ADN* : A Barcelona le faltan zonas verdes. No sólo por comodidad, calidad de vida o estética. También para preservarla salud de sus ciudadanos. La capital catalana cuenta con una media de 6,6 m2 de superficie verde urbana por habitante, lejos de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "imprescindibles", que se sitúan entre 10 y 15 m2 de zona verde urbana por habitante.
Vitoria, la más 'verde'
En España, según los datos recogidos por el Observatorio de la Sostenibilidad en el estudio Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural, sólo siete ciudades superan este umbral: Cáceres, Girona, Cádiz, Logroño, San Sebastián, Madrid y Vitoria. La capital alavesa, con 39 m2 por habitante, es la ciudad española con más verde urbano. Madrid, con 17 m2, es la única de más de 500.000 residentes que está en los niveles de la OMS, casi triplicando a Barcelona.
En el caso de la capital catalana, la ciudad cuenta con 68 parques que suman 559 hectá reas. La estadística no tiene en cuenta las zonas forestales, que suponen 1.795 hectáreas, correspondientes a Collserola.
El primer gran parque, la Ciutadella, se creó en 1873. Fue en la primera mitad del siglo XX cuando se extendieron las principales zonas verdes, como los jardines de Montjuïc (1929), el Turó Park, la Font del Racó o los jardines del Palau de Pedralbes. La Guerra Civil frenó esta expansión verde y en la posguerra sólo se crearon los parques de Cervantes y la Guineueta, aunque se compraron fincas para abrirlas al uso público. Fue el caso de la Villa Amèlia, l'Oreneta, Les Aigües y el laberinto de Horta.
Ya con la democracia, se crearon el Parc Miró y la Espanya Industrial pero la presión urbanística ha frenado nuevos espacios, a excepción delos interiores de manzana en el Eixample. Desde 2003 no ha variado la superficie de zona verde por habitante.
* ADN - Lluis Tusell Coloma - 14.04.09
Foto: Barcelona, eixample - es.geocities.com
Barcelona: Ciudad de cemento
Las ruinas del narcotráfico
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ELPAÍS/Galicia* : Lujosas mansiones, veloces planeadoras, barcos nodriza y todo tipo de costoso mobiliario embargados en los últimos cinco años a las redes del narcotráfico que operan en las rías gallegas y con un valor total de unos 30 millones de euros, sucumben al paso del tiempo y la ruina. Una situación de abandono que supera a los juzgados, impotentes para garantizar que estos bienes adquiridos con el dinero de la droga puedan revertir al Estado.
Nadie se atreve a cuantificar las pérdidas surgidas tras largos años de embargos preventivos porque son incalculables si la estadística se remonta al principio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en Galicia en 1990 con la Operación Nécora. La falta de una legislación específica ha provocado que decenas de narcobuques hayan acabado devorados por el salitre, en el fondo del mar o incluso como refugio de personas sin techo. Algunos puertos, como el de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), se han convertido en cementerios marinos.
En los depósitos de Aduanas y en las comandancias de Marina se amontonaron durante años planeadoras y lanzaderas, con todos sus instrumentos de navegación, que utilizaban contrabandistas de tabaco y narcotraficantes, y en las comisarías de policía, vehículos de todas las gamas se fueron aparcando hasta convertirse en chatarra.
Tampoco han corrido mejor suerte muchas de las propiedades embargadas por la Audiencia Nacional en la década de los 90. Algunas que pertenecieron al famoso clan de Los Charlines fueron saqueadas o acabaron arruinadas. Sólo llegó a venderse en 2008, por 15 millones de euros, el Pazo de Baión, la mansión de Laureano Oubiña, 12 años después de ser incautado.
Los legisladores no tuvieron capacidad de reacción ante la sucesión de redadas antidroga y de todo lo que estaba por llegar con el nuevo milenio en operaciones contra el blanqueo de dinero. Sólo a partir de 2006, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitió enajenar bienes que fueran objeto o instrumento de delito. Un año antes, otra normativa dejó vía libre a las autoridades portuarias para disponer, siempre que lo autorizase un juez, de los barcos fondeados, ante el enorme riesgo que suponía su atraque sine die. Pero en la práctica la norma es insuficiente. La saturación impide vender o sacar a subasta todos los bienes.
Así proliferan casos como el de los 50 inmuebles embargados a Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, un camarero de Ribeira (A Coruña) convertido en narcotraficante. Están abandonados a su suerte y sin administración judicial desde hace cinco años. Un hotel a pie de la playa, chalés con piscinas climatizadas, enormes pantallas de plasma, frigoríficos de última generación y todo tipo de lujoso mobiliario se devalúan cada día. Además, comunidades de vecinos reclaman los gastos de algunos de los 20 pisos embargados que Pelopincho tenía a nombre de otros tantos testaferros.
El fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, admite que la Justicia aún se ve impotente mientras se repite la situación de abandono de barcos y propiedades equipadas sin reparar en gastos. Azcárraga afirma que la incautación y la gestión de los patrimonios siguen huérfanos de una regulación específica, y que no existe una cultura judicial de la enajenación anticipada, ni los que deben instarla están mentalizados para ello, porque en contados casos se aplica la normativa. "Y es precisamente a través de esta medida cómo el ciudadano percibe que la Justicia actúa, produciendo un efecto ejemplarizante y también de alivio al comprobar que el delincuente no desarrolla su actividad impunemente. Estos datos deberían constituir suficiente acicate para que el legislador regulara con eficacia y precisión unas medidas de efectos tan notables", explica.
Desde el principio de su dilatada carrera contra el narcotráfico, Azcárraga dice que ha captado una permanente reticencia, tanto por parte de jueces como de fiscales, a la hora de incautar bienes, a pesar de su evidente deterioro y del elevado coste de su custodia. "Es el encorsetamiento burocrático que envuelve la instrucción penal y que resulta más llamativo, si cabe, cuando al titular de los bienes se le han intervenido los teléfonos, se le detiene, se allana y se registra su domicilio y, por último, ingresa en prisión por tráfico de drogas, mientras la embarcación en la que había portado la droga queda amarrada en un puerto hasta convertirse en chatarra", señala.
Además de la creación de un depósito general de bienes embargados, el fiscal propone crear un organismo dedicado a esta tarea. "Es decir, eliminar las reticencias de jueces y fiscales, encomendándoles la labor estrictamente jurisdiccional, y obtener los mejores rendimientos económicos del patrimonio incautado, que implica una mayor financiación para el desarrollo de políticas sociales de los drogodependientes. Es el Plan Nacional sobre Drogas el que dispone de los medios adecuados para asumir estas funciones porque es el último destinatario de los decomisos y el más interesado en recibirlos. Para ello bastaría la reforma de su normativa reguladora", apunta.
La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional está diseñando fórmulas para la incautación de bienes que estarían reguladas en un convenio que implique a varios ministerios.
Las últimas fortunas por salvar
Desde 2004, la fiscalía de Pontevedra ha emprendido su propia cruzada contra el blanqueo de dinero cuya cuenta de resultados no tiene parangón. Sólo en dos investigaciones de la Agencia Tributaria, la valoración de los bienes incautados supera los 35 millones de euros. En fianzas -algunas de dos millones de euros- y en dinero decomisado -2,8 millones de euros- la caja general de depósitos arroja superávit.
En algunos casos, la administración judicial recurre a empresas privadas para llevar a cabo la compleja gestión de estos bienes, como es el caso del holding inmobiliario que el narco vigués Juan Carlos González Martín, Culebras, utilizaba para blanquear dinero. Su yate Neitiños (valorado en medio millón de euros) sigue atracado en el puerto de Baiona esperando un nuevo dueño. El barco, que tiene muchos pretendientes, ha tenido que ser reparado después de sufrir daños en el casco durante un temporal, pero el juzgado de Vigo, saturado de asuntos, aún no ha podido venderlo.
Recientemente, otros obstáculos se abren ante la nueva tecnología que utilizan los narcos. Los juzgados tienen que enfrentarse a la destrucción de enormes y veloces planeadoras intervenidas porque carecen de documentación y han sido construidas en astilleros ilegales. Además de costoso, este proceso exige múltiples gestiones burocráticas porque son de poliéster, un material muy contaminante, y su incineración tiene que cumplir requisitos medioambientales.
Aún no se sabe qué pasará con la última lancha confiscada, valorada en más de 1,5 millones de euros, una fórmula 1 para el transporte de cocaína que ha dejado a los investigadores boquiabiertos.
Coste incalculable
- La Administración admite que es imposible cuantificar las pérdidas en bienes embargados desde la Operación Nécora, en 1990.
- Existen decenas de buques devorados por el salitre, y parte del patrimonio de Los Charlines ha sido saqueado.
- Medio centenar de inmuebles, entre ellos chalés de lujo, están abandonados.
- El fiscal Antidroga de Pontevedra propone que los patrimonios los gestione el Plan Nacional sobre Drogas.
* ELPAIS.com - ELISA LOIS - Vilagarcía de Arousa - 14/04/2009
Foto: Pazo Villa Real, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, expropiado al narcotraficante Manuel Charlín y que está semiabandonado.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
El fiscal pide inhabilitar a alcalde de Burguillos por una licencia "caprichosa"
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DIARIODESEVILLA* : El fiscal ha pedido este lunes nueve meses de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), por dar una licencia "manifiestamente ilegal" y que "corre el riesgo de ser llamada caprichosa".
En el juicio que ha celebrado el juzgado penal 12 de Sevilla, el fiscal ha destacado que la licencia concedida en agosto de 2006 tenía los informes en contra de dos técnicos municipales, uno de los cuales llegó a advertir al alcalde de que podría incurrir en responsabilidad penal.
La licencia autorizó a la empresa Castillo de Lennen construir unas viviendas en la calle Real de la localidad con una planta más de las previstas en las normas urbanísticas vigentes entonces en el municipio.
El alcalde ha aprovechado su derecho a la última palabra para defender que cuando otorgó la licencia "había un vacío jurídico rotundo" y "no existía legalidad urbanística sino seis o siete leyes distintas".
Ha dicho a la juez que es alcalde desde 1995 y que su pueblo ha experimentado en los últimos años "una transformación sin precedentes", por lo que lo único que tuvo claro es que "era un momento en que había que ofrecer viviendas al mercado y aquel era un proyecto de desarrollo".
No ha opinado así el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, quien ha recordado que la licencia tenía dos informes técnicos "claramente desfavorables", y por ello la normativa vigente "no se puede sustituir por un difuso interés público o general", que "se presta a interpretaciones personalistas".
Además, ha señalado que el decreto del alcalde que otorgó la licencia no tenía ninguna referencia a dicho interés general, no motivó la discrepancia respecto a los informes técnicos y tampoco la concedió condicionándola a la futura aprobación del PGOU, como ha hecho este lunes en el juicio.
Este caso fue denunciado por el PP municipal, cuyo letrado, Luis García Navarro, ha elevado hoy su petición de condena a dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público.
La defensa del alcalde, que ejerce el letrado José María del Nido, ha afirmado que la acusación particular pretende conseguir del juzgado la inhabilitación del alcalde "que no ha conseguido en las urnas" y ha insistido en que la concesión de licencia en un suelo que no está protegido, sino que es urbano residencial consolidado, está despenalizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Además, cuando la licencia tiene unos fines sociales, se requiere "un dolo al cuadrado" y que la actuación sea "clamorosamente ilegal", lo que no ha sucedido en este caso, según el abogado.
Teniendo en cuenta el principio de intervención mínima del derecho penal, ha dicho del Nido, autorizar una planta más en un edifico "no puede ser considerado delito de prevaricación urbanística, eso sería criminalizar la vida política y administrativa".
* Diario de Sevilla - EFE - 13.04.09
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
