ELPAÍS* : Más torpedos contra uno de los acorazados del esquema institucional español: el Banco de España. El PP ha señalado hoy (con la boca pequeña) la responsabilidad del Banco de España en la crisis de la nacionalizada Bankia. Los países de la eurozona tampoco parecen fiarse: el Eurogrupo quiere una valoración independiente de los activos inmobiliarios de la banca española para aumentar la transparencia. Algo parecido podría ya ir incluido en el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros: la obligación de valorar los activos inmobiliarios de los bancos por parte de expertos independientes. España será, una vez más, el tema central de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.
Pero el agujero fiscal será solo uno de los puntos del orden del día: la nacionalización bancaria parece haber despertado otros fantasmas. El Eurogrupo espera que el Gobierno exija a las entidades españolas “un aumento muy considerable de las provisiones”, el colchón con el que los bancos se protegen de posibles pérdidas, según ha explicado un alto funcionario de la UE. Otras fuentes señalan que la Comisión pedirá mañana algo parecido, lo que condena al sector bancario español a unos meses muy, muy duros.
“Suceden cosas a gran velocidad en España y hay una incertidumbre elevada”, ha señalado el alto funcionario de la Unión. Por ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se someterá a un duro examen en la reunión ministerial, en el que deberá exponer las medidas que el Gobierno adoptará en los dos grandes talones de Aquiles de la economía española: la banca y las comunidades autónomas. Guindos deberá informar de las medidas tomadas en Bankia. Pero además la UE espera “un plan para ofrecer más transparencia” y que Guindos cuente "qué planea hacer para hacer más transparentes los balances de los bancos y para asegurar una correcta valoración de los activos".
La opción de usar el fondo de rescates europeo o créditos del FMI, a la que analistas internacionales se refieren de forma habitual, se ha visto hasta ahora como innecesaria en Bruselas, Washington o Berlín. Eso es al menos lo que declaran una y otra vez los representantes de la Comisión o del Fondo. “No hay nada que indique esa necesidad”, insistió hace una semana el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
Pero más allá de Bruselas, la marea de informes pesimistas sobre la situación de la banca española vuelve a crecer tras la decisión del Gobierno de tomar el control de Bankia, que acumula los activos más problemáticos vinculados al ladrillo. Expertos internacionales creen que la nueva exigencia de más provisiones —reservar dinero para cubrir pérdidas potenciales— que plantea el Gobierno debe extenderse a toda la cartera de créditos, incluyendo los que ahora no presentan riegos de impago y los que no están relacionados directamente con el ladrillo. El resultado de estas cuentas sería una cantidad de dinero que excede las posibilidades de muchas entidades y del propio Gobierno español. La conclusión, que sería necesario apelar al fondo de rescate europeo o al Fondo Monetario Internacional. Algo que el FMI y la Comisión Europea han descartado varias veces en las últimas semanas.
Para la mayoría de los analistas internacionales, la referencia es Irlanda, un país que tuvo que pedir el rescate de la UE al atragantarse en su banca el estallido de una burbuja inmobiliaria muy similar a la española. Irlanda, que inyectó 63.000 millones de euros en su banca tras traspasar los activos más problemáticos a un banco malo y forzar el reconocimiento generalizado de pérdidas, fue auxiliado con casi 70.000 millones por la UE y el FMI. La asunción pública de las pérdidas bancarias disparó el déficit del Estado irlandés al 30% del PIB en 2010 y la deuda pública escaló hasta superar el 100% del PIB. Irlanda, como España, había empezado la crisis con superávit presupuestario y niveles muy bajos de deuda pública.
Con ese punto de partida, el Center for European Policy Studies (CEPS), un influyente think tank de Bruselas, plantea que el Gobierno debería forzar provisiones adicionales por 270.000 millones de euros, cinco veces más que lo que exigió en febrero (53.000 millones) para sanear activos vinculados al ladrillo (en total, las entidades españolas tienen provisionado, o están obligados a hacerlo entre este año y el próximo, pérdidas por más de 100.000 millones, un tercio de los activos problemáticos.
El CEPS realiza sus cuentas a partir de la aplicación de distintos ratios de provisión a la cartera de créditos que ahora se considera que no está expuesta a riesgo de impago, pero que pueden estarlo próximamente dado el deterioro de las condiciones económicas en España, con otra recesión en marcha y una tasa de paro por encima del 24%. Es un esquema muy similar al irlandés: no solo debería elevarse la provisión de créditos inmobiliarios que ahora no se tildan de problemáticos, sino que también debería estimarse la posibilidad de pérdidas en los créditos hipotecarios y los préstamos a las pymes y grandes compañías.
"¿Cómo se puede hablar solo de préstamos inmobiliarios problemáticos, cuando más y más créditos acaban siendo fallidos en el resto de la economía”, cuestiona Patrick Lee, analista de Royal Bank of Canada. El resultado de cálculos como los de CEPS es inmanejable para el sector bancario español. También para el Gobierno. “Si se reconocen pérdidas de forma mucho más agresiva, no veo como puede afrontarlo España sin ayuda exterior”, añadió. “El reconocimiento de pérdidas que hizo Irlanda contribuyó a mejorar la confianza, España es un goteo de malas noticias sobre su sector financiero, justo lo contrario”, añadió Edward Parker, de Fitch Ratings.
Varios medios europeos, como la BBC, se hicieron eco del paralelismo con Irlanda y del debate sobre una posible intervención del fondo de rescate europeo. No faltaron a la cita algunos clásicos, como Axel Weber, expresidente del Bundesbank y ahora consejero delegado de UBS, quien alertó ayer “de los graves riesgos de contagio” que suponen para la zona euro los problemas financieros de España. O el economista Nouriel Roubini, quien, en un artículo en Financial Times, eleva las necesidades de capital de las entidades españolas dado el deterioro “incesante” de sus activos. Roubini, uno de los profetas más conocidos de la crisis financiera, valora esas necesidades adicionales en un rango muy amplio (entre 100.000 y 250.000 millones) sin detallar como llega a esa conclusión.
“La atención de inversores y observadores está girando hacia la parte de la cartera que está en buen estado por ahora”, recalca Tano Santos, de la Columbia University, en el blog NadaesGratis, de la fundación Fedea. La envergadura de las provisiones adicionales y la posibilidad de que haya que inyectar dinero público para ayudar a las entidades que no tengan capital suficiente para afrontarlas, como Bankia, alientan la expectativa de que la crisis financiera engorde el déficit o la deuda pública, o ambos. Y esa incertidumbre contribuye a mantener la prima de riesgo española muy cerca de sus niveles récord.
* El País - CLAUDI PÉREZ / BLOOMBERG Bruselas / Nueva York 10 MAY 2012
Foto: Bruselas, edificio Comision - minube
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![](//4.bp.blogspot.com/-brU7AkZLiJU/T6zSqMMp_5I/AAAAAAAAXG8/nREm24aN1LI/s320/Barcelona%252C%2BPalau_de_la_Generalitat_de_Catalunya_-%2Bwikimedia.org.jpg)
ELPAÍS* : Dos empresas que recibieron grandes cantidades de dinero del Palau de la Música por trabajos ficticios entregaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) un total de 775.000 euros en concepto de "donación". Así lo recoge el informe que el administrador concursal de las dos sociedades —New Letter y Letter Graphic— envió hace dos semanas al juez que investiga el desfalco de la institución musical, Josep Maria Pijuan. Las dos empresas, dedicadas al buzoneo y el montaje audiovisual, son proveedoras habituales del partido nacionalista. Según han acreditado los investigadores del caso Palau, ambas facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros a la institución musical. Esos trabajos se cobraron, pero ha quedado acreditado que jamás llegaron a realizarse. La investigación considera que en realidad las empresas fueron utilizadas como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.
Tras declararse en concurso de acreedores, un administrador tomó las riendas de New Letter y Letter Graphic, y descubrió diversas “irregularidades contables” e “importantes salidas de dinero de forma injustificada”, según un informe policial encargado por el juez para seguir el rastro de 18 millones de euros que Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau, retiraron de entidades bancarias. El administrador compareció en el juzgado y ha puesto a su disposición un informe detallado sobre la existencia de un “entramado” a través de esas dos sociedades.
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que la “mecánica establecida” entre esas dos empresas y su matriz, Mail Rent, tenía como “destino final” el pago de 775.000 euros que aparecen bajo una anotación contable: “Donaciones CiU”. Esos pagos quedan recogidos en los registros contables de las tres sociedades, añade el documento.
Otras irregularidades detectadas por el administrador apuntan en la misma dirección: la posible financiación irregular de Convergència a través del Palau. El informe destaca que las empresas usaban dos criterios distintos de facturación “dependiendo del cliente”. Cuando los trabajos corresponden a clientes convencionales, los cobros son de escasa cuantía —“una media de 1.000 euros”, según el informe— y están perfectamente detallados: “Manipulado, informática, artes gráficas, logística....”. Cuando el cliente es la formación nacionalista y entidades relacionadas con CDC, las facturas son “de importes elevadísimos, decenas o cientos de miles de euros”, y están definidas de forma muy genérica bajo el epígrafe de “varios”.
Una de esas entidades es “federación Convergència i Unió (CiU)”, a la que se facturan servicios por un importe de 804.563 euros, una cantidad muy similar a la que las empresas donaron a la formación nacionalista. Los otros clientes especiales son: la Fundación Forum Barcelona, una agrupación de debate asociada a miembros de CDC de Barcelona (65.000 euros); la Fundación Orfeó Català (847.055 euros); la Fundación Ramon Trias Fargas, ligada a CDC (81.573 euros); Coalició per Europa, la marca con la que CiU y otras formaciones concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (458.226 euros); la constructora Proinosa (103.800 euros), y Unitat per les Illes, una coalición de partidos de Baleares entre los que está Unió Mallorquina (15.827 euros). En total, las facturaciones suman 2,3 millones de euros entre 2007 y 2009.
Estos beneficios generaron un fuerte “impacto positivo” en las dos empresas. Para compensarlo y pagar menos impuestos, sigue el informe, se instrumentó una “operativa” de forma que Mail Rent facturó a sus filiales 1,8 millones por “alquileres de maquinaria” que jamás se materializaron.
El informe destaca, además, que las empresas acumulaban cobros por 1,3 millones en un registro bajo el concepto de “deudores” sin que pueda detallarse su origen ni destino. Los importes del epígrafe constan “sin nombre, sin número de identificación fiscal, sin domicilio y sin documento alguno que ampare las cantidades pagadas y permita conocer el destinatario final de esos importes”. El administrador cierra el círculo al sostener que esa cuenta de “deudores” tiene una clara “conexión” con la cuenta de “donaciones CiU”.
Las empresas operaban con “cantidades importantes de dinero en efectivo”, lo que facilitaba movimientos de tesorería “sin dejar rastro” de determinados pagos. Esta práctica, concluye el administrador, está “alejada de los usos habituales y de la ortodoxia empresarial”, ya que “niega transparencia y seguridad en el tráfico de las operaciones”.
El informe remitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a Pijuan abre nuevas vías que acreditarían los pagos a CDC. El juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, tirarán a partir de ahora de ese hilo después de que el informe sobre los 18 millones retirados en cheques no haya dado el resultado esperado. Ese dinero supone más de la mitad del monto total que, supuestamente, fue desviado por Millet y Montull. Los agentes esperaban que alguna de las personas que cobraron esos talones fuese el nexo con CDC, pero la investigación se ha visto dificultada por la opacidad de los bancos. La policía, pese a todo, sostiene en su informe que “sospecha” de la financiación irregular y considera que las revelaciones del administrador avalan eta tesis.
La oposición, por su parte, cargó ayer en bloque contra Artur Mas y exigió explicaciones a CDC por su supuesta financiación irregular. El PSC instó al presidente de la Generalitat a que diga públicamente si mantiene la “palabra de honor” que dio en agosto de 2010 de que no ha habido financiación irregular de su partido a través de esa entidad cultural. “Las informaciones periodísticas y las conclusiones a las que llegaron la comisión de investigación del Parlament y la Sindicatura de Cuentas indican todo lo contrario”, dijo Jaume Collboni, portavoz del PSC. Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, denunció el “silencio” de CDC en torno al caso Palau. “A nadie se le escapa que es el partido mejor financiado de España”, recordó Herrera.
A su vez, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, expresó el convencimiento de su formación de que hay “evidencias más que claras de una presunta financiación irregular de CDC”. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, sostuvo que “no puede haber una sospecha” y Alfons López Tena, diputado de SI, reclamó que CDC y el Gobierno catalán hagan públicos todos los datos porque, según dijo, los ciudadanos “merecen un Gobierno que no les engañe”.
El portavoz de la Generalitat y vicesecretario general de CDC, Francesc Homs, salió al paso de las críticas y retó a “probar las sospechas” sobre la vinculación de su partido con el caso Palau.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 MAY 2012
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Generalitat_de_Catalunya_- wikimedia.org
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DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La edificación del entorno de la playa más importante de la capital sigue generando conflictos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (Atan) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife, que avalaba la aprobación del proyecto de urbanización del Valle de Las Huertas por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife en diciembre de 2004, al entender que no se ha agotado la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.
El colectivo ecologista presentó en marzo de 2008 un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consistorio por el que se autorizaba la urbanización del Valle de Las Huertas, promovida entonces por Inversiones Las Teresitas, SA, entidad que en 2006 vendió los terrenos a Mapfre por 120 millones de euros. Esta demanda fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, por lo que Atan interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico, que también lo ha desechado.
Sentencia
El dictamen de carácter firme, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, otorga al colectivo ecologista la potestad de solicitar a la Administración “la revisión de los acuerdos contrarios a la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística dentro de los plazos señalados”. La sentencia, que ratifica la anterior, señala asimismo que una vez acabada esta posibilidad, la organización podría impugnar dichas resoluciones ante los tribunales.
En declaraciones a este periódico, el concejal de Planificación Territorial y Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt, analizó ayer esta sentencia, que, a su juicio, “no entra en el fondo del asunto”, dado que lo que deniega “es una cuestión formal”.
De esta manera, el edil socialista recordó que el colectivo ecologista tiene la posibilidad de acudir a la vía administrativa a la que hace referencia el auto del TSJC, para lo que tienen un plazo de “cuatro años una vez finalicen las obras”.
Al respecto, José Ángel Martín afirmó que, si bien cualquier cuestión urbanística relacionada con Las Teresitas y Las Huertas “es muy complicada”, el Ayuntamiento “obrará con toda la delicadeza y cautela que merece el tema”.
El TSJC, además de desestimar el recurso por falta de agotamiento de la vía administrativa, impone a Atan el pago de las costas.
Paralización de obras
En septiembre de 2011, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ordenó al promotor (Desarrollos Urbanos CIC, SA, perteneciente a Mapfre) la inmediata paralización y suspensión cautelar de las obras de urbanización que se están ejecutando en la modificación puntual de la urbanización del Sector B del vial de Montaña Morera, habida cuenta de que las obras ejecutadas y por ejecutar en el vial 1 definen unas alineaciones, en ambos márgenes, que no se corresponden con las que fija el planeamiento vigente.
Tal y como indicó el Ayuntamiento en una nota, también se dictó la paralización y suspensión cautelar de las obras que se están ejecutando en el puente sobre el barranco de Las Huertas, a su paso por la parcela B-11 de la zona del barranco, ya que los informes recabados por la GMU contemplan discrepancias entre la planta y la sección transversal de la canalización del barranco, al diferir las medidas de la coronación y la sección.
Además, existen diferencias entre la sección transversal proyectada y la que se encuentra en ejecución.
* Diario de Avisos - 9.5.12
Foto: El proyecto de urbanización de estos terrenos ha estado sujeto a numerosos contenciosos. / MOISÉS PÉREZ
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