SERGIO AGUAYO/México* : Urge ser integral en la guerra contra el crimen organizado. El Gobierno federal podría, por ejemplo, controlar por medio del Infonavit y el Fovisste el urbanismo salvaje, uno de los nutrientes del crimen organizado. En las guerras modernas el poder de fuego es sólo una de las variables. En el ya famoso diálogo entre Julio Scherer García e Ismael "El Mayo" Zambada publicado en Proceso, éste último lanza la pregunta: "El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos?". Responde con un fatalismo interesado pero realista: "el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción" que, añado, interactúa con una cultura de la violencia que se desborda horrorizándonos. ¿De dónde sale tanto odio, tanto impulso destructivo? Para responder estas preguntas sirven los académicos y una importante dependencia federal, cuya identidad se revela al final del texto, comisionó en 2009 estudios en varias ciudades para tener un "primer acercamiento a los posibles factores" que detonan la "violencia social y de género", porque si las "violencias son construcciones sociales, económicas y culturales", en la medida en la que se les conozca será "posible realizar intervenciones para prevenirlas".
De esos estudios rescato las principales conclusiones de los trabajos sobre Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad Juárez coordinados por Greta Papadimitrou, Guadalupe Rodríguez Gómez y Laurencio Barraza respectivamente,para consultar los trabajos ir a www.sergioaguayo.org.
El urbanismo mexicano reproduce las reglas del capitalismo de compadres: el sector privado impone la distribución geográfica y la modalidad de los nuevos asentamientos porque hay una privatización formal e informal de la tierra, de la vivienda y de la política urbanística. El Estado, o lo que queda de él, es un alcahuete al que sólo interesan el dinero que recibe por cambiar el uso de suelo o recibir obras incompletas o maltrechas.
El desorden se facilita por la rotación permanente de gobiernos locales (no hay reelección), por la degradación ética de todos los partidos y por la miopía de la autoridad federal.
Ejemplo: en la última década, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha entregado más de tres millones de créditos y en sus documentos presume de "sustentabilidad", de "construcción de tejido social" y de "respeto al medioambiente". Es una retórica vacía de contenido porque las investigaciones aquí citadas muestran un panorama diferente.
En nuestras ciudades hay dispersión urbana que reproduce la segregación económica y social, ciudades-dormitorio donde no se convive y espacios públicos despersonalizados, descuidados o abandonados. Tierra de nadie en la cual es notoria la escasa presencia de las instituciones del Estado. La alternancia no ha construido el capital social que hace funcionar la democracia; ha hecho jirones el que existía.
El desarrollo económico, cuando lo hay, tampoco ha resuelto las diferencias; las ha acentuado. En suma, salvo contadas excepciones, las ciudades mexicanas no se disfrutan, se sufren.
Los vacíos se han llenado con nuevos actores sociales, entre ellos el crimen organizado. Su presencia es mayor donde tenían presencia, Guadalajara y Juárez, y donde hay dinamismo económico y nudos de comunicación. Ciudad Juárez es un caso paradigmático. Ahí llegaron las maquiladoras en los sesenta, pero el auge de empleos sólo deterioró el tejido social.
El PAN ganó la gubernatura en 1992 pero la alternancia sirvió de poco. Una de las investigadoras, Delia Brenda Acosta Beltrán incluso sostiene que la "desigualdad urbana" ha sido un mayor detonante de la delincuencia que la pobreza.
Hugo Almada escribe, por su parte, sobre las viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, una realidad generada por la "facilidad para la obtención de créditos y la sobre-producción de vivienda de interés social" con materiales de ínfima calidad y sin infraestructura. El resultado es que "unidades enteras de estas viviendas parecen hoy pueblos fantasmas".
Las investigaciones realizadas por INCIDE Social fueron auspiciadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación cuyo titular, Francisco Blake Mora, es el secretario ejecutivo del Gabinete de seguridad que debería ordenar ya al Infonavit y al Fovissste que impongan condiciones más estrictas a los "desarrolladores". Ignorarlo es perpetuar el urbanismo suicida.
La miscelánea
Murió el multifacético Ario Garza Mercado de El Colegio de México. Como maestro nos enseñó la metodología de la investigación, como bibliotecario sentó cátedra y como ser humano fue excepcional. Tomo prestados algunos adjetivos de un texto de Heshmatallah Khorramzadeh: Ario fue riguroso y disciplinado, tierno y apasionado, pícaro y alburero. Difícil olvidarlo.
* Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: Sergio Aguayo Quezada
* Periódico Noroeste - Opinión - 20.01.11
Análisis: Urbanismo suicida
Atentado contra la casa de la alcaldesa de Turís por el urbanismo
Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.
El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.
El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. "Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz", afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: "Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos". Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina."La suerte", siguió Blasco, "es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar". El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.
El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.
Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.
El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.
¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.
No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.
* El País - 22.01.11
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos
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Piden diez años de cárcel para el ex alcalde de Gójar por delitos urbanísticos
La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias (entre ellos el actual alcalde).
Según el Ministerio Público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
Falseamiento del PGOU
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral han sido dadas hoy a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que ha dicho que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella.
La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno, según Clavero, que dice que él se limitó "a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa" pero "en ningún caso" participó de la decisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha llamado al PP a la práctica de una política "limpia y clara".
* Ideal - EFE - 21.01.11
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
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Los ingenieros culpan también al 'desarrollismo' de las inundaciones
PLANIFICACIÓN
Según la opinión de la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad gallega, al planificar el urbanismo 'hay que tener una visión histórica del paso del agua por determinados sitios', y sin embargo 'hoy se están poniendo demasiadas puertas al campo'.
García hizo hincapié en que las inundaciones 'se pueden evitar' con actuaciones que 'son caras' y recomendó a los ayuntamientos que contraten a ingenieros del mismo modo que cuentan con arquitectos municipales, con el objeto de realizar planeamientos específicos que eviten episodios como los de las riadas de los últimos días en las localidades referidas, que a la postre generan más daños y salen más caros que si se hubieran realzado acondicionamientos de las zonas afectadas.
* La Región - 18.01.11
Foto: Vilagarcía (Pontevedra), inundaciones - lavozdegalicia
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La asociación ciudadana Otro Castro Es Posible reclama la desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma
MUCHOCASTRO/Cantabria* : La semana pasada hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula el plan parcial del SUNP-7 en Mioño. Esta sentencia se une a un rosario de anulaciones judiciales que sumadas a las diligencias penales abiertas por diferentes asuntos urbanísticos han colocado al Ayuntamiento en una situación de crisis de difícil alcance, con repercusiones políticas obvias habida cuenta de la cantidad de políticos y técnicos afectados, y que, muy probablemente tengan consecuencias económicas de tal envergadura que dejen hipotecado nuestro Ayuntamiento durante muchos años.
El SUNP-7 entre La Loma y Mioño: Urbanismo especulativo
Paradigma de urbanismo estúpido es el SUNP-7. Se trata de un desarrollo urbanístico sobre una zona que se sitúa entre La Loma y Mioño, en lo que era un eucaliptal de considerable pendiente que desciende hasta la antigua vía del ferrocarril, entre el campo de fútbol de Mioño y el mesón el Túnel; son 75.000 m2 de superficie en los que se prevé construir 176 viviendas en gran medida construidas sobre pendientes que superan los 50º.El plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos políticos a pesar de las serias reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo, y muy a pesar de que ese plan parcial, tal y como sucede también con las viviendas construidas en La Loma, no tiene garantizado el suministro de agua, que se emplaza a la construcción de un depósito de agua sobre la falda del monte Cueto, en un suelo protegido que en estricta aplicación de la ley no puede albergar ese tipo de edificaciones. Para mayor vergüenza diremos que el Ayuntamiento es quien debe costear el acceso, la urbanización y edificación del depósito, y la conexión con la red general del suministro, en Chinchapapa: estamos hablando de más de un millón de euros a costa de nuestras maltratadas arcas municipales. Urbanismo especulativo que tiene que ser costeado por todos los ciudadanos.
Cuando se aprobó el Plan General en junio del 97, esta zona estaba calificada como Suelo No Urbanizable, es decir, sobre la misma no se podía edificar. Oscuros intereses propiciaron que muy pocos años después se reclasificara, a pesar de las reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo que finalmente cedió y se plegó a la insistencia de una sociedad promotora de Santander, Mipla de Inversiones S. L., aprobando la modificación del Plan General y reclasificando esta zona como Suelo Urbanizable No Programado el 30 de marzo de 2004. Esta clasificación de “No Programado” de acuerdo con la ley del Suelo de Cantabria es equiparable al “suelo residual”, es decir, que no tiene prioridad para su desarrollo, y más concretamente y a tenor del la propia ley en este tipo de suelos “pueden desarrollarse aquellos destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el suelo urbanizable delimitado”. Resulta sorprendente y sospechoso que, a una velocidad rara en los trámites urbanísticos, el Ayuntamiento aprobara inicialmente el plan parcial el 23 de junio de ese mismo año, estafando las propias previsiones de la ley pues ni la zona resultaba prioritaria para las necesidades de desarrollo de la ciudad, ni se habían agotado las posibilidades del suelo urbanizable que por aquel entonces tenía más de un millón de m2 por desarrollar en el municipio. Una vez más se demuestra que el Ayuntamiento ha estado plegado a intereses meramente especulativos.
Desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma.
En la actualidad el Ayuntamiento ha encargado la revisión del Plan General de Ordenación y ya hay una propuesta encima de la mesa. El PSOE se ha limitado a dar a conocer esta propuesta a través de su página web, pero por lo general los partidos políticos, cuando de urbanismo se trata, hacen mutis por el foro. La propuesta del Plan General resulta preocupante, en cuanto que se reincide en los errores más o menos intencionados que ha padecido el crecimiento urbanístico de los últimos años. Es una cuestión que iremos desgranando, y lo tenemos que hacer desde Otro Castro Es Posible con el empeño de que este sea debate para las próximas elecciones municipales. Los ciudadanos queremos saber cual es la propuesta de desarrollo urbanístico que se plantea desde las diferentes opciones políticas. Estamos convencidos de que otro urbanismo es posible; un urbanismo a escala de los ciudadanos y que se apoye en las cualidades del territorio; un urbanismo en el que prevalezca el interés público frente a la especulación; un urbanismo en el que se priorice la protección del medio ambiente.
Concretamente en el caso de La Loma, pedimos que se desclasifiquen los suelos programados que injustificadamente proceden de operaciones de reclasificación y que han metido a este municipio en un problema muy serio. Nos estamos refiriendo al SUNP-7, al SUNP-4, y al SUNP-12, todos ubicados entre la Loma y Santullán. En el caso del SUNP-12 existe además la presunción de sospecha de comisión de delitos de prevaricación urbanística según se desprende de las diligencias penales que instruye el juzgado de Castro Urdiales. Independientemente de los resultados de lo que aún está pendiente de juicio, lo que si sabemos ya es que una ciudad no debe desarrollarse por efecto de la especulación urbanística, o dicho de otra forma, del enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la ciudad.
La desclasificación es una figura incómoda para los políticos, y a decir verdad, poco habitual en la práctica administrativa cuando de ello se deriva la pérdida de plusvalía, es decir, de suelo urbanizable a suelo no urbanizable. La práctica habitual, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ha sido justamente la contraria, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, tal y como ha sucedido en la Loma. Ha sido la jurisprudencia quien ha definido la viabilidad jurídica de la desclasificación. Sobre esta cuestión se litiga si al propietario o promotor le corresponden una indemnización por ver perdida su expectativa de construir. Las fuentes consultadas nos dicen que sólo cabría indemnización en el caso de que el propietario o promotor hubiera cumplido con los deberes urbanísticos, entre ellos costear la urbanización. Esto sólo se ha producido en parte en el SUNP-12, pero sobre este plan parcial pesa como ya hemos dicho diligencias penales que avisan de una tramitación fraudulenta.
Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el Ayuntamiento, vía plan general, actuara por la vía de la desclasificación; sólo es cuestión de voluntad política, seguida de la necesaria claridad para saber cual es el modelo de municipio en el que queremos vivir.
Voluntad política, eso es justamente lo que estamos echando en falta.
* ASOCIACIÓN CIUDADANA OTRO CASTRO ES POSIBLE
* Mucho Castro - 21.01.11
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Venezuela: Los Sin Techo, movimiento popular en acción
En su mensaje reciente del pasado sábado a la Asamblea Nacional se fijo como meta entregar 350 mil viviendas en los próximos 24 meses (2011-2012) y el Ministro Farruco, arquitecto encargado en la Presidencia del tema de Vivienda y el desarrollo urbanistico de Caracas para obtener su reconstrucción, ha dicho que en 5 meses estaran listas casi 30 mil viviendas en Caracas.
Agreguese la acción oficial contra la especulación y el atraco descarado de cientos de empresas constructoras que acumulan millones de bolivares con planes de casas y apartamentos que no entregan, despues de años de espera, porque la ausencia de una severa legislación en la materia propicia el mas descarado fraude en las promesas de compraventa, modificadas caprichosamente por los constructores para reajustar de mánera subita y astronómica los precios inicialmente pactados con las familias que canalizan con enormes sacrificios ahorros para adquirir sus viviendas.
Sin quitarle la importancia debida a esta acción gubernamental, ella se torna irreleventa en la solucion global del problema de vivienda descrito, dada la espesa maraña burocrática que todo lo desvia y la incontenible corrupción de los interventores que terminan apropiandose de las casas y apartamentos para repartirlos entre sus redes familiares y clientelares, omitiendo criterios de equidad, transparencia, justicia y solidaridad, frecuentemente invocados en la retorica dominante. Es francamente deplorable la ausencia de mecanismos de control social efectivos que permitan la correcta ejecución de las estrategias presidenciales para prevenir el cáncer de la depredación y la apropiación privada de los bienes públicos que deben ser focalizados para el servicio de los más necesitados, las familias obreras, campesinas y populares venezolanas.
Como el tiempo pasa y las soluciones anunciadas no llegan con la celeridad requerida, las miles de familias destechadas se estan organizando de manera espontanea en los principales centros urbanos del país para implementar esquemas eficaces de urbanismo y vivienda. Los primeros dias del mes de enero del 2011 estan mostrando una amplia movilización popular de los Sin Techo, invadiendo terrenos ociosos y ocupando viviendas y edificios desocupados porque sus dueños, verdaderos terratenientes urbanos, estan esperando el mejor momento para realizar jugosos negocios de venta en complicidad con la burocracia publica. El caso de la ciudad de Valencia ilustra esta situación, pues su muy socialista y chavista (PSUV) alcalde, E. Parra, ha movilizado la Guardia Nacional y los organismos represivos para perseguir y encarcelar las familias que se han movilizado en lucha por su vivienda.
Los Sin Techo es una subjetividad revolucionaria que se agrega al movimiento popular venezolano, que debe ser considerada en la lucha de quienes honestamente se han planteado el objetivo de transformar de manera radical la estructura oligarquica dominante en la nacion.
Los planes y compromisos del Presidente Chávez en materia de vivienda van a fracasar si se dejan en manos de la ineficiente y corrupta burocracia de los ministerios correspondientes, a la cual solo le interesa hacer negocios y amasar inmensas fortunas por cuenta de las necesidades de millones de venezolanos.
Las soluciones de vivienda llegaran de la mano con la más amplia participación de los movimientos de viviendistas y de los Sin Techo. Estos movimientos deben intervenir sin controles burocraticos y sin limitaciones politiqueras para garantizar que los recursos y dineros canalizados para este fin se apliquen honesta y correctamente en la compra de tierras, en la adopcion de los urbanismos complementarios (acueducto, alcantarillado, redes electricas, redes telefonicas, recoleccion de basuras, centos comunales, deportivos, educativos de salud, etc), en el pago de los diseños, en la compra de materiales de construcción, en el pago de salarios y jornales y en la cancelacion de los impuestos correspondientes.
Lo cierto es que este problema del déficit habitacional no da espera y se requieren ya las soluciones. No bastan los simples discursos oficiales. Los bien intencionados compromisos del Presidente Chávez requieren de una titánica voluntad política que supere los obstáculos de las burocracias corruptas e ineficientes.
* Kaos en la Red - Horacio Benítez - 17.01.11
Foto: Venezuela, protesta de los 'sin techo' - kaosenlared
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Navarra tampoco se vende
REGINA GALARZA, AURORA SADA Y PILAR MALÓN* : Durante los últimos años se han ido constituyendo a lo largo y ancho del Estado asociaciones de ciudadanos que luchan contra la especulación urbanística y contra la corrupción, asociaciones que han utilizado el nombre no se vende y que se han agrupado en torno a la Coordinadora Estatal en Defensa del Territorio. Los telediarios nos han hecho asociar el problema con el Mediterráneo pero, desgraciadamente, Navarra no es diferente. Por eso queremos gritar que Navarra tampoco se vende. No se vende a los especuladores inmobiliarios que, acostumbrados a beneficios estrambóticos, pasan por encima de lo que haga falta con tal de conservarlos. Y no se vende a los políticos que por intereses difícilmente confesables les tienden puentes de plata para que puedan asaltar el patrimonio de sus ciudadanos y vecinos. Y que para ello desconocen la legislación por ellos mismos aprobada (ver, por ejemplo, la ETN y los POT en cuanto al patrimonio natural y cultural). En Olite, Urdiain, Estella y en tantos pueblos de Navarra estamos asistiendo, todavía hoy, al intento del mantenimiento a toda costa de un modelo de urbanismo desarrollista, absolutamente insostenible, que atropella los derechos fundamentales de los vecinos y piensa sólo en el beneficio a corto plazo de unos pocos.
Y lo hace, a menudo, utilizando un mecanismo legal que ha sido pervertido y elevado a la categoría de norma general cuando la ley lo prevé con carácter subsidiario. Nos referimos al sistema de cooperación. ¡Qué mejor forma de obtener el dinero necesario para pagar las obras de urbanización que obligar a los propietarios a costearlas!
Ahora que ninguna entidad financiera proporciona fondos para acometer proyectos innecesarios y que no hay dinero público que destinar a esos menesteres, se reparte la factura entre quienes tienen la inmensa suerte de que sus tierras se recalifican de rústicas a urbanizables y a quienes se obliga a urbanizar (haya o no demanda de vivienda) ¡Todo, claro, pensando únicamente en el bien común! Pues bien, no. No lo vamos a consentir. También en Navarra sabemos organizarnos y luchar por unos derechos que el propio Parlamento Europeo ha instado a defender. Y lo haremos sea quien sea quien gobierne en las distintas instituciones locales. Y llegando tan lejos como haga falta llegar.
* Regina Galarza Galarza (Urdiáin), Aurora Sada (Olite) y Mª Pilar Malón Azpilicueta (Estella)
* Noticias de Navarra - Opinión - 10.01.11
De Miguel presionó al alcalde de Zambrana por una recalificación
Abecia explicó que todos los técnicos con los que consultó, tanto del área de Urbanismo de la Diputación como de la consejería de Medio Ambiente, entonces en manos de EA, le dijeron que el proyecto resultaba inviable. El regidor esperaba en marzo de 2009 que la Comisión de Ordenación del Territorio le daría la razón. Pero, pese a varios informes desfavorables, el PNV hizo valer su mayoría para dar finalmente luz verde a una recalificación de 66 hectáreas. Tras la salida de los peneuvistas del Gobierno, la Diputación apoyó que se redujera el ámbito de recalificación y recurrió a los mismo informes que rechazó antes para tumbar el recurso de la empresa Riera Urbanizer, que se había gastado millones de euros en opciones de compra por el suelo.
Abecia también contradijo lo afirmado por su antecesora, que sostuvo en la comisión que en 2004, tras contratar a una empresa presentada por De Miguel para impulsar el desarrollo urbanístico del municipio, no hubo ningún trato cerrado hasta después de su salida del consistorio en 2007. Abecia aseguró que nada más llegar al consistorio le cayó el expediente completo de la recalificación.
Los junteros del PNV Ramiro González y Pedro Elosegi abandonaron la sesión tras acusar al alcalde de hacer "campaña electoral", en palabras del primero de ellos, según asistentes a la comisión. González declaró a Europa Press que el regidor fue contestando a las preguntas de los distintos grupos y, cuando le tocó el turno al PNV, "no ha contestado a las preguntas que eran importantes para aclarar lo ocurrido".
* El País - 21.01.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos
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Arrecife.- ´La sociedad considera que resulta rentable cometer delitos´
Pamparacuatro fue trasladado a petición propia al juzgado nº2 de La Laguna (Tenerife) en septiembre del pasado año tras dirigir la operación Unión en el juzgado nº5 de Arrecife.
A partir de ahí llevó las riendas de la instrucción en comisión de servicios y ahora se encuentra a la espera de una prórroga que debe aprobar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida que ha sido apoyada expresamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano.Pamparacuatro remató su ponencia de ayer con una frase que puso de manifiesto cuales siguen siendo sus deseos: "Espero que esto no sea una despedida de Lanzarote".
La disertación del magistrado versó sobre la situación en la que quedan los delitos de cohecho y asociación ilícita, delitos imputados a muchos de los implicados en la operación Unión. Pamparacuatro estima que quedan "ámbito de impunidad" en las actuaciones de los funcionarios públicos y también detecta "omisiones" al respecto, pues considera que se deberían haber introducido nuevas tipificaciones penales en este ámbito. "El bien jurídico protegido es la confianza en la administración", destacó.
"Es lo que más tememos"
"La protección", siguió ahondando el juez, "debe ser desde el punto de vista penal, porque es lo que más tememos". En este sentido, entiende que las penas que se elevan en determinados supuestos del delito de cohecho resultan "nimias". Pamparacuatro observa que los posibles delincuentes tiran de balanza y se hacen preguntas: "¿Qué me cae? ¿Y si tengo suerte? ¿Y si hay una delación indebida?". El juez Pamparacuatro, perseguido por los focos de la actualidad, regresará a La Laguna con un ojo puesto siempre en Lanzarote y sus tribulaciones.
* La Provincia - 21.01.11
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
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Córdoba.- El TSJA tumba el sistema de valoración de suelo del PGOU
Para entender el alcance de la sentencia, hay que explicar primero que el urbanismo se fundamenta en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas. Cuando se realizó el PGOU se asignaron tres coeficientes a cada plan parcial y cada plan especial, que se ponderan en un coeficiente común. Depende de tres factores: qué uso se le va a dar a un determinado terreno, qué tipo de edificaciones se permiten y, por último, qué lugar ocupan en el territorio. Dentro de un plan parcial, puede haber viviendas carísimas, pisos de VPO y un centro comercial. El valor de cada elemento se pondera según esas circunstancias para que la inversión previa y los beneficios resultantes sean equitativos entre los distintos propietarios. El asunto no tiene importancia cuando el plan parcial tiene un propietario único pero es de mucha relevancia cuando han varios dueños de terrenos que tienen que discutir cuánto ponen y qué reciben a cambio.
La sentencia se fundamenta en una empresa propietaria de fincas dentro de un plan parcial dedicado a la realización de un polígono industrial de Córdoba. Consideraba el recurso que el Ayuntamiento le había establecido un coeficiente de ponderación que le resultaba gravoso para sus intereses. Entendía la empresa que, dentro de ese mismo plan parcial, había fincas que tenían un mejor tratamiento entre el coste a pagar y el beneficio a recibir.
La sentencia ha sido emitida por la sección 20 de la sala de lo contencioso administrativa del Ayuntamiento de Córdoba. Dice el fallo que, de la lectura del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, "permite observar una falta de motivación, determinante por ello de la indefensión". "La motivación -explica el fallo- es requisito capital de toda resolución administrativa, de suerte que su insuficiencia produce indefensión".
La sentencia explica que el Consistorio dispone de una cierta capacidad de movimiento. Sin embargo, ello no implica que se pueda incurrir en arbitrariedad. El fallo supone, directamente, la anulación de las determinaciones establecidas para las fincas objeto de la demanda. No se establece medida alternativa ninguna. El tribunal ni siquiera escuchó los argumentos de la defensa municipal, que intentó argumentar los coeficientes durante la contestación al recurso de la empresa que ha ganado el pleito. El tribunal le dice que, donde debería haberlo hecho, es en el texto del PGOU.
Consecuencias ¿Una cadena de recursos?
Uno de los riesgos que tiene esta sentencia, explica un urbanista consultado, es que cunda el ejemplo. "Se puede montar un lío impresionante", afirma. El problema es que muchos de los propietarios del Plan General han tenido problemas en sus juntas de compensación cuando se trata de afrontar las inversiones. En este caso, sucede que muchas de las piezas que se regulan por esta vía ya han sido ejecutadas y dar marcha atrás resulta complejo.
Pleno Se tomará conocimiento la próxima semana
El Pleno del Ayuntamiento tomará conocimiento de la sentencia en la próxima sesión plenaria, según se informó ayer en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde el Partido Popular preguntó por los efectos de esta sentencia de cara a la gestión urbanística de la ciudad. Todas las sentencias se informan por parte de la asesoría jurídica municipal en el sentido de qué consecuencias debe arrojar el desarrollo del fallo.
objetivos Otro cambio en el plan de la ciudad
Lo que sí es evidente es que la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá que impulsar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana a raíz de esta sentencia. No se le obliga a cambiar conceptos sino a explicar por qué usa determinados criterios.
* El Día de Córdoba - 18.01.11
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es
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Petronor, maestros en burlar la ley de costas
Con el final de la concesión a la vuelta de la esquina, a Petronor debe correrle mucha prisa solucionar este “problemilla”, especialmente con los planes de ampliación de la refinería con una planta de coque altamente contaminante, con lo que ha movido sus fichas en pasillos y despachos. Con esta enmienda, aprobada sin conocimiento de los ciudadanos y sin debate en el Parlamento, problema solucionado. Y de nuevo un ejemplo de la “negociabilidad” de la Ley de Costas según quien seas. Manga ancha para grandes hoteles e industrias contaminantes, y mano dura para chiringuitos y pequeñas viviendas. ¿No somos todos iguales ante la Ley?
Pero este no es un asunto únicamente de defensa de la Ley de Costas y del dominio público. Es un grave atentado contra la salud pública. La ubicación de la refinería, a pocos metros de viviendas, ha generado un rechazo constante de los vecinos y de la asociación Meatzladea Bizirik Ekologista Taldea, que han presentado numerosas denuncias, quejas y recursos contra las irregularidades legales, ambientales y las afecciones a su salud. Y está demostrado. Los mapas de mortalidad elaborados por el Departamento de Sanidad indican un exceso de mortalidad por cáncer y enfermedades cerebro vasculares en la periferia de la refinería. Concretamente un 14% para los hombres y un 12% para las mujeres respecto a la mortalidad del conjunto del País Vasco, unas cifras estadísticamente significativas como para que sean fruto del azar.
Y así, las costas, el dominio público y la salud de la población de Muskiz parecen tener menos valor frente a los políticos que los intereses privados de Petronor, su refinería y su nueva planta de coque. ¿Será porque patrocinan al Athletic de Bilbao?
* Elvira Jiménez, campaña de Océanos de Greenpeace
* Greenpeace - 19.01.11
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería Petronor - greenpeace
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Santa Cruz.- La Plataforma contra este PGO denuncia ante la Fiscalía la ‘operación’ de la Clínica Parque
En concreto, se especifica “las obras ilegales de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo cual supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar una altura máxima de cinco plantas, así como el régimen de obras permitidas para las edificaciones fuera de ordenación”.
“Asimismo, de forma ilegal se ha procedido a convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente, lo cual supone también vulneración del régimen de obras en edificaciones fuera de ordenación”, se añade en la denuncia.
En el apartado tercero de los hechos denunciados, se aclara que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se inició en 2003, “antes de la adquisición efectuada por el concejal Manuel Parejo, y que en la primera versión del documento, a la edificación objeto de denuncia se le asignaban 6 alturas, razón por la cual seguía en situación de fuera de ordenación. No obstante, tras la adquisición efectuada por el entonces Concejal de Urbanismo, D. Manuel Parejo Afonso, ya desde el 2005, y en todas las versiones del documento de planeamiento, a la referida edificación se le han venido a conceder ocho plantas de altura, pasando, en consecuencia, a estar dentro de ordenación”.
Se añade en la denuncia que encontrándose en trámite la Revisión del PGO, la obra de reforma y ampliación ejecutada en la Clínica Parque de Santa Cruz de Tenerife incumple las determinaciones del PGO en vigor por los siguientes motivos:
a)Por ampliar la superficie, y por tanto, la edificabilidad consumida, de las plantas situadas en las cubiertas.
Se observa claramente que en el edificio de la Clínica Parque se han ejecutado obras de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo que supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar el PGO vigente una altura máxima de CINCO plantas.
La ampliación de las construcciones situadas en las cubiertas, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
b)Por convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente.
La conversión de los cuerpos volados abiertos en cuerpos volados cerrados, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, también supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone, igualmente, un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
c)Las obras ejecutadas no consisten en la estricta reparación y conservación para mantener la estricta conservación de la habitabilidad o utilización conforme al destino establecido, vulnerando el Art. 44.4.1 del TRLOTENC.
* Revista San Borondón - 20.01.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
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Casas para vivir, no para presumir
Sobre el solar de la antigua fábrica de Cruzcampo, en el límite del barrio de Nervión, cada uno de ellos iba a diseñar una manzana de pisos hasta sumar 1.963 viviendas, de las que 890 serían de Protección Oficial. El proyecto abarcaría 200.000 metros cuadrados y acogería también un hotel de cinco estrellas y un museo de la cerveza. La obra tenía que haber empezado en 2008, pero para entonces Urvasco estaba ya hundida en un mar de deudas y la empresa acabó entregando el solar de Sevilla a los bancos como parte del pago de sus préstamos.
Ahí acabó la historia del barrio de diseño que nunca se empezó a hacer. Pero visto el escenario inmobiliario actual, el plan municipal para transformar la antigua zona industrial en un área residencial con amplios espacios libres no ha salido mal parado. Las ocho cajas de ahorro que ahora son dueñas de los suelos, unidas bajo la firma Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Hispalis S. L., están decididas a seguir adelante con la idea, aunque sea sin arquitectos de renombre.
El plan del que dio cuenta ayer Urbanismo es el primer paso para la construcción del proyecto, cuyas obras podrían empezar este año, según estimaciones municipales. Cruzcampo abandonó hace tres años estas instalaciones y se ubicó en unas de nueva construcción en el barrio de Torreblanca. La antigua fábrica de cerveza ya está desmantelada, a excepción de un área del edificio que está protegida y que se mantendrá en pie.
En el resto del solar se repartirán las casi 2.000 viviendas, una biblioteca, un parque con un lago e instalaciones deportivas y un colegio. Habrá también espacio para zonas comerciales y de ocio.
El proyecto presentado por los nuevos dueños y dado a conocer por Urbanismo divide el solar en dos áreas partidas por una vía de nueva creación que unirá las calles Greco y Ada. En torno a esta nueva calle se levantarán cuatro manzanas abiertas de pisos con un máximo de 15 plantas. Al sur de este área irán más bloques de viviendas, en este caso, de nueve plantas, así como un conjunto de servicios terciarios parte de los cuales se ubicarán en algunas de las instalaciones más significativas de la antigua fábrica.
Aunque ya no vaya a haber edificios con firma célebre, el proyecto tendrá junto a la antigua planta cervecera su propio hito, que si no consigue entrar en ninguna guía de arquitectura imprescindible sí que atraerá a buen seguro muchas miradas: un bloque de viviendas de 23 plantas (60 metros de altura), lo que le convertirá en el edificio residencial más alto de la ciudad.
* El País - 20.0.11
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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La ciudad, espejo de los tiempos
CRISTINA MONGE* : Hace unos días se presentaba en la zaragozana librería Cálamo el libro De formas y normas, de la profesora González Ordovás (Tirant lo Blanch, Valencia, 2010). La obra reúne seis artículos que intentan comprender las razones que se esconden tras las ciudades que habitamos para entender mejor la sociedad en que vivimos, y para ello, nos ofrece una cartografía social a través del análisis de la ciudad como espejo de los tiempos. La noción de la ciudad como metáfora y espejo de la sociedad, cuya observación y estudio nos ayudará a conocernos mejor, recorre toda la obra. Huyendo de la idea de ciudad culpable como generadora de todos los males diagnosticados, la autora nos propone profundizar en el análisis asumiendo que "es la morfología social y no la urbana la que finalmente establece para qué sirve y qué significa un lugar y su entorno". La idea de sociedad del riesgo desarrollada por Ulrich Beck explica buena parte de las contradicciones que nuestras ciudades reflejan. Preocupadas por la demanda de seguridad que origina el miedo, se planifican de una forma cada vez más zonificada y menos propensa al encuentro y la mezcla.
El resultado son ciudades donde cada espacio tiene su función, separado de otros espacios y de otras funciones, comprometiendo así la idea de ciudad como lugar de encuentro con el otro. La ciudad ya no es el sitio de mezcla, encuentro y mestizaje donde nos encontramos con el otro, sino que queda reducida al espacio de los semejantes. La unión entre semejanza y cercanía asimila lo cercano a lo conveniente, y por lo tanto, descarta la diferencia.
Si la ciudad es relación, como se afirma en esta obra, nuestras relaciones, y por lo tanto, la ciudad, ha quedado reducida al espacio delimitado por el encuentro con nuestros semejantes. Llevándolo al extremo, esta idea explica el fenómeno de la ciudad privada, con espacios y accesos gestionados por entidades privadas, cuyos habitantes intentan protegerse de los riesgos que perciben en los otros, desentendiéndose también de ellos, y por ende, del resto de la sociedad. La forma de la delimitación y el vallado, refleja un fondo de miedo, inseguridad, protección y la manifiesta voluntad de exclusiva relación con el semejante y absoluta indiferencia hacia el resto de la sociedad.
Nos recuerda la profesora González Ordovás la función que Weber daba a la ciudad como espacio comercial, siendo el hábitat propio de una sociedad de consumidores protagonizada por una burguesía orientada por unos medios económicos racionales, en una sociedad gobernada por el deseo, donde, recurriendo a Lipovetsky, la autora recuerda las ideas de una sociedad "conjuntiva" donde no es preciso elegir. Todo es posible y está a nuestro alcance, según clama la publicidad que inunda el tiempo y el espacio fundido en la sociedad líquida. El "o" --o esto o aquello-- , ha sido sustituido por el "y" --esto y aquello--. Y es que ese deseo infinito y el espejismo de que la satisfacción del mismo conducirá a la felicidad, está en la base de un sistema global de capitalismo de consumo, al menos en la pequeña parte privilegiada del mundo en la que vivimos, donde la libertad se ha convertido en libertad de compra.
En esa lógica, la ciudad debe responder a esa necesidad de consumo, y para ello, el espacio y el tiempo desaparecen en centros comerciales donde la "estética del contenedor" --sin referencias temporales, ni territoriales, herméticos y ajenos a lo que pasa al otro lado de sus paredes-- refleja esta necesidad creada y re-creada de consumo, que produce individuos permanentemente insatisfechos con la necesidad de ver cumplidos sus deseos para satisfacer esas necesidades.
EL OMNIPRESENTE consumo es cuestionado por la idea de sostenibilidad. La autora se interroga sobre la posibilidad de conciliar ciudad y sostenibilidad, entendida ésta en sus tres vertientes económica, social y ambiental. "El impulso de vivir el presente característico de nuestra sociedad en detrimento de cualquier otra consideración a medio y largo plazo puede poner en grave riesgo la continuidad de algunas de nuestras preferencias". La sostenibilidad, sin embargo, supone en expresión de Daniel Innerarity, "sentar al futuro a la mesa de negociación" y hacerle partícipe de las decisiones del presente. Por eso la sostenibilidad, entendida de este modo, es un compromiso ético con todos los habitantes del planeta, presentes y futuros, que necesita de un nuevo contrato social donde se explicite el compromiso de toda la sociedad.
Esta es una obra de crítica para la esperanza: crítica fundamentada en un riguroso análisis que se interroga por los fondos de las formas, para a partir de allí generar la esperanza en el futuro. Esperanza que la profesora González Ordovás describe en forma de aspiración: "Que la ciudad no sea Estado sin sociedad ni sociedad sin Estado, que la forma urbana no sea consagración legitimante de la desigualdad, que la administración de lo público procure los máximos niveles de justicia sin impedir la espontaneidad que en lo político llamamos libertad".
* Directora de proyección externa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes)
* El Periódico Aragón - Opinión - 15.01.11
Canarias retoma el 'socavón' de Eduardo Chillida
Rivero, de Coalición Canaria, aseguró que "la obra no costará ni un euro a las arcas públicas, porque se hará a cambio de una concesión para la explotación turística del monumento". Luis Chillida, hijo del artista vasco y miembro de la comisión mixta, explica a Público que la empresa que pague la construcción se llevará el dinero de las visitas "durante unos 40 años". Los trabajos costarían unos 75 millones de euros. En diez años, el Chillida-Leku recibió la visita de 810.000 turistas.
Sin embargo, Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha anunciado que intentará parar el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, denuncia que ya se han invertido 25 millones de euros en "una obra plagada de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Canarias". Y "sin tocar una piedra de la montaña", según recalca José de León, portavoz de la ONG y arqueólogo en Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.
En Tindaya, señala, hay unos 300 grabados realizados hace un milenio por los pueblos aborígenes de Fuerteventura y algunas plantas endémicas, como el diente de perro, similar a un cactus. "Quieren empezar las obras sin decir dónde está el dinero desaparecido", critica De León, que achaca el apoyo del PSOE al proyecto a que su director actual es el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez, sobrino del fallecido ministro socialista Francisco Fernández-Ordóñez y del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel.
Luis Chillida defiende el proyecto de su padre y recuerda que el Gobierno canario aprobó en mayo de 2009 la declaración de impacto ambiental. En su opinión, las obras "podrían comenzar este año", una vez salgan a concurso público en un par de meses. El hijo del escultor pide "claridad absoluta" y que se sepa "qué pasó con los 2.000 millones de pesetas" desaparecidos.
* Público - 18.01.11
Foto: Tindaya (Fuerteventura) - laprovincia.es
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Piden dos años para el exalcalde de Olocau por prevaricación urbanística
Para intentar camuflar su acción, ese mismo día dictó un nuevo decreto en el que le concedía la licencia a otra persona que, en realidad, nunca la había solicitado.
No terminaron ahí las irregularidades que el alcalde presuntamente cometió aquel 15 de diciembre. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa para que construyera viviendas unifamiliares en esas parcelas. El escrito del fiscal recoge que lo hizo «a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar». De igual forma, conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún «instrumento de planeamiento sobre las mismas». Incluso el arquitecto municipal le advirtió de que debía garantizarse la urbanización simultánea del terreno.
Apenas 20 días más tarde de estos hechos, el acusado y su esposa vendieron las parcelas por 283.000 euros cuando ellos las habían comprado unos meses antes por 103.260 euros. El beneficio fue de 179.000 euros. La Fiscalía no tiene dudas de que este incremento en el valor «fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado».
* Las Provincias - 19.01.11
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es
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Mallorca.-El juez imputa a la ex consellera Julve por el pago de las facturas infladas
Esta decisión se produce el mismo día que el juez tomó declaración a los dos funcionarios implicados en la operación Cloaca, que afecta al sistema de recogida selectiva de residuos de Mallorca. Ambos funcionarios volvieron a implicar al ex director insular, Guillem Riera, quien fue detenido por este caso.
La funcionaria Maria Morey mantuvo ayer ante el juez que en el departamento de residuos siempre se siguieron las indicaciones políticas. Negó que el sistema de cobro de facturas infladas, en las que se abonaban a las UTE toneladas de residuos que no se ha-bían recogido, fuese a iniciativa de los funcionarios, sino que se trató de una decisión política. Y esta orden vino del ex director insular, quien impuso –según la imputada– a los funcionarios que abonaran las facturas a pesar de que se sabía que se pagaban trabajos que no se habían realizado.
A pesar de ello, la funcionaria interina, que es economista pero que no actúa como tal, nunca tuvo la certeza de que se estaba cometiendo una irregularidad. La mujer, defendida por el abogado Josep de Lluís, explicó que el Consell no podía pagar las facturas que presentaban las otras empresas, contratadas por los ayuntamientos, que se encargaban de la recogida de basura puerta a puerta por distintos municipios de Mallorca. Y no podían pagar este dinero porque la institución insular no tenía suscrito ningún contrato con estas empresas, por lo que no consideró ilegal que se abonara las facturas a las UTE que tenían encomendada la labor de esta recogida. La funcionaria explicó que hasta hace poco no conocía al empresario de Portocristo, Simón Galmés, que había sido contratado para que se encargara de controlar a las UTE. Tampoco conocía su sueldo.
Argumentos parecidos sostuvo ante el juez el otro funcionario, Gabriel Perelló. Al igual que su compañera, y tal como ya había hecho en su declaración policial, insistió ante el magistrado que se limitó a cumplir órdenes superiores. Perelló, que fue defendido por el abogado Bartomeu Oliver, sostuvo que el sistema de facturación de las UTE fue una imposición política, y afirmó que fue el ex director Guillem Riera quien le ordenó de qué forma debía tratar a las empresas concesionarias.
Al funcionario, que fue detenido en las oficinas del Consell de Mallorca, se le mostraron una serie de facturas infladas que recogen las cantidades de residuos que se han pagado pero que no se han recogido, y en las que figura su firma. El ingeniero del Consell reconoció su rúbrica, pero insistió una vez más que los datos que reflejaban estos documentos públicos le fueron indicados por su superior jerárquico, en este caso el ex director insular, quien también fue detenido el pasado jueves y al día siguiente puesto en libertad.
El funcionario también desmintió al ex alto cargo de UM, quien mantuvo ante la Policía que apenas conocía de vista al empresario de Portocristo que se llevaba una mensualidad de 9.000 euros por controlar el trabajo de las UTE contratadas para recoger los residuos. Afirma Perelló que fue Riera quien le presentó personalmente al empresario Simón Galmés y le dio órdenes para que trabajara con él, y qué tipo de relación laboral debía mantener con el dueño de esta empresa.
Por otra parte, Unió Mallorquina negó ayer, a través de un comunicado, "de forma rotunda y taxativa" su relación con este caso, y rechaza que el partido hubiera recibido financiación ilegal a través de la recogida de residuos. UM sostiene que se trata de irregularidades administrativas.
* Diario de Mallorca - 19.01.11
Foto: Operación Cloaca - diariomallorca
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Ex arquitecto jefe de Urbanismo dice que Roca era quien tenía la representación del alcalde
A preguntas de la abogada de Roca, quien ha señalado que el Consistorio cobró 40 millones de pesetas por el convenio, aunque la licencia fue anulada y no se ha devuelto ese dinero, Merino ha indicado que "tal y como se plantea, no hay perjuicio para el Ayuntamiento", pero ha precisado que "hay un contrato incumplido y tendrá que resolverse jurídicamente en la manera que proceda".
Sobre este punto ha sido cuestionado también por la defensa del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y ha insistido en que "es un hecho cierto que el convenio se firmó, el Ayuntamiento ha ingresado una cantidad de dinero y, sin embargo, lo que el convenio proponía no se ha cumplido". "Desde el punto de vista que estamos hablando, claro que no ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento", ha dicho.
Después de ser interrogado por la defensa de Roca, la Sala ha pedido Merino que comparara los dos convenios que existen para el desarrollo de ese suelo, uno de 1996 con el anterior propietario y otro del 2001, con los cuatro acusados; y, además, que explicara si existía alguna irregularidad entre ambos.
Al respecto, ha indicado que no ve "más diferencia", además de la altura del edificio que se proyecta o la edificabilidad completa, que "la parte de cesión que le corresponde al Ayuntamiento", ya que "en el segundo incluye un 22 por ciento y en el primero es menor", por lo que ha afirmado que hay en este último hay "más aprovechamientos para el Ayuntamiento".
Ha considerado que el segundo convenio es "más beneficioso" para el Consistorio por esa cesión. No obstante, a preguntas del fiscal, al que la Sala le ha vuelto a dar la palabra para preguntarle sobre ambos convenios al igual que a las otras acusaciones, ha añadido que en el segundo convenio es "muy baja" la valoración del metro construido.
Funcionamiento del urbanismo
Por otro lado, Merino ha señalado que se inició la obra antes de disponer del proyecto de ejecución y ha dicho que no es la única vez que se realizó así, ya que "hay más casos", aunque "no era práctica habitual". Ha aclarado que era "frecuente" que los informes para la concesión de licencias que hacía el servicio técnico de obras y urbanismo "se retrasaran" porque "había una cantidad enorme", aunque ha dicho que no es justificación para que la obra empezara antes.
Sobre la práctica de otorgar licencias, ha apuntado que era "de dominio público" y "muy conocido" en Marbella que se hicieran según el planeamiento en revisión. Además, ha indicado que "seguro" la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que se otorgaban en Marbella licencias acorde a ese planeamiento en revisión, ya que este organismo "impugnó muchas" de ellas.
Ha reconocido que hubo reuniones y también "enfrentamientos" del Ayuntamiento con el Gobierno andaluz en relación con el plan, y que, en algunos casos, la relación entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, "a la vista de la práctica que se seguía en el Ayuntamiento, llegó a ser compleja".
En la sesión de este martes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas, por lo que, previsiblemente, continuaran el interrogatorio este miércoles, tras lo que tendrán que declarar agentes que investigaron la operación urbanística.
* 20 Minutos - 18.01.11
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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La mitad de los concellos pierden vecinos desde 1842
En ese esquema de desplazamiento poblacional y desertización interior, algo más de la mitad de los concellos, 159 en total, tienen hoy menos habitantes que cuando se confeccionó en 1842 el primer censo completo de España. Municipios que entonces se aproximaban a los 10.000 integrantes ahora apenas superan los mil, como Ourol, que ha menguado en ese tiempo un 86,5%.
Menos gente que hace 100 años
Los concellos más afectados por ese retroceso poblacional se concentran en Lugo y Ourense, provincias que presentan hoy prácticamente el mismo número de residentes que en 1842. En el año 2020, ambas demarcaciones estarán por debajo de los niveles de mediados del siglo XIX, según las últimas proyecciones oficiales de población. Unos 215 ayuntamientos gallegos tienen ahora menos residentes que hace cien años.
Ourense es donde más se nota el abandono de sus concellos en el último siglo, al tener menos población que entonces 81 municipios. En Lugo, ocurre en 56. Hace cien años tampoco había municipios con menos de mil vecinos, siendo Ponte Sampaio (después se unió a Pontevedra) el de menor población, con 1.453. Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.
Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.
Los casos de Santiago y Vigo
El primer censo completo realizado en España contaba en 1842 a Santiago como la urbe más poblada (22.749 vecinos), seguida de A Coruña (19.415), Ferrol (16.641), A Estrada, Lugo, A Fonsagrada, Ponteareas, Viveiro y Monforte. En 1910, dicho ránking se había modificado notablemente por el efecto de concentración de la población, haciendo que A Coruña liderase la tabla con los 49.290 residentes que tenía entonces. La consolidación de su incipiente foco industrial hizo que Vigo, que setenta años antes era la trigésimo primera localidad más poblada de Galicia, irrumpiese en ese ránking con unos 41.500 vecinos, para estar seguida por Lugo, A Estrada, Ferrol, Pontevedra, Santiago y Ortigueira.
El crecimiento poblacional que registró Vigo en los últimos 169 años fue de un 4.307%, de 1.879% en Pontevedra y Ourense y de 1.167% en A Coruña. En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.
En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.
* La Voz de Galicia - 16.01.11
Foto: Ourol (Lugo) - concellosdelugo
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¿Dónde quedaron las Administraciones que protegen el Medio Ambiente?
ECOLOGISTASENACCIÓN/Murcia* : Ecologistas en Acción considera un grave error la reciente noticia de la reducción en un 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso y aboga por una mayor participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales en la toma de decisiones que comprometan de manera grave el futuro de los recursos naturales de la Región de Murcia, así como que se apueste por la cogestión de los espacios marinos. Ecologistas en Acción recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en la costa, contando en todo momento con la participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales que tienen mucho que decir, tanto a nivel científico como técnico, y que son las que realmente apuestan por la protección del medio ambiente y la creación de Reservas Marinas.
Ecologistas en Acción recuerda que en la presentación del documento de síntesis en la Consejería de Agricultura y Agua en 2009, elaborado por TRAGSATEC, se expuso la creación de mesas sectoriales de participación de manera que todos los sectores implicados estuvieran presentes y formaran parte de la decisión, llegando así a un consenso en el que nadie saliera perjudicado. En ese acto, Ecologistas en Acción, junto con otras asociaciones ecologistas presentes, solicitó participar en las mesas sectoriales, propuesta que no tubo muy buena acogida por parte del Director General de Ganadería y Pesca, Adolfo Falagán. De hecho Ecologistas en Acción no ha tenido conocimiento de si finalmente las mesas de trabajo se han llegado a constituir y trabajar, ya que esta asociación no ha sido informada de ello, ni invitada a participar, tal y como solicitó en su momento.
El reciente borrador de decreto, sólo permite las alegaciones como forma de participación, obviando los criterios y peticiones de las asociaciones ecologistas, y teniendo en cuenta los impedimentos puestos por organismos como la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Capitanía Marítima de Cartagena, la Armada Española y algunos sectores empresariales.
Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería de Agricultura y Agua, así como a las instituciones que han alegado a este proyecto, que dentro de las prioridades de la nueva estrategia marina europea y dentro de las propias prioridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se encuentra la declaración y explotación en sintonía con el ecosistema de Áreas Marinas Protegidas. Así mismo, el colectivo cree importante considerar las zonas de reserva de interés pesquero dentro de estas áreas protegidas.
Así, esta asociación ambientalista reivindica la cogestión de los espacios marinos entre el sector pesquero de artes menores, colectivos interesados y la administración como la principal herramienta para solventar el problema de sobrexplotación al que se enfrentan los caladeros europeos y, solucionar del mismo modo la caída socioeconómica del sector pesquero artesanal en Europa. Esta zona tiene graves problemas derivados de la pesca de arrastre y otros artes de pesca industriales, que cuentan con la permisividad de las Administraciones desde hace años aún a sabiendas del grave daño que causan estas artes en los fondos marinos de alta riqueza.
Por tanto, Ecologistas en Acción insta a la Consejería de Agricultura y Agua a que mantenga la protección inicial y se base en las necesidades de protección de estos ecosistemas naturales tan ricos e importantes en la Región de Murcia. Reclaman que la participación pública sea un hecho y no algo que se obvia continuamente. Además, consideran estrictamente necesario la cogestión de estas reservas marinas, entre todos los sectores implicados, los mayores conocedores de las necesidades y recursos que ofrece el terreno, y los máximos perjudicados en estas decisiones que quedan muy lejos de una verdadera prioridad en la protección medio ambiental por parte de las Administraciones públicas.
* Ecologistas en Acción Región Murciana - 17.01.11
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