El urbanismo "creativo" de Málaga

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, ha desarrollado un sistema de ingeniería urbanística que ha permitido aumentar el aprovechamiento de las parcelas de al menos tres empresas privadas, Málaga Wagen (Volkswagen), Repsol y Citesa (Telefónica). El método consiste en computar junto al suelo de titularidad privada calles y zonas públicas adyacentes de forma que se genere una nueva área de reparto con mayor superficie. Esto permite construir a mayor altura respetando al mismo tiempo los límites de edificabilidad máximos fijados por la Junta de Andalucía.

El ejemplo más claro de este "urbanismo creativo", como lo denomina el viceportavoz del grupo municipal socialista, Enrique Salvo, se encuentra en los suelos que actualmente ocupa el concesionario de Volkswagen, en la Carretera de Cádiz, el distrito más densamente poblado de la ciudad. En este caso, el Ayuntamiento firmó un convenio con Málaga Wagen por el que a cambio de 2,65 millones de euros, el municipio recalificaba como urbanizable el suelo de los talleres y el concesionario, unos establecimientos industriales que el consistorio considera "inadecuados en el entramado residencial" predominante en la zona. La empresa deberá buscar un nuevo emplazamiento en la ciudad, pero mientras tanto, sus dueños podrán levantar en el solar una torre de 16 plantas y un zócalo comercial de cinco junto a otros edificios que sólo tienen ocho alturas.

El mecanismo para aumentar la edificabilidad ha sido el siguiente: Málaga Wagen aporta un suelo de 4.102 y el Ayuntamiento ofrece un suelo público asociado de 5.383 metros cuadrados, de modo que el área de reparto es de 9.485 metros cuadrados, de los que el 58% son públicos. Entre los elementos públicos que se computan para poder construir más plantas están una rotonda, las calles paralelas al concesionario y la acera frente a la entrada del establecimiento, donde en el futuro se construirá una estación de metro.

Densificación superlativa

El PSOE, que ha impugnado el convenio de Málaga Wagen ante la Junta de Andalucía, considera que se "producirá una densificación superlativa de zonas ya muy pobladas". Por su parte, el Ayuntamiento aclara que no cede edificabilidad de su propiedad para aumentársela a las empresas y asegura que "los aprovechamientos lucrativos de la empresa se determinan en función de la superficie privada de la que es titular, no del suelo público asociado". El consistorio explica que al equipo redactor del PGOU estas actuaciones les parecen "justas y acertadas al considerar la existencia de un equilibrio entre los intereses de viabilidad económica de la empresa, los intereses de renovación del lugar y las necesidades de reurbanización de la zona".

La aprobación del convenio de Málaga Wagen no requiere más que su aprobación por la Junta de Gobierno local, ya que se considera una "adaptación del PGOU vigente", asegura Salvo.





* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/10/2007
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)



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"La Xunta debe denunciar más delitos contra la ordenación del territorio"

FARODEVIGO* : La pelota está sobre el tejado de la Xunta. El fiscal especializado en Urbanismo del TSXG, Antonio Valdés, emplaza a la Administración autonómica a presentar más denuncias contra los delitos urbanísticos que se están cometiendo en Galicia. "El porcentaje de las denuncias que llegan por parte de la Xunta es muy residual", apunta Antonio Roma, al tiempo que asegura que la Fiscalía está trabajando, tanto en materia urbanística como medioambiental, para que el Gobierno gallego tome la iniciativa y recurra a los tribunales.


"Estamos en el camino de que aumenten las denuncias que remite a la Fiscalía", concluye Roma.

- ¿Cada vez hay más "profesionales" de las denuncias en materia urbanística, como apunta la Fiscalía de Pontevedra en su memoria anual?
- La Fiscalía de Pontevedra habla de personas que abusan de las instituciones legítimas de nuestro ordenamiento jurídico. Son personas que buscan presionar a alguien que tiene una licencia. Hay personas que han hecho de la impugnación de la actuación urbanística un negocio, lo que no quiere decir que sean delincuentes. En determinados municipios se denuncia una inactividad muy frecuente por parte de la Administración local frente a la cual la jurisdicción penal no tiene armas para combatirlo.
- El medio ambiente gallego, según un estudio de Ecologistas en Acción, es el tercero más afectado de España por la marbellización de la costa, por detrás de Andalucía y Murcia. ¿Ese efecto Marbella, no por la corrupción urbanística sino por la ocupación del litoral, se ha comenzado a notar en Galicia?
- Desconozco los criterios utilizados para cuantificar, cualificar y ordenar las comunidades en función de su agresión al litoral. De cualquier manera el proceso de marbellización es excepcional en Europa, tanto en el aspecto relativo a la corrupción como en el económico. La capacidad de atraer turismo que tiene esa zona de Andalucía es excepcional. Málaga o Alicante se han convertido en segunda residencia de pensionistas procedentes de otros países con un alto nivel adquisitivo. En Galicia se han incoado diligencias en las fiscalías de Pontevedra, A Coruña y Lugo por actuaciones concretas en la costa. El marco actual, que ya deja entrever que se avecina un período de ligero estancamiento de la construcción, puede afectar en el sentido de paralizar el proceso constructivo. Pero desconozco hasta qué punto se puede hablar de riesgo real, hoy por hoy, de marbellización.
- ¿Qué agresiones urbanísticas están investigando en la comunidad gallega?
- Se están abriendo diligencias siguiendo unos criterios generales. La mayoría de las infracciones contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente se producen por actuaciones de particulares. Hasta ahora, se ha prestado mucha atención en Galicia a las que se producen en la costa. Todas las sentencias que hasta ahora hay en Galicia en materia de delitos urbanísticos se refieren a construcciones de viviendas unifamiliares o anexos de viviendas en la zona de costa. Pero no es el único campo de delincuencia. Ya se han empezado a presentar denuncias por construcciones en suelos no urbanizables comunes y también en suelos no urbanizables de protección forestal o ganadera. Hay un aspecto muy preocupante también que son las actuaciones en cascos históricos. Esto obliga a ir abriendo el campo de acción.
- ¿El urbanismo actual en zonas de A Costa da Morte es más propio de Levante o Costa del Sol que de Galicia?
- Me consta que existen grupos económicos urbanísticos fuertes que se están instalando en A Costa da Morte, pero el número de denuncias mayor no ha llegado a la Fiscalía por esa zona. En las grandes ciudades o sus alrededores es donde se concentran la mayor parte de las querellas. Pero las armas que tenemos son limitadas porque tenemos un Código Penal que restringe las conductas penales a muy pocas figuras.
- ¿Hay una Marbella gallega?
- De ninguna manera. El volumen de denuncias es muy distinto. La Fiscalía de Málaga lleva en la actualidad diez veces más número de diligencias registradas que todas las Fiscalías gallegas. Sólo hasta junio llevaban 500.
- La Xunta interpuso recursos judiciales contra Barreiros, Malpica, Fisterra y anunció "bastante más". ¿La Administración debería denunciar más este tipo de delitos?
- El porcentaje de denuncias que llegan por parte de la Administración pública es muy residual. Estamos en el camino de que la Xunta aumente ese número. Seguramente en el futuro veremos más. En eso se trabaja desde la Fiscalía, ya no sólo en materia urbanística, sino también medioambiental. La comunicación con la Xunta es fluida, ya que en ocasiones necesitamos datos que sólo ella nos puede facilitar para nuestra investigación, pero creo que el número [de denuncias por parte de la Administración] debe incrementarse.
- Muchas administraciones han permanecido ciegas, sordas y mudas durante años ante las agresiones urbanísticas...
- Las armas que tiene la Administración no son eficaces en muchos casos, pero no por falta de voluntad. Ante la posibilidad de paralizar una obra que, por ejemplo, afecte a un yacimiento o a un bien inmueble dentro de un caso histórico, la Xunta está maniatada con su legislación porque no puede paralizar la obra más allá del primer mes porque si pasa de ese primer mes tiene que expropiar la finca o el valor que tenga la construcción en ese segundo mes. La Administración no tiene manga ancha para entrar en muchas infracciones urbanísticas.
- ¿La Ley del litoral contribuirá a frenar las irregularidades urbanísticas?
- Las leyes tienen recorrido a medio plazo. Todas las leyes que llegan en materia de urbanismo tienden a producir efectos positivos, aunque a veces no llegan a buen puerto o al puerto que se desearía. Ojalá no sea el caso de la Ley del litoral y que disminuya este tipo de infracciones.




* Faro de Vigo - Rosa Prieto - 07 de octubre de 2007
Foto: Galicia, ría de Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org



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06/10/07 Madrid. Manifestación por una vivienda digna

ROJOYNEGRO*

En la tarde de ayer, miles de personas (entre 10.000 y 15.000, según los organizadores) marcharon por las calles de Madrid para reivindicar el derecho a una vivienda digna. La manifestación salió de la Puerta del Sol pasadas las seis de la tarde para llegar, dos horas y media después, a la glorieta de Atocha.

Durante esas dos horas y media, los manifestantes recorrieron la calle de Alcalá, entre los ya clásicos gritos de “¡queremos un pisito como el del principito!” o “¡Espe, Espe, Espe… Especulación!”, girando en Cibeles para enfilar el Paseo del Prado hacia el punto de llegada. En la misma plaza de Cibeles tuvo lugar un acto de denuncia: dos personas disfrazadas de superhéroes de la vivienda dejaron una vivienda simbólica (de cartón) en la puerta del Banco de España para denunciar la especulación inmobiliaria, acción que se repitió en la plaza de Neptuno.

Los lemas de las pancartas eran de lo más variado, pero todos en el mismo sentido: “con tanto piso vacío se va a armar un lío”, “terrorismo inmobiliario no”, “gente sin casa, casas sin gente. Alquiler social. ¡Ni subvenciones ni migajas!”… La marcha iba precedida de una furgoneta con megafonía desde donde se proponían consignas y se ofrecían datos relacionados con la situación de la vivienda en el Estado español a los viandantes.

Grito

A la llegada a Atocha se produjo el momento culminante de la manifestación: todos los allí presentes gritaron como una sola garganta “¡no vas a tener casa… En la puta vida!”. La operación se repitió varias veces, tras lo que se desconvocó el acto.

Esta manifestación se produce año y medio después de las primeras sentadas por una vivienda digna que, con carácter espontáneo, dieron lugar a lo que hoy es la Asamblea Contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Como ellos mismos declaran, pasado este tiempo “seguimos sin techo ni derecho, hipotecados, endeudados o dejándonos la mayor parte del sueldo en el alquiler […]. Año y medio después, de nuevo salimos a la calle para reivindicar que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un modelo donde el derecho a la vivienda se imponga a la rapiña de quien sólo lo ve como un negocio. Por eso esta vez nos van a oír…”.

Durante el acto también hubo espacio para recordar a los detenidos en anteriores movilizaciones. Hoy, 9 personas siguen en espera de juicio, y la fiscalía pide para ellos penas de 3 a 6 años de cárcel. Otras 12 aún esperan sentencia por un juicio de faltas, lo que es entendido desde la Asamblea como un intento de intimidación.





* Diario Rojo y Negro - Roberto Blanco. Video: Carlos Peña / Irene Delgado - 7 de octubre de 2007



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La deuda del ladrillo supera el billón de euros

ELPAÍS* : La deuda acumulada de todo lo relacionado con el ladrillo supera por primera vez la barrera del billón de euros. La suma de lo que deben, por una parte, las familias por la compra y rehabilitación de su casa, y, por otra, las inmobiliarias y constructoras es similar al producto interior bruto (PIB) español de este año. Un sector sobreendeudado se enfrenta a una situación de incertidumbre ante la caída de la venta de viviendas y la creciente dificultad de los promotores para obtener financiación. La reciente crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos ha terminado de rematar las alegrías con las que bancos y cajas han concedido préstamos en los años del boom inmobiliario.

Fuentes del sector financiero apuntan que los préstamos se van a encarecer en los próximos meses. Pero el alza en los precios no afectará tanto a las hipotecas concedidas a las familias -que se encuentran al límite tras la escalada del Euríbor de los dos últimos años-, sino a los préstamos al consumo y a los de las empresas.

Los más pesimistas han visto en la caída de la inmobiliaria valenciana Llanera del pasado lunes la prueba de que el fin del boom del ladrillo se llevará por delante a un buen número de empresas. Los afectados, sin embargo, prefieren quitarle hierro al asunto. El presidente de la asociación de promotores Asprima asegura que el parón en la venta de pisos traerá un efecto positivo: el cierre de las promotoras "oportunistas" nacidas al calor de los años de crecimiento alocado, con un carácter poco profesional y fuertemente especulativo.

Esto es verdad. Pero también lo es que en los últimos ocho años la deuda de las inmobiliarias ha pasado de representar menos del 10% de los créditos concedidos a todas las actividades productivas, a superar en el primer semestre de este año los 282.000 millones de euros. Este dato significa que uno de cada tres euros que bancos y cajas prestan a las empresas va a parar a la construcción de casas.

El catedrático de la Pompeu Fabra José García Montalvo considera "disparatado" este ritmo de crecimiento. "Un país en el que el crédito al ladrillo dobla al que se concede a la industria es un país un poco raro", asegura. Pero no son sólo las empresas las que se han endeudado durante la fiebre constructora. El dinero prestado a las familias para la vivienda y el recibido por inmobiliarias y constructoras supera el billón de euros, más o menos lo mismo que la riqueza que este año generará España.

Lo malo es que el dinero que se destina a la construcción deja de ir a usos más productivos. "Es un desastre para la economía que un sector con una productividad tan baja absorba tantos recursos", concluye el catedrático de Economía Aplicada. Desde el otro lado de la trinchera, Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, una de las grandes inmobiliarias, responde que estas cifras, muy superiores a las europeas, se explican por el esfuerzo tan importante realizado en los últimos años por crear en España un parque de viviendas de calidad. La política de fusiones y adquisiciones llevada a cabo en los últimos tiempos por las inmobiliarias es la responsable del crecimiento desaforado de la deuda.

El problema grave llegará, según el responsable de Colonial, si los bancos y cajas toman medidas drásticas y no conceden más crédito para las entidades que deseen comprar suelo. Miguel asegura que a raíz de la crisis hipotecaria de EE UU las entidades financieras están siendo más restrictivas. Y que esta decisión, en lugar de solucionar el problema, puede agravarlo. "Si los créditos hubieran sido accesibles, quizás alguna empresa habría comprado terrenos a Llanera; y ésta no habría tenido que cerrar. Si continúan estas restricciones, en lugar de facilitar la digestión del cambio de ciclo, no se realizarán transacciones y más gente tendrá que cerrar", remacha.

Todos reconocen que las ventas de pisos se han reducido este año significativamente. Pero los expertos en un sector en el que hace meses que reina el nerviosismo quieren transmitir tranquilidad a toda costa. "Las grandes no van a caer. Verán cómo se reducen sus beneficios, pero resistirán el tirón", opinan en Analistas Financieros. "Las empresas más importantes han hecho sus deberes. Han diversificado su actividad para no centrarse sólo en la construcción de viviendas; y han comprado suelo fuera de España cuando los precios aquí se ponían por los cielos", dice el analista Pablo Mañueco.

En un sector muy atomizado, en el que unas 80.000 empresas se reparten el pastel, los promotores se ven abocados a un proceso de concentración, en el que muchos pequeños desaparecerán o serán fagocitados por los más grandes. En la consultora Aguirre Newman confirman que algunas subastas de suelo están quedando desiertas. "Los precios de salida ya no son tan alegres como solían. O el suelo es muy bueno y el precio atractivo o la propia subasta no tiene sentido, porque no va a concurrir nadie", aseguran en la consultora.

Los bancos han dejado de apoyar la compra de suelos calificados como rurales, a los que todavía les queda una larga tramitación urbanística para que se pueda construir en ellos. Los analistas creen que de iniciar unas 850.000 viviendas al año -más de lo que construyen Alemania y Francia juntas-, se pasará al medio millón. De creer la estimación de que cada piso que se deja de construir destruye dos empleos, es evidente quiénes van a ser los primeros en pagar la caída en las ventas: los trabajadores, principalmente los menos cualificados. A pesar de que no quieren sonar alarmistas, en Aguirre Newman advierten de que la situación no ha llegado al punto más bajo. Y que el caso de Llanera ha sido el primero, pero no el último. "Habrá más", auguran.





* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 07/10/2007
Foto: Edificios en construcción - CLAUDIO ÁLVAREZ (El País)




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Deshacer y rehacer

JUSTO NAVARRO* : Es muy buena la intención de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de rehacer el paisaje costero mediterráneo, incluida la Huelva atlántica, expropiando terrenos, derribando casas, comprando masivamente solares para que el Estado los proteja. Parece una labor titánica, de años o siglos, prodigiosa, casi tan imposible como la que uno acomete cuando, por torpeza o descuido o mala fe, rompe un jarrón y se propone recomponerlo y pegarlo trozo a trozo para que sea como era, algo poco posible. A esto se le llama arrepentimiento, o resaca, cuando uno jura que no volverá a caer, que rehará lo deshecho. Es el momento más puro de la vida, y dura hasta que llegan nuevas tentaciones, nuevos compromisos.

Quien ha visto nuestra costa poco arreglo le ve. Ahí están las sobrecogedoras fotos aéreas del litoral de Málaga que Julián Rojas publica en este periódico. La costa se ha convertido en una monstruosa obra arquitectónica, orientaloide: el producto de la megalomanía de un enloquecido rey del viejo Oriente. Las masas de bloques parecen monumentos conmemorativos del afán de dinero, una acumulación maniática de habitaciones, "expresando la unidad del mundo por el amontonamiento", como decía a propósito de ciertas construcciones indias Elie Faure, historiador de arte. Quién sabe cómo transformará el tiempo estas construcciones, cómo las arruinará, cómo las reducirá a miseria épica.

Estos edificios costeros, en permanente metástasis, nos dicen quiénes somos. Los estilos de construcción muestran la manera en que el ser humano se comprende a sí mismo en el clima y el paisaje. Son tan característicos como la ropa que llevamos. Eso dice Tetsuro Watsuji (Antropología del paisaje. Traducción de Juan Masiá y Anselmo Mataix. Ediciones Sígueme). Las casas son un recurso para protegernos de las tiranías de la naturaleza, el frío y el calor, las lluvias y los vientos, el vendaval y el fuego. Forman el paisaje, y en el paisaje el ser humano se descubre a sí mismo, dice el japonés Watsuji. Pero nuestras aglomeraciones urbanas costeras son casas hechas fundamentalmente para ganar dinero, no para vivir.

Si han destrozado el paisaje de los antepasados, como diría un japonés discípulo de Heidegger, también han traído nuevos modos de vida, progreso económico, una revolución moral, incluso con innovaciones en delincuencia política y común. Y ahora el sistema inmobiliario parece que se fatiga, se ahoga, y sube el paro, y los salarios caen, y se venden menos coches, no porque ya nadie necesite una casa y todas las casas estén llenas, sino porque, con miles de casas vacías, sigue habiendo gente sin casa. El mercado de la construcción se retrae. Huye el turismo de lujo. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente se propone revivir el campo y el bosque arrasado, rescatar los cauces de agua invadidos, encontrar las playas bajo los ladrillos. Una cosa así exigiría el regreso de los faraones y los profetas hacedores de milagros, y la ministra Narbona ha vaticinado ya que tardará muchos años en volver el tiempo, el esplendor perdido.

Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente deben carecer de memoria, o dan por garantizada la amnesia de los ciudadanos, o la ignorancia, o el desinterés, o la idiotez común. El Ministerio de Medio Ambiente anuncia su reconstrucción litoral-mediterránea, cuando la costa mediterránea no es de su competencia. El Estatuto de Andalucía, por ejemplo, o el de Cataluña, dos leyes impulsadas por el partido al que pertenece Cristina Narbona, fijan competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en urbanismo, suelo, ordenación del territorio, litoral. La competencia exclusiva "incluye, en todo caso, el establecimiento y regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas". Puede ser que la acción del Estado, a través de Medio Ambiente, se limite a comprar solares para salvarlos de la especulación y la devastación, y convertirlos en reservas de vida ejemplar y próxima a la naturaleza, lo que abriría una interesante vía de negocio público-privado para el futuro. Pero no creo que sea más fácil deshacer los nuevos Estatutos que rehacer las costas vírgenes.






* ELPAIS.com - Andalucía - 07/10/2007





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Miles de jóvenes rechazan los planes de alquiler del Gobierno

ELPAÍS* : Varios miles de personas, la mayoría jóvenes, volvieron a salir ayer a la calle para protestar en toda España por la situación de la vivienda en lo que ha supuesto un claro rechazo a las políticas de fomento del alquiler anunciadas recientemente por el Gobierno y a las propuestas del PP. Una de las pancartas exhibidas en Madrid, donde se congregaron unas 4.000 personas, resumía el sentir de la mayoría: Ni hipoteca perpetua, ni plan electoral.

El ambiente festivo y reivindicativo volvió a ser la tónica de las concentraciones convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna y a la que se sumaron numerosos colectivos en toda España. La manifestación más numerosa fue la de Madrid, que partió de la Puerta del Sol y que se prolongó durante casi tres horas. La policía cifró la asistencia en 2.000 personas, mientras que los organizadores calcularon unas 20.000.

Al frente de ella circulaba un camión a bordo del cual viajaban Hipotecón y SuperVivienda, un superhéroe, este último, que surgió en Barcelona y que se ha convertido en un icono del movimiento conocido como V de Vivienda. A escasos metros, en la cabecera de la manifestación se podía leer una pancarta con el lema Gente sin casas, casas sin gente. Una de las reivindicaciones del movimiento siempre ha sido dar salida a los más de tres millones de pisos vacíos que hay en España, "que deben ser colocadas en una bolsa pública de alquiler", denunció la Asamblea.

Durante todo el recorrido no pararon de gritarse cánticos como: "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa"; "Espe, espe, espe, especulación", o "Queremos un chalé como el de ZP". De forma simbólica se depositaron dos casas de cartón, una frente a la sede del Banco de España, al grito de "manos arriba, esto es un atraco", y otra en la Carrera de San Jerónimo, cerca del Congreso de los Diputados, para denunciar la actuación de los políticos ante este problema.

Los manifestantes rechazaron tanto las políticas de fomento al alquiler del Gobierno socialista, como las contrapropuestas del PP. Tacharon a amas de "electoralistas". "No son más que patrañas", explicaba Gonzalo, un hombre de 60 años, que acudió a la concentración porque "el acceso a una vivienda no es sólo un problema de los chavales".

Al final de la manifestación, en Atocha se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se advertía de que "se ha acabado el tiempo de las migajas, de los parches y de los engaños. Reivindicamos que nuestros derechos se cumplan, que sean algo más que solemnes frases en papel mojado

En Barcelona, la convocatoria movilizó a unas 1.800 personas, según la Guardia Urbana, que se concentraron en la plaza de Sant Jaume, sede del Palau de la Generalitat. Entre los manifestantes había personas de todas las edades, desde familias, jóvenes hasta personas mayores. Los concentrados corearon eslóganes sobre la carestía de la vivienda y a favor de una política de ayudas.

En el resto de ciudades, como Bilbao, San Sebastián y Valencia, las concentraciones estaban convocadas frente a los ayuntamientos. En el caso de Sevilla, la Asamblea por la Vivienda Digna sacó a la calle la reunión que celebra cada miércoles, desde hace más de un año, en el centro vecinal El Pumarejo, informa Reyes Rincón. Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita en la Plaza Nueva, ante la sede del Ayuntamiento, junto a dos pancartas que resumían el espíritu de la protesta: Vivienda digna: un derecho, no un negocio y Contra la especulación y el ladrillazo, vivienda para todos.

Antonio Bienvenida, uno de los portavoces, fue el primero en tomar la palabra. "La vivienda es un derecho recogido en la Constitución, pero que las Administraciones han dejado exclusivamente en manos de constructores e inmobiliarias".

Tampoco en Sevilla ha gustado a los asistentes la ayuda de 240 euros al alquiler ofrecida por el Gobierno central: "Me parece un intento de legalizar los contratos de los alquileres, pero que no va a mejorar nada y va a hacer que suban los precios", vaticinó un joven. Éste propuso como alternativa que las administraciones garanticen viviendas a cambio de un alquiler que varíe "según el sueldo de cada cual". Pero para alguno, ésta tampoco debería ser la solución. "Yo creo que no tendríamos que pagar nada", advirtió otra joven. "La vivienda tendría que ser un derecho gratuito, igual que la educación o la sanidad", señaló.

El anteproyecto de la Junta de Andalucía para garantizar por ley el derecho a la vivienda sí que gusta a casi todos los que ayer se concentraron en Sevilla. "Pero no nos lo creemos", reconoció el portavoz de la Asamblea hispalense.





* ELPAIS.com - JAVIER LAFUENTE - Madrid - 07/10/2007
Foto: Manifestación del movimiento V de Vivienda- ULY MARTÍN (El País)





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Alicante: El exceso de edificaciones obstruye más de 80 cauces fluviales en la provincia

INFORMACIÓN* : La presencia de edificaciones o de elementos que hacen un efecto barrera es susceptible de provocar inundaciones en 81 cauces fluviales de la provincia de Alicante. El estudio «Aguaceros, aguaduchos e inundaciones en áreas urbanas alicantinas», realizado en el año 2003 por el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante (UA), contabilizó un total de 108 lechos con los citados problemas o una vegetación excesivamente densa. Desde entonces, la intervención de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar (CHJ) y del Segura (CHS) ha paliado el peligro en 27 de estos lugares, pero se mantiene en el resto.

El informe señala que, en la mayoría de los casos, la presencia de edificaciones en las riberas o incluso en los propios cauces puede impedir el paso normal de las aguas en un episodio de fuertes lluvias. Además, se destaca la presencia de los llamados «obstáculos lineales», elementos que no necesariamente invaden los cursos de agua, pero que sí hacen de algún modo un efecto tapón para el paso de los caudales. En este sentido, se citan puentes con un ojo insuficientemente ancho o muros de contención, entre otros. También se consideran peligrosos los lugares donde los aterrazamientos agrícolas han sido abandonados, dado que pueden suponer también una barrera o, por el contrario, no evitar que una zona quede anegada.

El estudio muestra las zonas del litoral como las que registran una mayor incidencia de este fenómeno. La Marina Alta y la Vega Baja, con 14 cauces cada una, son las comarcas donde existen más puntos de riesgo. En la primera de ellas, los puntos conflictivos suelen ser barrancos de pequeño recorrido pero fuerte pendiente, por los que se llegan hasta el mar las aguas pluviales. El municipio de Calpe, con los barrancos de Puerto Blanco, Cala Manzanera, El Quisi y El Saladar, es el que concentra más puntos conflictivos, y en el que, según la información facilitada por la CHJ, no se ha intervenido hasta ahora. Sí se ha hecho, en cambio, en Dénia, sobre los barrancos de Mortxama, La Fusta y Alberca, entre otros que no se citan como peligrosos en el informe de la UA. Otro de los cauces donde se ha actuado de forma repetida ha sido el río Gorgos, despejándolo para que realice un buen desagüe.
Esta misma característica de barrancos cortos y de rápido descenso se da en la Marina Baixa y norte del litoral de El Campello. En este municipio se llama la atención sobre la zona de Venta Lanuza y alrededores, donde, según el estudio, se han construido viviendas que ocupan un cauce o lo obstruyen, con el peligro que ello puede suponer. En el casco urbano de la misma población se resalta también la existencia de El Barranquet y de los riesgos de construir demasiado cerca de su lecho. La CHJ no ha realizado ninguna actuación en El Campello desde 2003. Por lo que respecta a la ciudad de Alicante, se alerta entre otros de la insuficiente calado de los puentes de las carreteras N-332 y N-330 sobre el Barranco de las Ovejas.
El riesgo de inundaciones no es exclusivo de las comarcas costeras. Así, el curso del río Serpis se considera especialmente conflictivo por la densidad vegetal de sus riberas y la proximidad de numerosas edificaciones, sobre todo industrias, en Alcoy, Cocentaina y l´Alqueria d´Asnar. En estas localidades, la CHJ ha realizado varias intervenciones desde el año pasado, y aún tiene previsto hacerlo en un tramo pendiente en el casco urbano de Alcoy.

El informe de la UA concluye que el riesgo de inundaciones en la provincia de Alicante ha aumentado durante las dos últimas décadas, debido a una «ocupación imprudente de espacios con peligro de anegamiento o avenida». Ante esto, los expertos Jorge Olcina, Antonio Rico y José Manuel Giménez recalcan que este factor «no es imputable» a que se den más episodios de lluvias fuertes, sino a «un incremento consentido de la exposición» al riesgo. Por ello, apelan al «conocimiento preciso» de los territorios inundables, además de una «educación» que evite llegar a una «depredación del medio sin vuelta atrás».






* Información - A. TERUEL - 07 de octubre de 2007
Foto: Cauce del río Serpis a su paso por Alcoi, calificado como «de riesgo» por la UA - levante-emv.com



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Las comisiones de Urbanismo llevan 4 meses sin reunirse por los cambios en la Generalitat

LEVANTE-EMV* : Las comisiones territoriales de Urbanismo de la Comunitat Valenciana llevan más de cuatro meses sin reunirse a causa de los cambios orgánicos en el seno de la Generalitat tras las últimas elecciones autonómicas. La demora afecta a los procedimientos administrativos de numerosos planes urbanísticos, que están a la espera de pasar el trámite y, en su caso, la aprobación, lo que ha añadido un factor más de inquietud entre el colectivo empresarial vinculado a la actividad urbanística.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda explicaron que las comisiones territoriales se encuentran, en este momento, en fase de formación después de que el pasado 25 de septiembre se publicara en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat. El problema, sin embargo, es que al tratarse de órganos con representación de numerosos departamentos autonómicos y de otras administraciones, el proceso de formación está siendo muy lento y, por el momento, no se ha concluido, ya que en cada una de estas instancias se procede ahora a la elección de sus representantes para las comisiones territoriales de Valencia, Alicante y Castelló. En cualquier caso, el propio decreto establece un plazo máximo de dos meses, por lo que está previsto que, como muy tarde, la próxima reunión de cada una de las comisiones se celebre antes del 25 de noviembre próximo.
La última comisión territorial de Urbanismo que celebró una reunión fue la de Valencia, que lo hizo el pasado 25 de mayo, justo dos días antes de las últimas elecciones autonómicas. Cambio de estructura Cabe recordar que tras estas elecciones también cambió la estructura del departamento autonómico responsable del área de Urbanismo, que dejó de ser exclusivamente de Territorio y Vivienda, su antigua denominación, y ha pasado a ser de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Al frente de la conselleria, además, José Ramón García Antón ha sustituido a Rafael Blasco, conseller durante la pasada legislatura.
Según el decreto, además de la presidencia -que ostenta el conseller del ramo-, y la vicepresidencia, cada comisión tendrá doce vocales con voz y voto, así como otros cuatro con voz pero sin voto.
Las vocalías con voto corresponden, entre otras instancias, a carteras autonómicas como las de Infraestructuras, Cultura y Agricultura, así como a los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento. Al tratarse de doce vocalías con un amplio espectro institucional, el proceso de información se dilatará, previsiblemente, varias semanas más hasta que se puedan celebrar las primeras reuniones durante la presente legislatura.
Entre las atribuciones de las comisiones territoriales de Urbanismo están la emisión de dictámenes y adopción de acuerdos sobre planeamiento, y en el caso de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes, el decreto establece que el dictamen de cada comisión «tendrá directamente efectos resolutivos de aprobación, supeditación, suspensión o denegación, según proceda» .





* Levante-EMV - Vicente Aupí, Valencia - 07 de octubre de 2007
Foto: Edificios para viviendas en obras en el municipio castellonense de Onda. - Levante-EMV



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Miles de personas exigen por toda España una vivienda digna

AGENCIAS* : Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han manifestado en varias ciudades de España al grito de "Nos van a tener que oír. V de Vivienda, V de Victoria", para reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. En Madrid la marcha, convocada por la Plataforma V de Vivienda, ha transcurrido sin incidentes desde la Puerta del Sol hasta Atocha por Cibeles y el paseo del Prado. Los manifestantes, 2.000 según la Policía Nacional y 20.000 según fuentes de la organización, han marchado detrás de una pancarta en la que se leía "Gente sin casa, casa sin gente. Alquiler social, ni subvenciones ni migajas".

Varios de los participantes portaban banderas republicanas y algunos carteles en los que pedían una vivienda justa, y durante todo el recorrido se han coreado gritos como "Qué pasa, que pasa, que no tenemos casa", "Espe, espe, especulación" o "Madrid, capital de la especulación".

La manifestación ha ido precedida por un camión en el que iban dos superhéroes: "Supervivienda" y su alter ego "Hipotecón", que coreaban consignas y leían datos como que en todo el país existen tres millones de casas vacías, que en Europa el alquiler alcanza el 40% y en España apenas el 5% o que más de 30.000 personas duermen en la calle, una cifra que en verano se duplica.

Dos horas y media después de su comienzo, la marcha ha finalizado en la glorieta de Atocha, donde "Supervivienda" ha leído un comunicado en el que los convocantes han asegurado que la manifestación "no es solo un acto de protesta por la lamentable situación actual, propiciada por la vergonzosa actitud de los poderes públicos", sino "la demostración de que se ha acabado el conformismo y ahora exigimos ser los protagonistas". Después del comunicado, los manifestantes han gritado al unísono "no vamos a tener casa en la puta vida".

Dos millares de manifestantes en Barcelona

En Barcelona, unas 1.800 personas se han manifestado por el mismo motivo. La manifestación, que se ha celebrado sin incidentes, ha tenido un tono festivo y ha comenzado con el desfile de jóvenes que tocaban tambores por las calles del centro de la ciudad, a la vez que portaban camisetas y globos amarillos, así como pancartas con lemas en contra de la especulación y del Pacto Nacional de la Vivienda, promovido por la Generalitat que se firmará el próximo lunes.

Uno de los portavoces de la Asamblea por la vivienda de Barcelona, Albert Sancho, ha explicado que han decidido promover la convocatoria tras un año y medio de movilizaciones y porque "con este pacto y esta ley no tendremos una casa en la puta vida".

Según el manifiesto elaborado por los miembros de la plataforma, las medidas anunciadas en el Pacto sólo son "márketing preelectoral" y además esconden la filosofía de "destinar dinero público para favorecer aún más a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con el derecho fundamental a la vivienda". "Se utilizará dinero público para perpetuar los beneficios millonarios que han obtenido los mismos que ahora firman el Pacto, a costa del sufrimiento y del endeudamiento de la población", subraya el manifiesto.

También concentraciones en Sevilla y Murcia

Medio centenar de personas se concentraron en la Plaza Nueva de Sevilla. En declaraciones a Europa Press TV uno de los miembros de la asamblea, Antonio Buenavida, explicó que su objetivo es que se "escuche realmente a los interesados, intercambiar experiencias y que cada uno exprese cuáles son sus problemas de vivienda".

Para Buenavida, uno de los principales problemas es que se ha consentido "que un derecho básico se convierta en un negocio en el que algunas personas se enriquecen mientras que los vecinos tradicionales no tienen una vivienda digna".

En la misma línea se pronunció uno de los jóvenes que se concentaron en la capital hispalense, Jesús Castillo, quien destacó que los jóvenes están cansados de alquileres "tan caros" que no les permiten independizarse, y que este aspecto influye negativamente en "todos los ámbitos de la vida personal, incluso en las relaciones de pareja".


Alrededor de 150 personas, según la organización, se concentraron en la plaza de Santo Domingo de Murcia para reclamar el acceso a una vivienda digna y medidas como el fomento del alquiler, y el establecimiento de un techo al precio de las casas por parte del Gobierno regional y las administraciones locales.

Los asistentes portaron una pancarta de la 'Asamblea por una vivienda digna', así como otras más pequeñas con distintos lemas, como 'Hay 100.000 viviendas vacías en Murcia'.

El problema, según Moreno radica "en el abandono de las políticas públicas de vivienda que había hasta hace diez años y que cesaron para privatizar el sector y dejarlo en manos de los promotores". "Ya no se hacen concursos para asignar las casas de protección oficial y no se conocen los criterios de entrega, que están en manos de los promotores", señaló.




* Público - 06/10/2007
Foto: manifestación vivienda digna Madrid 6oct - agencias



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Mobbing inmobiliario: ¡No nos echarán!

G.A.S.* : Amenazas, averías misteriosas, extrañas plagas… Todo vale con tal de que los vecinos desalojen el edificio. La ONU sitúa a España a la cabeza del acoso inmobiliario. Aquí se acuñó el término `asustaviejas´, pero con la especulación el fenómeno se ha desbordado. Hemos estado en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga… Bloque `con bichos´. Así se conoce en la jerga inmobiliaria a los edificios con inquilinos de renta antigua en el centro histórico de las ciudades. Los `bichos´ son los vecinos. Sus viviendas ocupan solares que valen cada metro cuadrado en oro y que hay que `fumigar´, esto es, vaciar, antes de sacarlas al mercado.

Así surgió en España el fenómeno de los `asustaviejas´. La palabra fue acuñada en Cádiz para designar a los especuladores inmobiliarios más agresivos. Son los que se dedican a comprar los edificios antiguos para luego, valiéndose de abogados y matones, expulsar a los inquilinos. Por lo general, sus víctimas son personas de edad avanzada que malviven solas en pisos por los que pagan rentas bajísimas. Pero de un tiempo a esta parte el fenómeno se ha extendido a casi todas las ciudades con cascos antiguos deteriorados o barrios populares cercanos al centro. Pero algunos `bichos´ han salido respondones y están plantando cara a los acosadores. Es una reedición de la lucha entre David y Goliat que, poco a poco, está calando en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…


El problema es de tal envergadura que la ONU sitúa a España a la cabeza del mobbing o acoso inmobiliario. Un relator especial de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, de gira por nuestro país, no daba crédito. «La situación es muy grave. Una auténtica vergüenza. No he visto nada igual en otras partes del mundo desarrollado. En España se vulneran los tratados de derechos humanos en cuestión de vivienda.» Sólo el Ayuntamiento de Barcelona registró un centenar de denuncias confirmadas de acoso inmobiliario el año pasado, aunque algunas asociaciones vecinales catalanas cifran en unos 3.000 los casos que se registran en la Ciudad Condal anualmente.


El acoso ha alcanzado tal grado de refinamiento que se distinguen varias etapas. En la primera, buenas palabras. El dueño dialoga, engatusa y anima a la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Si la amabilidad no da resultado, se recurre a la coacción. Si el arrendatario tiene algún otro piso en el bloque, permitirá la entrada de okupas para perturbar la convivencia. O incluso matones. Los mismos clanes familiares que extorsionan a los empresarios de la construcción para ser contratados como falsos vigilantes de obras se están especializando ahora en el vaciado, bajo amenazas y agresiones, de los pisos de arrendatarios. La Policía ha actuado en el Barrio Gótico de Barcelona, donde un par de pisos vacíos fueron ocupados por traficantes de drogas. Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de casi todos los vecinos. Las tácticas de hostigamiento suelen ser más disimuladas, pero igual de efectivas. Se descuida el mantenimiento del edificio. Se producen averías misteriosas. Cortes del suministro de agua, luz, gas o teléfono… O aparecen plagas de pulgas, como en Sevilla. Además, las inmobiliarias disponen de abogados que juegan al despiste con la gente mayor, a la que lían para que firmen los papeles que los autorizan a abandonar el inmueble. O no les pasan el recibo del alquiler para denunciarlos luego por impago. Pero esas tácticas ya están siendo contestadas por los vecinos. Y la guerra es ahora un cuerpo a cuerpo de incierto resultado.


La geografía del problema se extiende como una mancha de aceite a la mayoría de los núcleos urbanos de más de 150.000 habitantes. ¿Qué dice la ley? Según el Código Penal, el acoso inmobiliario puede encuadrarse como un delito o falta de coacciones, con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de seis a 24 meses. Pero los ancianos, inmigrantes y jóvenes con pocos recursos, incapaces de luchar en solitario y desamparados ante la burocracia municipal, están pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos. Éstas advierten de que lo más importante es aportar pruebas de que se está sufriendo acoso: formularios enviados mediante burofax al propietario para que restablezca las condiciones de habitabilidad, contratos y recibos que acrediten el derecho a ocupar la vivienda, declaraciones de testigos, actas notariales de algún hecho en concreto, por ejemplo, si hay desprendimientos. Y la visita de un perito para que emita un informe sobre alguna cuestión técnica, como el estado de las vigas. Si necesita obras de conservación, lo mejor es acudir a un arquitecto o aparejador para que las justifiquen.


La lucha no ha hecho más que empezar. Pero ya está dando algunos resultados. Miguel Macías, de la Liga de Inquilinos Amenazados de Sevilla, explica: «El 80 por ciento de las denuncias tiene solución. Son engaños. Antes había `asustaviejas´, ahora hay `asustajóvenes´, `asustaamasdecasa´…

El perfil de la gente a la que ofrecemos asesoramiento gratuito va desde jóvenes mileuristas hasta inquilinos de renta antigua a los que están masacrando. Lo más duro es la presión con la que viven, el miedo. Les afecta física y psicológicamente. Pero en Sevilla o Cádiz, de un tiempo a esta parte, es mucho más difícil que el Ayuntamiento declare una finca en ruina, cuando antes se declaraban como churros. Eso es un avance. Porque la declaración de ruina conlleva el desalojo de los vecinos sin percibir indemnización».


Estas primeras victorias tienen nombres propios. Como el de Cecilio Hipólito, un octogenario del barrio barcelonés de Sants que ha vencido en los tribunales a los que pretendían echarlo del piso donde vive de alquiler. El anciano había sido denunciado por instalar una bañera, hace 18 años. Hipólito ha sufrido cortes en los suministros de agua y gas, ruidos a media noche; basuras acumuladas en el vestíbulo y otros sobresaltos que iban minando su salud, hasta el punto de sufrir varios infartos. Y en el barrio granadino del Zaidín han sido detenidas seis personas como presuntos responsables de las coacciones que sufrieron los inquilinos de un bloque, entre ellas, dos abogados y dos delincuentes rumanos. Estas primeras victorias han propiciado que el acoso sea ahora menos descarado. Las asociaciones vecinales de Cádiz apuntan a que se está dando un giro, «quizá porque las coacciones se disimulan más, pero lo cierto es que nos llegan menos quejas». Para Antonio Gómez, presidente de la Federación Cinco de Abril, a partir de la firma de un código ético que les permite actuar como intermediarios entre el inquilino y la propiedad para alcanzar una solución sin ir a juicio, los casos han bajado. También la ley se pone, en ocasiones y con razón, de parte de los arrendadores. La Generalitat prepara medidas para acelerar la salida al mercado de miles de pisos vacíos cuyos propietarios no se atreven a arrendarlos por temor a los impagos, avalando el cobro de seis mensualidades.




* Grupo de Acción Social - 2007-10-05
Viñeta: G.A.S.



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La Policía investiga el patrimonio del alcalde de La Línea (Cádiz)

EUROPASUR* : La central de Madrid de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía ha investigado los patrimonios del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, y del actual concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama. Así consta en el sumario del caso Roseworld. Y es que la titular del juzgado número 1 de La Línea decretó ayer el levantamiento del secreto de sumario en este caso, un proceso judicial abierto por la querella que interpuso José Carrión Capilla tras la venta, por parte del Ayuntamiento, de cuatro parcelas municipales de 22.200 metros cuadrados a la empresa Roseworld.

Este diario ha sabido que la juez reclamó la semana pasada a Calama que justificara 980.000 euros, al parecer de IVA, de los 1.980.000 euros que el Ayuntamiento recibió de Roseworld por esta venta y le dio una semana para hacerlo. El plazo expiró ayer.

La central de la Udyco también ha investigado a las empresas Roseworld y Lábaro, grupo éste último al que pertenece Abuztúa Inversiones, compañía que a principios de año compró a Roseworld este suelo por 14 millones de euros, dos millones más de los que pagó al Ayuntamiento.

En este procedimiento están imputados el alcalde de La Línea y el entonces gerente municipal de Hacienda y Urbanismo, y actual concejal de éste último ramo, Carlos Ruiz Calama. Además, fueron denunciados por Carrión los concejales de La Línea que votaron a favor de dicha venta en el pleno de la Corporación municipal en el que fue aprobada esta operación, así como el anterior secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el interventor municipal.

El sumario del caso Roseworld consta de 16 tomos que suman 4.501 folios. La documentación es tan abundante que la acusación ha encargado a cuatro procuradores que los fotocopien a partir del lunes.

En este procedimiento judicial también ha prestado recientemente declaración un irlandés que, según ha sabido Europa Sur, participó en una operación de compra-venta de estos terrenos el mismo día en que el Ayuntamiento los vendió a Roseworld y en la misma notaría. En el sumario constan varias fotocopias de los pagos realizados en esta segunda operación mediante cheques del banco Sabadell.

La próxima semana podría celebrarse una vista en la que estarán presentes la juez, la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación, y en la que podrían producirse novedades en este complejo procedimiento.




* Europa Sur - S. F. /J. J. G. - 06/10/2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)




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La sostenibilidad: de valor y paradigma a simple adjetivo banal

JORGE BENAVIDES SOLÍS* : La Historia es irreversible y su utilización sólo es una interpretación interesada. Todo comenzó en el marco de la ONU, con el Informe Nuestro Futuro Común (1987-1988), coordinado por la ex primera ministra noruega, G. H. Brundtland. En él se recurrió al neologismo 'Sostenible' para sortear la astuta advertencia hecha por el secretario de Estado de EE UU, H. Kissinger, en un telegrama dirigido a la ONU en 1974. Se oponía al uso del término 'Ecodesarrollo' por estar vinculado a la Ecología, disciplina que, desde entonces, ha sido desacreditada frente al desarrollo, cuando precisamente es todo lo contrario: garantiza la calidad del crecimiento.

Quienes viven en Bormujos y trabajan en Sevilla dejan anualmente 45 días de su vida dentro de su coche, con el cual, involuntariamente, contaminan más. Tienen más bienes pero menos calidad de vida.

La Ecología es imprescindible para la construcción y el estudio del Oikos (hogar) humano entendido como sistema.

La Sostenibilidad (en España), o Sustentabilidad (en Hispanoamérica), es un neologismo vinculado al contenido del mencionado Informe sobre un tipo de desarrollo. Textualmente dice: "Desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin dañar la capacidad de las nuevas generaciones para satisfacer sus propias necesidades".

Por lo tanto, en primer lugar, el significado de la Sostenibilidad está asociado coherentemente a los contenidos que constan en los documentos aprobados en la Conferencia de Río de 1992, Cumbre de la Tierra, para el Medio Ambiente y el Desarrollo:

-El Programa 21. Plan de acción que define las metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI.

-La Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Derechos y deberes de los Estados.

-La Declaración de principios sobre los bosques.

-Las Convenciones sobre el cambio climático, la biodiversidad y la desertificación.

En conferencias gubernamentales sucesivas se han firmado los Acuerdos de Alborg, Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, 1994; de Kioto, Cambio climático por el Calentamiento Global, 1997; y de Johannesburgo, Sobre la pobreza y el Medio Ambiente, 2002. En ellos se amplía el contenido operativo de la palabra Sostenibilidad asociada al desarrollo, a la contabilidad, al capital natural y ambiental.

Bajo este paraguas, los economistas incluso hablan de sostenibilidad débil, fuerte y muy fuerte en función de cómo se gestionan, con sentido empresarial, los recursos naturales. A un individuo se lo puede considerar, consumidor o ciudadano. Los Estados dan preferencia a una de estas alternativas. Los intereses del empresario y del consumidor son coincidentes pero, con frecuencia divergentes de aquellos del ciudadano. Es entonces cuando el uso del término depende de quién, en qué ámbito y en qué contexto lo haga.

La Torre Cajasol de Sevilla, un cilindro de cristal de 180 metros de altura, en verano soportará hasta 50 grados de temperatura. Que ésta es Arquitectura Sostenible, lo diga quien lo diga, simplemente es un disparate. El contaminante polígono industrial de Huelva es factor de crecimiento de la riqueza cuantificable pero no de calidad ambiental.

Por otra parte, tomando en cuenta su origen, la Sostenibilidad es un concepto, y en tanto, responsabilidad social es un valor íntimamente ligado a otro, la libertad. También es un paradigma.

¿Cómo no va a ser una responsabilidad social la despilfarradora forma de consumir los recursos naturales no renovables que está provocando el cambio climático y de los cuales no podrán prescindir nuestros nietos, como son el suelo, el agua, el aire, la energía (fuego)?

A nadie se le ocurriría derrumbar los 500.000 contenedores de ladrillo feos y dispersos construidos en los últimos 10 años en El Aljarafe para recuperar el suelo. Los combustibles fósiles, petróleo, carbón (energía), además de no renovables, son contaminantes (el transporte privado más que el público). Debido a la calidad del suelo, para recuperar la selva amazónica se necesitarían los mismos siglos requeridos para su formación. Y con la desertización, desaparecen los lagos (agua). En los últimos 50 años, debido a la urbanización, la superficie del lago Victoria se ha reducido a menos de la mitad. En los últimos 20 años, según el Atlas de Naciones Unidas, el agujero de la capa de ozono prácticamente se ha duplicado (aire).

Vivimos en libertad pero no podemos hacerlo sin responsabilidad. Debemos pensar en el otro, en los demás. De eso va la Sostenibilidad; sin embargo, debido al uso banal del término no solamente en el ámbito político y electoral sino académico, por condicionamiento del mercado, se lo está transformando en un adjetivo, en una simple declaración de intenciones, cuando no en un comodín que roza con el absurdo.

Para comprobarlo, lea con atención algunos documentos técnicos, universitarios, empresariales y electorales. Según los políticos y los técnicos responsables de los PGOU redactados últimamente, se están contribuyendo ciudades sostenibles. Visite la Vega de Granada o directamente vaya a las Fiscalías y comprenderá cómo se transforma un valor (Sostenibilidad) en banal adjetivación o absurdo comodín.




* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la ETSA.






* ELPAIS.com - Tribuna Andalucía - 04/10/2007






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'V de vivienda' convoca para hoy concentraciones por una vivienda digna

SERVIMEDIA* : La plataforma V de Vivienda celebrará esta tarde concentraciones ante todos los ayuntamientos españoles con el fin de protestar por las dificultades para acceder a una vivienda. V de Vivienda lleva convocando esta protesta desde hace días a través de un correo electrónico que circula por Internet, en el que se asegura que "esta vez nos van a oír". "Reúnete frente al ayuntamiento de tu ciudad el 6 de octubre a las 19.00h* y forma parte del último grito en protestas", reza el correo electrónico. Se trata, según los convocantes, de "un acontecimiento global que realizaremos entre todos al mismo tiempo y en cada ciudad para batir el récord mundial".

Desde la organización señalan que protestan porque "en España, la vivienda es la más cara del mundo, teniendo en cuenta los sueldos de los ciudadanos".

"Nuestra principal amenaza es la especulación descontrolada con un bien de primera necesidad como es la vivienda", agrega. "Esto está provocando muchos problemas que se traducen en dramas personales, familiares y colectivos. Queremos que esto cambie".

Además, V de Vivienda ha convocado una manifestación para esta tarde a las 18.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid, bajo el lema "Casas sin gente, gente sin casa: alquiler social universal, ni sorteos ni migajas".



* Consultar: http://www.vdevivienda.net/



* ELPAIS.com - Madrid - 06/10/2007



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El ex alcalde de Gondomar y cinco ediles, a juicio por la concesión ilegal de 300 licencias

FARODEVIGO* : La causa contra el ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, y los cinco miembros de su junta de gobierno por la concesión supuestamente irregular de 300 licencias urbanísticas sigue adelante con la apertura del juicio oral. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo enviará al banquillo de los acusados al anterior regidor y a los concejales José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa por sendos delitos de ordenación del territorio. Así lo decreta el magistrado en un auto en el que insta al Ministerio Fiscal a formular acusación para poner en marcha la vista y sobresee a la anterior secretaria municipal de la causa.


Lejos de archivar el caso, el juez da por cerradas las diligencias efectuadas a lo largo del último año tras la querella criminal presentada por la Fiscalía el 29 de junio de 2006 y abre el juicio oral. Eso sí, la defensa de los imputados podría presentar un recurso contra la decisión del juez. El fiscal también podría aplazar el asunto y solicitar nuevas diligencias en caso de que no encuentre elementos esenciales para formular su escrito de acusación. De este modo, queda en el aire la fecha del juicio.

Los seis imputados formaban parte de la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las mencionadas 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal. La querella de la Fiscalía argumentaba que dichos permisos de construcción habían sido otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.

Largo proceso

La anulación del PXOM se produjo en febrero de 2005 después de un largo procedimiento. El documento fue aprobado en pleno en agosto de 1997 y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitía su primera sentencia para dejarlo sin efecto en noviembre de 2001. Una sucesión de recursos por parte del gobierno municipal alargó el asunto hasta febrero de 2005, fecha en que el Tribunal Supremo lo anulaba de forma definitiva fundamentalmente por defectos de forma. El gobierno encabezado por Carlos Silva sacó adelante en una sesión plenaria de mayo de 2005 una serie de medidas para corregir dichos errores y mantener en vigor el planeamiento.
Estas correcciones nunca fueron aceptadas por los tribunales ni por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia, que intervino con un requerimiento al gobierno municipal para que anulase las 300 licencias por las que ahora serán juzgados Silva y sus compañeros de equipo. El ex regidor y los ediles rechazaron la instancia del Gobierno autonómico y mantuvieron la validez del PXOM a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre las modificaciones aprobadas en el pleno.

Mientras tanto, el gobierno popular de Gondomar, que perdió el poder en las últimas elecciones, elaboró un nuevo PXOM que llegó a aprobarse el pasado mes de enero de forma inicial. Un mes después, dos concejales, la compañera de uno de ellos y un arquitecto vigués eran detenidos por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores en el nuevo plan. Este oscuro episodio llevó a Silva a retirar el documento aprobado inicialmente que la oposición consideraba "bajo sospecha" por la actuación de los ediles acusados de cohecho.




* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 06 de octubre de 2007
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es



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Una juez imputa a la alcaldesa de Orihuela por el sobrecoste de la reforma de la Glorieta

LEVANTE-EMV* : La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 ha llamado a declarar en calidad de imputados a los miembros de la junta de gobierno local que aprobaron en 2002 las modificaciones presupuestarias de la remodelación de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. Entre ellos se encuentra la actual alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, según confirmaron fuentes jurídicas, además de los concejales Antonio Rodríguez Barberá y Ginés Sánchez. El ex alcalde José Manuel Medina, el empresario Domingo Alcocer (gerente de Doalco) y el ex edil y actual asesor de Alcaldía, Jesús Roca ya fueron interrogados como imputados por esta causa el 10 de septiembre.

Las obras de la Glorieta se adjudicaron a la empresa oriolana Doalco por 1,8 millones pero el Ayuntamiento abonó 5,3, y según el testimonio que avala toda la investigación, el realizado por el ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll, al final las cifras certificadas llegaron a los 7,2 millones. Esta causa es una de las piezas desglosadas de la denuncia realizada en 2006 por la fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades urbanísticas y económicas en los últimos mandatos de la gestión municipal.
Como publicó esta edición la juez había solicitado al Ayuntamiento que aportara las actas de junta de gobierno donde se aprobaron los sobrecostes tras las declaraciones del día 10. Un portavoz autorizado del equipo de gobierno del PP indicó ayer que no se han recibido citaciones judiciales y que los ediles aludidos no se iban a pronunciar sobre este asunto. Este periódico intentó contactar con la alcaldesa Mónica Lorente sin éxito. Ballester no lo votó Por su parte, el también miembro de aquella junta y actual diputado autonómico Andrés Ballester aseguró que no tiene constancia de ninguna imputación. Afirmó que estuvo presente en aquellas reuniones pero quiso dejar claro ayer que «no votó» los modificados porque los técnicos municipales, como el jefe de contratación, ponía reparos a los sobrecostes. «Fue una postura que además hice pública. Los técnicos decían que con esos modificados hacia falta una nueva adjudicación», subrayó ayer a este diario Ballester. La edil socialista Antonia Moreno dijo al hilo de estas imputaciones que «ha llegado el momento de que todos los concejales seamos conscientes de que adquirimos responsabilidades y de las consecuencias penales y civiles de nuestras decisiones. El pasado siempre nos busca. La política no es juego». Moreno dijo que este precedente debe estar presente en futuras decisiones como la adjudicación del contrato de basuras. El edil de Los Verdes Monserrate Guillén dijo que es importante que se empiecen a depurar las responsabilidades políticas y pidió a Lorente que se defienda fuera del Ayuntamiento, como en su día se le exigió al ex alcalde José Manuel Medina.
Por su parte, Joaquín Ezcurra regidor de Clr, dijo que no le «extrañaba» la imputación de Lorente «y además creo que no va a ser la última». «Los últimos años de gobierno del PP están en el juzgado y Medina no puede ser el único responsable político», agregó el edil. «Tanto Lorente como Rodríguez Barberá han sido piezas fundamentales en la maquinaria municipal y ahora deben asumir sus responsabilidades».



* Levante-EMV - D. P., Orihuela - 06 de octubre de 2007
Foto: Orihuela - wikipedia



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Denuncian ante Obras Públicas y la Fiscalía el urbanismo «insostenible» en Alcaucín

SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga un escrito denunciando el impacto ambiental que está causando en el suelo no urbanizable de municipio la evolución del urbanismo en el término municipal de Alcaucín. El colectivo basa su denuncia en un estudio realizado sobre la construcción de viviendas en el suelo rústico y el avance experimentado en los últimos años.

Así, la asociación ecologista asegura en un comunicado que el número de casas de nueva construcción realizadas entre 1983 y 1995 es de 113, mientras que las edificadas entre 1995 y 2007 alcanza las 1.026.

Población

En el medio urbano, según el estudio de GENA, se ha pasado de 836 en 2001 a 1.477 en 2006, lo que significa un incremento de 641 unidades. «En total, este municipio tiene ahora 2.897 viviendas. Si consideramos que este periodo la población ha crecido de 1.511 a 2.086 habitantes (cifras del INE) se confirma que el crecimiento inmobiliario no se debe a causas humanas o sociales, con un ratio de 1,5 viviendas por habitante, o una capacidad residencial de 12.000 habitantes», asegura el colectivo.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza recuerda que la superficie del municipio es de 6.399 hectáreas, a la que hay que descontar la zona protegida del Parque Natural de Sierra Tejeda, que es de 1.710 hectáreas.

El colectivo menciona en su estudio como sector problemático el situado al norte del pueblo, colindante al camino del Alcázar y al Parque Natural, «donde observamos que en un kilómetro cuadrado hay nada menos que 114 casas, en una disposición desordenada y apariencia espontánea, todas con acceso rodado dendrítico e individual, y la mayoría de caminos de tierra».

Pendientes

Asimismo señala que se trata de una zona de pendientes medias y altas, a mas de 600 metros de altitud y colindante a un frondoso pinar regenerado tras un incendio en 1988. El único elemento articulador es el camino o pista forestal de la adecuación recreativa El Alcázar, alrededor del cual se sitúan las viviendas, que ocupan una superficie de unos 350.000 metros cuadrados.

El colectivo aporta como dato complementario la existencia de 67 piscinas en el mismo sector, dos por cada tres viviendas, y que el precio de estos inmuebles puede alcanzar hasta los 280.000 euros.





* Diario SUR - 05.10.07 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: ALCAUCÍN. Nueva denuncia de los ecologistas sobre las viviendas en suelo rústico. / EVA GUZMÁN (SUR)



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Doctrinas hipócritas

ELPAÍS/Editorial* : La corrupción urbanística merecería ocupar un lugar destacado en el debate político preelectoral, debido a las graves distorsiones que produce en la democracia local y autonómica, a sus efectos económicos nefastos en forma de subidas de precios del suelo y de los pisos y a los destrozos que causa en zonas de elevado valor ecológico. El caso de Marbella, un Ayuntamiento saqueado impunemente por alcaldes y concejales, dio la voz de alarma sobre la debilidad de las instituciones políticas locales para frenar el urbanismo sin escrúpulos. Madrid no se libra de la plaga...

... la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad Enrique Porto, hombre de confianza de la presidenta Aguirre, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, también del Partido Popular, Luis Partida, supuestamente implicados en un caso de recalificación fraudulenta en la localidad madrileña. El caso ilustra sobre las confusiones interesadas que suelen manejar los políticos para justificar las tropelías de sus correligionarios. Porto y Partida tienen derecho, faltaría más, a la presunción de inocencia. Un tribunal decidirá si son culpables de los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, que denuncia la Fiscalía.

Pero es muy discutible que, según la doctrina del PP, las responsabilidades políticas exigibles a los cargos públicos sólo sean sustanciadas una vez que los tribunales declaran la culpabilidad de los imputados. Tal criterio resulta hipócrita, porque no ha sido obstáculo para que el PP, olvidando lo que reclama para sí, haya exigido la dimisión de cargos de otros partidos acusados de delitos urbanísticos; y además desmoraliza a los ciudadanos, porque transmite el mensaje de que los partidos no están interesados en combatir la corrupción.

Nada más tóxico para la democracia local que la idea muy extendida de que los partidos políticos consideran las comisiones irregulares obtenidas de las operaciones urbanísticas como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir. Por eso es tan importante que los responsables políticos repudien cualquier indicio de corrupción de sus cargos públicos y que sean los primeros en exigir castigos ejemplares para los culpables. En esa actitud deberían estar la Comunidad de Madrid y el PP, que ya debería haber instado la dimisión del alcalde de Villanueva de la Cañada.




* ELPAIS.com - 04/10/2007




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Baile de 'malayos' en los juzgados

ELPAÍS* : Los juzgados de Marbella se han convertido en el plató de un espectáculo en el que lo de menos son las causas por las que están imputados quienes los visitan. Esta semana han vuelto a entrar en los hogares de media España por la citación de una decena de miembros de antiguas corporaciones, la mayoría imputados en el caso Malaya. Se ha visto entrar y salir del edificio a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos o el también ex regidor Julián Muñoz.

En segundo plano lo han hecho ediles menos conocidos como Tomás Reñones, Rafael Calleja, Pedro Pérez, Javier Lendínez o Carmen Revilla. El broche lo pone hoy el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Han acudido para declarar por diligencias previas en distintos casos de presunto delito urbanístico. El menú ha merecido que se envíen unidades móviles de televisión casi una semana.

La estrella por excelencia ha sido Julián Muñoz. Estaba citado el martes y era la primera vez que salía de la prisión de Jaén después de conocerse que tiene posibilidades de quedar libre si sus abogados logran un permiso penitenciario. Después de cuatro horas en los juzgados, volvió a salir con chaqueta marrón y rostro demacrado. Cuatro jóvenes llamados al calor de las cámaras se situaron en uno de los miradores desde los que se divisa la puerta de los calabozos y explotaron en cuanto le vieron: "¡Ladrón, devuelve los millones!", dijo una chica de unos 16 años vestida con un chándal rosa. "¡Bájate los pantalones, que te llegan a los sobacos!", añadió otro joven unos años más mayor, que redondeó el comentario escupiéndole.

Muñoz, que ocultaba las esposas con su tradicional carpeta azul, aligeró sus pasos y se resguardó en el furgón de la Guardia Civil. El agente que conducía tuvo dificultades para maniobrar porque Mocito feliz, un personaje local cuya actividad favorita es aparecer en los programas de televisión del corazón, les impedía la salida, consciente de que los cámaras filmaban la salida.

"¡Mocito, cuántas veces te he dicho que no te metas en los planos", le regañaba ayer un cámara de Televisión Española después de que le estropeara la llegada de Marisol Yagüe. "Es que no te das cuenta que no es serio que salgas detrás de ellas en los informativos", le decía.

Las imágenes que compran los programas del corazón son las mismas que las agencias venden a los informativos, aunque los locutores subrayen aspectos distintos. Debido a esto, en las ruedas de prensa de la puerta de los juzgados chocan los intereses de los redactores. De los 10 minutos que Isabel García Marcos estuvo hablando a los micrófonos ayer, ocho fueron para contar que había pasado toda la mañana poniéndose al día con sus antiguos compañeros y para explicar lo mal que lo había pasado cuando unos vecinos la habían llamado "choriza". mientras iba con su madre, su atónita hija y casualmente la estaban grabando.

La atención que generan los imputados en el caso Malaya anima a los espontáneos a luchar por su minuto de gloria. Marisol Yagüe se topó ayer con otra visita inesperada cuando pretendía marcharse en el coche. "Me has destrozado la vida. Me desahuciaron siendo tú alcaldesa y no te lo voy a perdonar", le decía la mujer, acompañada de un niño de cinco años. Mientras capeaba el enjambre de cámaras la antigua alcaldesa no tuvo más remedio que pedirle perdón. "No te voy a perdonar, pero dame un abrazo", le dijo la mujer. Y se lo dio. "Ahora me siento realizada como mujer", dijo con media sonrisa.

No muy lejos, una abogada contemplaba la escena. "Si este es el panorama informativo que tenemos estamos arreglados", comentaba. Tan sólo cuatro redactores, entre más de una veintena, trataban de cazar a los letrados que se alejaban para preguntarles de qué se había hablado en el interior de las salas.





+ ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 05/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com



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La vivienda: problemas y soluciones

LUIS ÁNGEL HIERRO* : Durante los últimos años el precio de la vivienda se ha duplicado y el sector inmobiliario y de la construcción ha mantenido unos niveles de actividad y de beneficios envidiables. Ello se ha debido a una expansión de la demanda basada en el crecimiento de la población, en el aumento de la renta per cápita y del número de empleados y en dos elementos financieros, que han compensado las subidas del precio de la vivienda, la caída de los tipos de interés, debido a la unión monetaria, y el alargamiento de los plazos de amortización de las hipotecas. Los resultados han sido más viviendas construidas, pero también más caras y con un nivel de endeudamiento de las familias muchísimo mayor.

Es precisamente el nivel de endeudamiento el que ha comenzado a pasar factura a las familias. Se ha apurado tanto la capacidad de pago que ahora una subida de tipos de interés de medio punto o un punto pone a muchas familias al borde de la insolvencia y eso que el empleo va bien. Conclusión: el problema es importante y podría llegar a serlo más si el precio de la vivienda se desplomase y los tipos de interés subiesen algo más.

La política planteada por el PP para este problema es la típica de los ultraliberales: bajen las retenciones del IRPF para que con ese dinero las familias asuman la subida de las hipotecas. Puro engaño, injusticia e hipocresía. Hipocresía porque piden que se bajen los impuestos a todos, incluida la gran mayoría de familias que no pagan hipotecas, en lugar de tocar las deducciones por vivienda que son las que en realidad inciden sobre los afectados; injusticia porque las rentas más bajas no pagan IRPF y por tanto no se beneficiarían de la rebaja y no tendrían más liquidez para pagar la hipoteca; y engaño porque jamás se conseguiría el objetivo, ya que por termino medio hace falta bajar el IRPF aproximadamente un 30% para neutralizar una subida del 1% del tipo de interés de la hipoteca media. En realidad la propuesta del PP lo que quiere es utilizar el tema de las hipotecas para vaciar las arcas del Estado y evitar mejoras sociales como el "cheque-bebé", la ayuda a la dependencia o la subvención de alquileres.

Si de verdad queremos afrontar seriamente el problema de la vivienda tenemos que asumir que hay que resolver dos cuestiones: la coyuntura, que hasta ahora es un problema financiero, y lo estructural, que consiste en reducir el precio de la vivienda. Para lo primero, la estrategia es financiera. Como el problema deriva de la subida de los tipos de interés, lo razonable es proponer una legislación que facilite el alargamiento y el acortamiento automático de los plazos de amortización para mantener la cuota más o menos constante y un pacto con las entidades financieras para aplicarla a los préstamos en vigor. En realidad han sido las entidades financieras con su agresiva política de dinero fácil y el Banco de España consintiendo el alargamiento de los plazos de amortización los que han ido inflando el mercado de la vivienda y sobrendeudando a las familias, por eso es lógico que sean esas entidades las que participen en la solución del problema, en tanto bajan los tipos de interés.

Distinta es la solución a largo plazo. La propuesta de la Junta de Andalucía es probablemente una de las más atrevidas que se han presentado hasta ahora: hacer exigible el derecho a la vivienda para las familias que ingresen menos de 3.000 euros. Ello significa que por primera vez se va a ensayar una verdadera solución pública al problema de la vivienda (planifico, produzco y suministro), puesto que para ofrecer una vivienda barata a esas personas, que son la mayoría, se necesitará un sistema de producción de vivienda de protección que hasta ahora no existe. Los que afirman que no va a tener coste para la Junta de Andalucía no aciertan, porque tarde o temprano habrá que crear un Servicio Andaluz de Vivienda para gestionar esa provisión pública, al estilo del SAS pero mucho más pequeño, y además habrá que financiar las viviendas de las capas de menor renta, que con sus ingresos no pueden pagar una hipoteca que cubra el coste de producción de la vivienda y habrá que dárselas en alquiler. También tendrán costes los Ayuntamientos ya que tendrán menos margen de negociación con los promotores, aunque eso ya lo tienen asumido porque la LOUA lleva tiempo en vigor.

El cuanto al sector privado, los primeros beneficiados van a ser las familias, que podrán obtener viviendas a más bajo precio, tanto los afectados como los demás ya que todos se beneficiaran de una menor presión de la demanda. Asimismo, también van a ser beneficiados los constructores, empresas y trabajadores, que van a tener más trabajo contratado con el sector público, que es una garantía de cobro y actividad. De hecho, la vivienda de protección puede funcionar como un estabilizador automático del sector, garantizando más actividad en coyunturas contrarias como la que se avecina. Y los perjudicados muy probablemente van a ser los bancos, los promotores y especuladores. Los bancos porque las hipotecas van a ser más pequeñas, aunque probablemente también sean más y eso les compense; los promotores porque van a ser sustituidos por ese servicio antes citado y por la inevitable gran promotora pública que se promoverá; y los especuladores porque al bajar la presión de la demanda se reducirá el precio del suelo y por tanto su plusvalía especulativa.

Contra esta política de vivienda ya se ha manifestado la CEA. Lo cual resulta llamativo, ya que a priori salen beneficiados los constructores (economía real) y perjudicados los promotores (intermediarios), y por tanto no se entiende que se vuelquen hacia el lado de los promotores, que generan mucho menos empleo y riqueza. No obstante, lo que en realidad puede operar en contra de esta política son las zancadillas que se van a sufrir tanto por la presión de los lobbys de propietarios de suelo como por el boicot de ayuntamientos que por razones ideológicas paralicen el suministro del mismo. Además, está el POTA y sus límites al crecimiento, que también pueden operar en contra de la disponibilidad de suelo si no se modifican o se interpretan de una forma económicamente racional. El tiempo dirá si es efectiva la solución pública que se propone, lo que si sabemos hoy es que al menos es valiente.




* Luis Ángel Hierro es Director del Master de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla.



* ELPAIS.com - Tribuna - Andalucía - 05/10/2007






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Expertos en Derecho reclaman penas para partidos políticos corruptos

ELNORTEDECASTILLA* : El fiscal Anticorrupción de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, especialmente famoso por su participación en casos como 'Malaya' o 'Ballena blanca', reclamó ayer en Valladolid que la reforma del Código Penal que está tramitando en este momento el Congreso de los Diputados incorpore responsabilidades penales para sindicatos y partidos políticos. Considera de manera especial que en casos de corrupción urbanística estos últimos no deberían quedar excluidos de la reforma «porque los partidos políticos, los consagrados y también esas formaciones hechas a medida pueden ser responsables penalmente y si han cometido un delito deberían responder por ello», tanto si está relacionado con la materia urbanística como con otros conceptos, por ejemplo la financiación irregular.

Aunque utiliza para ello el ejemplo del GIL en Marbella, que pasó por encima de los escándalos «con impunidad legalmente consagrada», extiende la situación al resto de escenarios donde se produce la lacra de la corrupción. El texto del proyecto de ley no sólo deja fuera a los partidos políticos de responsabilidad penal directa sino también a los sindicatos.

Este fiscal, especializado en cooperación judicial internacional y acostumbrado a vivir con miedo por su lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, protagonizó ayer una de las conferencias más atractivas de las incluidas en las jornadas 'Reforma de la Justicia Penal', organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y que finalizarán esta tarde.

LAS JORNADAS

Según explican los organizadores de estas jornadas de la Universidad de Valladolid, el catedrático Ángel José Sanz, y la profesora Coral Arangüena, la reforma de la justicia penal que se está realizando en la Unión Europea es de gran importancia, porque las sentencias de los jueces de cualquier país tendrán eficacia automática en todos los demás países de la UE.





* El Norte de Castilla - 05.10.07 - EDUARDO RODRÍGUEZ



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