Ecologistas en Acción* : "Los ecosistemas costeros se encuentran en la actualidad en una situación muy delicada. Las diferentes agresiones, problemáticas y disfunciones en el funcionamiento de sus estructuras tróficas se van reproduciendo y extendiendo a lo largo de las diferentes franjas costeras del Estado español. Al igual que ocurre con los grupos de células tumorales, en la metástasis, que se diseminan por el cuerpo y se alojan en lugares distintos a aquél en el que se originó el tumor cancerígeno. La metástasis se caracteriza por un crecimiento desorbitado, desproporcionado, en todas las direcciones y a gran velocidad. Las diferentes problemáticas o células tumorales presentes en la costa y que ocasionan un grave daño en el equilibrio de los ecosistemas litorales y de los recursos que ofrece para el ser humano son: la ocupación masiva de la franja costera (nuevas residenciales, complejos turísticos, ...)...
... la interrupción o modificación de la dinámica litoral y sedimentaria, lo que desconfigura la costa y agrava el problema de erosión costera (diques, escolleras, puertos, paseos marítimos...); la artificialización de suelo para la creación de nuevos asentamientos, nuevas infraestructuras de transporte, o para la agricultura intensiva; el despilfarro de recursos naturales consumidos por la población, sobre todo agua y suelo; la degradación de hábitats y parajes naturales de alto valor ecológico y de interés para actividades humanas como la pesca; ... Todas estas problemáticas nos están dejando la costa cada vez más desconfigurada, con una pérdida de paisaje sin precedentes y con graves problemas a solucionar, como pueden ser la erosión costera, la eutrofización de aguas, la decadencia de la actividad pesquera, la aparición de plagas, o la pérdida de identidad de los pueblos costeros.
Buen ejemplo de la evolución metastásica de los problemas en la costa es el problema urbanístico asociado al desarrollo turístico residencial. Originalmente este modelo se asentó en la Costa del Sol y la franja levantina lo que nos ha dejado algunas zonas en una situación dramática, como la Bandera Negra otorgada al municipio de Marbella, provincia de Málaga, donde encontramos el 100% de la costa ocupada. Pues bien, este modelo turístico residencial de muy escasa calidad turística y con graves consecuencias socioambientales se está expandiendo aceleradamente en los últimos años llegando a colonizar zonas en las que estas células tumorales antes no se habían visto representadas. Este es el caso de la costa gallega, costa en la que en los próximos 10 años se prevee la ocupación de 22 millones de metros cuadrados y en la que se proyectan 800.000 nuevas viviendas. También es el caso del Concejo de Llanes, en Asturias, donde el que el Plan de Gestión y Ordenación Urbana, PGOU, contempla la construcción de 15.000 viviendas en un concejo con 13.212 habitantes. El PGOU ha sido denunciado por numerosas irregularidades y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en abril de 2007, aunque la sentencia ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Llanes.
La evolución metastásica costera también es la proliferación de puertos deportivos, infraestructuras que tienen graves efectos nocivos sobre la salud de los ecosistemas colindantes y que ocasionan serios problemas erosivos sobre la costa y desconfiguran su fisiografía. Este modelo ha tenido su principal esplendor en la costa catalana, donde el nuevo plan de puertos no ayuda nada a solucionar el grave problema de erosión y pérdida de arena en sus playas, ya que se prevee la habilitación de 6.000 nuevos amarres. Este modelo de creación de nuevas infraestructuras portuarias vuelve a reproducirse en la franja Cantábrica, como es el caso de la construcción del nuevo puerto deportivo de Laredo, Cantabria, cuyas obras han comenzado con el relleno de la zona de plataforma de abrasión del Canto de Laredo. El nuevo puerto tendrá una capacidad de 1.095 embarcaciones, 240 plazas de aparcamiento, y englobará una zona deportiva de 113.000 metros cuadrados y una zona pesquera de 79.000 metros cuadrados. Esta obra supone un grave impacto paisajístico, ya que la construcción de este puerto supone una profunda modificación en el entorno de la playa de la Salvé y una pérdida importante de naturalidad de la misma debido a la localización y a las dimensiones del nuevo puerto.
Otro buen ejemplo es la amenaza de los paseos marítimos, los cuáles crean una barrera artificial en la primera línea de costa que deja las playas totalmente al descubierto frente a los temporales y que aumenta el poder erosivo del oleaje incidente en la costa. Este modelo se instauró en un inicio, de nuevo, en la costa levantina y la Costa de Sol, pero se ha exportado a lugares del Cantábrico, como Asturias o Galicia, donde la Dirección General Costas va a invertir 10 millones de euros en estas infraestructuras.
El alto grado de incumplimiento de la Ley de Costas es otro síntoma de la metástasis costera. Una ley que se redactó con el teórico objetivo de garantizar a toda la ciudadanía el uso y disfrute de un bien común, la costa y su entorno. Pero, a día de hoy, no está siendo todo lo eficiente que debiera como reflejamos en este informe, ya que detectamos infracciones de particulares, promotores privados y de todas las administraciones representadas en la franja litoral. Los casos más descarados son la invasión de la Servidumbre de Tránsito en La Manga del Mar Menor (Murcia) y la recalificación de 5.000.000 de metros cuadrados de dominio Público Marítimo Terrestre en la zona de las Aletas, Bahía de Cádiz, mediante un convenio con fines especulativos entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente.
Otro problema metastásico son los vertidos que llegan al mar por diferentes fuentes, problema especialmente sensible en zonas con poca circulación de agua, como puede ser el Mediterráneo en general y la laguna del Mar Menor en particular. Estos vertidos ocasionan problemas locales de eutrofización de aguas. En cuanto a problemáticas por contaminación industrial queremos reflejar en este resumen los diversos episodios de contaminación encontrados en las Ría de Suances y en la Ría del Carmen, Cantabria, donde estos vertidos ha ocasionado problemas muy graves sobre la pesca de la zona, reduciéndose esta actividad notablemente. Sobre la depuración de aguas residuales urbanas hay que denuciar en voz alta que a día 12 de julio de 2007, la totalidad de las comunidades autonómicas costeras presentan graves deficiencias en el sistema de depuración y saneamiento de sus aguas. Este problema se ve agravado por la fuerte presión y desarrollo inmobiliario en esta franja.
Hay que recordarle a las administraciones que deben cumplir la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, aprobada en el lejano mayo de 199. Esta directiva urge a los estados miembros a tomar las medidas para lograr que todas las aguas residuales sean adecuadamente recogidas y sometidas a tratamientos antes de ser vertidas. Además marca diversos objetivos, dependiendo del tamaño de las poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005. Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: en primer lugar, las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales; y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas.
El Real Decreto Ley 11/1995 sobre Tratamiento de aguas residuales urbanas del 28 de diciembre adaptó a nuestro derecho interno la Directiva 91/271/CEE. Aunque es verdad que el plazo para el cumplimiento de este objetivo se sitúa en el año 2015.
Ante el grave estado en el que se encuentran los ecosistemas litorales, la esquilmación y deterioro de los recursos reinantes en la franja costera, el grave incumplimiento de las diferentes normativas y el continuo avance de las diferentes problemáticas a otros puntos de la costa, Ecologistas en Acción solicita que se tomen medidas de urgencia por parte de las diferentes administraciones para frenar así el "proceso de metástasis costera":
* Una moratoria urbanística en el litoral hasta que se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del territorio, analizando verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles. Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de tener una evaluación por parte de la administración ambiental mucho más rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para los promotores en un trámite o papeleo más.
* Moratoria de nuevos puertos deportivos hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de las administraciones con competencia en la materia, especialmente la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejería con materias en Medio Ambiente de las Comunidad Autónoma, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, Cofradías de Pescadores, asociaciones ecologistas, etc. Que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, deseche definitivamente la realización de actuaciones de gran impacto ambiental a corto y largo plazo y de gran impacto económico a largo plazo. Este es el caso de la instalación de paseos marítimos y de obras de regeneraciones de playas.
* En relación y como alternativa a la medida anterior propuesta. Solicitamos que se elaboren planes para el abandono y retroceso de las principales infraestructuras presentes en la costa. El principal problema que nos encontramos en la gestión costera es el de la erosión de la misma y el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático, por ello Ecologistas en Acción considera que debería ser una prioridad de las administraciones planificar e iniciar la retirada ordenada de estas zonas sensibles. En términos económicos esta actuación representaría, a largo plazo, un coste sustancialmente menor que seguir con actuaciones ingenieriles como la construcción de diques y escolleras de protección y rellenos de arena, denominadas por las administraciones como regeneraciones de playas.
Para el diseño de estos planes se deben realizar varias iniciativas que se establecen en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que se contradicen claramente la actuación de la Dirección General de Costas, como son:
- Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales unidades de la costa española bajo distintos escenarios de cambio climático.
- Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación de modelos.
- Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del nivel del mar, bajo distintos escenarios de cambio climático: identificación, delimitación e inventariación de las áreas y elementos más vulnerables por el ascenso del nivel del mar, y valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la formación de nuevos humedales costeros, que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que sean anegados.
Estas actuaciones deben de realizarse de forma ordenada priorizando las zonas más sensibles: desembocaduras fluviales (estuarios, rías, deltas, ...), bahías, lagunas costeras, humedales, playas confinadas, playas no confinadas (tales como flechas litorales o cordones de arena adyacentes a costas bajas).
* Planeamiento estatal sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes que aseguren que las infraestructuras de saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas establecidos por la ley. Para la aprobación de nuevos planes de ordenación del territorio, ante la nueva construcción de viviendas, se debe exigir la construcción paralela y efectiva de las infraestructuras de depuración pertinentes.
* Cumplimiento de la legislación vigente tanto regional, estatal y comunitaria en materia de protección ambiental.
* Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la franja litoral.
Ver Informe Banderas Negras 2007 pdf
* Ecologistas en Acción - Mar 12 de julio
Foto: mapa Banderas Negras 2007 /Ecologistas en Acción
Informe Banderas Negras 2007
El fiscal abre cuatro nuevos casos contra el anterior Consistorio de Sant Josep
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J.L.Ferrer.- DiariodeIbiza* : "La Fiscalía de Urbanismo de Eivissa, que dirige Antoni Torres, ha presentado un escrito al juzgado número 2 de Eivissa en el que solicita que el ex alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, declare como imputado en el caso de una vivienda ilegal construida en el interior del Parque Natural de ses Salines. Esta petición tiene su origen en una denuncia formulada el año pasado por el Consell Insular de Eivissa, a través de su conselleria de Urbanismo, contra una edificación sin licencia en esta zona protegida. El Consell, según explicó el fiscal, había requerido sin éxito al Ayuntamiento en varias ocasiones para que paralizara la construcción.
El fiscal, ante lo que considera «actitud de pasividad del Ayuntamiento anterior, incluso ante requerimientos del Consell», solicita la declaración del alcalde para que explique por qué no detuvo los trabajos.
Otra de las actuaciones, en las que también está involucrado el ex alcalde, consiste en la reactivación de las diligencias contra la Carpintería Alba, que funciona desde hace quince años sin licencia y con orden de cierre. A raíz de nuevas denuncias vecinales, el fiscal aprecia indicios de delito en la decisión del Ayuntamiento de legalizar esta industria, en concreto, cita posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, falsedad y tráfico de influencias.
Además, se han abierto diligencias informativas contra el Ayuntamiento de Sant Josep del anterior mandato por presunto delito de prevaricación urbanística y estafa por el convenio firmado con un particular para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial que obliga a derribar una vivienda ilegal en Cala Pinet.
Por otra parte, también se ha iniciado una investigación penal contra el anterior equipo de gobierno de Sant Josep por aprobar modificaciones o estudios de detalle en Áreas de Actuación urbanística sin obtener la autorización de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio. El hecho fue denunciado por el Colegio de Arquitectos, al entender que esta práctica ahorra a los promotores la cesión de espacios públicos al Ayuntamiento.
También ha pedido la declaración como imputado del ex alcalde de Formentera, Isidor Torres, de la Coalició d´Organitzacions Progressistes (COP), por el caso de una vivienda ilegal construida junto a s´Estany des Peix que debía haber sido derribada y, en cambio, sólo fue objeto de una sanción económica. La imputación se solicita porque, finalmente, ni se derribó la vivienda ni se ejecutó la multa acordada, lo que podría constituir un delito de prevaricación. Se da la circunstancia de que una sentencia judicial confirmó la legalidad de la decisión municipal de multar con 20.000 euros al promotor.
El siguiente alcalde, que tomó posesión muy poco después de los hechos, Juanma Costa, del PP, tampoco aplicó ninguna de ambas medidas sancionadoras, por lo que la Fiscalía no descarta que se amplíe el número de declarantes.
* Diario de Ibiza - 13 Julio
Foto: Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) /cief.es
Promotores conseguían hasta un 280% más de edificabilidad tras pagar la supuesta tasa de soborno
J.Cano/JJ.Buiza.-SUR/Málaga* : "En Alhaurín el Grande, un proyecto de construcción de cinco pisos podía convertirse en una urbanización de 21 viviendas. La policía ha descubierto que promotores imputados en el 'caso Troya' conseguían un aumento de la edificabilidad de hasta el 281% tras, supuestamente, abonar la denominada tasa de soborno. El ejemplo más contundente de esta práctica es el de un solar en el que, según el PGOU de Alhaurín el Grande, sólo se podían construir 5,5 viviendas. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, concedió a la promotora licencia de obras para edificar 21 viviendas, presuntamente, «a cambio del pago de la cantidad de 100.000 euros», según el informe policial.
En el registro del despacho del edil, los investigadores de la Udyco-Costa del Sol encontraron una anotación manuscrita que atribuyen a Guerra y que recoge esa cantidad junto a la inscripción 'pagado todo'. Según esos apuntes, los 100.000 euros se fraccionan en dos pagos: 78.000 euros supuestamente van a parar al dueño de una empresa que los investigadores vinculan al alcalde y a su mujer, y los otros 22.000 aparecen junto a un nombre, 'colomo', que la policía aún no ha conseguido identificar.
Agenda virtual
Esas anotaciones manuscritas tienen fiel reflejo en el archivo de Excel que se encontró en el ordenador del despacho de Guerra. En la «agenda virtual» del concejal -como la denomina la policía- aparecen primero los 1.157 metros cuadrados de las 5,5 viviendas. A renglón seguido, y en las columnas correspondientes, se anota la cifra 2.400 (m2) y 21 (viviendas), y un poco más abajo, la diferencia entre lo que establece el PGOU y lo que permite la licencia de obra concedida por Guerra, que es de 1.243 metros y 15 viviendas.
Al final de la tabla, los investigadores encontraron la ecuación de la supuesta 'tasa de soborno' que se venía aplicando en Alhaurín: «Acuerdo con los monos 08/02/05 80x1.243=100.000». Este cálculo llevó a la policía a la conclusión de que, por cada metro cuadrado de más, se pagaban 80 euros, según se desprende del sumario.
Otro caso sorprendente es el del empresario que destapó la trama, que negoció con el Ayuntamiento un proyecto que pasaba de cinco a 14 viviendas. Según la policía, en el expediente se recoge el pago de una tasa de 9.174 euros por la licencia de obra, de manera que la cantidad de 122.600 euros se correspondería con la solicitada por el concejal en concepto de «comisión». A la vista de esta propuesta, el incremento en la edificabilidad sería del 200%.
Hay otro expediente más investigado por la Udyco que refleja un importante aumento del volumen de construcción. Se trata de una promoción en la que, según el PGOU, sólo se podían edificar tres viviendas, aunque al final la licencia expedida por Gregorio Guerra contempló diez casas. Sobre esa actuación, según la policía, existía además un informe del arquitecto municipal que indicaba que no se cumplía la normativa de carácter general.
Manuscritos
Los investigadores han relacionado esta promoción con los manuscritos del edil, que reflejan un supuesto pago de 48.720 euros junto a la palabra «pagado». El cobro, como en casos anteriores, se fraccionó en dos. Una parte de esa suma, concretamente 17.315, aparecía junto a la inscripción 'Toros'. Uno de los empresarios que presuntamente abonaron esa cantidad declaró al juez que colaboró con la organización de una corrida de toros.
Además de estos, la policía detectó al menos tres proyectos urbanísticos más que duplicaban la edificabilidad prevista por el PGOU. En uno de ellos se pasó de 21,97 a 47 viviendas a cambio de, presuntamente, 168.545 euros; en otro, se transformó una promoción de 31 casas en 60, lo que se vinculó al pago de 120.000 euros; y en el último se proyectaron 17 casas -de las ocho previstas por la normativa- supuestamente tras pagar 59.840 euros.
* Diario SUR - 14.07.07
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento /J.Domínguez, EFE
El juez Torres se despacha
J.Viúdez.-El País* : "No dio detalles, ni nombres, pero todo se entendió perfectamente. El instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, aseguró ayer que "no es casualidad" que Málaga sea la provincia en la se han dado los casos de corrupción más importantes de España. Los motivos: el crimen organizado se asienta en zonas que les son favorables y en las que haya gente proclive a este tipo de conducta. La benevolencia del Grupo Independiente Liberal (GIL) vino a la mente de todos. Las imágenes se sucedieron durante toda una hora. El magistrado habló ayer de la corrupción urbanística en los cursos de verano de Ronda. Prometió a sus alumnos que trataría de ser lo más didáctico posible y lo dejó todo bien claro. Le dio tiempo a reclamar más cooperación internacional e instrumentos para que los bancos aporten más información sobre los investigados, apostó por el reclutamiento de arquitectos en las investigaciones y mantuvo que hacen falta juzgados especializados en esta materia.
Dejó la timidez fuera del aula e incluso se permitió alguna que otra broma con la figura de los arrepentidos. "No existen, porque nadie se arrepiente", dijo. También se asombró porque a los alcaldes de los ayuntamientos más boyantes les dé por "poner estatuas por todos sitios".
Poco antes del mediodía, el juez concedió su primera rueda de prensa. El motivo era su ponencia y no estaba dispuesto a hablar de otra cosa. En siete minutos respondió a una decena de preguntas de forma escueta. No quiso precisar en qué momento de la instrucción se encuentra el caso Malaya, ni si prorrogará su comisión de servicio en el juzgado nº 5 de Marbella. "Sólo sé que hoy vuelvo a Marbella", dijo. A regañadientes, reconoció que el caso le había "cambiado la vida", porque no puede salir a la calle o ir a comer con su familia con total normalidad, y dijo que la sensación de que "todos los políticos roban" es más una frase hecha que una realidad.
En su charla, en la que estaba previsto que participara uno de los inspectores de Malaya -estuvo entre el auditorio pero habló-, Torres declaró la guerra a las percepciones erróneas de la corrupción. "No se suele vincular un hecho delictivo grave, como un tiroteo con víctimas ajenas o un ajuste de cuentas, a la actividad de blanqueo. Pensamos que es algo aislado, pero todas estas figuras se buscan y terminan asociándose", dijo. El magistrado destacó la importancia de la investigación patrimonial porque "ataca a la base económica" de las organizaciones y las hace desistir cuando ven que negocios, como el tráfico de drogas, no les son rentables.
El magistrado venció el pánico escénico mirando siempre a un mismo punto. Mientras hablaba apenas movía los brazos, que mantuvo apoyados en la mesa. Las mangas de su traje de chaqueta azul dejaron ver un par de pulseras de piel. A pesar de su fama, el magistrado no supera la primera mitad de la treintena.
Habló de los sentimientos contradictorios que puede generar el auge urbanístico en determinados municipios: "Para muchos ayuntamientos resulta difícil resistirse a estas inversiones y cuando las cosas van bien nadie se plantea que hay detrás". Contó que muchos pueblos pequeños ni siquiera tienen capacidad ni preparación para asumir proyectos que les doblan o triplican la población y que, con frecuencia, se confunden los intereses de los empresarios con los de la población.
Los efectos de la corrupción urbanística no tardaron en llegar. "Se cree que no afecta a nuestras vidas, pero si se construye un bloque de 15 plantas en un lugar en el que no estaba previsto puede quitarte las vistas, un parque o el espacio para un hospital (...) El empresario que paga
nunca va a perder dinero. Se podría hacer un estudio sobre el incremento de precio de la vivienda en municipios con corrupción", sugirió.
Poco a poco, fue repasando el papel de cada uno de los miembros de las tramas. "Hace falta que colaboren técnicos, abogados, gestores o asesores que crean una especie de urbanismo a la carta". Las concejalías de Urbanismo se desgajan con la creación de gerencias en las que los servicios jurídicos son externos y los informes se amañan. Los técnicos, "una figura muy difícil de condenar", son nombrados en consonancia con la administración y los cabecillas se rodean de dos tipos de abogados: "el que le defiende y el que le gestiona los fondos".
Repasó también el papel de promotor. "Estos empresarios suelen ser personas aclamadas, valoradas, socialmente reconocidas por el pueblo, que incluso reciben premios por su labor en beneficio de determinadas localidades". El peligro llega cuando "ascienden al mundo de los clubes de fútbol, donde se mezclan intereses deportivos y económicos, se codean con la política y terminan convirtiéndose en alcaldes".
El magistrado se lamentó en varias ocasiones de que la sociedad no haya reaccionado todavía ante el cobro en dinero negro o delitos contra la Hacienda Pública porque cuesta trabajo enmarcarlos como conductas corruptas. "Son percibidas dentro del ámbito administrativo, no como algo penal", añadió. Se quejó de la creencia de que delitos con una pena de dos años de prisión -como construir en una zona ilegal- no lleven a la cárcel, o que a partir de los 70 años "todo el mundo puede delinquir porque no pasa nada".
Al hablar de las investigaciones alabó la creación de equipos multidisplinares (en los que colabora la Agencia Tributaria, Fiscalía y las fuerzas de seguridad) y se quejó de que muchas figuras como la del testigo protegido, el arrepentido o el agente encubierto sólo se pongan en práctica "en el cine". También reclamó una "regulación clara" sobre las intervenciones telefónicas y los registros porque la normativa ha quedado obsoleta y muchas veces deriva en situaciones absurdas.
* ELPAIS.com - Marbella - 14/07/2007
