LAOPINIÓN* : El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, asegura que con la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de decretar la libertad de Daniel García Madrid y del arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera, se ha puesto de manifiesto que puede existir un vacío legal que no impide la vuelta de los funcionarios a sus puestos tras salir de la cárcel, algo que sí ocurre en el caso de los jueces, magistrados y fiscales.
Por eso, tiene intención de enviar a la Fiscalía General del Estado una solicitud "para que si lo estima procedente eleve al Gobierno una petición para que haga la modificación necesaria con la finalidad de que los jueces puedan decretar de forma cautelar, si así lo deciden, la suspensión de un funcionario público, para evitar que estos vuelvan a sus puestos de trabajo y puedan cometer actos delictivos", explica el responsable del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía, consideran que el Código Penal debe modificarse, con la finalidad de que los jueces puedan impedir que los alcaldes corruptos vuelvan a sus despachos municipales, aunque sea de forma cautelar y en espera de juicio. Así, citan por ejemplo al primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, que tiene una petición de cárcel de seis años por parte de un juzgado, y que mientras tanto sigue gestionando su municipio.
Las mismas fuentes argumentan que en el caso del juez Fernando Ferrín Calamita, sí se ha adoptado la suspensión cautelar de sus funciones, lo que le obliga a sacar adelante a sus siete hijos con un sueldo de 900 euros.
* La Opinión de Murcia - TONO CALLEJA - 30 de abril de 2008
Foto: torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde de Torre Pacheco sale de la cárcel sin depositar un euro - La Opinión de Murcia - 30 de abril de 2008
Murcia: La Fiscalía pide al Gobierno que aparte a los alcaldes corruptos
Un testigo atribuye al Govern del PP el pelotazo de la finca de es Crevers
,+finca+Plan+Territorial+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : Un testigo, un ex alto técnico del Consell y actual asesor del Govern, ha revelado al juez que investiga el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial, las claves de una cumbre que mantuvieron líderes del PP y de UM y donde los primeros habrían impuesto la inclusión en dicha norma de un terreno de Alcúdia que ha dado lugar a un pelotazo millonario en la finca es Crevers (Marratxí).
El testigo ha ofrecido todo tipo de detalles sobre la reunión y ha acusado al anterior Govern del PP de incluir, por sorpresa, esa finca en Alcúdia, que, al parecer, pocos días antes había adquirido el promotor Mateo Sastre, uno de los encausados.
La persona que ha contribuido a poner un poco de luz en el complicado entramado de las áreas de reconversión territorial incluidas en el PTM, un mecanismo que, según la fiscalía anticorrupción, habría propiciado unas plusvalías (pelotazos) de casi 300 millones de euros a unos pocos promotores, es Josep Giménez Serra, que en la pasada legislatura fue la mano derecha del entonces conseller de Territori del Consell de Mallorca por UM, Bartomeu Vicens (imputado en el PTM) y que ahora es asesor de la conselleria de Medio Ambiente, cuyo titular es Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo afirma haber asistido a una reunión en el Parlament celebrada en noviembre del 2003 y a la que también acudieron: su jefe Vicens; Miquel Àngel Nadal, vicepresidente del Consell por UM; Grimalt, que era director insular de Territori; Rosa Estarás, vicepresidenta del Govern del PP, Jaume Font, conseller de Medio Ambiente e imputado; Mabel Cabrer, consellera de Obras Públicas; Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio y uno de los principales encausados en el caso Andratx; y Miquel Ramis de Ayreflor, secretario general de la conselleria de Medio Ambiente. Giménez postula que hasta esa cumbre, y en la fase de gestación del PTM, nunca se había hablado de colocar en las áreas de reconversión la finca AS16 . El Govern del PP en aquel encuentro habría forzado la inclusión de la AS16 de Alcúdia en un área que permitiría hacer una gran urbanización junto al monasterio de Es Secar (en Palma). Otro testigo sostiene que el imputado Sastre había comprado la AS16 pocos días antes y también eran suyos los terrenos de Es Secar. En la primavera del 2004, cuando el trasvase a Es Secar se malogró, la operación se recondujo hacia la finca Es Crevers (Marratxí), que también acabó comprando Sastre.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ7J.F.MESTRE. PALMA - 30 de abril de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
La Fiscalía plantea un máximo de tres años de cárcel para los ediles de Marbella acusados de delito urbanístico
SUR* : Los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella acusados de conceder licencias de obras ilegales serán condenados a un máximo de tres años y un mínimo de seis meses en la cárcel. Eso es lo que propone la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para aceptar la acumulación de las más de 70 causas judiciales pendientes por delitos urbanísticos que piden los abogados defensores de los ex ediles, siempre y cuando éstos acepten que cometieron las ilegalidades de las que se les acusan.
El más beneficiado podría resultar Julián Muñoz, ya que el ex alcalde acumula medio centenar de procesos por licencias contrarias al planeamiento.
En este pacto, que se ha gestado con los letrados de los imputados y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ministerio Público plantea que los acusados ingresen en prisión y que las penas de cárcel «no puedan sustituirse en ningún caso por multas, ni tampoco ser suspendidas», explicaron fuentes judiciales. «Se ciñe, además, única y exclusivamente, a la concesión de licencias ilegales y no afecta, por tanto, a los convenios urbanísticos de los que se pudiera derivar imputaciones por cohecho y malversación», añadieron las fuentes.
El sistema en el que se ha basado este pacto es el de la conformidad de las partes -acuerdo entre acusación y defensa previsto en la ley- que permite al acusado beneficiarse de una rebaja de la pena prevista en el Código Penal, siempre que reconozca su culpabilidad.
El delito urbanístico está castigado con penas de multa o de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel, además de inhabilitación para cargo público. En este caso, para llegar a la conformidad, la Fiscalía mantiene que la pena que se impondrá a los ex ediles será siempre de prisión, nunca de multa, y propone rebajar de dos a un año de cárcel el castigo máximo por cada delito urbanístico, mientras que el mínimo quedará en seis meses. Ello quiere decir que ningún ex concejal pasará más de tres años en prisión, ya que la ley impide que el reo cumpla más del triple de la pena más alta con la que está castigado el delito y en este caso el tope lo ha situado la Fiscalía en un año de cárcel.
Tomando como ejemplo el caso de Julián Muñoz aunque resultara condenado por cincuenta licencias ilegales a un año de cárcel por cada una de ellas, no podría imponérsele más de tres de prisión. Antes de este acuerdo el castigo máximo que recibiría el ex alcalde en caso de ser condenado sería de seis años.
El pacto beneficiaría a una decena de ex ediles del Ayuntamiento de Marbella entre el periodo comprendido entre 1997 y 2004, aunque, según las fuentes, podría afectar a otros munícipes fuera de esas fechas. Igualmente explicaron que la horquilla de seis meses a un año de cárcel en la que sitúa la Fiscalía las penas para los ex concejales imputados se aplicarán por tramos en función de la responsabilidad y participación que haya tenido cada acusado y planeamiento urbanístico vigente transgredido.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán penados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación. Igualmente, para el Ministerio Público es importante la «economía procesal» que se consigue en virtud de este acuerdo con el consiguiente ahorro de recursos materiales y humanos y de tiempo, ya que en caso contrario habría que celebrar 70 juicios por cada uno de los casos pendientes que son prácticamente idénticos.
Próxima reunión
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento. Aunque según las fuentes la mayoría de las defensas se acogerán a este pacto, algunos letrados consultados por este periódico han manifestado que irán a juicio ya que sus clientes piensan defender su inocencia.
La próxima semana está prevista una reunión entre los abogados de los munícipes acusados y el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo, en la que se cerrará el acuerdo y se conocerán cuáles son los imputados que deciden acogerse al mismo.
* SUR - 30.04.08 - MONTSE MARTÍN
Foto: MARBELLA - JOSELE LANZA - SUR
Denuncian que el Ayuntamiento de Madrid deja en la calle a los vecinos de La Cañada mientras permite construir ilegalmente a grandes empresas
PAUS* : Hoy martes, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid colocarán la primera piedra de la "Ciudad de la Justicia", actuación que podría vulnerar la legalidad urbanística. El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de un espectacular despliegue policial, comenzaba un proceso de derribo de varias viviendas en la Cañada Real por tratarse de construcciones levantadas en terrenos no urbanizables.
Ya en el mes de octubre del pasado año se llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en la Cañada, también con un fuerte despliegue policial que tuvo como consecuencia, además del derribo de viviendas, la detención de varios vecinos.
Lindando con la Cañada existen varios desarrollos urbanísticos, algunos de ellos en ejecución en la actualidad; Los Ahijones (UZP 2.03), Los Berrocales (UZP 2.04) y El Cañaveral (UZP 2.01), y otro previsto, Los Cerros (UZP 2.02). La presencia de infraviviendas en el entorno de dichos desarrollos depreciaría las viviendas que se espera construir en ellos, por lo que esta parece ser la verdadera razón que está detrás de las prisas del consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón en desalojar de sus viviendas a los vecinos de la Cañada, después de haber tolerado esta situación durante treinta años.
El hostigamiento a los residentes de la Cañada, bajo el pretexto de encontrarse en suelo no urbanizable protegido, contrasta con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid a obras y construcciones que se ejecutan en la actualidad sobre suelo igualmente no urbanizable protegido, lo que las convierte en ilegales.
El 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló 22 ámbitos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por considerar ilegal la desclasificación de terrenos que habían sido declarados protegidos en el PGOUM 85. Esta anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el 3 de julio de 2007, por lo que, a partir de entonces, toda obra que se lleve a cabo en dichos ámbitos, en aplicación del PGOUM 97 anulado, se encuentra completamente fuera de la legalidad.
Entre los ámbitos anulados están, precisamente, los citados de Los Ahijones y Los Berrocales, a pesar de lo cual las obras de urbanización de dichos desarrollos no sólo no han sido paralizadas, sino que parecen haberse acelerado en los últimos meses. De la misma forma han quedado anulados ámbitos como "Campamento", "Sistema Aeroportuario de Barajas" (en el que se ha levantado la Terminal 4 de Barajas) o "Parque de Valdebebas" (en el que el Ayuntamiento ha permitido que se levante la Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de una operación de recalificación e intercambio de terrenos que dio lugar además al proyecto de las Cuatro Torres). Precisamente es en estos terrenos en los que la Comunidad de Madrid pretende construir la "Ciudad de la Justicia", operación que podría resultar igualmente ilegal.
La saña con la que se está empleando el Ayuntamiento en las últimas fechas para, supuestamente, hacer cumplir la legalidad urbanística en la Cañada Real, y que está dejando en la calle a familias sin recursos, contrasta con el trato que el equipo de Ruiz-Gallardón da a las grandes constructoras o a la propia Administración, a las que concede licencias que infringen la legalidad urbanística.
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y grandes constructoras pretenden eludir la legalidad urbanística, por lo que corresponde a la Justicia velar por su cumplimiento, paralizando las obras, ordenando la demolición de lo construido y determinando si se derivan responsabilidades penales de sus actuaciones.
Madrid, 28 de abril de 2008
* Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
* TORTUGA - 29 de abril de 2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Por una nueva cultura del territorio
ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ* : El territorio es un bien limitado, un recurso no renovable. Su transformación es definitiva, por lo menos considerada a las escalas generacionales habituales. Decisiones que hoy tomamos, comprometen a nuestros descendientes. Beneficios (aquí habría mucho que hablar) de hoy, eliminan beneficios mucho mayores en el futuro, con lo cual desde el punto de vista de una comunidad muchas de las operaciones territoriales son directamente antieconómicas, es decir, insostenibles. No así desde el punto de vista del interés particular, que es en demasiadas ocasiones el que se impone al interés general.
Dos problemas territoriales han afectado fundamentalmente a Andalucía en las últimas décadas: la construcción masiva del litoral y el desarrollo urbano desordenado de las áreas metropolitanas. Entre las razones de este proceso, hay una que subyace y a la que raramente se hace referencia. Se habla mucho de la debilidad de los gobiernos locales, de la ineficacia de los medios de control superiores, administrativos o judiciales, y por supuesto de las tramas de corrupción, aún siendo éstas el caso minoritario pero sí el que más alarma causa.
Sin embargo, vemos hechos significativos que nos pueden dar la pista de la profundidad del problema. Por ejemplo, no pocos gobiernos locales con causas judiciales en marcha por asuntos de corrupción urbanística han revalidado, e incluso incrementado, su apoyo electoral. Sin llegar a ese grado extremo, en materia de desarrollo urbano y territorial en muchos casos, tal vez la mayoría, no observamos diferencias claras en sus modelos de desarrollo urbano entre municipios con décadas de gobiernos locales de signo distinto. Pareciera que el modelo urbano es único, al margen de partidos o ideologías.
¿Qué está pasando? Claramente que una buena parte de la sociedad desconoce las consecuencias a medio y largo plazo del urbanismo desaforado, no dispone de elementos culturales, educativos e información suficiente para comprender la falacia de los cantos de sirena desarrollistas bien propagados por los interesados. No existe una cultura del territorio. Mientras que en cuestiones tales como la conservación de las especies y los medios naturales, o más recientemente con el cambio climático, va calando desde hace tiempo en la sociedad una conciencia ecológica, ésta sin embargo en el aspecto territorial aún no existe. De esta manera es fácil ganarse el favor de los responsables municipales y de la opinión pública local para los proyectos "estrella", que casi siempre son finalmente más urbanización. Incluso en no pocos casos, alcaldes sensatos se han visto en dificultades políticas cuando han intentado poner coto a esas situaciones.
Sería un error de los representantes institucionales y políticos andaluces, y de sus partidos, soslayar sus responsabilidades dejándose llevar hacia donde el viento parece más favorable. Al contrario, es su obligación detener el avance de modelos insostenibles, perseverando en algunas señales positivas que percibimos en este sentido la pasada legislatura.
También deben de contribuir al desarrollo de una vez por todas de una verdadera cultura ciudadana del territorio, liderando un compromiso general. Un proceso éste que empieza en las aulas, continúa en los medios de comunicación, y en las "internas" de las organizaciones sociales y políticas, y que debe mover a todo el cuerpo social. El objetivo es conseguir que la sociedad andaluza sea fuerte en defensa de sus intereses, actuales y futuros, en materia urbana y territorial. Ahora que aún podemos hacer algo.
* Enrique Hernández Martínez es presidente del Colegio de Geógrafos de Andalucía
* ELPAIS.com - Opinión - 25/04/2008
La Palma: Ecologistas denuncian que prima el interés especulativo al general de forma descarada
+-+visitarcanarias.com.jpg)
SANBORONDÓN* : Eduardo Pérez Cáceres, miembro de la Asamblea Ecologista de La Palma, critica que prima en la Isla una forma de hacer política “desfasada”, basada en el cemento, y una forma de mirar el territorio que tilda de “penosa y preocupante para el futuro”.
Señala que no existe para La Palma un modelo de desarrollo, sino una serie de “intereses” de los municipios, a los que compara con “reinos de taifa”: “Cada uno va a colar sus proyectos, sus acuerdos y sus negocios, establecidos en términos que tal vez la Fiscalía Anticorrupción tendría que investigar cuando tenga tiempo”, sentencia.
Claro ejemplo de esta primacía de los intereses “empresariales - constructivos - especulativos” en las políticas de desarrollo de la Isla lo constituye el campo de golf proyectado para el municipio de Breña Alta. El controvertido proyecto afecta a una espacio natural protegido incluso por directivas europeas. Así, algunas partes del terreno que se destinaría a campo de golf han sido declaradas como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
“Es un sitio increíble...Cuando uno pasea por ahí no puede entender en qué cabeza cabe montar allí una serie de hoteles, villas de lujo y un campo de golf”, comenta Eduardo Pérez obviando ya lo referido al incumplimiento de las leyes. Se trata de una zona tradicionalmente dedicada a labores agrícolas y ganaderas, en la que además se encuentran ejemplos muy conservados de laurisilva y fallal-brezal.
Entiende Eduardo Pérez que es éste un “proyecto disparatado” que no va a aportar nada al desarrollo económico y social del municipio. Lo define como una operación “puramente especulativa”, en la que ciertas empresas habrían pagado un precio “irrisorio” por los terrenos, “pendientes de la típica recalificación para urbanizar”, dice.
Denuncian que el propio Ayuntamiento de Breña Baja se ha posicionado al frente de la defensa de que se aumente el número de camas cuya construcción está prevista en el Plan General de Ordenación del municipio, aún sin aprobación definitiva. Éste prevé 360, mientras que los promotores, con el Ayuntamiento al frente, demandan 900.
Según el ecologista, el modelo planteado por el PGO es “caduco” y de un “desarrollismo” propio de otras épocas, en las que la idea de desarrollo se encontraba intrínsecamente unida al cemento, la urbanización y la construcción. Comenta que la “ambición urbanizadora” de éste y otros Planes Generales de Ordenación en el territorio canario parecen “como fuera del tiempo”. Señala que habría que preguntarse quiénes son los “accionistas” de gobiernos como el de Breña Baja. “Quien paga, manda”, dice.
Cuenta que en estos momentos en que en la Isla hay tantos “frentes abiertos” contra éste y otros proyectos similares, tanto la Asamblea Ecologista de La Palma, de la que es miembro, como otras asociaciones y colectivos, luchan activamente en el frente legal. Juristas y no juristas sacrifican muchas horas de su tiempo libre, “con fe en la justicia”, aunque reconoce que el funcionamiento de ésta en ocasiones resulta “decepcionante”.
En este sentido, comenta que no sabría decir si es que la justicia es lenta o si, en lo que se refiere a la normativa urbanística y ambiental pueden darse distintas aplicaciones de la ley, según a quien se dirijan. Recuerda que son numerosos los casos en las Islas de viviendas derrumbadas o amenazadas por incumplir la ley: “¿Con qué cara mirará esta gente proyectos que se plantean incluso dentro de espacios protegidos, como el campo de golf de Tamanca?”, pregunta Eduardo Pérez.
* Revista San Borondón - 29.04.2008
Foto: Breña Baja (La Palma) - visitarcanarias.com
Piden 7 años a un técnico de Cártama por pedir dinero a cambio de legalizar viviendas
,+demolici%C3%B3n+viviendas+ilegales+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
20MINUTOS/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión y una multa de 250.000 euros al encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en presuntos sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales.
Después de conocerse los hechos, el funcionario renunció a su cargo.
Junto a él, están acusados un intérprete y un propietario, este último por aceptar el ofrecimiento. El juicio se celebrará después del verano en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.
El escrito del fiscal asegura que el funcionario ha venido reclamando a propietarios y vecinos, “abusando de sus funciones”, el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, la sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística. En diciembre de 2004, solicitó a un vecino 12.000 euros por si éste quería evitar una sanción municipal por arrojar escombros ilegalmente.
En el mismo mes, pidió a un matrimonio "una suma de dinero" para regularizar una construcción y, posteriormente, exigió a un extranjero el abono de 18.000 euros para legalizar su obra, así como otros 3.000 por hacer lo propio con un camino y una piscina, aclara el representante de la acusación pública.
12.000 euros y "lo oculto en un cajón"
También pidió 12.000 euros a otro vecino por "ocultar en un cajón" el expediente de demolición de la obra que construía; y a dos extranjeros, 18.000 por hacer desaparecer el expediente incoado por el Consistorio, para lo que utilizó a un intérprete que, según el fiscal, "conocía perfectamente lo que hacía, aunque no consta beneficio económico".
En enero de 2005, acudió a otro terreno y reclamó a su dueña 6.000 euros por convertir el mismo en urbanizable y ocultar las futuras multas. Lo mismo hizo con otro propietario, a quien le exigió ver "los permisos de construcción de la casa", a lo que el interpelado contestó que no contaba con ellos. Así, "le reclamó el pago en tres o cuatro días de 6.000 euros para evitar el precinto de la construcción realizada".
Más dinero
Con J. S. R. contactó a través de un intermediario. Éste se había construido una vivienda. El procesado ofreció al primero de ellos "la paralización del expediente sancionador a cambio de 9.000 euros", entrega que se hizo efectiva, aunque después le solicitó además otros 6.000 euros, una vez que el dueño había recibido una carta del Consistorio informándole del precinto de las obras.
A otro propietario le pidió 9.000 euros por evitar que se precintara su obra. Éste pagó 7.000, pero cuando le llegó la resolución municipal ordenando lo que había tratado de evitar, fue a la Gerencia de Urbanismo y denunció los hechos. A todos ellos se suman dos casos: solicitó 6.000 euros a un extranjero por tener su casa en un terreno inferior a 100 metros cuadrados e intentó cobrarle 12.000 euros a otra mujer "para solucionar la legalización de su vivienda en zona protegida", añade el fiscal.
* 20 Minutos - 28.04.2008
Foto: Cártama (Málaga), demolición viviendas ilegales - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía pacta con los ex ediles del GIL imputados evitar los juicios si aceptan la pena de cárcel
SUR/Marbella* : La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión por ello.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.
Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.
Las fuentes han explicado que cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con la ventaja de no tener que pasar por la pena de banquillo.
Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.
En este sentido, las fuentes han apuntado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triplo de la pena máxima.
Además las fuentes han subrayado que la pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación.
En virtud de este acuerdo, la Administración de Justicia también consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.
Entre los ex ediles que se podrán acoger a dicho pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, que es el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.
* Sur - EFE - 29.04.08
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Un juez ordena la suspensión de un PAI de Rocafort que modifica el término de Godella
,+zona+PAI+Bovalar+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Valencia ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Godella contra la reparcelación del PAI del Bovalar de Rocafort y ha dictado medidas cautelares para paralizar este desarrollo urbanístico.
El auto, notificado a las partes el pasado viernes, no valora el fondo del recurso pero considera que procede "la suspensión cautelar del acto impugnado" al producirse "un evidente perjuicio irreparable si se llevara a cabo la actuación urbanística de la reparcelación". Las obras de la reparcelación han comenzado por lo que en aplicación del auto deberían también paralizarse aunque ayer podían verse máquinas amontonando arena en la zona.
El PAI del Bovalar de Rocafort se aprobó el pasado mandato, en abril de 2006, con la unanimidad de todos los grupos políticos. La UE del Bovalar desarrollará 144.000 metros cuadrados de suelo y en el plan parcial presentado por la promotora en el momento de la aprobación cabía la posibilidad de la construcción de hasta 500 vivendas. La entonces concejal de Urbanismo, Carlota Navarro, indicó que no se construirían más de 300 casas debido a la tipología permitida en la localidad. Ya en abril del pasado año se expuso al público el proyecto de reparcelación del urbanizador, al que alegó el PSPV de Rocafort.
En julio de 2007 el Ayuntamiento de Godella presentó alegaciones contra la modificación del proyecto de reparcelación del PAI del Bovalar porque aumenta el riesgo de inundaciones y porque en la zona de actuación se incluye el encauzamiento de un barranco que ha modificado el término municipal de Godella. Rocafort rechazó las alegaciones y el consistorio vecino acudió al contencioso.
En el recurso presentado contra este PAI, el Ayuntamiento de Godella impugna la resolución que aprueba el proyecto de reparcelación porque se produce "un traslado de las zonas de servidumbre a terrenos del termino municipal de Godella" sin el consentimiento o rechazo del ayuntamiento. Esto implica la modificación del término municipal de Godella. La declaración de impacto ambiental emitida para tramitar el Plan Parcial y Homologación del sector está condicionado a la "conformidad del Ayuntamiento de Godella". El plan fue aprobado sin que conste, indica el auto, que Godella haya dado su conformidad al nuevo trazado del barranco y que no existe riesgo de inundaciones.
Y sin pronunciarse sobre "si se ha producido alteración de términos municipales o no" el juzgado considera que "procede la suspensión cautelar del acto impugnado".
* Levante-EMV - J. T. , Godella - 29 de abril de 2008
Foto: rocafort. Una de las máquinas amontonaba ayer arena en la zona del PAI del Bovalar/ j. t., levante-emv.com
Feijóo aprobó el plan de Ourense pese a conocer sus irregularidades
ELPAÍS* : La Consellería de Ordenación del Territorio encabezada en 2003 por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo constancia documentada, en abril de aquel año, de que el planeamiento urbanístico de Ourense expuesto al público en el Museo Municipal no era el mismo que había aprobado inicialmente el Ayuntamiento un año antes.
Tanto el entonces alcalde de Ourense, el popular Manuel Cabezas, como el propio Núñez Feijóo, recibieron sendas notificaciones de un particular, con acta notarial de las irregularidades, alertándoles del "cambiazo" de los planos.
En el planeamiento que se mostraba a los orensanos para que hicieran las correspondientes alegaciones la edificabilidad era considerablemente inferior a la que realmente se había aprobado. Pero tanto Cabezas como la consellería miraron hacia otro lado y Feijóo firmó un mes después la aprobación definitiva del planeamiento que ahora, por ese mismo motivo y por la denuncia presentada por el mismo particular, ha anulado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que pone en peligro las inversiones y el desarrollo urbanístico de la ciudad.
El 25 de marzo de 2003, dos días antes de que se celebrara el pleno municipal de aprobación provisional del plan general de Ourense, entró por Registro en el Ayuntamiento un escrito firmado por el promotor Delio Óscar Santalices Vieira informando de que el documento que se había expuesto al público no se correspondía con el de la aprobación inicial. Santalices adjuntaba copias, certificadas por notario, de ambos planos.
El escrito, reclamando la retirada de la aprobación del plan del orden del día del pleno, llegó el día 27 a manos del jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Cándido Ortells. Cuando el técnico vio la reclamación se estaba sometiendo ya el documento a aprobación plenaria. Ante la gravedad de la denuncia, Ortells redactó un informe para que fuera entregado de urgencia al alcalde, al concejal de Urbanismo y al secretario municipal que estaban en el pleno. "Habiéndose recibido el mencionado escrito siendo las 10,45 horas, dado que el pleno comenzó a las 9,30 horas y dada la trascendencia de la solicitud y sin perjuicio de su posterior informe jurídico por el contenido del mismo, deberá darse traslado a la mayor brevedad posible de copias del escrito de referencia al alcalde, al concejal delegado de Urbanismo y al secretario general", especificaba. Pero horas más tarde la corporación aprobó el planeamiento sólo con los votos del PP.
Santalices remitió entonces un escrito a la consellería dando cuenta de lo ocurrido. Así consta en el fax urgente enviado el 23 de abril de 2003 desde esa consellería, presidida por Núñez Feijóo, al alcalde de Ourense. "En esta dirección general se recibió escrito presentado por Delio Óscar Santalices en el que se plantean diversas cuestiones relacionadas con el trámite de información pública del documento del PXOM..." consta en el escrito en el que se insta además al Ayuntamiento a que certifique que el plan aprobado inicialmente "fue sometido a información pública". El alcalde y el secretario municipal, Mariano Rodríguez, firmaron el mismo día ese certificado.
Delio Óscar Santalices no denunciaba la falta de exposición pública, sino que los planos aprobados inicialmente por el Concello "no coinciden con los expuestos al público" y alertaba de la "graves divergencias en cuanto a clasificación y calificación" advirtiendo de "la responsabilidad jurídica de los autores". Pese a ello, el 29 de abril el conselleiro de Obras Públicas, Alberto Núñez Feijóo, firmó la aprobación definitiva del plan.
El 7 de mayo el jefe de servicio de Planeamiento pidió un informe a la secretaría municipal ante "la gravedad" de lo denunciado por el promotor y la "acusación de falsedad en documento público". Poco después el alcalde destituyó de la jefatura a Cándido Ortells. La semana siguiente comenzaba la campaña de las municipales que le iba a dar la tercera mayoría absoluta consecutiva a Manuel Cabezas.
Cambio de edificabilidad
Las "graves divergencias de clasificación y calificación" que existían entre la documentación del plan de urbanismo expuesta al público y la aprobada por el Ayuntamiento de Ourense, se referían especialmente a la edificabilidad y al número de alturas de determinadas fincas de la ciudad. La denuncia -presentada finalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la semana pasada todo el planeamiento- hacía constar que los cambios "más notorios" se referían a la unidad de ejecución comprendida entre la Rúa do Entroido y la Avenida de la Ribeira Sacra, una de las zonas de expansión de la ciudad.
Delio Óscar Santalices destacaba que en el plan expuesto al público se calificaba el suelo de estas fincas como "urbano intensivo en bloque abierto con cuatro plantas de altura máxima autorizadas". Pero en el plano aprobado por el Ayuntamiento se calificaba la zona como "área de planeamiento específico con edificación en bloque y altura máxima de 7 plantas".
Pero no era el único caso. Los planos de otras zonas de la ciudad ofrecían similar variación. En donde en el documento expuesto al público figuraban (AR-39N) dos bloques de cuatro plantas cada uno, en el aprobado por el ayuntamiento constaba que se construirían tres bloques de siete alturas. Y en donde se mostraba a los ciudadanos que habría una torre de 16 plantas (AR-38N) el PP había aprobado en el pleno que la torre sería de 19.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 29/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vecinos, políticos y periodistas recorrieron las irregularidades urbanísticas de Hortaleza
MADRIDDIGITAL* : Varios representantes de la asociación vecinal Urbe, acompañados de miembros de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Hortaleza, la FRAVM e IU, realizaron el fin de semana un recorrido por algunos de los lugares del barrio de Canillas que incumplen la legalidad urbanística, y que a pesar de haber sido denunciados en repetidas ocasiones ante la Junta de Distrito, gozan de la permisividad de la administración local.
La visita arrancó de la calle Zacarías Oms, a escasos metros de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, “la misma junta que lleva meses ninguneando a las vecinas y vecinos de la asociación Urbe”, según denuncian éstos. Su presidente, el actor Carmelo Gómez, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias y, con un grupo de periodistas, representantes vecinales y políticos recorrió tres inmuebles significativos de Canillas que incumplen las normas urbanísticas, de las decenas que tiene registrado la asociación vecinal.
Los edificios han sido denunciados por hechos como el exceso de ocupación de parcelas y del volumen edificable, daños causados por obras en edificios colindantes, exceso de altura, tala de árboles, cambios de usos, incumplimiento de condiciones estéticas o por la inexistencia de licencias de primera ocupación, acciones que dañan a vecinos que habitan en viviendas anejas y alteran la convivencia en la zona.
“Lo que queremos es que respeten la legalidad”, sólo eso, indicó Carmelo Gómez ante un lujoso edificio de tres pisos que incumple la normativa sobre alturas y ha invadido parte de las parcelas contiguas.
Meses de denuncias
La asociación Urbe llevaba meses denunciando estas irregularidades cometidas por promotores inmobiliarios, sin que nadie tomara cartas en el asunto. Al menos hasta la semana pasada, cuando la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, se comprometió a estudiar las quejas vecinales tras recibir, de manos de la citada entidad vecinal y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), un informe del Defensor del Pueblo que destaca “la connivencia por inhibición” de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Hortaleza con los infractores urbanísticos.
Pero los vecinos no sólo se quejan de la pasividad de la delegación municipal: “No nos dejan hablar en los plenos de la Junta, y la nueva concejala, con la que tenemos peor relación que con la anterior, sólo quiere recibirnos en su despacho, nunca de manera pública, en el pleno. Así es como están haciendo la democracia”, se quejó Gómez.
El 23 de mayo de 2007, la AV Urbe remitió al Defensor del Pueblo un informe de más de 100 páginas que recogía multitud de denuncias de infracciones urbanísticas de diversa índole en el barrio de Canillas. El documento fue elaborado por requerimiento de la entonces concejala presidenta de distrito, Sandra Lorite. Posteriormente, el pasado 5 de marzo, el Defensor del Pueblo hacía pública una resolución en el que constata “la desidia e inhibición de los servicios técnicos de la Junta y su connivencia con los infractores urbanísticos”.
Tras agotar las vías de interlocución con la Junta de Hortaleza, “donde los malos modos, la cerrazón y la más absoluta de las negativas a atender las demandas vecinales se han convertido en moneda corriente”, según denuncia la asociación Urbe, la FRAVM y la entidad ciudadana se dirigieron a una instancia superior, al área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, con el propósito de informar directamente a sus responsables, obteniendo el citado compromiso de los responsables municipales.
+ Madrid Digital - 28/04/2008
Foto: AAVV madrid - madriddigital.info
Entrevista a Miguel Amorós sobre el TAV
KLINAMEN* : ¿Qué es el TAV? Antes que nada conviene aclarar que en una sociedad como la nuestra, donde tecnócratas expertos dirigen todos los aspectos de la vida y donde la libertad no es sino otro nombre del despotismo, el lenguaje no es un medio de comunicación entre personas libres, sino la herramienta por la cual los dirigentes transmiten sus ideas y sus órdenes a las masas dominadas. Cada palabra, especialmente si es un neologismo, sostiene una realidad opresiva disimulada tras una apariencia técnica. Sabemos que la técnica no es neutral ni el neologismo tampoco. Así pues por TAV no podemos entender simplemente un artilugio que marcha a 300 km/h.
El TAV es el emblema tecnopolítico de la mundialización. En tanto que trasporte preferido de los dirigentes en la media distancia, es una condición necesaria de la economía globalizada; en tanto que figura política del marketing internacional ciudadano, es la pura Razón de Estado.
¿Por qué ahora hay tanta prisa con el TAV?
El TAV ha de construirse cuanto antes porque los intereses del poder así lo requieren. No se trata tanto de ganancias inmediatas, como por ejemplo las de las constructoras de obra pública, los fabricantes de trenes o las empresas de seguridad; tampoco de intereses privados ligados a oligarquías locales; mejor es cuestión de intereses generales relativos a la clase que domina el mundo, y del mundo tal como resulta del dominio de esos intereses. Cuando la población se concentra en unas pocas regiones metropolitanas, la acumulación ampliada de capital depende mucho más de la circulación, incluida la circulación de ejecutivos financieros, empresariales y políticos. Éstos necesitan un medio de locomoción más eficaz que el avión entre dos sistemas suburbiales, es decir, entre dos megaciudades: ese es el TAV.
¿Qué beneficios aporta?
La respuesta depende de si la pregunta se hace a los dirigentes o a los dirigidos. Para los primeros el beneficio es incuestionable, puesto que todo lo que contribuya a la movilidad colabora en la transformación del mundo conforme a su interés. La “intermodalidad”, es decir, la coordinación de las distintas formas de transporte, sería un buen ejemplo del mundo de los ejecutivos, donde “los rápidos se comen a los lentos”. Sin embargo, todo lo que resulta ventajoso para aquellos, forzosamente ha de resultar perjudicial para los demás, pues refuerza su sometimiento y su alienación.
Pero ¿y la rapidez?
Si el criterio racional contara, la fórmula perfecta sería un tren de bajo impacto que combinara celeridad y precio. Tales trenes existen y además competirían con las autopistas. Sin embargo para la clase cuyo tiempo es oro, una ganancia de segundos significa un lucro importante, por lo que la velocidad goza de prioridad absoluta. La alta velocidad de los trenes es la alta velocidad de los negocios.
Sin embargo, lo que es bueno para la economía ¿no es de alguna forma bueno para todos?
Más bien lo contrario. Si la riqueza se concentra, la pobreza se difunde. Indudablemente los bancos, los especuladores inmobiliarios, las refinerías, la industria turística, el comercio de coches y el sector logístico, van a amasar mucho dinero. Habrá migajas para unos cuantos. Pero en la medida en que se terciariza la economía con la inestimable ayuda de ese caballo de Troya en forma de tren, se imponen para la mayoría las condiciones de trabajo y de vida que le son propias: precariedad, salarios ínfimos, horas extras, hipotecas, vivienda indigna, transporte público infame... Eso es todo lo que saldrá ganando la mayoría.
¿Qué consecuencias tiene el TAV para las ciudades?
Las ciudades “situadas en el mapa” por el TAV acumulan población y, por lo tanto, van extendiéndose como mancha de aceite hasta penetrar en las provincias adyacentes. Mientras el centro de la ciudad original se museifica y peatonaliza para devenir mitad parque temático, mitad centro comercial, la periferia pierde sus límites y se transforma en un entorno artificial, caro, invadido por vehículos, ruidoso, contaminado e insalubre tanto física como síquicamente.
¿Qué papel juegan las estaciones?
Son los edificios por donde llegan las elites de la globalización; arquitectónicamente representan sus valores, sus delirios, su falta absoluta de sensibilidad y su mal gusto. Evolucionan hacia un híbrido entre el centro comercial y el complejo hotelero, pues la intención es que el transporte acabe siendo una actividad económica entre tantas, exactamente igual que sucede con los aeropuertos. La estación del TAV determina un reordenamiento total de la barriada donde se ubica que se convierte en un auxiliar monitorizado de la estación, a través de cuyas pautas toda la ciudad va a remodelarse. La estación en realidad es la ciudad futura en pequeño. Contiene una promesa de ciudad radicalmente distinta, carcelaria y consumista a partes iguales, que sólo espera inversiones para desplegarse.
¿Qué significa el TAV para el conjunto del país?
El TAV contrae el espacio a la vez que la economía lo coloniza. Tiene pues un efecto centralizador. Las conurbaciones quedan conectadas entre sí como densos nódulos de una red gobernada por un enjambre electrodirigente. El territorio resulta agredido de mil maneras, quedando fragmentado, desequilibrado y reducido a decorado paisajístico.
Entonces ¿hay que ir contra el progreso?
Solo si el progreso significa despilfarro energético y dilapidación de recursos, desequilibrio territorial, cultivos transgénicos, líneas de muy alta tensión, motorización, centrales nucleares, neurosis y exclusión social. El TAV es esa clase de progreso.
¿Cómo funciona la lucha anti TAV en Cataluña?
Desgraciadamente en Cataluña una lucha de esas características no existe. Lo que hay es una oposición farisea, mediatizada por partidos y alcaldes, que se opone a determinados trazados o que exige soterramientos, pero que no cuestiona la necesidad del TAV, ni mucho menos se interroga sobre la sociedad que lo reivindica. Las plataformas cívicas anti TAV hablan el mismo lenguaje que el poder que lo construye y concuerdan con sus fines. En sus métodos no buscan provocarlo, sino abrir vías de diálogo y colaboración institucional. Pero sucede que por propia naturaleza el TAV no puede permitirse demasiada flexibilidad y tiene poco que ofrecer aparte de dinero. Normalmente las inversiones culturales o deportivas suelen bastar para que los representantes de los intereses locales lesionados miren para otro lado. En último extremo las plataformas tratarán de consolarse con inútiles caceroladas, recogidas de firmas y pleitos administrativos.
¿Cuál es la alternativa?
La lucha contra el TAV no tiene sentido sino dentro de la lucha contra el modelo político y económico de sociedad a la que va asociado. No ha de reivindicar sólo otro transporte, sino otra sociedad. Es una lucha contra todas las infraestructuras típicas de una economía desbocada, autopistas, superpuertos, túneles, macroaeropuertos, etc., y también una lucha contra el automóvil, la suburbialización, la alimentación industrial, la artificialización de la vida, la destrucción del territorio, la explotación del trabajo, etc. Es una lucha antidesarrollista y anticonsumista. La lucha de los afectados por el TAV es una lucha contra la clase dirigente, por lo que ha de saber reconocerse como lucha de clases. Ha de poner en marcha mecanismos organizativos autónomos capaces de elaborar puntos de vista críticos de manera colectiva, así como formas de lucha directa alejadas de la política y el sindicalismo. De ellas ha de nacer un sujeto histórico, una comunidad de oprimidos capaz de enfrentarse como clase a las fuerzas de la dominación y cambiar el mundo según sus deseos.
Vale, pero ¿no es eso abarcar mucho y apretar poco?
Evidentemente una lucha de tal envergadura no es cosa de meses ni de guerras civiles para mañana. Es cuestión de saber fijarse objetivos a medio y corto plazo, por ejemplo, la detención de las obras. Su simple parálisis daría un respiro al territorio y sus pobladores, ralentizando la degradación. Sabotear la política de tierra quemada que emplean los dirigentes, obligándoles a retroceder mediante movilizaciones lo más numerosas posible, como en Valsusa. Cuando es la causa de la libertad la que está en juego, primero hay que ir poco a poco; después, cuando pinten la ocasión, ya se procederá de golpe.
Para acabar y a nivel más personal, ¿qué es para ti el TAV?
Es la prueba de la insolente rapidez con que unos pocos cuya autoridad cuestiono deciden cómo va a ser la vida de todos.
* Miguel Amorós
Entrevista para AHT Gelditu!, 23 de abril de 2008
* Klinamen - 25 de Abril de 2008
Las infraestructuras terrestres están destruyendo el territorio andaluz (II)
GAS* : En esta segunda noticia relacionada con las infraestructuras que, por doquier, se multiplican en el suelo andaluz, trataremos nuevas agresiones y proyectos que en diferentes provincias amenazan los ecosistemas andaluces. Tanto en las provincias de Cádiz, Sevilla o Huelva, los kilómetros de vías se multiplican por doquier, causando estragos en los parajes naturales y poblaciones que atraviesan.
Se suceden proyectos de dichas infraestructuras que pasan desapercibidos para la población y que las administraciones intentan ocultar a los colectivos ecologistas, debido a su claro impacto en el medio.
En Sevilla, la localidad donde se están produciendo más movimientos es en Alcalá de Guadaíra, al sur de la capital hispalense:
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha licitado las obras de duplicación de la carretera A-392 (Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas), con un presupuesto de 37,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. La duplicación constará de 6 rotondas y dos carriles para cada sentido, que irán separadas por una jardinera. El proyecto, que incluye un carril-bici en todo el recorrido, contará con un enlace a la autovía A-376 (dirección Utrera), y diversos pasos elevados para el tránsito peatonal y las vías pecuarias Cordel de Pelay Correa y Vereda del Rayo.
Otra obra más polémica es la carretera conocida como Variante Este, en el mismo municipio de Alcalá de Guadaira, está siendo construida sin la Declaración de Impacto Ambiental, con un estudio de tráfico erróneo y sin el proyecto aprobado por Obras Públicas, situación de la que era conocedora la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Esta construcción, que se lleva dando durante más de un año por el Ayuntamiento de Alcalá y que ya ha finalizado algunas partes, unirá la carretera que va de Dos Hermanas a Alcalá (A-392) a la altura de La Hacienda La Boticaria y la que vía que conduce a Morón desde Alcalá, en el Junco.
Esta obra uniría estos dos puntos atravesando el río Guadaíra en el escarpe de los Alcores, junto a los molinos de Marchenilla, para lo cual se tendría que construir un puente.
La ilegalidad en la que está la obra se une al fallo en el estudio de tráfico. Este estudio debe asegurar que la carretera es factible y que los ciudadanos ahorrarán con su construcción en gasolina, aceite, etc. El estudio recoge que esta variante acogerá el tráfico que circula por la A-392, aunque olvida que la SE-40, ya en construcción y que será la principal alternativa, ya que es mucho más conveniente para la unión de las zonas circundantes y afectadas. Además, tiene un fallo en el cálculo de lo que se ahorraría un coche utilizando la variante. Relamente, aunque no se construyera la SE-40 es más económico no hacer la variante, pero, sin embargo sí es ventajoso para las urbanizaciones de la zona sur de Alcalá, alrededor de la zona conocida como la Pirotecnia y la Boticaria.
Además, este proyecto ya en construcción incumple diversos aspectos del PGOU de Alcalá de Guadaira, lo que hace su ilegalidad más patente. Por último, todo esto, unido a la riqueza ecológica que atraviesa, hace que sea un impacto ambiental, paisajístico y social defendido y amparado por las administraciones y sólo denunciado por grupos ecologistas de la localidad afectada.
Ambas obras son defendidas por la necesidad de contar con más infraestructuras para la zona, aunque actúan como imanes de coches y vehículos, ya que crean espacios donde el transporte privad goza de gran ventaja y predominio sobre el público, que queda relegado a una posición anecdótica, al contrario de lo que quieren hacer ver con la política del desarrollo sostenible y el respeto por la naturaleza.
Por su parte, en las provincias de Cádiz y Huelva, tras más de diez años en el silencio, de nuevo la Junta de Andalucía se saca de la manga un viejo proyecto:
La Junta de Andalucía está promoviendo la conexión por autovía de Cádiz y Huelva, lo que ha levantado las primeras protestas por parte de grupos ecologistas. La recién nombrada consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, expresó el lunes su apoyo a la conexión por autovía entre las provincias de Huelva y Cádiz, pero dejó claro que «se hará respetando escrupulosamente todo lo que es el espacio tanto del Parque Nacional de Doñana como de todo el entorno». Lo defendía asegurando que la conexión entre Huelva y Cádiz, supondrá más seguridad, alta capacidad y más cercanía entre las dos provincias, aunque no pretende perjudicar en ningún extremo ni el entorno de Doñana ni Doñana en sí.
Sin embargo, Huelva y Cádiz ya están bien conectados por carretera con la A-92 y la futura S-40, por lo que sólo haría falta una conexión marítima, siendo esta una movilidad alternativa y sostenible, al contrario que este tipo de políticas, desarrollistas y no sostenibles. De hecho, en 1992 una comisión de expertos científicos se reunió para estudiar este proyecto y determinó que no era viable, lo que, junto con las movilizaciones que se produjeron en contra de dicho proyecto, hizo que Chavés diera marcha atrás.
Siguiendo en Andalucía Occidental, y a caballo entre Cádiz y Sevilla, las alegaciones al Proyecto de la Autovía Sur de ANEA-Ecologistas en Acción:
Ya se conoce el proyecto de la Autovía del Sur A-4 de Madrid a Cádiz, el Tramo Los Palacios y Villafranca (Sevilla)-Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo promotor es el Ministerio de Fomento. La construcción de esta autovía se da en las proximidades de humedales de gran interés natural y paisajístico, y catalogados con alguna figura de protección e incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales, lo que deja patente su importancia. En este proyecto, se está apostando desde las administraciones la aprobación de la alternativa 1.b, lo que causaría la destrucción de esta riqueza natural y la flora y fauna asociadas a ella, debido a su poco coste económico con respecto a otras posibilidades.
Estos espacios tienen un elevado interés natural, ya que, en gran parte de ellos, se desarrolla parte o todo el ciclo vital de fauna silvestre de gran interés incluidas en diversos regímenes de protección con estatus de gran importancia. Los humedales, en general, constituyen un tipo de ecosistemas de muy elevado valor ambiental, económico, cultural y social. Serían el Humedal del Pantano, importante para la comarca y Andalucía dada su proximidad al Paraje Natural del Brazo del Este y al Parque de Doñaña, y la Laguna de “Diego Puerta o Mejorada” que alberga la mayor colonia comunal de garcilla bueyera de España y acoge uno de los mayores dormideros comunales, los espacios más afectados.
Otros impactos son las importantes alteraciones socioeconómicas, pérdidas de propiedades rurales, urbanas, empleo y calidad de vida (ruido), que la construcción de la autovía puede suponer; además de los riesgos geológicos, la erosividad, fauna, paisaje y patrimonio arqueológico. También se caería en un delito ecológico al desaparecer los viñedos, setos y matorrales asociados a los mismos, el lugar de reproducción del alzacola, especie catalogada de gran interés europeo y catalogada en peligro de extinción.
De este proyecto, la alternativa del Corredor 2 AP-4 es la más aceptable según asociaciones como Ecologistas en Acción, ya que supone la sustitución del trazado actual por la autovía, no la construcción aparte de otra autovía, como se propone. Esta construcción aparte tendría un impacto como barrera física, que interrumpe el paso por los caminos históricos que cruzan el territorio, además de impedir el paso de la fauna silvestre y ahogar aún más al núcleo de Los Palacios y Villafranca, fragmentar su territorio y dificultar la relación del núcleo urbano con su medio rural.
Por último, también en Málaga los colectivos ecologistan han denunciado un caso que ya se está llevando a cabo:
El Ayuntamiento de Málaga comenzó a construir una carretera en marzo, atravesando el monte con el consiguiente destrozo de árboles y del terreno, haciendo desaparecer el bosque que ocupa el espacio de Monte Victoria, Calvario y el Cerro de San Cristóbal. La obra en cuestión: conectar la Calle Amargura y la zona de Camino del Seminario, no aparece en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Precisamente por esto es un acto ilícito, ya que se trata de un bosque calificado en el documento del PGOU actualmente aprobado como “suelo no urbanizable” de especial interés por sus valores ambientales y paisajísticos. Y por si esto fuese poco, el recientemente aprobado avance inicial del Plan Especial de Gibralfaro, lo contempla como un corredor biológico que une Monte Victoria y Monte Gibralfaro buscando el efecto de transmisión de riqueza biológica desde uno al otro.
* Grupo de Acción Social - GAS - 26/04/2008
Foto: Autopistas - arqhys.com
Indignación por la actitud violenta de un grupo hacia 'Banderas Negras' en el Algarrobico
,+manifa+banderas+negras+-+teleprensa.net.jpg)
TELEPRENSA/Almería* : La Asociación Amigos de la Alcazaba quiere manifestar su indignación por la tensa situación vivida, y con riesgo de la integridad física de los participantes, esta mañana, domingo, en El Algarrobico, donde la primera parada de la actividad “Banderas Negras” ha intentado ser saboteada por un pequeño grupo de unas 100 personas, presuntamente vecinos de Carboneras...
... pero sin identificación de ningún colectivo, con amenazas verbales, impidiendo el paso de la manifestación, rompiendo algunas banderas y han llegado incluso a algunas pequeñas agresiones físicas.
“Se han vivido momentos de tensión, y no ha llegado la situación a mayores porque no hemos querido responder”, afirma Francisco Verdegay, presidente de la Asociación Amigos de la Alcazaba.
La Asociación Amigos de la Alcazaba critica que esta situación se podría haber evitado si se hubieran puesto los medios adecuados por parte de las fuerzas de seguridad, porque la presencia de la Guardia Civil ha sido mínima, pese a que estaban avisados por escrito.
“Banderas Negras” se celebra por segundo año como actividad lúdica - festiva - reivindicativa. “Banderas Negras” en esta ocasión se ha centrado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y a través de la música, teatro, historia y poesía se reivindica durante toda la jornada de hoy, 27 de abril, la defensa de los valores del patrimonio natural y cultural del parque y se informa del deterioro de algunos de estos enclaves. En esta ocasión colaboran la asociación de vecinos “La Traíña” y Ecologistas en Acción.
La Asociación Amigos de la Alcazaba lamenta, sobre el incidente de El Algarrobico, que mientras personas particulares, más de 500 participantes en las “Banderas Negras”, dedican su tiempo y dinero a defender el patrimonio natural y cultural de Almería, es decir, el bien general, las autoridades no hayan sido capaces de prevenir y evitar esta situación. Porque, como explica Francisco Verdegay, “hemos tenido que solicitar permisos y autorizaciones a la Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es decir, es una actividad totalmente legal y autorizada. Sin embargo, han permitido el intento de boicot de una manifestación ilegal de un centenar de personas que nos esperaban y que podrían hacer sido disueltos antes de nuestra llegada”.
Cerca de 500 personas han participado en esta actividad de las “Banderas Negras” que con música y las banderas han llegado a El Algarrobico. Tras encontrase con la actitud violenta de los presuntos vecinos y para evitar males mayores, se ha decidido leer un manifiesto a favor de la protección del patrimonio natural y cultural del parque Cabo de Gata-Níjar, y reclamar que no se produzcan atropellos como el hotel del Algarrobico, al que se ha gritado “demolición”. No se ha celebrado la “Performance” prevista también en el acto, para evitar males mayores.
“Banderas Negras” ha visitado “El Algarrobico”, el Castillo de Los Alumbres y sigue ahora en el Cortijo del Fraile, como ejemplos de patrimonio en peligro -en el caso de El Algarrobico, peligro de deterioro del patrimonio natural de la costa-. Y también ha tenido una faceta divulgativa con parada en Mesa Roldán, donde se ha informado de la función de los faros, y en el Castillo de Los Escullos, donde se ha disfrutado de té con pastas.
* Teleprensa - 28 de Abril del 2008
Foto: Momentos de tensión en Algarrobico - teleprensa.net
Murcia: Condenan a penas de cárcel a más de cien dueños de casas ilegales
LAOPINIÓN* : Los jueces de lo Penal han condenado a penas de prisión, en los últimos cinco años, a más de un centenar de vecinos de Murcia que se habían construido casas y naves industriales en suelo no urbanizable y que fueron denunciados ante la fiscalía por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, departamento que controla en el municipio la edificación ilegal de inmuebles.
Según los datos de que dispone la concejalía de Urbanismo, los jueces han condenado a estos infractores a penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y un año de cárcel con la última reforma del Código Penal, que establece que la construcción ilegal en suelo no urbanizable está castigada con penas de prisión que pueden llegar a los dos años.
El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, explicó que estos vecinos que han promovido la edificación ilegal y que han sido condenados no han tenido que entrar en al cárcel, debido a que las penas impuestas no superaban los dos años. Además de las condenas de prisión, los juzgados que han llevado sus casos les han impuesto una multa económica y, en algunos casos ha decretado la demolición de la edificación, órdenes que han sido comunicadas al ayuntamiento de Murcia.
En el año 2001 este departamento comenzó a aplicar la disposición transitoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establecía una amnistía urbanística para las construcciones realizadas en suelo no urbanizable, que podían legalizarse presentando durante los próximo cinco años, a partir del 2001, una serie de documentación. Con este proceso de legalización, que duró cinco años, salieron de la clandestinidad unas 1.200 edificaciones, de las siete mil edificaciones ilegales estimadas.
Pasada la moratoria de los cinco años (expiró en el 2006), el Ayuntamiento dio un nuevo plazo y ahora ha vuelto a dar un ultimátum a los infractores. Hará una campaña para comunicarles que en febrero de 2009 si no han regularizado sus construcciones comenzará a demolerlas. El concejal de Urbanismo indicó que, a pesar de que el Ayuntamiento descubre cada año una media de trescientas edificaciones clandestinas, "en la actualidad no tenemos casas y naves ilegales, porque todas esas construcciones han sido localizadas por los servicios de inspecciones cuando estaban en cimientos o vallándose el solar y no han seguido adelante". Berberena añadió que "estamos haciendo demoliciones a diario de estructuras y de vallas y no dejamos que las obras sigan adelante".
* La Opinión de Murcia - 27 de abril de 2008
Foto: Viviendas clandestinas 'tapadas' por edificios - laopiniondemurcia.es
La crisis destapa fiascos urbanísticos
+-+mma.es.jpg)
ELPAÍS/Barcelona* : Todavía no han aparecido grandes Seseñas en Cataluña. Pero la crisis inmobiliaria, que las propias empresas admiten que azota más fuerte de lo previsto, ha convertido en fiascos proyectos para los que sus promotores auguraban grandes éxitos. En pleno boom, eso sí.
Las ventas se han desplomado más del 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta caída, junto a la necesidad de las empresas de echar el freno a su actividad, ha convertido en un auténtico páramo a barrios y urbanizaciones.
Roda de Barà es una localidad pequeña. Apenas tiene 6.300 habitantes, aunque en verano se multiplican al menos por cinco. En el núcleo antiguo, en el pueblo, hay multitud de pisos con el cartel de se vende. La oferta inmobiliaria abunda. Pero eso no es nada con lo que tiene que llegar. La N-340 separa el casco urbano de lo que los ecologistas de la zona, agrupados en Alternativa Baix Gaià, consideran "un verdadero monstruo". Se refieren al Francaset, una urbanización que tendrá más de 1.000 viviendas y que supondrá un crecimiento de población de entre 4.000 y 5.000 habitantes, según los cálculos del Ayuntamiento.
La entrada a la urbanización, una rotonda en la N-340, es casi desértica. Pero también lo es el nuevo desarrollo en sí. En la calle principal, donde todavía se están haciendo los acabados de algunas casas, hay numerosos carteles de agencias y promotores inmobiliarios. "Es cierto, no vive demasiada gente, las ventas están paradas y eso hace que parezca un pueblo fantasma. Además, las obras van más lentas. Espero que al menos las terminen", asiente la primera teniente de alcalde de Roda de Barà, Maite Huerta (PSC).
A lo largo de la zona hay varias zonas urbanizadas (con calles asfaltadas, aceras y farolas), pero sin edificios. Huerta, que en septiembre será alcaldesa después de que el PP y el PSC presentaran una moción de censura contra el anterior gobierno local de CiU, afirma que es un proyecto "heredado". ¿En qué se parece a Seseña? "Está mal planificada. No se tuvieron en cuenta los servicios, ni tiendas donde ir a comprar una barra de pan, salvo un supermercado. Estaba mal comunicada. Había dos líneas de farolas en la carretera que funcionaban a pesar de que allí no había casi nada, por lo que hemos quitado una...", lamenta. "Es cuestión de ir remontando e incorporar servicios", se resigna Huerta.
Una de las agencias inmobiliarias que comercializan los pisos de obra nueva es Finques Compte. Su propietario es el anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte (CiU). En la campaña para las últimas elecciones municipales el urbanismo fue una de las armas que usó la oposición. Denunció que el gobierno local estaba copado por un agente de la propiedad inmobiliaria (API), dos constructores, la propietaria de una empresa de excavaciones y otra de una firma de seguros. "Resulta al menos extraño que el alcalde vendiera los pisos. Siempre queda la duda de si ha habido algún tipo de privilegio", dice Huerta.
Compte quiere despejarla. Asegura que el proyecto ya venía "del mandato anterior" a su llegada, y dice claro que él siempre se ha dedicado a la intermediación inmobiliaria. "La oficina fue de mi padre, ahora es mía y mi hijo también se dedicará a la profesión", sostiene Compte con rotundidad. "Soy API de toda la vida", remacha. Además, asegura que sus familiares administraron y se ocuparon de la agencia mientras él ejerció de alcalde.El anterior alcalde de Roda de Barà, Pere Compte, sí admite la crisis que atraviesa el mercado de segunda residencia. "Dicen que las ventas han caído el 40% en Cataluña. Aquí mucho más, porque hay mucha segunda residencia. Con el parón inmobiliario han quedado bastante paradas [las ventas del Francaset]". A las cinco de la tarde, la urbanización está completamente dormida. "La calle de ahí está acabada, pero hay muy poca gente", dice el trabajador de una obra. Donde él trabaja, en la calle de Dolores Ibarruri, no hay nadie.
No sólo la segunda residencia sufre el parón. La vivienda habitual, también. Varias fuentes consultadas señalan zonas concretas: los nuevos desarrollos de Sant Cugat, que supondrán la salida al mercado de más de 4.000 viviendas en los próximos años. De momento, el gremio de promotores y constructores del Vallès asegura que en esta localidad hay cerca de 2.000 pisos en existencia; es decir, que no se pueden vender.
En los nuevos barrios de Sant Cugat las comunicaciones parece que deberían ser más fáciles que en Roda de Barà, puesto que hay proyectada una estación de tren. El nuevo barrio de La Guinardera ya ha tomado forma, pero es inóspito. Parece un gran salón inmobiliario en un gran escenario de cartón piedra. No hay gente por la calle, ni tiendas, ni apenas equipamientos. Sólo grandes carteles de se vende o se alquila, anuncios enormes de ofertas inmobiliarias y casetas de promoción. Están las grandes empresas: Colonial, Osuna, Reyal Urbis...
Carme, que acaba de llegar al barrio, dice que la zona le gusta. "Es verdad, no hay apenas gente. En mi escalera viven familias, pero fuimos de los últimos que compramos sobre plano. El resto está vacío", asegura. Aun así, está ilusionada porque dice que "un día" el Ayuntamiento creará un centro cívico y una calle con tiendas. "¡Ah! Y ahí, en el edificio de Colonial, sí habrá tiendas. Una chica creo que quiere abrir una peluquería", recuerda. "Dentro de dos o tres años espero que haya más vecinos", remata.
En uno de los bloques ya terminados hay seis carteles de inversores que quieren desprenderse del piso que adquirieron para especular. "Nos hacen la competencia, porque algunos los vendimos en paquetes, con descuento, y ahora los despachan a un precio inferior al nuestro", afirma un promotor que pide no ser identificado. Esto explica que haya diferencias entre precios. Un piso de tres habitaciones, con los mismos metros cuadrados que otro, en la misma finca vale 440.000 euros en un caso y 380.000 euros, en otro.
Las inmobiliarias del barrio se vuelcan en el comprador. Inmobiliaria Osuna, por ejemplo, debe entregar un edificio en junio. Como muchos compradores potenciales están pendientes de vender su antiguo piso, deja que el cliente entre más tarde -y empiece a pagar entonces- y que se acoja a la figura del alquiler con opción a compra durante un tiempo. En otra promoción de viviendas, un comercial que está en una caseta admite que al cliente le echa para atrás la soledad del barrio. Y, añade, tampoco le resulta muy agradable enseñar piscinas comunitarias que no se pueden llenar por la sequía.
En Sant Cugat y Roda de Barà, las obras, al menos las de primera fase, han empezado, que ya es mucho. En Malgrat de Mar (Maresme), por ejemplo, hay terrenos urbanizados, con las calles asfaltadas, las farolas y las aceras. Pero no hay viviendas. En su lugar, en las manzanas donde deberían alzarse edificios, crece la mala hierba. "Es un paisaje un poco molesto, porque queda justo al lado del Pla de Grau [la zona de los campos]. Y llevan tiempo así", dice Maria Rosa, una vecina del municipio.
En este desarrollo, mucho más modesto que el de Sant Cugat, se pueden levantar 307 viviendas, explica una portavoz del Ayuntamiento. Este municipio turístico se acerca a los 18.000 habitantes, sobre todo por la llegada de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que primero tenían en la localidad su segunda residencia y luego decidieron quedarse. Ahora, en esta zona nueva sólo hay terminados dos inmuebles, uno de 28 pisos y otro de 38. Hay otras dos licencias pedidas, una para un chalet y otra para 10 viviendas adosadas. "Tienen un plazo de 10 años para construir. Si se hace antes, vamos mal. Pero si hace después, también", asegura la portavoz.
El caso es que, dada la crisis de ventas, la inmobiliaria que debía levantar los pisos ha renunciado a hacerlo. Fuentes del mercado que conocen la operación aseguran que la inmobiliaria ha renunciado a las casas y que ahora vende las parcelas, de unos 157 metros cuadrados, para que cada comprador se las construya él mismo. El panorama, el que arroja la crisis en otras tantas localidades: desolador.
Enojados por las ofertas
C. H. compró con su pareja en febrero de 2007 un piso de la enorme promoción de Vilamarina que Sacresa está levantando en Viladecans. Se hicieron con uno de 90 metros cuadrados, tres habitaciones, plaza de garaje y trastero por 480.000 euros. Llevaron el piso donde estaban a una agencia de la propiedad, que les garantizaba que si cuando llegara octubre de 2008 no lo habían vendido, se lo quedaban. Todo arreglado, podían asumir el pago del piso.
"Hace un mes nos llamaron de la agencia para decirnos que no podrían hacerse cargo de ese contrato tal como estaban las cosas, porque los precios habían bajado mucho y los bancos no concedían hipotecas", cuenta C. H. El abogado les aconsejó no ir a juicio, puesto que podían perderlo. Acudieron a Sacresa para ver si podían "ayudar". "Cuando entramos en la oficina de ventas nos encontramos un cartel muy llamativo en el que un piso igual que el nuestro se anuncia por 90.000 euros más barato y otros salen incluso por 100.000 euros menos que los que vendieron por nuestras fechas", explica.
Sacresa admite los descuentos, pero matiza. "Era una promoción como las que hacen todas las promotoras para vender ocho pisos que quedaban de la primera fase", explica un portavoz. "Algunas compraron hace unos meses, cuando los precios estaban en máximos, pero ahora todas las empresas tratan de vender con ofertas. Y nosotros hemos hecho una coincidiendo con el día de Sant Jordi", insiste.
Pero C. H. no está sola. Se ha puesto en contacto con otros vecinos de la promoción igual de enfadados por las rebajas. "Ahora comentan que están estudiando hacer una compensación a los primeros compradores, que somos unos 120", asegura. La compañía afirma que ha mandado una carta a sus clientes para "buscar soluciones" en el caso de que el comprador tenga dificultades, por ejemplo, para venderse su piso. "Conclusión: teníamos pensado solicitar una hipoteca de 240.000 euros y si tenemos que bajar el precio de nuestro piso tenemos que pedir 300.000. No nos salen los números", lamenta C. H.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 28/04/2008
Foto: Roda de Barà (Tarragona) - mma.es
El alcalde de O Pino logró en seis horas seis informes para el polígono
+-+xunta.es.jpg)
ELPAÍS/Santiago* : La cronología de las decisiones adoptadas por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, el 21 de junio de 2007 servirá al juzgado de Arzúa para determinar si el regidor del PP infringió la ley o, simplemente, aceleró los trámites para agilizar el polígono industrial que la inmobiliaria Fadesa promueve en este ayuntamiento cercano a Santiago.
Dando por buena la versión del regidor, a primera hora de ese jueves -el mismo día en que expiraba el plazo de exposición al público del proyecto de urbanización-, el servicio de Correos entregó en el registro municipal tres alegaciones distintas de particulares contra el parque industrial. Y a partir de ese momento, según las diligencias previas instruidas por el juez, el Ayuntamiento de O Pino, con problemas de personal y escasez de técnicos funcionarios, se convirtió en un modelo de eficacia administrativa poco frecuente en la gestión municipal.
En apenas seis horas, entre las nueve y las tres de la tarde, el gobierno de O Pino requirió al equipo redactor del plan, la consultora Singla Ingeniería SL, con domicilio en A Coruña, un informe que esta empresa remitió, según el alcalde, a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento elaboró otro dictamen por escrito que avaló la viabilidad del polígono. Y la Secretaría Municipal emitió tres veredictos más, todos favorables al proyecto de Fadesa. Como los anteriores, un sexto informe externo encargado al bufete Roibás Vázquez abogados, también con fecha 21 de junio, desestimó las alegaciones vecinales.
Con toda esa documentación en su poder, el visto bueno del equipo redactor del planeamiento y los avales de la secretaría municipal y el arquitecto contratado por el ayuntamiento, el alcalde de O Pino acordó esa mañana la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono industrial. Y fue minutos después, según el propio regidor, cuando éste recibió una orden de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura que anuló el permiso -que este mismo organismo había dictado meses antes-, imprescindible para convalidar el plan parcial del polígono. La resolución de la Xunta, que Taboada dijo haber recibido después de estampar su firma en el proyecto de urbanización -lo contrario implicaría un delito de prevaricación- reclamaba una prospección arqueológica para comprobar si el espacio delimitado para las naves industriales invade la traza original del Camino de Santiago.
Hasta que los técnicos de Patrimonio determinen la ubicación exacta de la ruta, las obras quedaron finalmente suspendidas en una parcela de 400.000 metros (del millón que ocupará el polígono industrial), tras aceptar parcialmente la consellería un recurso presentado por el ayuntamiento. Con el permiso municipal en vigor, las máquinas trabajaron desde entonces en los otros 600.000 metros cuadrados hasta que, a principios de abril, otra orden de Medio Ambiente decretó la paralización de los trabajos, tras una denuncia del Seprona que reveló desvíos en cauces de arroyos como consecuencia de las obras. A la espera de los recursos presentados por el gobierno local contra la Xunta, el proyecto permanece estancado.
Pero el acondicionamiento de las parcelas de O Pino había comenzado mucho antes incluso de que la obra contase con la preceptiva licencia municipal. Entre enero y junio de 2007, Fadesa acometió la tala indiscriminada de cientos de árboles sin permiso del ayuntamiento.
La deforestación de cerca de un millón de metros cuadrados la explicaron ante el juez el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el representante de Fadesa en el noroeste de España, José Antonio Suárez Fernández. Cada uno a su manera. En su declaración como imputado, el regidor alegó que la inmobiliaria no había hecho una corta masiva, sino "labores de desbroce en el marco de un convenio con Medio Rural para evitar incendios, dada la cercanía del aeropuerto".
En su comparecencia también como imputado en el juzgado de Arzúa, el directivo de Fadesa sí admitió la tala de masas arbóreas, encargada a una subcontrata y que, según el directivo, "no tuvo relación alguna" con la prevención de fuegos. El representante de la constructora reconoció además que Fadesa no pidió permiso al Ayuntamiento, tal y como obliga la ley del suelo, y que pese a ello, nadie del gobierno local le pidió paralizar las obras.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 28/04/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Ibiza: Los Juzgados tramitan 80 casos por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
,+edificio+investigado+licencia+-+ultimahora.es.jpg)
ÚLTIMAHORA* : Los Juzgados de Eivissa tramitan actualmente alrededor de 80 casos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico artístico e incendios forestales.
Según explicó el fiscal especializado en estos temas, Antoni Torres, muchos de estos asuntos tienen una «gran complejidad» -caso Cretu, Parques de es Cubells o contaminación de pozos en Santa Gertrudis- y en un gran número de ellos están involucrados cargos públicos y técnicos municipales, con aparición de conductas relativas a presuntos delitos contra la Administración pública.
Sólo durante el año 2007 este fiscal incoó una veintena de expedientes de personas o administraciones que se dirigieron directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos. Sin embargo, sólo se celebraron cinco juicios por delitos medioambientales y urbanísticos.
Torres se queja de que la investigación de estas materias se hace «larga y difícil», no sólo por la necesidad de practicar pruebas periciales complejas y caras, sino también por la falta de especialización de los jueces, que implica que la mayoría de las instrucciones tengan «que ser impulsadas por el ministerio fiscal». «Ojalá se especializara un juzgado de instrucción en esta materia», expresó Torres, que indicó que si ya la Ley de enjuiciamiento criminal tiene más de 900 artículos, con la normativa urbanística y medioambiental «se podría llenar una biblioteca».
Otro problema son los peritajes necesarios para investigar este tipo de temas. A los peritos se les paga al final del procedimiento judicial, lo que hace que muchas veces sean reacios a participar. Es algo que podría haber ocurrido por ejemplo con el tema de la tierra de las autovías, donde la Conselleria de Medi Ambient se negó a hacer una pericial para ver si hay restos de asfalto contaminantes, aunque finalmente el Consell se ha ofrecido a adelantar el dinero para realizar esta prueba. «Sería extremadamente beneficioso contar con asesoramiento de profesionales (biólogos, arquitectos, químicos, etc.), ya que el sistema actual ralentiza la investigación y no permite decidir, a priori, qué actuaciones son las procedentes en cada caso», explica Torres en la memoria del año 2007 que ha entregado al fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar. Según el fiscal, si se pudiese contar antes con este asesoramiento especializado probablemente se evitaría que numerosos asuntos desembocaran en los juzgados.
A estos problemas hay que unir el volumen de trabajo que tiene la Fiscalía de Eivissa, donde la mitad de las plazas suelen estar ocupadas por fiscales sustitutos. Por eso, Torres consideraría conveniente que se incentivara la permanencia de los fiscales en Eivissa.
Los juicios sobre delitos medioambientales y urbanísticos celebrados en 2007 fueron el de Puig d'en Serra por prevaricación urbanística contra el alcalde de Sant Josep y varios concejales en el que se dictó sentencia absolutoria por prescripción del delito; el de la presunta construcción ilegal del establecimiento hotelero Las Dunas de Formentera, que está pendiente de sentencia, y el referido a la explotación de una cantera de arena en zona ANEI en Formentera, también pendiente de sentencia. Se celebró otro juicio por la ampliación de una vivienda en el área periférica del parque de ses Salines en el que se condenó a la promotora, el arquitecto y el constructor y que está pendiente de recurso de apelación (en esta mansión veraneó el ex presidente Aznar) y otra vista oral por la edificación de una vivienda de grandes dimensiones en suelo especialmente protegido cuya sentencia fue absolutoria.
La Fiscalía también presentó en 2007 escritos de acusación en el caso ses Torres, pendiente de juicio y en el que está imputado por prevaricación el ex alcalde de Santa Eulària; en el caso de los pozos de Santa Gertrudis y en otro por delito de incendio.
De la veintena de diligencias incoadas por el fiscal en 2007 hay muchas que se refieren al municipio de Sant Josep. Entre ellas el convenio urbanístico presuntamente ilegal que firmó el ex alcalde de Sant Josep en Cala Pinet; el incumplimiento de sentencias firmes de derribo, el caso del asfaltado del negocio del ex alcalde, la concesión de licencia a la carpintería Alba donde se investigan delitos de prevaricación y tráfico de influencias o la «irregular práctica» denunciada por el Colegio de Arquitectos de tramitar como estudios de detalle verdaderas modificaciones de las áreas de actuación sin comunicación al Consell, lo que podría suponer prevaricación urbanística. Otra denuncia se refiere a un posible delito contra el medio ambiente por la construcción de la depuradora en Cala Tarida.
* Última Hora Digital - CLAUDIA ROIG - 27.04.2008
Foto: En los Juzgados se investiga por presunta prevaricación al ex alcalde de Sant Josep por dar licencia a esta carpintería/ ultimahora.es
Corrupción intensiva
JOSÉ E. IGLESIAS/Mallorca* : Decenas de políticos en activo acusados de corrupción y cientos de millones de euros del erario público balear traspasados a bolsillos privados, bien monetariamente, bien en especie, bien mediante la especulación concertada sobre nuestra materia prima esencial: el territorio. Este es el balance, grosso modo, de la realidad insular a comienzos del siglo XXI. Un resumen escalofriante nada coyuntural. Estamos ante un profundo problema infiltrado en las arterias de la estructura social que empieza a convertir nuestra democracia en una farsa.
La italianización de Balears es evidente, incluso puede que más certero sea invertir esos términos. Por acción u omisión, la esfera política se ha instalado en la permanente sospecha debido al sinnúmero de casos investigados por los tribunales de justicia. Andratx, Rodrigo de Santos, Son Oms, Ayudas a asociaciones de UM, Bitel, Plan Territorial y no sé cuántos más que transitan rutas ya abiertas por el caso Calvià, Túnel de Sóller, Brokerval, Mapau.... Y lo que es más tremendo e ilustrativo: apenas en una quincena de años. Signos de corrupción intensiva.
La piel ciudadana se ha endurecido, fruto de la impotencia y también de esa condescendencia tan mediterránea expresada en el menfotisme, una variedad radicalizada del vive y deja vivir. No hace falta que les traiga a colación la época o las épocas del contrabando que tanta admiración y complicidad causaba en pueblos y ciudades. Echenle un vistazo al último libro de Pere Ferrer Guasp, "Contraban, república i guerra", para tener una visión somera de lo dicho. Por pura causalidad, entre capítulo y capítulo cayó en mis manos la denuncia de la fiscalía sobre los pelotazos del Plan Territorial de Mallorca (PTM). Ni una ni otra actividad tienen nada que envidiarse en cuanto a las complejidades sociales de sus tramas.
De todo lo citado, lo más escandaloso es lo del PTM, o cómo la supuesta corrupción escala hasta el rango de ley, que es algo así como el colmo de los colmos de la perversidad. Denunciamos en su día que la norma del suelo representaba un urbanismo a la carta inconcebible y de una opacidad inadmisible en una sociedad sensible al deterioro del territorio. Si entonces olía mal, hedía, hoy debemos señalar que el PTM está muerto, al menos para la gente de la calle. Las leyes, para cumplirse, deben ser creíbles y esta, tras las duras acusaciones de la Fiscalía, ya no lo es. Que haya partidos que lo sigan defendiendo ahonda en su descrédito y en la sospecha.
El que sin embargo está muy vivo es el caso Bitel, que los periodistas nos hemos apresurado a titular como II, cuando no existe más que uno, el original. Si quien salvó a Jaume Matas de ser enjuiciado por piratear los correos electrónicos de Urbanismo del Consell es el detenido ahora por malversar fondos públicos, el escándalo es un continuum con diferentes escalas. No es aventurado asegurar que aquel expediente judicial podría haberse cerrado en falso, al ponerse en duda la fiabilidad del perito exculpatorio.
Me quedé corto cuando alguna vez califiqué el mandato de Matas como el cuatrienio de la revancha y el exceso. Quien hoy disfruta de su exilio dorado, sin dar explicaciones a nadie sobre la responsabilidad política de todas las trapacerías que están apareciendo, llegó a hacer de esta, su finca, como vemos, un auténtico patio de Monipodio. No puede calificarse de otra manera lo que hoy está trascendiendo. En esto desemboca aquella soltura y esmero que con tanto desparpajo premiaba adhesiones y represaliaba las críticas.
Desde la razón no suelo dar a la alternancia política en sí misma un valor necesario. ¿Por qué habría de retirarse un gobierno que fuera transparentemente bueno para sus ciudadanos? Esto es la teoría. En la práctica estamos impelidos a defender la alternancia en las altas esferas de gobierno como medida de seguridad para la defensa de los intereses públicos. Lo que estamos viendo en la actualidad es fruto de esa alternancia. Si no existiera, no duden que ninguna de las pesadillas que hoy nos atribulan hubieran aflorado, para mayor gloria y disfrute de la delincuencia de cuello blanco.
* Diario de Mallorca - Opinión - 27 de abril de 2008
"¡No a la Gran Stafa!"
,+%C2%A1No+a+la+Gran+Stafa!+-+elperiodicodearagon.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Aragón* : Si el Pignatelli hubiera sido tres veces más grande, habría habido el suficiente número de personas como para abrazarlo para protestar por el gran parque de casinos, hoteles y campos de golf que Aliaga, Biel e Iglesias pretenden instalar en Los Monegros.
Un heterogéneo grupo de personas organizó una cadena humana en torno a la sede del Gobierno de Aragón para exigir la inmediata salida del Ejecutivo autonómico del complejo de Gran Scala. Más que una sola cadena, fue triple, ya que el número de personas críticas con el modelo de desarrollo que se quiere para la comarca y con el pasado turbio de algunos de los promotores del complejo superó las expectativas.
Los manifestantes, al grito de "Marcelino dimisión", también solicitaron la ruptura inmediata del protocolo firmado entre ILD (la empresa promotora) y el Gobierno autonómico, así como el cese del vicepresidente, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga. Con el grupo de batuka Escola de Samba da Praça animando la festiva reivindicación, así como de un grupo de animadores disfrazados de la España de pandereta berlanguiana, un buen número de personas se acercó desde la plaza del Justicia hasta el Pignatelli.
El comunicado
Rosa Arqué, una fragatina profesora de francés y miembro de la plataforma Stop Gran Scala en Monegros y Bajo Cinca, leyó un aplaudido comunidado. Algunas de las frases sonaron con contundencia: "Denunciamos desde aquí la participación activa de altos cargos del Gobierno de Aragón: el vicepresidente Biel ha actuado como portavoz y avalista de ILD (lo sigue haciendo), el consejero Aliaga como agente inmobiliario del montaje que está manchando con sus actuaciones el nombre de nuestras instituciones. Este vodevil está convirtiendo a Aragón en el hazmerreír del país, es la manifestación de una forma de gobernar basada en la prepotencia y en el todo vale. El affaire Gran Scala debe servir para la recuperación de la capacidad crítica en la sociedad aragonesa y para mejorar la salud general de nuestras instituciones". Arqué acabó exigiendo en las tres lenguas de Aragón la marcha del Gobierno de este proyecto "de perfiles fraudulentos" y que calificó como una "locura". Arqué hizo ver que en Los Monegros también hay gente que se opone y rechazó que Gran Scala sea un problema únicamente de esta comarca, sino que afecta a todo Aragón.
A pesar de que las voces que intentan minimizar el efecto opositor relacionándolo con oscuros y paranoicos intereses catalanistas y que consideran que quien se opone a Gran Scala niega el bienestar a los habitantes de Monegros, lo cierto es que en el acto hubo una destacada presencia de monegrinos. Pero también hubo representación de las comarcas turolenses.
Los organizadores calcularon que asistieron más de 3.000 personas, pero esa cifra seguro que variará hoy según los ojos que los cuenten. Lo que destacaron algunos responsables de la plataforma es que cada día crece más el número de personas que se oponen a un proyecto que calificaron de "insostenible", "fraude" y "Gran Stafa". Hubo militantes de partidos (sobre todo de IU y CHA) y los tradicionales integrantes de organizaciones y asociaciones de izquierdas y ecologistas. Pero nadie lo hizo amparado en unas siglas concretas, sino a título personal. Todo discurrió bajo el humor y la ácida crítica. Y con el canto de los célebres versos del pueblo de Villar del Río, el mejor flash-back para ilustrar el proyecto de Gran Scala:"Americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío. Villar del Río, traerán divisas pá quien toree mejor corría, y medias y camisas pá las mositas más presumías".
Mientras, las ventanas del Pignatelli estaban cerradas, aunque había algún coche oficial en la parte de los jardines. En la Misericordia, justo al lado, una corrida de toros.
* El Periódico de Aragón - 27/04/2008 A. IBÁÑEZ
Foto: Humor ´Bienvenido Mr. Marshall´, presente/ FRANCISCO RAMOS, elperiodicodearagon.com
El Ayuntamiento de Alcúdia certifica y paga 1,17 millones por obras sin ejecutar
,+obra+p%C3%BAblica+sin+ejecutar+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : Sobre los papeles, el complejo que alberga la nueva terminal de autobuses de Alcúdia, con una oficina de información turística y varias salas polivalentes, está en su recta final. Pero la realidad es bien distinta, y en el solar de lo que en su día fueron las antiguas casas de can Ramis, de propiedad municipal, sólo se han derribado éstas y colocado unos pocos cimientos.
Pese a ello, los arquitectos municipales Antoni Ramis y Juan Carlos Sopena han certificado que en el lugar se han ejecutado obras por valor de 1.173.117, 78 euros, dando así por acreditada la construcción de las paredes y cubiertas del nuevo inmueble, los trabajos de carpintería y vidriería, la instalación eléctrica e iluminación, fontanería, climatización, megafonía o los ascensores, entre otros acabados.
La obra fue adjudicada el 28 de agosto de 2006 a Crespí, Construccions d´Obres Públiques S.L.U. por un presupuesto de 1.559.658 euros y un plazo de ejecución de once meses y tres semanas. El proyecto consistía en demoler las viejas casas de can Ramis y en su lugar levantar un moderno edificio multiusos, además de adecuar su entorno. A día de hoy la obra arrastra un serio retraso por diversos motivos, y sólo se ha realizado la reforma de los alrededores, construyendo una plaza entre el solar de la futura estación y las murallas.
Falsear la realidad al Consell
Todo ello ha suscitado una dura denuncia del PP, en la oposición. Su portavoz, Coloma Terrasa, tilda de "incomprensible" esta demora, y carga contra el equipo de gobierno de UM y PSOE por su "mala planificación". Con todo, para Terrasa "lo más fuerte" es que el Ayuntamiento "haya acreditado por escrito y comunicado al Consell de Mallorca -que financia la mayor parte de la obra- que ya están puestos y pagados el techo y las paredes, la barra del bar y la de la oficina turística, el mostrador de la terminal de autobuses, las encimeras de los baños, los ventanales y sus cristales o el aire acondicionado, algo totalmente falso y que cualquiera ve a simple vista".
Hasta el momento, el Ayuntamiento lleva presentadas 7 certificaciones de obra ante el Consell para justificar las subvenciones -la última el 25 de enero de este año, por un montante de 34.652 euros-. Según las cuentas oficiales, quedan por ejecutar obras por valor de 351.893,22 euros, una cifra claramente corta ante la magnitud de lo que realmente falta por levantar.
Ante esta situación, la portavoz del PP exige "una explicación pública, clara y coherente de por qué motivo se han certificado y abonado unas obras no realizadas e inexistentes a día de hoy".
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. ALCÚDIA - 27 de abril de 2008
Foto: Aspecto ayer del solar donde se levantaban las casas de can Ramis, con la nueva terminal de autobuses teóricamente construida/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
El Concello de Vigo no hace casi nada
.jpg)
LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento ha desaparecido de la vida de los ciudadanos. O casi. Treinta años de privatizaciones y externalizaciones de departamentos y actividades han desprovisto al Concello del control de los principales servicios a la ciudadanía. Lo denunciaban esta semana los sindicatos, al conocer el último proyecto de privatización puesto en marcha por el Concello, el del servicio de vías y obras.
Con la reparación de los baches se irá lo poco que le quedaba a un Concello con 1.300 trabajadores en plantilla. Son muchos, sí, pero la mayoría ejercen como policías y bomberos. El resto se centran casi exclusivamente en labores de administración y oficinas: son la burocracia. A ellos se une un grupo cada vez más reducido de trabajadores que han ido perdiendo funciones. «Si seguimos así, acabaremos llevando citaciones. Y las máquinas del Concello, mientras, paradas», ilustra uno de los herreros de vías y obras, departamento que llegó a tener cien operarios que hacían todo lo que hoy hacen empresas que le cuestan una millonada al Ayuntamiento.
Antes les pasó a otros muchos, que pueden corroborar que en Vigo las privatizaciones no dependen del partido que gobierne: son una constante desde que en 1969 se adjudicó a una empresa el transporte público en autobús, que nacía para sustituir a los vetustos tranvías. Era Vitrasa y la adjudicación se produjo en medio de los rumores de mordidas bajo cuerda que después han acompañado a la mayoría de las privatizaciones y externalizaciones realizadas desde el Concello.
Las Koplowitz, alcaldesas
Ya en democracia, abrió la caja de los truenos Manoel Soto, que entregó gran parte de su poder al imperio Koplowitz. FCC se hizo en primer lugar con la limpieza y la recogida de basuras, un servicio al que dotó de personal contratando a los más de 300 trabajadores que se encargaban de ello en el Concello. Volvieron los rumores de mordidas y movimientos turbios, nunca probados. Más tarde, las hermanas más ricas de España ganaban galones al hacerse con la gestión local del agua, uno de los servicios que más beneficios reporta. Después su saca engordó con las grúas (hoy en manos de otra empresa), la limpieza de las playas y la gestión de la zona de aparcamiento limitado (la ORA, hoy convertida en XER y gestionada por Dornier).
Aunque el honor de dar lustre al poder de las Koplowitz no fue exclusivo de Soto. Tras él todos los alcaldes contribuyeron con prórrogas que en muchos casos aún se mantienen. Y de paso se incorporaron nuevas empresas: hoy hay más de 30 que trabajan para el Concello, a las que se suman decenas en pequeños contratos y decenas de trabajadores fijos contratados dentro de asistencias técnicas o como autónomos.
Por eso el Concello ya no hace hoy casi nada. La torre municipal no es más que un edificio de oficinas en el que hasta la recaudación de impuestos está en manos de una veintena de trabajadores que no son de plantilla, sino que ejercen casi como autónomos. Tampoco es el Concello quien vigila los coches de ciudadanos en los párkings municipales. La situación llega al punto de que si una luz se funde en las calles, es una empresa privada la que las sustituye y si hay un accidente en un túnel, otra compañía es la que avisa. Lo mismo si falla un semáforo, se cae una señal o hay que pintar una calle. Y si se aparca mal, la multa de la zona azul la pone el operario de una empresa privada, y el coche se lo llevan las grúas de la compañía Setex Aparkisa, que se embolsa 1,7 millones al año por levantar turismos. Ya sin coche, la opción es ir a pie por las calles que limpia FCC y los jardines que adecenta Cespa, o subirse a un bus de Vitrasa. Y si hay dudas sobre los servicios municipales siempre se puede llamar al 010 para resolverlas. Otras 1.600 personas que mantienen viva la maquinaria municipal desde empresas privadas que facturan cada día en el Concello una media de 150.000 euros. Mientras, el Ayuntamiento se encarga de la burocracia y sestea, porque hasta la limpieza de sus dependencias depende de una de las empresas privadas que de facto gobiernan Vigo.
* La Voz de Galicia - Alberto Magro - 27/4/2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
NOTICIA RELACIONADA: «Antes lo realizábamos todo más barato que las empresas, pero ahora nos tienen aquí parados» - La Voz de Galicia - 27/4/2008
Canarias: La Justicia pone en su sitio a la política
LAPROVINCIA/Las Palmas* : A golpe de sentencia. De esta manera tan contundente la Justicia responde últimamente a algunos desaguisados de los políticos. Sobre todo, los jueces están siendo especialmente 'claros' con la política del ladrillo y la especulación.
En los últimos tres meses, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado seis sentencias que censuran duramente la política realizada en las Islas por el Partido Popular y por Coalición Canaria, fundamentalmente. Las consecuencias de estos fallos judiciales se resumen en cientos de millones de euros de perjuicio para la Administración, o lo que es lo mismo, para el contribuyente canario, por haber hecho las cosas mal las autoridades competentes. El Gobierno autónomo, con CC al frente, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el PP en el poder, se llevan la mayor parte de los últimos 'rastrillazos' recibidos en forma de sentencias, que es como 'hablan' los jueces.
La última, dura y contundente, el pasado viernes, cuando la Sala obligaba por segunda vez al Gobierno canario a pagar indemnizaciones por la polémica moratoria, una Ley que, visto lo visto, parece haberse redactado en una especie de 'colegueo' entre el Ejecutivo regional y el Parlamento de Canarias. Y si no, obsérvese lo que recoge el magistrado ponente del fallo y presidente de la Sala de lo Contencioso, Francisco José Gómez Cáceres, al respecto: "La Sala deja constancia de lo difícil que es aceptar, en casos tan explícitos como este, la efectiva separación de poderes que respectivamente ejercen el Gobierno de Canarias y el Parlamento, órgano este que cabalmente tiene entre sus funciones la de controlar precisamente al Gobierno canario. La impresión que produce este modo de actuar es como si hubiese existido una delegación legislativa en el poder ejecutivo". En habituales se han convertido ya este tipo de expresiones en las sentencias judiciales.
Anteriormente, la misma Sala pero distinto ponente, Javier Varona, volvió a condenar al Gobierno de Coalición Canaria a pagar indemnizaciones millonarias por la moratoria. Varona, tras analizar la citada Ley de Directrices, la resumió de la siguiente manera: "No existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". O dicho de otra manera, se paraliza la concesión de licencias turísticas a pesar de que los empresarios que las solicitan cuentan con toda la documentación en regla. La consecuencia, de momento, es que por estos dos fallos judiciales el Gobierno tendría que pagar a los empresarios en torno a los veinte millones de euros, o lo que es lo mismo, unos tres mil trescientos millones de pesetas.
SORIA Y LUZARDO. La política urbanística realizada por José Manuel Soria y Pepa Luzardo, ambos del Partido Popular, en los últimos ocho años de gobierno antes de la llegada del PSOE, ha recibido varapalos judiciales igual de duros que el Gobierno de Canarias, o más aún. A finales del mes de enero del presente año, en una sentencia que contó con la magistrada Cristina Páez como ponente, la Sala tumbaba uno de los proyectos urbanísticos estrella del mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: El solar de la calle Pavía en el que se proyecta un edificio singular de treinta y tantas plantas en primera línea de la Playa de Las Canteras tendrá que ser paralizado debido a la especulación municipal con un suelo que expropió a sus titulares para construir una zona libre y deportiva.
Lejos de cumplir con lo pactado a través de un convenio urbanístico firmado con la familia propietaria, el Partido Popular al mando en el Ayuntamiento entonces decide recalificar el suelo e incluirlo en una permuta con los tan ansiados terrenos de El Confital. Dicha permuta permitió, a su vez, a los dueños de El Confital vender el solar de Pavía a la constructora Evemarina, por 33 millones de euros. Todo está en el aire ahora tras la sentencia que obliga a iniciar el expediente de reversión, es decir, que cada uno devuelva lo que se quedó o que pague por ello. Algunas estimaciones cifran en 30 millones de euros lo que tendrá que abonar el consistorio capitalino para dar cumplimiento a la sentencia.
No ha sido el único varapalo judicial a la política urbanística realizada por el Partido Popular. Pocos días después de la sentencia de Pavía, a mediados de febrero del presente año, la Sala de lo Contencioso tumbó otro gran proyecto de Soria: El Canódromo. Los vecinos recurrieron ante la Justicia el Plan Especial elaborado en 2003 que cambió un parque por 120 viviendas. Y todo con las torres de pisos iniciadas por la constructora Realia. Esta actuación se investiga en la vía penal, en la que Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber han sido citados a declarar como imputados.
La Sala también ha tumbado la demolición del Estadio Insular, zona con la que, en la época popular, se especuló con una zona residencial de lujo.
Las continuas anulaciones del proyecto de la autovía del norte o la calificación de "demencial" a un contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Telde a la empresa Santana Cazorla, son otros ejemplos. La Sala no entiende de colores políticos. Lo ha demostrado en tres meses.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 27 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
"En Alicante el transporte público es casi decorativo"
ELPAÍS/Entrevista* : La plataforma por la Movilidad Sostenible se creó en 2005 para contribuir a mejorar la calidad de vida y que la movilidad deje de ser un factor de estrés gracias a un transporte público eficiente. Una ambiciosa pretensión que reúne ya a más de 30 colectivos cívicos.
Javier Cobela (Alicante, 1968), que preside la plataforma, sabe que el reto es complejo en una sociedad donde el rey es el coche.
Pregunta. ¿Por qué dice que el transporte público en la ciudad de Alicante es un desastre?
Respuesta. En líneas generales, hay un problema de organización de la red, ya que no todos los autobuses van donde tienen que ir. Hay un problema de fiabilidad: horarios que no se cumplen, falta frecuencia en algunas líneas y franjas horarias. Algunos de estos problemas son subsanables con poca inversión.
P. ¿Cree que es peor que en otras ciudades?
R. Sin duda. Algunos aspectos son mejorables y en otras zonas están resueltos. Por ejemplo la información al usuario. Los mapas están en revisión desde hace casi dos años. Pero hay otros. Proponemos otra tarificación: los jubilados tienen gratis el acceso al autobús. Creemos que eso es ampliable a otros segmentos de la sociedad que tienen problemas económicos. Son cosas que en otras ciudades existen. Proponemos un abono mensual e incluso anual.
P. ¿Influye en la calidad que algo tan esencial como el transporte público de autobús esté en manos privadas?
R. Hoy por hoy la pelota está más en el tejado del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat, que son los titulares de los dos servicios del transporte por autobús del área metropolitana de Alicante. Pensamos que la gestión directa de los servicios públicos tiene un plus de calidad. En Valencia, la EMT es municipal y el funcionamiento es mejor. ¿Es achacable al tipo de explotación? Creemos que no, que hay mucha responsabilidad de la administración.
P. Deme tres propuestas para mejorar el autobús público
R. Una entidad metropolitana que represente a todos los municipios, una planificación seria y recursos bien gestionados.
P. ¿Qué ha aportado el tranvía a la movilidad?
R. Para zonas muy concretas como la costa de El Campello es una oferta extraordinaria, pero su implantación, en general, es precaria. La línea 1, que es la única que funciona, está dando grandes problemas de frecuencia, y la línea 2 es un proyecto.
P. ¿Puede servir para descongestionar el tráfico?
R. Sí, apostamos por el tranvía como concepto. Lo que cuestionamos es cómo se está implantando. Pero el tranvía nos parece una herramienta muy potente para animar a los ciudadanos a que dejen el coche en casa.
P. ¿Por qué se sigue prefiriendo el coche?
R. La sociedad presiona para que consumas coche. Pero en Alicante, el problema es que la oferta alternativa no es mejor que el coche en muchas ocasiones, y el usuario usa la menos mala de las alternativas
P. Se ve poco a la gente en bicicleta por Alicante.
R. La ciudad no es ideal para usar la bicicleta, más que nada por la presencia abusiva del automóvil a gran velocidad. Pero cuando decides probar te das cuenta de que tiene más ventajas que inconvenientes.
P. ¿Cómo califica la gestión del PP en materia de transporte público y movilidad?
R. En Alicante, el transporte público es casi decorativo.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 27/04/2008
Foto: Alicante - Alicante Confidencial
Madrid: Sigue el traspaso de bienes municipales a la iglesia
DIAGONAL* : El ya muy favorable acuerdo suscrito entre el arzobispado y el Ayuntamiento en tiempos de Álvarez del Manzano está siendo mejorado por la actual administración municipal en detrimento de los equipamientos básicos en los barrios peor dotados. La cuestión viene de lejos y la acumulación escandaliza. A las 22 cesiones de Álvarez del Manzano, con sus casi 43.000 m2, se suman 16 más bajo la administración de Gallardón con otros 21.000 m2 más.
El movimiento vecinal no ha cesado en sus protestas en los más de diez años que lleva viendo cómo los espacios municipales que debían destinarse a fines sociales pasan a manos del arzobispado para usos no determinados ni controlados. Y también, en este contexto, el grupo municipal de Izquierda Unida- Madrid ha pedido que destine estas parcelas, valoradas en 120 millones de euros, según el grupo municipal a “fines sociales y no a negocios como colegios privados”.
Vecinos de Butarque en lucha
“D.E.A. APR 17.10, Butarque, Villaverde”. Éste es el nombre oficial de la parcela de la discordia para los vecinos del barrio de Butarque en el distrito de Villaverde. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) está intentando convencer al Ayuntamiento para que archive el expediente de cesión de este espacio con el irrefutable argumento que dice que el lugar que ocupa un cuerpo no lo puede ocupar otro. Y es que el barrio realmente tiene un déficit importante de cuerpos sociales y culturales, mientras, a tan sólo 500 metros de la parcela de la discordia ya existe una parroquia en funcionamiento.
Las normas del propio plan de ordenación urbana de Madrid definen en un mismo grupo de usos del suelo los solares que se deben destinar a equipamientos culturales sanitarios y de bienestar social y los que son para uso religioso. De esta forma, las cesiones de terrenos clasificados en este grupo van mermando el saldo de espacios municipales para los otros usos del mismo grupo, en la actualidad y en el futuro. Cada día se nos trasmite que el suelo público es un bien escaso. AVIB alega para ilustrar el problema los equipamientos del barrio: dos colegios de primaria, un centro de educación para adultos, un centro de mayores y un centro de día. Y resalta el contraste que se produce con las 13 parroquias con las que cuenta el distrito municipal de Villaverde, en la zona sur de Madrid, donde se encuentra el barrio de Butarque.
Para dimensionar el problema hay que considerar que según los últimos datos disponibles la población del barrio ronda las 15.000 personas, pero esperan la próxima incorporación de 10.000 nuevos vecinos que llegarán con los nuevos desarrollos de la zona, que además harán disminuir por comparación el suelo destinado a equipamientos básicos, agravando la actual situación. Señalan, además, que se está presuponiendo una determinada confesión, tanto en los términos actuales como del futuro incremento de población de alrededor del 70%.
El ofrecimiento de esta parcela por parte del Ayuntamiento deriva del rechazo arzobispal a una oferta anterior que consideraron poco adecuada. La actual, más céntrica dentro del distrito, supera los términos pactados en el acuerdo de 1997, en el que la iglesia cifraba las necesidades para construir sus parroquias en 1.500 m2 de suelo edificable. La parcela objeto de la discordia cuenta con 2.650 m2 edificables, lo que generará una plusvalía de más de 700.000 euros a favor del patrimonio del arzobispado, según las alegaciones de los vecinos.
* Periódico Diagonal - Aída Álvarez Blanco, Madrid - 17 abr - 30 abr 2008
Foto: Las manifestaciones que reclaman más equipamientos sociales, sobre todo centros de salud, han sido constantes en los últimos años / Juan Carlos Rojas, diagonalperiodico.net
"Lo humillante para Murcia es la corrupción generalizada"
CHEMA GIL* : Nunca los Murcianos hemos sido vistos por el resto de ciudadanos tan mal como en los últimos años. Cuando hablas con periodistas de otros puntos de España sobre la corrupción en la Región de Murcia tienes que escuchar frases duras, contra las que no tienes respuestas contundentes. Recientemente estuvo por la Región un periodista de Le Monde, Francoise Benoît, estuvimos hablando sobre las investigaciones realizadas entorno a varios asuntos, unos que ya han salido a la luz y otros que están pendientes de aparecer. Cuando comprobó documentalmente algunos asuntos, quedó estupefacto.
Días atrás vino una periodista del Internacional Herald Tribune/ New York Times…yo alucinaba bastante con el hecho de que la historia de un periodista de Murcia pudiera interesar a un medio de comunicación como éste. Venía la 'enviada especial' desde Italia y, cuando comprobó determinadas reacciones de nuestra Región, frente a supuestos casos de corrupción, dijo que nuestra tierra tenía componentes propios de Sicilia. Periodistas amenazados, políticos criminalizando la acción de la Justicia, misas y rezos pidiendo por personas detenidas. La periodista no podía entender que eso pasara en una España que en el mundo suena como un país moderno.
Eso sí es humillante. Valcárcel sigue paseando con el Audi 8 de la Comunidad por España, detrás y delante de Mariano Rajoy…ya veremos qué pasa dentro de un cierto tiempo, ya veremos.
Es humillante que un partido que gobierna mantenga en sus cargos públicos a personas que están siendo investigadas por la Justicia y contra las que se han adoptado medidas extraordinarias como el ingreso en prisión.
Alcaldes detenidos, diputados en libertad bajo fianza, decenas de cargos públicos imputados y el PP de Ramón Luis Valcárcel como si oyera llover; y el PSOE de Saura, a verlas venir. La excusa que la mediocre ejecutiva socialista utiliza para callar, cuando debiera hablar, es que si hablan pierden votos. Te lo dicen así y se quedan tan frescos.
Juan Carlos Ruiz, que a juicio de Valcárcel podría ser un perfecto candidato a la Presidencia de la Comunidad (¡que Dios nos pille confesados!), ha dicho que 'lo del minitrasvase de Barcelona es humillante para los murcianos', de la corrupción no habla…bueno sólo lo hace cuando el tema, supuestamente afecta a otros, los suyos no, los suyos mean colonia.
Vamos a ver, lo que es humillante para los murcianos son los casos de corrupción y determinados silencios vergonzosos; lo humillante para esta Región es comprobar -tal como va a pasar- que el modelo de desarrollo implantado en esta Región por el PP, con un desarrollo salvaje, con una falta absoluta de planificación de servicios, nos ha llevado a que los próximos meses veamos como va todo a la ruina, pero es igual, ya sabemos lo que dirá Valcárcel, la culpa es de Zapatero. Todo lo que se hace mal es por culpa de otros; eso denota una falta de honestidad política que en otros sitios hubiera llevado a la gente a la calle.
Lo humillante para esta Región es comprobar lo que dicen determinados consejeros, con la boca chica, del propio presidente y del propio gobierno regional. Lo humillante de esta Región es tener una oposición, la del PSOE, tan pobre, tan falta de ideas, tan falta de discurso. Lo humillante para esta Región es tener ayuntamientos como Totana, sometidos a investigación por casos de corrupción, y en los que la deuda municipal es asfixiante, con decenas de convenios bajo sospecha judicial y, pese a todo, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, presidiendo el Pleno un alcalde que acaba de salir de prisión bajo fianza, y encima haya ciudadanos aplaudiendo a los responsables de la gestión municipal.
La imagen que esta Región da al mundo es una verdadera mierda, por culpa de unos cuantos políticos, empresarios conniventes y funcionarios despreciables. Nos miran escandalizados y con razón.
Encima, donde pueden, van y sueltan que la culpa es de los periodistas que informamos…es decir, no es malo que haya un cáncer, para ellos, lo malo es que se sepa que hay un cáncer…en definitiva, matar al mensajero. Pero no se vayan a creer, de esa misma manera piensan algunos directores de medios de comunicación, pasteleando con los cuartos, antes que pelear por los intereses reales de esta Región.
Que se ganen muchos votos no es excusa, la Historia está llena de vomitivas victorias electorales que han destrozado la historia de los pueblos. De ahí que la actitud del líder de IU en Murcia, José Antonio Pujante, "seguiremos denunciando la corrupción aunque nos cueste votos", me parece un soplo de aire fresco y un compromiso moral y ético imprescindible.
¿Murcia humillada por el minitrasvase del Ebro?, venga Valcárcel, no me joda usted, humillada por el minitrasvase del Ebro, manda huevos.
Coda: En fin, uno, que pensaba retirarse pronto a los cuarteles de invierno, al final, tiene que decidirse por seguir en la brecha. ¡Más madera!, hace falta que los murcianos sepan más cosicas de las que se mueven entre las bambalinas del poder, nombres, intereses, empresas...hace falta una catarsis y ésta vendrá de la información, de nuevos asuntos, hasta que los ciudadanos sientan vergüenza ajena y cuando vean a los responsables de ciertos asuntos por la calle les escupan a la cara. ¿Es eso lo que hace falta?, pues hay que hacerlo, hasta el final, con todas las consecuencias, caiga quien caiga, desde la Política hasta la Justicia, caiga quien caiga.
* Vegamedia Press - Chema Gil - 22/04/2008
Ourense: Un detalle aparentemente marginal fue suficiente para anular el PXOM
LAVOZDEGALICIA* : El recurso que ha dado lugar a la sentencia que anula el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), que ha provocado una muy considerable tormenta en los ámbitos político, administrativo y empresarial, invocaba y presentaba un gran número de irregularidades sobre las que el tribunal no llegó siquiera a entrar, al considerar suficiente el vicio no subsanable detectado en el procedimiento de exposición al público.
La iniciativa del particular que ha conseguir echar abajo el PXOM, al margen de que la resolución no sea firme en tanto el Tribunal Supremo no diga la última palabra, incluía decenas de planos y detallados análisis de distintas intervenciones urbanísticas, en las que se reflejaban las diferencias entre el anterior plan general del año 1986, la propuesta sometida a aprobación inicial en el año 2002 y el resultado final aprobado en última instancia por la Consellería de Política Territorial en abril del 2003.
Este recurso y su contenido, fruto de un detallado, meticuloso y concienzudo trabajo, era, como la realidad se ha empeñado en demostrar, el que más preocupación causaba en medios empresariales vinculados al sector de la construcción y también en la órbita del PP, la formación que aprobó el plan en solitario. Era, según la coincidente interpretación de distintas fuentes consultadas por este periódico, el recurso que más inquietaba. De hecho, en distintos momentos y por diferentes vías, hubo desde medios empresariales y populares maniobras de aproximación al recurrente, con el fin de intentar un acuerdo con él para que retirase su contencioso. Evidentemente, no prosperaron los contactos.
El recurso de este particular contra la totalidad del PXOM hacía referencia solo de pasada a la situación de la ficha urbanística número 22.12, que, como dice la sentencia, corresponde al inmueble de la rúa Curros Enríquez, 1, la Torre de Ourense, donde el recurrente tiene intereses personales. Siendo un apunte menor, de acuerdo con el sentir de quienes conocían el recurso, ha sido el único al que hace referencia la sala de lo contencioso en su sentencia, sin entrar en el resto de actuaciones donde se apuntaban las diferencias más llamativas entre planos, que son, según fuentes conocedoras del caso, las que registran los cambios en los uso del suelo más aparatosos y espectaculares.
Al haberse quedado la sala en la constatación de las diferencias en los planes, ya no ha entrado en el fondo del asunto, que es lo que también pretendía el recurrente. «La discrepancia entre los planes expuestos y los que figuran en el expediente como aprobados inicialmente lo que significa es que lo que se aprobó inicialmente no fue sometido a información pública, y este es un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación, pues la información atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios», como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Galicia.
La actuación del particular que ha ganado este recurso y ha conseguido la anulación del PXOM no se había quedado en la documentación notarial de la ausencia de testimonios, sellos o firmas, en los documentos y planos que se exhibieron en la fase de exposición al público del plan. También solicitó formalmente (y obtuvo) copia de esos planos y más tarde, dos días antes de que en marzo del 2003 se celebrase el pleno municipal en el que se aprobó el PXOM, alertó por escrito sobre las supuestas irregularidades y sobre la posibilidad de consecuencias penales si se daba luz verde al plan. Su advertencia cayó en saco roto.
* La Voz de Galicia - Pepe Seoane - 26/4/2008
Foto: Ourense - PILI PROL, lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: El desenlace del conflicto se enrarece con la posibilidad de que lleguen a reclamarse responsabilidades penales - La Voz de Galicia - 26/4/2008
La Comisión Europea halla indicios de ilegalidad en una ZAL de Los Barrios
,+pol%C3%ADgono+industrial+-+uca.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein ha informado hoy en Algeciras de que la Comisión Europea ha encontrado indicios de que los trabajos de construcción de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en El Fresno podrían vulnerar la legislación europea.
Hammerstein ha señalado que la cuestión se abordó el pasado 2 de abril, «en las reuniones periódicas que se celebran entre la Comisión Europea y el Gobierno Español para hablar sobre posibles infracciones».
Según el parlamentario europeo, «el primer problema es que las obras se construyen en una zona del río Palmones que ha sido propuesta para su integración en la Red Natural 2000».
El segundo argumento planteado por Los Verdes en contra de la legalidad de la iniciativa es que «los terrenos son inundables».
Por ello, Hammerstein exigirá a la Comisión Europea que «dé un serio aviso e incluso ponga una multa a las autoridades competentes por no tener en cuenta las figuras de protección europea cuando plantearon la obra»
"Lo que ocurre es que las cosas del palacio europeo van despacio y, por desgracia, cuando entramos una infracción sólo llegamos a tiempo para actuar 'in articulo mortis', sólo a tiempo para la autopsia», ha dicho Hammerestein.
El eurodiputado también ha propuesto alternativas a los proyectos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para poner remedio al desempleo causado por la construcción mediante el fomento de las obras públicas.
"Creo que sería una gran equivocación reaccionar ante la crisis abriendo la veda a cualquier tipo de obra pública por destructiva o innecesaria que sea», ha afirmado el parlamentario europeo.
Hammerstein ha recomendado ceñirse a la «estrategia de Lisboa, basada en la sociedad del conocimiento, en crear una Europa competitiva y al mismo tiempo de una Europa líder en cuestiones ambientales».
La potenciación de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo del turismo ecológico y el impulso de las energías renovables serían, según Hammerstein, «opciones viables en esta línea».
* Diario de Cádiz - EFE - 26.04.2008
Foto: Los Barrios (Cádiz), polígono industrial - uca.es
Caso Zurgena: especulación urbanística
+-+teleprensa.net.jpg)
La Federación Almeriense de Ecologistas en Acción* manifiesta a la opinión pública su posición con respecto a las detenciones preventivas y la libertad bajo fianza del Alcalde de Zurgena y de otros presuntos implicados en irregularidades urbanísticas. Estas detenciones y posteriores puestas en libertad con cargos significa que los jueces son conscientes del problema estratégico que tiene planteada la provincia almeriense con el estado actual de desorden y caos urbanístico.
Cuando en el futuro se recuerde esta época quedará claro que no todos se plegaron a la inmediatez del lucro a corto plazo.
Almería ha visto en pocos años el crecimiento de grandes superficies de edificios que son habitados durante pocos días al año, sobre todo en el litoral almeriense y a las miles de viviendas construidas ilegalmente, sin ordenación, en el medio rural como vivienda residencial. Esto es insostenible dada la carencia de recursos hídricos naturales. Asociar a este crecimiento insostenible campos de golf no hace más que desequilibrar profundamente la sociedad almeriense. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hambre que veremos reflejada en paro, conflictos sociales y ambientales cada vez más agudos.
El caso de Zurgena nos muestra claramente que las formas utilizadas para crecer en el valle del Almanzora han rozado y presuntamente incursionan directamente en la ilegalidad. Ni Zurgena ni Almería deben ser tierra alejada de la justicia, porque cuando eso ocurre prevalece el más fuerte económicamente, y esa es causa y origen de desorden social.
Las formas y contenidos de esta última fase de gran crecimiento inmobiliario, se ha hecho a expensas del patrimonio de todos los almerienses. El tiempo mostrará claramente quienes a han beneficiado y a quienes no.
Por lo tanto desde Ecologistas en Acción-Almería pedimos a la justicia que siga atentamente la información proporcionada permanentemente por la Guardia Civil, y por ende que no se desestime o se deje sin curso, como está ocurriendo en la mayoría de casos, las denuncias del SEPRONA.
Aprovechamos esta oportunidad para dar públicamente nuestro respaldo a la acción de protección del patrimonio natural de todos los almerienses que viene desempeñando la Guardia Civil, y particularmente ahora en el caso del valle del Almanzora.
* Ecologistas en Acción de Almería - 23.04.2008
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
3.000 manifestantes piden en Pontevedra el traslado de Ence
ELPAÍS* : Alrededor de 3.000 personas se manifestaron ayer en Pontevedra, convocados por la Asociación pola Defensa da Ría, para exigir el traslado del complejo industrial antes de 2018, fecha en que vence la concesión de la planta de celulosa que contamina la ciudad.
La movilización de ayer se produce en "un momento de especial trascendencia" en este largo proceso de lucha, tal y como destacó Celso Bugallo en la lectura del manifiesto que puso punto final al recorrido.
Las consellerías de Economía e Industria negocian con la empresa un compromiso de traslado, "fuera de la provincia de Pontevedra", aunque aún no se han cerrado ni plazos, ni condiciones ni la ubicación de la futura nueva planta.
Tras las pancartas reivindicativas y al grito de "¡ENCE, fuera de nuestra ría!", el gobierno local prácticamente en pleno se dejó ver en la Ferreiría, encabezado por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y la socialista Teresa Casal. El regidor advirtió de que si la Xunta de Galicia concede a la planta la autorización ambiental integrada, que le permitiría permanecer en su ubicación actual de Lourizán hasta 2018, "sería una traición". En este sentido, Bugallo recordó que ninguna de las fábricas, ni ENCE ni Elnosa, "cumplen los requisitos fijados por la ley" para la obtención de ese permiso, y apuntó la "evidente falta de voluntad política para dar solución" a este conflicto.
Por su parte, Casal aclaró que su presencia allí nada tenía que ver con una crítica al conselleiro de Medio Ambiente, de cuyo departamento depende esa autorización. Palabras que se producen después de que el coordinador provincial, Modesto Pose, apuntase que el partido no respalda manifestaciones contra conselleiros. La portavoz municipal señaló que su grupo es favorable a la promoción de usos "deportivos y marisqueros" que es "lo que quieren la gente de Pontevedra". Y lanzó un dardo a sus socios de gobierno al acusarles de "meter cizaña" ante el posicionamiento del PSOE gallego en este asunto.
La marcha, en la que se vieron muchas banderas nacionalistas y que contó con el apoyo manifiesto de más de 40 colectivos procedentes de toda Galicia, entre los que se encontraban cofradías, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, comunidades de montes e intelectuales como Dionisio Pereira, además de sindicatos y partidos políticos como PSOE y BNG. Precisamente de esta agrupación destacó la presencia de los diputados Bieito Lobería o Carmela Silva y el alcalde Luciano Sobral.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Pontevedra - 26/04/2008
Foto: Pontevedra, protesta Defensa Ría contra Ence - farodevigo.es
Mallorca: El propio Matas ordenó trasvasar a Campos el hotel de Sóller sin plazas
,+hotel+a+derribar+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : El ex president quiso librar de la demolición al ´Don Pedro´ por amistad con el propietario. El ex president Jaume Matas impuso el nombre del obsoleto hotel Rocamar, en la carretera de Sóller al puerto, para ser demolido y a cambio trasvasar su edificabilidad hasta el municipio de Campos, mediante una área de reconversión territorial (ART).
Esta operación urbanística aparece recogida en el Plan Territorial de Mallorca como la número 10.3, que prevé la demolición con carácter alternativo del hotel Don Pedro (en la Cala de Sant Vicenç, municipio de Pollença) y el mencionado Rocamar. A cambio, se permitiría el trasvase de su edificabilidad hasta sa Vinyola, en Campos, lo que equivale a la reclasificación a urbano de 42 hectáreas para unas 1.600 plazas entre turísticas y residenciales.
El propietario del hotel Don Pedro, José Luis Carrillo -dueño además de Air Madrid y la cadena Hoteles Globables- ha manifestado desde el principio su total rechazo a derribar el establecimiento, con capacidad para 284 plazas, que fue construido en la década de los años 30 en primera línea de mar y constituye un fuerte impacto visual que degrada la zona.
Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA de algunas de las personas que intervinieron en las reuniones donde se discutieron las ART, uno de los representantes del PP se opuso en nombre del propio Jaume Matas al cierre y demolición del Don Pedro. Este cargo ´popular´ hizo valer su reivindicación con un "es una cosa directa del president", en alusión a Matas, quien al parecer tiene una relación de amistad con el empresario Carrillo.
Como alternativa, el PP señaló al hotel Rocamar. Sin embargo, y durante los trámites para la aprobación del PTM, salió a la luz que el establecimiento solleric carece de plazas turísticas, al encontrarse de baja definitiva por lo menos desde el año 2002. Pese a carecer pues de derecho de edificabilidad alguno para trasladar, el nombre del Rocamar se mantuvo en la aprobación definitiva del Plan Territorial junto al del Don Pedro, con una frase cuanto menos llamativa: "El trasvase de plazas desde el hotel Don Pedro y el hotel Rocamar tiene carácter alternativo".
76,5 millones de plusvalías
Precisamente esta ambivalencia ha llamado la atención de la Fiscalía, que considera que detrás de esta ART se esconde únicamente el interés de beneficiar a los promotores de las fincas en Campos, y así lo ha denunciado. Los fiscales no dan crédito a que una norma del rango del PTM incluya la posibilidad ambigua de derribar uno u otro hotel, a cambio de desarrollar una enorme urbanización en Campos "sin justificación legal alguna", y calculan que estas operaciones generarían unas plusvalías por valor de 75,6 millones de euros.
Este diario contactó ayer con el ex conseller de Turismo del Govern Matas, Joan Flaquer, quien dijo "desconocer absolutamente" nada de este asunto, ni haber "oído nunca que Matas influyera" para salvar el Don Pedro. Flaquer asegura además que él sólo participó en su día "en una reunión con el Consell para explicarles el Master Plan para la Platja de Palma, y lo tuvieran en cuenta" a la hora de diseñar la ART para esta zona.
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 25 de abril de 2008
Foto: Sóller (Mallorca), hotel Rocamar - diariodemallorca.es
Parque de concentración
JOSEP MARIA MONTANER/Barcelona* : Por fin se ha podido descubrir qué hay detrás de los muros de hormigón, vagamente recubiertos de vegetación, que se han levantado para defender el Parc Central del Poblenou. Y lo que se descubre es un parque decepcionante, vacío de algo que tenga sentido y pueda ser una aportación para las personas.
Tras atravesar las estrechas aberturas, se transita por unos suelos sin interés y no se ve ninguna aportación respecto a lugares de juego para niños, a cómo sentarse y hacer corrillos para hablar, echarse al sol o ponerse a la sombra bajo alguna pérgola ingeniosa, hacer pic-nic, tomar algún refresco o ir al lavabo. Sólo artilugios superfluos: unas pérgolas mal copiadas de las obras de Enric Miralles y Carme Pinós; unos paneles horadados a la manera de Rem Koolhaas; unas luminarias esféricas sacadas de Luis Barragán; una espiral con el rimbombante nombre de cráter, de tratamiento vegetal cursi, que recuerda en malo la bellísima obra de Beverly Pepper en el parque de la estación del Norte; un Giacometti de cuarta categoría; unos lamentables iglús a lo Mario Merz; un paisaje lunar penoso, y unas sillas aisladas antihomeless y antigrupos. En definitiva, un parque cuyos muros y rincones lo hacen tremendamente inseguro, y unos jardines que siguen la concepción francesa de los setos y las pérgolas que ellos mismos hace más de veinte años han rechazado y superado con "los jardines en movimiento" y la libertad de las plantas creciendo.
Entonces uno se da cuenta de que más relevante que los muros absurdos es el desprecio de Jean Nouvel hacia la cultura del espacio público, en la que en Cataluña habíamos avanzado tanto, con buenas plazas y magníficos parques metropolitanos, reclamados por los vecinos, promovidos por los municipios y proyectados por nuestros mejores paisajistas, muchas veces mujeres. Nos habíamos convertido en modelo de diseño de mobiliario urbano, producido en Barcelona, para que ahora se nos imponga el despilfarro de un parque en el que no hay ninguna aportación de lo necesario y muchos kits de lo superfluo. Entonces uno añora obras maestras como el Parc dels Colors en Mollet del Vallès, el Parc de Vallparadís en Terrassa, el Jardín Botánico, el Parc Central de Nou Barris y El Fossar de la Pedrera en Barcelona, el Parc de la Solidaritat en Esplugues de Llobregat, el Parc de les Dunes en Gavà y muchos otros.
Y entonces uno se siente en el funeral del espacio público, en un lugar que ya no tiene el carácter del dominio público, sino que es un lugar común, donde nunca la polis -la manifestación, la reunión, el debate, etcétera- va a poder darse. Un parque puede estar cerrado con rejas, como en el siglo XIX, pero encogido entre muros de hormigón no es un parque. Se supone que va a salir publicado en las revistas y que, incluso, algún jurado le va a otorgar algún premio. Pero está claro que no es un parque para las personas: entre muros que abren ventanas como escaparates, rodeado del tráfico de las calles y al que se accede por aceras estrechas. Solo tiene justificaciones para estúpidos: muros para proteger del tráfico, un parque vanguardista, etcétera.
Las cifras también dan que pensar. Este despilfarro para un pésimo parque ha costado más de 20 millones de euros, sin hablar de los honorarios por triplicado que se han pagado a Jean Nouvel. La nueva biblioteca de La Mina ha costado un poco menos de cuatro millones de euros. Es decir, con el presupuesto de un parque en el que casi todos los costes son para el lujo de elementos prescindibles, se hubieran hecho cinco o seis magníficas bibliotecas de barrio.
Una vez dentro, uno se pregunta qué le recuerda remotamente este parque entre murallas, con un suelo tan pobre, tan vacío de ideas originales y tan lleno de malas copias. Entonces se le hace la luz al recordar la opinión de un vecino que ha declarado que parece una prisión. ¿Ah!, es una prisión al aire libre. Y entonces todo se entiende: casi setenta años más tarde, un arquitecto francés nos ha instalado un campo de concentración como Dios manda, no como aquellos miserables e improvisados campos en las playas de Argelés y Saint Cyprien, donde nuestros antepasados republicanos malvivieron e intentaron sobrevivir. Y es entonces cuando uno desea salir de este parque de concentración, buscando lo más rápido posible una de las angostas y escondidas puertas. Y ya fuera, respira y piensa: ojalá nunca nadie tenga que volver a estar injustamente prisionero en cárceles, estadios deportivos y campos de concentración.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de las Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* ELPAIS.com - Cataluña - 26.04.2008
Protesta en Nou Barris contra unos pisos en zona verde
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Parte del barrio de Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, está en pie de guerra contra el ayuntamiento. Los vecinos se oponen a la construcción de unos pisos dotacionales en unos antiguos terrenos de Renfe-Meridiana, que fueron comprados hace años por el consistorio y están calificados como zona verde en el Plan General Metropolitano (PGM).
El plan municipal, que se encuentra en fase de aprobación inicial, pasa por llevar a cabo una modificación del PGM que permita utilizar el solar, situado entre el paseo de Valldaura, la avenida de Río de Janeiro y la calle de Argullós, para equipamientos. Según el gerente de Nou Barris, Josep García Puga, para ello el distrito plantea una permuta con otros terrenos situados en la vecina plaza de Harry Walker, que estaban destinados a edificios públicos y que ya se usan como zona verde.
GRAN DENSIDAD
Grupos de residentes, que han llenado la zona de pancartas de protesta, son contrarios al proyecto. El presidente de la asociación de vecinos, Ricardo Domingo, opina que este solar es el último que queda en el barrio por recuperar. "Prosperitat es una zona con gran densidad de población que carece de espacios verdes", asegura. En las alegaciones al plan, la asociación de vecinos asegura que el ayuntamiento no construyó "por desidia" una guardería en Harry Walker cuando el solar era para equipamientos.
La intención del distrito es levantar 125 pisos protegidos. También se construirán algunos equipamientos, cuyo uso se decidirá entre el ayuntamiento y los vecinos, en los bajos del edificio de pisos y en una pastilla de terreno próxima. La asociación critica también que las viviendas, aunque sean protegidas, no pueden ser consideradas un equipamiento porque tienen un régimen particular.
CARTELES DE CiU Los residentes no son los únicos que han levantado la voz de alarma. CiU ha llenado el barrio de carteles de protesta. El concejal nacionalista Antoni Vives critica la intención de levantar pisos en zona verde y carga contra la política municipal de la recalificación del suelo en materia dotacional, que tilda de "urbanismo trilero" en alusión a las permutas de terreno. Vives añade que el distrito de Nou Barris actúa con "prepotencia" y que no ofrece una compensación clara a los vecinos en equipamientos.
Distrito y vecinos se reunieron el pasado miércoles pero no llegaron a ningún acuerdo. Los segundos plantean mantener la calificación de zona verde, aunque se muestran dispuestos a aceptar un cambio si se elabora un plan de equipamientos. De seguir adelante, la aprobación definitiva será dentro de un año. Las obras empezarían entre el 2010 y el 2011, y el edificio estaría listo a principios del próximo mandato.
* El Periódico - JORDI SUBIRANA - BARCELONA - 25.04.2008
Foto: Una pancarta contra el plan municipal, ayer en Prosperitat/ ÁLVARO MONGE, elperiodico.com
Mallorca: El juez citará como imputados a Grande y Sastre por el Plan Territorial
,+finca+Plan+Territorial+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado Miquel Florit ha elaborado un primer listado de imputados en el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), un presunto caso de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma de ordenación urbanística, que denunció el pasado diciembre la fiscalía anticorrupción y que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Palma.
Entre las primeras citaciones que se están preparando destacan las de Vicenç Grande, presidente del Real Mallorca, y Mateo Sastre, ambos entre los mayores promotores inmobiliarios de Balears.
Los investigadores quieren agilizar la instrucción de este sumario, que ha permanecido bajo secreto desde diciembre hasta hace pocos días y que se abrió a instancias de la fiscalía y tras una primitiva denuncia de la organización ecologista GOB.
En las diligencias aparecen como encausados un grupo de promotores y constructores, entre los que se encuentran Grande, Sastre, Ferrá Tur y Serratosa y otros de menor nivel de negocios. También existe un listado de políticos, dirigentes y altos cargos de Unió Mallorquina y Partido Popular que podrían ser convocados a declarar en calidad de encausados.
Básicamente, Florit y la fiscalía anticorrupción quieren esclarecer si un selecto grupo de industriales recibió información privilegiada por parte de políticos y altos funcionarios para adquirir fincas rústicas en varios puntos de Mallorca, que fueron recalificadas como urbanizables gracias a un mecanismo del plan llamado áreas de reconversión territorial.
En la causa están ya personados con sendos abogados Mateo Sastre, defendido por Juan Luis Matas, y Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura y representado por Eduardo Valdivia.
De momento, en las diligencias previas ya han declarado ocho testigos, entre empresarios, técnicos, asesores y particulares.
Líderes políticos
La fiscalía anticorrupción ha preparado una relación de personas que aparecerían imputadas en la supuesta trama. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau han pedido al juez Florit que cite también, en calidad de imputados, al portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, y al diputado y portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, Bartomeu Vicens. Previsiblemente, estos dos dirigentes inaugurarán también la primera ronda de declaraciones por el caso PTM.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/M.MANSO. PALMA - 25 de abril de 2008
Foto: Imagen de la finca de Son Crever, en Marratxí, que se encuentra situada cerca de Alcampo/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
NOTICIA RELACIONADA: El fiscal investiga otras cuatro fincas beneficiadas con el Plan Territorial - Diario de Mallorca - 24 de abril de 2008
Los ecologistas denuncian el PGOU de Prado del Rey
+-+pueblos-espana.org.jpg)
ELPAÍS/Cádiz* : Ecologistas en Acción denunció ayer ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Jerez el recién aprobado plan general de Prado del Rey (Cádiz, 6.002 habitantes), que contempla un campo de golf, 400 viviendas nuevas, un hotel y un geriátrico en el límite y dentro del Parque Natural de los Alcornocales.
La denuncia se basa en dos aspectos: que el documento incumple el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por alcanzar un 200% el crecimiento de superficie urbanizable, cuando el límite es del 40%, y que el campo de golf necesitará el doble de agua de lo que se consume en la actualidad en un municipio afectado por restricciones debido a la falta de lluvia.
El PGOU de Prado del Rey fue aprobado el martes por la comisión provincial de ordenación del territorio después de que fuera condicionada su validación a la presentación de algunos cambios a los que la Junta de Andalucía sí da su visto bueno.
Los ecologistas, en cambio, creen que estas modificaciones no son suficientes. Recuerdan que contempla la construcción en el interior del parque natural de unas 200 casas además de un campo geriátrico. El campo de golf, que incluye la construcción de 400 viviendas y un hotel de 100 habitaciones, linda con los límites de Los Alcornocales y supondrá, según los denunciantes, el consumo de 500.000 metros cúbicos de agua.
Bruselas
"Lo denunciaremos también ante Bruselas porque es un parque protegido por la Unión Europea", anunció el portavoz ecologista, Juan Clavero. En la denuncia ya presentada ante el contencioso administrativo de Jerez se pide la paralización inmediata del plan.
El Ayuntamiento defiende el documento y recuerda que está lejos de las previsiones iniciales que contemplaban hasta 800 nuevas viviendas. Niega que vaya a incrementar los problemas de abastecimiento en el municipio porque una depuradora utilizará agua reciclada.
El alcalde, Fernando Pérez, del PSOE, siempre ha negado que su plan incumpla el POTA por entender que su documento es anterior al andaluz. No opinan los mismo los ecologistas que tildan de "escándalo" y "despróposito" este proyecto. "Se ha cedido a la presión de los especuladores", señaló Clavero.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 24/04/2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
El fiscal denuncia al alcalde de Atarfe por prevaricación urbanística
+-+ideal.es.jpg)
TERRA/Granada* : La Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por la posible comisión de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y el campo de golf anexo a la misma, así como en otras obras que afectaban a la infraestructura de la zona.
Según el decreto del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, de las diligencias de investigación penal incoadas a raíz de la denuncia que presentó IU, Ecologistas en Acción y Necesitamos la Vega, a los que se añadieron después más, se deduce que 'existen indicios suficientes' para considerar que los hechos podrían constituir dichos delitos, con independencia que se amplía en el transcurso de la instrucción su consideración según los nuevos elementos.
Aunque la denuncia se formula contra el regidor atarfeño, que está inmerso en otros procesos judiciales por actuaciones urbanísticas, el fiscal aclara que la imputación que se formule 'deberá extenderse a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado de igual modo en la tramitación de los expedientes'.
Igualmente, debe afectar también a 'los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf S.A. y/o a las personas concretas que hayan procedido a las construcciones ilegales o falseado la planimetría', según consta en el decreto del fiscal Luis Salcedo, que tiene fecha 10 de abril de 2008.
Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas donde desde el año 2005 se vienen realizando por la empresa Vladigolf S.A. y otras empresas diversas obras de edificación de la Urbanización Medina Elvira Residencial, prevista para 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos anexo a la urbanización y la construcción de una depuradora en el anejo de Caparacena.
Además, hay otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona --la inclusión del Camino de Malacarilla, que conectaba el anejo de Caparacena con el pueblo de Atarfe, en la zona del campo de golf, supresión de una vía pecuaria, vertido de tierras a un barranco, tala de árboles, etc.-- o que tienen que ver con la infraestructura del campo de golf. También está prevista la construcción de un hotel en la zona Cortijo Hotel Escuela Armengol.
'TASA A LA BAJA' DE LA FINCA.
Todas estas actuaciones se realizan o proyectan en una finca vendida por Proyecto Atarfe --sociedad municipal en forma de sociedad anónima-- a Vladigolf S.A el 24 de febrero de 2005 por 3,6 millones de euros, si bien el 4 de marzo del mismo año se inscribió la hipoteca que valoró el terreno en 8,4 millones de euros, algo que es 'sorprendente', según el fiscal, ya que es el Ayuntamiento, aunque a través de Proyecto Atarfe, el que 'vende una finca por un importe inferior a su valor de tasación en caso de ejecución'.
El Ministerio Público entiende que se 'tasa a la baja' de acuerdo con unas condiciones urbanísticas que el Ayuntamiento se había comprometido a modificar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a día de hoy no ha sido todavía aprobado de forma definitiva, puesto que la zona es objeto de especial protección por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaug).
Así, las obras ejecutadas en aplicación a previsiones futuras de cambio de planeamiento 'pudieran ser ilegales' por carecer de cobertura legal o por contravenir la actual pero no por su vinculación con una norma que carece de efectos. El futuro PGOU 'parece que actuaría más como un instrumento que diera cobertura a las ya realizadas'.
SUPUESTAS ILEGALIDADES.
En primer término se refiere el fiscal a una supuesta ilegalidad en la venta realizada, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que dada la declaración de interés público del campo de golf, el procedimiento debía haber sido el concurso u otros procedimientos establecidos en la Ley de Contratos pero no su enajenación directa como finalmente se procedió.
Asimismo tanto en los convenios como en los proyectos aprobados y licencias condedidas se recogen disposiciones 'constrarias a las Normas Subsidiarias vigentes en Atarfe y a la LOUA' porque se fija el techo máximo edificable en 417.697 metros cuadrados que no coincide con el planeamiento vigente y se modifica la densidad del suelo mediante la aplicación de concepto de ensanche sobre un sector alejado cinco kilómetros del núcleo urbano.
El Potaug concede al paraje Regadíos del Cubillas la consideración de 'terreno no urbanizable especialmente protegido' y en ella, fuera del perímetro autorizado para urbanizar, se han realizado obras de urbanización en zonas de espacio especialmente protegido. Las obras se amparan en proyectos de urbanización y reparcelación en los que se define el terreno como urbanizable. 'Esta extralimitación ha sido posible porque se ha falsificado la planimetría presentada por Vladigolf realizando una superposición con los planos del POTAUG'.
Se ha construido una placha de hormigón y sobre ella una caseta en la parcela 28 que 'en la actualidad no puede ser edificada', sin que conste licencia o autorización para su construcción. En cuanto al campo de golf, 'mención especial' merece la construcción de éste y la modificación de las infraestructuras que conlleva.
Según el decreto, la construcción del campo es un uso 'compatible' con el sistema de espacios libres del Potaug, aunque 'sería conveniente' que el órgano informante aclarara si precismante la modificación de la vía respeta la conectiviada del sistema de espacios libres. Es una 'cuestión controvertida' que sea compatible con la protección del POTAUG y 'no exenta de ambigüedad', según los informes analizados por lo que puede integrar el delito de prevaricación urbanística.
HOTEL Y DEPURADORA.
Sobre la aprobación en pleno del proyecto Cortijo Hotel Escuela Armengol, el fiscal detalla que es una resolución municipal 'contraria a la normativa' del Potug, que se adoptó en pleno en el que además se advirtió, según uno de los denunciantes, de la posible prevaricación en que se podría incurrir caso de apropiación.
La ejecución de obras de la depuradora comenzaron sin estar aprobado el proyecto ni concedida la licencia, según las algaciones, aunque con posterioridad a la denuncia ha sido aportada la licencia de Vladigolf para la construcción, según el fiscal, que indica también que no se ha acreditado que cumpla las condiciones medioambientales.
* Terra Actualidad - Europa Press - 24.04.2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
Castigos verdes, pero inútiles
,++Alto+del+Cuco+-+S.Cirilo,+elpais.com.jpg)
PÚBLICO* : Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.
Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".
También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.
Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?
La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia
Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.
Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.
Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.
La vía penal, piedra de toque
La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.
"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.
Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.
También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.
¿Hay soluciones?
La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.
La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."
Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.
Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.
Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."
Los casos más destacados
Una ladera sembrada de casas
“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.
El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevaricación”, ilustra Canales.
Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.
Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.
En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”.
Pescadores en favor de los peces
Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.
La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.
“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”
Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”
La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”
Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.
En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.
La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”.
Feixolin, 'la escopeta nacional'
“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.
“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.
La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.
Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......
“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.
“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.
Golf en lugar de paisajes
El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico “Dehesa de Montenmedio ”, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que “tiraba la toalla”. Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.
Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. “Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico”, ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.
“Hay una cosa que queda clara”, insisten en AGADEN , “todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.”
En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un “oportuno” incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y “con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.”
En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.
De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.
Madrid, ilegales sin saberlo
Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos"
El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. "Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso", señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. "Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna".
Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y "sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado", apunta Muñoz.
El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. "De hecho el consistorio está empeorando las cosas", expone Muñoz "no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas". Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que "lo que se tenga que derribar, se terminará derribando".
El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.
De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.
* Público - MARTA GALLUP - Madrid - 24/04/2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan de urbanismo del PP en Ourense
ELPAÍS* : El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense que aprobó en 2003 el PP en solitario es ilegal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado una de las 17 demandas presentadas contra la totalidad del planeamiento anulando su aprobación por la Consellería de Ordenación del Territorio "por ser contrario a derecho".
La sentencia, que analiza el recurso presentado por un particular, el promotor Delio Óscar Santalices Vieira, destaca que los planos que se expusieron al público en la fase de información "no se corresponden con los que figuran como aprobados inicialmente". Además, la memoria, el estudio económico-financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello o firma que indicase que se correspondía con el original".
Para el tribunal, la discrepancia entre los documentos aprobados y los expuestos constituye "un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación", ya que la información pública "atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios".
El fallo del tribunal pone al actual gobierno municipal en una difícil situación, toda vez que los socialistas habían presentado en solitario una demanda judicial a la totalidad del plan en 2003, cuando estaban en la oposición, conocedores de que "era absolutamente injusto y además tenía todos los informes jurídicos internos y externos en contra". Ahora, si no lo recurren desde el Ayuntamiento, sus proyectos de expansión urbanística y empresarial iniciados para la ciudad, la vivienda social que han empezado a construir y el plan de termalismo se desplomarían. Lo mismo ocurriría con las cesiones urbanísticas que constituyen el 70% del nuevo presupuesto municipal aprobado para este año. Así lo reconocían ayer los tres grupos políticos. Mientras el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, destacaba que ni le corresponde a su partido recurrir al Supremo, ni desea otro modelo urbanístico. "Nos gustaba éste", sentenció y anunció que pedirán al alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que presente recurso.
Rodríguez no entró ayer en detalles y únicamente declaró su intención de consensuar con los socios de gobierno del BNG y con el PP el desarrollo urbanístico de la ciudad. "Estudiaré los pasos legales una vez que haya hablado con ellos", dijo. En cualquier caso, manifestó que la sentencia confirma la denuncia de los socialistas desde que se aprobó el plan en 2003 "cuando lo tildamos de ilegal, especulativo, políticamente injusto y técnicamente inviable".
Además, acusó al PP de generar "gran incertidumbre jurídica con una aprobación de un planeamiento por mayoría simple" y destacó que en su lucha contra este plan "el PSOE no recibió el respaldo de nadie, ni de los empresarios, ni de nuestros socios de gobierno del BNG". El grupo nacionalista advirtió en junio de 2007 al regidor que si revisaban el PXOM, como pretendían los socialistas, romperían el gobierno de coalición.
El alcalde expresó su esperanza en alcanzar "el máximo consenso" de los otros dos grupos municipales, "especialmente de nuestros socios", para afrontar la revisión urbanística de la ciudad "en defensa del interés colectivo". Socialistas y nacionalistas no descartan recurrir ante el Supremo para ganar dos o tres años y elaborar mientras tanto un nuevo planeamiento.
En abril de 2007, el Tribunal Superior ya había anulado el planeamiento puesto en marcha en el barrio de A Ponte. La sentencia invalidó centenares de viviendas de nueva promoción, zonas verdes e incluso la recién estrenada sede de la Policía Local de la ciudad.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 25/04/2008
Foto: ourense - red2000.com
La Fiscalía lleva a los Juzgados 38 casos de Obra Nueva en El Puerto
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha interpuesto en tan sólo los dos últimos meses 38 denuncias en los Juzgados por otros tantos casos de Obra Nueva registrados en El Puerto. Así lo avanzó ayer a este diario el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, que desveló además que tiene pendiente de hacer lo propio con otra treintena de casos más.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular durante la gestión de Independientes Portuenses la pasada legislatura, que el alcalde y la ahora edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre, como adelantó este periódico.
Según explicó ayer a este diario Núñez, las denuncias que ha interpuesto se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles falsos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años), y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, las denuncias son únicamente por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público, al tratarse de inmuebles situados por ejemplo en suelo urbano no consolidado. Y en otros, coexiste también, al entender del fiscal de Medio Ambiente, un presunto delito contra la ordenación del territorio por ser casas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el Plan General de El Puerto. Este diario ha podido saber que no son muchos los profesionales denunciados por firmar papeles falsos, toda vez que por ejemplo hay un profesional, el arquitecto Joaquín P.S., que habría rubricado un buen número de estos certificados fraudulentos. Se trata del mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana el verano pasado, bautizada con el nombre de Operación Obra Nueva.
Núñez practica además diligencias para determinar las posibles responsabilidades en las que han podido incurrir antiguos dirigentes de IP y funcionarios municipales con los decretos de legalización de inmuebles presuntamente ilegales firmados por el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, que también ha enviado el PP a la Fiscalía.
+ Diario de Cádiz - Rosa Romero / Cádiz - 24.04.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Buscan nuevos casos de corrupción urbanística fuera de Totana, Los Alcázares...
,+iglesia-ayuntamiento+-+totana.es.jpg)
20MINUTOS/Murcia* : El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, dijo hoy en Cartagena que la fiscalía tiene abiertas nuevas investigaciones contra la corrupción urbanística en otros ayuntamientos distintos a los de Totana, Los Alcázares, Aguilas, Torre Pacheco y Fuente Alamo.
López Bernal, que hoy presentó en la comisión de Justicia de la Asamblea Regional la memoria de la fiscalía de 2006, no quiso desvelar los nombres de esos ayuntamientos.
También defendió la seriedad del trabajo que realiza la fiscalía a partir de denuncias presentadas, y citó la de un particular que fue la que recientemente reactivó las investigaciones en Torre Pacheco.
Con respecto a la recusación del juez Salvador Calero por parte de la defensa del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, el fiscal indicó que Calero es el juez natural del juzgado de San Javier que lleva el caso.
La fiscalía, que reclama más medios de los cuerpos de apoyo para poder desarrollar las investigaciones contra la corrupción urbanística, defiende su imparcialidad y el trabajo bien realizado como demuestra, dijo Manuel López Bernal, que ni jueces ni tribunales han archivado las denuncias que han sido presentadas.
* 20 Minutos - Agencias - 24.04.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es
Catral: Todos imputados
,+viviendas+ilegales+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El titular del Juzgado nº4 de Orihuela ha decidido imputar a todas las personas que aparecen citadas en un sumario por la presunta falsificación de certificados de antigüedad de viviendas ilegales en la huerta de Catral, incluidos los compradores, una joven pareja de finlandeses que aparecen como perjudicados en la denuncia que inició el procedimiento.
Ambos declararon en compañía de un abogado ayer en Orihuela.
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) interpuso en diciembre de 2006 una querella ante el juzgado en la que se decía que el arquitecto Miguel Antonio Mateo Sánchez realizó presuntamente certificados falsos para acreditar una antigüedad superior a cuatro años de cuatro viviendas ilegales con licencia de obra menor en suelo de huerta de Catral a pesar de que cuando lo hizo, según AECU no estaba ni terminada.
Este tipo de certificados se realizan para avalar que las viviendas tienen más de cuatro años. Las irregularidades denunciables, como la reparcelación ilegal de suelo rústico, la falta de licencia o la ausencia de autorización de la Conselleria prescriben tras ese periodo.
AECU un colectivo que tiene registrados a 1.750 socios que se ha convertido en los últimos años en azote de las malas prácticas en materia urbanística de promotores, arquitectos, abogados, notarios y constructores de la comarca, presidido por Honorio Fernández, denunció a este arquitecto y a los dos representantes de la promotora Sol Catral S.L para defender los intereses de sus asociados que adquirieron la vivienda.
El joven matrimonio Kal Seligren y Palvi Sainico abonó 281.000 y 23.000 euros más por mejoras a finales de 2004 para la adquisición de una casa sobre una parcela de 1.990 metros cuadrados, perteneciente a un terreno mayor de ocho mil segregado de forma ilegal para hacer otras tres casas. "El promotor, constructor y vendedor les asegura que todo está en orden y nunca les informan de que es suelo rústico no urbanizable", aclara la querella. Incluso un notario de Callosa de Segura "autorizó con gran maestría y sin ningún escrúpulo" dice Hernández la escritura de división horizontal.
"Rigor mortis"
El representante de AECU no se explicaba ayer cómo el juez ha podido denunciar a los perjudicados, además de excluir al colectivo denunciante como acusación en un asunto que ellos mismos iniciaron. El magistrado les ha impuesto una fianza de 5.000 euros para ejercer la personación particular. Un abono "que no vamos a aportar", aclaró Honorio Hernández. Fernández se preguntaba ayer si quieren "tapar la boca a AECU". Acusó ayer en un escrito directamente al juez "de aplicarnos el rigor mortis" para "quitarnos de en medio", algo dice, "que sueñan todos" los "beneficiarios y conseguidores de impunidad" para "el urbanismo salvaje".
* Información - D.P. - 24 de abril de 2008
Foto: Imagen parcial de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable agrícola en la huerta de Catral/ A.S., diarioinformacion.com
El alcalde de La Línea, imputado por un nuevo delito urbanístico
+-+Konstantin+(wikipedia.org).jpeg)
DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha imputado al alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), por las supuestas irregularidades cometidas en una operación urbanística. La Fiscalía investiga la reversión de una finca por una cuantía superior a la fijada.
Los hechos se remontan a 1998, siendo alcalde José Fernández Pons, cuando la familia Pérez Periáñez cedió una parcela de 14.800 metros cuadrados a cambio de que el Ayuntamiento recalificase varios suelos propiedad de la familia, con la condición de que en ese terreno se levantase un instituto. De lo contrario, el municipio debería abonarles 312.000 euros o revertir la parcela.
Llegado 2004 y con Juan Carlos Juárez en la Alcaldía, el Ayuntamiento inicia el expediente de reversión de la finca nueve días antes de que lo solicitara la propia familia Pérez Periáñez. Una vez de vuelta a manos de la familia, el terreno fue vendido por 450.000 euros; es decir, la familia ganó con la venta 138.000 euros.
IU interpuso por esta operación una denuncia ante la Fiscalía, ya que no entendió por qué el Ayuntamiento no vendió el terreno y abonó lo que le correspondía a los Pérez Periáñez.
El Ministerio Fiscal indica en su denuncia que se ha producido una actuación "aparentemente irregular" y expresa su extrañeza porque el Ayuntamiento haya "dejado escapar" este negocio. Considera también que fue "una actuación incomprensible y ruinosa para las arcas municipales". Además, imputa a la técnico Sonia Rey, a Lorenzo Pérez Periáñez y a los representantes de la empresa Bahía Romana. La parcela está cedida a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital comarcal.
Hay que recordar que el regidor linense está imputado por la supuesta venta irregular de cuatro parcelas municipales a Roseworld en detrimento de otra empresa local.
+ Diario de Cádiz - Estrella Blanco / La Línea - 24.04.2008
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
Los derribos en la Cañada podrían encubrir proyectos urbanísticos
EUROPAPRESS/Madrid* : Las redes de apoyo social "Patio Maravillas" y "Rompamos el silencio" aseguraron que los derribos de varias viviendas efectuados ayer en la Cañada Real encubren el inicio y la ejecución de los proyectos urbanísticos de Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales.
Según indicaron, el vacío legal que existe en esta antigua vía pecuaria sirve además "como herramienta y estrategia" para lograr la consecución "muy lucrativa" de tres proyectos urbanísticos mixtos, de iniciativa privada y pública, como el de Valdecarros, los Ahijones y los Berrocales, "en los que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen una participación directa".
"Lo que hay detrás no es una supuesta voluntad de limpieza para hacer un 'corredor verde'. Lo que quiere el Ayuntamiento es convertir este suelo en territorio urbanizable, que les otorgue beneficios económicos", señalaron.
Por otro lado, ambas redes sociales indicaron que se está previsto el derribo de otras treinta viviendas, "por lo que la población está muy asustada, ya que no saben en qué momento pueden llegar las máquinas a destruir sus casas".
El colectivo Patio de Maravillas señaló que lo ocurrido en la Cañada Real "es una nueva manifestación de la vulneración de los derechos humanos en nuestra ciudad, poniéndose de manifiesto otra vez la existencia de ciudadanos de primera y tercera clase, no ciudadanos".
'Los ciudadanos carecen de alternativas a los derribos'
"Los derribos se realizaron desde la ilegalidad, con la protección masiva de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera se molestaron en ampararse en una orden judicial de derribo. No existía, no la tenían, no hacía falta. Tampoco existió preaviso a las familias afectadas, tomándolas por sorpresa en su rutina diaria e impidiendo que se pudieran organizar", señalaron.
El colectivo social criticó que no existan alternativas a los ciudadanos que derriben sus casas en la Cañada Real, "dentro de un Gobierno que enarbola el estado de bienestar y de derecho". Asimismo, denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de dialogar con estos ciudadanos, "dando como única respuesta un despliegue de alrededor de 400 miembros de diversas fuerzas de seguridad del Estado".
Por último, indicó que ayer la Cañada se convirtió "en un espacio en estado de sitio y excepción", impidiendo la entrada a las zonas afectadas de medios de comunicación, vecindad, colectivos sociales y abogados, "lo que se tradujo en la indefensión, vulnerabilidad y aislamiento absolutos de sus habitantes".
El PSM responsabiliza a Aguirre
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha responsabilizado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del desalojo y posterior derribo de viviendas en la Cañada Real y ha instado a la Comunidad a crear de modo urgente una Comisión que aporte soluciones a la situación de este poblado.
En conferencia de prensa tras presentar una batería de medidas económicas para la región, Gómez ha explicado que desde hace meses los socialistas vienen reclamando que la Comunidad asuma su responsabilidad en este poblado.
"Esperanza Aguirre es la responsable de la Cañada Real y es la que tiene que poner encima de la mesa las soluciones", ha dicho.
La primera de las soluciones pasa, a su juicio, por la creación, con carácter inmediato, de una Comisión "participada, presidida y dirigida" por el Gobierno regional y en la que estén presenten los ayuntamientos "afectados": Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe. Esta comisión fue también propuesta hace tiempo por Alberto Ruiz-Gallardón y el alcalde de Rivas.
Dicha Comisión debería encargarse de impedir nuevas construcciones en la Cañada Real y de proponer la solución "definitiva" a la implantación de viviendas y actividades económicas que hay en su seno.
* El Mundo - E.P. - 24.04.2008
Foto: Una mujer marroquí, frente a los escombros de una casa derruida en la Cañada Real/ Bernabe Cordón, elmundo.es
Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para dos ex alcaldes de Santa Brígida
,+obras+centro+comercial+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Fiscalía solicita una condena de diez años de inhabilitación de empleo y cargo público para los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz, por un delito de prevaricación. Están acusados de dejar de cobrar, "de forma consciente", un impuesto de 684.057 euros a la constructora que realiza las obras del centro comercial de la villa.
La fiscal Cecilia Acebal no presenta cargos contra el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que estaba imputado en la causa, porque no ha encontrado indicios de su participación en estos hechos cuando era edil de Hacienda.
Según el escrito de calificaciones, Carmelo Vega, en su condición de alcalde, y Antonio Díaz, como edil de Urbanismo y posteriormente también como alcalde, dejaron de promover la liquidación y el cobro a la denominada UTE Santa Brígida el importe correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa municipal de licencia de obras. Este impuesto era derivado de los trabajos que la constructora iba a ejecutar en la villa y que consistían en un centro comercial. Estas instalaciones, cuyas obras están paralizadas por un juez, se ejecutaban en las calles Secretario Juan Morales Navarro, 18 de Julio y José Antonio Primo de Rivera, por un presupuesto de 9.129.760,44 euros.
La fiscal sostiene que se dejó de cobrar el impuesto, pese a que por acuerdo de un pleno extraordinario, de fecha 7 de junio de 2003, se acordó autorizar la ejecución de las obras condicionando su validez y efectividad de dicha autorización a que la constructora abonara los tributos. Todo ello, además, de que con posterioridad la Audiencia de Cuentas de Canarias comunicara la obligatoriedad del pago.
* La Provincia - CRISTINA GONZÁLEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 24.04.2008
Foto: Estado de las obras del centro comercial, actualmente paradas, a finales del año pasado/ SANTI BLANCO, laprovincia.es
Jaén legaliza un polígono con sentencias de demolición
ELPAÍS* : Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Jaén aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para calificar como suelo urbanizable el polígono industrial Pilar de la Dehesa, en el que trabajan unas 400 personas.
Esta medida política fue utilizada ayer por la defensa de 11 nuevos propietarios de naves industriales que fueron juzgados por la situación ilegal de sus instalaciones. Al igual que ocurriera en otros juicios anteriores, la Fiscalía pidió la demolición de estas naves.
De hecho, ya existen varias sentencias que ordenan la demolición de las naves por haberse construido en suelo no urbanizable. Sin embargo, los grupos políticos confían en que el proceso de legalización del mismo acabe con la presión judicial para los empresarios de esta zona.
En la misma línea, la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) anunció ayer que entregará antes de fin de año las 98 parcelas que conforman la segunda fase del parque empresarial Nuevo Jaén. "Dada la necesidad acuciante de suelo industrial debido a la coyuntura económica hemos volcado todos los esfuerzos en agilizar las obras para permitir que las empresas puedan instalarse y comenzar su actividad medio año antes de lo previsto", señaló el concejal José Luis Cano, presidente del consejo de administración de Somuvisa.
El Ayuntamiento de Jaén tiene sobre la mesa al menos una decena de expedientes con sentencias que ordenan la demolición de otros tantos inmuebles ilegales y que sus propietarios se han negado a su ejecución por no poder correr con los gastos. Se trata de edificaciones en el polígono industrial Pilar de la Dehesa, pero también en los parajes de Valdecañas, Zumbel y Pago de Juan Ramos.
* ELPAIS.com - G. D. - Jaén - 24/04/2008
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
El fiscal admite la denuncia contra el alcalde de Cabanes por las licencias de Marina d´Or
,+torre+la+sal+-+mma.es.jpg)
LEVANTE/Castelló* : El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha admitido una denuncia presentada contra el alcalde de Cabanes por un posible delito de prevaricación por conceder licencias de ocupación a Marina d'Or en el PAI de Torre La Sal, a pesar de que la Generalitat le había advertido de que este paso era ilegal.
Así lo han indicado hoy fuentes de Iniciativa pel País Valencià (IpPV) en un comunicado, en el que han explicado que la denuncia fue presentada el pasado 28 de marzo.
El Fiscal, después de estudiar otras denuncias contra el alcalde que permanecen en fase de diligencias de investigación penal por asuntos relacionados con este PAI, ha acordado acumular todas las diligencias, han explicado desde IpPV.
Según las fuentes, las primeras diligencias abiertas se basan en la rescisión del contrato a la empresa Facsa para el abastecimiento de agua del PAI para otorgarlo a la empresa Marina d'Or, con lo que según estas fuentes se vulneró el contrato firmado entre la primera empresa y el Ayuntamiento.
Las segundas diligencias se refieren a las supuestas irregularidades cometidas por parte del equipo de gobierno municipal relacionadas con la vulneración de la Declaración de Impacto Ambiental y la concesión de permisos de obras ilegales, entre otras cuestiones.
El concejal de IpPV en Cabanes, Carles Mulet, ha denunciado que el equipo de Gobierno de la localidad "continúa haciendo caso omiso a las advertencias" de la Generalitat mientras que los órganos judiciales investigan "la posible gestión corrupta del PP".
Mulet ha recordado la Fiscalía "tiene abierto otro frente" por un presunto fraude electoral relacionado con el empadronamiento masivo de ciudadanos de otras localidades en los domicilios del alcalde y de sus familiares directos, caso que a su juicio también podría "salpicar directamente a Marina d' Or".
* Levante-EMV - EFE - 24.04.2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
Toda una vida para pagar un piso de 70 metros
+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS* : Una pareja media española, sin ahorros importantes previos, tendría que dedicar 75 años de su vida, cuya esperanza media de duración es de 80,23 años, a hacer frente al pago de una hipoteca de un piso de segunda mano, 70 metros cuadrados y dos dormitorios, según un informe del portal Facilismo.com.
Los responsables de la web inmobiliaria llegan a esta conclusión basándose en los datos de los precios de vivienda de segunda mano que se publican en su página -que comprende unos 110.000 inmuebles- y sobre los salarios medios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Teniendo en cuenta, además, que el Banco de España no recomienda destinar más del 30% de los ingresos netos al pago del piso.En este sentido, desde Facilisimo.com explican que un español sin unos ahorros importantes previos no podrá de ninguna manera acceder a una vivienda, pues con el 30% de su salario neto no alcanzará ni siquiera apagar los intereses de la hipoteca.
Por este motivo, la mayoría de las personas que se embarcan en la compra de una vivienda lo hacen en pareja, o incluso con otra familia. Además, serán necesarios unos ahorros que permitan dar al menos una entrada o tener una vivienda previamente.
Entre las comunidades autónomas existen enormes diferencias, que oscilan entre los 27 años que tardaría una pareja canaria con el salario medio, y el caso del País Vasco, donde el 30% de los ingresos medios de una pareja no llega ni siquiera para amortizar los intereses mensuales (el mismo problema que en Cantabria, Cataluña y Baleares).
En el caso de los dos principales mercados nacionales, en la Comunicad de Madrid, una pareja tardaría 47 años en pagar su hipoteca, ya que el precio total supone 141 veces el salario medio, mientras que en Cataluña, el 30% del salario tampoco cubre los intereses, en tanto en cuanto el precio de la vivienda supone 170 veces el salario medio.
* ELPAIS.com - EFE - 23.04.2008
Foto: Piso piloto de una promoción inmobiliaria en Villaverde Alto (Madrid)- PAULA VILLAR, elpais.com
Los casi 80.000 vecinos de los PAU y la FRAVM se unen para demandar equipamientos públicos
EUROPAPRESS/Madrid* : La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) y las asociaciones de los principales Programas de Actuación Urbanística (PAU) de Madrid, que suman un total de 79.400 ciudadanos, han constituido una comisión conjunta para demandar equipamientos públicos en los nuevos desarrollos.
El portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM, Fernando Gómez, señaló en declaraciones a Europa Press que el objetivo de esta comisión es hacer "un frente común ante la Administración porque los problemas son los mismos". La comisión servirá "para empezar a tirar líneas, ya no tanto de reivindicaciones concretas sino generales".
La principal reivindicación de los PAU, estas "nuevas ciudades", como fueron definidas por Gómez, pasan por exigir a la Administración la necesidad de poner en marcha equipamientos públicos al mismo tiempo que se construyen las viviendas.
"Los equipamientos públicos son prácticamente inexistentes pero cuando se trata de educación o de sanidad privada te das cuenta de que eso ya está en los PAU", aseveró el portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM. En cuanto a las exigencias de todos los PAU, éstas pasan por la necesidad de contar con equipamientos como institutos, centros cívicos, bibliotecas, la ampliación del transporte público y la mejora de los accesos por carretera.
Un apartado especial es el dedicado a la seguridad. "En los PAU la seguridad es uno de los problemas más graves porque son grandes avenidas en las que no pasa nadie, no hay comercios, no hay nada", explicó Fernando Gómez. En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por la comisión es la solicitud de una reunión con Delegación de Gobierno para tratar esta cuestión.
Otras de las medidas anunciadas por Gómez son la elaboración de un documento unificado de problemáticas y una reunión con los portavoces de los tres partidos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, para que se realicen Plenos monográficos en las dos administraciones para abordar la problemática de los PAU.
* Europa Press - MADRID, 21 Abr. 2008
Foto: Madrid, viviendas Sanchinarro - EFE
Ciudadanos Rodeados por las Fábricas muestra su "indignación" por el PGOU de Los Barrios
,+pol%C3%ADgono+industrial+-+mma.es.jpg)
EUROPAPRESS/Cádiz* : La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas manifestó hoy su "indignación" por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesto por el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz), "suspendido desde el 18 de mayo de 2007", ya que, a su juicio, su aprobación implica "dar el visto bueno a una serie de delitos e irregularidades en materia urbanística y medioambiental".
En un comunicado, la plataforma ciudadana consideró que, de esta manera, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y su Comisión de Urbanismo son "de alguna manera cómplices", junto al Ayuntamiento barreño y la empresa municipal encargada de las obras.
En este sentido, aseguró que las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente "tienen conocimiento de las actuaciones ilegales llevadas a cabo en la finca La Gertrudis al menos desde junio de 2007", a raíz de las protestas y movilizaciones sociales llevadas a cabo en Los Barrios.
Asimismo, aseveró que la Delegación de Medio Ambiente es "cómplice y encubridor de los delitos cometidos por el Ayuntamiento de Los Barrios y su empresa GAMA S.L." en la citada finca ya que, según explicó, las obras fueron denunciadas por los agentes forestales desde su inicio en 2006.
En cambio, la delegada, Gemma Araujo, "no impidió la continuación de las obras, permitiendo la tala de cuatro hectáreas de bosque protegido por directivas europeas y el desmonte de más de 32 hectáreas". Sin embargo, continuó, en agosto, Araujo "decía que la declaración de impacto era favorable, para más tarde sancionarlos por incumplir con la declaración".
Finalmente, acusó al alcalde de la ciudad, Alonso Rojas (PSOE) de cometer "delitos con relativa impunidad pero con mucha frecuencia" e hizo referencia al complejo tecnológico celular de LPC Group en la localidad, de cuyo proyecto, licencias y permisos "niega información a los ciudadanos, ocultando o manipulando la verdad".
* Europa Press - LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 Abr. 2008
Foto: Los Barrios (Cádiz), polígono industrial - mma.es
Una urbanización de Candeleda será denunciada ante la Fiscalía General del Estado
,+terreno+urbanizaci%C3%B3n+-+aviladigital.com.jpg)
ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda prepara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la urbanización ‘Candelas de Gredos’ que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Aseguran que las obras están a punto de comenzar, aunque el proyecto no se ha sometido a Declaración de Impacto Ambiental, y se espera que los trabajos para iniciar la captación de agua desde el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, se inicien en los próximos días.
Los ganaderos de la zona, de hecho, ya han recibido la notificación de que tendrán que dejar de utilizar el camino que ahora usan los cabreros porque se va a realizar una captación que, según explican, estará dentro de los límites del Parque Regional.
Son en total 431 viviendas y 200 plazas hoteleras las que incluye el proyecto y, a juicio de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la ocupación como “segunda residencia” llegará a las 2.000 personas –el municipio tiene ahora 5.000 habitantes-.
En cuanto a la captación autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, es de doce litros por segundo, mientras que la concesión para los habitantes actuales es de ocho litros por segundo y “en los dos últimos años ya ha habido carencias de agua que han conllevado restricciones en el consumo”, según ha explicado Jesús Dutil, uno de los portavoces de la plataforma.
“Atentado ecológico”
A su juicio, las obras supondrán una “pérdida del caudal”, además de la destrucción de un “ecosistema de bosque de galería único”, además de la “masa arbolada que habrá que cortar para dejar espacio al ladrillo”.
En este sentido, aseguran que se trata de una zona de “gran interés ecológico”, catalogada como bosque mediterráneo, con “especies endémicas o en peligro de extinción” y tumbas excavadas en rocas graníticas y restos cerámicos medievales.
“Irregularidades” en la tramitación
Sobre la tramitación de la urbanización, cuyo plan parcial fue aprobado en octubre de 2006, consideran que ha habido “claras actuaciones irregulares”, y citan, entre otras cosas, la compra de terrenos rústicos recalificados de forma inmediata, la ausencia de un estudio de impacto ambiental o la “nula atención” a las recursos de alzada interpuestos.
Y en cuanto a la captación de agua, denuncian que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa 7.800 metros cuadrados por un periodo de 30 años y les ha cobrado 7.000 euros, y que “se han concedido los terrenos antes de saber si se iba a autorizar la captación”.
La Plataforma ya congregó a cerca de 1.000 personas en una manifestación y ha reunido más de 9.000 firmas contra lo que consideran un “atentado ecológico”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 23.04.2008
Foto: Paraje de Navalpilón, en Candeleda, donde pretende construirse una urbanización - aviladigital.com
La Fiscalía pide 9 meses de cárcel al alcalde de Burguillos por un delito urbanístico
,++ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de nueve meses de prisión e inhabilitación durante ocho años para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), al que imputa un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación, en relación con la concesión de una licencia de construcción ilegal.
El escrito de conclusiones provisionales presentado por el Ministerio Público en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, considera que la licencia otorgada por el regidor a la entidad Castillo de Lennen el 7 de agosto de 2006 para edificar viviendas en un solar de la calle Real incumplía la "limitación de plantas y la altura fijada en el Plan General de Ordenación Urbana vigente".
Según informó ayer la Fiscalía hispalense, el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la autorización, y el proyecto fue rechazado igualmente en dos ocasiones por los sucesivos secretarios municipales que informaron al alcalde de la ilegalidad de dicha licencia.
A pesar de estos tres informes negativos, el alcalde concedió el permiso, una decisión que según el Ministerio Público puede encuadrarse en un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal. La acusación pública reclama en el escrito elevado al juzgado una condena de nueve meses de prisión para José Juan López, así como su inhabilitación para empleo o cargo público durante un período de ocho años.
El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla decidió en febrero pasado continuar la causa abierta contra el alcalde de Burguillos al apreciar indicios de delito en la conducta del regidor. La licencia concedida a la sociedad Castillo de Lennen, según explicaba el auto, "incumplía a sabiendas las normas subsidiarias" del planeamiento urbanístico en vigor y se había emitido "en contra de los informes técnicos y jurídicos correspondientes".
El juez consideró que había indicios de que el permiso se otorgó porque el alcalde "tenía pensado realizar una modificación" de los planes urbanísticos para posibilitar esa licencia en los términos propuestos, pero el cambio no se llevó a cabo en la fecha en la que se autorizó la construcción.
El PP, que ejerce la acusación particular en el proceso, ya anunció que solicitaría la máxima condena posible para el alcalde, José Juan López, por el delito que se le atribuye: dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo o empleo público.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 23.04.2008
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
¿Un piso de menos de 40 m²?
ANTÓN REIXA* : La especulación urbanística ha determinado el advenimiento de la crisis económica como percepción instalada en el tejido social. Esa misma percepción se constituye también en un elemento estructural de la misma y determina el comportamiento del dinero. En pocos meses se ha pasado del paraíso al infierno y pocas voces analíticas superan el recurso a la especulación, en este caso intelectual, para analizar un fenómeno cíclico que forma parte ineludible de la economía de mercado que legaliza y sacraliza la Constitución española.
Todos parecen coincidir en que gran parte de la solución a la crisis pasa por el aumento de la inversión pública y concretamente en la licitación de vivienda pública protegida. Ahí se les acaba a los neocon su pasión por el déficit cero. Por eso resulta especialmente perverso que se pretenda acometer la construcción de vivienda pública de forma desregulada y de espaldas a los mínimos de calidad de vida que merece la ciudadanía.
En las últimas semanas la hostilidad a la nueva regulación del hábitat que promueve el Gobierno gallego y su departamento de Vivienda han estado en el centro de la acción de ayuntamientos y agentes del sector. Alianza poco recomendable la de ayuntamientos con constructores y promotores y que está en la base de la agresión urbanística constante que ha padecido Galicia en las últimas décadas. Si hay algo de lo que no pueden alardear en su conjunto los gestores municipales es, precisamente, del urbanismo. Y no sólo por una deficiente gestión técnica, sino también por la generación de innumerables prácticas deshonestas, ilegales y paralegales, como las que se registran en este ámbito.
Todos estaríamos en posición de defender la autonomía municipal como primer estadio de la democracia de proximidad, pero de ahí a dejar que los municipalistas se conviertan en emperadores de mínimas ciudades-Estado hay una gran diferencia. Sobre todo cuando se trata de legislar derechos sociales que afectan directamente a nuestra calidad de vida. ¿Hay alguien que desee vivir en pisos de menos de cuarenta metros cuadrados? ¿Hay alguien que crea objetivamente deseable que el ancho de las puertas de sus viviendas no resulte accesible para los minusválidos? Esas son algunas normas de la regulación del hábitat que rechazan alcaldes y promotores.
Con toda seguridad la historia de estos tres años de Gobierno bipartito en la Xunta deberá registrar como grandes logros políticos, entre otros, los avances en vivienda social y en política de bienestar. Curiosamente, también la creación del Consorcio Galego de Benestar generó inicialmente el mismo tipo de rechazo municipal, pero la realidad es tozuda y los problemas de xenofobia que han surgido últimamente con el realojo de familias gitanas en Pontevedra y A Coruña han puesto de manifiesto la incapacidad de la autonomía municipal para resolverlos. Curiosamente también desde la implantación de los ayuntamientos democráticos en 1979 hay que reconocerles a muchos alcaldes su audacia, sobre todo en política social, para dar cobertura a estos problemas sustituyendo la falta de proactividad de las admimistraciones provincial, autonómica y estatal ¿Por qué ahora este rechazo cuando el Gobierno de la Xunta sí es capaz de actuar en ese ámbito con legislación y presupuestos? Es como si los ayuntamientos se negasen a que en su término municipal se realizasen controles de alcoholemia aduciendo una baja en la facturación nocturna de la hostelería local.
Obviamente, el diálogo y la cohesión entre administraciones deben solucionar estos conflictos. Paradójicamente es lo que exigen los alcaldes y ofrece reiteradamente la conselleira. Pero en el rifirrafe de la política, Teresa Táboas suma muchos puntos de credibilidad: dirige un departamento de nueva creación sin el histórico de errores de los ayuntamientos y, además de ser mujer, tiene una gran preparación técnica como arquitecta, no proviene de la política profesional y no necesita el cargo para hacer fortuna.
* ELPAIS.com - Galicia - ANTÓN REIXA 22/04/2008
La Fiscalía ve un ´pelotazo´ de 76,5 millones en Campos a cambio de derribar dos hoteles
,+hotel+a+derribar+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : La denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada a raíz de varias operaciones urbanísticas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) hace especial hincapié en un ´pelotazo´ en Campos, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller.
Se trata del área de reconversión territorial (ART) número 10.3, que contempla la demolición del hotel Don Pedro (en la Cala de Sant Vicenç, municipio de Pollença, de 284 plazas) y del Rocamar (en la carretera de Sóller al puerto, dado de baja) a cambio de trasvasar las plazas de uno u otro a sa Ràpita (Campos), creando una urbanización de 42 hectáreas, con 1.593 plazas turísticas y 234 viviendas, para unos 5.000 nuevos vecinos. Esta disposición alternativa ya sorprende a la Fiscalía.
El canje, a decir de los fiscales, resulta "desproporcionado" (el Don Pedro ocupa 8.400 metros cuadrados, y el Rocamar, 14.760; sin embargo, la nueva urbanización en Campos supondría 422.187 metros cuadrados). Otra situación que resulta inexplicable para Anticorrupción es "cómo es posible que se transfieran" 520 plazas como si correspondieran al derribo del Rocamar, "si el establecimiento fue precintado en 1999 y dado de baja desde 2002".
Un gran propietario
Éste y otros muchos indicios incriminatorios han llevado a la Fiscalía a pensar que "los trasvases del Plan Territorial no parecen responder a ninguna lógica".
Lo que más ha llamado la atención de los fiscales es "por qué se eligen estas fincas y no otras" en Campos, considerando que el Consell de Mallorca, que redactó y aprobó el PTM en 2004, hizo una "elección discrecional, sin justificación de ningún tipo", y beneficiando únicamente a los dueños de los terrenos que, añaden los fiscales, "pertenecen casi en exclusiva a un mismo empresario", algo "que resulta cuando menos sorprendente".
Cabe destacar que según los cálculos periciales que la Fiscalía ha consignado en su denuncia, estas permutas supondrían unas plusvalías de 76.551.096 euros para el conjunto de propietarios, acusando al Consell de favorecerles con reclasificaciones sin justificación alguna, y en contra de los intereses generales.
La conclusión a la que llega la Fiscalía "es que los aprovechamientos urbanísticos que suponen tanto el hotel Rocamar como el hotel Don Pedro no son más que una mera excusa para conseguir recalificar grandes zonas de terreno rústico en Campos".
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 23 de abril de 2008
Foto: El hotel Rocamar, en Sóller, fue dado de baja en 2002/ Joan Mora, diariodemallorca.es
Veïns de Parcent cree que el Consell quiere facilitar indemnizaciones para las promotoras
+-+parcent.es.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : Algunas explicaciones del PP para justificar y mantener los tres PAI de Parcent resultan como mínimo anacrónicas y desfasadas con la época actual y ofrecen una imagen de la conselleria más próxima a intereses económicos de las promotoras, que al bienestar de los ciudadanos. Veïns de Parcent sospecha que desde la conselleria intentan facilitar que las promotoras pidan indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por no realizar los planes.
El colectivo, al igual que Compromís cree que sólo bajo ese prisma o el de la irresponsabilidad se entiende la defensa de los PAI de Parcent realizada por el diputado popular César Sánchez que incluso llegó "a negar la necesidad de impacto ambiental", a pesar de que el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente se ha convertido en una exigencia a nivel mundial. El PP se ha quedado más sólo que nunca en la defensa de estos programas, que contemplan casi 1.800 casas en las montañas de este pequeño y precioso municipio de la Vall del Pop, y por cuyo término hay una zona declarada Lugar de Interés Comunitario por su valor ambiental. Y más tras la actual recesión del ladrillo, de forma que el colectivo sospecha que la intención es cobrar indemnizaciones, más que construir las viviendas tras cerrar el grifo de la financiación de los bancos a muchos proyectos. Así lo expuso la diputada de Compromís, Mireia Mollà al afirmar que la conselleria no devuelve la tramitación de los PAI al Consistorio para subsanar errores "por intereses económicos".
Y es que el caso de Parcent está dejando muchos interrogantes abiertos por la parcialidad en la decisión de la conselleria y en la actitud de los dirigentes del PP en Valencia. Sánchez en su defensa de los PAI llegó a decir en la Comisión de Medio Ambiente en varias ocasiones que "el ayuntamiento no ha movido ficha" para neutralizar unos programas urbanísticos que obtuvieron un rechazo contundente en las urnas. En este sentido, Veïns de Parcent le recordó a Sánchez que "el Ayuntamiento había requerido la documentación para subsanarla y se le había denegado, al contrario del caso del Plan Rabassa" de Alicante. Otra actuación parcial de la conselleria que dirige Garcia Antón.
Asimismo, Sánchez rechazó los argumentos de la Síndica de Greuges, del Defensor del Pueblo, del Consell Jurídic Consultiu, del TSJ y de Europa para afirmar que la tramitación se ha llevado a cabo "con toda la legalidad".
* Información - CÉSAR MONZONÍS - 23 de abril de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Carboneras: Los ecologistas denuncian la ayuda municipal a promotoras en supuestas acciones ilegales
IDEAL/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar denuncia que el Ayuntamiento de Carboneras «dedica sistemáticamente todos sus recursos económicos y humanos a ayudar y apoyar a las promotoras en acciones presuntamente ilegales y en perjuicio de la ciudadanía y del pueblo».
Este colectivo, a través de un comunicado, califica esta forma de actuar del Consistorio «un despreciable signo más de sumisión a la promotora y de desprecio por el pueblo de Carboneras».
Sus integrantes consideran «inaceptable que el Consistorio continúe malgastando sus fondos en defender intereses espúreos». Estas manifestaciones son la reacción a la presentación por parte del Ayuntamiento de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima un recurso contra el deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente que afecta al hotel del Algarrobico.
Los ecologistas piden a los jueces que condenen a la perito judicial que testificó en el proceso, ya que, según dicen, «podría haber incurrido en un presunto delito».
Denuncian que la perito «ha faltado a la verdad cuando manifestó que los terrenos son urbanizables, según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 22-12-94», a pesar de que «se ha acreditado que los terrenos son protegidos y no urbanizables, de acuerdo con la planimetría del PORN».
Además, dicen que «faltó a la verdad cuando afirmó que las Normas Subsidiarias de Carboneras no fijan una anchura de cien metros en los terrenos urbanizables». Los ecologistas recuerdan que quien sí dijo la verdad fue el arquitecto del hotel, Ubaldo Gómiz, cuando en el acto de ratificación de su informe «reconoció que los terrenos habían sido protegidos, no urbanizables, pero matizó que luego se había modificado el PORN, declarándolos urbanizables».
Piden la desestimación del recurso y que se procese a la perito.
* Ideal - 23.04.08 -R. D.
Foto: Hotel El Algarrobico (Carboneras), protesta archivo - greenpeace.org
Prisión para Roca bajo fianza de tres millones por su alto riesgo de fuga
EFE/Marbella* : El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado hoy el ingreso en prisión del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca hasta que deposite una fianza de tres millones de euros por el denominado caso "Saqueo 1" ante el elevado riesgo de fuga del acusado.
Roca, que salió hace una semana de la cárcel por el caso Malaya tras pagar un millón de euros, ingresará esta tarde en la prisión de Soto del Real, de donde no saldrá hasta depositar los tres millones de euros que ha establecido el juez, quien ha tenido en cuenta aparte del riesgo de fuga, la proximidad del juicio por esta causa, en la que se enfrenta a una pena de 10 años, y los varios procedimientos que tiene abiertos.
De esa cantidad, se le descuenta los 450.000 euros que Roca depositó en su momento por este procedimiento, conocido también como el de "las facturas falsas", y en el que se investiga el presunto desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.
En este procedimiento, además de Roca, fueron imputados el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil y otras seis personas por malversación de fondos y falsedad.
El magistrado, que sustituye temporalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Juan del Olmo, justifica en su auto lo elevado de la fianza por atribuirle un patrimonio de unos 200 millones de euros -el juez apunta en el auto que es titular de cuentas bancarias en paraísos fiscales- y en el poco tiempo que ha tardado en depositar las dos fianzas que tiene.
La primera, de 450.000 euros, se le impuso por esta causa el 23 de abril de 2002 y la ingresó en 24 horas.
La procedencia de este dinero, subraya el magistrado, "resulta parcialmente dudosa" y, precisamente, la Fiscalía ha solicitado hoy que se investigue su origen y el juez ha iniciado los trámites para que esto se lleve a cabo.
Por el "caso Malaya", el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, fijó un aval económico de un millón de euros, que Roca ha tardado 18 días en depositar -lo hizo el pasado 15 de abril-.
Por ello, Ruz considera que el acusado cuenta con "amistades, vínculos familiares, etc" que pueden hacer frente a la cuantía de 3 millones de euros, dice el juez, que la considera "de suficiente entidad e importancia como para conjurar" el riesgo de fuga del acusado.
En el caso de que el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella haga efectivo el aval económico, el magistrado ha establecido otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país, retirada del pasaporte, comparecencias ante las autoridades judiciales y la obligación de fijar un domicilio.
El juez, que ha tardado cuatro horas en redactar el auto, también argumenta que la petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía está fundada en "sólidos indicios de criminalidad" que, en absoluto, "han quedado debilitados a lo largo del tiempo".
Juan Antonio Roca, que ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 9.30 horas para comparecer en una vista a puerta cerrada para revisar su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1", ha alegado ante el juez, según consta en la resolución judicial, ser víctima de "un linchamiento político-mediático" por parte de los que ejercen la acusación, que es el Ayuntamiento de Marbella (PP).
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí y portavoz popular, Félix Romero, ha comentado a los periodistas tras conocer la decisión del juez que la corporación había pedido "más garantías", es decir, prisión incondicional, "porque teníamos miedo de no poder recuperar los bienes del Ayuntamiento".
Aunque ha considerado que no se trata de una resolución "óptima" porque "nosotros queríamos que hubiese más cautelas, esto nos hace estar un poco más conformes de lo que estábamos antes de que se celebrara la vistilla".
La comparecencia en la Audiencia Nacional de Roca, que salió en libertad provisional bajo fianza el pasado 15 de abril y después de estar casi dos años en prisión por el "caso Malaya", se ha realizado a petición de un escrito presentado por el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento de Marbella en el que pedía que se revisara su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1".
* La Opinión de Málaga - EFE - 23 de abril de 2008
Foto: El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca (c), junto a su abogado José Aníbal Alvarez (d), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Pablo Rafael Ruz para revisar su situación personal en la causa en la que se investiga el desvío de 26,7 millones de euros del consistorio malagueño a empresas privadas entre 1991 y 1995. EFE
300 agentes toman la Cañada Real para asegurar el derribo de cuatro casas
ELPAÍS/Madrid* : Juan Arnés, un boliviano que hasta ayer vivía en la Cañada Real Galiana (Vicálvaro), se encontró con una desagradable noticia al regresar de su trabajo. Un vecino le avisó de que dos excavadoras acababan de tirar la pensión en la que vivía junto con su familia. Sus pertenencias estaban a la intemperie, llenas de polvo, y el techo que le había guarecido durante tres años se había convertido en cuestión de dos horas en escombros.
Como Juan Arnés, otras 13 familias de la Cañada Real vivieron la misma situación cuando tres potentes excavadoras derribaron las cuatro construcciones ilegales que hasta entonces habían sido sus hogares. Un férreo control policial, formado por unos 300 agentes, evitó los disturbios y los heridos que se produjeron en el último desalojo. Los vecinos aseguran que los juzgados no avisaron a los afectados y que, por eso, los derribos eran ilegales.
El despliegue de la policía comenzó antes de las nueve de la mañana. Las furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP, más conocidos como antidisturbios) irrumpieron en la Cañada y se desplegaron por los edificios de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, y en los accesos a las viviendas que iban a ser demolidas.
Los vecinos se sentaron en medio del camino para impedir la entrada de las excavadoras, pero los antidisturbios, pertrechados de cascos y escudos, los empujaron hasta sacarlos del lugar, en medio de protestas y gritos de los expulsados."Asesinos", "provocadores", "el pueblo no os quiere" y "fuera, fuera" fueron algunos de los improperios que los vecinos de la cañada y de algunos seguidores del movimiento okupa le soltaron a la policía. El dispositivo estaba formado por un helicóptero, cuatro grupos de la UIP (160 agentes), dos grupos de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (80 funcionarios), una docena de policías a caballo, agentes municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, además de policías de la Brigada Provincial de Información (dedicados a la lucha antiterrorista y contra grupos antisistema).
Tres agentes de esta brigada protagonizaron un incidente con los vecinos concentrados. Salían, junto con otros seis compañeros, de la zona del derribo y pasaron por delante del cordón policial. Los okupas y los vecinos se percataron de que tres de ellos se habían quedado retrasados y comenzaron a increparlos.
Los agentes, en lugar de seguir su camino, se quedaron quietos, mientras llegaban más manifestantes. "¡Sinvergüenzas, vendidos!, así tiráis las casas de los pobres", les espetaron. Poco a poco fueron arrinconándoles contra las casas, lo que motivó que acudiera una decena de antidisturbios. Empujaron a todo el que se puso en medio. Un agente de paisano con la capucha puesta tiró al suelo el móvil a una chica que hacía una foto.
"¡A ti no te mimaban de pequeña en casa. Se te nota en la cara!", le gritó una joven a una policía de paisano. Tras los insultos, los empujones y los chillidos, los antidisturbios escoltaron a los agentes y se marcharon del lugar.
Mientras, las excavadoras dejaban hechas trizas dos casas y una pensión en la que vivían ocho familias procedentes de Cochabamba (Bolivia). Pagaban entre 300 y 500 euros al mes. "¿Para qué voy a volver aquí? Me buscaré un piso con el resto de mi familia y me olvidaré de todo lo que estoy pasando", explicó Juan Arnés, mientras recogía a mediodía un reproductor de DVD. Al lado, uno de sus hijos no dejaba de llorar.
"No nos han dicho nada. Nos hemos ido a trabajar y, cuando hemos vuelto, nuestra casa estaba destruida", protestaba Iman, que lleva tres años en la Cañada.
La abogada de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real, Patricia Fernández, aseguró que los derribos no habían sido notificados y que eran ilegales. De hecho, cuando fueron a los juzgados a paralizar la demolición, ya era tarde, porque se había producido. "El Ayuntamiento está vulnerando derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protección de la justicia", afirmó la letrada. Entre las casas derribadas, están las del presidente y vicepresidente de la asociación.
Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron de que las órdenes de derribo fueron notificadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 8, 14 y 18. Los vecinos fueron realojados por el Samur Social en pensiones. Estarán un máximo de tres días. Un centenar de personas se concentró por la tarde para protestar por los derribos.
* ELPAIS.com - F. JAVIER BARROSO - Madrid - 23/04/2008
Foto: Una mujer en la Cañada Real Galiana - ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
El escándalo de los Monegros provoca una crisis en el Gobierno de Aragón
,+vista+proyecto+Gran+Scala.jpg)
ELCONFIDENCIAL* : El proyecto Gran Scala de los Monegros, ideado como una especie de Bienvenido, Mr. Marshall en versión corsa, con casinos y neones igual que los de Macao, jeques árabes copando plantas enteras en los hoteles, y multimillonarios rusos apostando al ‘cero’ de la ruleta, está a punto de llevarse por delante la coalición que gobierna en Aragón.
El megacasino del desierto, que contaba con todos los parabienes públicos, comienza a hacer aguas por culpa del sombrío perfil de sus promotores. Un fiasco que ha devenido en crisis en el Pignatelli, edificio que alberga al Ejecutivo autonómico, donde el PSOE echa la culpa a sus socios de gobierno, el PAR, de haberse dejado engatusar por un grupo de empresarios de currículum desconocido.
El Gran Scala de los Monegros ha contado con el padrinazgo del vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, del PAR, y de su consejero de Industria, Arturo Aliaga, también del mismo partido. “Gran Scala es el proyecto más potente desde el punto de vista económico que se está haciendo en Aragón. Desde Fernando el Católico no conozco otro”, llegó a decir Biel como si estuviera pronunciando el sermón de la Montaña. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el PSOE permanecieron al margen de las negociaciones hasta prácticamente el día de la presentación oficial, donde también se dejaron seducir por los cantos de sirena de ILD, la sociedad promotora. Hablaban de 65.000 puestos de trabajo, una inversión de 17.000 millones de euros, una superficie de 2.000 hectáreas, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, parques temáticos, hipódromo, un campo de golf... Sólo faltaba bailar el can-can. Tal era la melodía de la canción, que el Gobierno aragonés se echó en los brazos de ILD.
Sin embargo, el exhaustivo trabajo de investigación de El Periódico de Aragón y otras informaciones aparecidas (ver el documental de TV3) han conseguido tirar de un soplido el castillo de naipes montado en torno al Gran Scala. Además de saberse que el capital social de Internacional Leisure Development (ILD) es de tan sólo 50.000 libras (menos de 70.000 euros), también ha salido a la luz el farragoso pasado de los promotores del proyecto. Se ha sabido que los corsos Paul Stephane Allegrini y Christian Colus, socios de referencia de ILD y responsables de la dirección técnica, participaron de la aventura de Goldenpot, un casino online que quebró en 2005, siendo desahuciados de sus lujosas oficinas del World Trade Center de Barcelona y dejando un agujero de 350.000 euros.
También ha quedado acreditado que los portavoces oficiales de Gran Scala en España, los catalanes Josep Carreras y Jaume Riera, accionistas del proyecto con un 6%, solicitaron al Gobierno de Aragón una ayuda de cinco millones de euros para desarrollar lo que se ha venido en denominar ‘un motor milagroso’, que funciona con todo tipo de combustible y emite la mitad de CO2, un invento que nada tiene que ver con casinos ni tragaperras sino con argumentos más propios de la ciencia ficción. Según el vídeo de presentación de la ‘cosa’ –una película ambientada con la banda sonora de la película 2001, una Odisea en el Espacio-, los autores del motor son dos serbios: Vidakovic Mladin y Sic Tihomir. En el dossier se utiliza el logo y el nombre del Gobierno de Aragón como reclamo para vender el susodicho invento, algo que ha sido tachado de fraudulento por la plataforma Stop Gran Scala, que ha llevado la información aparecida en El Periódico ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por si pudiera ser delito.
A la llamada de El Confidencial, portavoces de la promotora Gran Scala se han defendido de estas acusaciones: “Todo lo que se ha dicho sobre Allegrini se basa en informaciones falsas. Estamos estudiando emprender acciones legales. En Goldenpot, Allegrini sólo era un inversor sin capacidad de decisión y además perdió dinero, mientras que Colus era un consultor. En cuanto a Riera y Carreras, ellos tienen su propia empresa, una sociedad que se dedica a otro tipo de inversiones”.
Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, el tsunami del Gran Scala ha comenzado a arrasar el Pignatelli. En unas declaraciones recientes, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias se refería al megacomplejo de los Monegros como una simple idea, no como un proyecto, y echaba balones fuera cuando le preguntaban por el mismo: “Yo no soy el especialista en este tema. Quien tiene más información, quien está más en el proyecto es el vicepresidente”. Fuentes del Ejecutivo regional lo tienen claro: “Hay crisis de Gobierno. No se sabe si antes o después de la Expo, pero hay crisis de Gobierno. Después de lo del Gran Scala, el PSOE quiere quitarse al PAR de en medio. Está dispuesto a gobernar en solitario en Aragón con apoyos puntales de la Chunta”. En petit comité, Marcelino Iglesias (PSOE) echa la culpa a Biel (PAR) del escándalo de los Monegros.
Postrarse de hinojos ante los franceses
La presentación oficial del Gran Scala (ver vídeo) y la firma del protocolo entre el Gobierno de Aragón e ILD tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el Salón del Reino, antigua iglesia del edificio Pignatelli, una capilla que permanece cerrada a cal y canto salvo honrosas excepciones. Aquélla debía serlo. El Ejecutivo regional contrató los servicios de Bassat para la organización del evento y a la agencia de Lalo Azcona para la relación con los medios. Mil quinientos invitados, la mayoría vips, señores de traje y señoras con vestidos de tafetán. Champagne para el cóctel.
En la primera fila, los políticos que se adjudicaban el éxito del Gran Scala, con Iglesias, Biel, Larraz (consejero de Economía) y Aliaga a la cabeza. También estaba Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza. Filas más atrás, empresarios de postín como Juancho Entrecanales (Acciona), Guillermo Polanco (Grupo Prisa), Pilar Yarza (editora del Heraldo de Aragón), Alfonso Solans (presidente de Pikolín), directivos de Ferrovial, Cemex... Los constructores y ladrilleros se frotaban las manos: 17.000 millones de euros en inversión, contratas, subcontratas, seis millones de metros cúbicos de cemento. El mayor negocio de la historia reciente de España.
Y en ese mismo salón, en un altillo, los alcaldes de las localidades de los Monegros. Desorientados entre tal marabunta de vips y periodistas, los ediles parecían sacados de Bienvenido, Mr. Marshall. No sabían si les iban a llover millones del cielo por unos terrenos estériles, sólo habitados por conejos y alacranes, o si los inversores extranjeros iban a pasar de largo por delante del Consistorio sin nisiquiera saludar. A la vista de los últimos acontecimientos y a pesar de que en ILD indican que todavía se está negociando con los propietarios del suelo, todo apunta a lo segundo más que a lo primero.
Después de la algarabía inicial, en la Almolda, pueblo de 500 habitantes en el que presumiblemente se va a levantar el Gran Scala, cunde el escepticismo. Los precios del suelo se han disparado y en ILD dan largas a los propietarios de los terrenos. El Ejecutivo de Aragón ha exigido a los promotores un depósito de 20 millones de euros como garantía para la compra del suelo, pero en los Monegros todavía no se ha visto un duro. En la Almolda no hablan corso.
* El Confidencial - Nacho Cardero.- 22/04/200
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
Castedo perdonó a la promotora de Benalúa el medio millón sin ningún trámite legal
INFORMACIÓN/Alicante* : La concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, perdonó a la promotora del plan parcial de Benalúa Sur alrededor de medio millón de euros mediante un escrito que no lo pasó por el registro municipal, por lo que carece de valor oficial, y sin ningún informe técnico que avalara su decisión.
Además, en el mismo escrito, la edil del PP liberó a la mercantil de ejecutar unas obras que estaba obligada a hacer, obviando el procedimiento reglamentario, al no valerse de decreto o resolución ejecutiva y con el agravante de que ahora se deberá pagar con dinero de los contribuyentes al tener que ejecutar las obras Ciegsa, una empresa pública del Consell. La edil, sobre este tema, guarda absoluto silencio.
Lo primero que llama la atención de este asunto es que una concejala que lleva al frente de urbanismo cinco años, y nueve como edil del PP, no ha pasado por el registro municipal el escrito en el que comunica a la promotora del plan parcial Benalúa Sur que queda liberada de ejecutar la obra de los muros de contención. Sin el sello del registro Castedo sabe, perfectamente, que un escrito como éste carece de valor oficial. Por tanto, sólo se puede entender como una misiva particular, pero resulta obvio que un asunto tan importante, como perdonar una obra de esta relevancia, y eximirle del pago de su importe, desborda la esfera particular de la concejala, al tratarse de dinero público. Hay que tener en cuenta que ahora la obra la va a ejecutar y financiar Ciegsa, por lo que el "regalo" de la edil a una mercantil privada se va a pagar con dinero de los contribuyentes.
Resulta sorprendente, por tanto, que Castedo tomara una decisión de tal relevancia, que anula una obligación de una mercantil, modifica la construcción de un colegio y obliga a las arcas públicas a desembolsar el importe de unas obras que no le corresponden, mediante un escrito particular, cuando por experiencia es seguro que sabe que una decisión como ésta debe de estar avalada por una resolución ejecutiva, ya sea un decreto de la propia edil o incluso un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Tercer aspecto
Un tercer aspecto irregular de este asunto es que Castedo tampoco acompaña su escrito con informe técnico alguno en el que se justifique el perdón del medio millón de euros a la mercantil, por lo que, a la vista del escrito, se trata de una decisión personal sin más apoyos. Este periódico pidió a Castedo aclaraciones sobre este asunto el pasado jueves, y lo único que acertó a esgrimir la concejala es que se libera a la mercantil de las obras para poder acelerar las mismas del colegio de Benalúa. Es cierto que Ciegsa puede hacer las obras con más premura pero sorprende que los costes de las obras las asuma la empresa pública y no se carguen a posteriori a Prasa, como es habitual en estos casos.
Otra razón esgrimida por la concejala, tras advertírselo este periódico, es que la construcción del colegio la va a poder llevar a cabo Ciegsa por un "favor" de la mercantil urbanizadora del plan parcial, puesto que es la única que puede realizar obras en estos terrenos por ser la adjudicataria.
Desde el pasado jueves, la titular de la Concejalía de Urbanismo guarda un absoluto mutismo sobre este asunto y no ha dicho nada al respecto, hasta el punto de que, tal como ya se indicó, no replicó en el pleno a la acusación de la portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, de que regala el dinero del ciudadano a empresas privadas. Ayer tampoco atendió a la llamada telefónica de este periódico con mensaje incluido del tema a tratar.
No obstante, la mejor explicación de la edil es su propio escrito, que se reproduce al lado. Además, Castedo efectuó gestiones ante Ciegsa para liberar a Prasa de las obras del muro. Así, en otro escrito previo al "regalo", la edil pidió confirmación a la empresa pública que construye los centros escolares de la Generalitat de que en las obras a ejecutar del colegio Benalúa se incluye la construcción de los referidos muros de contención. Ciegsa, mediante misiva de su consejero delegado, lo ratificó el 4 de abril pasado, precisando que responde "a solicitud del Ayuntamiento".
Obviamente, el responsable de la empresa pública, pese a que sólo se limita a confirmar la ejecución de unas obras, sí pasó su escrito por el registro oficial, al contrario que la titular del Urbanismo municipal.
El PSOE acudirá a la Justicia si en diez días no rectifica
La portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, manifestó ayer que su partido emprenderá acciones judiciales contra Sonia Castedo si en diez días la concejala de Urbanismo no rectifica en este asunto y "legaliza" la situación.
Etelvina Andreu subrayó que la concejala de Urbanismo no tiene potestad ni autoridad para perdonar estas obras a una empresa mediante un escrito que no ha pasado por registro.
Presunta malversación
La portavoz socialista recalcó que Castedo podría haber cometido sendos delitos de malversación de fondos públicos y usurpación de funciones, tanto por perdonar un dinero que ahora tendremos que pagar los contribuyentes, como por decidir mediante un escrito particular lo que tendría que resolverse mediante resolución de un órgano municipal.
La concejala del PSOE insistió en el ultimátum a la concejala de Urbanismo y le pidió que legalice la situación en los diez días indicados, ya que de lo contrario el asunto llegará a la vía judicial.
Etelvina Andreu ya abordó este asunto en el pleno municipal del pasado viernes, donde agitó el recorte de la noticia publicada por este periódico, y acusó a Sonia Castedo de "regalar el dinero público a empresas y promotores privados", pero obtuvo la callada por respuesta.
* Información - MANUEL DOPAZO - 22 de abril de 2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
«Mientras los Ayuntamientos se financien con el urbanismo, habrá corrupción»
ABC* : El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Valencia, Joaquín Baños, aseguró ayer que la gestión del suelo por parte de los Ayuntamientos favorece los episodios de corrupción. «El urbanismo es la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos, y mientras no deje de serlo, seguirá habiendo episodios de corrupción», explicó Baños.
«Cuanto más se construya más recaudan los Consistorios que otorgan las licencias», añadió el representante del Ministerio Público, que ayer coincidió con otros juristas, entre los que figuraba el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Edilberto Narbón, en una mesa coloquio celebrada en el Colegio de Abogados de Valencia.
El representante del Ministerio Público lamentó la falta de colaboración de las Administraciones Locales en la persecución de los delitos urbanísticos, aquellos que cometen quienes construyen sin licencia o quienes la conceden en contra del ordenamiento jurídico. A este respecto, precisó que la mayoría de las diligencias que se incoan en Sección de Medio Ambiente de la que es responsable están relacionadas con el urbanismo. «Sólo un porcentaje pequeño son denuncias de Ayuntamientos, a pesar de que tienen la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier irregularidad cometida por promotores, constructores o particulares, pero muchas veces hacen la vista gorda», explicó.
Dilación en los procedimientos
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, centró su intervención en denunciar las dificultades que encuentran los tribunales para hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan y restituir la normalidad urbanística allí donde se ha visto alterada vulnerando la legalidad.
Ante una denuncia contra un PAI o contra una licencia, lo ideal sería optar por su suspensión, pero la dilación en la resolución de los procedimientos, que puede demorarse hasta siete años si pasan por el TSJ y luego por el Tribunal Supremo, hace que esta solución tajante se adopte en casos excepcionales. Es muy complicado paralizar durante siete años la actividad urbanizadora, salvo que confluyan graves y manifiestas ilegalidades.
La complejidad y duración de estos procedimientos imposibilita, muchas veces, la ejecución de la sentencia porque ésta llega cuando las casas están construidas, vendidas e hipotecadas y la constructora se ha disuelto. La solución, entonces, es declarar inejecutable el fallo o hacer recaer sobre la Administración el peso de la demolición o la indemnización.
* ABC - I. R. T. VALENCIA - 22 de abril de 2008
Viñeta: El Roto - elpais.com
Costas expropiará las viviendas construidas sin licencia en dominio público en Benicarló
,+viviendas+diseminadas+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : El litoral norte tiene unas 120 edificaciones. Las viviendas construidas en el litoral norte de Benicarló sin licencia y afectadas por la línea marítima serán expropiadas por Costas, a quien le interesa que "ese espacio quede liberado".
En estos términos se expresaba ayer el edil de urbanismo de Benicarló, Antonio Cuenca, quien explicó que el consistorio está censando todas las viviendas que cuentan con licencia de construcción amparadas por el PGOU anterior al 1986, puesto que Costas se ha comprometido a permitir que permanezcan en la zona de dominio público si cuando fueron construidas contaban con licencia de construcción.
El edil de urbanismo explicó que este es uno de los acuerdos alcanzados con Costas para conseguir la actuación del ministerio en la protección de la costa norte, que sufre desde hace más de una década un acusado proceso de degradación. Para Cuenca una de las finalidades de este censo es salvar de la demolición los tres núcleos de viviendas consolidadas ubicados en las partidas del litoral norte además de diversas viviendas aisladas.
En estos momentos, el ayuntamiento ya ha terminado de censar todas las viviendas pero para evitar equivocaciones. "Se les ha trasladado a las asociaciones para que a su vez hagan los sondeos pertinentes por si hay alguien que los servicios municipales no han detectado, dado que son expedientes muy antiguos", señaló.
Según Cuenca, en el plano de que dispone el consistorio quedarían afectadas por la línea de costas unas 75, si bien "hay algunas que no han sido detectadas", por lo que el número de viviendas podría oscilar entre las 100 y 120 en las tres partidas, dentro de la zona de afección de costas.
Legislación
El concejal incidió, sin embargo, en que esta es una "lectura laxa de la transitoria cuarta de la ley de 1988, ya que la ley, en toda la zona de dominio, declara de utilidad pública a efectos de expropiación los terrenos de propiedad particular situados en la zona de servidumbre que se estimen necesarios para la defensa y uso del dominio público marítimo terrestre, es decir, que Costas puede expropiar en toda la zona de afección todas las construcciones que haya dentro de ese espacio".
Ajustándose a las explicaciones del edil, Costas autorizaría que siguieran las construcciones edificadas con licencia, aunque éstas no podrían aumentar su volumetría en el futuro y únicamente podrían estar sujetas a trabajos de mantenimiento, mientras que "para el resto de viviendas construidas sin el amparo de la preceptiva licencia por parte del ayuntamiento se mandará su expropiación", aseguró Cuenca, quien determinó que Costas "pagará el valor de esas edificaciones en el momento en que se haga".
Paralelamente, Costas ha dejado claro que el paso de ribera, es decir, los seis primeros que hay dentro de la línea marítimo terrestre tierra adentro, "debe quedar libre totalmente" para poder llevar a cabo las labores de protección de la costa.
El edil pretende reunirse con los vecinos para informarles de las diversas posibilidades a los afectados. En este sentido, en el concierto previo queda recogido que los propietarios que construyeron sus casas con su preceptiva licencia podrán permanecer 30 años en la zona "y si lo estiman pertinente, una vez se desarrolle el PAI del sector, hacer la reserva del suelo en la parte de arriba, donde se les concretaría el aprovechamiento correspondiente".
* Levante-EMV - Noemí Oms, Benicarló - 22.04.2008
Foto: Vista aéreaen la que se ven diseminadas algunas viviendas de la zona norte/ lluïsa garcia, levante-emv.com
Madrid: Derriban tres casas de la Cañada Real pese a la oposición vecinal
ELMUNDO* : "Y mira, esta es mi habitación, estoy con los papeles de la autoescuela, que me estoy sacando el carné". Iman, una joven marroquí de 18 años, enseñaba ufana su casa a primera hora de esta mañana, incapaz siquiera de atisbar que horas después su hogar desde hace tres años iba a quedarse hecho trizas por una excavadora. "Si nos tiran la casa, ¿dónde vamos?", se preguntaba Iman, esperanzada con el 'escudo humano' que varios vecinos y miembros de colectivos sociales habían prometido montar alrededor de su casa.
La luna llena seguía iluminando las callejuelas del sector V de la Cañada Real, de las que brotaban a cuentagotas sus habitantes para ir a trabajar a la capital, cuando su padre, Mohamed, se dirigía ya al juzgado a aclarar la situación de su vivienda. Los rumores llegaron a última hora de ayer. "Oye, que van a derribar la casa del 'panadero'". Al hogar de Mohamed, levantado en terrenos del Ayuntamiento de Madrid, llegaron entonces las lágrimas, los rezos y las promesas de ayuda.
Sobre las 7.30 comenzaron a desplazarse hasta allí las primeras unidades de la 'resistencia', encabezadas por Javier Baeza, párroco de la Iglesia de Entrevías. La amplia presencia periodística hacía pensar a los presentes, unas 30 personas, que la amenaza de derribo se iba a quedar en eso, en amenaza. "Con todos los medios desplegados aquí no creo que actúen hoy", decía Baeza.
A las 8.30 horas, sin embargo, el vuelo de un helicóptero de la Policía y los cortes al tráfico de varias calles del barrio despejaban las dudas. Poco después varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial se colocaban sobre una loma desde la que se divisa la Cañada. Era hora de actuar. "Primero que se coloquen los extranjeros y luego los españoles, vamos a obligarles a que nos enseñen la orden", gritaba Baeza mientras intentaban taponar la entrada a la casa.
'¡Venid a la carrera!'
A los pocos minutos llegaron decenas de antidisturbios. "¡Venid a la carrera!", gritaba el responsable del operativo por el comunicador. No hubo incidentes. Sí empujones y gritos, tensión. "Asesinos", "fascistas" o "cobardes" se escuchaba entre la marabunta, que era impelida a unos 200 metros de la casa, encerrada entre el cordón policial y otro que se comenzaba a insinuar con agentes subidos a caballo que llegaban por otro lado del poblado.
En total, más de 200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Un enorme despliegue que pretendía evitar los incidentes del pasado octubre, cuando el desalojo de una vivienda de la Cañada acabó en una batalla campal que se saldó con unos 30 heridos, la mayor parte policías. Esta vez, por si acaso, uno de los agentes grababa el operativo por si se producían altercados y había que realizar identificaciones.
Gritos como "Vais a tirar la casa de trabajadores como vosotros" o "La gente no se puede comprar una casa y vosotros tiráis las que hay" se repitieron durante toda la mañana. "Dicen que no van a derribar la vivienda de Mohammed, que tienen sólo una orden para la vivienda de al lado", explicaba Baeza a los presentes, expectantes ante lo que iba a ocurrir. La de "al lado" era una enorme construcción de dos plantas, propiedad del presidente de la asociación de vecinos, el constructor español Félix Rodríguez, que alquilaba las 19 miniviviendas a inmigrantes.
El momento de mayor tensión llegó cuando varios vecinos hicieron una sentada para evitar la entrada de las excavadoras. Fueron dispersados por los antidisturbios. Aunque un técnico municipal dijo, según los vecinos, que la casa de Mohammed no se iba a derribar, fue la primera que cayó después de ser desalojada.
Más de 90 personas sin hogar
Él y su hermano vivían en el 61 B y 61 C de la calle Cañada Real. Ambas construcciones de ladrillo, donde vivían 11 personas, tardaron minutos en convertirse en escombros. Según la abogada de la familia, el juzgado no les llegó siquiera a comunicar si había aceptado un recurso a la demolición después de que ella y su cliente se personaran allí esta mañana.
El edificio más grande, de dos plantas, con forma de 'U', donde residían unas 80 personas, muchos de ellos menores, fue el siguiente objetivo de las excavadoras. Según denunciaron más tarde los afectados, a muchos no les dio tiempo ni de coger sus pertenencias. "No nos dejan entrar a coger la documentación. Estoy aquí sin nada. Es algo injusto. No sabemos qué vamos a hacer, donde vamos a dormir", explicaba una de las desalojadas, del 61 A.
El Samur Social atendía entretanto a lo que habían aceptado ayuda -hasta las 12.30 horas sólo tres familias-, que comenzaban a entender la gravedad de su situación, provocada, según Miguel Martín, portavoz de la asociación de vecinos, por las obras que se desarrollaban estas semanas en la Cañada. "Han ido a por el presidente de la asociación, que era el responsable de las obras del alcantarillado que hemos realizado aquí", decía.
El presidente no dio señales de vida en toda la mañana. "Ayer llegó de vacaciones de República Dominicana y ha tenido el buzón lleno desde entonces", indicaba Martín. "Ése es un cara. Está ganando una fortuna cobrando 300 euros a los bolivianos por una habitación", indicaba uno de los residentes de la zona.
Desde el Ayuntamiento se felicitaban por que no hubiera habido incidentes y se limitaban a señalar que los tres derribos fueron realizados por orden judicial. La abogada de Mohamed, Patricia Fernández, ha asegurado, por su parte, que el Ayuntamiento de Madrid "no ha comunicado al juzgado que en la pensión vivían 20 familias, por lo que no se les ha notificado el derribo, y ha violado derechos fundamentales de sus ciudadanos y colocado a un montón de niños en una grave situación personal y social".
Los vecinos han convocado una manifestación para este miércoles por la tarde para mostrar su rechazo por los derribos.
* EL Mundo - ROBERTO BÉCARES | QUICO ALSEDO - 22/04/2008
Foto: Madrid, derribo Cañada Real - madridiario.es
Benidorm: Las torres de Punta Llisera siguen adelante y superan ya las 20 alturas
INFORMACIÓN* : Las dos torres de Punta Llisera de Benidorm, sobre las que pesa un expediente de expropiación iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente por su proximidad al mar, continúan las obras a marchas forzadas y han superado ya el listón de las veinte alturas, concretamente 17 y 16 de las 21 plantas destinadas a viviendas en cada uno de los bloques y otras cinco de aparcamientos y zonas comunes.
Fuentes del grupo Ballester, promotor del proyecto Gemelos 28, confirmaron días atrás su intención de continuar con el ritmo previsto de los trabajos mientras Costas resuelve el proceso de expropiación y manifestaron que, por el momento, "no se ha producido ninguna novedad" en el expediente ni se ha recibido "ninguna orden judicial" para que se paralicen los trabajos.
La construcción de los dos edificios se inició hace poco más de un año y en la actualidad se halla casi en la fase final de su estructura. Vecinos y trabajadores de la zona explicaron que las obras avanzan a un ritmo de cerca de dos plantas por semana, por lo que en menos de un mes las 21 alturas previstas para viviendas podrían estar completamente finalizadas.
Sin embargo, desde la Delegación de Costas volvieron a insistir en que para valorar la indemnización sólo se tendrá en cuenta la parte que estaba construida hasta el pasado 14 de febrero. En aquella fecha, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, se personó en las obras acompañado de un notario para levantar acta del estado de las mismas, que entonces ascendía a las cinco plantas de sótano más nueve plantas de viviendas en un bloque y diez en el otro.
El expediente de expropiación fue impulsado por Medio Ambiente al entender que los dos edificios se levantan sobre la zona de dominio público marítimo terrestre. El Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar en junio de 2007 y, desde entonces, se han sucedido diversos trámites, pero ninguno de ellos ha conseguido obligar a la promotora a que paralizara las obras.
Un proyecto polémico pero con sentencias a favor
Las dos torres levantadas por el Grupo Ballester sobre el solar de Punta Llisera son uno de los proyectos más polémicos iniciados en Benidorm en la última década pese a contar con numerosas sentencias a su favor. Entre ellas, destaca la dictada por el Tribunal Supremo y que, dieciocho años después, daba por válida la licencia que en 1989 otorgó el Ayuntamiento a los promotores del antiguo Coblanca 10, primera edificación que se erigió en el solar y que fue derribado por Ballester para iniciar el proyecto de Gemelos 28. Las dos torres actuales se levantan a 60 centímetros de la línea del mar en su zona más próxima, y a menos de ocho en la más alejada. La empresa insiste en que no están en la zona de dominio público, sino en la de servidumbre.
* Información - R. PAGÉS - 22 de abril de 2008
Foto: Aspecto que presentan en la actualidad las dos torres de Punta Llisera/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
El Defensor del Pueblo carga contra el urbanismo en la capital
ELPAÍS/Madrid* : El actor Carmelo Gómez se trasladó hace siete años a vivir a una casa en Arturo Soria, pero ya no está a gusto. El barrio está cambiando. La zona de pequeñas casas unifamiliares se transforma en una manzana de edificios de lujo. Las zonas verdes desaparecen devoradas por bloques de ladrillos.
Algunos vecinos denunciaron la situación ante el Defensor del Pueblo en 2007. Éste ha respondido ahora, y califica de "pasividad" la actuación del Ayuntamiento "en la tramitación de licencia en la zona y en la protección de la legalidad urbanística".
La calle fue ideada por el ingeniero y urbanista Arturo Soria como una ciudad lineal, en la que a ambos lados de una vía principal se construirían casas unifamiliares y numerosas zonas verdes. Ahora está olvidando sus orígenes.Un grupo de vecinos, liderados por el actor Carmelo Gómez, ha constituido una asociación para denunciar que el "urbanismo devorador está destruyendo la zona". Urbe, como se llaman, denuncia que en solares donde antes había casas bajas han construido bloques de edificios. Algunos de los vecinos que llevan toda la vida en el barrio han visto cómo sus casas han quedado encajonadas entre dos grandes inmuebles.
La Concejalía de Urbanismo les ha asegurado a los vecinos que no puede hacer nada. "Nos dice que lo denunciemos en los juzgados", explica Gómez. "Entonces, ¿para qué están ellos?", se pregunta. Sin embargo, Urbe ha encargado una auditoría "exhaustiva" sobre las nuevas construcciones del barrio.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su respuesta a la denuncia de los vecinos, se pronuncia sobre un edificio de viviendas situado en la calle de Antonio Cavero. El propietario asegura tener la licencia desde 2005. El Defensor asegura que "resulta inexplicable que hayan transcurrido más de nueve meses sin que se haya producido una visita de inspección... a pesar de que la Junta de Hortaleza conoce los hechos". El informe sostiene que se "produce un incumplimiento de la obligación de vigilancia que tienen encomendada los ayuntamientos".
Otro de los inmuebles analizados por el Defensor está en la calle de Santa Natalia. Este edificio está adosado al que está situado en la calle de Antonio Cavero. "Al ocupar ambos el 100% de la parcela, no existe ninguna zona verde, como prescriben las normas urbanísticas", considera Múgica.
El concejal socialista Óscar Iglesias critica la indolencia del equipo de gobierno en asuntos urbanísticos. "Ha tenido que ser el Defensor del Pueblo el que le diga al alcalde que no cumple la ley", señala. Iglesias acusa al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de "ignorar a los vecinos que reclaman que se cumpla la legalidad en una zona protegida. Es un nuevo ejemplo del descontrol urbanístico en el Ayuntamiento, donde se permite que se construya sin exigir licencias".
Otro de los inmuebles denunciados por la asociación Urbe está en la calle de Titania. El Consistorio no ha acudido a inspeccionar el inmueble, por lo que el Defensor del Pueblo sentencia: "Una vez más, ha de calificarse de pasividad la mostrada por el Ayuntamiento, no sólo en la tramitación de las denuncias, sino en el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística". Episodios parecidos fueron denunciados por la asociación vecinal en las calles de Santo Ángel, Caminos, Zacarías Homs...
El Defensor ha solicitado información adicional sobre estos inmuebles al Ayuntamiento antes de pronunciarse sobre los mismos. Y concluye con una solicitud al gobierno de Ruiz-Gallardón para que entregue toda la documentación necesaria a la asociación de vecinos, con el fin de que éstos puedan comprobar si las obras que denuncian cumplen la normativa urbanística y si se han realizado inspecciones.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 22/04/2008
Foto: El Defensor del Pueblo carga contra el urbanismo en la capital- LUIS SEVILLANO, elpais.com
Europa exige a Valencia que presente los mapas de ruido tras una denuncia sobre la F1
LEVANTE* : La Comisión Europea "está considerando la posibilidad de abrir un dictamen motivado" (un expediente que puede derivar en condena judicial y multa) porque "a más tardar el 30 de junio de 2007 deberían haberse elaborado mapas estratégicos de ruido para la aglomeración urbana de Valencia".
Además, estos mapas deberían haberse remitido al ejecutivo comunitario "a más tardar el 30 de diciembre de 2007". Pero, "hasta la fecha (el 21 de abril de 2008) la Comisión no ha recibido ninguna información sobre estos mapas", según la respuesta remitida por el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, a los eurodiputados de Los Verdes David Hammerstein, Raul Romeva y Monica Frassoni.
Los tres europarlamentarios preguntaron a la Comisión Europea qué medidas iba a tomar para "asegurar el cumplimiento del derecho comunitario" durante la tramitación y construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia con "evidente falta de transparencia".
"Serias deficiencias"
La pregunta-denuncia presentada por los tres verdes informa a la comisión que el Consell "ha iniciado un circuito urbano de carreras de Fórmula 1 obviando la realización de un estudio completo de impacto medioambiental y proponiendo un proceso público de contratación con serias deficiencias, lo que puede estar vulnerando la Directiva de Contratación Pública".
Además, los eurodiputados de Los Verdes recuerdan que "el proyecto se ha presentado como adaptación de avenidas de un nuevo entorno residencial, camuflando e induciendo a confusión sobre la realidad de la actuación: un nuevo circuito urbano de carreras. Con esta interpretación las autoridades han querido obviar la necesidad de la realización de una evaluación de impacto medioambiental, posiblemente vulnerando la directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA)". Sobre esta cuestión, la Comisión Europea considera que al circuito urbano de Fórmula 1 no le afecta esta directiva de evaluación de impacto ambiental porque "los circuitos que no son permanentes no entran en el ámbito de aplicación de la directiva de EIA".
Además, según Hammerstein, Romeva y Frassoni "una de las principales carencias es un análisis del ruido, ya que el trazado discurre por zonas urbanas. Con esto se vulnera la directiva sobre evaluación y gestión del ruido medioambiental", relatan los eurodiputados. Desde la Comisión Europea no aclararon ayer si Valencia es la única que no ha presentado los mapas o hay más ciudades.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 22 de abril de 2008
Foto: Desde las alturas ya se adivina la silueta del circuito/ conselleria de infraestructuras, levante-emv.com
NOTICIA RELACIONADA: La CE investigará si las licitaciones vulneran las directivas - Levante-EMV - 22 de abril de 2008
El Ayuntamiento de Jaén partió una obra para adjudicarla a un 'invitado'
ELPAÍS* : El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, con mayoría absoluta del Partido Popular, desgajó en dos obras la construcción del aparcamiento subterráneo Avenida, 912 plazas, para así poder adjudicar el proyecto a quien quisiera de entre la quince de empresas a las que se invitó a postularse.
El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, con mayoría absoluta del Partido Popular, desgajó en dos obras la construcción del aparcamiento subterráneo Avenida, 912 plazas, para así poder adjudicar el proyecto a quien quisiera de entre la quince de empresas a las que se invitó a postularse.
Con la citada división se eludió la licitación pública ya que las cantidades de ambos contratos quedaban por debajo de los seis millones de euros que la ley exige para ese tipo de procedimiento y que un único proyecto superaba con creces. El pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobará hoy el envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía del informe técnico relativo al proceso de adjudicación de las obras del citado aparcamiento, que continúa sin abrirse después de pasados tres años del inicio de las obras.
Los populares enviaron 15 invitaciones a otras tantas empresas para optar a las obras, pero sólo se les dio un plazo de 14 días para presentar ofertas, según explicó el concejal socialista Manuel López. Por su parte, el concejal popular y ex presidente de la empresa pública de aparcamientos (Epassa), Miguel Ángel García Anguita, defiende que la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas avala su decisión en su artículo 129 ya que permite el fraccionamiento de este tipo de proyectos si para su ejecución se tuvieran que desviar servicios municipales, como el alcantarillado, el agua o el gas.
El coste del aparcamiento, que finalmente se adjudicó a la empresa ACSA Aguas de Barcelona, ha duplicado su coste -24 millones de euros- lo que ha conllevado también que Epassa haya tenido pérdidas de 11,5 millones de euros en el proceso de venta de plazas de aparcamiento. "Fue un proceso de adjudicación basado en el oscurantismo y que roza la corrupción política, una manera de adjudicarlo a una empresa amiga", señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López.
Además, el Consistorio jiennense ha iniciado ya el proceso de revisión, y anulación si procede, de la venta de plazas realizado en su día, "para evitar la especulación", según afirmó la edil de Tráfico, Matilde Cruz. Por el momento, ya se ha ejercido el derecho de retracto sobre ocho plazas.Manuel López resaltó que el entonces equipo de gobierno "se saltara a la torera" la preceptiva publicación de la oferta de obra con 52 días de antelación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y 26 días en el BOE. López explicó que para el contrato de derivación de servicios se cursaron otras 15 invitaciones del mismo modo, pero en esta ocasión se presentaron dos ofertas; una procedía de la misma empresa adjudicataria de las obras y la otra de otra firma distinta que aportó una oferta más barata, aunque se adjudicó a la primera pese a que su propuesta era 500.000 euros más cara.
Mientras, el desfase presupuestario hasta doblar su coste que ha tenido finalmente la obra ha motivado que el valor de cada plaza de aparcamiento haya sido de 22.758 euros, muy por encima de los 14.000 euros a los que se vendieron en su día las mismas. Esto ha supuesto a la empresa pública de aparcamientos unas pérdidas de 11,5 millones de euros. El aparcamiento Avenida, que está previsto que se abra en cuestión de semanas, tendrá 705 plazas para residentes y 207 de rotación y está ubicado junto al solar de la antigua prisión.
Ventas irregulares
No sólo la adjudicación de las obras del aparcamiento subterráneo ha estado envuelta en la polémica. El proceso de venta de las plazas llegó a motivar una investigación municipal. Un hermano del secretario provincial del PP y en 2005 concejal responsable de los aparcamientos públicos de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, ganó más de 80.000 euros de comisiones por la intermediación de su empresa inmobiliaria, Viga, en la venta de 169 plazas del futuro aparcamiento, 500 euros por cada plaza. La inmobiliaria Viga -situada enfrente del aparcamiento Avenida- fue la que más plazas vendió en un proceso polémico en el que también participaron activamente otras tres inmobiliarias de la ciudad. El secretario provincial del PP defendió el "principio de libre concurrencia" para respaldar la participación en el proceso de la empresa dirigida por su hermano, y negó que hubiera existido trato de favor. Sin embargo, el portavoz socialista, Manuel López, recordó ayer cómo buena parte de las más de 300 plazas reservadas en su día a las inmobiliarias -entre las que figuran las 169 de la firma Viga- se vendieron minutos antes de abrirse la ventanilla al público. El PP abrió en su día una comisión de investigación, pero ésta se cerró sin ninguna conclusión.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 22/04/2008
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
Massot participó en las reuniones PP-UM sobre los ´pelotazos´ del Plan Territorial
DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio, destacado imputado en el escándalo del caso Andratx, también estuvo presente en las reuniones mantenidas entre representantes del Partido Popular y Unió Mallorquina, en las que se determinaron las líneas maestras del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que está siendo investigado por la fiscalía Anticorrupción.
Fuentes próximas al caso señalaron que Massot habría actuado como técnico asesor del Partido Popular, y su opinión se habría tenido muy en cuenta en las modificaciones de una serie de solares que inicialmente iban a ser incluidos en el plan, y que finalmente fueron cambiados por otros. Hay que recordar que en el momento en el que Massot fue detenido por su implicación en el caso Andratx, el entonces president Jaume Matas señaló que apenas le conocía, y manifestó incluso que no conocía muy bien las funciones que realizaba en la conselleria que dirigía en ese momento Mabel Cabrer. Sin embargo, su participación en esta reunión demostraría que no tendría un papel tan desconocido dentro de los intereses urbanísticos que defendía el Partido Popular dentro del Plan Territorial de Mallorca.
Los investigadores, que califican los beneficios obtenidos en esta norma en casi 300 millones de euros, centran la investigación en determinar el contenido de las reuniones que motivaron la elección del solar de es Crevers, en Marratxí, para que entrara a formar parte del PTM. En estas reuniones participó la cúpula de las dos formaciones políticas que governaban el Consell de Mallorca.
En la primera redacción del plan se eligió una finca situada en Secar de la Real, en Palma, junto al futuro hospital de Son Espases. Esta finca pertenece a la empresa Ibercón, supuestamente vinculada a los intereses del PP. Sin embargo, ante la presión social que nació alrededor de los solares de Son Espases, finalmente se rechazó este terreno y se eligió el de Marratxí. Casualmente, tanto uno como otro solar pertenecen a Ibercón. El empresario Mateu Sastre, responsable de esta promotora, ha reconocido que compró es Crevers asesorado por alguien del Consell insular. De hecho, compra la finca de Marratxí un mes antes de la aprobación del plan. Esta operación le supondrá, según calcula la fiscalía, unos beneficios próximos a los 100 millones de euros.
Hasta doce indicios delictivos apunta la fiscalía para concluir que esta maniobra empresarial no responde más que a lo que se conoce como pelotazo urbanístico. Se cambia la extensión urbanística en una finca de Alcúdia para poder construir en Marratxí. Sin embargo, la finca de Alcúdia ya no estaba clasificada como urbana en las normas urbanísticas del municipio.
La denuncia de la fiscalía detalla que el crecimiento previsto en Marratxí por el PTM es de 24,7 hectáreas, distribuidas entre sa Cabaneta y es Caülls. Sin embargo, sólo en la finca de es Crevers se otorgan permisos para urbanizar 52 hectáreas. Este contrasentido refleja, a juicio de los fiscales, los intereses encubiertos que habría detrás de la recalificación de este terreno de Ibercón. Según la denuncia, si se construye en es Crevers se tendría que hacer frente a un importante déficit en infraestructuras y servicios que no dispone el municipio de Marratxí. Además, aumentará más la presión demográfica de un municipio que ya ha sufrido un gran crecimiento.
* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/F. ARMENDÁRIZ. PALMA - 21 de abril de 2008
Foto: Jaume Massot está imputado en las irregularidades del llamado ´caso Andratx´/ S. Llompart, diariodemallorca.es
El barrio de lujo de Badalona se queja de su degradación
,+front+mar%C3%ADtim+-+elperiodico.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Front Marítim de Badalona no ha podido concretar la promesa de convertirse en un barrio de élite y lujo frente al mar. Los vecinos que viven en primera línea de playa y a escasos metros del puerto, denuncian la rápida degradación de la zona, producto, en su opinión, de su aislamiento del resto de la ciudad.
Unos 800 vecinos viven entre el puerto de Badalona y la fábrica de Anís del Mono, detrás de las vías del tren, en unos bloques que fueron proyectados como obras de máximo lujo, pero que no han logrado satisfacer las expectativas de sus compradores, algunos de los cuales llegaron a pagar hasta más de 700.000 euros por estas viviendas.
Muchos de sus habitantes están desencantados de sus calles casi desiertas, donde tienen que caminar hasta 800 metros para ir a comprar al supermercado o a la panadería, al otro lado de las vías de tren. "Vendí dos pisos en Sants para venirme aquí, pensando que estaríamos en una zona privilegiada. Pero no han hecho el paseo marítimo que han prometido y todo se ha degradado muy rápido. También hay inseguridad, una tarde me robaron y golpearon para quitarme el dinero y tuve que ir al hospital", cuenta Antonio Luengo, un vecino de 73 años que ha puesto ya su piso en venta.
El Ayuntamiento de Badalona dice que la situación del barrio mejorará con la construcción del paseo que está previsto a lo largo de toda la costa de la ciudad. El recién nombrado alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), explicó que la transformación del frente litoral será una prioridad para su mandato. El Ministerio de Medio Ambiente deberá licitar la obra en breve.
SIN COMERCIOS
La asociación de vecinos asegura que la desilusión por la zona ha hecho que un total de 16 familias hayan colgado carteles de venta. Solo tres de los 33 locales en siete bloques próximos al puerto están operativos: un comercio de rótulos, un bar y un restaurante chino. Los 30 restantes lucen anuncios de venta o alquiler desde hace cuatro años, cuando se entregaron los primeros pisos en la zona.
"Tenemos poca clientela. El lugar está muy asilado y el barrio necesita una transformación urbanística que invite a pasear por la zona. No hay buenos accesos y faltan aparcamientos", explica Cristina Benjumea, vecina y propietaria del único bar.
La asociación de vecinos también se mantiene en pie de guerra contra el cierre de la avenida Eduard Maristany, que era la única vía directa para llegar en pocos minutos a Barcelona. Dado que el puerto de Badalona decidió cerrarla e impuso un pago de 0,60 céntimos para cruzar el recinto, muchos habitantes de la zona deben dar una larga vuelta para conducir en dirección a Sant Adrià y Barcelona. Enca Marés, presidenta de la asociación de vecinos se queja de una plaga de ratas y deterioro de bancos y palmeras.
* El Periódico - DAVID PLACER - 21.04.2008
Foto: Pisos del Front Marítim, sin urbanizar, en Badalona, el sábado/ NURIA PUENTES, elperiodico.com
Gran Canaria: Veinte cargos públicos se han visto imputados ya en los casos de corrupción
LAPROVINCIA* : Un total de 20 cargos públicos de cuatro ayuntamientos de la isla de Gran Canaria se han visto ya imputados en los distintos presuntos casos de corrupción destapados desde 2006 por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e investigados con la ayuda de la administración de Justicia.
Casi tres años después de que trascendiese la existencia de una operación Manos Limpias en Canarias para abortar una presunta práctica habitual de irregularidades en distintas corporaciones, los consistorios de Telde, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Mogán siguen respirando aún un ambiente enrarecido por mor de los arrestos, los registros policiales y, sobre todo, la continuidad de unas instrucciones que, pinchazos telefónicos de por medio, se muestran complejas.
La clase política, además de la empresarial, ha sido la que más ha sufrido en sus carnes los efectos de esta gran intervención que, si bien tuvo su particular prefacio con la operación Eolo -que afectó a las mismas entrañas de la Consejería regional de Industria- ha cobrado un especial protagonismo cuando los auscultados han sido los ayuntamientos de la Isla.
A día de hoy, hasta cinco alcaldes o ex alcaldes han visto cómo su nombre se asociaba al de supuesta corrupción: Francisco Valido, Francisco González, Guillermo Bueno, Carmelo Vega y Antonio Díaz. En segunda fila, pero no por ello menos importantes, se sitúan una quincena larga de concejales -nueve de ellos de Telde- que se han visto supuestamente involucrados en prácticas delictivas como el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias o la falsedad documental valiéndose de su posición. Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida también han aportado munícipes a este peculiar ranking, aunque, eso sí, en menor número.
Completan esta relación de cargos imputados el ex parlamentario regional Jorge Rodríguez -investigado en las piezas separadas dimanadas de las instrucciones de Faycán y Góndola, y el ex asesor de Obras Públicas en la ciudad de los faycanes, Francisco Gordillo.
RADIOGRAFÍA. La radiografía actual de las pesquisas desarrolladas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Benemérita ofrece así a un total de 72 personas sobre las que ya pesan imputaciones judiciales, 25 de ellos empresarios. Además, la imposición de más de una veintena de fianzas ha supuesto que, hasta el momento, tan sólo hayan tenido que pisar la cárcel cuatro de todos estos imputados.
Dos de ellos son la ex concejala Toñi Torres y el todavía edil Pacuco Guedes, que compartieron instalaciones con Gordillo y con Alejandro Navarro, el antiguo administrador único de Mazotti. A día de hoy, ninguna de estas instrucciones ha concluido en su fase de diligencias previas. Al caso Faycán, el primero que estalló, le restan al menos dos meses más de pesquisas y se barrunta que el juicio en la capital tendrá lugar en 2009.
La causa teldense tiene cierto grado de similitud con el caso Paraíso (San Bartolomé de Tirajana) dado que la presunta entrega de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas parecen situarse, en sendas localidades, en el epicentro de un ejercicio de prácticas delictivas difícil de cuantificar.
En Santa Brígida y en Mogán las actuaciones bajo sospecha están más diversificadas. Compras arbitrarias en distintos establecimientos, adjudicaciones ´a dedo´, alteraciones del censo, manejo de información privilegiada... la relación es extensa.
Las indagaciones efectuadas en los últimos meses no han dejado de dar noticias. Así, al tiempo que se han ido levantando los respectivos secretos de sumario y se han desclasificado los tomos de las instrucciones de Telde y Mogán, también se han ido sucediendo nuevas comparecencias en los tribunales.
La reciente imputación de otro político conocido en la isla, Guillermo Reyes (AFV), en una de dichas operaciones no ha hecho más que aumentar las tesis que señalan a que aún se encuentra lejos el final de esta profunda ´limpieza´ institucional.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 20 de abril de 2008
Foto: Mapa de imputados en Gran Canaria. LP / DLP
España despierta al alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : España sigue siendo el país de Europa con menos vivienda en alquiler, apenas el 8% del parque. Pues bien, todo indica que esto está en vías de cambiar. El agotamiento del boom de la vivienda está generando una especie de círculo virtuoso en el que están confluyendo los intereses del público y las promotoras.
Si centenares de miles de propietarios de viviendas vacías siguen poco interesados en alquilarlas, no ocurre lo mismo con muchas empresas del sector inmobiliario, convencidas de que alquilar, además de una táctica temporal para escapar de la crisis, puede ser un excelente negocio. Con una rentabilidad nada desdeñable.
"Muchas promotoras se han visto obligadas a vender parte de sus activos en alquiler", explica Julio Gil, gerente de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores Españoles). "Es interesante porque les ayuda a defenderse de los cambios de ciclo". Se trata, además, de un mercado al que, dice Alberto Prieto, socio de Knight Frank, "están llegando también los fondos de inversión inmobiliarios (Banif, BBVA, Sabadell, Ahorro Corporación...), hasta hace poco centrados sólo en el terciario".
En plena ebullición
Y esto ha ocurrido casi de repente. El sector, limitado hace tres o cuatro años a empresas como Testa (Sacyr-Vallehermoso), Larcovi o Diursa, entonces con patrimonios en alquiler de vivienda más bien testimoniales, registra estos días una agitación sin precedentes. Al margen de que estas empresas han puesto en marcha espectaculares planes de construcción o compra de vivienda para alquilar, están entrando en el sector promotoras que hasta el verano pasado basaban su estrategia exclusivamente en la venta.
Diursa, una promotora especializada en VPO, fundada en 1979 y en el alquiler desde 1980, está inmersa en un plan de expansión. "Nuestra intención es prácticamente duplicar nuestro parque, de 1.150 a casi 2.000 viviendas en alquiler en los próximos cinco o siete años", señala Ulpiano González, su presidente. Detinsa, otra promotora de VPO, que se dedica al alquiler protegido (30% de sus activos) desde 1988, ofrece pisos, dice Maika Manclus, su portavoz, "entre 300 y 400 euros". Pese a que ha debido renegociar su deuda de 600 millones de euros con los acreedores, Detinsa no sólo no ha frenado sus planes sino que los está intensificando.
Testa, de Sacyr-Vallehermoso, es otra histórica del alquiler. "Tenemos unas 1.500 viviendas en alquiler y gestionamos otras 8.500, propiedad de fondos inmobiliarios españoles (Santander, Sabadell)", informa un portavoz. De las 1.500 viviendas actuales, cerca de la mitad han sido adquiridas o construidas en los dos últimos años. "Nuestro proyecto", prosigue, "es crecer todo lo que se pueda".
Lo más interesante es que las nuevas posibilidades del alquiler están precipitando la aparición de empresas creadas para actuar exclusivamente en el alquiler protegido, como Lazora, fundada en 2004. Constituida por Larcovi y Azora y 13 cajas de ahorros, la empresa tiene, según su consejera delegada, Concha Osácar, "la vocación de generar un patrimonio de alquiler protegido que ahora no existe". El objetivo de Lazora, que acabará el año con 2.000 viviendas y tiene comprometidas otras 7.000 más, es ofrecer pisos de 70 a 90 metros por 300 o 500 euros al mes. "Queremos llegar a las 15.000 viviendas en cuatro años, para lo que contamos con 450 millones de euros de fondos propios y capacidad de financiación por valor de otros 1.550 millones", explica Osácar.
A lo dicho habría que añadir una auténtica carrera hacía el sector por parte de las promotoras convencionales de vivienda para venta, que parecen haber descubierto de repente las maravillas del modelo de alquiler con opción de compra, un formato que está siendo adoptado por inmobiliarias con problemas como Nozar o Habitat, pero también por muchas otras, como Urbas.
No caben muchas dudas de que este mercado, despreciado hasta hace poco, se está moviendo. "España está despertando al alquiler", afirma rotundo Ulpiano González, de Diursa. "En los últimos seis meses notamos cada vez mayor demanda de alquiler", asegura. También Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Internacional, una cadena de agencias inmobiliarias, afirma: "Mientras las operaciones de venta han caído, los alquileres en nuestra red han subido al menos un 50%".
Lo sucedido tiene diversas explicaciones. Parece como si se estuviera generando un auténtico círculo virtuoso en el sector. Los temores a una posible recesión, o ralentización, sumados a las restricciones del crédito por parte de la banca, han dejado en la calle a centenares de miles de compradores frustrados y sin capacidad de lograr una hipoteca. "La gente no es que no quiera comprar. Hay mucha demanda insatisfecha, el problema es que no dan crédito" afirma Diego Montoso, director de expansión de Best House, otra cadena de agencias. "La situación se ha puesto tan difícil", explica Duque, de Alfa, "que, a menos que veamos que una persona está en condiciones de conseguir una hipoteca, ni le gestionamos la petición".
Vivienda protegida
"El alza de tipos ha ensanchado tanto el diferencial entre el precio de alquilar y la cuota de una hipoteca que, a los tipos actuales", afirma Julio Gil, de la APCE, "ya compensa más alquilar que comprar. A tipos bajos prima la compra, y a tipos altos gana puntos el alquiler". Detinsa, por ejemplo, alquila sus pisos en alquiler libre de la calle de Pradillo de Madrid (80 metros cuadrados) por 1.200 euros. La hipoteca mensual no bajaría aquí de los 2.000 o 2.500 euros. Y Nozar ofrece en alquiler con opción de compra estudios modernos con climatización y sistemas domóticos, en el centro de Madrid (Ventas), por 600 euros al mes.
Es posible, sin embargo, que las necesidades de estos compradores frustrados hubieran quedado insatisfechas de no ser porque han confluido en los últimos años determinadas circunstancias que empiezan ahora a producir resultados. Una de ellas es la apuesta de autonomías y ayuntamientos por la vivienda protegida de alquiler, destinada a jóvenes, mayores o personas con ingresos limitados, "un nicho cada vez más importante", comenta Gil, de la APCE.
Este tipo de iniciativas, que se han disparado en toda España, han propiciado la construcción de viviendas a bajo coste, lo que permite su alquiler a precios atractivos. De hecho, buena parte de las empresas con vocación patrimonialista, tanto las existentes como las que están surgiendo, se están dedicando prioritariamente a este tipo de alquiler, el más buscado.
Aunque en menor medida, muchas de estas empresas están entrando también, dado el incremento de la demanda, en vivienda libre para alquilar. "Pese a que nuestra especialidad es el alquiler protegido", apunta Maika Manclus, "estamos considerando entrar también en libre". Diursa ha llevado a cabo algunas promociones de este tipo, por ejemplo en la Ronda de Segovia, en Madrid. Aunque la demanda es menor en esta área que en la protegida, es lo bastante intensa como para que toda la oferta se cubra rápidamente.
"Tan interesantes son las perspectivas", señala Prieto, de Knight Frank, "que hasta los bancos, cajas de ahorros y fondos de inversión inmobiliarios, como los de Banif (Santander), Inmoseguros, BBVA, Sabadell o Ahorro Corporación están entrando en el sector". Este experto explica el interés del siguiente modo. "Estos fondos, que nacieron hace una década para invertir en vivienda, y optaron después por las oficinas o centros comerciales, están redescubriendo ahora la vivienda. La razón es que hay tanto piso por vender que se hacen con promociones enteras al por mayor y a precios muy rebajados".
Una de las operaciones de venta de pisos en alquiler más publicitadas fue la efectuada por Detinsa a Lazora, a principios de año, por 71 millones de euros. "Les hemos vendido", explica Maika Marclus, "un total de 700 viviendas para alquiler protegido". Lazora ha recibido ya los pisos de la primera fase, con inquilinos, y entregará en el futuro los restantes, de la segunda fase, en construcción. No ha sido ésta tampoco la única compra realizada por Lazora, que adquirió también otros 80 pisos a una promotora, con urgencia de liquidez. "La situación del mercado está obligando a muchas promotoras a vender", explica Osácar. "Recibimos muchísimas ofertas y se puede comprar en muy buenas condiciones".
Opción de compra
Si no consiguen, o no quieren vender al por mayor, la solución es el alquiler... puro y duro o con opción de compra. Las dificultades de algunas promotoras, que se han lanzado a construir pisos sin tener asegurada su venta, las ha obligado a ofrecer sus pisos no vendidos bajo esta fórmula. "Las viviendas terminadas y que no se han vendido de forma inmediata", explica Carlos Cano, director de marketing de Urbas, "las comercializamos por el sistema de alquiler con opción de compra".
El formato es interesante también para el público. "Se trata de un producto", prosigue Cano, "destinado a personas que no han podido conseguir una hipoteca, pero que quieren intentarlo en el futuro. La fórmula les permite atravesar esta difícil etapa hasta que mejoren las condiciones de crédito". Si algunas promotoras no desean hablar del tema (ofrecen los pisos a través de agencias), otras han convertido la opción de compra en una herramienta de marketing. Es el caso de Nozar o Habitat, que han lanzado marcas comerciales para su negocio de alquiler.
Aunque este formato no les resulta tan interesante a las promotoras en dificultades como la venta a patrimonialistas o fondos (ya que no les permite recuperar su dinero), les sirve para remontar las dificultades. "Permite garantizar la liquidez suficiente para cumplir con los gastos financieros", reconoce Cano. "En muchos casos", dice Montoro, de Best House, "son los bancos acreedores los que les exigen que pongan esos pisos no vendidos en el mercado de alquiler".
* ELPAIS.com - FERNANDO BARCIELA 20/04/2008
Foto: carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
El Cabanyal, sentenciado
JOAN GARÍ* : La revolución de diciembre de 1989 acabó con su sueño, y también con su vida, pero Ceaucescu, el dictador de la Rumanía comunista, dejó su impronta en Bucarest en forma de obra cumbre del kitsch neoclásico. Lo que las actuales autoridades democráticas llaman "Palatul Parlamentului" (Palacio del Parlamento) es el resultado de uno de los mayores crímenes urbanísticos de la Europa contemporánea.
Aprovechando los destrozos del terremoto de 1977, Nicolae Ceaucescu ideó una cirugía radical destinada a cimentar sus sueños de grandeza. Entre 1984 y 1989 se procedió, bajo su mando, a la destrucción de más de 10.000 viviendas, con el traslado forzoso de alrededor de 100.000 personas.
El Palacio ya sólo es una atracción ambigua -para turistas sin complejos- del Bucarest de hoy, y nos parece increíble que un atropello así tuviera lugar. La historia se repite, sin embargo, y al viejo Nicolae le ha salido una competidora meridional. En efecto: Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, está también a punto de culminar su pequeño sueño. La conducator valenciana hace 10 años que pugna por prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, aunque para ello deba destruir uno de los barrios con más personalidad de Valencia: el Cabanyal.
Diez años de lucha
El Tribunal Supremo hizo pública en marzo una sentencia que autoriza al ayuntamiento a partir en dos el Cabanyal para que la avenida Blasco Ibáñez pueda besar la arena de la playa de la Malva-rosa. Ello provocará el derrumbe de 1.652 viviendas y la expulsión de 2.000 vecinos. Edificios de cinco o seis alturas vendrán a sustituir, en una franja de 106 metros de amplitud, la trama reticular de casas bajas característica de esta zona.
Todo se remonta a 1998, cuando el PP aprobó en solitario el anteproyecto de prolongación de la avenida. Han sido 10 años de batallas jurídicas que han enfrentado al sueño de Rita con la plataforma Salvem el Cabanyal, que defiende la rehabilitación del barrio como alternativa a su destrucción. Pero sus argumentos se han estrellado contra el Supremo, que ni siquiera ha tenido en cuenta que el barrio fue declarado, en 1993 Bien de Interés Cultural. La sentencia de muerte, pues, parece insoslayable.
El Cabanyal constituye un precipitado de las esencias valencianas más genuinas, aunque en los últimos años su degradación sea palpable. En origen fue un pequeño pueblo de pescadores, conocido como Poble Nou de la Mar. En 1897 se incorporó a Valencia, absorbido por una ciudad en plena expansión.
Este proceso se daba simultáneamente a la moda, entre las clases acomodadas, de construir fastuosos chalets de veraneo en toda la zona marítima, desde la Malva-rosa hasta el Canyamelar. Es la época en que Blasco Ibáñez, novelista global y gloria local absoluta, se sienta en la terraza de su casa frente al mar y, al abrigo de unas rumbosas cariátides, fuma un puro tras otro mientras moldea sus enérgicas ambiciones.
Patrimonio modernista
Aún hoy algunos de aquellos chalets perviven al lado del auténtico tesoro del barrio: las casas humildes, con fachadas recubiertas de azulejos y decoradas con una suerte de modernismo popular. Esta vistosa peculiaridad arquitectónica (magníficamente retratada en el libro Las casas del Cabanyal. Un patrimonio modernista para la Valencia del siglo XXI, editorial L'Oronella) se manifiesta no en elementos mayúsculos, sino en pequeños detalles: rejas, balaustradas, puertas y ventanas labradas en madera de mobila, apliques de bronce, los ojos de buey de respiración de los zaquizamíes donde se guardaban los aparejos de pesca...
La personalidad del barrio es tan acusada que hasta aquí acude Sorolla a pintar sus hoy universalmente famosos retratos ambientados junto al mar (ese cielo azul, esas mujeres blancas, esa delicuescencia mediterránea). Otros autores de la época ligados al barrio son Benlliure y Eduard Escalante. Un catálogo muy completo para un barrio donde el valenciano/catalán se mantiene como la lengua abrumadoramente mayoritaria de sus habitantes.
Esto contrasta vivamente con lo habitual en el centro de Valencia, donde el catalán parece clandestino ante la pujanza del castellano nuevo implantado, desde hace pocas generaciones, por una burguesía que sublima "lo valenciano" (las novelas de Blasco, los cuadros de Sorolla, las esculturas de Benlliure) pero no siente la necesidad de conservar sus manifestaciones más obvias, como es el caso de la lengua. Rita Barberá es un ejemplo perfecto de esta contradicción conservadora, puesto que no consta que haya dicho nunca ni los buenos días en la lengua habitual en el Cabanyal.
La sentencia del Supremo ha sido acogida en el barrio con disparidad de opiniones. Algunos ya se ven fuera de sus casas, con indemnizaciones ridículas. Es el caso de Vicenta, una jubilada que vive en un piso de la calle Joan Mercader por el que, según le han dicho, recibirá "11 millones de pesetas". A cambio de renunciar a su forma de vida será realojada en un apartamento nuevo en la cercana Avenida de los Naranjos, pero deberá pagar la diferencia de su bolsillo. La operación le parece propia de "sinverguenzas".
Delincuencia y drogas
Otros vecinos, en cambio,aprueban el proceso. Consideran que con ello se acabará la delincuencia y el tráfico de drogas que señorean la zona, aunque algunos, como Ximo, un trabajador del puerto que vive en la antigua Lonja, reconocen que la depauperación del barrio es producto de la maquiavélica negligencia del ayuntamiento en los últimos años.
En general da la impresión de que algunos vecinos ven la destrucción del barrio con alivio. No en balde Rita saca también aquí mayoría absoluta. La pregunta, que no se atreve a contestar nadie, es si la prolongación de la avenida acabará con el tráfico de drogas, los okupas y la superpoblación gitana, o simplemente los trasladará unas decenas de metros. La respuesta, después de la publicidad.
* Público - JOAN GARÍ - VALENCIA - 20/04/2008
Anticorrupción cree que el Consell escondió los planes a los ayuntamientos
DIARIODEMALLORCA* : 'Afirma que se falseó la situación urbanística de varios pueblos para beneficiar a los promotores'. La fiscalía anticorrupción denuncia que el Consell Insular de Mallorca escondió los planes previstos en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) a los ayuntamientos afectados, que si se aplica esta norma sufrirán un espectacular aumento de población.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau en la denuncia que instruye el juez Miquel Florit creen que detrás de estos cambios urbanísticos no prima un interés público, sino que se decidieron para beneficiar los intereses privados de una serie de empresarios del negocio de la promoción urbanística. La denuncia señala que el PTM no responde a ninguna lógica e insinúa incluso que podría ser inconstitucional.
La fiscalía cuantifica en 297 millones los "pelotazos" que se habrían obtenido con la recalificación de una serie de áreas, hasta entonces rústicas, en suelo urbanizable. En la denuncia se detalla los nombres de los principales promotores inmobiliarios de Balears.
Para justificar esta modificación territorial la fiscalía está convencida de que el Consell Insular, presidido en ese momento por UM y PP, habría "falsificado" la situación urbanística de varios municipios para dar una cobertura legal a esta normal. El plan fue aprobado con el acuerdo de los dos partidos gobernantes, pero la norma cuenta con los informes favorables de los servicios jurídicos del Consell Insular y de los arquitectos de la institución. Por ello, se intuye que además de los políticos y los empresarios relacionados con este plan, también serán llamados a declarar varios técnicos del Consell y no se descarta que lo hagan en calidad de imputados.
Esta norma urbanística tuvo una primera redacción. El texto se sometió a una exposición pública. Sin embargo, en una segunda redacción se aprecian importantes cambios. Uno de los más destacados es que se iba a cambiar la calificación urbanística de unos terrenos de Alcúdia (que ya eran rústicos) por unos en Secar de la Real, junto al nuevo hospital de Son Espases. Sin embargo, en la modificación se utiliza el mismo solar de Alcúdia, pero se cambia el de Palma por uno en Marratxí, en la urbanización es Crevers.
Sin exposición pública
De este cambio no se informa en exposición pública. El solar de Marratxí lo adquiere el empresario Mateo Sastre de Ibercon. Casualmente compra el solar un mes antes de la aprobación del PTM. Él mismo reconoce que hizo la operación al recibir una información privilegiada del Consell Insular de Mallorca. No cita nombres, pero se intuye que debía ser alguien con información privilegiada dentro de los órganos de responsabilidad urbanística del Consell Insular.
Otro de los puntos importantes en los que incide la fiscalía es que no hubo ningún tipo de oferta pública para determinar las líneas maestras del PTM, y se señala en la denuncia que los criterios para elegir las fincas beneficiadas responden a un principio de arbitrariedad y no de objetividad. No se explica porqué se eligen unas fincas en un determinado municipio y no otras que se encuentran en la misma situación urbanística. Casualmente estos terrenos pertenecen a los más importantes promotores inmobiliarios de la isla. Se ha comprobado que el PTM se contradice incluso con las normas de ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - J.F. M./ F.A/V.E. PALMA - 20 de abril de 2008
Foto: La finca de es Crevers de Marratxí es de las más beneficiadas por el plan territorial/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
Un concejal de Ourense es juez y parte en un 'pelotazo'
ELPAÍS* : El concejal del PP de Ourense, José Luis Sousa, ha ocultado al Ayuntamiento su vinculación empresarial con la finca Santamarina de la que fue redactor del proyecto urbanístico, a través de su empresa de ingeniería, y en cuyo expediente intenta participar ahora desde la oposición.
La finca Santamarina es para PSOE y BNG uno de los mayores pelotazos urbanísticos del PP orensano. Su venta por la Diputación a la empresa Flager, por un cuarto del precio de mercado según los técnicos, fue denunciada judicialmente por socialistas y nacionalistas.
Aunque el Tribunal Superior de Galicia avaló la operación, el nuevo gobierno local intenta modificarla restringiendo la edificabilidad (1.500 viviendas, un hotel y un centro comercial) para obtener mayores cesiones para vivienda de protección y equipamientos sociales.
La modificación del proyecto ha sido cuestionada por Sousa "quien de nuevo vuelve a confundir los intereses públicos con los privados", denuncian los socialistas de Ourense.
* ELPAIS.com - C. H. - Ourense - 20/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
,+vista+a%C3%A9rea+parcela+hotel+costa+-+diariodelanzarote.com.jpg){kind=link}