La banca continúa enladrillada

Los excesos de la llamada 'burbuja inmobiliaria' se siguen viendo todavía como una oscura maldición que hubiera caído sobre el país. La realidad es mucho más sencilla y ha sido una conjunción de intereses político-financieros durante los últimos 15 años la que la ha propiciado. Ha habido numerosos políticos y banqueros que se han hecho de oro especulando ilegalmente en el mercado inmobiliario, sin que la justicia haya castigado a estos delincuentes de guante blanco que han sumido al país entero en una crisis-estafa sin precedentes. A pesar de operaciones opacas, como el llamado Banco malo o Sareb, el volumen de activos inmobiliarios tóxicos de los bancos cotizados sigue marcando récords. Y a la puerta están los fondos buitres internacionales para caer sobre las sospechosas gangas actuales.
"ELPAÍS* : El ladrillo persigue a la banca. La purga de los excesos de la burbuja inmobiliaria de la pasada década no ha terminado. Pese al gran esfuerzo en provisiones y las enormes pérdidas asumidas, los bancos cotizados tienen en sus cuentas cada vez más activos tóxicos. Mientras que los bancos rescatados han limpiado sus balances con cargo al dinero público y al banco malo, las entidades teóricamente sanas son ahora las que están más enladrilladas.

Aunque han ido reduciendo el volumen de crédito, tienen más suelo, más promociones, más viviendas de particulares embargadas y más créditos a promotores morosos y subestándar que nunca. Y, lo que es peor, tienen también una cifra récord sin provisionar de esos activos “potencialmente problemáticos”, según la denominación del Banco de España.

Los siete grupos bancarios presentes en el Ibex 35 sumaban 135.288,6 millones de euros entre créditos a promotores con problemas e inmuebles que se han quedado por impago de créditos. Eso supone casi 14.000 millones más que un año antes. En la suma se han incluido el total de La Caixa (no solo CaixaBank, que es el banco cotizado) y de BFA (no solo Bankia). De los siete grupos, el de Bankia es el único que ha sido rescatado con dinero público y que, en consecuencia, ha traspasado el grueso de su cartera de crédito promotor y de inmuebles al banco malo. Por eso, en su balance, el crédito promotor y los inmuebles tienen un peso muy inferior al de los otros grandes bancos. Aun así, la entidad con el balance más saneado en relación con el ladrillo es Bankinter, que fue, con diferencia, la más prudente de las seis en los tiempos de la burbuja.

Durante 2013, han sido fundamentalmente dos los factores que han provocado que crezcan los activos problemáticos. El más evidente es el avance de la crisis económica, la paralización del mercado inmobiliario y la caída adicional del precio de la vivienda, la sexta anual consecutiva. El segundo factor ha sido el aumento de la exigencia del Banco de España a la hora de clasificar como dudosos o subestándar, esto es, como problemáticos, ciertos créditos refinanciados que antes figuraban como sanos. Quizá la mejor noticia para las entidades es precisamente esa, que cada vez queda menos crédito promotor clasificado como sano, es decir, queda una menor bolsa susceptible de ir entrando en la categoría problemática. Del otro lado, lo que ha ido aumentando es la morosidad en las hipotecas para la compra de vivienda y los embargos de pisos por impagos.

En cuanto al crédito, hay casi 9.000 millones más clasificados como dudosos, pese a que en torno a 7.000 millones han desaparecido de esa categoría por pasar directamente a fallidos (y estar completamente cubiertos). Se reducen en unos 3.000 millones los subestándar y aumentan en cerca de 5.000 millones las coberturas, con lo que el riesgo problemático sin cubrir crece en cerca de 1.000 millones. Eso sí, los bancos ya no tienen las provisiones genéricas por el crédito sano por importe de unos 8.000 millones que constituyeron a cierre de 2012 y que ahora han ido aplicando a fallidos y a créditos problemáticos, con lo que el deterioro es mayor de lo que aparenta. La Caixa es la que más ha reducido el crédito promotor problemático y el Popular, lastrado desde que absorbió el Pastor sin ayudas, el que más lo ha aumentado. BFA y Bankinter tienen la posición más cómoda.

Pero entre los activos tóxicos, los que más crecen son los inmuebles que están directamente en poder de los bancos. En un año, han pasado de unos 65.000 a unos 72.000 millones de euros. De esa cifra, unos 24.000 millones corresponden a suelo, el activo más improductivo, con más difícil salida en el mercado y que ha perdido una mayor parte de su valor. Aunque el Gobierno aireó inicialmente que exigiría coberturas del 80% sobre el valor del suelo, finalmente se enmendó a sí mismo y se conformó con exigir un 60%, que es a lo que se han ajustado la mayoría de las entidades con la gran excepción de BFA-Bankia, que ha cubierto el 85%. Hay, por tanto, suelo contabilizado por un valor neto cercano a los 10.000 millones de euros en los balances de estas entidades.

Por entidades, La Caixa se ha destacado como la mayor inmobiliaria, con promociones, suelo, viviendas embargadas y otros activos adjudicados por impago por importe de 17.490 millones de euros, aunque también es la entidad que tiene más provisiones. La absorción del Banco de Valencia explica en buena parte el salto de 2013. Tras La Caixa se sitúa BBVA, con unos 13.700 millones brutos en inmuebles. Luego va el Banco Sabadell, si bien de sus 12.855 millones hay 5.500 millones que están sujetos al esquema de protección de activos (EPA) por la compra de Banco CAM. El Popular es el cuarto con más inmuebles, pero el que más tiene en proporción a su tamaño. El Santander, que era la entidad sana más cargada de inmuebles en 2011, tiene ahora una posición más holgada que el resto. Los alumnos aventajados son de nuevo BFA-Bankia (con ayudas públicas) y Bankinter (sin ellas).


* El País - MIGUEL JIMÉNEZ - 13.3.14
Foto: Pisos a la venta a las afueras de Madrid. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

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La obra inacabada del polideportivo de Navalcarnero no justifica dos millones

Otra construcción municipal producto del despilfarro delictivo que ha asolado el país en los últimos 15 años. El polideportivo inacabado de Navalcarnero (Madrid) lleva paralizado desde 2008 y, como se ve, con importantes desvíos monetarios. El ayuntamiento 'popular', que gobierna de forma ininterrumpida desde 1995, no sabe bien qué hacer ahora ya que la reanudación de los trabajos conllevaría labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondría importes cuantiosos. Este es el resultado lamentable que ocurre, o ha ocurrido, en multitud de municipios por toda la geografía del país, sin que los políticos implicados hayan pagado judicialmente por ello.
"ELPAÍS* : Las obras del polideportivo inacabado de Navalcarnero, interrumpido en 2008 y en el que el Ayuntamiento ha invertido 10,5 millones de euros, no justifican el destino de al menos dos millones. Así se desprende de un informe del pasado 18 de diciembre sobre el estado actual de los trabajos de edificación de las instalaciones deportivas para “verificar el total de la obra certificada en comparación con la obra real ejecutada”.

El estudio es incompleto como reconoce Asserta Estudios Técnicos, la encargada de hacerlo, que no recoge en su informe la totalidad de unidades de obra, “unas por encontrarse ocultas, y otras por no disponer de herramientas suficientes para poder constatar el alcance de lo ejecutado”. El peritaje lo encargó el Consistorio, donde Baltasar Santos (Partido Popular) gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. El PP tiene mayoría absoluta con 12 concejales, frente a los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).

El 25 de mayo de 2006 fue suscrito el contrato de concesión de obra pública entre el Consistorio y Constructora Hispánica —conocida por su presunta vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores)— para la construcción del complejo y su posterior gestión. La obra costaría 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana, de los que Navalcarnero financiaría el 80%. Esto es, 11.869.818,40 euros, que se repartirían en dos ejercicios presupuestarios. El 20% restante lo pondría la adjudicataria. La duración de las obras tendría un plazo máximo de 18 meses, mientras que el de la concesión sería de 38 años. El Consistorio aportaría en concepto de subvención 342.000 euros anuales por explotación de las instalaciones deportivas y otros 97.325 euros por el mantenimiento, conservación y limpieza del complejo, cantidades revisadas anualmente conforme al IPC durante el periodo de concesión.

Desde que la obra arrancó en junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 se emitieron 21 certificaciones por un importe de 11.411.659,50 euros que, tras añadirles el correspondiente IVA del 16%, aumentan hasta 13.237.525,04 euros, cifra de la que el Ayuntamiento aportó 10,5 millones. Aparte, el Consistorio aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.723 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras, la sociedad que compró Constructora Hispánica, modificando así el anterior contrato. Este proyecto modificado no incluye una serie de partidas que figuraban en el Proyecto original, sin las cuales, según el criterio de los peritos, “no resultaría posible el funcionamiento y correcto acabado de la instalación deportiva”. Asserta Estudios Técnicos se refiere en concreto a partidas de pintura, instalación hidráulica y eléctrica de fuerza, instalación de depuración, instalación de iluminación, y “la práctica totalidad” de las unidades de cerrajería y aparatos sanitarios.

La oposición denuncia además que estas cantidades representan en torno al 90% de la obra cuando el polideportivo es un esqueleto de hormigón, y rebaja lo construido a solo un 20 o 30%. “A la vista de las obras ejecutadas y aquellas pendientes de realizar”, Asserta Estudios Técnicos, que realizó el peritaje de las obras los días 5 y 26 de noviembre, considera que se ha ejecutado “entorno al 65 o 70%” del presupuesto del proyecto modificado. Y cuantifica en seis meses el tiempo necesario para la obra pendiente de hacer, en relación con los plazos acordados. “Este tiempo deberá descontarse de la certificación de aquellas partidas valoradas en función de un alquiler mensual”, observa la empresa que realizó el estudio.

Este viernes está previsto que el alcalde, la concejal de Hacienda y la concejal de Urbanismo y Obras Públicas declaren ante la juez tras la querella, admitida a trámite, que el PSOE y el PDAP presentaron el pasado octubre por la construcción del polideportivo y su posterior gestión. Los responsables municipales debían haber declarado en principio el 17 de febrero, pero pidieron aplazamiento y se lo concedieron. La oposición entiende que existen indicios fundados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

Pillaje de un edificio público

El polideportivo La Estación se debía haber finalizado a finales de diciembre de 2007. Sus 6.000 metros cuadrados de superficie, con una piscina olímpica y tres recreativas semiconstruidas en distintas plataformas, cada una de ellas descargando su agua en la siguiente —también habría un gimnasio y una cafetería—, iban a revitalizar la localidad. Seis años después de que las obras fueran interrumpidas, el abandono del edificio duele a la vista.

La empresa autora del peritaje destaca los “actos vandálicos” que ha sufrido el complejo, de los que la mayoría son el resultado del robo de “un número significativo de elementos constructivos”, en especial de la instalación eléctrica y la de climatización. Como ejemplos del expolio, la firma incluye una docena de fotografías, en las que se aprecia el techo de los vestuarios/aseos masculinos sin los conductos de ventilación y eléctricos. O el “ennegrecimiento” por un fuego en el cuarto que iba a albergar las instalaciones de protección contra incendios y un grupo electrógeno. Los depósitos de agua caliente sanitaria también aparecen destrozados, como parte del cerramiento del edificio del gimnasio.

Atendiendo al estado actual de la obra, los autores del informe consideran que la reanudación de los trabajos “conllevará obligatoriamente el desarrollo de labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondrá importes muy cuantiosos”. La “elevada” inversión que requeriría la reposición del material sustraído no se especifica.


* El País - JOSÉ MARCOS - 27.2.14
Foto: Piscina olímpica y graderío del polideportivo sin terminar de Navalcarnero. / CARLOS ROSILLO

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