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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Segorbe ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha interpuesto un contencioso, ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra el acuerdo de la Conselleria de Territorio en el que aprobaba el desarrollo del sector II, zona conocida como el Torrejón, porque consideran que no hay agua suficiente para abastecer a las 651 viviendas que se prevén construir, según explicó ayer el alcalde, Rafael Calvo.
Esta decisión, se ampara, según Calvo, en que la CHJ dice que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya solicitado el informe que avale la suficiencia de recursos hídricos. Sin embargo, tanto el concejal de Urbanismo, Ángel Berga, como el alcalde aseguran que en dos ocasiones -la última fue el 7 de de enero de 2008- el ayuntamiento ha pedido a la confederación el informe sobre el sector II.
Berga ha recordado que el 13 de septiembre de 2006 se aprobó el documento de homologación que se remitió a las administraciones competentes para que dijeran "en qué puede adolecer o si el sector está bien". Todas emitieron su informe, según Berga, "excepto la CHJ que, no sabe no contesta", y a quien solicitaban 125.000 metros cúbicos de caudal anual de agua para esas viviendas.
Con el paso del tiempo, la Comisión Territorial de Urbanismo, con todos los expedientes excepto el de la confederación, insta al consistorio de Segorbe a que haga este informe técnico sobre el caudal del agua para saber "las necesidades del sector", comenta Berga.
El estudio, realizado por Facsa, refleja que "Segorbe tiene 1.552.594 metros cúbicos de consumo y tenemos una reserva de agua para toda la población de 2.100.000 metros cúbicos. Se ve que tenemos un margen de 650.000 metros cúbicos al año para el crecimiento que se había previsto en el PGOU", explica Berga. En este sentido, Calvo matiza que en el informe de reducción del caudal de agua, remitido por el ente central hace algunos meses, la confederación hidrográfica reconoce que hay más que suficiente en la reserva.
* Levante-EMV - Rosa Piquer, Segorbe - 19 de julio de 2008
Foto: localización. Imagen de los terrenos en los que se quiere construir.
rosa piquer, levante-emv.com
La CHJ recurre el desarrollo de El Torreón en Segorbe por la falta de recursos hídricos
La Vila: El TSJ anula la legalización del Atrium porque es contraria al interés público
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ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un nuevo varapalo al proceso de legalización del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, al anular el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), la herramienta de planeamiento con la que se legalizó su exceso de volumen.
El TSJ considera que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado entonces por el PP, "antepuso los intereses particulares de Hotel Luna [empresa promotora del Atrium] a los intereses generales del municipio", explicó ayer el abogado del concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, autor del recurso.
El PRIM aprobado el 21 de julio de 2005 contemplaba varias medidas compensatorias por la infracción urbanística: la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio, abonar 1,5 millones de euros para obras públicas en la zona de la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de 12 millones de euros. A cambio, el Consistorio otorgó una nueva licencia al hotel. Aunque el PRIM está anulado por esta nueva sentencia del TSJ -cabe recurso de casación- la licencia es válida, según manifestaron los servicios jurídicos de Hotel Luna, ya que "se otorgó sobre la base del planeamiento vigente en aquel momento". Por lo tanto, es "válida, firme y no se puede recurrir". Hotel Luna se apresuró ayer a pedir el "reintegro" de las cantidades aportadas. La empresa podría pedir al Ayuntamiento una indemnización por el lucro cesante superior a 100 millones de euros.
Esta sentencia del TSJ contraria a la actuación del Consistorio se suma a la que hace pocos días anuló la sanción de 12 millones de euros, debido en este caso a que la notificación le llegó a la empresa cuando el expediente había caducado.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/07/2008
Foto: La Vila_Joiosa (Alicante) - elpais.com
El Ayuntamiento de Alicante permite una industria tóxica sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, consiente la actividad de una fábrica de lacados de aluminios, instalada en la partida de Agua Amarga, al sur de la ciudad, que no cuenta con licencia municipal y cuyos vertidos son tóxicos, según un informe pericial.
La carencia de la licencia de actividad de la fábrica está recogida en un informe del asesor jurídico del Consistorio firmado el pasado día 2. Los vertidos de la instalación a un pozo ciego también son objeto de una investigación judicial a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción del País Valenciano y motivo de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La industria Eurocolor Acabados Metálicos, S A, fue clausurada mediante un decreto de la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el 6 de noviembre de 2007. El decreto incluía la denegación de la licencia de actividad y la suspensión inmediata de su funcionamiento. Esa orden fue revocada el 24 de enero de este año mediante otro decreto de un departamento municipal de rango inferior, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este negociado justificó la resolución en "la importancia de los prejuicios que pudieran causar con el cese de la actividad". El decreto de la Gerencia se produjo dos días después de que la empresa activase la vía de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el supuesto perjuicio que alega la firma es cuestionado por el asesor jurídico del Ayuntamiento en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3. El letrado asegura que la empresa no ha acreditado "los gravísimos" perjuicios que le ocasionaría el cese. El informe también subraya que Eurocolor "nunca dispuso de licencia" para la actividad que pretende realizar.
La toxicidad de los vertidos, que la fábrica realiza a un pozo, dado que carece de red de alcantarillado para sus aguas residuales, se recoge en un informe pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universitat de València para el juzgado que instruye la denuncia de los ecologistas. "La inyección directa de las aguas depuradas de la empresa Eurocolor constituye una mala solución técnica y un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", concluye el estudio.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/07/2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
Alcoy: Sin precedentes
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INFORMACIÓN* : El polémico proyecto del Ayuntamiento de Alcoy para construir un hotel en pleno corazón de la Font Roja, junto al santuario, contrasta abiertamente con lo que se ha hecho en las últimas décadas en el resto de espacios protegidos de la Comunidad. La presión urbanística es una amenaza para más parques naturales, pero en ningún otro existe un establecimiento de grandes dimensiones como el que aquí se plantea, con la única excepción de los dos grandes hoteles de El Saler, dentro de la Albufera de Valencia, construidos antes de la declaración del parque.
La intención del equipo de gobierno de Alcoy de levantar un hotel de gran capacidad junto al santuario de la Font Roja ha desatado una fuerte polémica en toda la comarca acerca de la idoneidad de un establecimiento de este tipo en pleno corazón del parque natural. Mientras el PP alcoyano defiende que la ubicación propuesta atraería a un mayor número de turistas, los contrarios al proyecto han denunciado el impacto que tendrían los edificios de nueva construcción con las 55 habitaciones, 10 plazas de albergue, un "spa" con piscina cubierta, cafeterías y restaurantes y un aparcamiento subterráneo. Además, critican que se opte por una solución sin apenas precedentes en la Comunidad.
En ningún otro parque natural de todo el territorio autonómico existe un complejo hotelero como el que se prevé en la Font Roja o, de haberlo, se trata de construcciones anteriores a la protección de estos espacios. Así, el único lugar donde se levantan establecimientos de gran similitud es El Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia, donde el parador de turismo y un cercano hotel suman 330 habitaciones. No obstante, los dos son anteriores a la catalogación de este lugar como parque natural, en 1986.
Hay que tener en cuenta además que estos hoteles se hallan en una zona de urbanización consolidada, al igual que otro de 48 habitaciones ubicado en el casco urbano de la pedanía de Mareny de Vilxes. En la zona existe también algún establecimiento más, pero todos ellos también dentro de núcleos urbanos como El Saler o El Perellonet.
Al margen de esto, el único hotel de gran capacidad de la Comunidad ubicado en un parque natural es el Balneario de Fuente Podrida, en las Hoces del Cabriel. Cuenta con 24 habitaciones y 37 chalés de hasta 8 plazas. No obstante, también se trata de una instalación construida hace muchos años -y la declaración de parque natural de este enclave es muy reciente-, que además es mucho menos agresiva con el entorno que otros establecimientos de costa. Otra diferencia de Fuente Podrida respecto a la Font Roja es que está junto a una carretera nacional, con lo que tampoco la accesibilidad al hotel supone apenas impacto sobre el parque.
Pequeños hoteles urbanos
En el resto de espacios naturales de la Comunidad no hay hoteles dentro de los límites de protección o, si los hay, son de muy poca capacidad, como los existentes en la Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. El resto son establecimientos situados fuera de los perímetros protegidos, generalmente en los cascos urbanos de las poblaciones del entorno. Para buscar un ejemplo de esto no hay que irse muy lejos, ya que ése es el alojamiento que se encuentra en las proximidades de la Sierra de Mariola, en municipios como Agres o Bocairent.
Tampoco consta la existencia de proyectos parecidos al de Alcoy en el resto de la Comunidad en curso en este momento, salvo el anunciado hace unos días en Benicàssim (Castellón), dentro del parque del Desert de les Palmes. Ahora bien, en este caso se trata de rehabilitar una masía ya existente y acondicionarla como un pequeño alojamiento, por lo que parece que no se trata de la misma opción que la planteada en la Font Roja. Pese a todo, apenas han trascendido datos sobre ese proyecto hasta el momento, por lo que se desconoce la envergadura exacta del establecimiento que se trataría de montar.
Hay que aclarar, de todos modos, que son varios los parques naturales de la Comunidad que soportan una gran presión urbanística en su entorno. Así, las Lagunas de La Mata y Torrevieja están completamente cercadas de edificaciones, lo mismo que el Montgó y el Peñón de Ifach. Otro espacio protegido, el humedal litoral del Prat de Cabanes-Torreblanca, en Castellón, podría también quedar casi rodeado en el futuro por los macroproyectos previstos en sus inmediaciones. Eso sí, aun cuando la afección de estos planes sobre el medio natural sería muy elevada, el perímetro del parque ha sido respetado.
Todos estos factores dan al proyecto hotelero de la Font Roja una especial singularidad y hacen que choque contra lo que se ha hecho hasta ahora en el resto de la Comunidad. La Generalitat, como administración competente sobre los espacios naturales, tendrá la última palabra sobre la autorización para llevar el plan a cabo.
Pocos ejemplos y en espacios muy extensos
En el resto de España sí hay más de un ejemplo de hotel de gran capacidad ubicado en el interior de un espacio natural protegido. Ahora bien, por lo general están en parques de mucha extensión, y rara vez se encuentran en zonas de campo abierto como el santuario de la Font Roja. Un caso ilustrativo es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, donde hay decenas de plazas hoteleras, pero casi todas concentradas en núcleos de población como Arroyofrío, Burunchel o Coto Ríos, lo que alivia la sensación de masificación. Además, el parque es 100 veces mayor que la Font Roja.
Otros recintos son antiguos, construidos antes de que se protegiera el espacio, como el Parador Nacional de Gredos, en Ávila, o el complejo existente en el nacimiento del Llobregat, al norte de la provincia de Barcelona. No obstante, la opción más frecuente es también la del establecimiento situado en algún núcleo urbano del entorno del parque.
* Información - A. TERUEL - 16 de julio de 2008
Foto: Vista del parque natural de la Font Roja, donde el Ayuntamiento de Alcoy proyecta un controvertido hotel- JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Costas ha derribado ya medio centenar de edificaciones en el litoral valenciano
LASPROVINCIAS* : El Ministerio de Medio Ambiente ya ha derribado 53 edificaciones en el litoral de la Comunitat Valenciana durante los últimos cuatro años. La superficie afectada ha sido de 8.207 metros cuadrados, según datos aportados por la jefa de Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez.
Este es el balance de la pasada legislatura en la que, según destacó la propia Pérez en su intervención en unas jornadas en la Universidad Politécnica de Valencia, el Ministerio ha incrementado el ritmo para "esponjar la zona litoral". Es decir, dejar espacio libres en las zonas construidas.
Las demoliciones, según Costas, están dirigidas a regularizar la situación del litoral de la Comunitat eliminando las edificaciones que no cumplen la legalidad. Una posición que muchos de los afectados rechazan y han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado aplicando la ley de costas con carácter retroactivo.
Los derrumbes responden también a la política de deslindes (recuperación del dominio público marítimo terrestre), que también entre 2004 y 2008, como resaltó Pérez, experimentó un notable avance, hasta el punto de que el 80% del litoral de la Comunitat ya está deslindado. El programa, que ha levantado una fuerte contestación social, incluye la demolición de las construcciones fuera de ordenación.
Todo apunta a que los derribos continuarán a no ser que el Ministerio, tras nombrar una nueva directora general, establezca una política más moderada en la aplicación de la ley de costas. La fuerza que ha tomado la Plataforma Nacional de Afectados puede hacer que el proceso de deslinde se ralentice.
Lidia Pérez apuntó en su intervención que la presión urbanística en el litoral de la Comunitat era muy fuerte y había que continuar con el "esponjamiento" de los espacios del litoral, lo que implica nuevos deslindes, derribos y limitación de las concesiones en el dominio público.
Durante los últimos cuatro años, según los datos aportados por Pérez, se han procedido a la regeneración de playas en 250 kilómetros de costa. Además, las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura (Comunitat Valencia y Murcia) han sido las que han acumulado más derribos en la costa entre 2004 y 2008.
Superficie artificial
La Comunitat presenta el incremento de superficie artificial más elevado de España, ya que ha superado el 50% en la última década, según se desprende del informe anual de Greenpeace Destrucción a Toda Costa 2008.
La organización ecologista salió ayer a la calle en diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia, en la playa de la Malvarrosa, y Alicante, para presentar su informe anual sobre la situación del litoral en España que detalla los 100 "puntos negros" que registra el país a causa del urbanismo, las infraestructuras y la contaminación de las aguas, de los cuáles un total de once se encuentran en la Comunitat, aunque el documento señala que la tarea de reducir a tan sólo once puntos la destrucción "resulta ardua a la vista del estado del litoral valenciano".
En la provincia de Castellón, el documento indica que uno de los puntos negros abarca la práctica totalidad de la costa debido a los vertidos de aguas residuales urbanas, que afectan sobre todo a determinados términos municipales como Benicarló o Peñíscola.
En Valencia, el estudio de la organización ecologista destaca como punto negro principal el plan conocido como el Manhattan de Cullera en la desembocadura del Júcar.
Las zonas más degradadas por urbanismo, infraestructuras y contaminación de aguas en Alicante son la ampliación del puerto deportivo de Xàbia y el puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, debido a que las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de posidonia oceánica, una planta marina que forma bosques sumergidos done se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar.
* Las Provincias - 13.07.08 - J. S.| VALENCIA
Foto: Derribo de un restaurante en la playa de Oliva por invadir el dominio público - lasprovincias.es
El «boom» de residentes extranjeros mueve parte de los principales excesos urbanísticos
ABC/Valencia* : Los contingentes de residentes europeos afincados en la Comunidad han ejercido una doble influencia sobre el urbanismo valenciano en el último lustro. De un lado, han propiciado la expansión del sector -en ocasiones, al borde de la legalidad-, y de otro lo han estigmatizado hasta la saciedad a través de denuncias ante el Parlamento Europeo que, habitualmente, perseguían fines particulares.
De hecho, las citadas denuncias han procedido siempre de residentes censados en localidades donde la presencia de extranjeros europeos -particularmente británicos- es significativamente elevada. En algunos casos, incluso, la comunidad extranjera supera a la española, como sucede en el caso de Benitachell -cuyo alcalde acaba de ser imputado por presunta corrupción urbanística- o Rojales.
Pero la relación de los extranjeros con el urbanismo valenciano no se ha establecido sólo desde el lado de la demanda. Benitachell no es el primer municipio en el que residentes europeos forman parte de consistorios cuya gestión urbanística se encuentra -o se ha encontrado- bajo sospecha. El municipio alicantino de Jávea, también en la Marina Alta, es paradigmático en ese sentido.
El Ayuntamiento javiense fue uno de los primeros, junto con Alfaz del Pi, en incorporar residentes europeos a la Corporación. El papel de dos ediles foráneos fue determinante para facilitar la moción de censura que arrebató la Alcaldía al PP en 2005, con el urbanismo como detonante.
En Benitachell, junto al munícipe, Juan Cardona, se encuentra también imputada su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf -que dejó el PP para integrarse en el partido independiente de Cardona-, además de un ciudadano de origen alemán que habría participado también en los hechos de los que se acusa a los ediles.
Según la denuncia de un vecino, el alcalde y la concejal le habrían exigido el pago de unos 50.000 euros para verse beneficiado por la recalificación de una parcela de su propiedad. La operación se habría realizado en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente hace unos meses.
Presión urbanística
Al margen de su participación política, los residentes extranjeros han favorecido el aumento de la presión urbanística, especialmente en pequeños municipios -de apenas unos miles de habitantes- en las proximidades de la costa. La gestión urbanística de muchos de ellos, que comenzaron diversos procesos para expandirse a marchas forzadas, se encuentra en la actualidad en los juzgados.
Los dos casos más notables se registraron en Parcent -también en la Marina Alta- y en el municipio de Catral, en el área de influencia de Torrevieja, en la Vega Baja. En el primer caso, el TSJ paralizó tres actuaciones urbanísticas que preveían la construcción de 1.800 viviendas. Paradójicamente, fueron los propios residentes europeos los que denunciaron la situación a través de asociaciones vecinales.
En Catral, en cambio, fue el Consell el primero en tomar la iniciativa ante la proliferación de viviendas irregulares -adquiridas casi siempre por residentes británicos-, al retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Sin embargo, los propietarios mantuvieron también una relativa labor reivindicativa, en coincidencia con una de las expediciones de parlamentarios europeos para poner a prueba el urbanismo valenciano.
Un caso similar al de Catral, aunque no ha llegado a los juzgados, se registró en el vecino municipio de Rojales, también en la comarca de la Vega Baja alicantina, el de mayor proporción de residentes extranjeros de toda España, vivió una expansión similar a la catraleña, con miles de viviendas que en muchos casos se construyeron fuera de planeamiento -y por tanto carecen de viales y suministros-.
Partidos y asociaciones
El activismo de los europeos afincados en Rojales originó el nacimiento de un partido político específico, el Grupo Independiente, que logró representación en los pasados comicios y pactó con el PP para iniciar una andadura política que acaba de cumplir un año.
La participación política de los residentes europeos -habitualmente británicos o nórdicos- ha venido siempre motivada por el urbanismo, excepto en aquellos casos en los que se han integrado en las listas de los partidos mayoritarios, principalmente el PP.
Con la defensa de su propiedad privada como principal motivación, el contingente europeo no sólo ha alumbrado formaciones propias -en Rojales, Orihuela, Alfaz del Pi, o Benitachell-, sino también asociaciones como «Abusos Urbanísticos No».
* ABC - D. MARTÍNEZ - ALICANTE
Foto: Xabia - lasprovincias.es
El PP de Altea cambió suelo por mobiliario para el área de urbanismo
ELPAÍS/Alicante* : "Nuestro suelo urbanizable vale mucho. No se puede cambiar por unas cortinas y unos muebles". La portavoz del equipo de Gobierno de Altea y concejal de Urbanismo, Verónica López, sintetiza así lo que a su juicio estaba haciendo la anterior administración popular.
Los socialistas, con el apoyo del Bloc e independientes, han anulado un convenio adoptado por la comisión de gobierno el 23 de diciembre de 2004, por el que el Consistorio entregaba el 10% de aprovechamiento municipal del plan parcial de Bellas Artes, adjunto al casco urbano, al urbanizador, Promociones y Finanzas SL a cambio de que éste pagara facturas por un importe total de 991.880 euros, cantidad en la que fueron valorados los terrenos. "Se han pagado ya 868.771 euros en las cortinas del departamento de urbanismo, equipos informáticos, aire acondicionado, mobiliario... También se han hecho obras. Todo de forma irregular, sin el control de Intervención ni registro por parte del Ayuntamiento", explica López.
El equipo de gobierno dice que el PP se saltó la ley de contratación para adjudicar las compras de mobiliario y obras a empresas que "les apetecían a ellos", sin controles administrativos. "Nadie ha controlado que las cortinas en cuestión valen lo que dice la empresa", afirma la edil. López añade además que la ley obliga a destinar ese 10% de aprovechamiento a viviendas de protección oficial.
No fue la primera que el anterior gobierno del PP de Altea utilizó este sistema. En julio de 2003, el Bloc ganó en el TSJ un recurso sobre un convenio similar. El Ayuntamiento acordó con el entonces agente urbanizador, Edificaciones Calpe, una permuta de una parcela de 22.560 metros cuadrados de titularidad pública por obras valoradas en más de dos millones de euros. A cambio del suelo, la empresa hizo reformas en varios colegios, en la ciudad deportiva y en el lavadero.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 12/07/2008
Foto: altea - eldiamenospensado
El Consell mantiene Nou Mil·lenni pese a la crisis de Llanera y a la investigación europea
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LEVANTE/Valencia* : La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial Nou Mil·lenni de Catarroja abre la puerta a nuevos recursos judiciales contra esta actuación urbanística que está siendo revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una supuesta violación de la normativa sobre contratación.
Cabe recordar que la promoción urbanística surgió de la propia Generalitat Valenciana a través de la empresa pública IVVSA, que "eligió" como socio para esta actuación a la firma Llanera, actualmente en suspensión de pagos por la crisis de la construcción.
El Plan Parcial está recurrido también por la Abogacía del Estado al no contar con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre disponibilidad de recursos hídricos.
Respecto a la falta de acreditación de recursos hídricos, la resolución firmada por la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez, concluye que la "aplicación rigurosa" de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "conduce a reconocer" que no es necesario acreditar la existencia de concesión de agua, basta con que se acredite la existencia física de agua y su disponibilidad.
El anuncio de aprobación definitiva es el último obstáculo para la construcción de 12.000 viviendas sobre una superficie de algo más de un millón y medio de metros cuadrados de territorio que hasta ahora está calificado como No urbanizable de Protección Agrícola y situado dentro de la zona de afección del Parque Natural de La Albufera.
Rechazo socialista
El diputado socialista, portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Francesc Signes aseguró ayer que "la aprobación de este PAI viola todos los principios en los que se basa el Plan de Protección de la Huerta de Valencia, que está tramitando el Consell". A este respecto, Signes manifestó que "Nou Mil.lenni supondrá la desaparición de uno de los pocos espacios de la huerta de Valencia que conserva todavía características agrológicas y paisajísticas dignas de protección".
Según el diputado, "la aprobación de Nou Mil.lenni es una muestra de arrogancia por parte del Consell, que puede costar caro a los valencianos". Y lo justifica en la investigación del Tribunal Superior de Justicia Europea.
Recuerda Signes que no se justificó que la la incorporación de Llanera "obedezca a los necesarios criterios de objetividad y legalidad que se requieren cuando se manejan fondos públicos".
Añade que "una condena europea supondría la disolución de esta empresa mixta y la paralización del proyecto urbanístico", y declara que "el Consell está arriesgando el dinero de todos los valencianos en negocios turbios, en lugar de dedicarse a construir la vivienda pública que necesitan los ciudadanos".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 11.07.2008
Foto: arrasado.La urbanización de Nou Mil·lenni supondrá la desaparición de un paisaje propio de la huerta valenciana.
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Benitatxell, un modelo urbano basado en la ocupación del litoral
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ELPAÍS/Alicante* : Benitatxell (5.000 habitantes de derecho) es un buen exponente del modelo de crecimiento urbano basado en el turismo inmobiliario residencial, que ha reportado pingües beneficios al municipio a cambio del deterioro de su entorno natural. La postal urbana más representativa de la localidad son los miles de chalés de la urbanización Cumbres del Sol, levantada sobre la cima de una montaña, al borde del acantilado.
La postal urbana más representativa de la localidad son los miles de chalés de la urbanización Cumbres del Sol, levantada sobre la cima de una montaña, al borde del acantilado. El enclave de nuevo cuño ocupa 3,6 millones de metros cuadrados, prácticamente diez veces más que el casco urbano tradicional de la localidad. El proyecto comenzó a gestarse a principios de los setenta, y 30 años más tarde cuenta ya con unas 5.000 viviendas unifamiliares. En total, el complejo aporta unos 20.000 vecinos de hecho al municipio, la mayoría extranjeros procedentes de Reino Unido y Alemania.
El Ayuntamiento vendió la montaña pública a la mercantil VAPF, SA, por unos 30 millones de pesetas (unos 180.000 euros). El plan parcial de Cumbres del Sol se redactó en 1973 y fue aprobado dos años más tarde, es decir, con anterioridad a las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes desde 1987. Según recoge un informe de la profesora de la Universidad de Alicante Cristina Montiel Molina, "Cumbres del Sol constituye la mayor actuación urbanística desarrollada en Benitatxell, y es al mismo tiempo la responsable de la alteración paisajística de la unidad de relieve más importante del término, el Puig Llorença".
Con el enclave de Cumbres de Sol ejecutado al 70%, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, encaró en 2003 la elaboración del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento ha sido terminado en el primer año del mandato del actual alcalde, Juan Cardona, e incluye una previsión de suelo urbano de casi un millón más de metros cuadrados, en el ensanche del casco histórico de la población. Ello supondría triplicar el actual censo del municipio.
Nieves García, alcaldesa en funciones hasta la puesta en libertad del titular del cargo, aseguró ayer a este periódico que toda la documentación del nuevo PGOU, cuya exposición al público concluyó el pasado 28 de abril, ha sido remitida ya a la Consejería de Urbanismo. Un portavoz oficial de este departamento señaló, en cambio, que a la consejería no "ha llegado ninguna documentación relativa al nuevo PGOU de Benitatxell".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
Finestrat: Ultimátum a una obra ilegal
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ELPAÍS/Alicante* : El bloqueo de los trámites de expropiación de un edificio de 1978 en Finestrat por parte de sus propietarios permite ahora su demolición por estado de ruina, con coste cero para el Ministerio de Medio Ambiente, y a cargo de quienes han dilatado el proceso.
El edificio Ánfora, de 11 alturas en primera línea de la Cala de Finestrat, se construyó en 1978 sobre dominio público marítimo terrestre con una licencia municipal que denegó la Comisión Territorial de Urbanismo cuando ya estaba construido. Tres décadas después el edificio sigue en desuso y en avanzado estado de deterioro. La ex ministra Cristina Narbona promovió su expropiación, que se dilató por las continuas peticiones económicas de los 16 propietarios. Al final lograron alcanzar un acuerdo para pagarles dos millones de euros y Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de la parcela el 9 de marzo de 2007. Pese al acuerdo, una de las dueñas cambió de postura y presentó en noviembre un recurso con el que pedía una nueva valoración. Lejos de provocar un nuevo receso en el proyecto de expropiación, la actitud de esta propietaria ha provocado que tanto el Gobierno como el consistorio finestratense, del PP, hayan cerrado filas y emplazado a su abogado a aceptar las condiciones o tener que correr con los gastos de la demolición. "No hay vuelta atrás. El edificio está muy deteriorado y supone peligro para la zona. Si no aceptan el Ayuntamiento lo declarará en ruina y lo demolerá a cuenta de los dueños", sentenció el primer edil Honorato Algado, en presencia de la subdelegada de Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/07/2008
Foto: Edificio en obras en la cala de Finestrat- ROSA FUSTER, elpais.com
Detienen al alcalde de Benitachell acusado de corrupción urbanística
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ELMUNDO/Alicante* : Un dispositivo preparado desde varios cuarteles de la Guardia Cilvil en la comarca de la Marina Alta alicantina arrestó en la tarde del pasado martes al alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB).
Al parecer, en la operación también se detuvo a un empresario con intereses urbanísticos en la zona. Supuestamente, según han explicado fuentes de la investigación, en el momento de la detención los dos políticos estaban recibiendo alrededor de 50.000 euros, como presunto pago de favores urbanísticos.
El primer paso de las fuerzas de seguridad tras la detención consistió, siempre según las mismas fuentes, en incomunicar a los detenidos. Los arrestados se encuentran en los calabozos de los cuarteles del instituto armado de Jávea y Calpe.
Cardona se hizo con al Alcaldía el pasado 27 de marzo de 2007 gracias al voto de los residentes extranjeros. Lo hizo con un 41,99% del censo obteniendo con ello 6 ediles. Atrás quedaban años de gobiernos de coalición.
Cardona procede del PP, partido del que se salió antes de las elecciones por diferencias de las sensibilidades del partido en la provincia de Alicante. Y es que el ahora alcalde fue el concejal de Urbanismo durantedos pasadas legislatura.
Después de cuatro años al margen de la política local trató de hacerse con el número uno de la candidatura pero desde la cúpula del partido prefirieron situar en esa posición a María Josefa Ronda. Entonces, creó un partido independiente. El PP sacó dos concejales y el PSOE uno, al igual que el Bloc Nacionalista Valencià y otra formación independiente (CIBEN).
En la actualidad, el PGOU presentado en la Conselleria de Territorio prevé duplicar la población desde los alrededor de 5.500 habitantes a los 13.000.
Exigen una explicación
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento han afirmado desconocer el motivo de las detenciones del alcalde y la primer teniente de alcalde, y han pedido al equipo de gobierno "una explicación" sobre lo ocurrido.
El concejal del Bloc, Josep Femenia, ha comentado sentirse "muy triste" por la imagen que se está ofreciendo de la localidad y, a falta de conocer lo sucedido, ha pedido que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el socialista Josep Buiges ha explicado que el resto de la corporación "no tenía sospechas" sobre que hubiera una investigación judicial abierta contra Cardona y Rheindorf.
Ha indicado que en los últimos meses se han dado los últimos pasos antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual estuvo en periodo de exposición pública y que, posteriormente, fue aprobado provisionalmente con los únicos votos del PIDEB, ya que contó con el rechazo del resto de grupos.
El concejal del CIBEN, Vicente Soler, también ha expresado su "sorpresa" por lo sucedido y ha manifestado que no comparte las "formas" del equipo de gobierno desde que hizo con el poder en Benitatxell.
Varios de estos concejales han recordado que la primer teniente de alcalde ya tuvo un primer incidente poco después de las pasadas elecciones municipales cuando, acompañada por la policía local, ordenó el desalojo de una de las salas del edificio del consistorio a los cinco concejales de la oposición, que se habían reunido allí para analizar la política del equipo de gobierno.
* El Mundo - M. GONZÁLEZ | H. FERNÁNDEZ | AGENCIAS - 09.07.2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
Trece torres
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Trece torres, trece agujas elevadas sobre el cielo alicantino que romperán la esperanza de una gran zona verde, de un gran paseo, de un lugar de esparcimiento en una ciudad a la que le sobra el cemento y le falta naturaleza. Y cuatro mil viviendas, un nuevo enjambre en el centro de la ciudad; que viene a sumarse a las miles que se prevén en los planes existentes y proyectados.
Quince mil personas, más o menos, en ese espacio que se prometía libre y que ahora se revela un nuevo Rabasa, más reducido es cierto, pero en un lugar más pequeño y del que esperábamos un desarrollo como el que existe en ciudades que soterraron sus vías para el AVE y dejaron expedito el lugar para el disfrute de la ciudadanía. Una oportunidad perdida, en caso de llevar adelante este proyecto, para que nuestra ciudad sea un poco más habitable.
Una propuesta que sale, según cuentan, del Ministerio de Fomento y que, de ser cierta y definitiva, pondría pocas diferencias reales con la política urbanística del PP, tan criticada por el PSOE con argumentos de peso, que precisaría, pues, explicaciones profundas para ser aceptada. Un Gobierno socialista no debe considerar que toda obra pública necesita de financiación en forma de ladrillo, pues en tal caso contribuirá a que se pueda convenir que idéntica razón ampara a los gobernantes alicantinos y valencianos cuando de abrir espacios públicos a la iniciativa privada se trata. Es necesario marcar las diferencias, que existen e importantes y no asumir iniciativas que las diluyan y lleven a confusiones innecesarias, pues éstas siempre benefician a quienes las practican como forma ordinaria de comportamiento y que están interesados en esa identificación que constituye su único argumento justificativo.
Que el soterramiento ha pasado de doscientos a seiscientos millones de euros en estos años es tan evidente como que dejar transcurrir otros diez aumentará la factura hasta el punto de que habría que construir centenares de torres para financiarlo. Eso no es motivo para que los alicantinos hayamos de sufrir los errores iniciales de cálculo o los posteriores acontecimientos que han encarecido la obra. Es necesario que desde Madrid se tome conciencia de la necesidad de empezar a actuar con mayor interés por esta Comunidad y esta ciudad; no es posible desde aquí, sin esa ayuda decidida, cambiar las cosas aunque cambien las personas. Y esto último, aun siendo imprescindible, no será nada por sí mismo sin esa colaboración activa del Gobierno, sin ese compromiso real que ha de verse reflejado en actuaciones concretas. Leire Pajín, a la que felicito por su nuevo puesto, así lo ha manifestado en el Congreso Federal del PSOE y entiendo que está, pues, obligada a intentar una modificación de la postura de Fomento. El soterramiento de la estación es, sin duda alguna, una buena forma de comenzar a implicarse en el cambio que estas tierras necesitan.
Que el PP en este asunto pueda aparecer como un partido que limita la voracidad constructora del Gobierno me parecería una burla a la realidad; que sea capaz de descolocar todos los discursos hasta ahora mantenidos por el PSOE por un error de estrategia o de comprensión ante la realidad alicantina, un fallo incomprensible que, no obstante, tiene aún remedio y debe tenerlo, pues no estamos hablando de formaciones políticas iguales en materia urbanística, sino profundamente diferentes. Errores de este tipo, casi infantiles, hacen tanto daño que pueden servir para destrozar lo hecho en varios años y anular esperanzas de futuro. No caben más equivocaciones, pues la factura cuesta mucho en pagarse, si alguna se vez se llega del todo a abonar.
Hay que cambiar de estrategia inmediatamente, invertir lo que sea necesario, preservar el entorno en los terrenos liberados conforme a los programas electorales del PSOE y denunciar, a la vez, al PP local y valenciano, que, a pesar del encarecimiento del proyecto, se ha negado absolutamente a invertir ni un euro más (aunque de nuevo parece que Mario Flores quiere introducir una nota de coherencia y seriedad en ese mundo complejo de su partido), a colaborar activamente en su realización, viendo en ello un horizonte de dificultades para el PSOE que han de aprovechar en su propio beneficio. Tal vez con esta posición consigan que fracase la llegada del AVE y se mantengan unos años más en el poder, pero habrá sido incumpliendo con las obligaciones que tienen para con la ciudadanía que espera de sus gobernantes acciones positivas, no obstáculos a lo que constituye el bien común.
Lo que se propone en la estación es una barbaridad que, como tal, ha de ser denunciada y enmendada. No es por medio de la construcción descontrolada como ha de financiarse la obra pública y menos en un momento de crisis en el que la venta de viviendas se hace compleja. Reivindico un crecimiento sostenible y espero que el PSOE, que lo mantiene en su programa, lo cumpla sin excusas. Si el PP luego no lo hace de ellos será la responsabilidad, pero para que así sea hay que enmendar los errores y no incurrir en contradicciones de difícil explicación.
Nota: el pleno de la Diputación, siguiendo el camino del Ayuntamiento y en clara infracción de la Ley de la Memoria Histórica, ha rechazado retirar el título de hijo predilecto a Franco. Conozco a algunos diputados provinciales del PP y sé que no son franquistas. No entiendo, por tanto, siendo algunos de ellos juristas, la razón por la que se obstinan en mantener símbolos de una época autoritaria, cuando la ley obliga a lo contrario. La disciplina de partido no puede llevarles a renunciar a sus creencias y a infringir dolosamente el ordenamiento jurídico. Una ley es superior a un reglamento y lo saben. Queda en los medios de comunicación lo dicho y algún día se lo recordarán, pues la vida política suele ser corta. Pero, a su vez, desde el Gobierno se debe implementar la ley, desarrollarla en sus aspectos prácticos, especialmente en lo referido a la legitimación para impetrar ante los tribunales su cumplimiento cuando se obvia la ley de forma manifiesta. La ley, sin su correspondiente reglamento, puede quedar inaplicada cuando nos encontramos en ciudades como Alicante o en comunidades como la valenciana donde el ordenamiento jurídico es sólo un obstáculo que se supera con mayorías en este caso ilegítimas, aunque sean legales. Reitero de nuevo y denuncio la ilegalidad manifiesta del cambio en la Sindicatura de Agravios. No reconozco al nombrado, al margen de sus méritos, pues ha accedido al cargo a través de una actuación ilegal. Insto al PSPV a que actúe en la forma debida ante los tribunales. Lerma puede, aunque haya perdido la costumbre, hacer algo hacia afuera del partido. Para algo es el presidente de la Gestora.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Alicante - Opinión - 08 de julio de 2008
Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia
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ELPAÍS/Alicante* : Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores". Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores".
Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.
Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.
Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.
El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".
El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".
Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones con las empresas Realia y Conca"·, mercantiles que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.
Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.
Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.
La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 08/07/2008
Foto: Moción de censura en el Ayuntamiento de Dénia- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Oropesa 'perdonó' 3.000 metros en una permuta
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ELPAÍS/Castellón* : El aprovechamiento que le correspondía al Ayuntamiento de Oropesa por el desarrollo del PAI de Les Amplaries sigue en Fiscalía. El particular que denunció irregularidades en la cesión que el urbanizador, el grupo Marina d'Or, realizó al Ayuntamiento ha aportado ahora un informe realizado por un arquitecto que sostiene que el Consistorio dejó de recibir cerca de 3.000 metros cuadrados de techo de los más de 39.000 a los que le obligaba la urbanización de dos de los sectores de este programa, situado en primera línea de playa.
El valor de estos metros se sitúa entre más de 200.000 y cerca de 1,5 millones de euros, dependiendo de la tasación del suelo. La Fiscalía de Castellón habrá de determinar ahora si halla indicios de delito en el desarrollo de una zona que ya está en el juzgado por las irregularidades que supuso su tramitación.
Tal como publicó EL PAÍS, el aprovechamiento de este PAI ya estaba siendo investigado por Fiscalía. El desarrollo de programas urbanísticos obliga a todos los urbanizadores a ceder el 10% del aprovechamiento que obtienen del desarrollo a los Ayuntamientos. En muchos casos, los consistorios optan por no llegar a admitir ese patrimonio sino que perciben su compensación en metálico de manos del mismo urbanizador, pese a que el suelo debería ser subastado, para lograr el mejor postor en la venta. En el caso de dos de los sectores del PAI de Les Amplaries, en la zona de expansión de Marina d'Or, el grupo compró al entonces alcalde unos terrenos para después cederlos al Ayuntamiento, que aceptó el pago del aprovechamiento en suelo pero en una zona distinta al programa urbanístico a desarrollar. Así, el valor de los terrenos del alcalde difiere considerablemente del que debía ceder el urbanizador ya que, entre otras cosas, mientras que la cesión correspondía a un programa presentado en primera línea de playa, el suelo comprado al alcalde está, aproximadamente, a un kilómetro de la costa y limitado por autopista y la carretera nacional 340. Además, mientras que los terrenos sobre los que urbanizará Marina d'Or están calificados como "residencial", los cedidos al Ayuntamiento están clasificados como "dotacional multifuncional" y se encuentran en una zona "muy degradada", según el propio Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa.
Al margen de estos datos, la Fiscalía cuenta ahora con un informe que sostiene que Marina d'Or no cedió la totalidad de los metros que le correspondía al Ayuntamiento. La diferencia de metros se debe, según el propio escrito, a un cálculo mal realizado sobre los terrenos que pertenecieron al alcalde. Teniendo en cuenta el precio que el propio Ayuntamiento de Oropesa puso a ese suelo, en el caso de que el informe esté en lo cierto, el Consistorio habría dejado de percibir más de 200.000 euros. Sin embargo, el denunciante ha aportado también otro informe de valoración de los terrenos que indica que el valor de los mismos asciende a más de 500 euros el metro cuadrado de techo, con lo que sitúa su valor en cerca de 1,5 millones de euros.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 06/07/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
Russafa, unida en defensa de su parque
ELPAÍS/Valencia* : Russafa hace frente común para defender su parque, el Manuel Granero, la única zona verde que existe en el barrio. El objetivo ha unido a las dos grandes asociaciones de vecinos (de orientación política contraria), y a una legión de pequeños colectivos, comercios, comunidades religiosas, y fallas.
El Ayuntamiento de Valencia baraja arrancar la arboleda del Manuel Granero, construir debajo un aparcamiento, y volver a replantarla. Unas obras que dejarían al barrio sin parque, al menos, durante 24 meses, y que pondrían en riesgo la vida de los árboles.
Un día después de la tumultuosa junta municipal de Russafa del jueves, cuyo presidente, Vicente Aleixandre, del PP, tuvo que abandonar entre insultos de un sector de los vecinos y escoltado por la policía, la alcaldesa Rita Barberá (que condenó los hechos) insistió en que las decisiones sobre el parque se adoptarán "por consenso". Pero los vecinos no se fían. Hace unos días, sin aviso previo, se encontraron una zona del parque cerrada y a un grupo de obreros realizando "catas de viabilidad" del aparcamiento con grandes máquinas.
"¿Tú pagarías la tasación de un piso si no fueras a comprarlo?", pregunta Inmaculada Bauset, portavoz de la Plataforma per Russafa, y añade: "En el Ayuntamiento se llenan la boca de hablar de participación, cuando la verdad es que para ellos los ciudadanos somos una molestia". Y Giovanni Donnini, presidente de la Plataforma Russafa-Gran Vía, que negoció sin éxito un acuerdo con el Consistorio, afirma: "Les pedimos que en el futuro parque los árboles tuvieran la misma altura que ahora; que habilitaran otra zona verde mientras duraran las obras, y que las plazas del aparcamiento fueran total o prioritariamente para los vecinos. Pero sólo aceptaron la última".
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 05/07/2008
Foto: Valencia, parque en Russafa - russafa.org
La Fiscalía denuncia al alcalde de Macastre por delito urbanístico y falsedad
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ABC/Valencia* : La Fiscalía de Valencia ha interpuesto una denuncia contra el alcalde socialista de Macastre por permitir la construcción de 38 viviendas que contravenían el planeamiento urbanístico del municipio y sin que existiera el preceptivo informe jurídico. Acusa también al regidor municipal, José Vicente Miralles, de falsear la normativa para silenciar a los vecinos que, en un determinado momento, le advirtieron de la presunta ilegalidad de las nuevas viviendas que se estaban edificando en el municipio.
Los hechos que ahora llegan al Juzgado se remontan al 6 de febrero de 2006. De esa fecha es la solicitud formulada por la mercantil Osalmen Inmobiliaria de Gestión Vall De Albaida al Ayuntamiento de Macastre. Esta sociedad quería obtener licencia para edificar 20 viviendas, 14 de ellas pareadas en la Urbanización Llanorel.Con una inusitada celeridad -al día siguiente de la solicitud-, el arquitecto municipal, José Luis Honojosa, también denunciado, emitió un informe favorable. Tres días después, el primer edil otorgó la licencia en los términos solicitados por la mercantil, que contemplaba chales pareados donde sólo se podía construir viviendas unifamiliares. Y lo hizo, según consta en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, pese a que las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico de Macastre señalan, en su artículo 80.3 que «en cada parcela sólo se podrá construir un edificio de vivienda unifamiliar -edificación principal-» y «un garaje, tendedero...» como edificación secundaria. La denuncia, señala además, que la licencia se otorgó sin que en el expediente constara «el preceptivo informe jurídico exigido por el artículo 194.2» de la ley urbanística valenciana.
Las casas empezaron a construirse para sorpresa de otros propietarios ya residentes en dicha urbanización, que cuando adquirieron sus parcelas y construyeron sus viviendas encontraron unas limitaciones que ahora no se respetaban. Y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento. Le dijeron al alcalde que «se estaba construyendo más de una vivienda en cada parcela». Sáez Miralles les replicó entonces, que las normas subsidiarias vigentes avalaban esta actuación urbanística. Y les entregó una copia de las mismas compulsada por la secretaria interventora del Ayuntamiento, María Eugenia Hernández Gil, también denunciada. La copia de la normativa que se entró a los vecinos decía que «en cada parcela se podrá construir un solo edificio con una sola vivienda o dos pareadas, siempre que sean objeto de un único proyecto y se edifiquen simultáneamente». Según la Fiscalía, dicha copia compulsada, «está manipulada» pues la norma original nada dice de viviendas pareadas.
El Ministerio Público ha denunciado al alcalde, al arquitecto municipal y a la secretaria por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de falsedad en documento oficial.
Un año después de estos hechos, el alcalde otorgó otra licencia a la misma constructora para 24 nuevas viviendas pareadas en la misma urbanización. El arquitecto denunciado informó favorablemente. La licencia se concede, de nuevo, sin el obligatorio informe jurídico.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE. VALENCIA - 5 de julio de 2008
Foto: Macastre (Valencia) - flickr.com
Los vecinos cuestionan el plan millonario de Alperi para los barrios del norte de Alicante
ELPAÍS* : Obras son amores y no buenas razones. La Asamblea Ciudadana de la Zona Norte de Alicante, un colectivo formado por representantes de sindicatos, partidos políticos, vecinos y trabajadores de los seis barrios que la componen, ve cómo los planes del Ayuntamiento a futuro no evitarán que este verano los jóvenes de estos barrios vuelvan a tener las aulas municipales de cultura de la Plaza de Argel o el Centro Juvenil Municipal Gastón Castelló, cerrados.
Tampoco habrá actividades deportivas. Un colectivo especialmente vulnerable en los barrios más deprimidos de la ciudad.
Casi el 12% de la población de Alicante vive en estos seis barrios, donde la tasa de paro es del 20% y el 56% de la población es analfabeta o carece de estudios. El Ayuntamiento presentó ayer un plan integral para la recuperación de esta zona de Alicante. El plan tiene una previsión presupuestaria de casi 168 millones, dirigidos sobre todo a integrar la zona con el resto de la ciudad, a proyectos dirigidos a la integración cultural, a la formación y a la inserción socioeducativa. Alperi detalló que en diez años el Ayuntamiento pretende rehabilitar 10.000 viviendas. El plan incluye actuaciones realizadas, otras en marcha y el grueso a futuro. El Ayuntamiento anunció que cinco comisiones "pormenorizarán las actuaciones".
El jueves, el alcalde Díaz Alperi visitó la zona para exponer en primera persona el contenido de su proyecto para relanzar los barrios. El coordinador de la Asamblea, Juan Antonio Olmo, aunque asegura que "es pronto" para realizar una valoración del mismo, pide más concreción en las propuestas y que se agilicen los plazos. La asamblea lamenta que hasta septiembre u octubre el Ayuntamiento no los reunirá "para empezar a debatir" los proyectos.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 05/07/2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
La desidia de La Vila y del Consell beneficia al Atrium en 12 millones
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Consell, ambas instituciones en manos del PP, dispusieron de un plazo de tres años para activar el expediente por infracción urbanística por exceso de obra al promotor del hotel Atrium Beach que incluía una multa de 12 millones de euros, y no lo hicieron.
La resolución del primer y único expediente, abierto el 31 de marzo de 2004, fue comunicada fuera del plazo legal de seis meses. Este dato ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a dar la razón a la promotora del complejo levantado en primera línea de la Cala de La Vila, Hotel Luna, SA, por defectos de forma. El TSJ ha declarado nula la sanción.
El Consell notificó al promotor la resolución de la sanción 16 días después de que finalizara el plazo, cuando el expediente ya había caducado. El entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, la calificó como una "sanción ejemplar" sobre el urbanismo salvaje. Pero nunca se iba a cobrar. Ni la notificación estaba en plazo ni la Administración intentaría corregir en los tres años siguientes el error.
Las infracciones urbanísticas tienen una vigencia de cuatro años, un plazo transcurrido el cual prescriben y ya no se puede actuar legalmente. Durante ese periodo se pueden abrir tantos expedientes sancionadores como sea necesario. Estos tienen validez durante seis meses, transcurridos los cuales -como ocurrió en este caso- caducan y deben iniciarse de nuevo. La sentencia del TSJ recoge que la Administración sancionadora, el Consell, argumentó en el proceso que "no disponía del expediente (...) por haberse tramitado por el Ayuntamiento", lo que no justifica, a juicio del TSJ, su validez.
El exceso de obra (53.000 metros cuadrados) del Atrium se destapó en septiembre de 2003, a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres albañiles. Por tanto, la infracción urbanística prescribió en septiembre de 2007, es decir, cuatro años después. Sin que el Ayuntamiento actuara de nuevo, dando por válido el proceso ahora anulado.El artífice de aquella "sanción ejemplar" al urbanismo salvaje, el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, rechazó ayer cualquier responsabilidad por la falta de diligencia para aplicar la sanción y responsabilizó al Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, y a sus sucesores en el departamento, de no culminar su obra. Un portavoz oficial de la Consejería de Inmigración -de la que es responsable en la actualidad Blasco- explicó que "fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de sancionar a la empresa, y la llevamos incluso al pleno del Consell, que la aprobó a instancias nuestras". La tramitación "debió competer al Ayuntamiento, que no lo hizo correctamente", señaló este portavoz de Blasco. Sobre los tres años en los que se pudo instar desde la consejería a abrir un nuevo expediente, indicó: "Nosotros pasamos a Sanidad [en mayo de 2006] y vino un nuevo responsable al departamento [Estaban González Pons]".
Por el contrario, el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente, Francesc Signes, explicó que "la absolución del Atrium no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda del Consell", en referencia al hecho de que la consejería, aseguró, "eludió realizar los trámites necesarios para que no caducaran las sanciones impuestas al Hotel Atrium". Para Signes, el Atrium es "el ejemplo perfecto de la sumisión del Consell a los intereses urbanísticos".
El alcalde de La Vila, el socialista Gaspar Lloret, declinó ayer hacer declaraciones. El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, culpó al PP de la "dejadez y mala gestión". "Vendió humo en toda la comunidad cuando puso al Atrium como ejemplo de que los infractores pagarían", señaló. Desde 2004 y hasta las elecciones municipales de 2007, los partidos de la oposición en el Consistorio vilero, hoy integrantes del Gobierno cuatripartito, solicitaron en varias sesiones plenarias información del expediente al instructor del mismo, el entonces edil de Hacienda, Isidro Cantó. Fuentes cercanas al Gobierno cuatripartito explicaron que hoy estudiarán emprender acciones legales contra Cantó. De hecho, fue el edil de Hacienda el que incluyó en los presupuestos de 2005 el ingreso correspondiente a esta sanción, a pesar de que estaba recurrida. El Gobierno del PP se gastó aquel año un dinero que nunca ingresó.
Hotel Luna, SA, interpuso el recurso contra la sanción de 12 millones de euros el 28 de octubre de 2004, es decir, cuando restaban tres años para que la infracción prescribiera. Este recurso, resuelto ahora por el TSJ, no alertó a los dirigentes populares para revisar su gestión, comprobar las fechas e iniciar otro expediente. Contra la resolución del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque fuentes municipales se han mostrado pesimistas por las referencias de la sentencia a la jurisprudencia del alto tribunal.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 03/07/2008
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
Un juez ´tumba´ el programa que desarrolla otro plan parcial en La Vila
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INFORMACIÓN/Alicante* : La sección segunda del Tribual Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado la programación fijada para e desarrollo del plan parcial 15 "Poble Nou" en La Vila por considerar que el incremento de las cargas de urbanización, aprobadas en Pleno en 2004, son contrarias a derecho.
El edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, anunció ayer que desde el Consistorio de La Vila se van a revisar los sectores urbanísticos que sean susceptibles de haber caducado su procedimiento, es decir, que todavía no se hayan finalizado. Y es que el Plan General municipal de 1999 contemplaba 37 sectores a construir, pero sólo se han ejecutado cuatro. En este sentido también se pronunció el Diagnóstico del Plan General, que se expuso públicamente hace unos días en el Hogar del Pensionista del municipio vilero.
La sentencia implica que hay que recalcular las cargas urbanísticas de nuevo y descontar los honorarios por el seguimiento municipal y de la previsión de indemnizaciones del dinero, que tienen que pagar los vecinos afectados. Ahora deberá ser el urbanizador quien asuma estos gastos y no el vecino, como aprobó el Ayuntamiento en febrero de 2004.
La previsión de indemnizaciones hace referencia al pago por la eliminación de aquellos elementos existentes en el sector, que son incompatibles con la nueva urbanización, como por ejemplo, vallas, arbolado o edificaciones abandonadas. Estos gastos los asumirá el urbanizador tras la sentencia judicial. La sentencia desestima que se haya vulnerado el principio de pública concurrencia al "no apreciar beneficio alguno para el urbanizador que implique trato de favor a éste".
El edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, que fue quien interpuso el recurso contra la decisión del Ayuntamiento en 2004, gobernado por el PP, manifestó que "este conjunto de sentencias viene a demostrar la ligereza con la que el PP iba programando y desarrollando los sectores de planeamiento. Al fin y a la postre esta ligereza está dando unos resultados buenos para los vecinos y malos para los urbanizadores. Esperamos que no sea la última sentencia desfavorable, porque estamos pendientes de algún fallo judicial más".
El sector "Poble Nou" tiene una superficie de 41.169 metros cuadrados y es de uso turístico intensivo. El número de viviendas que contempla el citado plan parcial es de 30 viviendas por hectárea, por lo que sólo se edificarían unas 120 viviendas. Los metros cuadr