Salamanca.- La gestión urbanística municipal acumula sentencias judiciales en contra

En la ciudad de Salamanca se han ido acumulando numerosos casos de ilegalidades urbanísticas, algunos provenientes de anteriores legislaturas, sin que la justicia llegue a tiempo y los culpables político-empresariales sean sancionados debidamente por ello. Hay un poco de todo en este panorama conflictivo, desde el anulado Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén, aprobado en su día por el Ayuntamiento, hasta la reciente nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés, etc, etc.
"ELNORTEDECASTILLA* : Los problemas judiciales por motivos urbanísticos se acumulan. Causas y procesos que vienen de la anterior legislatura y que, pasado el tiempo y construidos los edificios e infraestructuras a los que se refieren, hacen difícil una solución que satisfaga a todos o que, al menos, compense lo perdido a la ciudad. En primer lugar, hace un mes, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés en los terrenos del antiguo cuartel de Julián Sánchez 'El Charro'. Dicho convenio se firmó en 2007 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Salamanca y la empresa y aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta ya que implicaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

En este sentido hay que recordar que los terrenos del cuartel de Julián Sánchez 'El Charro' fueron cedidos, tras una cuestación popular, por la ciudad al entonces Ministerio de la Guerra en 1926, por lo que nunca han tenido la consideración de particulares ni el Ayuntamiento, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tenía potestad para entregárselos a una entidad privada. Con las cosas así, la construcción del centro comercial carece de todo tipo de licencias urbanísticas y ambientales. Como la demolición del inmueble no parece factible, desde Equo-Salamanca, la formación política que ha perseguido sin descanso estas resoluciones judiciales, se plantearon esta semana una serie de compensaciones en forma de cesión de terrenos para uso y disfrute de los ciudadanos. Un ejemplo de esta medida sería la compra al Banco Ceiss de los solares de Adoratrices y Patio Chico y su posterior dedicación a equipamientos urbanos.

Por otro lado, hace apenas una semana se conoció la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula de pleno derecho el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca el 2 de diciembre de 2010 y que afecta a casi 600 hectáreas de terreno y nueve kilómetros de ribera. La razón esgrimida por el alto tribunal regional para esta anulación es la ausencia del informe medioambiental previo que se requiere siempre para actuaciones de este tipo. Ángel Gamazo, portavoz de Equo, señaló como responsable al entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Javier Galán, hoy subdelegado del Gobierno en la provincia.

Ahondando más en la historia, se descubre que la ausencia de ese informe está, con probabilidad, íntimamente relacionada con las opiniones que la Confederación Hidrográfica del Duero tenía sobre ciertos aspectos que se permitían en el plan de protección, como la construcción del Parque de Maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza en Huerta Otea. Esta infraestructura ya implicó para el Ayuntamiento una multa de 30.000 euros por parte de la CHD. Aún así, finalmente el parque se construyó, pese a la degradación del entorno fluvial de la ribera, y pese a que ocasionó graves problemas por la demolición de la pesquera de Tejares. Esta actuación se consideró imprescindible en su momento pero, tras varios miles de euros gastados y tras una agria polémica -que aún pervive- con los vecinos de ese barrio, quedó en agua de borrajas, ya que la pesquera se reconstruyó.

En resumen, hoy en día el Tormes y su entorno carecen de protección oficial -más allá de la que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana-, y sus riberas de Huerta Otea han de soportar la agresión de una infraestructura que no debería haberse establecido allí, aunque la Confederación finalmente transigió a cambio de la reconstrucción de la pesquera de Tejares. Finalmente, el Ayuntamiento anunció esta semana que se trabaja ya en el informe ambiental que permita la aprobación, esta vez definitiva, del fallido plan de protección.

Última sentencia
Hace apenas unos días el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la constructora del edificio que hoy es el hotel Corona Sol en contra de la sentencia del TSJCyL de marzo de 2013. Esta resolución judicial declaraba nulo el estudio en detalle promovido por la constructora para solucionar las irregularidades del inmueble, situado en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad.

Entre esas irregularidades destaca un exceso de volumen construido, que se trataba de solucionar en el estudio en detalle transfiriendo la edificabilidad de una de las parcelas aun no construidas al nuevo edificio. La asociación 'Vecinos tras el muro' denunció ese estudio y su contenido, y el TSJCyL les dio la razón, planteamiento que ha ratificado esta semana el TS. Por tanto, el edificio continúa siendo ilegal.


* El Norte de Castilla - CECILIA HERNÁNDEZ - 28.2.14
Foto: La actuación en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad y el edificio de la calle Alarcón ha sido la última sentencia perdida por el Ayuntamiento. / Almeida

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Granada.- La capital da carpetazo al Plan Albaicín y estanca el urbanismo en los años 90

La irracionalidad urbanística producto de los intereses políticos de los dirigentes municipales o autonómicos vuelve a la actualidad en Granada, con el grave motivo del ordenamiento del barrio del Albaicín, declarado junto con la Alhambra 'Patrimonio de la Humanidad'. Pero la limitación de miras y la corrupción reinante en casi todas las administraciones públicas han hecho que el Plan Albaicín siga sin realizarse correctamente y, por tanto su urbanismo actual se rija por un antiguo plan del año 1990. Ignorantes e irresponsables dirigentes que ponen en peligro el nº1 de los monumentos españoles.
"GRANADAHOY* : El Ayuntamiento lleva cinco años esperando a que la Junta apruebe el documento. La seguridad jurídica del barrio se queda en el aire y el Sacromonte se queda sin protección. El maltrecho barrio del Albaicín ha recibido otro estacazo. El golpe que ahora encaja bloqueará por tiempo indefinido los nuevos criterios de protección que debían aplicarse en el distrito desde hace años y retrotraerá la normativa urbanística que impera en la zona al año 1990, fecha en la que se aprobó el primer Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín-Sacromonte (Pepri), todavía en vigor.

Ayer, el Ayuntamiento de Granada anunció que archiva el procedimiento de revisión y actualización del caduco plan. Lo hace porque se ha cansado de esperar el visto bueno de la Junta de Andalucía, un trámite que llevan aguardando desde el año 2009, cuando se llevó a cabo la aprobación inicial del proyecto.

Para explicar su decisión, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se remontó al año 2006, cuando se adjudica la revisión del plan al mismo equipo que redactó la normativa de 1990.

El objetivo de esta revisión era actualizar el plan, ya que desde 1990 ha habido una nueva Ley del Suelo, una nueva Ley de Patrimonio Histórico, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se han detectado errores que estaban pendientes de corregir y se han tramitado numerosas innovaciones. Para añadir esta nueva realidad al documento y para incorporar la protección del Sacromonte al Plan Especial, el equipo redactor se pasó dos años trabajando (desde 2006 a 2008), fecha esta última en la que el Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto.

En enero de 2009 la Junta de Andalucía recibió 12 ejemplares del Plan con la intención de que dieran el visto bueno al documento, requisito indispensable para que el proyecto saliera adelante. Y hasta hoy. Cinco años de espera que el Ayuntamiento cerró ayer con el archivo del expediente.
"Siempre hemos reconocido que las competencias en materia de patrimonio son de la Junta así que esperábamos un informe sobre este documento aprobado inicialmente con instrucciones concretas de corrección, subsanación...", lamenta la concejal de Urbanismo, quien reconoce que hasta ese momento se habían gastado 100.000 euros en el proyecto.

Según la concejal de Urbanismo, desde la Dirección General de Bienes Culturales nunca dijeron en qué sentido debían ir las correcciones que se hicieron en el documento, aunque sí se pusieron pegas sobre el lugar de la hoja donde se había plasmado la fecha de acuerdo de pleno o sobre la estampación del sello del Ayuntamiento en el anverso y no en el reverso de las hojas. También pedían un estudio sobre la romería de San Cecilio.

Claro que el análisis pormenorizado del nuevo plan también revela algunos aspectos que justificarían que el municipio tenga cierto interés en mantener el antiguo documento. A saber. La renovación del plan deja al Sacromonte fuera de nuevos niveles de protección. Esa adaptación del documento también obligaría a ceñirse a la nueva Ley de Patrimonio de 2007 en virtud de la cual los planes especiales de protección deben ir acompañados de un plan de movilidad y accesibilidad aprobados por Cultura. Limita la proliferación de bares y terrazas y es exquisita con la ocupación de la vía pública.
"El Ayuntamiento siempre ha procurado que Cultura no le diera el visto bueno al documento porque la normativa de 1990 permite muchas modificaciones de uso y así, por ejemplo, se puede convertir una vivienda unifamiliar en una plurifamiliar, es decir cabía la posibilidad de convertir un Carmen en apartamentos", apuntan profesionales del Urbanismo en la capital. La normativa vigente tampoco contempla la arqueología emergente, es decir no prevé hacer estratigrafías en los muros. "Es como si un hospital utilizara hoy en día métodos diagnósticos de hace 30 años", explican a este diario las mismas fuentes.

El futuro inmediato es también de lo más preocupante para el Sacromonte, ya que se genera una situación de inseguridad jurídica. Los vecinos que esperan que se les dé una licencia se quedarán a partir de ahora en suspenso y los criterios que se utilizarán para gestionar el barrio son los de hace casi 25 años.
"Hace 25 años teníamos claro que los peligros del patrimonio histórico eran la destrucción de fachadas pero no se tenía en cuenta la sobreexplotación turística que cada vez más acecha a estas zonas protegidas", explican los profesionales en temas urbanísticos.
Llegados a este punto, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento habló de dos soluciones para desbloquear el plan: que la Dirección General de Bienes Culturales recurra este archivo si consideran que ya tienen el documento estudiado o que le remitan al Ayuntamiento el documento como ellos lo quieren "y nosotros lo volvemos a aprobar inicialmente. Pero siempre vamos a trabajar siguiendo instrucciones de Sevilla", apuntó la concejal.
Mientras eso ocurre, los vecinos esperan que no se gaste ni en euro más en planes, fichas y documentos que al final se convierten en papel mojado mientras los problemas del barrio siguen sin solución.


* Granada Hoy - ANA GONZÁLEZ VERA - 14.2.14
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr



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