Notas dispersas sobre hipotecas

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL* : UNO. No es cierto que los españoles no ahorren. Los españoles ahorran más que mucho: muchísimo. Se pasan buena parte de su vida ahorrando para pagar su vivienda y, si lo logran en un plazo no disuasorio, se embarcan a veces en la adquisición de una segunda residencia en la playa o en algún paraje que, con imaginación, pueda considerarse turístico. También es frecuente que, aprovechándose de la subida de los precios de los pisos, opten por vender su primera vivienda, para adquirir una segunda --más grande y mejor situada--, financiada en parte con el precio obtenido por la venta de aquella, más una segunda y mayor hipoteca.

Y también se da el caso heroico de parejas inasequibles al desaliento, que repiten la suerte mediante la venta de su segunda vivienda, para acceder mediante el mismo procedimiento (venta más nueva hipoteca) a una tercera fase que supone para ellos la gloria en forma de casa adosada. Total, que el españolito y la españolita que acceden al mundo laboral y quieren vivir en pareja se tienen que embarcar --si papá y mamá no se estiran, porque no pueden o porque no quieren-- en un dilatado y proceloso viaje hipotecario, que les absorbe buena parte de sus recursos. Las causas por las que se ha llegado a esta situación son varias y están estudiadas: escasez y carestía de los arrendamientos, desconfianza en otras formas de inversión, alguna modesta ventaja fiscal... En cualquier caso, lo cierto es que la pareja española media está hipotecada hasta las cachas. Ahorra en piedras; mejor dicho, en tochos.

DOS.Ha habido cierta alegría hipotecaria por parte de algunas entidades crediticias. No insinúo que hayan quebrantado la ley, pero sí que han llegado hasta el extremo, financiando al límite a personas con una situación laboral inestable y con avalistas cuya solvencia era pareja a la de los avalados. A estos efectos --lo digo porque así lo creo-- no todas las entidades crediticias españolas han funcionado con análogos criterios de prudencia. Las ha habido digamos que más alegres. Admito que el sistema financiero es, en su conjunto, de gran calidad técnica, pero en todas partes hay sus más y sus menos.

TRES. El problema grave en el mercado inmobiliario no se planteará, si surge, a consecuencia de la subida de los tipos de interés, sino del retroceso en el mercado laboral, de manera que uno de los miembros de la pareja hipotecada pierda su trabajo. Entonces sí que aflorará en muchos casos el problema, porque ya no habrá en el cinturón agujeros bastantes con que apretarse. Muchas familias españolas no podrán pagar la hipoteca y subsistir, si en casa entra un solo sueldo. Recuerdo, en este sentido, que el director de una agencia de una entidad financiera me dijo un día, al término de la firma de una escritura, que lo que mira más la gente, a la hora de embarcarse en un crédito hipotecario para comprar su vivienda, no es el tipo de interés ni las comisiones que se le cobran, sino la seguridad que tiene en la solidez de su puesto de trabajo. Tenga salud y trabajo, piensan los españoles de hoy al liarse la manta a la cabeza. El problema surge cuando falta el trabajo.

CUATRO. El precio desorbitado de la vivienda responde prioritariamente, entre otras causas, a la carestía del suelo urbano. En España no hay escasez de suelo; hay escasez administrativa de suelo, pues el sistema limita artificialmente la oferta y coloca en situación jurídica privilegiada a los titulares de suelo clasificado, lo que otorga a este mercado características de oligopolio. Pero ello no tiene que ser necesariamente así: es la consecuencia de un mal sistema que lleva en sí mismo el germen de la escasez y de la especulación. Un andaluz inteligente dijo que, en materia de suelo, los españoles hemos inventado el capitalismo sin mercado. ¿A quién beneficia esta situación? Primero --ya se ha dicho-- a los dueños de terrenos clasificados, y, en segundo lugar, a quienes tienen la llave de la clasificación. De lo que se deriva la necesidad de una nueva ley de financiación de las haciendas locales, para que el suelo deje de ser una de las principales --si no la principal-- fuente de financiación de los ayuntamientos. Digan lo que digan y se pongan como se pongan.

CINCO. Las parejas hipotecadas se asemejan a los antiguos siervos de la gleba medievales, es decir, a aquellos labradores que se ocupaban de las tierras de su señor y recibían de este una vivienda y protección, a cambio de entregarle en pago parte de su propia cosecha y satisfacerle otras gabelas. Asimismo, las parejas hipotecadas están amarradas de hecho --poco menos que de por vida-- a la finca donde viven, satisfacen mensualmente el canon de unos intereses periódicamente revisados y pagan comisiones por cualquier modificación de su relación con la entidad financiera (nueva disposición, amortización anticipada e, incluso, cancelación de hipoteca). Si bien se piensa, la posición de las entidades financieras se asemeja bastante --sin derecho de pernada-- a la de los antiguos señores feudales. Y, al igual que estos, extienden su influencia --basada en su supremacía económica-- a todos los ámbitos de negocio, de comunicación y políticos.

SEIS. Atisbar el futuro de una economía es tarea compleja, pero sí cabe señalar --con referencia a España-- algunos datos indiscutibles: desempleo ascendente, disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social, merma de la recaudación por IVA (que implica una desaceleración del consumo) y deterioro de la confianza de los agentes económicos (según la última encuesta del Instituto de Crédito Oficial). Las conclusiones a extraer de estos datos son a gusto del consumidor.


* Notario




* El Periódico - Opinión - 11/9/2007




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El Ayuntamiento de Sevilla gravará las viviendas vacías con un 50% más de IBI

EFE* : El Ayuntamiento de Sevilla gravará con el 50% más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los pisos que la inspección municipal compruebe que están vacíos, según informó hoy el concejal de Hacienda y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Gómez de Celis explicó que la Ley de Haciendas Locales permite aplicar ese tope en el IBI para sancionar las viviendas desocupadas y destacó que se convertirá en el "primer consistorio español" en aplicar ese tipo de medida. Indicó que en Sevilla hay casi 40.000 viviendas dadas de alta en el registro del IBI en las que no hay nadie empadronado.

La junta de gobierno municipal acordará el próximo jueves comenzar a trabajar sobre esta iniciativa y dar prioridad a la inspección municipal para que investigue si una vivienda está o no desocupada, de acuerdo con unos criterios, para aplicar o no el recargo en el IBI.

El concejal confió en llegar en 2008 a "un número importante" de viviendas desocupadas y resaltó que el objetivo de esta medida es favorecer el mercado del alquiler.

También pretende el ayuntamiento hispalense colaborar en la aplicación de medidas que luchen contra la especulación de la vivienda, de forma que "no sea un negocio, sino un derecho fundamental".

En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar el derecho a una vivienda digna a las unidades familiares con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, según recoge el anteproyecto de ley de la vivienda.

En un comunicado, la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA consideró que el gravamen del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas vacías de Sevilla es una "medida positiva siempre que se aplique de forma justificada y sin generar indefensión en los propietarios".

Precisó que, aunque muchas viviendas están vacías porque se destinan a la especulación, hay casos en que muchos usuarios pueden estar residiendo fuera del municipio de forma coyuntural, por motivos laborales, o viviendo con familiares por motivos de salud, entre otros.




* El Mundo - Sevilla - 10/09/2007
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com



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Orihuela: Critican que el TSJ rechazó el recurso contra el PAU 21 sin analizarlo

INFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción asegura que no se valoró la falta de un informe de impacto, otro del secretario municipal y la afección a vías pecuarias y bosques. La sección primera de La sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ha tenido en cuenta para desestimar el recurso Contencioso-administrativo de la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano contra la aprobación definitiva del proyecto urbanístico del PAU 21 de Orihuela, junto al Parque Natural de Sierra Escalona.


El único punto que el TSJ ha tenido en cuenta del pleito que pedía la paralización cautelar de las obras del PAU 21 es la insuficiencia de recursos hídricos, que «al final la han rechazado porque le han dado la vuelta», según criticó ayer el responsable ecologista Carlos Arribas.
Reseñó que el TSJ «le ha dado la vuelta» al informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ya que en el momento de la aprobación del PAU 21 «no estaban garantizados los recursos hídricos hasta la ejecución de las obras del plan AGUA», por lo que «no se podía
Arribas destacó, al igual, que el informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Orihuela «es preceptivo para la aprobación municipal y no existe», al igual que el informe de impacto ambiental, ya que aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990 declaró urbanizable los terrenos del PAU 21, «tras la declaración de parte de los terrenos de Sierra Escalona como Lugar de Interés Comunitario (LIC) es imprescindible.

Tanto Ecologistas en Acción como Amigos de Sierra Escalona han solicitado la nulidad del proyecto del PAU 21 que prevé reparcelación de un sector de más de 3 millones de metros cuadrados, en el que se pretenden construir 2.300 viviendas de lujo y un macrocampo de golf de 1,2 millones de m2, «arrasando uno de los enclaves forestales de mayor valor de la Sierra de Escalona». Este suelo, según los conservacionistas, que posee los mismos valores ambientales que el suelo que ha sido incluido dentro del futuro Parque Natural por parte de la Generalitat.





* Información - E.D.G. - 11 de septiembre de 2007
Foto: Orihuela (Alicante) sierra escalona - ASE - ecologistasenaccion.org


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La Fiscalía declara "sospechoso" a un diputado nacional de Granada

ELPAÍS* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, "sospechoso-imputado" de los delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones por su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). El Ministerio Público define al diputado como "instigador y responsable material de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", por lo que Del Ojo prestará declaración ante la Fiscalía del Tribunal Superior al ser aforado.

El PSOE exigió ayer la inmediata dimisión del diputado. "No puede estar ni un momento más como representante de los granadinos en el Parlamento nacional", denunció Juan Manuel Fernández, secretario de Organización del PSOE en Granada. La dirección del PP granadino no reaccionó ayer a las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía, mientras que Del Ojo rehusó asimismo valorar su comprometida situación política. El contundente decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio (12.000 habitantes), Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular tras una denuncia inicial del PSOE y meses de investigación, en cuatro obras municipales que afectan a vías públicas, la Casa Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el pabellón deportivo y la piscina cubierta.

- Vías públicas y Ayuntamiento.Del Ojo "encomendó verbalmente" la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L. "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público "con la presunta finalidad de favorecer a dicha constructora", según el fiscal. El escrito define el fraccionamiento como "fraudulento", aclara que los trabajos se realizaron sin licencia de obras, y recuerda que la interventora advirtió en julio de 2006 de las irregularidades. En las vías públicas existe una "falta inicial de procedimiento administrativo, además del fraccionamiento posterior" de las obras, ambos actos ilícitos, según el fiscal. Las obras debían haber sido tramitadas a través del procedimiento correspondiente por su cuantía y no como obras menores, tal y como finalmente se produjo.

- Casa de la Cultura. En la reforma de la Casa de la Cultura se indica que se cometieron diversas "irregularidades" en el presupuesto de las obras para asegurarse de que éstas fueran adjudicadas a la empresa UCOP. Del Ojo adquirió un "compromiso verbal" con la empresa y al ser advertido, dijo que se las "arreglaría" para que un técnico le hiciese un informe favorable.

El primer concurso de las obras se adjudicó en 2002 a UCOP por valor de 1,06 millones; en abril de 2005 se le vuelve a adjudicar a dicha constructora por 606.000 euros, pero posteriormente la Junta de Gobierno Local distingue entre una "primera fase" y otra segunda por importe de 3,5 millones. "Esta situación, lejos de ser un error, fue un subterfugio para conseguir la situación de única licitadora", denuncia el decreto. Las irregularidades detectadas buscaban justificar el pago de 4,1 millones a UCOP, pese a existir finalmente ofertas más ventajosas.

- Pabellón deportivo.En las obras del pabellón municipal se cometieron supuestamente 21 irregularidades, entre las que destaca la elaboración de "un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía". Del Ojo permitió un exceso en la contratación de forma verbal con la empresa García Mejías S. L. de 1,08 millones de euros. Una concejal declaró ante la Fiscalía que fue "presionada" para que diera el visto bueno al proyecto "legalizando el exceso, por lo que surgieron entonces las desavenencias".

- Piscina cubierta. El fiscal denuncia que en las obras de la piscina cubierta existen hasta tres presupuestos distintos y un anexo de ampliación. El primero de 1,7 millones, el segundo de 830.000 euros, y un tercero no visado de 2,5 millones, al cual se le dio "apariencia de legalidad ante el escándalo montado". El fraccionamiento del concurso "carece de motivación, es ilegal y tiene como presunta finalidad favorecer a una empresa, García Mejías, que no ofreció el mejor precio". El anexo de ampliación de obras no fue siquiera sacado a concurso. Además, un informe policial censuró "la manipulación en las facturas y certificados de obra".





* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Granada - 11/09/2007
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org



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El delta del Ebro supera a Barcelona en nuevas viviendas por el menor precio del suelo

ELPAÍS* : Apenas cuentan con el 2% de la población de Cataluña, pero las comarcas del Baix Ebre y del Monstià se han convertido en los últimos dos años en el lugar preferido para la construcción, cuya actividad supera en números absolutos a Barcelona. En los seis primeros meses de este año han pasado por la revisión del Colegio de Arquitectos un total de 3.626 proyectos de viviendas nuevas frente a los 3.001 de Barcelona ciudad. El menor precio del suelo ha convertido las comarcas del Ebro en la zona de Cataluña con el mayor índice de viviendas construidas por habitante.

Su atractivo paisajístico para segundas residencias y, sobre todo, el menor precio del suelo, es lo que ha decidido a promotores e inversores a invertir en la zona. "Hasta ahora ha sido un lugar poco desarrollado. Es el sur, y el sur, sea donde sea, siempre va a remolque", dice el presidente de la asociación de constructores de Tarragona, Manel Niñerola. Los municipios que ocupan el delta del Ebro son los que concentran una mayor actividad. En Deltebre (Baix Ebre), rodeado del parque natural del Delta, 725 proyectos de viviendas han superado en el primer semestre del año el filtro del Colegio de Arquitectos, una cifra muy superior a los 585 de la ciudad de Tarragona o los 559 de Girona, por ejemplo.

El precio del suelo, que en el conjunto de la provincia de Tarragona supera ya el 25% del precio de la vivienda, está siendo el principal causante de este boom constructor. En Sant Carles de la Ràpita (Montsià), el precio medio de la vivienda plurifamiliar es de 2.030 euros el metro cuadrado útil, por debajo de los 2.398 euros de media en la provincia, según la Cámara de Comercio de Tarragona.
Previsión de descenso

"No tiene nada que ver el precio del suelo aquí con el de lugares como Cambrils y Salou. Está alrededor de la mitad, y eso permite que salgan pisos por 130.000 euros de 80 metros junto al río Ebro", señala el alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa (ERC). "Las condiciones del delta por el sol, las playas, y el entorno natural que nos exige la nueva demanda son excelentes. Esta zona está entre las más competitivas de España por precio", explica Niñerola, quien, sin embargo, cree que el desembarco de grandes empresas de la construcción ha generado mucha más oferta que la que es capaz de absorber el mercado. "Se ha hecho en un año lo que se debería haber construido en tres", asevera.

Con la Costa Dorada prácticamente saturada, la construcción se ha desplazado en los últimos años hacia municipios del interior como Montbrió del Camp, Riudoms o los pueblos del Tarragonès. Ha sido en estas circunstancias que el sector ha puesto su mirada en el delta del Ebro, en buena medida porque su litoral no está aún tan masificado como en el Camp de Tarragona.

El ciclo actual decreciente de la construcción ha comportado que los constructores prevean una caída brusca de la obra nueva para la segunda parte del año, que podría acentuarse en el próximo. "Este crecimiento debe tener un periodo de maduración. El mercado absorberá lo que se ha construido, pero a largo plazo", afirma el presidente de los constructores tarraconenses.

Ciudades como Deltebre han tenido su población estancada en 10.000 habitantes durante 25 años. Desde 2004, la población ha tenido un crecimiento sin precedentes y hoy tiene unos 12.000. "En Barcelona no hay suelo, en Salou y Cambrils tampoco. Es obvio que crezcamos", señala el alcalde, Gervasi Aspa. El Ayuntamiento de Deltebre, explica, ha podido sanear su economía en los últimos años en buena medida gracias a las licencias de obra y ha podido mejorar los servicios de la localidad, que Aspa asegura que son difíciles de ofrecer sólo con la recaudación de impuestos ordinaria.

Deltebre no se ha disgregado en múltiples urbanizaciones, sino que ha ampliado su casco urbano, algo que el Ayuntamiento quiere mantener en el futuro con la nueva normativa urbanística, que ayer recibió la aprobación inicial. "Queremos un pueblo compacto", resume el alcalde. De los 725 proyectos de nuevas viviendas, el Ayuntamiento calcula que el 50% son segundas residencias destinadas a público de fuera de Cataluña y a residentes en el área metropolitana de Barcelona.

El parque natural del delta del Ebro limita las zonas urbanizables prácticamente a los cascos urbanos, y Aspa asegura que no se ha visto afectado en absoluto por el crecimiento urbanístico en el territorio.





* ELPAIS.com - ORIOL AYMÍ - Tarragona - 11/09/2007
Foto: Deltebre (Tarragona) - mma.es



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Murcia: El modelo no es sostenible, y no sólo por el agua

VEGAMEDIA* : La revista Tiempo, del grupo Zeta, publicaba el pasado tres de agosto una crónica en la que se hacía una descripción fehaciente de la región de Murcia bajo el título: “Monocultivo de adosados con campos de golf”, sobre el paso que dio el gobierno de Aznar y su ministro Cascos con su ley del suelo que acabó, entre otras cosas, con la gran protección ambiental de la ley de 1992 del entonces gobierno socialista murciano. El PP de Ramón Luis Valcárcel y aquélla ley de Cascos, que este verano ha sido derogada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “han acabado con todo”, se dice en este reportaje del periodista Guillem Martínez.

En el mismo hace referencia a los criterios estéticos y políticos de la “escuela valenciana”, que está propiciando la total destrucción de la costa y parte del interior murciano, con megaproyectos urbanísticos que “dan más o menos el pego” con sus carteles de promoción grandiosos y coloridos –“mezcla de falla y etiqueta de melones”-, que anuncian adosados cuyo precio se triplica al pedir información en el piso piloto, aunque “el primer alegrón no te lo quieta nadie”, dice el cronista con sorna.

Si hace tan sólo seis años la costa murciana mantenía aún espacios vírgenes, a excepción de La Manga y el Mar Menor –“planificados por un arquitecto epiléptico”-, gracias a las políticas urbanísticas del PP, algunos edificios de sus playas “empiezan a ser tan altos que en uno de ellos se podría instalar la Agencia Espacial Murciana”, escribe Guillem Martínez.

Para escribir su crónica, el periodista de la revista Tiempo visitÓ uno de los emblemáticos resort murcianos: Casas adosadas clónicas. Son tan iguales que cualquier día te equivocas de casa y acabas con una señora adosada a la tuya, y no te enteras. En el centro, el hotelazo kin-size. Madres con sus pequeñuelos británicos a punto de morir abrasados bajo el implacable sol. Y los golfistas: como en el sumo, en el golf no importa el sobrepeso. Lo más sorprendente en el compendio visual: el verdor del green. “Más con este sol, más con la sequedad del terreno. ¿Es sostenible tanto campo? ¿Cuántos campos puede soportar, para revalorizar unas urbanizaciones privadas, una comunidad sin agua?”, se pregunta el periodista.

También habla de la gran maquinaria propagandística del “Agua para todos”, según la cual, “las izquierdas, Aragón y Catalunya son las responsables de que Murcia no esté en el G-7”.

Para su crónica, el periodista de la revista Tiempo se entrevista con el número dos del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, quien le empieza a poner al tanto de lo que ocurre a nivel murciano, anticipándole que “Valcárcel se reveló como un gran animador de la economía murciana, subsector ladrillo”. En una provincia que se ha construido en los últimos diez años tanto como en los dos últimos milenios, el modelo no es sostenible y “no sólo por el agua”, indica Jara.

“El de la construcción es un modelo que integra al poder político, al económico, al mediático y, en ocasiones, al sindical. Es perverso: unos pocos se están comiendo una parte enorme, pero hay migajas. Las izquierdas somos los que les quitamos el pastel a los de las migajas. Debemos encontrar un discurso que no sea maximalista ni paralizador. Pero que sea. Y, francamente, no sé cual es”, se confiesa honradamente el líder socialista murciano.

El gobierno del PP en Murcia, encarnado en su presidente, Ramón Luis Valcárcel, ha hecho de la construcción su gran motor económico, político e ideológico, ofreciendo a los murcianos un complicado lenguaje vindicativo y ultranacionalista, sustentado en el enfrentamiento interterritorial por el agua, imprescindible para regar los campos de golf.

Así lo atestigua el cronista-viajero de la revista Tiempo, que llega a observar que “las teles locales presentan a Murcia aparentemente rodeada por un ejército vasco-catalán” y las “columnas de los diarios locales son delirantes y se centran en el agua o en la desmembración de España por su parte más mojada”.





* VegaMediaPress - F.M.M. - 10/09/2007
Foto: manifestación - vegamediapress.es


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Vivienda, ese ministerio maldito

ELCONFIDENCIAL* : La creación de un Ministerio de Vivienda, idea estrella del Gobierno ZP, se está revelando como un ‘quemapolíticos’ tan inflamable como la burbuja inmobiliaria española. Las dos ministras del ramo, María Antonia Trujillo, primero y Carme Chacón, después, han asumido con desgaste una cartera con fuerte exposición mediática y social pero vacía de contenido. Sea porque el ministerio está maldito, sea por inexperiencia, lo cierto es que ambas políticas han sufrido con virulencia críticas por parte de la opinión pública.

“Mi misión es abaratar el precio de la vivienda en España”, afirmó María Antonia Trujillo nada más llegar al Ministerio de Vivienda. “El precio se está abaratando, sí, pero no gracias a ella. Pretender que el supuesto ‘aterrizaje suave’ sea mérito suyo es no conocer la realidad del sector”, afirma un empresario. Sirva este episodio como ejemplo de una gestión que ha estado plagada de polémicas. Entre ellos se incluyen las llamadas soluciones habitacionales, los ‘dignos’ minipisos de 30 m2, o la ocurrencia de regalar zapatillas, las Kelifinder, a los jóvenes que no encuentran casa.

Cuestión de imagen

En un Gobierno, el de ZP, que se ha movido a golpe de efecto mediático, una mala comunicación pasa factura. Para Fernando Encinar, director de comunicación del portal inmobiliario Idealista, “uno los peores errores de Trujillo ha sido su estrategia de comunicación. Ha ofrecido buenas ideas pero las ha explicado mal, lo que ha generado alarma y ha restado credibilidad”. Con todo, para él, lo más grave ha sido “no ser clara sobre los riesgos del endeudamiento hipotecario”.

Carme Chacón, su sucesora, no ha empezado con mejor pie. Uno de sus primeros tropiezos fue una malograda entrevista para un vídeo de la BBC, en el que la ministra instaba al periodista a terminar al preguntarle por los elevados precios inmobiliarios españoles. La semana pasada, volvió al primer plano de la actualidad tras afirmar que las hipotecas habían tocado techo, que los casos de familias endeudadas que habían de apretarse el cinturón eran puntuales, que sólo se dedicaba el 30% de los ingresos a la vivienda. Además, se aprestó, contra el criterio de Solbes, a apoyar la electoralista medida andaluza de garantizar vivienda a quienes percibieran menos de 3.100 euros al mes.

A pesar de lo cual, en la semana en que Emilio Botín y Zapatero posan juntos ante los medios, nos encontramos con una sorpresa: Chacón tiene mejor imagen que Trujillo. Todos los agentes del sector consultados, a excepción de los ciudadanos, confían en ella. “El cambio de ministra ya es en sí un mensaje que hay que leer en clave política. Es destacable que la nueva ministra que viene rodeada de un gabinete de comunicación más potente, trabajador y conectado con todo el mundo. Ya hemos conocido a la nueva ministra. Nos parece una persona inteligente que está ahí para dar continuidad política al ministerio, que próximamente hará un anuncio sobre Vivienda en clave electoral”, afirma José Manuel Galindo, presidente de Asprima.

Licenciada en derecho constitucional, especializada en federalismo, Erasmus en Manchester, ex secretaria de Cultura, ex vicepresidenta primera en el Congreso y miembro de la ejecutiva del PSOE y del PSC, Carme Chacón no oculta que trabajó como dependienta de El Corte Inglés mientras estudiaba la carrera. Sus conocidos destacan que cuando llegó a Madrid compartió piso y que actualmente vive de alquiler en Madrid.

El juicio de las asociaciones de jóvenes que reclaman una vivienda digna es mucho más duro. En su página web califican el relevo en el Ministerio de “cambio cosmético”, afirman que Chacón “sólo tiene imagen”, consideran “electoralistas” y “tardías” las medidas anunciadas para este otoño y se preguntan si “el gran salto” del que habla Zapatero “¿será al vacío?”. “El mercado inmobiliario estadounidense está hundiéndose y aquí ¿qué pasará?”, se cuestionan.

Un Ministerio que ha nacido con las patas cortas

Respecto a los logros de Vivienda, el veredicto de los expertos es matizadamente crítico, forzadamente amable, pero rotundo: consideran muy necesaria la existencia del Ministerio pero que no ha servido, hasta la fecha, para solucionar el problema de la vivienda en España.

“Iba en el programa del PSOE, se cumplió y nos parece que ha sido oportuno porque ha puesto el tema de la vivienda, el tercer problema de los españoles según el CIS, sobre la mesa del Consejo de Ministros”, valora Encinar. “No lo ha resuelto, pero sí ha puesto los cimientos para abordarlo. Lo que pasa es que ha nacido con las patas muy cortas”, afirma.

Gerardo Roger, profesor de Urbanismo en el Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, se refiere a los handicaps de la cartera: “es un Ministerio nuevo que ha habido que crearlo de cero, lo que genera problemas de rapidez y eficacia”, considera. Ante la pregunta de si ha resuelto en algo el grave problema de la vivienda en nuestro país, responde: “resolver el problema de la vivienda es, cuando no muy difícil, imposible. En tal caso puede servir para paliarlo”.

En la misma línea se ha manifestado Paloma Sobrini, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. “Nos parece fundamental que exista un Ministerio de Vivienda, porque trata todo lo que nos afecta. Nos pareció una mala noticia que se fusionara con Fomento en el año 82. Y ahora ha vuelto a nacer, pero está cuajado de dificultades de todo tipo: administrativas, presupuestarias, incluso políticas, porque no tiene competencias. Sin embargo, sí vemos margen de maniobra en la gestión directa”, confía.

“La anterior ministra ha intentado sacar petróleo de donde no lo había, porque no había competencias. No ha solucionado nada, pero no lo podía hacer. Se trata de un problema complejo y estructural que requeriría un pacto entre diferentes partidos y administraciones”, apunta Galindo.

Ley del Suelo

La Ley del Suelo ha sido una de las principales medidas, no exentas de crítica, promovidas por Trujillo. Roger la juzga como uno de sus aciertos. “ha sido positiva en la medida que plantea un régimen de valor que no recoge expectativas especulativas. Hemos pasado de ‘la tierra para el que la trabaja, a la tierra para el que la reclasifica’, afirma Roger. A su juicio, “esta ley potenciará la inversión productiva. Porque comprar el suelo para especular es fisiocrático y preindustrial. No se corresponde con el mercado”. Y recuerda que “su régimen transitorio respeta todas las actividades puestas en marcha con una prudencia exquisita”. Respecto al recurso de inconstitucionalidad planteado por algunas CCAA del Partido Popular, Roger responde: “Es normal. Pero no deja de ser sorprendente que argumenten que es por invasión de competencias autonómicas y los más autonomistas, como ERC, no se hayan quejado”. En cuanto a las críticas de los promotores, este profesor recuerda que no todos se han opuesto: “En el Consejo Económico y Social se votó favorablemente”.

Galindo, representante de los promotores de Madrid, no tiene aún una valoración concreta sobre la Ley del Suelo “porque no ha rodado lo suficiente”. “Sobre todo somos críticos por el riesgo que puede haber por falta de financiación de determinados suelos por parte de las entidades financieras”, explica. Encinar resume su opinión en una frase: “creemos que es cerrar la puerta del establo cuando los caballos ya están desbocados”.

Apagón estadístico

Uno de los capítulos más turbios de ‘la era Trujillo’ ha sido el relacionado con el apagón estadístico de precios y cantidades de viviendas en España. “Como miembro de la comisión estadística del Ministerio de Vivienda tengo que decir que no se ha sabido aprovechar esta comisión por problemas de agenda o por falta de voluntad política”, asevera Ricardo Vergés. “no haber avanzado en el nivel de conocimiento de los datos supone un fracaso. Ahora es más difícil cerrar el puzzle de las estadísticas porque no se conocen con certeza las características de las antiguas y las nuevas”, afirma. El arquitecto y ex profesor de Economía Inmobiliaria en la Universidad de Montreal sostiene que “Trujillo dio por buenos los datos de certificados de fin de obra, única estadística de trámite cuya recogida no es obligatoria frente a los visados de ejecución de arquitectos, que coinciden con los visados de dirección de obra de los aparejadores de Fomento”. Para él, la diferencia no es baladí: mientras que los primeros arrojan un volumen de medio millón de viviendas al año, los segundos ofrecen la famosa cifra superior a las 800.000 unidades. “La ex ministra se ha empecinado en negar la burbuja inmobiliaria”, afirma.

Sobre este tema, Gerardo Roger afirma rotundo: “Es una asignatura pendiente que podamos tener una estadística lo más fiable y rigurosa en España. También hacia el exterior”.

Acerca del Código Técnico de la Edificación (CTE), otra de las iniciativas logradas, Vergés no es menos crítico: “Era insostenible que no se cumpliera la legalidad por la desidia y poca formación de los profesionales del sector. Se hizo tarde, pero por fin se hizo, gracias también a todas las partes”.

Mirando al futuro, y a los futuros anuncios estrella del Ministerio, los agentes destacan el impulso al alquiler y a la vivienda protegida. “Pese a la sensación de fracaso, valoramos como positiva la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). Nos parece que colocar ahí la vivienda en alquiler es una de las mejores salidas. Es fundamental que la sociedad española asuma el alquiler como una alternativa. Asimismo, consideramos un cambio cualitativo importante la vivienda protegida de alquiler”. Como “Razonable” califica Galindo el impulso al alquiler. Por último, un deseo por parte de Gerardo Roger: “Ya que empieza a haber menos presión inmobiliaria, no viene mal un poco más de reflexión y un poco menos de hormigón”.






* El Confidencial - Fátima Martín - 10/09/2007
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org



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Una promotora reinicia las obras para construir dos torres cuyo solar intenta expropiar el Gobierno

ELPAÍS/Benidorm* : Una promotora inmobiliaria ha retomado las obras de construcción de dos torres de 22 alturas y 168 viviendas en la zona del Racó de L'Oix, conocida como Punta Llisera, en Benidorm, aunque sobre el proyecto hay un expediente de expropiación incoado por el Ministerio de Medio Ambiente.

La empresa Edificaciones Calpe SA, del Grupo Ballester, reinició el pasado día 3 las obras del complejo residencial Gemelos 28, a pesar de que la próxima semana está previsto que finalice el periodo de exposición pública para presentar alegaciones a este proyecto, que se ubica en primera línea de playa de Benidorm y que se quiere incorporar al dominio público marítimo terrestre.

La Jefatura Provincial de Costas en Alicante confirmó que se han reiniciado los trabajos, y ha anunciado una reunión en Madrid con los responsables políticos y jurídicos de la Dirección General de Costas para estudiar las posibilidades de paralizar las obras y de agilizar la tramitación para evitar que avance la construcción del complejo.

Por su parte, el director comercial de Ballester, Orlando Torregrosa, manifestó que los trabajos se paralizaron durante julio y agosto siguiendo la ordenanza municipal que busca preservar el descanso a los turistas. Añadió que, una vez terminados estos meses, continúan debido a que hay "compromisos adquiridos con empresas subcontratadas y a que la declaración de interés público de la parcela todavía no es firme". Admitió que Medio Ambiente les ha notificado su "voluntad de expropiar", aunque comentó que la postura del grupo empresarial desde que se anunció la expropiación es que lucharán "hasta el final por este proyecto". En este sentido, opinó que el mismo "está avalado por 18 años de un largo proceso judicial, siempre con sentencias favorables", por lo que se mostró dispuesto a llegar "hasta las instancias europeas", si es preciso. El portavoz de Ballester avanzó que la empresa presentará alegaciones.





* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/09/2007

Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)



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Imputados por prevaricación seis ediles y el dueño de Marina d'Or

ELPAÍS* : El Juzgado número 2 de Castellón ha imputado a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil independiente, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el ayuntamiento en una zona de expansión del complejo residencial ya existente. La Generalitat se ha negado a tramitar el PAI "por concurrir en manifiestas causas de ilegalidad".

El plan arranca en 2005, cuando el ayuntamiento aprobó provisionalmente la urbanización de unos 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó definitivamente, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. La necesaria cédula de urbanización fue firmada por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica dictaminara en contra. Un informe del técnico de vías pecuarias reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. El programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo.

Aún así, el PAI fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.

La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, que sigue en el cargo.






* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/09/2007
Foto: marina d'or (Castellón) - revistaintegral



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Granada: Los municipios salpicados por escándalos urbanísticos deben más de 50 millones

IDEAL* : Los principales municipios salpicados por la sombra de la corrupción urbanística están en números rojos. En los últimos años han vendido casi todo el suelo municipal, han ingresado una pasta por licencias urbanísticas y, a pesar de todo, suman una deuda superior a los 50 millones de euros. Las arcas públicas de Almuñécar, Armilla, Ogíjares, Alhendín y Monachil se han quedado tiritando.

El partido de gobierno sólo aguantó el envite de las últimas elecciones municipales en Armilla -donde el PSOE renovó la Alcaldía con mayoría absoluta pero con otro candidato-, y en Almuñécar, donde el incombustible Juan Carlos Benavides aglutinó los votos de siempre con un partido nuevo. En los otros tres municipios los alcaldes debutan y se han encontrado un panorama -dicen- desolador.

El 'caso Nevada' finiquitó la trayectoria política del anterior alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y la de su concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Tomó el relevo Gerardo Sánchez, que en sus primeras decisiones ha dejado indicios de querer salir del atolladero del Parque Nevada.

Según el expediente del presupuesto de 2007, los pasivos financieros del Ayuntamiento de Armilla se elevaban a 4 millones de euros. Casi lo mismo que el Consistorio ha recibido en la última década del promotor Tomás Olivo (3,5 millones por impuestos y promociones inmobiliarias».

Según el informe de intervención de diciembre de 2006, los gastos de personal de dicho mes, así como los de la Seguridad Social de los dos anteriores, no tenían consignación presupuestaria. El Ayuntamiento tuvo que buscar sobre la marcha 836.030 euros -140 millones de pesetas- para hacer frente a las nóminas. El informe del interventor ya alertaba: «Los gastos corrientes de este Ayuntamiento crecen a un ritmo superior al de los ingresos corrientes con los que se deben financiar».

Ogíjares

Herminia Fornieles (PSOE) se ha encontrado en Ogíjares una situación «muy complicada». Las divisiones internas en el PP y los escándalos del 'caso Del Ojo' -investigado por la Fiscalía- ayudaron al vuelco electoral. «Hay empresas a las que no se les ha pagado en tres años y prestan servicios básicos», denuncia Fornieles. Según la nueva alcaldesa, el Ayuntamiento -que tiene un presupuesto de 15 millones de euros- debe 1,6 millones en facturas; 600.000 euros por la Casa de la Cultura (que no se ha hecho); 1,5 millones a la empresa del pabellón y la piscina; pagarés firmados con fecha del 30 de junio por importe de 380.000 euros... en total más de 5 millones de euros. «La situación es muy grave y hay que buscar medidas de negociación», apunta la alcaldesa. «Desde el año 2003 no se rinden cuentas y la contabilidad está sin meter desde octubre de 2005», relata. Y a todo esto hay que sumar la deuda de la empresa municipal de suelo, que se conocerá dentro de poco y que se presume desastrosa.

Y lo peor es que el municipio se ha quedado sin terreno: «Queda el 4% del suelo por desarrollar y muy pocas parcelas municipales».

Alhendín

El nuevo alcalde de Alhendín calcula que el 'caso Marchelo' le ha costado al municipio 25 millones de euros. Cada día que pasa aparece una factura nueva. Miguel Ángel Gamarra desglosa la deuda -por ahora- de la siguiente forma: 2 millones de euros por la construcción de un parque cuya adjudicación está siendo investigada; otros 2 por la obra del pabellón y la piscina; y otro millón de euros pendiente con la Seguridad Social.

Monachil

Desde 2005, la Consejería de Obras Públicas ha abierto 24 expedientes por asuntos urbanísticos en Monachil. La asociación de vecinos del 'Casco Antiguo' presentó en febrero más de 1.300 firmas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue lo que está pasando: calles con aceras diminutas, enormes bloques de pisos levantados en lo que era una casa donde vivía una sola familia...

El anterior gobierno municipal (PP) saltó por los aires sin aguantar hasta el mes de mayo. El alcalde echó a su concejal de Urbanismo, que después terminó salpicando a la dirección del partido en la provincia, a la que acusó de conocer y permitir todas las supuestas irregularidades sucedidas en los últimos años. Este verano la Fiscalía del TSJA ha denunciado al ex alcalde, a una sobrina y a un ex edil por supuesto tráfico de influencias.

Nada más llegar, el nuevo alcalde ha tenido que ampliar la línea de crédito en 400.000 euros para poder pagar las nóminas del verano. Sólo en gasto corriente hay un pasivo de 1.012.000 euros, explica José Luis Samos.

Al entrar en el Ayuntamiento el regidor se ha topado con 900.000 euros en facturas sin reconocer. «Tendremos que pagarlas seguramente al 100% y es posible que haya algo más», augura Samos. Sin que aparezcan nuevos agujeros, Monachil debe 2 millones de euros.

Puede ser peor. En el presupuesto de 2007 -publicado en Boletín de la Provincia en diciembre de 2006-, aparece un pasivo de 2,4 millones de euros en la empresa municipal de suelo.

«En los últimos años se han tramitado muchas licencias y ha habido ingresos importantes pero la gestión ha sido mala», critica el nuevo alcalde. Y el terreno se ha macizado: «Tenemos suelo para el consultorio pero para el colegio no hay suficiente. La Junta pide 4.000 metros cuadrados y sólo hay 2.000».

Almuñécar

Caso aparte. La última liquidación que ha trascendido públicamente es la de 2003, cuando gobernaban en coalición PP y PSOE. Ese año ya había una deuda de 34 millones de euros, informa Juan Manuel de Haro.

Ahora faltan por liquidar los cuatro años del último mandato de Juan Carlos Benavides. La deuda ha podido mejorar o empeorar. No se sabe.







* Ideal Digital - QUICO CHIRINO/GRANADA - 9 de septiembre de 2007
Foto: El ladrillo ha ido comiendo terreno en la última década y ha generado mucho dinero, aunque los ayuntamientos están en números rojos. /IDEAL



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El pacto por la vivienda: ¿pacto con quién?

LLUIS CASAS* : Retomo el teclado informático después de unos días de playa con lo que considero el asunto estrella de la década política y económica, la vivienda. El verano agosteño ha sido desprendido en noticias, de las que les recuerdo algunas, por si acaso no han mirado el recibo de la hipoteca o la siesta se ha prolongado excesivamente:
La esperada crisis de las hipotecas basura norteamericanas explotó por fin. Y con ello se ponen en evidencia la falta de controles reales sobre ciertas oscuridades del sector financiero, entre ellas el mal funcionamiento de las agencias privadas de control y el penoso pensamiento débil de los responsables económicos que sabían lo que tenia que suceder, pero esperaban que no llegara nunca.

La reacción pública, estadounidense y europea, hecha de miles de millones de euros y dólares en beneficio de un sector torpe y egoísta. Pregunta retórica e ingenua: ¿Podían los mencionados millones haber llegado antes y en beneficio del acceso digno a la vivienda? No dude nadie de mi beneplácito a reducir los costes de la crisis; simplemente contemplo la posibilidad de haber reducido antes sus efectos.

Los tipos de interés siguen la empinada senda que produce agonía en la economía familiar. Los políticos y los ecónomos se ponen de los nervios y empiezan a emitir las señales de su fracaso (¿?) en forma de posibles desgravaciones y otras hierbas de mal gusto. Todo por no hacer los deberes debidos: oferta pública de vivienda y regulación urbanística.

La alarma fiscal se desata, la reducción paulatina del "mercado" inmobiliario afecta a las administraciones regionales y locales, que ven como sus ingresos provenientes de un mercado inflacionario disminuyen significativamente. Todo el mundo sabía que si el negocio inmobiliario se reducía, el negocio fiscal también y que iba a pasar de inmediato. Pues bien, a algunos les ha cogido por sorpresa.

Si ustedes tienen la paciencia de repasar hemerotecas o simplemente este diario digital, comprobaran que todo lo sucedido estaba previsto. Nada ha ocurrido que no se supiera y que no dispusiera de posibles medidas correctoras eficientes. Mientras tanto en casa hemos cambiado de ministra del ramo, una operación de cirugía a un muerto, que lógicamente no logrará que resucite oportunamente. El ejemplo de las malas prácticas continúa en nuestra otra casa. En Cataluña la ley de la vivienda, propuesta en noviembre del 2005 sigue por caminos extraños, pendiente de acuerdos gubernamentales, parlamentarios y de un esperpéntico pacto de la vivienda con los promotores inmobiliarios. ¿Se dan cuenta de que unos adultos todavía creen en los reyes magos? ¿O es que simplemente no creen en nada?

El pacto de la vivienda es un estropicio político que significa reducir los objetivos de la política de vivienda pública en beneficio de los promotores habituales. Estos consideran que son los dueños del rancho y que la política pública debe servir para asegurarles la actividad en tiempos de cólera, es decir: mercado reducido, tipos de interés altos, alarma familiar, etc. No para ofrecer a los ciudadanos una vivienda accesible económicamente y poco supeditada a los vaivenes del ciclo económico, sino dirigida a satisfacer la demanda demográfica.

La realidad del poder económico y la debilidad política frente a retos claros como la política de vivienda es en nuestro caso transparente y alarmante. El ciclo inmobiliario ha durado lo suficiente para que a nadie extrañe el resultado. Todo se ha visto venir, lenta e implacablemente. Los ciudadanos han visto desaparecer las rentas del trabajo hacia el pozo sin fondo de una vivienda ultra valorada por el precio del suelo (precio absolutamente especulativo o político, puesto que no se desgasta, ni desaparece con el uso), y ahora podrían ver venir una reducción significativa del valor pagado. Ello ha comportado un notable disfunción en el posible ahorro y en la diversificación del gasto familiar. La vivienda lo absorbe todo y no deja nada para otros: cultura, ahorro, equipamiento familiar. La expresión "dejaré a mis hijos como herencia un piso y una hipoteca" no es un simple chiste, sino una realidad social. La calidad de vida entre españoles y europeos tiene un diferencial permanente a causa de ello.

Durante algún tiempo pensé que el sector inmobiliario era susceptible de nuevas políticas públicas que beneficiasen a la comunidad. Los márgenes de beneficio eran tan altos que permitían ajustes significativos y que incluso el sector más digno empresarialmente podía entender que no era bueno para nadie participar en carreras con un caballo desbocado. Alguien terminaría con los huesos rotos. Pues bien, en beneficio de la historia, debo reconocer que no disponemos en España de valor político y democrático para favorecer a la mayoría reduciendo lo que se lleva la minoría. La lista de políticos y de partidos de débil carácter es muy larga y afecta a todas las esferas de la derecha y la izquierda. Bien es verdad que con intensidad desigual. Lo que en un artículo anterior llamé el gran fracaso de la democracia española: la renuncia a una política pública de vivienda estable y consistente, se ha hecho este verano más que patente.

Por lo que doy por acabadas mis reflexiones acerca de ello y me hecho a llorar.


(Lluis Casas en plena depresión pos vacacional.)





* La Insignia - España, septiembre del 2007




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Un juzgado de Marbella ampara a una promotora que vendió pisos ilegales

SUR* : Triunfo de los promotores en los tribunales de Marbella. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad ha desestimado una demanda interpuesta por los compradores de un piso ilegal que se negaron a escriturar la vivienda tras conocer que la licencia de la promoción iba a ser revocada por el Ayuntamiento. La sentencia considera que no se puede hacer recaer sobre la empresa las consecuencias de las irregularidades municipales y obliga a los compradores a pagar las costas del proceso.

El origen del conflicto tuvo lugar cuando dos inversores británicos que habían adquirido una vivienda en el conjunto residencial Santa María Green Hills demandaron a la promotora de la obra, Marbella Vista Golf, para conseguir la resolución del contrato por numerosos incumplimientos. Entre éstos citaban la falta de licencia de primera ocupación y la situación legal de la promoción, sobre cuya licencia de obras la gestora del Ayuntamiento de Marbella abrió el año pasado un expediente de revisión de oficio.

Posteriormente, la licencia fue impugnada por la vía del contencioso administrativo, en una sentencia que ya ha sido acatada en pleno por el Ayuntamiento. La promoción es un conjunto de viviendas plurifamiliares levantado en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada. Parte de la construcción ocupa también suelo destinado a viario público y a parques y jardines

Los compradores aducían asimismo otras irregularidades, como la no entrega de los avales por parte de la constructora y el hecho de que no se hubiera construido el campo de golf previsto en el proyecto.

Afectados

En la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella y a la que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que la posible responsabilidad que pudiera derivarse para la promotora «no ha impedido que los compradores demandantes tengan a su disposición» la vivienda, por lo que considera que los denunciantes «no se han visto afectados por esas circunstancias». Las «circunstancias» a las que se refiere la sentencia es la situación legal del edificio.

Asimismo, en relación con la falta de una licencia de primera ocupación, el juez entiende que no se trata de un incumplimiento por parte de la promotora, sino, en todo caso «un retraso, imputable, en función de las circunstancias, no necesariamente a la vendedora, sino quizá al Ayuntamiento de Marbella».

La licencia del proyecto básico fue concedida por el Ayuntamiento el 16 de octubre de 2002 a Sur Inversiones Sema, cuyo apoderado es el empresario italiano Giovanni Piero Montaldo, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya' e imputado por el juez de un presunto delito de cohecho. Montaldo también está incluido en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por unos convenios supuestamente lesivos para los intereses municipales. La licencia de obras le fue concedida el 28 de abril de 2003 por el entonces alcalde, Julián Muñoz.

Tras conseguir las licencias, Montaldo vendió la obra en construcción a la promotora, entidad que ahora mantiene el litigio con los compradores.

Los afectados tienen previsto recurrir la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.





* Diario Sur - 08.09.07 - HÉCTOR BARBOTTA
Foto: La urbanización Santa María Green Hills, en la zona de Elviria. / JOSELE-LANZA (SUR)



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El derecho a la vivienda

GERARDO RUÍZ-RICO* : De tanto como se habla y escribe en la actualidad sobre el derecho a la vivienda parece que estamos en presencia de un auténtico derecho fundamental para cualquier ciudadano. Y en efecto puede que sea así, si consideramos que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Este derecho es “fundamental” en la medida en que lo es también la necesidad vital que se cubre con él, porque en definitiva nadie puede vivir dignamente si no puede contar con un alojamiento decente y adecuado a sus circunstancias personales y familiares.

Pero quienes elaboraron nuestra Carta Magna no pudieron percibir entonces la importancia social que iba a cobrar este derecho. Por ese motivo quizás, se limitaron a plasmarlo en una parte de la Constitución reservada a declarar objetivos y principios genéricos de la política social y económica, con una muy escasa eficacia jurídica.

Este derecho nunca podría ser exigible individualmente; ni tampoco cabría alegar su vulneración o incumplimiento ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. Ni siquiera sería posible su tutela por los tribunales de Justicia ordinarios cuando, a través de una ley, se establecen las condiciones que debe reunir un ciudadano para optar por alguna vivienda de las llamadas protegidas; la concesión de una de éstas sigue dependiendo de la disponibilidad que en cada municipio exista de suelo reservado a esta clase de viviendas, así como de la existencia de una oferta suficiente para cubrir las demandas de quienes carecen de medios económicos para conseguir una en el mercado libre.

Sin embargo, las cosas están cambiando en el panorama europeo. La vivienda está dejando de ser el derecho comparsa y debilitado con el que las constituciones respondían tímidamente a demandas colectivas que se iban extendiendo en capas cada vez más numerosas de la población.
La primera muestra de este cambio se encuentra en una ley aprobada en 2003 por una Escocia a la que se acababa de devolver su autonomía política. Y en segundo lugar, también en Francia, donde este año, y respondiendo a las reclamaciones que impulsaron los llamados hijos de Don Quijote, se acaba de aprobar una ley sobre vivienda exigible.

El rasgo común a estas dos leyes es que determinados colectivos de ciudadanos, generalmente los que soportan situaciones de precariedad o son socialmente vulnerables, tienen reconocido el derecho a exigir que los poderes públicos les proporcionen un alojamiento o una residencia estable. La novedad además estriba en que la Administración competente –el Estado central, el Gobierno regional o los ayuntamientos– tiene unos plazos perentorios e ineludibles para cumplir con esas demandas ciudadanas.

Existe, por tanto, un mandamiento legal que fuerza a los poderes públicos a buscar soluciones adecuadas y decentes a las necesidades personales y familiares. En el caso de Francia ese derecho se puede reclamar ante los tribunales de Justicia y éstos, en caso de incumplimiento por la Administración de la obligación impuesta en la ley, pueden incluso sancionar económicamente a aquélla. Estamos, pues, en presencia de un auténtico derecho vinculante para el Estado. Pero, como hemos señalado antes, los beneficiarios del derecho a una vivienda no son todos los ciudadanos, sino únicamente aquellos que se encuentran dentro de los niveles de la pobreza o carecen de recursos económicos suficientes para conseguir una donde cuidar a los hijos, a las personas discapacitadas que están a su cargo, son enfermos crónicos, menores de edad, mujeres agredidas y un largo catálogo de circunstancias especiales que requieren una respuesta positiva y también específica o prioritaria de los poderes públicos.

En nuestra comunidad autónoma contamos en este momento con un respaldo estatutario más que suficiente para emprender en un futuro a corto plazo una iniciativa legislativa como la que se ha aprobado en esos otros países de Europa. El camino hacia una mayor justicia social está abierto, por tanto. Aunque convendría pensar en que también muchos otros grupos y sectores de la población necesitan no sólo medidas asistenciales para que su derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna sea una realidad, y no el cuento de Caperucita en moldes jurídicos muy bien elaborados.



* Gerardo Ruiz-Rico. Catedrático de Derecho Constitucional de la Univ. de Jaén



* Diario de Sevilla - Opinión - 8 de Septiembre de 2007




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Escándalo urbanístico a la vista en un municipio de Guadalajara

ELDIGITALCASTILLALAMANCHA* : Ecologistas en Acción de Guadalajara aseguró hoy que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha incoado diligencias previas por presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad de Torrejón del Rey. Según informó el grupo ecologista en nota de prensa, la autorización de construcción de viviendas con una densidad superior a la permitida, ha conllevado a la visita de los agentes de la Guardia Civil al Consistorio de Torrejón del Rey, así como otros presuntos casos de irregularidades y corrupción.

En concreto, Ecologistas considera que la venta de suelo de uso dotacional, el destinado para parques, colegios o centros de salud, es "una forma de obtener ingresos para las arcas municipales".

Asimismo, indica que la votación en pleno de concejales "con intereses particulares en las recalificaciones, a los planes urbanísticos, incompatible según la legislación vigente, podría llegar a suponer la nulidad de las recalificaciones efectuadas en los últimos años en este municipio, además de las penas legales pertinentes".

Desde Ecologistas en Acción insisten en que "de nuevo el desarrollo urbanístico insostenible, corrupto y especulativo, planea sobre alguno de los ediles de los ayuntamientos de la provincia" y recuerdan en este sentido que hace unos meses "fue denunciado el alcalde de Cañizar, por ser el abogado de la empresa promotora del sector SP-04".

Además, recientemente, "el alcalde de Almoguera se ha visto involucrado en otro caso de corrupción urbanística, hechos reconocidos, que desgraciadamente, y por falta de investigación podrían llegar a destapar bastantes más casos", concluye.






* El Digital Castilla La Mancha - 7 de septiembre de 2007
Foto: Torrejón del Rey (Guadalajara) - pueblos-espana.org




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Un magistrado del TSJA cree que realidades como la vivienda 'no se cambian sólo con leyes'

EUROPAPRESS* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Rafael Toledano sostuvo hoy, al ser preguntado sobre la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes", ya que éstas "deben de ir acompañadas de otros muchísimos instrumentos de ejecución" de las políticas que se prevén en la misma.

A preguntas de los periodistas en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Toledano consideró que cuando hay "una separación tan grande" y unos "desajustes tan tremendos" entre los precios del mercado inmobiliario y los de la vivienda tasada, "implica que muchas cosas se están haciendo muy mal".

Al hilo, el juez, que participó en el curso "El mercado inmobiliario: una realidad difícil de entender", aseguró que "no es normal que exista tal divergencia y discordancia"y añadió que con las políticas de vivienda "hay que tener presente que tienen un alto coste presupuestario".

Por ello, abogó por un plan integral "para encaminar la gestión en una misma dirección", señalando al tiempo que "lo fundamental" es aproximar el mercado al poder adquisitivo de las familias, para lo que es necesario "poner suelo disponible de forma ágil y eficaz" por parte de las administraciones.

De igual modo, expuso la necesidad de establecer iniciativas de recuperación de las plusvalías urbanísticas que, "a nivel legislativo están previstas pero que en gran medida dependen de mecanismos ágiles de ejecución" de esas políticas.

El magistrado del TSJA se mostró convencido de que, tanto el Gobierno autonómico como el nacional, "lo abordaran desde ahí", pero subrayó que "lo realmente difícil" en nuestra organización es que "casi todas las medidas no dependen de un solo actor" sino que hay "una conjunción de políticas de distintos órganos y distintas tendencias" por lo que es "imprescindible" que haya "una concertación" para actuar en la misma línea.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Por otro lado, aclaró que la corrupción urbanística "no es cuestión de endurecimiento legislativo", aunque, a su entender, "lo ha habido" y es que la Administración "siempre ha tenido en su mano políticas y recursos suficientes" para intervenir en el mercado pero "muchas veces no ha tenido la capacidad y otras la voluntad política para hacerlo".

En ese sentido, puso de relieve que donde el Gobierno puede intervenir es "evitando políticas especulativas y de acaparamiento del suelo", pero reiteró que el endurecimiento legislativo que se ha producido "no es importante", puesto que, "si antes no se habían ejercido las leyes disponiendo de ellas, nada hace suponer que, al ser más agresivas, se pongan en marcha". "Quizás al contrario porque su aplicación supone un mayor coste político y social", remachó.

De otra parte, censuró la Ley del Suelo ya que "plantea aspectos jurídicos cuanto menos cuestionables" y se prevé "con un fuerte impacto sobre el mercado inmobiliario".

A su entender, la realidad está "muy separada de los valores que se pretenden obtener con esta legislación" y su impacto "va a crear una serie de tensiones muy considerables" en el mercado inmobiliario, así como "bastante letigiosidad". "Es decir --explicó-- se vana cuestionar en los tribunales las decisiones que se tomen a nivel constitucional ya que establece consideraciones muy fuertes sobre el derecho de propiedad", remachó.

A este respecto, Toledano concretó que los criterios de valoración del suelo rural establecen un limite en el doble del valor, que se denomina valor real agrario, a través de la capitalización de las rentas agrícolas. Esto supone "establecer por ley un limite del cual los tribunales no podrán pasar en la valoración de un bien".

Por último, matizó que esto es "cuestionable" ya que, cuando se trata de un justiprecio, se intenta establecer "la compensación justa teniendo en cuenta la realidad económica y social de una persona que se ve privada de su propiedad", concluyó.






* Diario Siglo XXI - 7 de septiembre de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)




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La avalancha del ladrillo en Pallares

ECOLOGISTASENACCIÓN /Monesterio (Badajoz)* : Según se puede ver y oír, nos quieren presentar como imparable algo que no debe serlo: recalificar a lo bestia la mayor parte del suelo que rodea Pallares para inundarlo de ladrillo, es decir, construir casas a troche y moche en una superficie que puede ser algo así como la tercera parte del actual casco urbano. Todo ello se nos vende como una magnífica noticia para el pueblo. Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia y a quién o a qué perjudica.

Evidentemente, beneficia a los dueños del terreno, que obtienen una gran cantidad de dinero con la venta pero, más que a nadie, beneficia a los compradores del suelo, que lo adquieren a precio de rústico y se revaloriza al pasar a ser suelo urbanizable, obteniendo unas plusvalías, unas ganancias bestiales, si prosperan los intentos de que así sea por parte del Ayuntamiento, o por lo menos de la corporación saliente.

El interés de los que negocian con ello es claro. Ahora bien, ¿cuál es el interés del Ayuntamiento o, en general, de los poderes públicos, por ejemplo la Junta de Extremadura, que es la que tiene que aprobarlo? El fin del Ayuntamiento es velar por los intereses de los ciudadanos y se supone que con ese objetivo debe intentar que haya una mejora de sus condiciones de vida y su prosperidad económica. Ahora bien, vemos cómo en muchos lugares de España los que gestionan los ayuntamientos ponen por delante sus intereses económicos, el afán por enriquecerse o aumentar su riqueza por encima de otras cuestiones, y no voy a citar ningún caso porque son de sobra conocidos.

Quiero pensar que nada de eso sucederá ya en nuestro caso, porque ahora mismo no sé de ningún responsable municipal metido en negocios urbanísticos en la zona en cuestión, con lo cual no hay conflicto de intereses.

Pero volvamos al papel de un Ayuntamiento que no tiene intenciones bastardas en el caso. Se puede pensar que debería autorizar todo esto, porque así el pueblo se beneficia. En primer lugar por el simple hecho de que el pueblo es más grande (ande o no ande, como el caballo), y esto puede tener su importancia en un lugar pequeño que cada vez tiene menos habitantes. Puede hacer que, en ciertos momentos, haya más ambiente, más vida. De todas formas, no parece que tras haberse construido un buen número de casas últimamente se haya visto mucho más movimiento en Pallares que antes de que se edificaran. De todas formas, psicológicamente puede que sea gratificante para la gente ver que algo (aunque sea ladrillo) vaya para adelante.

Otra razón es que la construcción pueda crear puestos de trabajo, cuando el paro es el principal problema de las gentes, y de qué manera. Ahora bien, es más que discutible que, cuando se edifique en tal cantidad, la construcción vaya a suponer empleo. En todo caso, los albañiles locales no podrán asumir tanta obra. Como ya hemos comprobado en parte en la calle Arturo Gazul , son constructores y mano de obra de fuera los que hacen el trabajo, sin que apenas quede nada en el pueblo, además de ser pan para hoy y hambre para mañana.

Quizás, si los contratistas son de la zona, algo de ese dinero quede, pero como estamos viendo en el caso que nos presentan, el principal beneficiario será alguien de fuera que ha comprado el terreno, venderá solares o construirá y se volverá con las ganancias a su lugar de origen. Otra idea que puede hacer pensar que es un beneficio es que quienes compren las casas vayan a suponer una fuente de ingresos para Pallares. Pero como está más que comprobado, lo que se llama turismo residencial, el comprarse una casa para vacaciones, es el turismo que menos interesa a la gente de la zona donde se construye, porque se trata de una gente que gasta relativamente poco.

En Pallares ya se utilizó un mote para cierto tipo de gente que hace muchos kilómetros y gasta poco (en el pueblo): los diesel. Pues bien, algo parecido a eso es lo que suele suceder. Mientras que el turista que se aloja en hoteles, pensiones, etc. deja dinero en esos establecimientos y en los bares o restaurantes donde come, el turista residencial ya tiene alojamiento, cocina y comedor. Es más, ni siquiera las tiendas harán un negocio significativo en muchos casos, porque la mayoría de los que vienen de las ciudades hacen la compra previamente en una gran superficie y, evidentemente, come en su casa. En algunos casos, con la proliferación de las barbacoas, el disfrutar su casa, etc, no visita ni siquiera los bares.

Esto es más claro todavía cuando se trata de gente que no tiene ninguna relación con el pueblo. No quiere decirse que todos lo hagan, pero sí que es lo esperable porque, no nos engañemos, el turista residencial que está llegando al sur de Extremadura suele ser de relativamente poco poder adquisitivo, que no ha podido comprar en la ya saturada Sierra de Huelva o Sierra Norte de Sevilla porque no puede permitirse esos precios. Un turista con poco dinero dejará más bien poco, por más que quisiera. Es más, esas viviendas pueden suponer un perjuicio para los intereses de posibles empresarios locales que se dediquen al turismo rural, porque en lugar de acudir hoteles o casas rurales, se alojarán en las casas que alquilen los de fuera, sin dejar nada dentro, como ya sucede en las sierras vecinas andaluzas.

Tampoco el Ayuntamiento consigue gran cosa, salvo algún terreno que se le debe ceder. Esto estaría muy bien si se pudiera destinar a viviendas sociales, pero hay que construirlas y, además, al consistorio le sobraría aun así terreno. Es decir, para las viviendas de promoción pública que se pueden edificar bastaría con el terreno conseguido con una recalificación muchísimo menor. Se podría pensar que el municipio obtiene más ingresos por impuestos, pero son más los gastos que contraería que el dinero que recibiría por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En efecto, el turista residencial no vive en el pueblo, no se empadrona y, por tanto, el Estado no transfiere más dinero al municipio por contar con más habitantes, ya que no lo son y no rezan como tales. Por el contrario, el Ayuntamiento, sin recibir dinero, tiene que ofrecer una serie de servicios a esa nueva población y a esas viviendas y calles.

Pero si hemos visto que los beneficios son mínimos, los perjuicios son muchos. En primer lugar se crea un problema importante con el agua, ya que en el pueblo es escasa. Recordemos que depende de un pozo, cosa casi insólita en la España de hoy, y que ha sido necesario un nuevo pozo el verano pasado para atender a la falta de agua. Las expectativas a medio y largo plazo en España son que cada vez hay menos agua, debido al cambio climático, entre otras cosas, de tal manera que habría que repartir la poca agua que ahora tenemos, y menor cantidad que tendremos en el futuro, entre más gente. Con un problema añadido, que puede ser en verano cuando más gente se concentre y es precisamente en verano cuando hay menos agua. Además, la población urbana que compra segundas residencias suele consumir mucha más agua que la del pueblo, eso sin contar la posible proliferación de piscinas privadas, aunque sean pequeñas. Tarde o temprano, los vecinos de Pallares sufrirían las restricciones. Además, el agua tiene otro problema, que es la mayor cantidad de aguas residuales que se producirían, y recordemos que aquí no se depuran, sino que van directamente a contaminar los cauces.

Otro asunto es que se acabaría con unas de las zonas más interesantes ecológicamente del pueblo, las vegas. En ellas tenemos las últimas tierras calmas de la campana del pueblo prácticamente, los últimos agostaderos y unos huertos que, además, de servir de entretenimiento a algunos de nuestros mayores, son un refugio de la biodiversidad agrícola, donde se mantienen algunas variedades locales y con un sistema de riego muy curioso y singular. La vega, además, es paisaje hermoso, sobre todo en primavera.

Finalmente, urbanizar en masa supone que, tras la apertura de la autovía, el pueblo se inundará de gente que viene de fuera y no tienen ninguna relación con el pueblo. Podría terminar creándose, en cierta manera, un mundo social aparte en esas nuevas zonas, ajeno a la cultura y las relaciones sociales del pueblo. El pueblo podría perder algo de su carácter. Eso no tiene por qué ser malo tampoco, porque la vida es cambio, pero habrá que valorarlo y, sobre todo, compararlo con los perjuicios que supone la construcción, que ya hemos ido viendo. Por tanto, resulta muy perjudicial cómo se está planteando el proceso de las recalificaciones en Pallares, porque sólo es una muestra más de la fiebre del ladrillo que nos asola a escala nacional. Por supuesto que es interesante que se construya algo. En primer lugar, para que los que viven en el pueblo (algo cada vez más difícil) tengan una vivienda, cosa hoy casi imposible también. Ese tipo de construcción es el que debe ser prioritario. Por otra parte, es también necesaria la construcción de viviendas, segundas residencias si es el caso, para completar urbanísticamente el pueblo, por ejemplo la acera del Callejón a la Calle La Puebla, y en la Cerca de los Toros, todavía a medio hacer.

Pero no se trata sólo de la cantidad de terreno, sino de la forma de urbanizarlo y construirlo. Urbanizar poco a poco y vendiendo solares ha sido algo que ha dado relativamente buen resultado y ha supuesto una mejora para Pallares. En efecto, ha hecho que gente del pueblo que vive en él o emigra estacionalmente pero quiere seguir aquí, se haya ido haciendo su casa. Lo mismo ha sucedido con los que emigraron, siguen queriendo a su pueblo y quieren pasar en él temporadas o incluso volver cuando se jubilen. Suelen ser estos precisamente los que más trabajo dan a los constructores y albañiles locales y los que más gastos de otro tipo hacen en el pueblo. Eso puede seguir pasando en el futuro si las cosas se hacen poco a poco y no se urbaniza masivamente, abriendo la caja de los truenos de la especulación y la avalancha de intereses extraños y perjudiciales para Pallares de los que sólo unos cuantos obtienen sustanciosas ganancias.


Nota. Está asociación ha decidido la publicación de este artículo como ejemplo de un problema que sufren o van a sufrir muchos de los pueblos de nuestra comarca y nuestra región, dentro de un mal entendido desarrollo. En especial sobre aquellos megaproyectos ya anunciados que nada tienen que ver con el entender y la convivencia de nuestras gentes, y ni mucho menos con el desarrollo social, cultural y natural de nuestros pueblos.





* Ecologistas en Acción - Monesterio, 6 de septiembre
Foto: Monesterio (Badajoz) - dip-badajoz.es



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Un tribunal anula las cuentas de Majadahonda por argucias contables

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de 28 de enero de 2003, en el que se aprobaron los presupuestos generales para dicho ejercicio. En el documento se especifica que el Consistorio financió gastos ajenos a los previstos por la ley con los ingresos que se obtuvieron con la venta de patrimonio municipal. La sentencia, que puede ser recurrida, llega tras una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición.

No es la primera vez que Majadahonda se enfrenta a una sentencia semejante. El TSJM también anuló los presupuestos de 2001 y 2002 por la misma causa. Manolo Fort, viceportavoz del PSOE, sostiene que los ingresos obtenidos con la enajenación de patrimonio público no se pueden destinar a la financiación de cualquier actuación con la excusa de que tiene un fin social.

"Si se venden bienes públicos, el dinero se dirige a unos fines concretos como la compra de suelo o patrimonio para el municipio. También se pueden emplear en edificar vivienda social o infraestructuras. Pero aquí no somos capaces de sobrevivir sin pagar inversiones corrientes con la venta de suelo", apostilla.

El Tribunal les ha dado la razón. La venta de las parcelas Guadarrama 1 y los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos I+D Carril del Tejar, Salto del Sil y Los Negrillos reportaron al Ayuntamiento 15.956.401 euros. Con este importe se pagaron los trabajos previos a la revisión del plan general, 200 globos de faroles, 100 unidades de tapas de alcantarillado, aires acondicionados de varios edificios municipales, la reparación de instalaciones, conservación de jardines o vías públicas, entre otras actuaciones.

Fort señala que la sentencia considera que estos trabajos son "meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento, que no pueden encuadrarse en el concepto de implantación o ampliación de los servicios públicos existentes".

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, recuerda que en 2003 él no ocupaba el sillón consistorial. En esa época el alcalde era Guillermo Ortega, que presentó su dimisión el 3 de febrero de 2005 para zanjar la crisis política que atenazaba en ese momento al PP majariego.

"En el primer presupuesto del que yo fui responsable, el de 2005, se cambió la forma de elaboración y se ajustó a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid", asegura De Foxá. Como prueba de las buenas prácticas municipales, el regidor esgrime el hecho de que los socialistas no hayan vuelto a impugnar el presupuesto desde que él llegó a la alcaldía.

En cuanto a las consecuencias de la sentencia del tribunal, Fort declara que existen formas de hacer que se cumpla. "Se tendría que reintegrar el dinero y utilizarlo para los fines legales. Pero, claro, estamos en 2007 hablando del presupuesto de 2003, que ya está ejecutado. Las sentencias deberían llegar con mayor rapidez", concluye.






* ELPAIS.com - ESTHER SÁNCHEZ - Majadahonda - 07/09/2007
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)




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El juzgado con el caso más grave de corrupción municipal cambia de juez por cuarta vez en un año

INFORMACIÓN/Alicante* : El juzgado que investiga el grueso de la denuncia del fiscal Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión urbanística y económica del Ayuntamiento de Orihuela ha cambiado de nuevo de titular. Es el cuarto en doce meses. La denuncia remitida al juzgado el 14 de marzo de 2006 realizada por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, fue asumida por la entonces titular del Juzgado número 4, Lidia Paloma Montaño.

La juez, con acuerdo del decanato de Orihuela, desglosó la investigación en 15 procedimientos repartidos en el resto de las seis salas mixtas de Orihuela, y asumió las diligencias relacionadas con un delito contra la ordenación del territorio por el que se imputa al ex alcalde José Manuel Medina.

Tras interrogar en calidad de imputado en agosto de 2006 al ex primer edil por el uso de bienes, como un coche o un chalet en la costa, a nombre de empresarios beneficiados por presuntas reclasificaciones de suelo en Orihuela, la juez dejó la plaza a finales de septiembre.

A Lidia Paloma la sustituyó Ana Ors, que tan solo permaneció en este juzgado durante un mes y medio. Su plaza fue asumida en diciembre de 2006 por Belén Fernández, también como sustituta.

Esta misma semana ha llegado al Juzgado Número 4 para tomar posesión como juez Fernando Madrid. Tras la declaración de Medina de hace algo más de un año poco o nada ha trascendido del fondo de la investigación. Briones solicitó en septiembre de 2006 una amplia batería de pruebas documentales y testimoniales sobre el patrimonio y datos de adquisición de distintos bienes de disfrute del ex alcalde como un Bentley, un Audi 8 y un chalé en Orihuela Costa alquilado por contrato verbal.

En esa exhaustiva batería de peticiones también incluía el requerimiento para que acudieran como testigos los gerentes de las empresas titulares de esos bienes, y que a su vez han recibido el visto bueno municipal para construir miles de viviendas en Las Asomadas y en la costa de Orihuela. La defensa del ex primer edil presentó, por su parte, un pliego de alegaciones al interrogatorio realizado por Briones y la juez Lidia Paloma. Declaración en la que se abundó - de forma inesperada - en aspectos de técnica urbanística y la condición urbanística de los terrenos reclasificados.

Asuntos Este juez será el responsable de la investigación citada, pero también de otras dos investigaciones relacionadas con los últimos años de gestión municipal, como es el asunto de la supuesta falta de justificación de las subvenciones de las fiestas de Moros y Cristianos realizadas por el Consistorio y valoradas en 600.000 euros y el contrato presuntamente ilegal de un jefe de Personal durante el anterior mandato.

En las tres ocasiones anteriores el juzgado estuvo realizando durante una semana el proceso de inventariado de asuntos que se desarrolla de forma sistemática en cada sala en el momento que un juez titular deja la plaza, denominado «alarde» y que paraliza parte de la actividad judicial.





* Información - D. PAMIES - 07 de septiembre de 2007
Foto: Orihuela - wikipedia.org



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El lado más oscuro del alquiler

ELPAÍS* : Los chollos inmobiliarios no existen. Es algo que saben las 40 familias estafadas este verano por el alquiler de apartamentos inexistentes a precios de entre 150 y 750 euros en diferentes zonas turísticas españolas. Por eso, ahora que empieza septiembre, mes álgido en alquileres, sobre todo por parte de estudiantes universitarios que buscan alojamiento para el nuevo curso, no está de más tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce. En distintas páginas de Internet circulan mensajes que alertan sobre distintas modalidades de timos en el alquiler de viviendas.

Lo más repetido son mensajes del tipo: "Cuidado con los listados, son una estafa". Y es que, en ocasiones, los anuncios clasificados de los periódicos incluyen publicidad de intermediarias que ofrecen alquileres muy asequibles.

"El piso por el que preguntas no existe y lo que pretenden es venderte un listado de teléfonos. Pagas 400 euros. Te pones a llamar, pero no existen los pisos o están todos alquilados. Vuelves a la inmobiliaria y te dan un listado nuevo. Más de lo mismo", explica un afectado.

Su caso no es el único. De hecho, el pasado mes de julio la Fiscalía, previa denuncia del Ayuntamiento de Barcelona, denunciaba a nueve empresas que cobraban entre 200 y 300 euros como intermediarios por dar listas de falsos propietarios de viviendas, un timo que ha dejado miles de afectados en la Ciudad Condal.

No hace falta llegar a esos extremos para hablar de irregularidades o abusos. A las asociaciones de consumidores van cada año cientos de afectados, tanto propietarios como inquilinos, en busca de asesoramiento jurídico.

La Fundación de Derechos Civiles, con 25 oficinas de gestión de alquileres e información sobre vivienda en España, cuenta que la irregularidad que más se repite por parte de los dueños es "el empleo de fórmulas para incumplir el régimen de prórroga forzosa de cinco años mediante la firma de contratos de temporalidad o la inclusión de cláusulas de necesidad del piso para uso personal", señala Carlos García, su presidente. "Pero, en realidad, el dueño encubre su intención de arrendar la vivienda a otra persona o de venderla. Para evitarlo, el inquilino debe comprobar que en tres meses el dueño ha ocupado la casa; en caso contrario, el inquilino tiene derecho a ser indemnizado y a volver por otros cinco años", señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A Jaume Puig, que alquiló un apartamento por 850 euros en Barcelona, le pasó algo parecido. A los 11 meses, el dueño le comunicó que resolvía el contrato porque su hijo se iba a casar. "El propietario no necesitaba la casa para uso propio, ni aparecía reflejado en el contrato ese punto, por lo que el inquilino podrá ver prorrogado su contrato anualmente durante cinco anualidades", señala García.

Rentas ilegales

La OCU se hace eco de otro abuso sufrido por varios de sus socios. "A veces se intenta pactar en el contrato un aumento de la renta superior al IPC desde el primer año de alquiler". La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el incremento anual de la renta durante los cinco primeros años es como máximo el IPC.

Las reclamaciones por este concepto ocupan el 29% del total de las referidas al alquiler que llegan a la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid), dice su portavoz Antonio López. A pesar de ello, "sigue siendo muy bajo el porcentaje de afectados que acude a los juzgados. La mayoría se resuelven a través de las asociaciones", señala Gustavo Samayoa, de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).

Abusivo es también lo que le ocurre a Giovanni Scaloti, estudiante de Erasmus, de 22 años, que alquiló una habitación por 400 euros en un piso en Madrid. Para cerciorarse de que el inquilino es el único que duerme en la habitación, la propietaria entra algunas noches y revisa las habitaciones.

Esta conducta está tipificada en el Código Civil como allanamiento de morada, indican en la Fundación de Derechos Civiles. La dueña asegura que en España es lo habitual. Muy al contrario, el inquilino está en su derecho de cambiar la cerradura, dice la Fundación de Derechos Civiles.

Y es que las cláusulas excesivas están a la orden del día cuando se trata de alquileres ilegales: se obliga al inquilino a realizar dos limpiezas anuales con un coste de 600 euros; se alquila sin que la casa cumpla los requisitos mínimos de habitabilidad; o se utiliza la fianza para limpiar la casa para su puesta en alquiler de nuevo. "La fianza casi nunca se devuelve porque el dueño siempre encuentra algún deterioro para justificar la no devolución", según CECU.

Acosos inmobiliarios

Todas las asociaciones de consumidores tienen constancia de casos de mobbing inmobiliario, una práctica que consiste en asediar a arrendatarios, generalmente de avanzada edad, para que abandonen la vivienda de renta antigua y destinarla a fines especulativos. A este tipo de personas se les denomina despectivamente como "asustaviejas".

Es lo que le ha pasado a uno de los socios de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua), un hombre de 70 años inquilino de una vivienda en un edificio en la calle de Goles, en Sevilla, y que sufre acoso inmobiliario desde el año 1995.

En este caso, los propietarios, tras varias solicitudes de declaración de ruina, que han sido denegadas, se han visto obligados a comenzar las obras de conservación para evitar la expropiación de la finca. "Los inquilinos están a la espera de volver a sus casas una vez finalicen las obras", señala la organización.

Pero hay otras formas de mobbing inmobiliario, como engañara los arrendatarios para facilitar la resolución del contrato. "A veces se comunica verbalmente al inquilino que no hace falta que pague mes a mes, sino que puede acumular varias rentas para abonarlas de golpe", dicen en la OCU.

El problema surge porque no queda constancia de dicho pacto, por lo que el inquilino incurre de forma involuntaria en el incumplimiento de pago de la renta. El arbitraje ha entrado de lleno en el sector de los alquileres como una vía rápida para resolver los conflictos entre propietario e inquilino.

El problema se plantea con alguna asociación arbitral cuyo funcionamiento sólo beneficia al propietario, señalan en la OCU, que, defendiendo a uno de sus socios, acusa a "la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, la cual sólo prevé someter a arbitraje las infracciones del contrato que afectan al propietario, sin que exista la misma reciprocidad para el inquilino, quien lo acepta pensando que es un sistema ecuánime".

Pero no sólo padecen abusos los inquilinos. Muchas otras veces son los arrendatarios los que atentan contra los derechos de los dueños de los pisos. Juan Santillana, propietario de una vivienda de 80 metros en el centro de Logroño, ha acudido a la Fundación de Derechos Civiles para informarse de las posibles acciones legales que puede llevar a cabo contra un matrimonio que lleva tres meses sin pagar la renta.

Están en proceso de divorcio, por lo que uno quiere resolver el contrato y el otro no. A Juan no le queda más remedio que emprender acciones legales (desahucio judicial). Otras veces ocurre que el inquilino no paga los suministros "cuando existe un pacto previo para que los abone". Es lo que le está pasando a Eva Ayala, propietaria de una estudio en el distrito de Salamanca (Madrid), que alquiló a una pareja que lleva ocho meses sin pagar el recibo de la luz.

También es habitual que el inquilino deje la fianza como pago de la última mensualidad de alquiler; que se sustituya el mobiliario por otro de inferior calidad o en mal estado; así como el subarriendo del piso sin consentimiento del propietario. Y ojo con los morosos profesionales, que los hay.






* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN/ PROPIEDADES - Madrid - 07/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)



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