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ELPAÍS/Lugo* : El PP sufrió ayer un revés en el Parlamento frente a su tesis de que las actuaciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en la anterior legislatura contra el hipertrofiado urbanismo de Barreiros (Lugo) respondieron al "dirigismo político" del bipartito. Los populares convocaron a la secretaria general de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, para que confirmase sus sospechas, pero se encontraron con que esta defendió la imparcialidad de los técnicos de la APLU. "La necesaria independencia de los informes emitidos por los funcionarios correspondientes [de la APLU] está salvaguardada", le espetó Rivas al popular Román Rodríguez.
El Ayuntamiento de Barreiros dio en un año licencias para levantar 5.800 pisos en el municipio de A Mariña, donde viven 3.300 personas. El bipartito impugnó permisos para 3.700 de ellos, tras suspender el planeamiento municipal por su falta de adaptación a la ley de ordenación urbanística, que estaba obligado a acometer el Gobierno local. Con el relevo en la Xunta en 2009, la actitud del Ejecutivo cambió hasta el punto de facilitar un convenio con los promotores y la Diputación de Lugo por 14 millones de euros para legalizar y dotar de servicios básicos a las edificios, aun cuando la fiscalía decidió imputar al alcalde y tres concejales por prevaricación al conceder las licencias.
Pese a lo anterior, el PP entiende, como reiteró ayer Rodríguez en el Parlamento, que con el bipartito existió "una estrategia politica en materia urbanistica con usos torticeros para perjudicar a municipios del PP y sembrar sospechas de que unos alcaldes hacen las cosas mal y otros no". El mismo argumento lo utilizó el pasado 3 de octubre el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, en una entrevista con La Voz de Galicia. "El bipartito usó el urbanismo con sectarismo político. ¿Por qué actuó en Barreiros y no en Viveiro?", dijo entonces.
En su pregunta de ayer, Rodríguez señaló como indicios claros para avalar su opinión que algunos de los técnicos que certificaron que los suelos en que se levantaron muchas promociones de Barreiros no reunían los requisitos para ser considerados como urbanos consolidados no habían comprobado las características del terreno in situ, sino con mapas. Rivas señaló que los técnicos tendrían que haberse desplazado al lugar -"todas las cautelas para impugnar son pocas", indicó- pero descartó cualquier veleidad manipuladora. "La APLU se rige por un plan de actuacion que se aprueba todos los años por su consejo, donde está representada la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias], que da fe de la imparcialidad de la actuación" aseguró, contradiciendo a su jefe en la Consellería. "Soy funcionaria y estoy sujeta al Estatuto Básico del Empleado Público, como el personal de la APLU y todos los funcionarios", remachó.
Tras la intervención de Rivas, la comisión de Ordenación Territorial siguió durante otras dos horas. En la última cuestión, la socialista Carmen Gallego interrogó al secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito. Gallego pidió la palabra tras finalizar su segunda intervención el secretario, pero el presidente de la comisión, el popular Daniel Varela, se negó. "No tiene usted la palabra, señora, respete usted las reglas de juego democrático", gritó, y levantó la sesión dando un manotazo en la mesa. "Usted no deja hablar a los diputados", quiso protestar la socialista a continuación, a lo que Varela replicó: "Para hablar vaya usted a la taberna". Más tarde retiró la "desafortunada" expresión a través de una nota de prensa en que lamentó "que se pudiese considerar ofensiva".
* El País - 22.10.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es
Urbanismo avala la independencia de los técnicos que paralizaron Barreiros
El caso del 'hotel Millet' endurece los trámites urbanísticos en BCN
ELPERIÓDICO* : El caso del hotel del Palau, también conocido como hotel Millet, en referencia a su promotor -Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música-, será a las tramitaciones urbanísticas lo que supuso el hundimiento del Carmel para la obra pública. A la espera de que la demanda judicial siga su curso, ya se conoce el borrador del dictamen de la comisión municipal que ha investigado los hechos. El texto, elaborado por el bipartito y al que los partidos pueden aportar enmiendas, pide que, en las futuras tramitaciones de modificaciones del plan general municipal (PGM), se exijan nuevos requisitos con el fin de evitar algunos de los fallos detectados.
La intención del bipartito es presentar al pleno, el próximo viernes, este borrador ampliado con las aportaciones de los partidos y también las conclusiones propias de cada fuerza política. De manera única e indisoluble. Y la tormenta no ha tardado en estallar, por cuanto tanto CiU como el PP se oponen a este método que da preeminencia a unas conclusiones que, según ellos, son falsamente de todos, pues en realidad «son del Gobierno municipal».
MANO TENDIDA A LOS PARTIDOS / El bipartito, por su parte, considera que ha tendido la mano a todos los partidos, ya que establece unos criterios para el futuro en lugar de enrocarse en las conclusiones de la auditoría externa encargada en su día, que eran, a diferencia del texto en sí, bastante favorables al Ejecutivo local.
Lo cierto es que, más allá de la pugna política, el documento del propio bipartito admite «la importancia política, que no judicial», de conocer quién es el propietario de una finca a recalificar, por lo que, a partir de ahora, se exigirá un nuevo documento, el del pertinente registro, para realizar una recalificación.
Otro punto candente es el de la «insuficiente» motivación de la recalificación de las fincas donde se quería construir el hotel. Dicho de otro modo, el interés público no quedaba suficientemente demostrado. Para evitar que se repita dicha situación, en el futuro se deberá presentar un documento previo de criterios y objetivos de la propuesta donde se expliciten los motivos que llevan a solicitar la recalificación. Además, cuando la petición provenga de una fundación o asociación, se exigirá que un representante de esta comparezca ante la comisión de Urbanismo para detallar las razones.
Finalmente, para impedir que las entidades realicen labores de lobi, a la manera estadounidense, se reclama que quede constancia de cualquier contacto entre la institución en cuestión y cualquier partido.
* El Periódico - 24.10.10
Foto: Fachada del Palau de la Música, en la confluencia de Sant Pere Més Alt y Amadeu Vives.- elperiodico
Los arquitectos piden un tratamiento «conjunto» y «coherente» de los terrenos de Naval Gijón
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LNE* : La transformación urbanística de los terrenos de Naval Gijón no sólo preocupa a los vecinos del entorno más inmediato. Los arquitectos asturianos también miran hacia la fachada marítima de Poniente y dedican a esta actuación una de las alegaciones que su Colegio profesional ha presentado contra el nuevo Plan General de Ordenación. Para empezar, «en la aprobación inicial del PGO no aparecen referencias acerca de un posible plan especial de tratamiento del frente marítimo en la zona de astilleros».
El Ayuntamiento tiene la intención de mantener el uso industrial de los terrenos que han quedado libres con el cierre de Naval Gijón. Su idea es convertir el solar en un parque empresarial como el de Cabueñes, vinculado a la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. Aunque el equipo de gobierno ha hecho públicas las líneas generales de su proyecto, técnicos y vecinos echan en falta que los detalles se concreten por escrito, para saber a qué atenerse.
«Proponemos la ordenación de este ámbito de forma conjunta y coherente, incluyendo la continuidad de los espacios libres públicos del borde costero», plantea el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en su escrito de alegaciones. Y advierte: «Hay que tener en cuenta, además, que esta actuación representa una oportunidad histórica para Gijón, que no se debería desaprovechar».
El grupo de trabajo de Urbanismo, encargado de analizar en detalle el documento inicial del PGO, también hace aportaciones en relación a la política de vivienda o el diseño sostenible de la ciudad. Según el Colegio de Arquitectos, no debería establecerse el mismo porcentaje de vivienda protegida en todos los ámbitos de actuación, «para fomentar la diversidad y facilitar la cohesión social y el equilibrio territorial, tal como recoge la ley Estatal del Suelo».
Este colectivo profesional, parte activa en el proceso de ordenación y diseño de las ciudades, aconseja una revisión del PGO que «responda a las expectativas reales de desarrollo del concejo, articulando políticas de sostenibilidad, y con un uso adecuado y ponderado del suelo». Como punto de partida se considera necesario manejar los datos de vivienda del período 2005-2009 y no los de la década completa, como ocurre en el PGO.
En cuanto a la sostenibilidad, el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir. Entre sus propuestas, la de «minimizar el despilfarro, reduciendo los crecimientos excesivos y evitando el asilvestramiento del territorio»; promover espacios urbanos confortables, con transporte eficiente, edificios autosuficientes a nivel energético y sistemas colectivos de abastecimiento, o la de potenciar la política de recogida y reciclaje de residuos.
Se apuesta, además, por la regeneración del tejido urbano, instando al Ayuntamiento a que estimule las operaciones urbanísticas encaminadas a la rehabilitación. Los arquitectos asturianos incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de que ese apoyo público se materialice «en «beneficios fiscales o subvenciones, en los casos en que sea justificado». También se muestran partidarios de «actuaciones concretas de reforma interior, bien para procurar la rehabilitación integral del parque edificado o bien para ensanchar las calles con el objetivo de facilitar su soleamiento».
Su lista de alegaciones hace una radiografía urbanística de la ciudad en la que también se presta atención a los núcleos rurales, uno de los asuntos espinosos del nuevo Plan General. El Ayuntamiento debería realizar, según el Colegio de Arquitectos, «una revisión más profunda en la delimitación de los núcleos rurales, subsanando incongruencias y señalando los terrenos que sí son edificables para evitar posibles errores de interpretación». Y señalan, asimismo, la conveniencia de introducir en el planeamiento la categoría de suelo «común», que permitiría ponderar el terreno rural en función de sus valores.
* La Nueva España - 24.10.10
Foto: Las instalaciones de Naval Gijón, entre los edificios de la urbanización de Poniente.- lne
La retirada del saneamiento de las playas encalla en la Costa del Sol por falta de financiación
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SUR/Málaga* : Si han podido esperar cuatro décadas, también podrán hacerlo algo más hasta la llegada de tiempos mejores, económicamente hablando. Ése es el planteamiento que al parecer han acuñado el Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto al proyecto para retirar las redes de saneamiento de las playas en varios puntos del litoral occidental de la provincia y trasladarlas a las carreteras más próximas. La actuación, encaminada a evitar vertidos por la rotura de colectores y tuberías, y de paso borrar de la arena las arquetas para beneficio de la imagen turística y de los bañistas, lleva un año y medio esperando dar el salto de la burocracia a los hechos.
Ése es el tiempo que ha transcurrido desde que la empresa pública Acosol (dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental) elaboró el proyecto para que las canalizaciones que transportan las aguas residuales desaparezcan de las playas donde resultan más problemáticas, caso de Fuengirola, Marbella y Estepona.
La pelota está ahora en los tejados del Ejecutivo autonómico, encargado de licitar los trabajos; y, sobre todo, del Ministerio de Medio Ambiente, de donde deberán salir los 60 millones de euros necesarios para su ejecución. Un dinero que permitiría no sólo acabar con la fragilidad de las tuberías por su proximidad al mar o los continuos desplazamientos de dichas canalizaciones causados por los temporales y que acaban generando vertidos de aguas fecales; sino que además serviría para sacar el saneamiento del limbo jurídico en el que se encuentra por ocupar parte del dominio público marítimo-terrestre, puesto que pasará a suelo de competencia municipal. Asimismo, los últimos beneficiarios serían los bañistas, que ya no tendrían que compartir toalla con los colectores (cada vez más visibles) y las estaciones de bombeo.
Según los planes iniciales, la actuación se acometería por tramos. En Fuengirola, los trabajos consistirían en retranquear hasta la carretera (se ha descartado su ubicación bajo el paseo marítimo por los costes y molestias que generaría) todas las tuberías que jalonan los siete kilómetros de litoral, además de el desplazamiento tierra adentro de la estación de bombeo situada junto a la pasarela peatonal que cruza la desembocadura del río Fuengirola.
En el caso de Estepona, la propuesta de Acosol también comprende la práctica totalidad del litoral, con especial incidencia en El Saladillo, donde son habituales las roturas por la fuerza del mar. Por último, en Marbella está prevista una doble actuación en el tramo que discurre entre Los Monteros y Bahía Marbella y entre Guadalmina y Las Petunias, ya en San Pedro Alcántara.
* SUR - 24.0.10
Foto: La estación de bombeo situada junto a la desembocadura del río Fuengirola se desplazará tierra adentro - sur
Cada vecino de una urbanización de Lliria pagará 33.000 euros por un PAI
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LEVANTE/Valencia* : Nos van a llevar a la ruina", "acabaremos viviendo bajo un puente" o "les doy las llaves y que se queden mi casa". Son las declaraciones de algunos vecinos de la urbanización Edeta de Llíria ante la insistencia del consistorio de sacar adelante el proceso urbanizador del PAI por gestión indirecta. Esto, explican, supondría el "ahogo" económico de los propietarios, al obligarles a endeudarse una media de 33.000 euros por parcela. "Somos parados, trabajadores o jubilados y no nos pueden hacer pagar de golpe tanto dinero en plena crisis", advierte Maite Coscollá, presidenta de la Unión de Propietarios.
La Unión solicitó en el pleno en septiembre la paralización del proyecto, para lo que adjuntaron las firmas de 65 propietarios, en representación del 56% de los vecinos. La concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, expresó "serias dudas" sobre la procedencia de algunas de dichas rúbricas. "Nos hemos molestado en comprobar esas firmas y en mirar el registro catastral y el proyecto de reparcelación, y la mayoría de esas firmas están duplicadas", declaró tal como recoge el acta a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Ante esta situación la asociación volvió a presentar las firmas en el ayuntamiento demostrando, según Coscollá, la falsedad de las palabras de la regidora. El PSPV junto con Compromís presentó el jueves una moción para aclarar si las firmas son las correspondientes a la mayoría de vecindario y solicitando la suspensión temporal hasta que se esclarezca, para lo que solicitaron que se creara una Comisión Informativa de Urbanismo.
La concejala se comprometió a convocarla aunque sin fecha, pero el pleno votó en contra de paralizar el proceso. La Unión advierte que si no llegan a un acuerdo pronto llegarán al contencioso.
* Levante- 23.10.10
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
Quién vigila al vigilante
HÉCTOR BARBOTTA/Marbella* : El oscuro episodio en el que se vio inmerso un grupo de investigadores privados de la Costa del Sol después de realizar para un cliente un informe sobre el entorno societario de Juan Antonio Roca es la mejor muestra de que lo sucedido en Marbella no se agota en el juicio del 'caso Malaya'. La denuncia estremece. Tras conocerse en altas instancias del Estado que los detectives habían reunido en el ejercicio de su actividad datos sobre el entonces todopoderoso asesor de urbanismo, los autores del informe fueron detenidos, interrogados acerca de la información con la que contaban, sus viviendas y oficinas minuciosamente registradas y finalmente acusados de gravísimos delitos en causas que, una vez pasada la tormenta, fueron sobreseídas. Incluso se pincharon teléfonos de personas que nada tenían que ver con sus actividades ante la sospecha de que también pudieran tener información.
Todo sucedió una semana antes de que se desencadenara la 'operación Malaya' y los afectados, que han denunciado los hechos ante la justicia, apuntan al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, como la persona que podría haber estado detrás de este suceso.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la pregunta que surge apenas se conocen los datos de este inquietante episodio, y es la misma que las defensas en el juicio del 'caso Malaya' parecen interesadas en que sobrevuele sobre toda la causa.
Pero si en el primer caso el interrogante podría servir para avanzar en terminar de atar los cabos sueltos que aún perviven casi cinco años después de iniciarse la investigación, en el segundo la intencionalidad se dirige en el sentido contrario: que 'Malaya' no acabe siendo más que una maraña de cabos sueltos con mucho ruido mediático y pocas o ninguna condena.
Para ello, desde el comienzo del juicio los abogados no han hecho más que atacar la instrucción, y a medida que han avanzado las jornadas las acusaciones contra el juez instructor y contra los policías que dirigieron la operación han ido subiendo de tono. No ha faltado nada: la acusación de haber presionado a los detenidos -la palabra tortura se escuchó varias veces en el tribunal-, la insinuación de que se alteraron pruebas, la utilización del término 'fascistoide' para referirse a la instrucción y el argumento repetido una vez, y otra, y otra, de que las declaraciones de los concejales cuando admitieron ante el juez haber cobrado de Roca fueron obtenidas bajo presión. De momento sólo se han lanzado acusaciones sin aportar pruebas. Lo mismo de lo que acusan al juez y a la policía, pero eso sí, en este caso en el ejercicio de la defensa.
No es un derecho que pueda ser cuestionado, aunque en su ejercicio se concluya que la 'operación Malaya' no fue más que un gran montaje, que no hubo grabaciones en las que se comprobó que se amañaban los concursos públicos, que no se encontraron sobres con fajos de 500 euros en las viviendas de los concejales, que las fincas, los yates y las jirafas disecadas eran producto del ahorro de toda una vida, que la Policía Local cumplía con prontitud las órdenes de paralizar obras ilegales y que el Ayuntamiento de Marbella era un bálsamo de legalidad, un modelo de gestión, un ejemplo de servicio al ciudadano hasta que unos impostores con uniforme azul irrumpieron en los despachos y comenzaron a detener concejales.
Cuesta entender en qué condiciones un detenido pudo haber creído que si confesaba un delito que no había cometido iba a correr mejor suerte que proclamando su inocencia. Es un argumento difícil de creer, y aunque en ningún caso debe cuestionarse que los acusados se defiendan como crean conveniente, no está de más recordar que así como estos tienen derecho a la presunción de inocencia, también al juez instructor, al fiscal y a los policías que investigaron el 'caso Malaya' les asiste el derecho a que no se les llame torturadores.
* SUR - Opinión - 24.10.10
