Tribunas Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado en Plan Parcial 'Pino Albar'. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Simancas, del Partido Popular, no gobernaba aún en el momento que se aprobó dicho plan parcial. 'Este es un contencioso que viene de muy atrás, de hace muchos años', declaraba Miguel Rodríguez, alcalde de Simancas, tras conocer el fallo.
* Terra Actualidad - VMT - 12/10/07
Foto: Simancas (Valladolid), ayuntamiento - viajeros.com
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón