ELPAÍS* : La OCU, los sindicatos, los ecologistas y la oposición rechazan la subida del transporte público.
"Momento pésimo". "Error". "Insensato". Varias organizaciones –como la OCU, Facua y Ecologistas en Acción– y partidos políticos –como el PSM, IU o Equo– han rechazado hoy la subida de las tarifas del transporte público en la Comunidad de Madrid. Con todo, hay quien lo celebra. La Asociación Gremial del Autotaxi, en cambio, ha celebrado el incremento del precio del bus al aeropuerto, que consideran que elimina la "competencia desleal".
En la Comunidad, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha considerado que la "histórica" subida "rompe el consenso de los últimos 20 años" y ha lamentado que el PP no crea en el transporte público. Gómez ha insistido en que la presidenta, Esperanza Aguirre, "mintió hace dos meses y cinco días", cuando aseguró que no habría incrementos de tarifas y ha criticado que el precio del transporte ha subido "más de un 80%" desde que ella gobierna. También el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha calificado de "despropósito" el tarifazo y ha considerado que Aguirre "carga una vez más las consecuencias de la crisis sobre los ciudadanos, mientras protege a los más privilegiados". La diputada de UPyD en la Asamblea Loreto Ruiz de Alda ha tildado el aumento de "intolerable".
En el Ayuntamiento de la capital, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, ha exigido a la alcaldesa, Ana Botella, que se oponga a la subida, informa Elena G. Sevillano. También ha pedido a los consejeros municipales en el Consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes que voten esta tarde en contra del "tarifazo". La subida es "exagerada, injusta e incoherente con la situación que viven los madrileños, que vienen soportando continuos incrementos en los tributos", ha asegurado Lissavetzky, que ha recordado que en septiembre la Comunidad compró por 150 millones de euros la participación del Ayuntamiento en el Metro. "Entonces le pregunté a Gallardón cuál era el truco de magia por el cual la Comunidad que no tenía ni un duro, según aseguraba la presidenta, podría reunir tal cantidad de dinero", ha añadido.
El portavoz municipal de UPyD, David Ortega, ha defendido, como el PSOE, que los representantes municipales en el Consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes voten en contra de la subida del 11% de media en los títulos. Ortega ha criticado el incremento puesto que, en su opinión, hace que el coste de la crisis económica recaiga en el ciudadano medio. "Hay margen", ha añadido, para recortar en otras parcelas y lograr una gestión más eficaz.
Desde Equo Madrid temen que el tarifazo fomente el uso del vehículo privado, "aumentando aun más los problemas de contaminación de esta comunidad y de las economías familiares". El partido ecologista resalta que la polución conlleva "un grave problema de salud" a los ciudadanos madrileños que cuesta a la Sanidad pública 6.000 millones de euros. Este partido ve injusto que los usuarios de transporte público, que colaboran en la reducción de este problema y su gasto sanitario asociado, tengan que aumentar su contribución a los costes de este servicio.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca la extremada presión que están sufriendo los ciudadanos en este momento de grave crisis económica. Su portavoz, Iliana Izverniceacu, recuerda que la subida del transporte público en Madrid coincide con un incremento del precio de los carburantes: "Un sueldo medio ya no puede llenar el depósito con frecuencia, pero es que ahora también se va a quedar corto para el transporte público". También apunta que esta medida desincentivará el consumo: "Mucha gente se pensará, por ejemplo, moverse el fin de semana, porque tendrán que guardar sus billetes para trabajar".
Facua Madrid ha rechazado la medida, ha reclamado una gestión "eficaz y eficiente" de este servicio y ha lamentado que "una vez más sean los consumidores y usuarios del transporte público madrileño los que paguen las consecuencias de un incremento desproporcionado y las consecuencias de la mala gestión del Gobierno regional".
El Real Automóvil Club de España (RACE) apunta hacia un posible incremento del transporte privado. Jorge Castellanos, responsable de Movilidad, considera que "lo más llamativo de esta subida es el cambio de tendencia. Las Administraciones son las que tiene que fomentar el transporte púlblico y la movilidad sostenible. Subir el transporte en época de crisis disuade bastante al usuario". Para él, las Administraciones deberían hacer un mayor esfuerzo porque el transporte privado "está en una situación de ventaja respecto al colectivo" y, por ello a su juicio, "la primera opción para circular por Madrid sigue siendo el coche", informa Pilar Álvarez.
"Nos parece insensato y al final es el resultado de lo que ha venido ocurriendo en Madrid durante tanto tiempo, los ciudadanos lo van a pagar", ha considerado el secretario general de Transportes y Comunicación de UGT Madrid, Antonio Oviedo. Este ha destacado que el 80% de los usuarios del Metrobús son trabajadores, que se verán afectados por el incremento del 100% de su precio en seis años. En su opinión, esto, como el resto de medidas, son consecuencia de la falta de planificación y ha denunciado que se han duplicado líneas.
"Menos por más"
"Es menos por más", ha criticado recordando una reciente campaña publicitaria del Metro de Madrid, cuyo lema era Más por menos y que comparaba el precio y extensión de la red madrileña con la de otras capitales europeas, lo que causó gran polémica. Como ejemplo, ha asegurado que el mes pasado había 100 autobuses menos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y en el próximo, se espera la retirada de otros 80. CC OO tilda la subida de las tarifas "desproporcionada y sin precedentes", y solicita la congelación de los títulos que utilizan los usuarios habituales y la creación de un abono social. También recuerda que los billetes más usados por trabajadores y estudiantes, los abonos, suben el triple que el IPC (el 8%).
La Agrupación Gremial del Taxi, en cambio, ha celebrado el aumento del precio del Bus Exprés, el autobús que llega al aeropuerto, que ahora costará cinco euros. Según sus cálculos, el coste de un viaje de cuatro personas (20 euros) en este vehículo se equipara al del taxi, por lo que, a su juicio "desaparece la competencia desleal". "Viajar en transporte público será desde el próximo 1 de mayo mucho más caro. Por el contrario, viajar en taxi seguirá costando igual, pero con las ventajas de siempre: comodidad, rapidez y traslado de equipaje incluido desde la puerta de su domicilio", ha señalado su presidente, Julio Moreno.
Yo No Pago planea una protesta
El movimiento Yo No Pago ha anunciado en su página de Facebook que están organizando una acción en contra del "atropello" que, a su parecer, supone el incremento medio de un 11% del precio del metro y el autobús en Madrid, que se hará efectivo a partir del 1 de mayo. "Ahora más que nunca necesitamos unidad desde todos los frentes #Acampadasol #DRY #Acampadabcn #Spanishrevolution", señalan, al tiempo que aseguran que lucharán y resistirán los "ataques de este sistema depredador".
Yo No Pago, que tiene más de 15.000 seguidores en Facebook, surgió en Grecia el año pasado a raíz de la subida del precio del transporte y organiza acciones en el metro, las estaciones o las autopistas, donde bloquean las máquinas de pago o las inutilizan para que los usuarios pasen gratis. Estos grupos se organizan por internet y convocan acciones de "resistencia a pequeña escala" y "subversivas". En Madrid han actuado varias veces y en las más multitudinarias, en enero y febrero, se registraron detenciones.
* El País - M. F. MAESO / AGENCIAS Madrid 11 ABR 2012
Foto: Usuarios del Metro de Madrid en un andén de una estación. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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ELPAÍS/Valencia* : El conjunto histórico del barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar ha sido incluido en la Lista roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra, dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español y su entorno, en el ámbito de la sociedad civil. Bajo la presidencia de honor de la reina Sofía, la entidad aspira a recoger en su lista roja aquellos elementos del patrimonio “que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores”.
La última incorporación en esa lista es El Cabanyal, debido a las razones que Hispania Nostra explica en su web: “La intención actual del Ayuntamiento de Valencia es llevar adelante un Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que prevé la construcción de una amplia avenida que atraviesa y parte el barrio en dos, altera profundamente su trama urbana, precisa para su ejecución de la expropiación para su posterior demolición de 1.651 viviendas y propone la introducción de un modelo edificatorio totalmente ajeno a la tipología tradicional del barrio. Este supuesto plan de protección conlleva la desaparición de 795 edificios de los cuales 261 figuran en el mencionado catálogo del PGOU, entre los que destaca la Lonja del Pescado. Mientras tanto, pesa sobre el Cabanyal la suspensión sistemática de cualquier licencia pedida al Ayuntamiento de Valencia en interpretación de la orden ministerial de abril de 2010, por lo que no se pueden emprender las necesarias obras de conservación”.
24 fichas en rojo
La decisión de Hispania, asociación de carácter nacional creada en 1976, ha sido adoptada a partir del análisis de los informes y los datos suministrados por entidades interesadas, como la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, y defensoras del patrimonio, según explicó ayer a este periódico el vicepresidente del organismo, Carlos Morenés.
Entre las más de 410 fichas de la lista roja de Hispania (http://www.hispanianostra.org/lista-roja/), aparecen 13 referidas a la provincia de Valencia, entre las que se encuentran diversas alquerías de la huerta; cinco en la provincia de Alicante, como las murallas renacentistas de Altea o el castillo de Orihuela; y seis en Castellón, como los castillos de Montornés, en Benicàssim, o de Almonecir.
* El País - 12.4.12
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
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LNE/Asturias* : El Plan General de Llanes propuesto por el PSOE local es «una versión gemela y deliberadamente empeorada» del aprobado en 2003 (anulado hace un año por el Tribunal Supremo), por lo que debe de ser retirado, reelaborado y sometido de nuevo a información pública, según la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall). El colectivo que preside Domingo Goñi, que ejerce la oposición efectiva en materia urbanística al equipo de gobierno socialista de Llanes desde 1990 y que ha conseguido la anulación en los tribunales de los dos planeamientos anteriores, ha presentado un escrito con 26 alegaciones al documento de prioridades o avance de planeamiento del Plan General de Ordenación (PGO). Según el colectivo, el documento no alcanza «el rigor ni los contenidos mínimos necesarios para servir como base administrativa y medioambiental del Plan General».
La alternativa urbanística elegida, que centra el crecimiento en la franja que va desde Posada hasta San Roque, es según Avall «improcedente», al ser «una versión gemela y deliberadamente empeorada» del planeamiento 2003, que «hereda la práctica totalidad de sus suelos edificables, lo que permitiría alcanzar en Llanes un nuevo volumen edificatorio cercano a las 15.000 viviendas, cifra absolutamente desproporcionada para las necesidades del municipio».
Avall destaca que, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento, en Llanes se construyeron 2.684 viviendas entre 2003 y 2010, en un período de elevada actividad urbanística y de la construcción. El colectivo estima «a todas luces injustificado» proponer, como hace el PSOE, un Plan General con 15.000 viviendas para los próximos 10 años «en el marco económico y urbanístico actual» y con un «importante stock de vivienda sin vender en el concejo, como mínimo en torno a 1.000 viviendas». Con estos datos, Avall propone un Plan General con un stock de unas 1.500 viviendas, cifra que juzga «suficiente para atender las potenciales demandas de primera o segunda residencia en el municipio».
Avall rechaza, asimismo, las calificaciones como núcleos urbanos de Niembru, Celoriu, Barru y Poo, al considerarlas «totalmente injustificadas», pues estos núcleos «carecen de los rasgos sociales y económicos que caracterizan a los verdaderos núcleos urbanos». Avall considera que estas calificaciones sólo están orientadas a «facilitar deliberadamente los aprovechamientos urbanísticos», introduciendo tipologías (vivienda en bloque) y densidades edificatorias «ajenas a los núcleos rurales e incompatibles con la preservación de su identidad urbanística y paisajística».
La Talá es, como ocurre desde 1990, uno de los principales caballos de batalla. «Se pretenden calificar como urbanos los terrenos afectados por el antiguo plan parcial de La Talá, argumentando la existencia de una trama urbana que en todo caso es ilegal, por cuanto las tres determinaciones urbanísticas que la permitieron y que la sostenían (normas subsidiarias de 1993, Plan General de 2003 y plan parcial de La Talá) han sido anuladas por los tribunales», dice Avall.
Asimismo, señala que todos los crecimientos urbanísticos contemplados en el avance de planeamiento que se adentren hacia la ribera del mar dentro de la franja de 500 metros de protección de Costas deberán ser desaconsejados. Avall muestra su rechazo a la construcción de viviendas en bloque y a la decisión de las autoridades locales de reducir al mínimo la construcción de viviendas unifamiliares.
Avall opina que el Plan General que ahora se propone para Llanes, lejos de ser una apuesta por el urbanismo sostenible, será «una pésima solución de continuidad política y administrativa a los despropósitos habidos en el urbanismo llanisco en los últimos veinte años», que «desataron la especulación, favorecieron masiva y excesivamente la edificación y en último término han conducido a la situación actual de parálisis del sector». Y añade que la «única y más sensata» opción urbanística para Llanes pasa por reducir «sensiblemente» el volumen de suelos edificables, para favorecer un crecimiento edificatorio «lento y sostenido», compatible con «la preservación de los valores paisajísticos del concejo e impulsor de la economía local».
Avall indica que el documento de prioridades no contiene «el más mínimo análisis del grado de ejecución del planeamiento anterior», lo que impide conocer el detalle de lo construido, los suelos edificables no ejecutados y, en definitiva, el «impacto territorial» de aquel planeamiento, circunstancia «esencial» para diseñar el futuro PGO.
La agrupación estima «incorrecta e improcedente» la determinación de las diferentes alternativas de planeamiento estudiadas, ya que la elección final «se ha basado exclusivamente en criterios cualitativos, cargados de una altísima dosis de subjetividad y una evidente debilidad argumental o improcedente ligereza de conceptos, muchos de ellos intrascendentes o escasamente influyentes desde el punto de vista urbanístico».
* LNE - RAMÓN DÍAZ - 11.4.12
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es
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![](//2.bp.blogspot.com/-smw7P5Oz3us/T4fX9txiGfI/AAAAAAAAWn4/VcnswJ18w6g/s320/Marbella%252C%2Bgerencia%2Burbanismo%2B-%2Belmundo.es.jpg)
MÁLAGAHOY* : J.A.Roca guardaba en su despacho de Maras Asesores una carpeta con las escrituras del apartamento de Isabel Pantoja en el hotel Guadalpín y el contrato de compraventa de otra vivienda que Maite Zaldívar adquirió en este complejo a la promotora Aifos, además de facturas a nombre de la exmujer de Julián Muñoz por pernoctar varias noches en este hotel. Los dos inspectores de la Udyco que estuvieron al frente de la operación Malaya hasta julio de 2007 explicaron ayer a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan C.López Caballero que se trataba de una carpeta naranja en la que se habían anotado las iniciales J. M., I. P. y M. Z. con un tipo de letra parecido a la del exasesor de urbanismo de Marbella. El contenido de esa carpeta encontrada en el que se considera el cuartel general de J.A.Roca fue el que les llevó a establecer que bajo esos acrónimos se ocultaba la identidad de Julián Muñoz, su exmujer Maite Zaldívar y su expareja, la tonadillera Isabel Pantoja. En definitiva, esa carpeta fue esencial para involucrar a Julián Muñoz en el caso Malaya.
Los agentes indicaron que las escrituras estaban a nombre de Franbel, una sociedad de Pantoja, mientras que el comprador que figuraba en el contrato del segundo apartamento era Senior Servicios Generales, entidad vinculada a Maite Zaldívar.
¿Por qué tenía Roca en su poder documentos relativos a las propiedades de Pantoja y Zaldívar en el hotel Guadalpín? Los investigadores reconocieron ayer que en el informe policial se hizo constar que "no se entendía por qué Juan Antonio Roca tenía esa documentación". Los hallazgos relativos a Julián Muñoz y los negocios de sus sucesivas parejas dieron lugar a una investigación separada que ha concluido en el denominado caso Blanqueo en el que están imputados tanto el exalcalde de Marbella como Pantoja y Zaldívar.
En esa segunda causa, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Isabel Pantoja blanqueó 1,8 millones de euros "de procedencia ilegal" que le proporcionó Julián Muñoz. Ese dinero fue invertido en la compra de un apartamento en el hotel Guadalpín, por el que desembolsó 330.556 euros tras obtener una rebaja de 180.000 euros que el Ministerio Público relaciona con "resoluciones" dictadas por Julián Muñoz, porque dos días después de que se produjera la compra le concedió licencia de primera ocupación al complejo. El segundo destino que encontró el dinero supuestamente obtenido ilegalmente fue la compra del chalé Mi Gitana. En ese procedimiento, que se comenzará a juzgar a finales de junio en la Audiencia de Málaga, también están acusados Julián Muñoz e Isabel Pantoja. De todas formas la carpeta naranja y la documentación que contenía no fueron los únicos elementos que utilizó la Policía para determinar que las iniciales J. M. que encontraron en los archivos de Maras, la contabilidad secreta de Roca, era Julián Muñoz. Además, se contrastó con los registros de llamadas telefónicas y otra documentación en la que también se identificó al exalcalde con estos acrónimos.
Los papeles de Maras recogen en tres ocasiones las siglas J. M. Primero en un archivo denominado hoja de caja cña.xls. en el que Juan Antonio Roca hizo constar dos salidas de dinero por importe de 135.00 y 15.000 euros los días 7 y 11 de noviembre de 2002. Los investigadores relacionan estos dos presuntos pagos con la firma de los convenios de Vente Vacío y Cortijos La Ventilla que condujeron al Ayuntamiento a permutar suelos de su propiedad por otros de valor muy discutible. También aparecen las iniciales J. M. en el archivo ayuntamiento.xls junto a una salida de 12.000 euros que se registró el 10 de diciembre de 2003. Los inspectores admitieron que desconocían la razón de este pago.
Roca ha dado validez a la identificación que hizo la Policía de todas las siglas que aparecen en los archivos de Maras con la única excepción de J. M. que dijo que era un tal Javier Manrique y no Julián Muñoz. Ayer, el letrado de la defensa se esforzó en subrayar que es aventurado mantener que J. M. es el exalcalde de Marbella cuando podría haber sido, por ejemplo, el tesorero municipal, llamado José Muñoz. Los inspectores, en cambio, recordaron la coincidencia de los posibles pagos con la firma de convenios.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 12.4.12
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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