El exedil de Urbanismo de Roquetas, imputado por una decena de licencias

ELPAÍS/Almería* : El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar llamará a declarar como imputado al exconcejal José María González Fernández por un presunto delito de prevaricación urbanística. El ahora imputado fue durante 16 años concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Roquetas de Mar por designación de Gabriel Amat, que le dejó fuera de la lista de su partido en las pasadas elecciones municipales. “No me acuerdo de esa licencia. En Roquetas de Mar hemos dado muchas licencias”, asegura el exconcejal, de cerca de 70 años.
Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando el equipo de gobierno liderado por Amat —actual presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial— concedió una licencia de obras para la construcción de diez chalets de lujo en suelo terciario, en la zona conocida como La Fabriquilla.

El magistrado, en una reciente providencia, también solicita copia del expediente administrativo que incluye la licencia de obras, así como el aprobado por el pleno del Ayuntamiento para modificar la calificación de la parcela. Este último acto administrativo fue denunciado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Vivienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace justo un año, dictó sentencia a favor de la Junta.

La concesión de dicha licencia de obras podría ser “constitutiva” de un delito de prevaricación urbanística si se demuestra que se hizo de manera contraria a las normas urbanísticas vigentes, como apunta la Fiscalía de Almería en su escrito. Algo que ya incluía el TSJA en la sentencia de noviembre de 2011. Los hechos a investigar, consisten en la concesión mediante resolución de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en la Unidad de Ejecución 109 en el paraje de La Fabriquilla y otorgada por el ahora exconcejal de Urbanismo cuando aquella parcela estaba calificada como de uso terciario y no como residencial, según el PGOU del municipio de 1997.

La modificación del suelo para su adaptación a residencial se produjo en marzo de 2006 y este acto es el que denunció la Junta al TSJA, al entender que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, de rango superior y anterior a la modificación puntual. El TSJA fue claro al respecto: “Resulta del todo punto concluyente que son de aplicación las determinaciones de la LOUA”.

El actual PGOU de Roquetas de Mar es de 2009. El Ayuntamiento no modificó en ese documento la calificación del suelo sobre el que se construyeron las viviendas —figura como terciario— para evitar una paralización del plan general, toda vez que ya existía sentencia del TSJA desfavorable al cambio de uso. El equipo de gobierno promueve en la actualidad una serie de innovaciones al PGOU, una revisión en la que busca legalizar esta y otras modificaciones.

El grupo municipal de Izquierda Unida sostiene que no es una situación que afecte a un solo imputado. “El fiscal ve indicios de prevaricación en lo que hizo el exconcejal y el anterior equipo de gobierno y, ahora, los que vienen después pretenden darle cobertura legal”.


* El País - MARTA SOLER - 31.10.12
Foto: Viviendas de la urbanización de La Fabriquilla, en Roquetas. / FRANCISCO BONILLA

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Los «desmanes urbanísticos» de Muros de Nalón exigen responsabilidades, dicen los vecinos

LNE/Asturias* : La Asociación de Vecinos y Amigos de Muros de Nalón (AVAM) exige responsabilidades patrimoniales por la edificación ilegal de un bloque de pisos en San Esteban de Pravia, que deberá ser demolido parcialmente por el Ayuntamiento. El colectivo sostiene que los vecinos no tienen por qué «sufragar los desmanes urbanísticos» de la actual alcaldesa, del anterior concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal en la época en que se erigió el inmueble. Asimismo, AVAM solicita la desaparición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), al considerar que se trata de un organismo «ineficaz» que no vela por el cumplimiento de la normativa vigente.

AVAM señala que durante la construcción del edificio se cometieron varias irregularidades, aparte de no respetar la distancia a linderos. El día 10 de mayo de 2005 la Policía Local denunció que se había iniciado el vaciado de la finca sin contar aún con licencia de obras, concedida el 2 de junio de ese mismo año. «En el expediente no existía acta de línea y rasante, algo obligatorio», señalan. Del mismo modo, la asociación comenta que el proyecto excedía la altura permitida, un defecto que fue corregido en pleno proceso de edificación. «Por otra parte, se construyeron ocho viviendas en el semisótano, algo prohibido por las normas subsidiarias en aquel momento», añaden.

La asociación vecinal comenta que debido a que no se respetó la distancia mínima a linderos se han visto perjudicados terceros. Por una parte, los vecinos colindantes. Asimismo, los habitantes del edificio que debe ser derribado parcialmente. Finalmente, el resto del municipio puesto que, por el momento, el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a hacer entrega de 50.000 euros para redactar el proyecto de derribo. «Probablemente también tendrá que correr con los gastos de la demolición al ser el consistorio el responsable civil subsidiario, puesto que la empresa constructora ha desaparecido», matizan.


* LNE - Ignacio PULIDO - 30.10.12
Foto: Muros de Nalón (Asturias) - panageos

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