Botella vende cinco edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal

PÚBLICO/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.
El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas.

Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.

Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.

El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.

La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.

Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.

25% menos si hay “okupas”

No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.

Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.

No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato. La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio.

Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.

Viviendas en el caso histórico

Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.

En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 19/11/2012
Foto: Vecinos afectados por la venta de cinco edificios de viviendas sociales. EFE

.................................... Leer más...

El TSXG ordena el derribo del Eroski ponteareano por no tener licencia

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia reiteró al alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, la orden de derribo del edificio que alberga el hipermercado Eroski de Ponteareas, por no contar con licencia. El edificio si fue construido bajo el amparo de una licencia municipal, pero la misma fue anulada por la Xunta de Galicia en 2002 en un paquete de cuarenta que fueron concedidas cuando la comunidad autónoma suspendió las Normas Urbanísticas de Planeamiento.
El portavoz del BNG en Ponteareas, Xosé Represas, indicó ayer que desde 2008 Solla y el PP intentaron evitar la demolición "y ahora con su resolución, el TSXG recuerda al alcalde su deber de cumplir con la sentencia y le advierte que de no llevar a cabo a demolición podría ser denunciado por desobediencia".

Tras recibir un primer requerimiento por parte de TSXG, el alcalde de Ponteareas había explicado que el centro comercial trabajan sesenta personas y que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal establecía la posibilidad de conceder la licencia, pues está ubicado en una zona de crecimiento de la localidad. Sin embargo desde el alto tribunal gallego se reitera en el auto que ordena la demolición.

Recuerda represas que en 2002 la actual diputada electa del PP, Nava Castro, en aquel momento alcaldesa "había concedido esa y otras cuarenta licencias para la construcción de 1.500 viviendas, justo antes de que la Xunta de Galicia decretase la suspensión de las normas urbanísticas de Ponteareas". La administración autonómica recurrió judicialmente las 40 licencias concedidas que en la mayor parte de los casos, como en el del Eroski, fueron anuladas por los tribunales.

Según el portavoz del BNG "a pesar de que los juzgados anularon las licencias, tanto el Eroski como unos veinte edificios se llegaron a construir ilegalmente. El Eroski en menos de un año y antes de que el BNG accediera al gobierno de Ponteareas". Las obras de los edificios fueron paralizadas por los nacionalistas desde lo gobierno municipal durante once meses, "pero se reiniciaron en cuanto Solla y Nava Castro presentaron la moción de censura, apoyados polos promotores afectados por las sentencias", asegura literalmente Xosé Represas.

El portavoz del BNG acusó a los gobiernos conservadores de Ponteareas presididos por José Castro, Nava Castro y González Solla -bajo las siglas del PP o UCPA- de "practicar durante treinta años la corrupción urbanística con total impunidad.


* Faro de Vigo - 14.11.12
Foto: El hipermercado Eroski de Ponteareas, ubicado a la entrada de la localidad. // D.P.

.................................... Leer más...