SUR/Málaga* : La maquinaria de la Justicia es lenta pero pesada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado recientemente dos nuevas licencias urbanísticas concedidas en la 'era Gil' a dos empresas vinculadas al caso 'Malaya', Aifos y Turpiana, ésta última del Grupo Ávila Rojas. El alto tribunal andaluz sigue su curso mientras el Ayuntamiento tiene las miras puestas en la aprobación provisional provisional -la segunda- de su Plan Urbanístico que regularizará la situación de muchas de estas viviendas. Será el 29 de julio.
Estos dos fallos judiciales no son los primeros y tampoco serán los últimos a juzgar por el volumen de licencias impugnadas por la Junta de Andalucía contrarias al planeamiento urbanístico. Unas 380 en once años. Las dos sentencias fueron emitidas el mismo día, el pasado 30 de enero, y ambas hacen referencia a sendas licencias urbanísticas concedidas al amparo de un PGOU aprobado por el GIL que nunca llegó a ser legal.
La primera de ellas implica a 42 viviendas ya habitadas en la Urbanización Lunamar, en la playa de Las Dunas de Las Chapas. La comisión de gobierno otorgó la licencia de obras el 29 de agosto de 2001. En este caso, la calificación del suelo como comercial en el Plan del 86, el único aún vigente, es incompatible con el uso residencial previsto en el proyecto. Ni el Ayuntamiento ni la codemandada, la empresa, han puesto reparos en el procedimiento. El Consistorio incluso se ha allanado a la petición de la Junta de Andalucía, mostrando así su conformidad con que se anule la licencia.
El Ayuntamiento, como en casos anteriores, enviará un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir que no se ejecute el fallo y evitar la demolición, al menos hasta la aprobación definitiva del PGOU de la ciudad, prevista para este año.
La segunda sentencia hace referencia a 24 viviendas en la tercera fase de la Cañada de Gualdapín ejecutadas por la entidad mercantil Guadalpín Promociones y Obras S.L. tras obtener una licencia contraria a planeamiento en enero de 2002.
En ambos casos la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del TSJA recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 aprobado por silencio administrativo fue «expresamente» rechazado ese mismo año por los tribunales por lo que su eficacia «es nula».
* SUR - M. J. CRUZADO - 20.07.09
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Marbella: El TSJA ignora el PGOU y sigue anulando licencias urbanísticas
Castelló: El ayuntamiento incumplió la venta de 9,8 millones de suelo para invertir en 2008
LEVANTE* : El equipo de gobierno de Castelló dejó pendientes de ejecución el 100% de las enajenaciones previstas en el presupuesto. El Ayuntamiento de Castelló cerró el presupuesto del año 2008 incumpliendo la venta de 9,8 millones de euros de patrimonio municipal del suelo que estaba prevista para hacer frente a inversiones de la ciudad que nunca se ejecutaron.
Así consta en el Informe General de Intervención relativo a la liquidación definitiva de un presupuesto marcado por la disparidad entre los números anunciados inicialmente por el Partido Popular y la realidad diametralmente opuesta que evidencian los resultados finales del ejercicio.
La previsión de obras públicas municipales publicitada por el alcalde, Alberto Fabra, no llegó a convertirse en realidad y el gobierno local dejó en el tintero la materialización de 41 de los 53 millones de euros de inversiones para la ciudad contemplados en el presupuesto de 2008, apenas un 25% de lo previsto.
Según la intervención municipal, este desfase se origina porque la mayor parte de las obras presupuestadas y anunciadas para el año 2008 ni siquiera fueron adjudicadas.
No pasa desapercibido que, retrasos de la adjudicación al margen, el incumplimiento de la venta de suelo prevista impedía la incorporación del presupuesto necesario para ejecutar la inversión.
Es por ello que los propios técnicos municipales advierten al equipo de gobierno de "la necesidad de proceder a una planificación estratégico-financiera de los recursos disponibles para la financiación de las inversiones".
La paralización de los planes de venta del patrimonio municipal para poder asumir el pago de inversiones es sólo una grieta más en unas arcas municipales que también sufren la caída vertiginosa de los ingresos por tasas de construcción y una demora persistente de los pagos de la Generalitat Valenciana.
El Consell de Francisco Camps cerró el año 2008 incumpliendo el pago de 3,3 de los 5,2 millones de euros que debía haber transferido al Ayuntamiento de Castelló, según evidencian los informes municipales de la liquidación definitiva del ejercicio.
La propia Intervención General Municipal constata que, en un contexto marcado por la crisis de la hacienda local, el Gobierno Valenciano ha incumplido el pago de más del 63% de las aportaciones comprometidas con el ayuntamiento.
Esta deuda afecta directamente a la partida de 1,8 millones de euros para el Palau de la Festa (incumplida y trasladada al presupuesto de 2009) y a una cantidad pendiente de más de 1,5 millones de euros que debería haber financiado gastos corrientes para servicios municipales.
En este último caso, destaca especialmente que la Generalitat Valenciana no ha ingresado ni una mínima parte de la consignación de 1,1 millones de euros destinada a servicios sociales generales, uno de los departamentos del ayuntamiento más debilitados por la creciente demanda de ayudas para bienes de primera necesidad que ha motivado la crisis económica.
La estadística se antoja inversamente proporcional en el caso de las transferencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a 31 de diciembre de 2008 había completado el 99% de los 29 millones que tenía previsto abonar a la entidad municipal.
En opinión del concejal socialista Javier Peris, esta comparativa evidencia el grado de compromiso real de cada una de las Administraciones con la capital de la Plana. "A corto o a largo plazo las verdades quedan reflejadas en la contabilidad, y la contabilidad evidencia que el Estado ha transferido la práctica totalidad del dinero comprometido y que la Generalitat, como hace año tras año, ha incumplido con más de un 63% de lo previsto".
Respecto a la enajenación del patrimonio municipal, Peris subrayó que los números "terminan demostrando que las cuentas del PP no son reales, porque no se ha vendido absolutamente nada de lo previsto para costear las inversiones por mucho que fueran publicitadas".
La virtualidad de la venta de patrimonio municipal para acometer inversiones durante el año 2008 se ha repetido casi como en papel de calco en el ejercicio 2009.
El Ayuntamiento de Castelló no ha sacado aún a la venta ni uno solo de los bienes inmuebles que deben financiar la mitad de los 29,7 millones de euros de inversiones para la ciudad previstos en el presupuesto de 2009.
Las obras anunciadas por el alcalde para 2009 dependen en casi un 50% de la venta de patrimonio municipal del suelo por valor de 14,2 millones de euros. Sin embargo, cuando ya se ha superado el ecuador del ejercicio económico, la operación todavía se encuentra pendiente del preceptivo permiso de la Generalitat Valenciana y ninguno de los solares ha podido salir todavía a pública subasta pública.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 20.07.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Sant Antoni no podrá convertir en urbanas Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El Ayuntamiento de Sant Antoni no podrá convertir en urbanas las zonas ya construidas de Punta Galera, Cap Negret y Cala Gració en su nuevo planeamiento urbanístico. La concejala de Urbanismo, Pepa Costa, reconoció ayer que la instrucción que les dio un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) durante una reciente conferencia del Consell fue muy clara: los 500 metros de Área de Protección Territorial (APT) de Costas tiene que mantenerse como suelo rústico protegido y no puede haber urbanos por consolidación.
Esta advertencia se dio al Consell y a todos los ayuntamientos para que lo tuvieran en cuenta a la hora de modificar sus planeamientos ya que supone dejar fuera de ordenación zonas urbanas. En el municipio de Sant Josep hay varias zonas hoteleras que quedan en esta situación, como el final de Platja d'en Bossa y una amplia zona de Cala Tarida.
El Consell decidirá
Costa explicó que están pendientes de que el Consell 'dibuje' esta APT de costas, aunque hay alguna esperanza de que algunos trozos sí que queden como suelos urbanos porque la máxima institución insular tiene que sacar lo que se llaman proyecciones ortogonales, que permitirían algunos trozos urbanos en estas zonas. «No sabemos qué tipo de modificación hará el Consell», explicó Costa, que indicó que están a expensas del PTI para saber cómo lo enfocan.
El mayor inconveniente que ve la concejala para las personas que tengan casas en estas zonas es que no se podrán dotar con alcantarillado y asfaltado, porque aunque son ya zonas consolidadas no podrán ser calificadas como urbanas y tendrá que permanecer como suelo rústico protegido.
«Están allí, pero no se les podrán dar servicios urbanos», expresó Costa, que aseguró que el equipo redactor del planeamiento urbanístico de Sant Antoni está estudiando qué hacer.
La concejala resaltó que esto afectará a amplias zonas de viviendas que ya están construidas y que no tendrán ni servicios urbanos ni pagarán la contribución urbana.
El Consell remarcó hace pocos días la gran complejidad de marcar las proyecciones ortogonales para marcar si puede haber algún suelo urbano en estas zonas.
La concejala de Sant Antoni también se mostró preocupada porque esta nueva jurisprudencia del TSJB afecta a ses Variades, donde había un proyecto para construir más de 400 viviendas. Según Costa, será el Consell el que marque si puede haber algún trozo urbano en la zona según la proyecciones ortogonales. «Es un tema muy complejo que tienen que hacer los técnicos y se hará a través de la modificación del PTI», expresó la concejala, que confió en que quizás quede algún «trocito» urbano, aunque reconoció que ahora todo queda a expensas del Consell.
* Última Hora de Ibiza - C. ROIG - 20.07.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
Los peritos del 'caso Guateque' creen que de 47 locales sólo uno cumple la ley
ELPAÍS/Madrid* : La investigación del caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias destapada en el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2007, sigue avanzando. El 28 de enero de 2008, poco después de que se destapara el caso, el juez Santiago Torres pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas involucrados. Y el resultado, si se tiene en cuenta que se trata de inmuebles sospechosos de beneficiarse de algún tipo de agilización irregular, es sorprendente: sólo uno de los 47 establecimientos revisados por los peritos cumple la ley.
Los encargados del informe han realizado durante meses visitas a los locales para comprobar si la realidad correspondía con sus licencias y con los planos. Y, según el informe, 16 inmuebles de los investigados por el juez realizaron obras en su interior sin que estuvieran autorizadas por el Ayuntamiento. Pese a ello, funcionaban legalmente; es decir, seguían abiertos. Eran cuatro bares, un taller mecánico, un laboratorio de análisis clínico, una clínica, siete edificios de viviendas y un piso. Precisamente, este último pertenece al viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada.
Este alto cargo de Esperanza Aguirre está imputado en el caso Guateque por dos obras en su domicilio (una de ellas se ajusta a la ley, según el informe) y también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la avenida de Pío XII, cuando era gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento.
Más grave es el resultado de las inspecciones en materia de protección contra incendios. En principio, este análisis no formaba parte del encargo que recibieron los peritos, pero tras constatar todas las irregularidades las reseñan en el citado informe y advierten al juez de que debe estudiarse más "exhaustivamente". En concreto, 13 de los expedientes comprobados no cumplen con las medidas de seguridad necesarias. Es decir, sobre todo tenían problemas con extintores y salidas de incendios mal señalizadas u obstruidas.
Entre todos estos locales se encuentra la discoteca Dink, propiedad del hijo de Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de la capital y presunto cabecilla de la trama, que además acumula 234 infracciones denunciadas por la Policía Municipal.
"Esto corrobora las denuncias en relación al incumplimiento sistemático de las normas en determinados locales. Pasado el tiempo, después de muchas inspecciones por parte de la Policía Municipal, las denuncias han caído en saco roto. Hay una responsabilidad política respecto a la permisividad de esta situación", denuncia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas.También resulta alarmante que ocho de los expedientes revisados in situ arrojen la conclusión de que hay "elementos, no justificados o avalados por proyectos técnicos, que podrían afectar a la seguridad estructural". En este caso no hay ningún local de ocio nocturno, son todos locales comerciales y viviendas.
En otro de los apartados del informe, los peritos señalan una serie de locales que constan en el sumario del caso que han sido revisados y cuyas obras no se ajustan a la licencia concedida. En total son 21: 12 bares y discotecas, 2 oficinas, 2 locales comerciales, 1 hostal, 1 supermercado y 1 edificio de viviendas.
En uno de los expedientes, los peritos concluyen que Armada realizó obras sin licencia en su vivienda. Fueron, sin embargo, en 1980, y el presunto delito ha expirado. Según relata el documento, el actual viceconsejero de Transportes pidió licencia para realizar obras en su casa, pero le fue denegada. "Las obras señaladas se corresponden con la demolición de tabiques de distribución interior (tabiques de panderete), desmontaje de aparatos sanitarios, la ejecución de nuevos tabiques de distribución interior con ladrillo hueco sencillo, el alicatado de un baño, la instalación completa de un baño (con bañera, lavabos, bidé, desagües, etcétera), la instalación de un fregadero y el pintado final". Cuando los peritos comprobaron el estado actual de la vivienda, se encontraron con que las obras se habían realizado pese a no tener el permiso.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 20/07/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
En casa de Roca cuchillo de palo
SUR/Málaga* : Durante años, los promotores que querían construir en Marbella tenían que dirigirse a Juan Antonio Roca. Los empresarios debían esperar pacientemente ante la puerta de su despacho, en la oficina de Planeamiento, para ser atendidos. La obtención de licencias no tenía otro camino que el que desembocaba en las dependencias municipales que ocupaba el entonces asesor urbanístico, verdadero alcalde en la sombra, según relata el sumario del 'caso Malaya'. Especialmente desde la moción de censura al ex regidor Julián Muñoz y una vez fallecido Jesús Gil.
El auto de procesamiento de esta causa judicial señala que los concejales del equipo de gobierno también se veían obligados a desplazarse al biotopo profesional de Roca para despachar los asuntos urbanísticos. Firma de convenios, concesión de permisos para edificar, trámites para su aprobación. Unos trámites que, sin embargo, el ex asesor y principal procesado por el 'caso Malaya' no resolvió con garantías o simplemente obvió en lo que se refiere a diversas construcciones en fincas de su propiedad. Algunas no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, vigente hasta la aprobación de un nuevo documento. Otras sencillamente carecen de licencia.
Viviendas, oficinas, naves, cuadras, una clínica veterinaria, una sala de juegos, una bodega e, incluso, una capilla. La finca 'La Caridad', ubicada en San Pedro Alcántara y propiedad de Roca, alberga en su interior, multitud de edificaciones. Todas ellas levantadas sin licencia de construcción, según ha constatado el administrador judicial de las sociedades intervenidas al ex asesor urbanístico, Juan Macías. En un informe remitido al juez instructor del 'caso Malaya' sobre la empresa Mare Nectaris S.L., al que ha tenido acceso SUR, Macías señala que estas instalaciones se encuentran fuera de la legalidad urbanística al carecer de licencia, con la problemática de que la calificación de la parcela en el nuevo PGOU de Marbella, actualmente en trámite, impide la construcción de cualquier elemento.
Cambio de calificación
El administrador judicial ha comunicado al juez que está realizando las gestiones necesarias para modificar la calificación urbanística del suelo sobre el que se asientan las edificaciones ilegales y no descarta acudir a los tribunales para defender los derechos de la sociedad. La estrategia empresarial, según explica en su informe, se centra actualmente en intentar regularizar las instalaciones de la parcela con objeto de alquilarlas posteriormente, dado que ya se ha recibido alguna oferta relacionada con esta posibilidad.
17 parcelas
La administración judicial también pretende resolver la situación urbanística de las viviendas existentes en 17 parcelas propiedad de otra sociedad vinculada a Roca, Invest Arcela S. L., ubicadas en el núcleo poblacional marbellí de Nueva Andalucía. En 15 de esas fincas se han levantado edificaciones que se encuentran en distintas fases de construcción y que están fuera de ordenación en el PGOU de 1986. El nuevo documento urbanístico mantiene la calificación de estos terrenos como espacios libres, por lo que no permite la consolidación de los inmuebles.
No son los únicos conflictos en materia de licencias que asumen las empresas vinculadas a Roca. Según el juez del 'caso Malaya', el supuesto cerebro de la trama de corrupción controló a placer durante años el urbanismo en Marbella. En sus 'casas', sin embargo, la gestión parece que no fue muy acertada. La licencia de construcción del helipuerto privado concedida a la sociedad Helio Ponto Marbella S.L., vinculada al ex asesor urbanístico, ha sido revocada por el Ayuntamiento, que ha instado además al derribo de las instalaciones. El decreto, que responde a la sentencia dictada por un juzgado de Málaga que declaraba nulo el permiso de obras por ser contrario a la ordenación urbanística, ha sido recurrido por el administrador judicial.
* SUR - HUGO SIMÓN - 19.07.09
Foto: La finca 'La Caridad', en San Pedro Alcántara, albergaba una yeguada de pura raza. / SUR. ARCHIVO
