LAOPINIÓN* : El concejal del Ayuntamiento de Málaga Manuel Marmolejo ha contratado "directamente" en 15 ocasiones a la empresa de su cuñado durante los últimos tres años, según reconoció ayer mismo el propio edil, que admitió que esta actuación suya vulnera la ley. Como él mismo explicó, "la Ley de Procedimiento Administrativo indica que estaba obligado a abstenerme por mi parte", si bien dijo que "desconocía" dicha incompatibilidad.
Es por ello por lo que anunció que "a partir de este momento" se abstendría de participar en los procedimientos de adjudicación donde participase dicha empresa.
En este sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, apoyó a su concejal y aseguró que descarta la posibilidad de destituirle. De la Torre apeló a "la buena fe" del edil y a que "el tema tiene una escasa entidad desde el punto de vista presupuestario y que no hay ningún perjuicio para el Ayuntamiento".
A su juicio, se trata de una cuestión "legal, estética y, si queremos decir, ética", y disculpó el comportamiento del edil haciendo referencia al "desconocimiento" que tenía de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que, no obstante, "no exime de su cumplimiento", tal y como subrayó.
No obstante recordó que aunque la ley es "flexible" y el Ayuntamiento puede hacer contratos con empresas en las que haya una relación familiar cercana "porque es un mundo competitivo", las personas que deciden "deben abstenerse. Es lo que hará Marmolejo en el futuro".
Por su parte, el PSOE denunció la "gravedad" de este "presunto nuevo trato de favor a una empresa de un familiar del PP" que ha recibido en los últimos tres años 85 contratos menores por valor de casi 2 millones de euros, "solamente en contratos adjudicados por los distritos".
Manuel Marmolejo, que es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores, reconoció que la empresa Greensur Proyectos y Obras, en cuyo accionariado está su cuñado, ha obtenido en los últimos tres años 11 contratos adjudicados en el distrito Bailén Miraflores, que suman 220.000 euros, y "otros cuatro o cinco del área de Polígonos Industriales".
El concejal reconoció que su actuación ha sido contraria a la ley, pero "por desconocimiento", y que una vez que conoce su alcance y para "salvaguardar cualquier atisbo de dudas acerca de la legalidad", se abstendrá "a partir de este momento" de intervenir en las adjudicaciones donde comparezca esa empresa. Por todo ello rechazó la posibilidad de dimitir.
Trato de favor
Fue el propio Marmolejo el que se adelantó a comunicar los hechos de forma obligada al conocer que el PSOE había investigado su relación con la empresa Greensur y tenía previsto denunciarlo en una conferencia de prensa el próximo lunes, día 30.
Marmolejo arguyó que los contratos a Greensur no habían supuesto quebranto al Ayuntamiento o a otras empresas, lo que fue rechazado por el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, que aseguró: "Es evidente que se ha perjudicado a otras empresas que, en pie de igualdad, hubieran podido obtener los contratos".
El portavoz del PSOE consideró que se trata de un caso "muy claro" de presunto trato de favor a otra empresa "de un familiar del PP" .
Fuentes señaló que Greensur se constituyó como empresa en agosto de 2003, "justo un mes después de que Manuel Marmolejo entrara a trabajar al Ayuntamiento como cargo de confianza."
Marmolejo inició su actividad municipal en 1999 al ser nombrado director del área de Comercio. Posteriormente ha sido director del distrito de Bailén Miraflores y Centro. Desde 2007 es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores.
Fuentes anunció que su grupo va a pedir la relación de contratos adjudicados a Greensur desde 2003 en los distritos y en las áreas municipales "especialmente en el área de Polígonos Industriales, a la vez que pediremos un informe jurídico para ver si hay incompatibilidad legal en la actuación del concejal".
* La Opinión Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 28.11.09
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
Málaga: Un concejal del PP adjudicó a una empresa de su cuñado 15 contratos
El juez impone seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación a dos ex alcaldes de Monachil
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IDEAL/Granada* : Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara y Antonio Trinidad, al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados.
En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, 'corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados'.
Según el fallo, cuando los acusados accedieron al Ayuntamiento ya se había aprobado de forma definitiva, al amparo de las normas subsidiarias, el plan especial por el que se procedió a la urbanización del solar en cuestión, al que se otorgó un uso de equipamiento sociocultural.
Con la ejecución del plan, los propietarios afectados adquirieron el derecho del uso de equipamiento sociocultural del solar, cuya calificación fue confirmada con la revisión de las normas subsidiarias, si bien en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela, 'aun a costa de prescindir de todas las normas jurídicas y garantías aplicables'.
Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción 'no les garantizaba alcanzar su propósito'.
El arquitecto redactó el estudio detalle 'ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo' y los derechos de los propietarios.
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad.
Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.
Finalmente, en octubre de 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, 'a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado'.
La licencia concedió una superficie edificable total de 7.189 metros cuadrados, 'muy por encima de los 3.192 metros' de edificabilidad que realizó el arquitecto para hacer la permuta.
Finalmente, la promotora construyó el edificio y puso en venta las viviendas al margen, además, 'de todo uso turístico'.
* Ideal - EFE - 27.11.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
La Fiscalía pide la imputación de nuevas personas en el 'Caso Pretoria'
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ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la imputación de nuevas personas en el denominado 'caso Pretoria', que vendrían a sumarse a los nueve investigados hasta ahora en relación con una trama de corrupción urbanística que se vendría desarrollando en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
En una escueta nota hecha pública esta tarde, la Fiscalía General del Estado ha explicado que la petición de imputaciones se realiza en respuesta a la solicitud formulada por Garzón el pasado 10 noviembre "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Las mismas fuentes no precisaron el número de posibles nuevos imputados, si éstos ocupan cargos públicos o los delitos que indiciariamente se les atribuyen.
A mediados de este mes trascendió la noticia de que, a resultas de la investigación realizada por la Guardia Civil, existía la posibilidad de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid realizara nuevas imputaciones, y que a tal efecto se había solicitado informe al Ministerio Fiscal, que hoy habría respondido a este requerimiento.
Una decena de imputados más
Ya se dijo entonces que existía una alta probabilidad de que hubiera nuevos imputados en la causa, principalmente empresarios y algunos cargos municipales de ayuntamientos catalanes. Entre los interrogados por la Guardia Civil, que serían en torno a la decena, trascendió el nombre del ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat Genís Carbó.
El pasado miércoles, los hasta ahora cinco encarcelados por orden del juez Garzón en torno a este asunto fueron trasladados desde la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid), donde ingresaron el pasado 30 de octubre, hasta la cárcel catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde permanecen en prisión preventiva.
Un gran autocar de la Guardia Civil trasladó al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; al ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; a los ex altos cargos en los gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además del ex diputado del PSC Luis García, considerado el cerebro de la trama.
Después de que la Audiencia Nacional les denegara la libertad provisional, los abogados de los imputados reclamaron el traslado a prisiones catalanas, para que sus clientes estuvieran más cerca de sus familiares y poder preparar mejor la defensa del caso.
El juez Baltasar Garzón accedió a ello, ya que no necesita su presencia continua en Madrid, aunque sí los podría citar si lo requiere. Un día antes, el juez había rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta en razón de su avanzada edad, que supera los 70 años.
El Ministerio Público objetó que esta circunstancia no justificaba ahora su excarcelación, por lo que deben permanecer encarcelados en tanto que no se resuelvan los recursos contra el auto de prisión presentados por sus defensas ante la Sala de lo Penal, tribunal superior jerárquicamente al juzgado de Garzón. Se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Tal y como se detalla en el auto dictado por Garzón contra todos los imputados, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada por la 'Operación Pretoria'. Para Garzón esto justifica la medida de prisión provisional para el presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otro cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.
Los nueve imputados hasta el momento formaban un "grupo organizado de personas" dirigido por García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García. LA TRAMA EN ACTIVO
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
Igualmente, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma y varios proyectos de guarderías, así como toda la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.
En todos los casos, los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".
Según el auto de Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.
* El Mundo - E. P. - 28.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
Enésima ofensiva en Chiclana contra las viviendas ilegales
DIARIODECÁDIZ* : Suma y sigue en Chiclana, con otras ocho nuevas detenciones por la presunta comisión de delitos contra la ordenación el territorio. En esta última ocasión, y de nuevo, de la mano de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Cádiz adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la zona del Pago del Humo es el escenario en el que se ha detectado una promoción de chalés erigidos al margen de la ley con el modus operandi que ya se ha hecho famoso: una declaración de obra nueva a través de un certificado falso de antigüedad.
Según informó ayer la Policía Autonómica, agentes del Cuerpo han culminado esta semana una investigación en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un promotor, un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios, a los que se les acusa de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental.
La investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto Número Cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una.
La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, a 500 metros de la venta Florentina. Se trata de un suelo clasificado en el actual Plan General vigente en la localidad como no urbanizable no especializado.
Según explicaban ayer desde la Policía Autonómica, los agentes encargados de la investigación comenzaron por cotejar las orto fotografías aéreas de la zona, y de la parcela en cuestión, de la última década. Y bingo: en 2001 la finca objeto de la investigación aparece en la ortografía totalmente vacía. Es a partir de 2004 cuando comienzan las obras de parcelación, primero levantando muros de hormigón, y después con la construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de tamaño considerable con piscinas, hasta hoy.
Según ha podido determinar la Policía, cuanto comenzaron las obras, "el Ayuntamiento de Chiclana incoó expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones".
Gracias a los titulares de las viviendas ilegales, se ha identificado al promotor que habría convencido a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Este promotor, para vencer posibles reticencias, habría prometido "gratificaciones" a los compradores, consistentes en correr él con los gastos administrativos.
Para obtener la declaración de obra nueva era necesario un documento que certificara una antigüedad de las edificaciones de más de cuatro años (para lograr la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave), firmado por un técnico habilitado. Irrumpía así en escena un arquitecto técnico local ya imputado al menos tres veces más por lo mismo.
* Diario de Cádiz - R.Romero - 28.11.09
Foto: Antes y después, a la izquierda parcela baldía en 2001; derecha, con las casas ya construidas. - diariodecadiz.es.jpg
Galicia: El paraíso del ladrillo
LAOPINIÓN* : Galicia también tiene sus 'Gürtel'. Son más de un centenar de cargos públicos que están siendo investigados por la Fiscalía Superior. De las 86 causas abiertas contra alcaldes, concejales y diputados provinciales en Galicia, la mayoría son por delitos urbanísticos: 17 directamente relacionados con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 por prevaricación. Otras siete causas afectan a cargos públicos imputados por delitos contra el medio ambiente y otras siete, por malversación de fondos públicos.
El efecto Marbella se extiende a Galicia. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia entre las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Decenas de ayuntamientos gallegos están bajo sospecha y, con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales. De las 86 investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía Superior de Galicia contra políticos en la comunidad, la gran mayoría están relacionadas con delitos urbanísticos.
Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y ediles se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Justicia contra cargos públicos en Galicia. Según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía gallega, 17 de estas investigaciones están directamente relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio. Pero además otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística. Las siguientes investigaciones más frecuentes que afectan a cargos públicos gallegos son siete por delitos contra el medio ambiente y otras siete por malversación de fondos públicos. Las restantes se refieren a patrimonio histórico, cohecho, delito electoral o cohecho.
Según explicaron desde la Fiscalía gallega, la tipificación de los dos grupos de investigaciones más números abiertas a políticos en Galicia -prevaricación y y delitos contra la ordenación del territorio- podría ir evolucionando en función de las averiguaciones, ya que algunas de las investigaciones todavía están en una fase preliminar.
Balance
Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria. Son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a alcaldes, ediles, funcionarios, empresarios e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, haberlas hailas.
Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei, de apenas 5.800 habitantes. Fue hace un mes cuando la Policía Nacional arrestó al alcalde, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-. La de Castro de Rei es una de las 86 causas abiertas por la Fiscalía gallega a cargos públicos, la mayoría del PP (46) y PSdeG (30). El Bloque está implicado en otros ocho expedientes, Terra Galega en uno y los independientes en otro.
Los datos de la memoria de la Fiscalía del año pasado revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. La crisis del sector de la construcción, según apuntó el fiscal superior, Carlos Varela, en la presentación de la memoria de 2008 es la principal causa de este descenso en los delitos urbanísticos. Pero además, en 2007 tuvo especial incidencia en el repunte de las denuncias urbanísticas la celebración de las elecciones municipales. Y es que cada vez que se aproxima una cita con las urnas, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
* La Opinión A Coruña - R. PRIETO - 28.11.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El plan Guadalmedina sigue fuera de cauce
SUR/Málaga* : El veredicto ha llegado y, al contrario de lo que todos esperaban, no es el final, sino el principio de un camino con un destino todavía incierto hasta solventar el principal escollo pendiente en la transformación de Málaga, una vez que la 'cicatriz' de las antiguas vías de la zona oeste ya se encuentra en su fase final de 'curación'. El dictamen del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre la futura integración urbana del cauce del río Guadalmedina a su paso por Málaga -al que ha tenido acceso SUR- plantea nuevas incógnitas que habrá que resolver antes de que se pueda actuar en algún sentido para unir las dos orillas del Centro.
La primera, que marca cualquier posibilidad, es tener claro cuál es la capacidad real de desagüe del cauce, que se ha alterado en los últimos años, por lo que será necesario un nuevo estudio sobre el terreno antes de lanzar un veredicto.
Entre los elementos que el informe -al que el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno han otorgado la última palabra sobre las posibilidades reales de poner en valor este espacio- identifica como posibles obstáculos a la capacidad de evacuación del agua se encuentran las propias obras del encauzamiento, acometido a principios de los 90; la presencia de puentes y la reforma de la desembocadura. Por ello, la entidad dependiente de Fomento reclama un examen exhaustivo que refleje la situación real.
Datos anticuados
La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente del Gobierno andaluz, encargó al Cedex un estudio para conocer la capacidad del río. Según consta en el documento, los trabajos han recopilado los informes existentes, relativos tanto a la presa de El Limonero como al propio cauce, y bajo el referente de un modelo físico (una réplica a escala del curso bajo) que se llevó a cabo entre los años 1989 a 1992. Son previos, por tanto, a las obras del encauzamiento que existe actualmente. Esta infraestructura, cita el documento, tiene una capacidad teórica para dar salida a unos 600 metros cúbicos por segundo. De ellos, 400 metros cúbicos serían procedentes de la presa de laminación, y otros 200 generados aguas abajo, en los afluentes.
El Cedex llama la atención por la falta de datos actualizados, especialmente tras la reforma: «Hay incertidumbre sobre la capacidad real y efectiva del encauzamiento actual del río a su paso por la ciudad», cita textualmente, y desglosa las causas: «Algunos de los puentes que se contemplaron en los estudios estaban definidos sólo a nivel de proyecto y no hay constancia de si se han construido exactamente de acuerdo a este», argumenta. A su vez, alerta sobre la posibilidad de que algunas actuaciones recientes afecten a la capacidad de evacuación de las avenidas y, especialmente, llama la atención sobre las modificaciones que se han llevado a cabo en la desembocadura, «afectando de manera importante a su capacidad de encauzamiento».
Menos lluvias
Por ello, el Cedex recomienda «estimar nuevamente la capacidad hidráulica teniendo en cuenta la actuación realmente construida y las variaciones registradas en el cauce y en la desembocadura». Para ello, propone el empleo de las técnicas de modelación numérica que han evolucionado mucho desde los anteriores estudios, hace veinte años, sin necesidad de recurrir a un modelo físico mucho más costoso.
Además, se tendrán en cuenta los cambios que hayan tenido lugar en la ocupación del suelo aguas arriba y abajo de la presa de El Limonero; la evolución de las precipitaciones las dos últimas décadas y «las previsiones relativas al régimen pluviométrico en el escenario actual de cambio climático».
En una fase posterior se llevarán a cabo los estudios de la capacidad de desagüe del cauce conforme a las distintas alternativas que se puedan plantear para la integración urbana del río Guadalmedina a su paso por la capital. Las fuentes consultadas expusieron que este nuevo documento podría estar concluido en verano del próximo año.
En conclusión, el documento considera que las actuaciones, ya sean de corte duro -un posible embovedado para utilizar el espacio como viario y para el montaje de infraestructuras de comunicaciones- o blando, con usos ciudadanos en el cauce pero sin alterarlo, dependerán, de una parte, de la capacidad de crear un recorrido alternativo para el agua con capacidad suficiente para una eventual avenida; y de otra, de la probabilidad de que haya riesgo de inundaciones que no se puedan gestionar sólo con la presa de El Limonero.
SUR consultó ayer sobre estos aspectos a Juan Paniagua, director general de la Agencia Andaluza del Agua, la entidad que solicitó el informe a este organismo. A su juicio, es un primer estudio que servirá como base para profundizar en el conocimiento de las posibilidades reales. «A partir de aquí le hemos encargado al Cedex que nos diga cuál es la situación actual, cuál es el caudal real del río, tanto de la presa como de los afluentes, porque la meteorología y las circunstancias han cambiado en los últimos veinte años», comentó.
Estudio de alternativas
El máximo responsable de aguas de Andalucía mostró su compromiso con la búsqueda de alternativas «para que el río no sea un obstáculo urbano y se pueda incorporar a la ciudad», y para ello indicó que los presupuestos de la Junta destinarán 300.000 euros para impulsar este análisis. «Vamos a acelerar al máximo el informe técnico, para posteriormente hacer una valoración conjunta con el Ayuntamiento y ver cuál sería la mejor opción de entre las posibles. Se estudiará el presupuesto y pediremos la implicación tanto del Ayuntamiento como del Gobierno central para poner en uso el Guadalmedina».
* SUR - 27.11.09 - IGNACIO LILLO
Foto: Málaga, rio Guadalmedina - sur.es
