Esto es lo que ha pasado con muchas grandes infraestructuras realizadas en los últimos años. Este caso de Metrosur en Madrid es paradigmático de la tremenda corrupción urbanística: la misma empresa 'amiga' que hacía los informes técnicos, luego era premiada con la adjudicación de las obras que ella misma aconsejaba. Es decir, era juez y parte en la trama mafiosa.
"ELPAÍS* : Las obras que la Consejería de Transportes efectuó el verano pasado en Metrosur —línea que fue cortada durante mes y medio— eran imprescindibles por la posible “rotura súbita” de la plataforma por la que transcurren los trenes y por el “grave riesgo de daños materiales y personales”. Esto era lo que indicaba el informe encargado a una auditora externa por Metro y Transportes. Pero la empresa que alertaba de la necesidad urgente de la obra, Geocisa, resultó luego adjudicataria de parte del trabajo requerido. Se encargó de consolidar el terreno en uno de los tramos, por 2,2 millones de euros, un 17,3% del presupuesto total del proyecto.
Metrosur, la línea 12 que conecta los municipios del sur de la región, sufrió un corte en dos tramos. La versión oficial de la Consejería de Transportes e Infraestructuras fue que se trataba de un trabajo de “mantenimiento” habitual para el que se aprovechó el verano para “molestar lo menos posible” a los vecinos, según señaló entonces el consejero, Pablo Cavero. Días antes de que se produjera el corte, Izquierda Unida denunció que se habían previsto unas obras por temas de seguridad, un extremo que Transportes negó entonces.
Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la consejería contrató la obra por la vía de emergencia, un procedimiento reservado a “situaciones que supongan grave peligro”, según la normativa sobre contratos del sector público, y que es el modelo que permite tramitar con más velocidad y menos controles. Transportes justificó esa necesidad imperiosa con un informe de la Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC), una Unión Temporal de Empresas formada por tres empresas: Europea de Ingeniería y Servicios, SA; Ingerop T3 SA y Geocisa. Esta última fue una de las adjudicatarias de la obra.
La Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la consejería, contrató entonces a tres empresas para la reparación de la plataforma de vía y otras tres para la consolidación de los terrenos. Una séptima sociedad fue contratada como responsable de la vigilancia de las obras, organizadas en turnos de 24 horas al día durante siete días a la semana, y en las que falleció un trabajador. El presupuesto total ascendió a 12,7 millones de euros, la mitad de la partida anual destinada a la mejora de infraestructuras ferroviarias de la Consejería de Transportes.
La consultora USAC inició una inspección en Metrosur el 22 de mayo de 2012 “a petición conjunta de la Dirección General de Infraestructuras y de Metro de Madrid”, según consta en el propio informe. Todos los trabajos de inspección terminaron el 20 de junio y Metro recibió el documento el día 26. El corte se produjo el 17 de julio. El informe alerta de la “posible rotura súbita de la plataforma de la vía” en los tramos que luego se cortaron. Transportes se basó en este estudio para elaborar el documento con el que justificó la contratación por procedimiento de emergencia de las obras, en el que señalaba el “elevado riesgo de descarrilamiento” de los trenes si no se iniciaban los trabajos de forma inmediata.
Las empresas que participan en los documentos preparatorios de un contrato “no podrán concurrir a las licitación” en contratos con las Administraciones públicas “siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadas”, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Un portavoz de Transportes señaló ayer que “no se incumple la normativa” y alegó distintos motivos. En primer lugar, la USAC tiene un contrato con Metro desde el 21 de mayo de 2012 y quien contrata es la Dirección General de Infraestructuras, “con una personalidad jurídica distinta”, según el portavoz, si bien la propia consultora señala en su informe que el encargo provino de ambos organismos y tenía un contrato con Transportes hasta un día antes de iniciar la inspección, el 21 de mayo.
El citado portavoz añade que solicitaron cinco ofertas para ese tramo “como mecanismo adicional de garantía”, aunque el mecanismo de emergencia “permite contratar libremente”. Geocisa, que declinó hacer declaraciones a este periódico, ofreció la tarifa más económica. La misma empresa se postuló para otro tramo en el que la adjudicataria ofreció un presupuesto de 1,63 millones y Geocisa de 1,59, aunque no resultó elegida.
* El País - PILAR ÁLVAREZ / JOSÉ MARCOS - 4.6.13
Foto: El Metrosur, a su paso por Fuenlabrada. / CLAUDIO ÁLVAREZ
Madrid.- La empresa que hizo el informe de Metrosur realizó parte de la obra
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El alcalde de Baltar (Ourense) autoriza obras sin licencia a la constructora de su socio
Otro caso más de evidente corrupción urbanística. Este alcalde empresario 'popular' está ya procesado por otro asunto y ahora sale a la luz este nuevo caso en el que se adjudicaba obras sin licencia a sí mismo, a través de su socio en el turbio negocio de la construcción. Parece que la Diputación ourensana está plagada de alcaldes como éste, que cierran filas tras su jefe 'popular', el también denunciado J.M.Baltar.
"ELPAÍS* : La actividad promotora de José A.Feijóo (alcalde del PP del Ayuntamiento ourensano de Baltar procesado por supuestas amenazas y coacciones a candidatos del PSOE de su municipio) choca con su gestión al frente de la institución local. Feijóo, vinculado a seis empresas constructoras con sede en la comarca de A Limia a la que pertenece el municipio que preside, comparte socios con una adjudicataria de obra pública de su propio Ayuntamiento. El alcalde tiene, además, varias empresas en común con otro promotor que ejecuta obras para particulares y que ha reconstruido una casa sin licencia en una localidad del municipio, Meaus, cuyo suelo está calificado como rústico.
La vivienda que el socio del alcalde levantó sobre la ruina de una planta baja sin los permisos oportunos está en el radio de acción de un crucero catalogado.
Meaus es, además, uno de los tres pueblos que conforman el Couto Mixto, zona fronteriza con Portugal de singulares características catalogada como enclave histórico-cultural por el Congreso de los Diputados y el Parlamento gallego. El planeamiento urbanístico que está redactando el Ayuntamiento de Baltar y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1991 por las que se rige ahora, incluirá la protección específica de las tres localidades del Couto Mixto, entre las que se encuentra Meaus. José Antonio Feijóo ha mirado hacia otro lado mientras una de las empresas de su socio Francisco Andrade reconvertía unas ruinas de planta baja en una vivienda de bajo y dos alturas en Meaus. “No nos consta que haya hecho ahí ninguna obra significativa”, disculpa el alcalde en declaraciones a este diario la intervención en esa zona en la que no se puede edificar. “Sé que se hacen algunas chapuzas, arreglos, esas cosas propias de los pueblos”, justifica el regidor. Feijóo no es capaz de precisar si es necesaria licencia municipal para esas actuaciones. “Tratándose de obras menores, yo creo que no hace falta licencia”, señala y resta importancia a la intervención de su asociado apuntando que “se han hecho varias casas por ahí”.
El alcalde de Baltar se refiere a Andrade como “un señor que creo que tiene una constructora en Calvos de Randín”, ayuntamiento limítrofe. Pero Feijóo y Andrade están asociados en al menos dos empresas: Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, y Promociones Terra da Limia, SL. Ambas carecen de empleados aunque obtienen beneficios. La primera cerró el ejercicio de 2010 con un activo de 611.929,16 euros y un patrimonio neto de 296.970,71 euros. La segunda, con un activo total de 6,6 millones de euros. Las dos constructoras, que comparten domicilio social, fueron constituidas con menos de 4.000 euros de capital.
A quien sí asegura conocer el alcalde es al dueño de Construcciones Rodríguez, una de las empresas que ejecuta obra municipial en Baltar. “Sí, a Ángel Rodríguez lo conozco, aunque apenas hace obra pública aquí”, resuelve el alcalde. Pero el empresario, que comparte socios con el regidor de Baltar en algunas promotoras, ha construido el colegio de Educación Primaria del ayuntamiento y ha sido beneficiado con la adjudicación de la carretera Baltar-Xinzo que financia la Diputación. El alcalde-promotor del Ayuntamiento de Baltar está inmerso en un conglomerado empresarial de tal calibre en la comarca de A Limia que no solo comparte socios con los promotores a los que adjudica obras, sino también sede social.
Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, integrada por José Antonio Feijóo, Francisco Andrade Quelle, José Rodríguez García y José Antonio Carrasco, tiene el mismo domicilio social, el número 6-B de la calle San Sebastián, que Promociones Val do Salas, la inmobiliaria de la que fue administrador Rudesindo Alvar Mayo, el socio en varias inmobiliarias del empresario que ejecuta ahora obra pública en el municipio. La actividad constructora es una de las características de Feijóo. Él fue uno de los alcaldes que contrató obras a la empresa del exalcalde de Os Blancos José Antonio Rodríguez Ferreiro (autoproclamado devoto “de Dios, la Virgen y Baltar”, por el expresidente de la Diputación ourensana) cuando este iba ya a ingresar en la cárcel condenado a cinco años y tres meses por un delito de malversación (se había llevado 200.000 euros de las arcas municipales). Feijóo le echó entonces un capote y permitió que la empresa del condenado realizara, mediante subcontrata, la obra del pabellón polideportivo de Baltar.
Un procesado para la ‘marca Ourense’
José Antonio Feijóo preside el Ayuntamiento de Baltar con un pie en el juzgado (la vista de su procesamiento por amenazar y acosar a militantes del PSOE está fijada para el 7 de octubre) y el otro fuera del PP, partido en el que causó baja a marchas forzadas tras su procesamiento pero al que sigue perteneciendo de facto en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Ourense, en donde vota disciplinariamente.
Imputado y procesado, Feijóo se resistió a causar baja en el partido, e incluso encontró respaldo en el presidente provincial, pero la dirección gallega anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el regidor, y este anunció entonces que él mismo renunciaba a la militancia. Lo hizo pero, pese a ello, sigue al frente del Ayuntamiento e incluido en el grupo de gobierno de la Diputación. El alcalde-constructor y diputado provincial a quien José Manuel Baltar designó responsable de la promoción y la imagen de la provincia de Ourense, tiene un considerable patrimonio en fincas, inmuebles, vehículos, acciones y sociedades inmobiliarias, según consta en los datos patrimoniales que él mismo hizo públicos. En la demanda por el supuesto acoso y amenazas que sufrieron los candidatos socialistas —y otras personas del pueblo que secundaron la denuncia— en las municipales de 2011, el PSOE atribuye los presuntos delitos por los que será juzgado a su intento por lograr una mayoría suficiente “para conseguir más dinero para él”. Feijóo obtuvo una aplastante mayoría: siete concejales frente a dos.
* El País - CRISTINA HUETE - 5 JUN 2013
Foto: Vivienda en la que, según el alcalde, se ha ejecutado una obra menor. / NACHO GÓMEZ
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