MUCHOCASTRO/Cantabria* : La semana pasada hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula el plan parcial del SUNP-7 en Mioño. Esta sentencia se une a un rosario de anulaciones judiciales que sumadas a las diligencias penales abiertas por diferentes asuntos urbanísticos han colocado al Ayuntamiento en una situación de crisis de difícil alcance, con repercusiones políticas obvias habida cuenta de la cantidad de políticos y técnicos afectados, y que, muy probablemente tengan consecuencias económicas de tal envergadura que dejen hipotecado nuestro Ayuntamiento durante muchos años.
El SUNP-7 entre La Loma y Mioño: Urbanismo especulativo
Paradigma de urbanismo estúpido es el SUNP-7. Se trata de un desarrollo urbanístico sobre una zona que se sitúa entre La Loma y Mioño, en lo que era un eucaliptal de considerable pendiente que desciende hasta la antigua vía del ferrocarril, entre el campo de fútbol de Mioño y el mesón el Túnel; son 75.000 m2 de superficie en los que se prevé construir 176 viviendas en gran medida construidas sobre pendientes que superan los 50º.El plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos políticos a pesar de las serias reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo, y muy a pesar de que ese plan parcial, tal y como sucede también con las viviendas construidas en La Loma, no tiene garantizado el suministro de agua, que se emplaza a la construcción de un depósito de agua sobre la falda del monte Cueto, en un suelo protegido que en estricta aplicación de la ley no puede albergar ese tipo de edificaciones. Para mayor vergüenza diremos que el Ayuntamiento es quien debe costear el acceso, la urbanización y edificación del depósito, y la conexión con la red general del suministro, en Chinchapapa: estamos hablando de más de un millón de euros a costa de nuestras maltratadas arcas municipales. Urbanismo especulativo que tiene que ser costeado por todos los ciudadanos.
Cuando se aprobó el Plan General en junio del 97, esta zona estaba calificada como Suelo No Urbanizable, es decir, sobre la misma no se podía edificar. Oscuros intereses propiciaron que muy pocos años después se reclasificara, a pesar de las reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo que finalmente cedió y se plegó a la insistencia de una sociedad promotora de Santander, Mipla de Inversiones S. L., aprobando la modificación del Plan General y reclasificando esta zona como Suelo Urbanizable No Programado el 30 de marzo de 2004. Esta clasificación de “No Programado” de acuerdo con la ley del Suelo de Cantabria es equiparable al “suelo residual”, es decir, que no tiene prioridad para su desarrollo, y más concretamente y a tenor del la propia ley en este tipo de suelos “pueden desarrollarse aquellos destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el suelo urbanizable delimitado”. Resulta sorprendente y sospechoso que, a una velocidad rara en los trámites urbanísticos, el Ayuntamiento aprobara inicialmente el plan parcial el 23 de junio de ese mismo año, estafando las propias previsiones de la ley pues ni la zona resultaba prioritaria para las necesidades de desarrollo de la ciudad, ni se habían agotado las posibilidades del suelo urbanizable que por aquel entonces tenía más de un millón de m2 por desarrollar en el municipio. Una vez más se demuestra que el Ayuntamiento ha estado plegado a intereses meramente especulativos.
Desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma.
En la actualidad el Ayuntamiento ha encargado la revisión del Plan General de Ordenación y ya hay una propuesta encima de la mesa. El PSOE se ha limitado a dar a conocer esta propuesta a través de su página web, pero por lo general los partidos políticos, cuando de urbanismo se trata, hacen mutis por el foro. La propuesta del Plan General resulta preocupante, en cuanto que se reincide en los errores más o menos intencionados que ha padecido el crecimiento urbanístico de los últimos años. Es una cuestión que iremos desgranando, y lo tenemos que hacer desde Otro Castro Es Posible con el empeño de que este sea debate para las próximas elecciones municipales. Los ciudadanos queremos saber cual es la propuesta de desarrollo urbanístico que se plantea desde las diferentes opciones políticas. Estamos convencidos de que otro urbanismo es posible; un urbanismo a escala de los ciudadanos y que se apoye en las cualidades del territorio; un urbanismo en el que prevalezca el interés público frente a la especulación; un urbanismo en el que se priorice la protección del medio ambiente.
Concretamente en el caso de La Loma, pedimos que se desclasifiquen los suelos programados que injustificadamente proceden de operaciones de reclasificación y que han metido a este municipio en un problema muy serio. Nos estamos refiriendo al SUNP-7, al SUNP-4, y al SUNP-12, todos ubicados entre la Loma y Santullán. En el caso del SUNP-12 existe además la presunción de sospecha de comisión de delitos de prevaricación urbanística según se desprende de las diligencias penales que instruye el juzgado de Castro Urdiales. Independientemente de los resultados de lo que aún está pendiente de juicio, lo que si sabemos ya es que una ciudad no debe desarrollarse por efecto de la especulación urbanística, o dicho de otra forma, del enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la ciudad.
La desclasificación es una figura incómoda para los políticos, y a decir verdad, poco habitual en la práctica administrativa cuando de ello se deriva la pérdida de plusvalía, es decir, de suelo urbanizable a suelo no urbanizable. La práctica habitual, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ha sido justamente la contraria, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, tal y como ha sucedido en la Loma. Ha sido la jurisprudencia quien ha definido la viabilidad jurídica de la desclasificación. Sobre esta cuestión se litiga si al propietario o promotor le corresponden una indemnización por ver perdida su expectativa de construir. Las fuentes consultadas nos dicen que sólo cabría indemnización en el caso de que el propietario o promotor hubiera cumplido con los deberes urbanísticos, entre ellos costear la urbanización. Esto sólo se ha producido en parte en el SUNP-12, pero sobre este plan parcial pesa como ya hemos dicho diligencias penales que avisan de una tramitación fraudulenta.
Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el Ayuntamiento, vía plan general, actuara por la vía de la desclasificación; sólo es cuestión de voluntad política, seguida de la necesaria claridad para saber cual es el modelo de municipio en el que queremos vivir.
Voluntad política, eso es justamente lo que estamos echando en falta.
* ASOCIACIÓN CIUDADANA OTRO CASTRO ES POSIBLE
* Mucho Castro - 21.01.11
1 comentarios :
>Algunos se aprovechan hasta de la especulacíón. Pregunten a esta asociacion qué han hecho hasta ahora en estas zonas y si les ha servido para tener trabajo de asesores medioambientales en el ayuntamiento
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