ELPAÍS/Navarra /Entrevista* : Pedro Leoz (1930, Cáseda, Navarra) es sacerdote diocesano. Fue muchos años misionero en El Salvador. Ahora jubilado, mantiene con el obispado de Pamplona una relación "puramente económica" que en algún momento se vio interrumpida. La Iglesia abona el complemento de su pensión, pero se lo retiró inopinadamente durante un año, dejándole una magra paga. "Eso es por mi relación con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro [www.plataforma-ekimena.org]", dice, "que lucha por que las iglesias y otros templos sean de los pueblos".
-Pregunta. Pero cientos de edificios, algunos civiles, pertenecen a las diócesis...
-Respuesta. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar; tres razones del evangelio, como se ve. Incluso afrontar pagos, como ha pasado en EE UU, donde las indemnizaciones por pederastia han diezmado las arcas.
-P. En Navarra hay mucha documentación sobre las inmatriculaciones del obispado. Ustedes han escrito un libro que lo recoge, Escándalo monumental...
-R. Sí, pero esto es un problema nacional, y así hay que afrontarlo. Ocurre en Salamanca, León, Valencia, Extremadura. En la plataforma recibimos peticiones de ayuda y asesoramiento de todas partes. La lucha debe ser colectiva, afecta a pueblos muy pequeños sin capacidad para afrontar los pleitos solos. El Estado español es quien debe afrontarlo, se trata de un inmenso patrimonio cultural y el fenómeno está muy extendido.
P. Pero la Iglesia argumenta que está inscribiendo estos edificios porque le son propios.
R. Bueno, también inscriben casas, escuelas. Las iglesias se han construido con las aportaciones del pueblo y con el trabajo de la gente. ¿Qué han producido ellos para poder construir tanto? Y además, inscriben la propiedad de los templos gracias a una ley que es inconstitucional. Cuarenta años de franquismo han dejado un poso profundo y no todo el mundo se atreve a enfrentarse con la Iglesia, a plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
P. Desde la plataforma, ¿qué recomiendan a los alcaldes?
R. Comprobar la titularidad de las ermitas, las casas rectorales... Y que las inscriban los Ayuntamientos. Si ya las tiene la Iglesia, que revisen sus archivos, documenten la propiedad. Hay que vencer este atropello.
* El País - C. M. - Badostain - 16/07/2011
Foto: Pedro Leoz cree que la Iglesia está "cometiendo un atropello" - elpais
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* denunciará el pelotazo urbanístico que el Ayuntamiento pretende perpetrar con la recalificación de los terrenos para Ikea.
Ecologistas en Acción se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla pretende recalificar el sector de San Nicolás y fomentar la burbuja especulativa, beneficiando a la multinacional Ikea en detrimento de los ciudadanos, eludiendo la normativa existente y valiéndose de la creación de empleo como excusa para que el proyecto salga adelante aún siendo contra Plan General de Ordenación Urbana.
La empresa Ikea ya posee un centro en Castilleja de la Cuesta donde las infraestructuras de acceso son bastante deficientes, al no haberse planificado durante su construcción, creando saturaciones de coches en la zona aledaña. Lejos de aprender, esta situación parece que se quiere repetir en la zona de San Nicolás.
Ahora la multinacional quiere no solo los 40.000 m2 necesarios para la construcción del nuevo centro, posibilidad prevista en el PGOU, sino que además exige la recalificación de otros 100.000m2, para vender el exceso de edificabilidad a un precio superior del real, con motivo de la nueva recalificación.
Además, como consecuencia colateral esta jugada urbanística lleva aparejada la construcción de un tramo de la SE-35 que partiría por la mitad el recientemente inaugurado parque del Tamarguillo, destruyendo parte de los huertos de ocio allí existentes.
El PGOU ha de respetar la normativa tanto estatal, como autonómica y local en su desarrollo y ejecución. Pues bien, atendiendo a las recientes declaraciones del Ayuntamiento de Sevilla en relación a la construcción de un segundo IKEA, en la zona correspondiente a San Nicolás Noroeste calificadas según el PGOU como SUNS y SUS, con destino a actividades productivas y servicios terciarios, resulta vulnerada gran parte de la normativa urbanística (se indica al final).
Ecologistas en Acción quiere recordar que ese PGOU es un esfuerzo de pensar y elaborar cómo se quiere la ciudad, por toda la gente que quiere participar en una larga tarea de diálogo. Las decisiones de ordenación del territorio urbano ayudan a equilibrar demandas, usos, tráfico, ubicación de servicios, viviendas, etc. Cambiar poco a poco el PGOU rompe un largo esfuerzo de racionalizar la ciudad, siempre en construcción, en beneficio de quienes tratan de colar sus particulares intereses sin pensar en el conjunto de la población.
Ojo, mucho ojo, con una apresurada intervención que trata de romper las lógicas acumuladas en una norma necesaria de una ciudad adulta como es el PGOU, que no debe estar sometida a caprichos de quienes sólo buscan su particular beneficio, por muchas excusas de puestos de trabajo que... después se ve que sólo eran excusas para disfrazar los intereses de unos cuantos. Hay demasiados precedentes para no ver, una vez más, al lobo disfrazado de ovejita.
Ecologistas en Acción estará vigilante sobre este movimiento especulativo y no dudará en tomar las medidas que hagan falta para hacer respetar la legalidad urbanística.
Anexo, Normativa que resultaría vulnerada:
Arts 10.3, 11, 15, 16 del RDLeg 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Arts 213 y ss RD 3288/1978, de 25 de 25 de agosto, del Reglamento de Gestión Urbanística
Art 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, que desarrolla los Títulos VI y VII de la LOUA.
Ordenanza de Urbanización de Sevilla, BOP nº 78 ,de 29 de marzo de 2005.
* Ecologistas en Acción - 15.07.11
Foto: Sevilla, tráfico junto a Ikea - abc
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LEVANTE* : El Defensor del Pueblo advierte a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Benissa -aunque es un aviso general al conjunto de las corporaciones- que "ni deben, ni pueden aprobar planes urbanísticos que no tengan el agua garantizada por el organismo de cuenca correspondiente", la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de la Comunitat Valenciana. Así se refleja en una respuesta remitida por el Defensor del Pueblo (el adjunto segundo, Manuel Ángel Aguilar Belda, responsable del área de Ordenación Territorial) a la Asociación Abusos Urbanísticos No, a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La respuesta de la institución forma parte del expediente de queja que presentó AUN contra el Ayuntamiento de Benissa por la aprobación de once PAI (programas de actuación integrada) "sin que estuviera acreditada la suficiencia de recursos hídricos" además de "no cumplir la premisa de interés público e implicar la destrucción del atractivo paisajístico de la zona".
En el caso del Ayuntamiento de Benissa éste pretende que las garantías definitivas sobre la suficiencia de agua las acredite el Servicio Municipal de Aguas Potables, que depende del mismo consistorio. La alta institución del Estado responde de forma tajante a estas pretensiones municipales. "El Defensor del Pueblo no puede aceptar sin más la interpretación que plasma el Ayuntamiento de Benissa sobre quién ha de emitir el informe" sobre la suficiencia hídrica. "Es claro que no puede ser emitido por entidad distinta del organismo de cuenca, a juicio de esta Defensoría", argumenta el alto organismo.
Y añade: "Los informes emitidos al amparo de la legislación territorial y urbanística autonómica de entidades colaboradoras autorizadas para el suministro (de agua) no pueden sustituir los pronunciamientos que corresponden a la confederación hidrográfica". Por lo tanto, "la comunidad autónoma nunca debería admitir a trámite un expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva si no incluye el informe previo de la confederación hidrográfica, o si lo incluye y es desfavorable". El Defensor del Pueblo también lanza una advertencia a las corporaciones municipales. "Tampoco los ayuntamientos deben aprobar instrumentos urbanísticos que llevan consigo un incremento del consumo de agua, si no cuentan con el previo informe favorable del organismo de cuenca".
El Plan General de Benissa está aprobado definitivamente desde el 14 de abril de 2003 -bajo el paraguas de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Los once PAI que cuestiona la asociación Abusos Urbanísticos No están incluidos en el Plan General como "ámbitos de suelo urbanizable", aunque se desarrollaron al detalle mediante el trámite previsto en la LRAU de la "Cédula de Urbanización" (un mecanismo urbanístico que garantiza la coherencia con el Plan General, para que no se contradigan, y la integración en el entorno). La Generalitat aprobó entre 2004 y 2008 las cédulas de urbanización de seis de los once PAI y exigía al Ayuntamiento de Benissa que, antes de aprobar definitivamente estos planes, contara con "informes de las administraciones competentes que garanticen la suficiencia de recursos hídricos y un certificado municipal que acredite la disponibilidad del suministro de agua potable y que la nueva urbanización no merma las disponibilidades de caudales existentes". Como este último se emite por el Servicio Municipal de Aguas Potables es el Ayuntamiento de Benissa el que debe certificar que tiene agua suficiente para los PAI que tramita. El equipo de gobierno de Benissa también alega que, como el Plan General se aprobó en 2003, con todos los informes favorables, no precisa del informe específico de la CHJ.
* Levante - 18.07.11
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es
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PÚBLICO* : Los indignados volvieron a impedir mediante la movilización pacífica el desalojo de dos viviendas, una en Vallecas y otra en Leganés, después de lograr que las autoridades aplazasen el desalojo por motivos de orden público.
En Leganés, cerca de un centenar de indignados concentrados frente a una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid impidieron el desahucio de un matrimonio con cuatro hijos, dos de ellos parados y otros dos menores de edad, que no han podido hacer frente a los pagos de su vivienda. Esta acción fue convocada por la Asamblea popular de Leganés y por la Plataforma de Afectados por el IVIMA, que está en proceso de creación y supone una nueva rama o especialización dentro del Movimiento 15-M, en el que ya existe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La necesidad de esta nueva plataforma responde al gran número de desahucios de viviendas del Ivima, según explicó Olga Mkhaylova, una de las portavoces de Democracia Real Ya.
Por otro lado, el desahucio de Vallecas afectaba a un matrimonio de mayores, que residen desde hace 30 años en una vivienda alquilada, de renta antigua, de la que quiere desalojarles el propietario de la misma, según explicó Chema Ruiz, uno de los portavoces de la PAH. Unas 60 personas convocadas por la Asamblea de barrio de Vallecas se concentraron frente al edificio, en el número 6 de la calle Los Riojanos, en apoyo del matrimonio que, según Ruiz, había depositado los pagos en el Juzgado a última hora del pasado viernes, ya que el propietario se había negado a aceptarlos. En este caso, sólo fue necesario acreditar este depósito ante el secretario judicial, ha agregado Ruiz, para quien se trata de "un caso claro de especulación y ahora el propietario tendrá que intentar la resolución del contrato de alquiler que, al ser de los de renta antigua, están muy blindados".
* Público - EFE - 18.07.11
Foto: La familia se abraza después de que los indignados logren paralizar el desahucio - publico
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ELPAÍS/Málaga* : Los miles de conductores que utilizan el eje principal de la Costa del Sol, la A-7, que en estas fechas se multiplican exponencialmente, se han encontrado de buenas a primeras al inicio del verano con que en la mayoría de los tramos entre Estepona y Mijas no podrán circular a más de 80 kilómetros de velocidad, 20 menos que hasta ahora. El Ministerio de Fomento, titular del principal eje viario de la franja costera aduce razones de seguridad para adoptar esta medida tan sorprendente en su ejecución, sin aviso previo, como en su fondo, pues se supone que la autovía está diseñada para admitir velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, como ha sido siempre hasta ahora. El pasado día 5, la A-7 amaneció con nuevas señales de limitación de velocidad, que queda fijada en 80 kilómetros de máxima entre los puntos kilométricos 158,5 y 175,300, entre Estepona y Marbella; y 183,300 y 207,500, entre Marbella y Mijas. En estos 41 kilómetros en total existe como alternativa a la autovía la autopista de peaje AP-7, con dos puntos de pago en Calahonda y San Pedro Alcántara, que en temporada alta cuestan 6,30 euros y 4,25 euros, respectivamente.
Un portavoz del ministerio de Fomento ha negado que la medida de reducción de los límites de velocidad en la vía de libre acceso tenga como objetivo procurar una mayor utilización de la carretera de peaje, ni que la concesionaria, Cintra, haya realizado ninguna petición en tal sentido. "La decisión sólo responde a razones de seguridad, y la prueba es que hay otras autopistas en España con problemas económicos mayores que los de la Costa del Sol y sin embargo no se ha tomado ninguna medida de este tipo", ha argumentado.
Según Fomento, la decisión se inscribe en un "proyecto de mejora de la movilidad y la fluidez" en lo que fue la antigua N-340 y que justamente se acomete ahora porque se intensifica el tráfico. La argumentación técnica es que se pretende dar más seguridad a los puntos de incorporación y salida de la autovía, donde suelen generarse las principales tensiones en cuanto a accidentes y retenciones, y habilitar zonas de aceleración y desaceleración pero que en esta parte de la carretera no caben porque no hay espacio al estar muy constreñida entra las urbanizaciones. La alternativa sería el cierre de estos puntos de incorporación, pero "muchos de ellos son el único acceso a las urbanizaciones que se quedarían aisladas", explica el mismo portavoz, para justificar que la decisión final haya sido reducir la velocidad máxima, aunque al mismo tiempo admite que estos tramos "no son especialmente de los que más índice de accidentes presentan".
La Asociación de Automovilistas Europeos no sólo cuestiona las consideraciones técnicas de la medida y su efectividad para la circulación, sino que aún más duda de su legalidad, ya que la Ley de Tráfico de 2009 obliga a comunicar este tipo de medidas a las autoridades de tráfico con un mes de antelación, algo que curiosamente no se ha hecho en este caso.
La Dirección General de Tráfico no ha tenido oportunidad de emitir pronunciamiento alguno sobre la reducción de la velocidad en la A-7. Preguntada por la cuestión, la delegada provincial de Málaga, Trinidad Hernández, se limitó a informar de que "es una medida adoptada por el Ministerio de Fomento por motivos de seguridad". Algunas críticas con la medida han atribuido a esta motivos recaudatorios por parte de la DGT porque sería previsible un incremento de multas.
También se quejan de la falta de comunicación previa los alcaldes de la zona, que para la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, constituye una "falta de lealtad institucional". "La medida es un despropósito, una irresponsabilidad y una vez más es fruto de la improvisación", lamenta Muñoz.
Los Ayuntamientos de la zona se han situado en cabeza de la riada de protestas por la limitación de velocidad en la A-7, en la que incluso ven en una medida de agravio y castigo político. Ángeles Muñoz por ejemplo se pregunta qué ha hecho su ciudad "para que el PSOE y el Ministerio de Fomento la machaquen una y otra vez cuando lo único que hace es pagar muchos impuestos, aportar recursos y ser conocida internacionalmente". La regidora del PP denuncia que hace un año se paralizara el plan para mejorar la A-7 que anunciaron "a bombo y platillo los dirigentes socialistas" con una inversión de 50 millones de euros y "ahora la solución sea reducir la velocidad si previo aviso para multar a todos los que pasen por Marbella".
*El País - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/07/2011
Foto: Mijas (Málaga), calahonda autovia - wikipedia
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JOSEP MARIA MONTANER/Barcelona* : Será interesante ver cómo el nuevo Ayuntamiento, de momento con un programa tan indefinido, afronta alguno de los problemas endémicos de la ciudad. Pongamos tres ejemplos: La Rambla, los entornos de la Sagrada Familia y el parque Güell. Los tres son distintos en su configuración, pero tienen en común el colapso que se genera por ser espacios muy delimitados y por demostrar una relación servil y ambigua con el turismo, al no tener en cuenta la capacidad de carga de cada lugar y permitir malos usos.
No se puede negar la degradación que se ha ido produciendo en La Rambla: la última generación de quioscos dedicados al consumo desmerece los precedentes de quioscos para pájaros, periódicos y flores, de formas elegantes, ligeras y con cuatro caras. Posiblemente a cada producto le corresponda su forma, y la de los quioscos para turrones, helados y camisetas ha de ser lo más vulgar posible y han de dar la espalda a la vida urbana de las aceras. La Rambla, que había caracterizado a Barcelona, es hoy una vía que todo barcelonés evita y atraviesa rápidamente, y huye de ella al salir de las bocas de metro. Caminar por La Rambla, tan necesitada de un rediseño del mobiliario urbano, significa entrar en un colapso de turistas de todo tipo que se arremolinan en torno a trileros y estatuas vivientes, y que se sientan en terrazas de bares de falsa variedad.
Por endémico, el problema del exceso de autocares en los alrededores de la Sagrada Familia no ha dejado de ir empeorando. Los vecinos reclaman desde 2008 un mayor control del paso de autocares y hace unas semanas la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia lanzó la campaña A la caza del autocar turístico mal aparcado, hartos del abuso de centenares de ellos cada día. Hay pocas ciudades que sean tan serviles al permitir que se pueda aparcar justo al lado de la catedral o de los monumentos más significativos. No les iría mal a los turistas caminar un poco más y a los autocares aparcar bien un poco más lejos.
Después de años luchando contra la absurda decisión de hacer pasar el AVE por la calle de Mallorca, hoy la reivindicación alrededor de la Sagrada Familia consiste en poder sobrevivir en un área arrasada por los vehículos del turismo y las tiendas de souvenirs, alrededor de un monumento que reclama un proyecto de encaje urbano.
Y otro enclave extremadamente problemático, y este sí requiere que nuestros queridos turistas vayan en caminata, es el parque Güell, el paisaje mágico de Antoni Gaudí, que la desidia ha dejado como ofrenda a los dioses del negocio turístico. Más allá de la proliferación de esculturas vivientes y del zoco de manteros, lo que pone enfermo a cualquiera con una mínima sensibilidad por el patrimonio es el uso abusivo que hacen algunos visitantes, trepando por las columnas, subiendo a los muros, sentándose en las esculturas y saltando por los bancos. Sabemos que el debate para proteger el acceso al parque Güell es complejo y lleva años sin que la política municipal haya podido encontrar una solución que tenga consenso (rechazado siempre por el partido que hoy gobierna) y que sea justa para todos los actores: un patrimonio que proteger, con acceso libre para los vecinos y con un necesario control de aforo que comporte restricciones para una afluencia masiva que acaba convirtiéndose en vandálica.
Pocas pistas ha dado el actual Ayuntamiento de cómo va a afrontar estos problemas endémicos (y otros, como los equipamientos pendientes en Can Batlló o el freno a la decadencia de Can Ricart), pero estos tres ejemplos pueden ser un buen termómetro para medir si la voluntad genérica de favorecer la vida de los barrios recurriendo a la sostenibilidad y a los medios tecnológicos (con unos técnicos fascinados por la inteligencia artificial y tecnológica) se van a aplicar realmente o no se trata más que de argumentos ideológicos. Estos casos pueden servir como indicadores para ir midiendo si realmente hay una nueva política municipal, capaz de delimitar la capacidad de carga de cada entorno urbano y social, para entenderlo a fondo, protegerlo y mejorarlo, o en realidad va a aplicarse una mirada superficial, con acciones prescindibles que no afronten los problemas clave.
* Josep Maria Montaner es arquitecto.
* El País - Opinión - 14.07.11
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