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ELPAÍS* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa.
Según fuentes cercanas a las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.
El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones. Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management.
Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales.
El más destacado de los nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey). El Albondiguilla está imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero como su sucesor.
Siguero pudo incurrir, entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414 habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en empresas corruptas, Antoine Sánchez.
Antes de implicar en el caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción.
La información en poder de la policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a él] más a él que a mí", dijo.
Siguero ocupaba el puesto número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez. Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su hombre de confianza. Ya no.
González Panero explicó a EL PAÍS que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC
[implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".
Las acusaciones de Panero contra su sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía.
La trama Gürtel en Madrid
- Solo en su variante de Madrid, la trama Gürtel tiene 65 personas implicadas. En la lista se hallan, entre los cargos del PP más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
- También se hallan salpicados en Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el sustituto de este último, Juan Jesús Siguero, más otra veintena de personas, entre altos funcionarios del Gobierno de Aguirre y directivos de empresas privadas que trapicheaban con la red.
- El escándalo (con ramificaciones en Granada, Valencia y Castilla y León) también ha afectado al ex senador y ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús Merino, así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Iglesias; al presidente de Valencia, Francisco Camps; y a varios consejeros de su Gobierno.
* ELPAIS.com - 21.06.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
La policía implica a otras 20 personas en la trama Gürtel en Madrid
A la banca se le atraganta el ‘ladrillo’: las deudas no bajan de 323.000 millones de euros
ELCONFIDENCIAL* : El lento proceso de desapalancamiento de la economía española tienes sus límites. En particular en el ‘ladrillo’, donde las deudas no bajan un ápice. Hasta el punto de que durante el primer trimestre de este año el endeudamiento del sector inmobiliario -sin incluir la construcción- se sitúa en 322.874 millones de euros, apenas 110 millones de euros menos que en el trimestre anterior. Si la comparación se hace respecto del primer trimestre del año pasado, el resultado es, igualmente, desalentador. La exposición al riego inmobiliario del sector financiero (bancos y cajas) sólo se ha reducido en 1.348 millones de euros en doce meses, apenas el 0,3% del endeudamiento.
La explicación de este fenómeno tiene que ver, lógicamente, con la incapacidad del sector para devolver sus deudas por el insuficiente aumento de sus rentas, pero también con el hecho de que para no caer es situación de morosidad la banca permite a las inmobiliarias devolver sólo intereses, pero no capital, lo que impide que baje su nivel de endeudamiento. Bancos y cajas prefieren este escenario antes que provocar una suspensión de pagos de sus deudores, lo que les obligaría a provisionar los impagos como fallidos.
Como reconoce el propio Banco de España en su último informe anual, la corrección realizada hasta el momento en las ratios de endeudamiento del sector privado “ha sido limitada”, incluso cuando se descuenta el efecto coyuntural que ha tenido sobre esas ratios la recesión de 2009. Es evidente, continúa, “que un creciente dinamismo de las rentas de los hogares y de las sociedades contribuiría positivamente a mitigar el efecto contractivo de este factor sobre la demanda y la oferta de crédito”. O lo que es lo mismo, hasta que los agentes económicos no puedan devolver sus créditos, no fluirá normalmente el dinero.
La conclusión es evidente. El crédito al ‘ladrillo’ no cede. En términos relativos, incluso, ha aumentado, ya que el racionamiento de los préstamos para actividades productivas continúa. Hoy hay menos crédito destinado a financiar actividades productivas que hace un año., lo que se explica en buena medida por el elevadísimo endeudamiento de las empresas. Mientras que las sociedades no financieras españolas adeudan nada menos que el 720% de su excedente bruto de explotación (ebe), la media en la Unión Europea es del 530%, y del 400% en las empresas estadounidenses. En el caso de las inmobiliarias, las cifras son verdaderamente espectaculares. El endeudamiento representa nada menos que el 1.500% del resultado económico bruto (reb), el doble que en el año 2000 y un 50% más que en la media de la UE.
Monocultivo del ‘ladrillo’
Los datos más recientes del Banco de España reflejan, en concreto, que el 32,8% del crédito a actividades productivas (incluyendo todos los sectores) se ha destinado al inmobiliario, cuando hace justamente un año este porcentaje se situaba en el 31,8%. Es decir, que la exposición al ‘ladrillo’ no sólo no ha bajado sino que, por el contrario, sigue creciendo. En concreto, un punto porcentual. Pero mientras tanto, la morosidad en el ‘ladrillo’ continúa escalando y ya representa el 10,8% del crédito total, el doble que en el conjunto del sector privado.
La situación es tan singular que desde el primer trimestre del año 2008 (al comienzo de la crisis) el endeudamiento inmobiliario ha crecido en algo más de 11.000 millones de euros (ha pasado de 311.272 millones a 322.674 millones), lo que da idea de la incapacidad del sector para pagar sus deudas. Para entender bien este problema hay que tener en cuenta que en 2004 las deudas del sector inmobiliario eran equivalentes a 55.031 millones de euros, seis veces menos que en la actualidad.
Las deudas del ‘ladrillo’ con la banca son incluso mayores si se incluyen el sector de la construcción, pero en ese caso hay una diferencia. Las constructoras, aunque sea lentamente, sí están desapalancándose. Es decir, están devolviendo las deudas. Los datos del primer trimestre de este año indican, en concreto, que deben actualmente a bancos y cajas 126.374 millones de euros, algo más de 17.100 millones menos que hace un año. Es decir, que el endeudamiento decrece a un ritmo de casi el 9%.
Los datos del Banco de España indican, por lo tanto, que el ‘ladrillo’, incluyendo inmobiliarias y construcción, debe a las entidades financieras nada menos que 449.248 millones de euros. O lo que es lo mismo, una cantidad equivalente al 45% del producto interior bruto. O dicho en otros términos, 45 de cada 100 euros que han prestado bancos y cajas de ahorros (985.097 millones de euros) se han destinado al ‘ladrillo’.
Este monocultivo del sector financiero en la construcción contrasta, por ejemplo, con el dinero prestado a la industria, que apenas representa el 15% del crédito destinado a financiar actividades productivas. De hecho, el ‘ladrillo ha consumido tanto crédito como la industria, el comercio (incluidas las reparaciones), el turismo y el transporte (incluido el almacenamiento) juntos, lo que da idea del ‘enladrillamiento’ a que se ha sometido a la economía nacional.
* El Confidencial - 21.06.10
Foto: Gráfico endeudamiento sociedades 'Ladrillo' - cotizalia.com
"Si lo sé, no compro"
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ELPAÍS/Reportaje* : Se han publicitado como lujosas urbanizaciones, en algunos casos recubiertas de materiales que para si quisieran jeques y marajás. Pero nada más poner sus pies en el interior, sus compradores se topan con la cruda realidad: las casas de ensueño semejan más un trabajo de los protagonistas de la popular tira cómica Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. El caso más llamativo de este abismal contraste entre la arcádica oferta de las inmobiliarias y el estado real del acabado de las fincas ha saltado en Benidorm: los propietarios de la lujosa Torre Lugano (42 plantas) han presentado una demanda contra el promotor en la que reclaman una indemnización de 28 millones de euros por defectos en los acabados y deficiencias en servicios básicos.
El cúmulo de desperfectos en los pisos y la interminable lista de carencias en las zonas comunes de las torres de apartamentos y urbanizaciones ha desencadenado una catarata de denuncias por parte de los compradores contra los promotores. Más escasas son las demandas de éstos contra los constructores, pero también las hay.
En el fondo de estas quejas de los usuarios subyace el urbanismo salvaje, caracterizado por fáciles recalificaciones de suelo y las aceleradas ejecuciones de obra para dar salida a la pujante demanda de hasta hace apenas dos años. Este argumento se justifica en la estadística de reclamaciones de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana- UCE sobre la evolución de reclamaciones tramitadas por el organismo entre 2004 y 2009: 4.216 el primer año y sólo 1.972 en 2009. El primer motivo de las reclamaciones de los usuarios son desperfectos en los suelos y azulejos, seguido por defectos en puertas y ventanas, pintura y filtraciones de agua.
La urbanización Dénia Plaza, en Dénia, es un calco de Torre Lugano. Algunos de los compradores de las 292 viviendas, han terminado colgando carteles en los balcones con leyendas como Si lo sé, no compro que pretenden indicar la supuesta estafa del promotor, la empresa Luz Bulevar. Hasta abrieron un foro en la red para estar en contacto. Uno de ellos relató que al final "conseguí que me pintasen y arreglasen las paredes de medio piso, me pintasen la barandilla, me arreglasen una fuga en la instalación de calefacción provocada por un clavo que atravesaba el tubo, aparte de mil tonterías como rotos de la piedra del lavabo, bañera, rejuntar piedras y barandillas de las terrazas, arreglar persianas y cerraduras de la menorquina de la terraza". Sin embargo, otro de los compradores los considera problemas particulares que no afectan a todos los vecinos, aunque abre otro frente, la morosidad del promotor. "A la promotora le quedan la mitad de los pisos sin vender y al no poder hacer frente a los gastos de comunidad acumulan una deuda de 115.000 euros, lo que nos ha obligado al resto de propietarios a hacer una derrama extraordinaria y a incrementar la cuota un 30%", comenta, recordando que han tenido que acudir al juzgado a reclamar el débito.
Un importante administrador de fincas de Benidorm que prefiere mantener el anonimato reconoce que "en los últimos años han crecido considerablemente las reclamaciones de los compradores", producto de la utilización "de mano de obra poco cualificada", pero también del "todo vale en el que se instalaron algunos promotores mirando sólo su propio beneficio".
Más grave todavía es la realidad que viven en la urbanización de adosados San Rafael Sol, entre L'Alfàs del Pi y La Nucia, de 40 viviendas. Construida sobre una ladera, el relleno va cediendo con las lluvias y está todo agrietado. La comunidad de propietarios acabó llevando al juzgado al promotor-constructor, que fue condenado en primera instancia a reparar la totalidad de los desperfectos aparecidos. Recurrió y finalmente deberá solucionar los daños generales, pero no los particulares. Aún así, tiene que afrontar obras de subsanación por importe de 300.000 euros. Nuria García vive allí desde hace cuatro años sin dar crédito. "Tenemos hasta moho en el garaje porque el agua se filtra por el relleno, remueve toda la estructura y se nos han resquebrajado hasta las escaleras", comenta angustiada de pensar que "cedió una valla y arrastró a una niña que acabó cayendo por un desnivel de casi tres metros".
En La Cala de La Vila Joiosa, la comunidad de propietarios del edificio Torre Maestral ha conseguido llegar a un acuerdo con el promotor para que resuelva los numerosos desperfectos del exterior del edificio. El importe de las obras en marcha supera el millón de euros.
En la playa de Piles (La Safor), los propietarios de la promoción Aguazul recuperaron en el juzgado lo que habían invertido en la reparación del edificio recién estrenado denunciando al promotor, finalmente condenado a pagar los casi 300.000 euros que reclamaban los compradores de los cerca de 50 apartamentos del bloque.
El abogado Jorge Bolás Alfonso, especializado en defender a las comunidades de propietarios, habla de dos fenómenos sucesivos, el que comporta la crisis del sector, "que provoca que el promotor para vender tenga que rebajar los precios y, con ello, las calidades sobre la marcha, modificando a la baja el proyecto original sin contar con quienes ya habían comprado sobre el plano" y el posterior, que pasa "por las reparaciones urgentes que tienen que costear los propietarios para poder vivir sin sobresaltos en su vivienda" una vez han obtenido la cédula de habitabilidad.
No todas las comunidades se atreven a acudir al juzgado para exigir sus derechos, aunque la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) sólo da dos años para reclamar desde que aparece el vicio en la construcción. Además, en muchas promociones construidas los últimos años, el promotor es "el principal propietario porque no ha vendido ni la mitad de las viviendas y bloquea la toma de decisiones en las asambleas de propietarios".
Bolás, autor del libro Viviendas de protección y rehabilitación de viviendas (Ed. Tirant lo Blanch) es el abogado que defiende a la comunidad de propietarios de Torre Lugano en Benidorm, un rascacielos de 148 metros y 204 viviendas. Han presentado la mayor demanda de estas características en la historia del urbanismo valenciano, reclamando 28,2 millones de euros por la diferencia entre la memoria de calidades original y la obra finalmente entregada. Denuncian que en vez enlucir la fachada con cemento blanco, el rascacielos está pintado de blanco o que no existe el ascensor panorámico proyectado, lo que permitió al promotor ganar espacio y construir más viviendas. "Claro que ha influido la crisis, pero casi tan importante ha sido la voracidad de los promotores", afirma Bolás. Y advierte irónicamente del cuidado que deben tener los compradores con la empresa constructora, "porque tienden a desaparecer tras concluir la obra".
Al margen de la estadística de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, hay otra entidad, en este caso pública, la Sindicatura de Greuges, que certifica la magnitud de los problemas con los que los usuarios de la vivienda se encuentra cuando pasan el umbral de las casas. El organismo es testigo del malestar de los compradores a través del aluvión de quejas que recibe en materia de urbanismo. La institución que preside José Cholbi carece de una estadística concreta de las quejas por desperfectos, ya que se agrupan en epígrafe de Urbanismo. Pero las referencias a este problema en la última memoria del Síndic son profusas y contundentes: "La crisis económica ha dificultado la conclusión de obras de urbanización por parte de algunos urbanizadores, las cuales no pueden ser recepcionadas por el Ayuntamiento al no haberse realizado correctamente, encontrándose los vecinos en una auténtica situación de desesperación e indefensión que les impide disfrutar de una vivienda digna", recoge el documento.
* ELPAIS.com - 20.06.10
Foto: Benidorm, torre Lugano destaca sobre el resto de construcciones - construarea.com
Ibiza.- Tres millones de euros para expropiar la manzana más degradada de sa Penya
DIARIODEIBIZA* : La junta rectora del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad aprobó, en la reunión que celebró el viernes, habilitar una partida de cerca de tres millones de euros para financiar expropiaciones en la unidad de actuación Alta-Retiro (UA27), que es la manzana más degradada del barrio de sa Penya. Se trata de la actuación «más ambiciosa» planteada por el Consistorio en esa zona –según un comunicado de prensa remitido ayer– pues está prevista la rehabilitación de 30 viviendas en pésimo estado en las que se han detectado los principales problemas de «tráfico de drogas y de marginalidad de la población». En su lugar se construirán 14 viviendas de promoción municipal.
La concejalía de Vivienda y Núcleo Histórico ha realizado una valoración aproximada de toda la manzana y ahora tasará cada vivienda afectada para concretar cuánto costará llevar a cabo toda la operación. Previamente, los técnicos municipales inspeccionaron los inmuebles afectados para conocer cuáles son sus características reales, pues en algunos casos existen divergencias respecto a la información catastral.
Además, el Ayuntamiento ha realizado una «minuciosa búsqueda que ha permitido localizar a todos los propietarios» de los inmuebles para notificarles la expropiación.
El próximo paso se dará en el pleno ordinario que se celebrará a finales de este mes, en el que se aprobará de forma definitiva la relación de bienes que se expropiarán. Después deberá ser aprobado –primero por el Consistorio y después por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciothupa)– el proyecto de tasación conjunta, en el que se reflejará el valor de cada una de las viviendas. El objetivo del Ayuntamiento es que antes de que concluya esta legislatura, en la primavera de 2011, la unidad de actuación UA27 sea de propiedad municipal.
La junta rectora también dio luz verde a una partida para financiar las expropiaciones que se han de llevar a cabo para construir el centro cívico del barrio. En el próximo pleno también se aprobará la expropiación de bienes y derechos de las seis fincas afectadas, valorada en 413.000 euros. La junta dio además su visto bueno al proyecto de remodelación del pavimento y las redes de servicios de la calle Emili Pou y a los proyectos de las obras para instalar los contenedores de reciclaje en sa Penya.
Marc Costa, concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, considera que las obras de construcción del centro polivalente y la plaza de sa Pedrera avanzan a buen ritmo y su finalización está prevista para finales de año. También asegura que están prácticamente acabadas las cuatro viviendas de protección oficial que se construyen al lado.
413.000 € en expropiaciones para construir el centro cívico
El próximo pleno de Vila aprobará la expropiación de seis fincas afectadas por la construcción del centro cívico. El valor total asciende a 413.000 euros.
* Diario de Ibiza - 20.06.10
Foto: La zona que será expropiada aparece sombreada. D.I.
C.Valenciana.- Los planes generales de 94 municipios proyectan construir 870.734 viviendas
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LEVANTE* : Noventa y cuatro municipios de la Comunitat Valenciana han aprobado, o tienen en tramitación, planes generales municipales que prevén la construcción de 870.734 viviendas. De este total, 152.628 ya son definitivas y 718.106 aún provisionales. Esta apabullante cifra se desvela en un estudio elaborado por el catedrático del departamento de Geografía de la Universitat de València, Eugenio Burriel, y publicado en Documents d'anàlisi geogràfica, la revista científica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La cifra desvela una previsión inquietante. En sólo 94 municipios de las 542 poblaciones valencianas se proyectan más viviendas que las 713.214 que se construyeron entre 1996 y 2006 en la Comunitat Valenciana. Unos datos que "ponen en evidencia la desmesura de la oferta residencial pretendida. Las consecuencias de estos planes tan expansivos van a ser graves, incluso en el probable supuesto de que la actual crisis paralice o retrase mucho su ejecución", señala Burriel. Porque a las 870.734 que promueven sólo 94 municipios habría que añadir las que impulsan los 448 restantes. Las cifras que se pueden alcanzar marean. "¿Alguien ha hecho esta suma", se pregunta Burriel, ex conseller responsable de Urbanismo, quien lamenta en su artículo que "la política territorial autonómica no haya puesto límites efectivos a estos crecimientos sino que, además, los ha favorecido". Por ello, defiende que la oferta residencial no se puede seguir determinando exclusivamente por el planeamiento urbanístico municipal, sino dentro de unos límites establecidos en un marco urbanístico supramunicipal que es competencia autonómica ineludible".
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, cuyo documento definitivo está en información pública, intenta acotar estas propuestas desmesuradas. "Pero nadie se ha atrevido aún a advertir a todos estos municipios de la desmesura de su crecimiento ni a poner límite a los crecimientos que se han planificado en los últimos años", asegura el catedrático de geografía.
Oscurantismo en la estadística
El oscurantismo que existe en la estadística urbanística juega a favor de la desmesura. "Resulta imposible conocer el montante de las propuestas urbanísticas municipales para el conjunto de la Comunitat Valenciana. La opacidad estadística en relación con el planeamiento urbanístico es total: desde 1998 no se publica la relación de planes generales municipales aprobados ni su número anual, ni un resumen de sus parámetros básicos. Tampoco hay información autonómica de los conciertos previos". Para su análisis, Burriel tuvo que realizar una árdua tarea. A partir de las informaciones publicadas en Levante-EMV, el diario Información, la edición de El País en la Comunitat Valenciana y Mediterráneo de Castelló, ha confirmado en cada ayuntamiento (directamente o en la información que ofrecen en la web) las propuestas urbanísticas que impulsan para la próxima década.
De 87 poblaciones que tramitaba un nuevo plan general pudo obtener datos "completos y fiables de 52 municipios valencianos que plantean incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir 718.000 nuevas viviendas para dos millones de nuevos residentes lo que supone multiplicar por 3,1 las viviendas actuales, por 3,7 el suelo urbanizado y por 5,1 los residentes", concluye. (Ver la tabla que acompaña esta información). Burriel destaca que municipios "de más de 20.000 habitantes como Cullera, El Campello, Catarroja, Requena o Burriana están impulsando propuestas urbanísticas enormes que, como mínimo, duplicarían sus viviendas actuales, el suelo ocupado y triplicarían sus habitantes". Aunque "más exagerados" son los crecimientos urbanísticos propuestos por los municipios menores de 1.000 habitantes como Cabanes, Benisuera, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera o Xert que tramitan planes de dimensiones increíbles cuyos desarrollo multiplicaría viviendas, población o suelo por más de 25".
Pero nadie se atreve a encontrar un término medio entre la "desmesura de las pretensiones municipales" y la "pasividad autonómica" pese a que las consecuencias a medio y largo plazo son: "un enorme impacto ambiental y altísimo consumo de recursos escasos (suelo, agua, energía), fortísimo impacto sobre el paisaje, imposibilidad de aportar las infraestructuras y los servicios públicos necesarios para atender tal volumen residencial", señala el catedrático de Geografía.
* Levante-emv - 21.06.10
Foto: Imagen de Bétera (el Camp del Túria). El Plan General se publicó en el DOCV en 2000, con 7.773 viviendas prevé 11.880 nuevas.- mrw-fotografía aérea, levante-emv.com
La Xunta legaliza 11 chalés de Viveiro con orden de demolición
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ELPAÍS/Lugo* : Fue uno de esos acuerdos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia -sin detenerse mucho- en la rueda de prensa posterior a sus reuniones de Gobierno y por los que los periodistas no puede preguntar, porque -a diferencia de lo que sucedía con Emilio Pérez Touriño y con Manuel Fraga- los medios solo reciben por escrito los acuerdos del Consello cuando ya ha concluido la comparecencia del presidente. Esa fórmula permite a Feijóo obviar preguntas incómodas sobre cualquier medida impopular que avale su Ejecutivo.
Como el pasado 3 de junio, cuando él mismo pasó de puntillas sobre el decreto que la Xunta aprobó ese día para modificar la ordenación urbanística del Ayuntamiento de Viveiro. Feijóo despachó el asunto en medio minuto, alegó que el acuerdo busca profundizar en la "colaboración institucional" y anunció siete "matizaciones" al decreto del bipartito para adaptar las normas urbanísticas de este municipio de A Mariña a la legislación actual.
Pero el documento aprobado por la Xunta a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, corrige algo más que matices a la norma que el bipartito dictó para suspender las vetustas normas subsidiarias que guiaban el urbanismo en la localidad lucense. Según figura en la norma publicada el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de Galicia, uno de los artículos del decreto servirá para legalizar 11 chalés unifamiliares construidos sobre un suelo que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, calificó como rústico y por tanto vedado a las viviendas unifamiliares.
El bipartito determinó que, como las fincas tenían la calificación de urbanizables en las normas subsidiarias que quedaron suspendidas, desde ese momento pasaban a ser consideradas suelo rústico. Y siguiendo ese criterio, meses después dictó órdenes de demolición contra esas 11 edificaciones, seis de las cuales son propiedad de particulares, además de una urbanización de cinco chalés promovida por la constructora Cathering Viveiro en el lugar de Aguadoce.
La decisión del bipartito chocó ya entonces con el criterio del alcalde Viveiro, el socialista Melchor Roel, que había concedido siete licencias para edificar los chalés en esa zona del municipio. Las diferencias entre el departamento que dirigía María José Caride y el regidor socialista acabaron en el juzgado de lo contencioso, que ahora debe fallar sobre la legalidad de aquellos permisos municipales. Son los tribunales los que deberán dirimir después de que los propietarios de las casas recurrieran las órdenes de demolición.
La consellería de Hernández, que apoya su decisión sobre un acuerdo previo de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, rectifica ahora a sus antecesores, para colocarse del lado del alcalde de Viveiro. El artículo octavo de su decreto, que sustituye al que el bipartito aprobó en junio de 2006, otorga la calificación de núcleos rurales a esos suelos antes delimitados como rústicos y que desde el pasado 11 de junio pasan a incluirse dentro de la ordenanza.
El cambio es sustancial, puesto que la Xunta sigue siendo parte en el conflicto que debe dirimir el juez. De hecho, hasta ahora defendía la legalidad de las órdenes de demolición dictadas durante la legislatura anterior. Una posición incompatible con la decisión política de legalizar las construcciones. La exposición de motivos de la norma publicada en el DOG la pasada semana argumenta que el nuevo texto pretende "enmendar una serie de anomalías, defectos y dificultades detectadas a la hora de aplicar el decreto hasta la entrada en vigor del futuro plan general", para el que todavía no hay fecha.
Barreiros, a la espera
La legalización de estos chalés coincide en el tiempo con el polémico convenio de Barreiros mediante el que la Xunta pretende dar cobertura al urbanismo de este municipio lucense a través de un plan de incidencia supramunicipal y con una inversión de siete millones de euros de fondos públicos.
El acuerdo a tres bandas ha sido ratificado por la Consellería de Medio Ambiente, por el alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga -a quien un fiscal ha denunciado por prevaricación precisamente por avalar licencias para edificar más de 3.000 pisos en suelo urbano no consolidado- y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro. A pesar de haber aprobado el convenio, sin los votos de los diputados nacionalistas, esta última institución todavía no lo ha devuelto a la Xunta. Fruto del acuerdo, la Diputación de Lugo tendría que aportar 1,2 millones de euros en Barreiros, una cantidad idéntica a la que la Xunta le acaba de transferir para financiar distintas obras en Viveiro.
El grupo parlamentario del PSdeG, lleva más de un mes solicitando que la Xunta le presente el informe de la Asesoría Xurídica que da soporte legal a este convenio en Barreiros.
* ELPAIS.com - 20.06.10
Foto: Chalés legalizados por la Xunta en el lugar de Augadoce, en Viveiro.- XOSÉ MARRA, elpais.com
El Cabanyal: reflexiones en el fragor de la batalla
MIGUEL MARTÍNEZ* : ¿Puede tener éxito la defensa del barrio del Cabanyal frente al Plan que lo amenaza? Omitiré aquí los detalles técnicos y legales de la situación para concentrarme en las cuestiones más controvertidas que enfrentan colectivos vecinales como la plataforma Salvem el Cabanyal (SEC). Más allá de la solidaridad con esa plataforma, pretendo sólo sugerir algunas reflexiones en tanto que observador lejano de esa lucha ciudadana con más de 12 años de trayectoria. Quiero decir, ante todo, que considero que ya han sido todo un éxito esa persistencia en la denuncia y en la resistencia social durante tanto tiempo, el aprendizaje de movilización y auto-organización conseguidos, y el valiente reto al autoritarismo político y al urbanismo especulativo. Sin embargo, la batalla final aún puede perderse, y eso merece seguir preguntándose al respecto de todos los elementos significativos en juego y seguir explorando las estrategias de acción para avanzar en la defensa del barrio.
En junio de 2010 se puede contemplar ya la desolación de numerosos edificios derribados, los solares con o sin tapias, el estado ruinoso de cada vez más edificaciones, y las abundantes infraviviendas. Los últimos derribos de abril, acompañados de una durísima represión policial, reavivaron las actividades y la proyección pública de la plataforma. Pero en los balcones del barrio se pueden ver también banderas de distinto signo: por un lado, las más numerosas, las distribuidas por SEC con el lema Rehabilitació sense destrucció (Rehabilitación sin destrucción); por otro lado, las que han repartido las bases del PP con el lema Si volem (Sí queremos [la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez]); un tercer tipo son las diseñadas para desplegarse en cualquier punto de la ciudad en contra del Plan: Cabanyal, t’estime, sencer i viu; Cabanyal, te quiero entero y vivo), pero también lucidas en muchas viviendas del barrio por personas que no se identifican plenamente con SEC. A veces, coinciden los tres tipos de enseñas en el mismo edificio y sus moradores se niegan la palabra al cruzarse.
Esa batalla simbólica es sólo la extensión de una más general librada en los medios de comunicación de masas en la que SEC recibe constantemente acusaciones, sobre todo de la alcaldesa del PP, de ser una minoría en el barrio y un conjunto de especuladores, radicales, violentos e insolidarios con el interés general de la ciudad, sólo apoyados por el PSOE y, además, por motivos electorales. Independientemente de su falsedad, que casi nadie se molesta en verificar, dichos discursos tienen efectos demoledores: una gran parte de la ciudadanía de Valencia no conoce ni visita el barrio, teme por su seguridad en caso de internarse en él y disuade a terceros de lo mismo, a la vez que relega el conflicto a algo intrascendente y partidista. ¿Cómo contrarrestar, pues, esos discursos deslegitimadores de la racionalidad de la lucha vecinal? ¿No son suficientemente “racionales” para la opinión pública las órdenes del Ministerio de Cultura y del Tribunal Constitucional paralizando los derribos? ¿No lo son tampoco los escritos de urbanistas y expertos de toda índole que claman por la conservación de ese conjunto histórico? ¿Acaso, a ojos de la mayoría indiferente, no está todo litigio entre racionalidades teñido por un trasfondo de desavenencias políticas y nadie se cree nada pero deja hacer y deshacer a las autoridades locales lo que les plazca?
Algunos artistas hacen fiestas en los solares o los decoran con alusiones a las torres que se construirán a su vera. Otros prefieren pintar los edificios amenazados por la piqueta para llamar la atención sobre la irrepetible calidad de lo que se va a derruir. Sin embargo, el estigma de peligrosidad del barrio se difunde a más velocidad y llega a más gente sustentando a esa mayoría conformista que no se indignará la próxima vez que lleguen las excavadoras al barrio. El reto de SEC para mostrar públicamente que son mayoría, que tienen el respaldo de numerosos colectivos y organizaciones sociales y que están aportando algo positivo para toda la ciudad (un barrio habitable y diverso, “pintoresco” y con una estructura urbana valiosa y consolidada, accesible al mar sin necesidad de utilizar el coche, etc.) pasaría, pues, por abrir las puertas simbólicas del barrio (la iniciativa Portes Obertes va en ese sentido pero, quizá, demasiado restringida al público vinculado al arte). Ante los embates constantes que sufren, su réplica en términos de mensajes y discursos “positivos” no puede quedarse atrás. En todo caso, ¿no precisan todavía mostrar toda esa racionalidad también a sus vecinos más próximos: a aquellos absentistas (quienes mantienen sus viviendas vacías y abandonadas), a quienes sólo tienen tiempo de sobrevivir en la precariedad, incluso a quienes aceptan las prebendas municipales (aire acondicionado en los comercios, ayudas a la dependencia para algunas familias cuyo expediente estaba hasta entonces paralizado, inmunidad policial para quienes viven de tejemanejes y trapicheos, etc.) a cambio de exhibir el si volem?
Asociaciones vecinales de otras ciudades también están visitando el Cabanyal en solidaridad con SEC. El reconocimiento en la prensa estatal (El País y Público, sobre todo) e internacional (Le Figaro, por ejemplo) ha contribuido, por su parte, a crear una opinión pública favorable a la defensa del barrio. No obstante, en algún momento será necesario elevar el reto simbólico a la prepotencia del consistorio con alguna campaña estratégicamente ponderada: ¿un referéndum? ¿mensajes reversivos (por ejemplo, “si volem un barri sencer i viu” o “yo, Rita, también sé ceder para que ganemos todos”)? ¿paseos guiados por el barrio? Y seguir explotando la indignación pública ante la reciente brutalidad policial, pero también ante el acoso policial que sufren en silencio muchos vecinos de forma cotidiana y el “gueto vigilado” del mercado de droga que esa misma policía ha acotado dentro del barrio con el fin de reincidir en el estigma y en la supuesta necesidad del negocio de una regeneración urbana trufada de demoliciones y reconstrucciones.
Por otra parte, los acciones discursivas no tiene por qué disociarse de otras prácticas organizativas, movilizadoras y de denuncia. Al contrario, parece más eficaz que se refuercen mutuamente. Algunas entidades públicas y privadas están realojando en el barrio a familias pobres como “solución temporal”. El Ayuntamiento y la empresa Cabanyal 2010 S.A. también ceden en usufructo o por alquileres muy bajos algunas de las viviendas que han adquirido en la zona más afectada por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y del boulevard de San Pedro. Estiman que sus desalojos no serán problemáticos en el momento de proceder a los derribos puesto que los moradores les deben “un favor”. Mientras, se opondrán a las protestas de SEC. Otros muchos casos —por ejemplo, respecto a calificaciones legales y esclarecimientos patrimoniales en distintos edificios y parcelas— obligan a SEC a redoblar sus esfuerzos por todos los puntos de conflicto que proliferan en el barrio. Las huelgas de hambre y las manifestaciones de la plataforma, por su lado, han sido replicadas por partidos políticos de extrema derecha que utilizan mensajes similares y recorren el barrio bajo la autorización irresponsable de la Delegación del Gobierno. ¿Qué más se puede hacer? ¿Barricadas, desobediencia civil, planes urbanísticos alternativos? ¿Sólo campañas de sensibilización?
Desde luego, hacer todo aquello que tenga fuerza simbólica y sensibilizadora parece positivo para esta lucha. Pero, en definitiva, ¿no es más eficaz ocupar, construir, urbanizar, y, en consecuencia, auto-planificar el barrio de un modo verdaderamente participativo y respetuoso con los legados urbanos merecedores de preservación? En este sentido son especialmente relevantes las ricas iniciativas de okupación (política) de viviendas y centros sociales desarrolladas en este barrio que habitualmente han unido sus fuerzas a SEC y que ahora convocan sus propias asambleas vecinales, pero que además muestran de forma práctica cómo rehabilitar los edificios, habitarlos de forma autogestionada y comunitaria, y revitalizar las relaciones sociales entre distintos residentes. Posiblemente se trata de un caso único por su magnitud, duración y calado. Profundizar en esa alianza virtuosa, no obstante, plantea otras tantas cuestiones de diferencias culturales o ideológicas semejantes a las que SEC tiene con otros colectivos, aunque la experiencia pasada ya ha allanado buena parte del camino. ¿Y no es acaso también constructivo promover iniciativas de autoempleo, instituciones de debate y redes de cooperación en una comunidad sometida a agresiones regulares por todos sus flancos? ¿En qué medida podrían frenar los planes de destrucción si permanece la exclusión de la propiedad inmobiliaria (mientras la estrategia municipal sea la de evitar la expropiación forzosa)? ¿No se estarán plantando las semillas de una futura elitización del barrio, se consume o no la parte más destructiva del PEPRI, en cuanto que sólo atañan a la población con más recursos de la zona (profesionales, artistas, trabajadores estables, comerciantes, estudiantes universitarios, etc.)? ¿Qué se puede hacer para garantizar con equidad el derecho a una vivienda digna en el barrio para todos los sectores sociales? ¿Y cómo diseñar y mejorar colectivamente los espacios públicos?
Como se puede apreciar, el conflicto social del Cabanyal involucra una elevada complejidad de colectivos sociales, relaciones entre ellos, dilemas estratégicos e inciertos escenarios futuros. Las preocupaciones mostradas más arriba no indican ninguna prescripción sino sólo elementos que, a nuestro entender, no deberían olvidar los activistas de SEC en su elogioso trabajo de protestas, análisis y propuestas. Como iniciativa autónoma de participación ciudadana es en su seno, con las ayudas ajenas que necesiten y acepten, donde se digieren las preguntas, se toman las decisiones y se adquieren los compromisos. La batalla no está del todo perdida. Como apunta un cartel en la sede del SEC, el Matadero: “porque aún no estamos condenados”. Que se dirima hacia uno u otro lado de la balanza puede depender de factores estructurales ajenos al vecindario (la crisis económica que no le proporcione financiación privada suficiente al Plan Especial de Protección y Reforma Interior, PEPRI, por ejemplo, o los cambios de gobernantes en las distintas instancias del Estado), pero el poder popular que se ha desencadenado tiene aún cierto espacio propio para incidir en el resultado. Y el conocimiento generado desde ahí ya es una ganancia indeleble para los movimientos urbanos.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Cabanyal-reflexiones-en-el.html
* Miguel Martínez, profesor de Sociología de la UCM
* Rebelión - 20.06.10
