Ourense.- Baltar integró en su finca tierras de vecinos que empleó en la Diputación

ELPAÍS* : Entre las localidades de Folgoso y As Vendas, en el municipio de Esgos, tierra natal de los Baltar, hay apenas 25 vecinos. La práctica totalidad de los que están en edad laboral están empleados en la Diputación, salvo el concejal nacionalista y su mujer. En Esgos tiene José Luis Baltar su feudo -gobierna su cuñado y su hijo, el parlamentario y presidente provincial del PP, es teniente de alcalde- y también su finca: situada entre Folgoso y As Vendas. Una considerable extensión de terreno que, según aseguran los vecinos, el presidente de la institución provincial ha ido reuniendo poco a poco, a base de la incorporación de pequeñas parcelas que fue adquiriendo a los antiguos propietarios del pueblo y que ha incorporado a la original de su familia.

Entre los empleados de la Diputación que tenían terrenos entre Folgoso y As Vendas, de los que se han deshecho, figuran familias enteras. Como los Batista. Cinco hermanos y los cónyuges de dos de éstos han sido contratados en la institución provincial. Junto a ellos, otras cinco personas más de la misma localidad que vendieron igualmente sus parcelas. También ha conseguido empleo en la Diputación el hijo del cuidador de la finca del presidente.

La mayoría de los vecinos de Folgoso y As Vendas contratados en la institución provincial ocupan empleos de escasa cualificación profesional (porteros y peones fundamentalmente) aunque algunos han conseguido cargos de responsabilidad.

No han sido los únicos que han vendido sus tierras de esta localidad de Esgos en donde tiene su finca el presidente de la Diputación. También lo han hecho los tíos del concejal del BNG Manuel Penedo.

El matrimonio de ancianos vendió su terreno al presidente de la Diputación y "coincidiendo en el tiempo" la pareja se fue a vivir a una residencia para la tercera edad "como era su deseo", según confirma su sobrino. Allí falleció el marido.

La lista de los contratados de la localidad en la que Baltar tiene su finca engrosa la de los centenares de empleados "a dedo" por el presidente provincial.

El PSdeG denunció recientemente que en los últimos tres años, todos electorales, el presidente de la Diputación rizó el rizo de la política de contrataciones y dio empleo a más de 1.600 eventuales.

Baltar reconoció por escrito en 2009 - que dos aantes coincidiendo con las municipales- colocó a 470 personas con puestos eventuales y en 2008 en vísperas de las autonómicas -a otros 490, pese al endeudamiento de la institución provincial, del 110%, que rozaba ya entonces el límite legal.

El PSdeG denunció hace apenas un par de meses la política de contrataciones de Baltar ante la Fiscalía provincial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Aún no ha tenido respuesta.

Los socialistas acusan al presidente de la Diputación de los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en relación con la contratación "a dedo" de en torno a 200 personas en los meses anteriores al congreso provincial del PP que puso a su hijo José Manuel, el teniente de alcalde de Esgos, al frente del partido en la provincia.

La denuncia no preocupa al presidente. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", espetó a modo de respuesta a la iniciativa judicial del PSdeG precisando de inmediato: "Si hay alguna irregularidad en las contrataciones, ya la corregiremos".

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los demandantes un escrito informando de que no es el órgano competente para investigar la denuncia considerando la naturaleza de la misma, por lo que la remite a la Fiscalía de la Audiencia provincial.

Ésta tiene un plazo de seis meses para llevar a cabo su investigación y determinar si hay indicios delictivos antes de informar a las partes.

Mientras tanto, familias, en algunos casos casi completas, de las localidades de Folgoso y As Vendas que han vendido sus parcelas, mantienen sus empleos en el organismo provincial.

En junio de 2008, el gobierno local de Esgos presidido por el cuñado y el hijo de José Luis Baltar, clasificó, con los únicos votos favorables del PP, la mayor parte de las fincas rústicas del presidente de la Diputación como área de expansión del núcleo rural de As Vendas. También concedió la clasificación de suelo rústico de protección de infraestructuras derivadas de la política energética a los terrenos en los que el barón ourensano pensaba instalar una central fotovoltaica.




* El País - 1.11.10
Foto: Ourense, Diputación - farodevigo

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La corrupción se beneficia de una Justicia ineficaz y lenta

PÚBLICO* : Los expertos ven en la falta de pulso del sistema judicial una traba para indagar delitos tan complejos. Antonio Pedreira, el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene en sus manos el último informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Fundescam. En él, el ministerio público observa indicios de financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003, el año del tamayazo, y de 2004, turno de los comicios generales y europeos. Pudo cometerse falsedad documental y también delito electoral, pero ambos, asegura Anticorrupción, "se encontrarían prescritos".

Ese informe, como adelantó este diario la semana pasada, decía algo más. Puede hablarse de prescripción de tales delitos, "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas". Es decir, que las indagaciones acerca de la financiación del PP madrileño, presidido desde 2004 por Esperanza Aguirre, podrían no haber concluido. Bien porque podría haber delitos cometidos en fechas posteriores, o bien porque los hubiese conectados con los de 2003 y 2004 y aún no estuviesen caducados. Al menos esa es la interpretación del PSOE, personado en la causa.

El galimatías legal hilvana varias preguntas. ¿Para qué sirve la prescripción? ¿Vencen todos los delitos? ¿Las prácticas corruptas están suficientemente castigadas? Y, al final, ¿existe la sensación de impunidad?

Público ha recabado las opiniones de cinco expertos. Y la primera coincidencia es que la lentitud de la maquinaria judicial, a la que ayuda una obsoleta Ley de Enjuiciamiento Criminal, con 128 años de vida, dificulta a veces la investigación rápida de casos como los de corrupción, especialmente complejos.

1. Prescripción, ¿para qué? Una cautela universal

"A todos los delitos y todas las penas se les acaban las pilas, todos prescriben. Ocurre en España y en todos los países democráticos", ilustra Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. Y es así por razones de seguridad jurídica: un ciudadano no puede temer ser perseguido por tiempo ilimitado. También porque con el paso del tiempo, la valoración del caso cambia y pueden faltar datos para una correcta instrucción. "No olvidemos que la pena cumple la función de rehabilitación recuerda José María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. Si hay investigación fuera de plazo, el presunto delincuente puede haberse reintegrado ya en la sociedad".

Sólo hay dos circunstancias en las que los delitos jamás prescriben: en los casos de genocidio y los que atentan contra personas y bienes en situación de guerra. La última reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 23 de diciembre, introduce una tercera excepción: las penas impuestas por terrorismo, y sólo si hay muertos.
2. ¿Qué diferencias hay? De 20 años a sólo 12 meses

La prescripción se liga a la gravedad del delito. Por ejemplo, un asesinato, castigado con hasta 25 años de prisión, prescribe 20 años después de su comisión. A partir de ahí, la escala va bajando, hasta llegar a las injurias y calumnias: un año.

La presunta falsedad documental en el caso Fundescam habría prescrito a los tres años. Sin embargo, la reforma del Código Penal de 2010 elimina los supuestos de caducidad a los 36 meses y alza el listón a cinco años, justo para evitar la "impunidad" en los casos de urbanismo, dice la ley.

Cuando concurren varios delitos, se tiene en cuenta para computar los plazos el más reciente y el que conlleva una pena mayor. Son estos supuestos a los que podría apuntar Anticorrupción para poder seguir investigando el caso Fundescam.

Pero ¿cómo se hacen los cálculos? Una vez que se presenta una querella ante el juez contra una persona por su participación en un delito, se suspende el tiempo de la prescripción. José María Asencio defiende que se estiren los tiempos para los delitos de corrupción, ya que los cometen cargos públicos que aprovechan su puesto para "impedir la investigación". Y cuando esta llega, puede ocurrir que la fase policial se alargue tanto que al final venzan los plazos.
3. ¿Y la corrupción? España, a la altura

La mayoría de expertos entiende que los castigos en España son "suficientes". Sólo Asencio propone una regulación autónoma para la corrupción, ya que hoy el Código Penal no recoge el delito de corrupción, sino una serie de conductas que se rotulan como tales: malversación, cohecho, prevaricación...

"El problema no es la pena o la prescripción sostiene Queralt, sino que hace falta más músculo del Estado: autoridades de investigación potentes e independientes, con medios y equipos. También se precisan políticas preventivas o reforzar la cooperación internacional. Y se requiere que los cargos públicos interioricen que manejan un dinero que no es suyo. Fiarlo todo a las leyes es ilusorio e ineficaz". Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Penal de la UNED, apunta a "los partidos". "La Administración quizá debiera madurar más y no estar tan controlada por los políticos", razona.

Juan Carlos Carbonell, penalista de la Universitat de València, no cree que haya que culpar por igual a las fuerzas políticas. "Todas las reformas aprobadas para perseguir más la corrupción no han venido con el PP en el Gobierno. Es evidente que el electorado de izquierdas no tolera estos casos". Queralt subraya asimismo los "esfuerzos" del PSOE, aunque "ningún Ejecutivo se apunta a un festival de mejoras".
4. ¿Qué soluciones existen? Un sistema que nutre la impunidad

"La Justicia penal es propensa a la tardanza. Pero con esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, no se puede hacer nada", comenta de-salentado Fernando González Montes, catedrático de Procesal en Granada. El Gobierno, de hecho, ya prepara una nueva norma. "Sólo así se plasmará una Justicia rápida, moderna", añade. El profesor propone extender la mediación entre las partes para los delitos menos graves. Y, si se quiere que el ministerio público asuma la instrucción, "habrá que conferirle más autonomía".

Carbonell insiste igualmente en la necesidad de una nueva ley y sí apuesta por que los fiscales y no los jueces instruyan. "Habría unidad de criterio y no se perdería tanto tiempo en las inhibiciones de un juzgado a otro, como se ha visto con la Gürtel y el trajín entre el tribunal valenciano y el madrileño".

¿Cuál es la conclusión? "No hay interés en modificar una situación que favorece la corrupción y fomenta la impunidad", señala rotundo Asencio. Para González Montes, "una Justicia lenta es una Justicia mala, ineficaz e injusta". "Todo lo que haga que la Justicia no funcione con rapidez es malo, claro", aduce Rodríguez Ramos. Queralt incide en la idea de "más músculo". No es baladí: "La corrupción es un enemigo muy potente, con tentáculos por todos lados. Y muy sofisticado".




* Público - 2.11.10
Foto: Expedientes amontonados en 2008 en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en el paseo de Lluís Companys - publico



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Sta.Lucía.- El juez abre el procesamiento de Matos

CANARIAS7* : El Juzgado nº4 de San Bartolomé de Tirajana ha terminado las diligencias previas del caso Palmera y acuerda mantener imputados al alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, y al ex edil de Urbanismo, Antonio Ruiz, por los presuntos delitos de abuso en el ejercicio de la función pública y prevaricación. También imputa a dos empresarios locales. La operación Palmera, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística vinculada a la instalación y puesta en marcha de un parque eólico en la zona de Vecindario, sigue en pie, con cuatro imputados y el sobreseimiento provisional de otras cuatro personas.

Según el auto, que lleva fecha 22 de octubre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, ha acordado la terminación de las diligencias previas de la operación Palmera y rechazado el sobreseimiento libre y archivo de la causa que habían solicitado el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos Pérez; el ex concejal de Urbanismo, Antonio Miguel Ruiz; y los administradores de Inmuebles Comerciales La Mareta, SL, Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez.
Ahora las diligencias previas son trasladadas al Ministerio Fiscal y a la acusación popular personada, a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias que se consideren imprescindibles para formular la acusación.
Los hechos investigados se remontan al año 2004. En esa fecha el Ayuntamiento de Santa Lucía decidió presentarse al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias y como no contaba con suelo suficiente para que su propuesta prosperase, «ideó con esa finalidad la adquisición de parcelas que colindasen con las municipales». El Ayuntamiento era propietario de tres parcelas y decidió adquirir otras tres.
El auto judicial señala que el alcalde y el ex edil se reunieron con los empresarios ahora imputados y los ponen al corriente del proyecto, por lo que llevan a cabo una operación de compra de parcelas, pagando más del doble de precio mercado (600.012 euros) por una finca de dos hectáreas, sin que el dueño conociese el proyecto. La entidad permutaba esa parcela a cambio del 9% del parque eólico, unos 3,5 millones de euros.




* Canarias 7 - 1.11.10
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es

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Almanzora.- Más de mil propietarios de viviendas de una urbanización podrían perder su casa

ELALMERÍA* : Más de mil compradores de viviendas en la urbanización Almanzora Country Club, en el municipio de Cuevas del Almanzora, podrían verse seriamente perjudicados ante la posibilidad de quedarse sin vivienda y sin las cantidades de dinero entregadas a cuenta que, según fuentes consultadas por Diario de Almería, podrían sumar algo más de cien millones de euros. La Fiscalía acusa de un delito contra la Ordenación del Territorio a Alfonso García Gabarrón, administrador de Easur, S.L.; Antonio Subiela Hernández, ex administrador de Huma Mediterráneo, S.L.; Carlos Parras Martínez, representante de Ferrovial Agromán; Juan José Parrilla Cánovas, ex Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y ex Consejero de la Comunidad Autónoma de Murcia; y a los arquitectos Diego García Sánchez, Enrique Domingo Pérez, José Francisco Bernal Alarcón, Trinitario Garcerán.

De otro lado el Fiscal considera responsables alegadas a las sociedades Easur, S.L., titular registral del suelo y promotora; a Huma Mediterráneo, S.L., en calidad de promotora; y a Ferrovial Agromán, S.A., como constructora. En su escrito, la Fiscalía señala la comisión de un delito al construirse 300 viviendas, entre los meses de abril y octubre del año 2005, en suelo no urbanizable, sin Licencia de Obras, con 1.794 viviendas proyectadas en primera fase, en el paraje conocido como Llanos de Jordana, término municipal de Cuevas del Almanzora, que no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística del municipio cuevano. En base a ello, pide para los acusados un año de prisión, multa e inhabilitación. Así mismo, solicita la demolición de lo construido a costa de los acusados y sociedades solidariamente.

En el transcurso de la próxima celebración del juicio oral en la Sala de lo Penal número 1 de Almería, correspondiente al Procedimiento Abreviado 248/09 pendiente de un recurso de apelación, y si no hay dilación jurídica alguna, el Fiscal intentará impedir que los acusados se escuden en la ignorancia de la calificación del suelo, ni en la posibilidad de poder obtener Licencia Municipal de Obras, entre otros motivos porque, según el Fiscal, todos ellos y sus sociedades se dedican a la construcción por lo que es materialmente imposible que no conocieran las normas urbanísticas aplicables del municipio en el que proyectaban la urbanización Almanzora Country Club.

A los afectados británicos les ha resultado extraño, sin embargo, que la Fiscalía no les haya efectuado el ofrecimiento de ejercitar actuaciones. La mayoría de los afectados que han recurrido a los tribunales contra la empresa promotora Huma Mediterráneo, S.L., lo han hecho por la vía civil al ignorar que hubieran podido personarse en el procedimiento penal.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Juan José Pérez, explicaba a Diario de Almería que "nosotros paralizamos las obras en su momento, lo mismo que hizo la Junta de Andalucía, y a partir de ahí no sabemos qué sucederá aunque parece ser que es posible arreglar este asunto sin que los propietarios salgan perjudicados. Ya digo, creo que hay posibilidades, pero no puedo asegurar nada en este sentido". La última palabra la tiene el Juzgado número 1 de lo Penal de Almería.




* El Almería - 31.10.10
Foto: La Urbanización Almazora Country Club - elalmeria

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"¡Qué suerte, solo perdí mi piso!"

ELPAÍS/Madrid* : Cientos de inmigrantes 'pelean' con los bancos para que el embargo de la vivienda sea suficiente para liquidar las hipotecas. Carlos Carrillo, colombiano, tuvo suerte. Se quedó sin su piso de Alcalá de Henares. Cerró sus dos tiendas de alimentación. No tenía dinero. Pero canceló su deuda de 260.000 euros con el banco. Dejó las llaves de la casa en la oficina y se marchó. Limpio. "Conseguí negociar eso porque si hubiese tenido que pagar el valor entero de la casa hubiese sido imposible. Tuve suerte con mi banco". El sueño de una propiedad inmobiliaria le duró algo más de dos años. La entidad financiera se conformó. No le exigió pagar la diferencia entre la subasta del inmueble y el valor de la deuda.

Exactamente, lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió para sus nacionales hace dos semanas. Sin éxito hasta la fecha.

Un reciente estudio de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos desvela que en Madrid solo un tercio de los inmigrantes está al día en el pago de sus préstamos. Y que un 10% de los hipotecados ya está en el pantanoso territorio judicial. Cerca de 9.000 inmigrantes de toda España, pero el grueso de Madrid, según datos de Aesco (América España Solidaridad y Comunicación), intentan negociar con los bancos. Las principales nacionalidades en la Comunidad, ecuatorianos, rumanos, bolivianos, colombianos, marroquíes o paraguayos tienen centenares de casos. Aunque hay muchos más españoles en dificultades. Los extranjeros solo suponen cerca de un 20% de los casos.

María alquila kameras. Esto es, habitaciones. Rumana, de 32 años, y residente en Alcalá es la única fórmula que ha encontrado para hacer frente a sus deudas. Pero ella paga. "¡Voy al mes a mes, hombre!". Aunque tenga que encadenar la limpieza de tres casas diarias, cuatro horas por hogar, seis días a la semana. También la boliviana Lidia Villanueva, de 57 años, consigue afrontar su cuota gracias a las tareas domésticas en casa ajena. Se compró un bonito piso en Móstoles en 2006. Se empeñó. "Lo hicieron todo los asesores y los agentes inmobiliarios", explica. Quería tener algo para dejarles a sus seis hijos, "cuando fuéramos viejitos".

Y, precisamente por eso, su truco fue exigirles a los cuatro mayores que pagaran por sus habitaciones. "Es como si los tuviera de alquiler, pero es para ellos, para que tengan algo", recalca, mientras apunta que la manera de afrontar las adversidades de las familias bolivianas "es actuar como una piña". Una piña que suele incluir a la madre, a sus hijos y algo menos al padre. "Las mujeres suelen tirar de la economía familiar", sostiene una voluntaria social que prefiere no dar su nombre para "que no se enfaden los chicos". El marido de Lidia está en paro. Nunca fue partidario de comprar el piso. Lidia asiste a las reuniones semanales de Acobe (Asociación de Cooperación Bolivia España) y allí aprende "muchísimas cositas para ahorrar dinero y recibir ayuda de los demás". Acobe afirma que está gestionando el retorno de 50 bolivianos al mes a su país. Y es que las asociaciones de inmigrantes están sirviendo de diván colectivo ante el problema hipotecario. Ninguna da dinero, pero todas han creado foros de ayuda solidaria y asesorías jurídicas que se colapsan con "el tema hipotecas".

La principal asociación implicada en el problema de los créditos es Aesco. Hasta el punto de que, según afirma Miguel Fajardo, su jefe de servicios jurídicos, se ha convertido en la única institución que ha tenido una interlocución directa con los bancos "para negociar". Una reunión que tuvo lugar tras algunas manifestaciones de miles de personas frente a las puertas de las entidades financieras.

Su actividad ha sido tan intensa que Fajardo asegura que "desde los servicios sociales nos derivan casos de españoles, ¡y eso que somos una asociación de inmigrantes!". El abogado asegura que el problema "no es marginal" y que está creando "un colapso en los juzgados porque es una avalancha la de casos que hay". Piden que todos los casos se zanjen como el de Carrillo. Lo comido, por lo servido. Pero las instituciones bancarias prefieren negociar caso a caso.

"Los bancos hicieron el tema de los avales cruzados y eso ha generado un verdadero problema", sostiene Fajardo. Esto consiste en que para conseguir la hipoteca necesitabas el aval de la propiedad de un compatriota, que a su vez había conseguido la suya gracias al aval de la tuya. Un lío. Pero un enredo que se ha convertido en un dominó de tragedias cruzadas.

Bradi Martinescu, rumano que trabajaba en el sector de la construcción, intuyó el desastre. Prefirió vender antes "que quedarme cada vez más ahogado". Martinescu profesa la religión adventista. "Nos ayudamos mucho. A los que no tienen trabajo les damos comida y cosas", explica. Pero nunca dinero. Y eso, dinero, es lo que le hacía falta. Cobraba 900 euros de paro y pagaba 1.200 de letra mensual. "Imposible", resume. En agosto de 2009 consiguió vender su casa. "Era muy bonita y estaba toda reformada por mí", se lamenta. No ganó nada de dinero y "además tuve que mandar todos los muebles a Rumanía". Ahora vive de alquiler. Un compatriota que tampoco puede pagar la hipoteca es quien le arrienda la vivienda.

Los inmigrantes marroquíes no accedieron al mercado inmobiliario en masa. Pero sí lo hicieron algunos. Aizl Hassane, de la asociación Arabi, conoce bastantes casos. Vinieron a pedir ayuda. "La mayoría renegoció las condiciones y amplió años. Pero muchos de ellos directamente devolvieron las llaves al banco y punto". Pero ese es precisamente el "punto" al que los bancos no están dispuestos a llegar en muchos de los casos.

Erik Játiva, ecuatoriano de 32 años, diseñador gráfico, tiene esposa y dos hijas. Vive en una casa del barrio de La Elipa que hipotéticamente fue suya desde 2003. La hipótesis era que podría devolverle al banco en 30 años un préstamo de 250.000 euros. En 2009 se quedó en paro, dejó de pagar la letra del piso y el banco acabó apropiándoselo. Así que en la práctica, siete años después, Játiva y su familia viven en una casa del barrio de La Elipa de la que van a ser desalojados.

Este diseñador, que tiene nacionalidad española, es una víctima de los embargos con iniciativa. Tiene planeada una solución elemental para cuando lo echen del piso: "Seguir trabajando

[ha vuelto a encontrar empleo] y alquilar un piso", pero su empeño ideal es promover que en España haya leyes rigurosas que regulen las condiciones para pedir un crédito, es decir, que un banco no tenga derecho a venderle una moto a un cliente que no pueda pagarla y que el cliente no tenga derecho a subirse a ella. Por eso participó en julio de 2008 (cuando empezó a hervir la crisis económica) en la creación en Madrid de la página web Ahorcados por la Hipoteca, ahora denominada, más suavemente, Afectados por la Hipoteca, aunque la soga siga apretando igual.

En dos años el sitio digital, abierto a quien quiera explicar su situación o pedir consejo, ha reunido a 3.000 familias de toda España, según Játiva; un 70% inmigrantes, la mayoría latinas y rumanas. La asociación les da información sobre su situación y los pone en contacto con abogados que los asesoran gratis.

En perspectiva, mirando atrás y adelante del problema, Játiva afirma que el objetivo debe ser evitar que en un futuro vuelva a haber otra lluvia de hipotecas sin garantías de pago y reparte las culpas de lo que ya no tiene arreglo: los miles de embargos y deudas insostenibles que ha dejado entre los ciudadanos la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera. "Los bancos han dado préstamos para comprar casas con precios inflados a gente que no podía pagarlas, pero también es cierto que esta gente es la que finalmente se sentó en una notaría a firmar el trato", dice Játiva.

La compra de pisos entre inmigrantes, sin embargo, no fue un cúmulo de decisiones alocadas, según el diseñador ecuatoriano. Explica que en la década que acaba no ha sido fácil para los extranjeros alquilar pisos en buenas condiciones ("pocos caseros confiaban en los extranjeros", asegura Játiva) y que además el coste mensual de una hipoteca era similar al de la renta de un piso. De ahí, en su opinión, que muchas familias inmigrantes con ingresos modestos se comprasen una vivienda.




* El País - 1.11.10
Foto: Lidia Villanueva, boliviana que paga la hipoteca gracias a la participación de sus hijos mayores.- elpais

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Alicante.- Un imperio de 1.000 millones

INFORMACIÓN* : El constructor Enrique Ortiz, uno de los principales imputados del caso Brugal, logró multiplicar por cinco el activo de sus empresas entre los años 2003 y 2008. Pocas compañías han conocido un crecimiento tan espectacular como el registrado por el Grupo Cívica entre los años 2003 y 2008. En apenas un lustro, las empresas de uno de los principales imputados en el "caso Brugal", Enrique Ortiz, multiplicaron por cinco su volumen de activos al pasar de 194,3 millones de euros a más de 1.035 millones, unas cifras más propias de las denominadas compañías "punto.com" que de una empresa de la economía tradicional.

Sin embargo, como queda claro en las cuentas consolidadas que el grupo ha depositado en el Registro Mercantil hasta la fecha, el crecimiento de Cívica se debe a las concesiones que ha logrado en este tiempo, a las numerosas uniones temporales de empresas (UTE) -más de 30- que ha formalizado para optar a concursos públicos y, sobre todo, a la enorme cantidad de solares y terrenos que ha logrado acumular, precisamente uno de los motivos por los que se le está investigando.
En este sentido, mientras que en el año 2003 Ortiz declaraba la posesión de terrenos por valor de 76,4 millones de euros, apenas cinco años después la cifra ascendía a más de 541 millones de euros, más de 90.000 millones de las antiguas pesetas. Aunque la evolución ha sido prácticamente constante, el mayor salto se dio entre los años 2005 y 2006, cuando Cívica incorporó 370 millones de euros en suelo.
Las fechas coinciden con la adjudicación al empresario, en abril de 2005, del Plan Rabasa, un macroproyecto que comprende la construcción de 13.500 viviendas sobre una superficie de más de cuatro millones de metros cuadrados en la ciudad de Alicante. También fue en 2006 cuando el constructor se adjudicó casi 140.000 metros de suelo junto al parque temático Terra Mítica, por los que pagó unos 85 millones de euros.
En Benidorm, Ortiz también figura como urbanizador del polémico PAI de Armanello, de más de 600.000 metros, que acabará con el último rincón de huerta de este municipio. Otro de sus macroproyectos pendientes es un PAI en la localidad valenciana de Manises, donde se prevén otras 10.000 viviendas.
Así, no es de extrañar que sólo un 15,3% del suelo que posee sean solares urbanos, mientras que el 79,3% son terrenos declarados urbanizables pero todavía por acondicionar, como sería el caso de los citados PAI. Otro 5,4% corresponde a suelo rústico.

El negocio está en lo público
La cifra de negocio del Grupo Cívica muestra varias oscilaciones a lo largo del citado periodo, propio de una empresa que depende de las adjudicaciones y de una actividad cíclica como la construcción. Así, de los 165 millones de euros que declara en 2003 pasa a solo 92,3 millones al año siguiente. Posteriormente la cifra va aumentando hasta alcanzar los 216 millones en 2007, para de nuevo caer a 142 millones en 2008. En 2009 la empresa asegura haber facturado más de 2o0 millones, aunque estas cuentas aún no están depositadas en el Registro Mercantil por lo que todavía no son oficiales ni hay detalles de ellas.
Lo que no varía es la tendencia a que el sector público aporte cada vez un mayor porcentaje de esta facturación. En el 2003 los clientes privados sumaron más del 80% de los ingresos netos del entonces todavía Grupo Ortiz, una situación que cambió radicalmente en los siguientes ejercicios. La cifra cayó al 61% en 2004 y al 29% un año más tarde. En el 2006 los "clientes públicos" ya generaban tres de cada cuatro euros que entraban en caja. Desafortunadamente, la firma dejó de incluir esta distinción en sus cuentas anuales consolidadas a partir del año 2007.
Para lograr las adjudicaciones, Enrique Ortiz no tiene empacho en aliarse con quien sea necesario y cada vez son más las uniones temporales de empresas (UTE) en las que el grupo está implicado. En el último periodo con datos ya eran 32. Estas alianzas le han permitido estar en muchas de las grandes obras de la Comunidad, sobre todo aquellas que dependen del Consell.
Así, ha participado en la construcción de los nuevos hospitales de Elche y Torrevieja; en la estación del Tram de Luceros y en la línea 2 de este mismo servicio; también forma parte de la UTE que realizó la línea 3 del Metro de Valencia o en la edificación de varios equipamientos en Ciudad de la Luz.

Intereses en Ibiza y Murcia
Fuera de la Comunidad, el empresario alicantino ha conseguido mediante estas uniones la concesión de la autopista Ibiza-San Antonio y algunos tramos del tranvía de Murcia, otro de los asuntos que ahora le está provocando dolor de cabeza, ya que diversas conversaciones contenidas en el sumario del caso Brugal cuestionan esta adjudicación.
Precisamente, otra forma de asegurar ingresos que ha encontrado Enrique Ortiz son las concesiones de servicios, que ha incrementado de siete a once. El grupo ya gestiona de forma directa o indirecta seis párkings en Alicante, San Vicente, Alcoy o Valencia. Otra de sus inversiones más rentable es su participación en Inusa, la compañía que se encarga de la recogida y el tratamiento de la basura en la capital de la provincia. También construyó y ahora explota por este sistema la estación de autobuses de Benidorm e incluso participa, aunque con sólo un 5% del capital, en la gestión del anteriormente citado nuevo hospital de Torrevieja.
En suma, la gestión de diversos servicios le reportaron 47 de los 142 millones que facturó en 2008. Sus negocios a través de UTE supusieron otros 60,6 millones, otras actividades de construcción 32,4 y la venta de promociones sólo 1,3 millones.

Una deuda también en aumento
El tremendo ritmo de expansión que ha experimentado el volumen de activos del Grupo Cívica durante los últimos años también ha tenido un importante precio que pagar: un nivel de endeudamiento que asustaría a más de un empresario pero que Enrique Ortiz parece sobrellevar con bastante tranquilidad. En el año 2003 el entonces Grupo Ortiz disfrutaba de una situación casi idílica. Con una facturación de 165 millones de euros y unas existencias de 97 millones, apenas debía a los bancos 18 millones de euros. Entonces empezaron las compras masivas de suelo y Enrique Ortiz tuvo que recurrir a nuevos y mucho más cuantiosos préstamos, una estrategia, por cierto, bastante generalizada en el sector.
Así se llegó a 2008, cuando la situación era muy distinta. Los activos superaban los 1.000 millones de euros pero la deuda acumulada rozaba los 624 millones de euros (104.000 millones de pesetas). De este total, unos 252,6 eran préstamos a corto plazo mientras que la mayoría, unos 371 millones de euros, eran créditos a más largo plazo, según consta en las cuentas anuales que la propia compañía entregó al Registro Mercantil, tal y como marca la legislación vigente.
En cualquier caso, el grupo siguió declarando unos beneficios de más de 5,2 millones de euros ese mismo año. En los últimos seis ejercicios las ganancias del Grupo Cívica superaron los 64 millones de euros, siendo 2007, con 17,4 millones, el año con mejores resultados hasta la fecha.




* Información - 31.10.10
Foto: Terrenos en los que se construirá el Plan Rabasa. información

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Las alcantarillas del sistema

JUAN RAMÓN GIL* : Si nos pusiéramos en plan marxista, diríamos que un fantasma recorre (o mejor, estremece) Alicante, desde que el pasado lunes comenzaran a circular los 18.000 folios que faltaban por conocer de la instrucción del llamado caso Brugal. Políticos, empresarios, funcionarios, técnicos y buscavidas aparecen retratados en esas páginas, fruto de una de las secuencias de escuchas telefónicas más amplias de la reciente historia, como habitantes de un renovado patio de Monipodio donde los intereses generales se mezclan sin solución de continuidad con los particulares, hasta hacer que estos últimos primen sobre los primeros. Escribí aquí, en el artículo titulado "El lamentable estado de la Comunidad", que en esta tierra se estaba produciendo no sólo una quiebra económica o política, sino sobre todo social y moral. No ha pasado siquiera un mes desde que hiciera esa afirmación y el sumario ha venido a confirmarla con nombres, apellidos y conversaciones grabadas. Al menos en lo que toca a las relaciones entre políticos y adjudicatarios, Alicante parece Marbella y, la Comunidad, la Italia de Berlusconi. ¿Hay peores ejemplos a los que recurrir?

Digamos antes que nada que, a los ojos de un lego, el sumario del caso Brugal es, o lo parece, un ponzoñoso saco sin fondo, en el que cabe todo. La investigación policial, en muchos de los apartados, deduce más que constata. Y la argumentación fiscal, en más de una ocasión, eleva sin más las deducciones a la categoría de conclusiones. En asunto tan complejo y delicado, donde lo que se persigue es una inmensa maraña de tráfico de influencias y corrupción, no parece justificable, por otra parte, que no se investigue el supuesto error que ha llevado a que el sumario, cuando aún debía ser secreto, se haya repartido a diestro y siniestro, en una acción indiscriminada que sólo puede beneficiar a los presuntos malos, a los que se regala munición para el contraataque y los recursos, mientras se perjudica la reputación de otros aludidos que, con un buen filtrado, habrían quedado exentos de verse en los papeles por no tener nada que ver sus actuaciones con las irregularidades que se indagan. Sin entender de procedimientos, y a riesgo por tanto de sostener algún dislate jurídico, tampoco se acaba de comprender que no haya habido ni más detenciones ni más registros, ni más actuaciones ni más resoluciones, que las que se produjeron a principios de verano, cuando en ese sumario constan acusaciones gravísimas contra muchas más personas de las que entonces fueron arrestadas por la Policía. El juicio ha salido de los juzgados para instalarse en la calle, sin que los fiscales hayan mostrado interés por conocer cómo ha podido ocurrir algo así.
Cabría, por tanto, pedir tanta urgencia en las actuaciones judiciales como un asunto de la trascendencia, la envergadura y la capacidad de generar alarma social como éste tiene, sobre todo coincidiendo como coincide con una larguísima campaña electoral que ya se sabía que iba a ser la más sucia de todas. Pero, entre tanto, toca también exigir explicaciones y transparencia a los representantes de la Administración que se ven comprometidos en esas conversaciones. Porque las explicaciones no tienen que ver con el procedimiento judicial, sino con la esencia de la democracia. Y los poderes públicos están obligados en todo momento a darlas, cosa que no está ocurriendo en absoluto. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hicieron y por qué lo hicieron quienes aparecen en esas cintas traficando con información reservada. Y tienen derecho a saberlo antes de ir, el próximo mes de mayo, a votar. En una de las conversaciones más vergonzosas de las que figuran en el sumario, el entonces alcalde y hoy diputado Luis Díaz Alperi llamaba al constructor Enrique Ortiz y le ordenaba organizar una fiesta en su yate en las mismas fechas en las que el Tribunal Superior de Justicia había archivado, en 24 horas, las denuncias de irregularidades en la concesión de aparcamientos por parte del Ayuntamiento al dueño del Hércules. Y, ante las dudas del propio Ortiz de que aquello fuera conveniente por si alguien se enteraba, Alperi contestaba con un explícito "me la suda". A él, puede. Pero a los ciudadanos, los saqueados si los amaños que se citan en el sumario se demostraran, no.
Entre los cientos de nombres que han aparecido hasta aquí hay hermanos de importantes consellers haciendo gala de su capacidad de conocer al detalle y por adelantado los procesos de contratación de obras de los departamentos que sus familiares dirigían. Incluso un conseller que llama a Ortiz, el omnipresente Ortiz, para adelantarle una adjudicación, en un tono de compadreo ridículo que acaba con un "te quiero" que inevitablemente lleva a recordar el "amiguito del alma" de Camps a El Bigotes del otro gran sumario pendiente en la Comunidad, el de Gürtel. Pero el presidente de la Generalitat no ha abierto investigación alguna, ni ha ofrecido razón a los ciudadanos de lo que hacen los miembros de su gobierno, pese a que ése es su primer deber. El Consell y el PP se han limitado, como siempre, a atacar a la Policía y los fiscales. Y a Rubalcaba.
Lo mismo ocurre con la alcaldesa de Alicante. Ha negado, pero no ha explicado. Ha admitido, con pasmosa tranquilidad, que se fue de vacaciones pagadas con Ortiz en su yate, que más que un barco era un centro de negocios, una agencia de viajes, un restaurante de cinco tenedores, un club social y un hotel de lujo. Algo parecido le costó en Galicia al gobierno del PSG y el Bloc una durísima descalificación del PP y la derrota en las urnas, pero en este caso Sonia Castedo, como tampoco en su día Ripoll, ni siquiera ha sido capaz de reconocer que cometió un error y pedir perdón por ello. Al contrario, Castedo ha afrontado la parte que le toca del caso Brugal como si de una fase más de la campaña electoral se tratara, cuando lo que le corresponde es explicar por qué se reunía, siguiendo las órdenes de Alperi, con un constructor en pleno proceso de elaboración del PGOU, y si es cierto o no, como sostienen la Policía y el fiscal, que le transfería información sobre el planeamiento que debía ser secreta y que le permitía comprar y vender sabiendo qué solares iban a revalorizarse y cuáles perderían precio. O por qué se reunía con él el redactor del Plan y se traficaba con planos. O qué papel ha jugado en todo esto el despacho de Urbanismo que su hermano y el ex concejal Javier Gutiérrez abrieron coincidiendo con su ascenso político, desde un gabinete de Prensa hasta la concejalía de mayor peso en el ayuntamiento, primero, y la alcaldía, después. Decir que nada de lo que Ortiz quería lo obtuvo cuando ya fue alcaldesa no le exime de dar cuentas de lo que hizo siendo concejal. Porque si no lo aclara de forma aceptable ahora debería irse pero, en todo caso, y de no hacerlo, será siempre una política bajo sospecha, como lo fue durante todo su mandato -y el sumario ahora certifica que razones había para ello- su antecesor al frente del ayuntamiento.
Si algo ponen en evidencia los sumarios Brugal y Gürtel es hasta qué punto está ya viciado el sistema político y económico en la Comunidad Valenciana. Qué alto grado de compadreo y qué sensación absoluta de impunidad han presidido las relaciones entre políticos y empresarios. No se trata de éste o de aquel, aunque la responsabilidad individual de cada cual no puede ser exonerada sin más: es el propio sistema el que está corrompido. Y cuando eso ocurre, son los ciudadanos los que sufren la estafa y las sociedades enteras las que se empobrecen. Tenemos todo para ser una de las comunidades más ricas, pero somos la que más debe. Gürtel y Brugal explican la contradicción.


* Levante - Opinión - 31.10.10


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