LAOPINIÓN/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado en un reciente auto que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), goza de la calificación medioambiental de «espacio natural protegido» y, por tanto, «no urbanizable» de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994 frente a la calificación de zona D2, «no incompatible con el uso urbanístico».
La resolución del Alto Tribunal andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, precisa que la suspensión cautelar de la aplicación del nuevo PORN, aprobado por decreto en febrero de 2008 pero suspendido por el TSJA al sospechar, entre otras, que podría «reactivar» el uso del hotel, significa dar a la zona el mismo nivel de protección del que disfrutaba en los «planos que fueron objeto de publicación» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con el PORN de 1994 y, por tanto, cuando se autorizó el hotel.
El auto rechaza con estos argumentos el recurso de súplica que interpuso el ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra el requerimiento que el TSJA hizo al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), para que se abstuviese de realizar cualquier actuación urbanística en El Algarrobico después de que el Consistorio aprobase hace un año una modificación de sus normas subsidiarias en la que este sector aparecía como urbanizable.
Al hilo de la sentencia, Greenpeace ha señalado que el TSJA reconoce con este auto que «la maniobra de cambio de planos» que el Gobierno andaluz realizó en 1997, por el que el paraje aparece como urbanizable, «no tiene validez jurídica» y ratifica que los planos que defiende la Junta de Andalucía para el sector ST-1 carecen de la citada validez ya que «no fueron publicados en el BOJA, ni fueron sometidos a exposición pública ni los aprobó el Consejo de Gobierno».
Según aseguró en una nota la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, se confirma así «la manipulación de los planos que hizo la Junta, sin respetar el procedimiento legalmente establecido». El nivel de protección en este paraje está pendiente de resolución judicial por parte del Alto Tribunal, que ha suspendido de manera cautelar hasta en tres ocasiones la nueva normativa aprobada por la Junta.
«El objetivo de la Junta es recuperarlo»
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, aseguró ayer al conocer la resolución del TSJA que el propósito de la administración autonómica es «recuperar ese territorio para el uso y disfrute de los ciudadanos», a la par que dejó claro que la sentencia apunta que la licencia fue «municipal».
En declaraciones a los periodistas en Huelva, Díaz Trillo destacó que la Junta de Andalucía está «en contra de ese hotel», e incluso quiere «recuperar ese territorio». Díaz Trillo apuntó que lo quieren «para el uso y disfrute de los ciudadanos, por lo que la sentencia abunda en la misma línea en la que trabaja la Junta». europa press huelva
* La Opnión Málaga - 5.11.10
Foto: El TSJA confirma que El Algarrobico era espacio protegido cuando se edificó - EFE
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ELPAÍS* : Los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, dos de los máximos cabecillas del caso Brugal (trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) fueron arrestados ayer por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en el sur de Alicante, es líder de la trama y, Gregori, empresario de la automoción, el intermediario clave, según la investigación. Gregori es, además, amigo del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor calado en este sumario por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril.
Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales.
Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos.
Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros.
* El País - 5.11.10
Foto: José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y su esposa, en el yate de Enrique Ortiz (izquierda).- elpais
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LAVERDAD/Murcia* : En el banquillo de los acusados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia parece haber ya un lugar reservado para el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales. El parlamentario, imputado en el 'caso Tótem' de presunta corrupción urbanística, mantiene sobre sus espaldas buena parte de las pruebas recabadas durante la investigación del caso, que a lo largo de tres años se han repartido el Juzgado de Instrucción nº1 de Totana y el magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado.
Pese a que el pasado julio la Sala de lo Penal declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas contra Juan Morales, que por tener la condición de aforado no podía sufrir ese tipo de investigación por decisión de un juzgado de instrucción, Pérez-Templado acaba de dictar un auto por el que se mantiene la validez del resto del material probatorio. Una circunstancia que va a permitir sostener la imputación contra el diputado por una docena de cargos: dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, el hecho más grave que se le atribuye es haber tratado de cobrar una comisión de 3,6 millones de euros a una constructora gallega que planeaba construir unas 5.000 viviendas y un campo de golf en el paraje totanero de El Raiguero.
La defensa de Juan Morales, representada por el abogado José María Caballero Salinas, pretendía que prácticamente toda la investigación contra su cliente fuera declarada nula, al considerar que la mayor parte de las pruebas eran consecuencia de los pinchazos telefónicos ilegales. En virtud de la doctrina jurídica conocida como los 'frutos del árbol envenenado', todo el material probatorio que tenga su origen en una prueba ilícita tiene que ser necesariamente invalidado.
El magistrado felicita expresamente a Caballero Salinas «por el extraordinario esfuerzo realizado y por su gran calidad», pero razona, sin embargo, que el aforamiento del que gozan los diputados, entre otros cargos públicos, «es un privilegio contrario al principio constitucional de igualdad», que es por tanto una figura «discriminatoria y por ende odiosa» y que merece «una aplicación restrictiva».
También reseña los principios de conservación del acto jurídico y de preeminencia del juicio oral sobre la fase instructora, de tal forma que considera que la anulación de pruebas debe ser decidida de manera restrictiva y que deberá ser en el juicio oral donde se valore el peso de los elementos probatorios existentes.
Reunión clave en Vigo
Establece Pérez-Templado que la mayor parte de las pruebas existentes contra Juan Morales fueron obtenidas por vías distintas a la intervención de su teléfono, como lo fueron conversaciones entre otros imputados. Entre esas pruebas destaca una que tiene una importancia considerable: el viaje que Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez Navarro y el intermediario José Antonio Alcántara realizaron a Vigo, con el fin de reunirse con el promotor Manuel Núñez Arias y, supuestamente, de negociar el pago de la comisión citada.
El desplazamiento fue controlado en todo momento por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y constituye una de las principales pruebas de cargo contra Morales y su presunto intento de cobrar ilícitamente 3,6 millones de euros. Como señala el magistrado en su auto, «no tiene explicación inocente que meses después de que Morales haya abandonado la Alcaldía y por tanto el control de los temas inmobiliarios del Ayuntamiento de Totana, Núñez reciba y hable con aquél y con su íntimo amigo Gabriel», aunque en cualquier caso le insta a que «si tiene una explicación convincente», la aporte en el juicio.
Pérez-Templado mantiene también las imputaciones contra gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, María del Carmen Jordán y Juan Antonio Álvarez, José Miguel Martínez Soler, Fulgencio Marín Bravo, José Antonio Carrocera García y Pablo José Maceira.
* La Verdad 4.11.10
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
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PÚBLICO* : Parece algo salido de una película de ciencia ficción, pero es una realidad en China. La empresa Broad Sustainable Building, que ya demostró su capacidad tecnológica durante la construcción de su pabellón para la Expo de Shanghai, ha roto un nuevo récord en la construcción de edificios. El nuevo Ark Hotel de quince plantas ha sido levantado en menos de dos días. En algo más de 46 horas y media, ha sido alzada la estructura de las plantas, aunque para la fachada se ha necesitado casi el doble de tiempo; cerca de cuatro días para revestir el edificio al completo.
Pese a la rapidez en su construcción, la compañía BSB asegura que la edificación es totalmente segura. Así, aseguran, el edificio ha pasado el nivel 9 en las pruebas de resistencia contra terremotos, gracias al refuerzo de su estructura en diagonal, a su poco peso y a su construcción en acero.
Además, ofrece seis veces menos elementos de construcción, siendo sus materiales mucho más ligeros (250 kg/m2) que los tradicionales (1.500 kg/m2). Los pisos y las paredes son sólidas, herméticas e insonorizadas, ofreciendo una eficiencia energética cinco veces superior a una construcción corriente, según los datos de la compañía. Esto es posible gracias a la inclusión de 150 mm de aislamiento térmico en las paredes y techos, triples ventanas de plástico, protección solar exterior y aislamiento térmico para mantener la temperatura.
Seis enormes grúas se han utilizado continuamente para situar cada uno de los módulos que conforman las plantas y que se ensamblan en una fábrica. La compañía china ha presentado su obra como "el primer edificio en la historia humana que combina en sus estructura materiales respetuosos con el medio ambiente". Para demostrarlo, durante su edificación sólo se ha desperdiciado un 1% de residuos en los materiales.
* Público - 4.11.10
Foto: China, construcción (archivo) - salchino
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ELPAÍS/Barcelona* : Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.
Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.
Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.
Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".
También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.
La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.
Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.
En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".
Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.
* El País - 4.11.10
Foto: Badía del Vallés (Barcelona) - poblescatalunya
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LEVANTE/Valencia* : Durante casi diez años se ha dado por buena una explicación oficial: que las monjas de Santa Clara trasladaron desde el convento de Xàtiva al de Canals todas las obras de arte menos una, el cuadro La Santa Cena, de Vicente López, debido entre otras cosas a sus dimensiones. En el monasterio de la calle de Montcada sólo quedaba, pues, todo aquel patrimonio de imposible traslado o que implicara una acción de albañilería: los azulejos, los forjados, los esgrafiados, la madera de las puertas y ventanasÉ Pero no era del todo cierto. En Xàtiva, y pese a que el inmueble ya ha pasado a manos de la promotora zaragozana que piensa construir un hotel, todavía se conservan más de una docena de objetos valiosos que no viajaron a Canals en 2002 ni después. Cómo ha sido posible conservarlos tras más de ocho años de inactividad es un misterio.
El convento ha estado vacío y custodiado por un guardés únicamente en determinados momentos. Al templo han accedido muchas personas, sobre todo los fieles que cada 5 de agosto acuden a la iglesia, abierta al culto ese día al para que la imagen de la patrona sea brevemente procesionada en su interior. También han entrado los que son ya sus legítimos dueños. De hecho, la instalación es ya a todos los efectos una propiedad privada. Sin embargo, este diario ha podido constatar que en Xàtiva todavía siguen -al menos, hasta el mes pasado- obras tan importantes como El retrato de Na Saurina d'Entença, del XVII; San Pedro de Alcántara; los Santos Juanes, y una Purísima del XVIII. También permanecen diversas sillas tapizadas en cuero; sillas de reposo en terciopelo rojo, un aparador modernista o un escudo de madera.
Los grandes inventarios de referencia en la historia reciente de Santa Clara son los de 1981 y 1993. El segundo es una ampliación del primero, en el que no todas las piezas fueron puestas a disposición del responsable del recuento, el hoy director del museo de l'Almodí, Mariano González. Cuando la orden de los franciscanos decretó el cierre del convento de Xàtiva y trasladó a Canals a las últimas monjas y prácticamente todo su patrimonio la Conselleria de Cultura dio por bueno el inventario de 1993 y, menos el cuadro de López, verificó que todo su contenido estaba a la sazón en Canals. Al no haber salido de la Comunitat Valenciana, el traslado de las piezas estaba sujeto a derecho ya que no contravenía la normativa. Desde 1979 (lo primero fue la reja de punzones del XIV) hasta 1983 las clarisas donaron al museo algunas piezas. El gobierno municipal de la época las compensó con algunas atenciones de carácter doméstico (les regaló una lavadora, por ejemplo). Pero pese al primer inventario de González, el patrimonio de Santa Clara siguió siendo presa de cierta rapiña. Las monjas eran muy pobres y no tenían apenas medios; percibían una cantidad insuficiente por el alquiler de sus locales de la avenida de Selgas y pese a la avanzada edad de algunas de ellas, seguían cosiendo ropa para fuera de casa con una intensidad excesiva. Ello explicaría el goteo de objetos valiosos que las monjas malvendieron.
* Levante - 3.11.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
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LATRIBUNA/Toledo* : «Paralizado». Así está ahora mismo el tren de cercanías en La Sagra. Por eso, la Plataforma en defensa de este medio de transporte en la comarca ha decidido convocar un nuevo acto de protesta, similar a la celebrada el pasado marzo en Villaluenga. «Si no se mueven ellos, nos movemos nosotros». Así de contundente se mostró Susana Santos, una de las portavoces de la entidad. La concentración tendrá lugar a las 11,00 horas del próximo domingo 7 de noviembre con una marcha desde la antigua estación de Numancia-Yuncos hasta la plaza del Ayuntamiento, lugar donde se leerá un texto de apoyo.
Desde la plataforma exigen que el tren de cercanías «pare ya» en la comarca. No en vano, se trata de un transporte que «cada día vemos pasar de largo, pero que no podemos utilizar», remarcó Santos, quien además recuerda que la parada en las localidades sagreñas supondría un «espaldarazo importante» al desarrollo de esta zona de la provincia, que actualmente está «prácticamente muerta».
La representante añadió que la estación de Numancia debe volver a estar abierta, como también la de Villaluenga, ya que en este caso, hay que remontarse hasta 1975 para recordar la última vez que paró el tren en sus vías.
Santos explicó que la llegada del cercanías supondrá un aumento de población para la comarca, así como el fomento de trabajo y urbanismo, ya que actualmente, las personas «se están marchando de estas localidades por la enorme crisis, porque hay problemas para trabajar pero también por malas comunicaciones».
Además, recordó que la población joven «necesita este medio de transporte para salir a estudiar o trabajar a lugares como Toledo, Talavera de la Reina o Madrid. Además, el tren contamina poco y evitaría los grandes atascos que se originan en la autovía A-42, sobre todo a la altura de Parla».
De la misma forma, recordó que las localidades sagreñas necesitan mejores comunicaciones, ya que actualmente se reducen al transporte particular y a algunos autobuses, «que en el caso de Villaluenga dicen que pasan aproximadamente cada hora, pero eso no es verdad», destacó Santos.
De la misma forma, critica que, además de los jóvenes, las personas mayores que no disponen de coche «tengan que pedir favores a vecinos o recurrir a sus hijos y familiares cuando quieren ir al médico a Illescas, o coger los autobuses horas antes para llegar a Toledo», denunció.
«Cargada de razones», recuerda que el Ministerio de Fomento «tiene todo parado y no nos da respuestas, más allá que dentro de un plazo de unos 15 años podría llegar una lanzadera desde Illescas a alguna de las localidades cercanas».
Por eso, también tienen prevista una próxima manifestación en Villaluenga en marzo de 2011, que estará apoyada por asociaciones, partidos políticos y vecinos de Cobeja, Numancia, Villaluenga, Yuncos, Yuncler, Recas o Illescas.
* La Tribuna Toledo - 1.11.10
Foto: Numancia (Toledo), protesta tren (archivo) - latribuna
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