«Nos ha cegado la avaricia de vender todo el suelo posible»

LAVERDAD/Murcia/Entrevista* : Tiene que bregar con 270 kilómetros de costa en los que convergen un sinfín de intereses públicos y privados. Para separar (y conjugar) el lucro particular y el provecho colectivo, Francisca Baraza maneja la Ley de Costas de 1988 como un bisturí sin que el tiemble el pulso. Licenciada en Biología, ha desarrollado su carrera en la Administración regional, donde se ha convertido en una autoridad en la gestión de espacios naturales. Asumió en 2005 la Jefatura de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia de la mano de Narbona, la ministra que dio un impulso a la conservación del litoral pisando callos en muchas regiones.

Paca Baraza (Águilas, 1954) mantiene un rigor profesional reconocido por responsables del PP con los que ha trabajado. Denuncia sin aspavientos los negativos efectos del modelo urbanístico de estos años, y eso no le impide tender puentes con todas las administraciones con las que debe entenderse a diario. En la regeneración de Portmán y del Mar Menor se dan «pasitos» pero no llega la solución final. Como miembro de la ejecutiva del PSRM-PSOE destaca lo duro que es hacer oposición en una Región donde el PP lo acapara todo.

-Usted es de Águilas. ¿Tiene casa en la playa?
-Afortunadamente no. Siempre he estado en la vivienda de mis padres. No está lejos del puerto, pero no vivo en la influencia de la playa.
-¿A la Demarcación de Costas le crecen los enanos en verano? ¿Se mete en muchos charcos?
-Se va sobrellevando. Costas es un trabajo apasionante y complejo. No me meto en ningún charco, sino que me limito a hacer mi trabajo. El balance de estos cinco años es positivo. Me he enfrentado a muchos problemas, pero se van superando. Hay una ley clara, recursos para aplicarla y un buen equipo.
-¿Por qué la gente quiere vivir lo más cerca de la playa? En Europa hay una tendencia demográfica a ocupar la ribera del Mediterráneo.
-Siempre han sido áreas de más actividad económica a todos los niveles. Más del 40% de la población española vive en la franja próxima a la costa. Eso genera presiones de todo tipo que hay que equilibrar. Es lo que pretende la Ley de Costas, garantizando lo público para el disfrute de todos los ciudadanos.
-¿Hay playas privadas?
-Todas son de dominio público y deben tener libre acceso. Si ha habido intención o interés por privatizar playas, la ley es contundente y se ha evitado.
-¿Qué es más peligroso, un dominguero que llega a la playa con el coche, la sombrilla y la nevera, o el propietario de una vivienda al borde del agua?
-Lo más peligroso es lo que permanece, porque es más irreversible. El dominguero se va. El modelo urbanístico que se ha impuesto en todo el litoral, de ocupar el territorio permanentemente, tiene efectos negativos. No sólo para las playas. Cuando ves la cantidad de suelo ocupado de forma definitiva, para que sólo sea aprovechado dos meses al año, resulta anti económico. No es muy eficiente. Pero es el modelo que se eligió. Ahora estamos en una fase de repensar muchas cosas. En la Región de Murcia aún queda bastante territorio sin intervenir y hemos llegado a tiempo en muchos sitios para salvar ese patrimonio.
-Usted dijo que es una bendición que haya tantos acantilados. ¿De lo contrario no quedaría un palmo de zona virgen?
-A las pruebas me remito. Las zonas llanas están todas urbanizadas. Nos queda lo que ha sido patrimonio militar, que se ha preservado muy bien. Al igual que la zona acantilada, donde es más difícil el acceso y la ocupación y donde se acumulan valores naturales que se protegen. Casi el 40% del territorio de la Región está preservado por ese motivo, afortunadamente.
-¿Con Cristina Narbona llegó una política más dura, más talibán como señalan algunos, a la hora de aplicar la Ley de Costas?
-Talibán no. Cristina Narbona dio un impulso a la ley e hizo una política más activa. Posiblemente se venía de una época más aletargada en la que quizás no se aplicaba la ley con contundencia y en todos los frentes. Narbona intentó poner en primera página la gestión de la Costa. Fue importantísimo el impulso que se dio a los deslindes.
-Provocando muchas protestas.
-Había que hacerlo. Era necesario. El deslinde es un acto muy técnico. Eso hace que los particulares pierdan la mayoría de los contenciosos. En España, el 97% de los recursos los gana el Estado porque hay una buena fundamentación técnica.
-¿Se engaña a muchos propietarios que compran casas en la playa? ¿Se venden en folletos playas paradisíacas que luego no existen?
-Posiblemente sí se ha intentando utilizar esas artimañas. Me da la impresión de que muchos compran a sabiendas de lo que hacen, intentando buscar después una solución. Pero no tiene sentido comprar una vivienda afectada por el dominio público. O estar en una playa que no responde a las expectativas. Por eso es muy importante asesorarse y ver las cosas in situ. Es muy bonito vivir en primera línea de playa, pero eso tiene muchos condicionantes.
-¿Forma parte de una cultura querer vivir en primera línea de playa?
-Efectivamente. En España hemos sido muy aficionados a eso. A tener las ventanas abiertas; todo al exterior. Por eso, una de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar con la Oficina del Catastro, para trasladarle los deslindes con la finalidad de que cualquier persona compruebe si una finca está afectada por el dominio público y no se lleve a engaño. Aquí somos pioneros en esa tarea.
-Preservar 100 metros en la franja costera supone llevarse por delante una cantidad apreciable de viviendas, con derribos...
- No todo lo que está dentro de los 100 metros se derriba. Hay cierta confusión en la gente. La Ley de Costas separa el dominio público marítimo terrestre del privado y, a partir de lo que se define como ribera del mar, establece una zona de servidumbre. Los 6 primeros metros son de tránsito. Es donde ponemos los mojones, para que quede libre y expedito y todo el mundo pueda circular. Después, hasta 100 metros, es donde pueden existir afecciones a la ley. Para eso hay una regulación. Hay viviendas permitidas que eran legales antes de 1988 y que no se van a demoler. Las únicas que se van a derribar son las que están dentro del dominio público por delante de los mojones, no por detrás. Entre los mojones y el mar. Después de 1988 no debe haberse construido nada. Hay viviendas, en la mayoría de los casos, que están dentro de dominio público y que tenían una concesión de 1920, por ejemplo. La autoridad marítima les dio una concesión por equis años. La Ley de Costas dice que todas esas concesiones antiguas prescriben en 2018. En ese año, esas viviendas dentro de dominio público prescribirán, y el uso residencial que tenían ya no podrá prorrogarse.
-¿Cuántos expedientes de demolición tiene encima de la mesa?
-Ahora, cuatro o cinco de caducidad de concesión. Por lo general, la mayoría no son viviendas. Son jardines, muros y pequeñas invasiones que hace la gente. Cuando se derriban viviendas es porque existen concesiones caducadas, como chiringuitos o restaurantes, como el de la isla Perdiguera. No todo se puede demoler o quitar. Hay que estudiar cada caso.
-¿El restaurante que había en El Mojón era un caso de libro?
-Era de libro. Era una concesión que había prescrito y llevaba 20 años de recursos y trámites jurídicos.
-¿Y los dos locales en la playa de Santiago de La Ribera?
-¿Las pescaderías? Su caducidad está en tramitación. Cuando se resuelva, habrá que demolerlas. La Región de Murcia no tiene muchos problemas de ocupación de ese tipo.
-Los chiringuitos también tienen su cultura. ¿Cómo afectará aquí la prohibición ministerial?
-Aquí se han sabido llevar muy bien. No va a afectar porque la mayoría de chiringuitos son de temporada. Hemos llegado a un acuerdo con los ocho ayuntamientos para regularizar el sector. Tenemos casi 200 instalaciones y la mitad son chiringuitos. Tienen su economía, su trabajo, su riqueza... Le viene muy bien al bañista tener un chiringuito cerca de la playa. Se levantan en octubre y hasta la siguiente temporada. Aquí no hay problemas.
-¿Se especula a toda costa? Usted declaró hace años que Valcárcel no se debía dejar llevar por los intereses de los especuladores. ¿Ha existido abuso?
-Me remito a lo que hay. Con la Ley del Suelo que aprobó Aznar se produjo un desarrollo urbanístico desmesurado. Ese modelo de crear resorts por todos sitios y fuera de los núcleos de población me parece anti todo. Insostenible total. Los ayuntamientos no pueden responder después a los servicios que demanda ese tipo de urbanizaciones. Cuando se ocupa el territorio de forma desmesurada no creo que se genere calidad de vida para nadie.
-¿En algunos sitios se ha dado el modelo de Marbella?
-En el litoral se ha tendido a eso. En algunos ámbitos de Cartagena, de Águilas y en la zona del Mar Menor, que casi hemos colmatado.
-Si se pudiera volver hacia atrás, ¿cómo estaría ahora La Manga aplicando la Ley de Costas?
-Pues sin ninguna vivienda, o con muy poquitas. Habría algo, pero no tanto como ahora. Todo el cordón dunar estaría protegido. Debo recordar que La Manga se urbanizó con todas las de la ley. La legislación anterior al 88 no contemplaba las dunas como dominio público y lo construido estaba amparado. Después de ese año se siguió construyendo, y ahí es cuando se podía haber gestionado de otra manera. Tendríamos que haber actuado con contundencia. Ahora sabemos más, como las connotaciones que puede traer el cambio climático.
-¿Cuál es la postura del Ministerio sobre Puerto Mayor, junto al Estacio? ¿Van a aceptar que se construya la dársena deportiva?
-El Ministerio recurrió porque consideró que ahí no debe estar ese puerto. Se opuso a la concesión porque cree que estaba caducada y no tenía sentido. Mantiene lo mismo. Supongo que si la Consejería cumple ahora el fallo del TSJ tendrá que reiniciar el procedimiento de oficio. Posiblemente, el Ministerio va a recurrir porque se pedía la nulidad de la concesión, y eso no lo ha admitido la Sala del TSJ.
-Los defensores de Puerto Mayor dicen que faltan puntos de amarre en el litoral. ¿Es cierto?
-Ha existido un 'boom' de barcos deportivos paralelo al urbanístico. Un disparate. Según la Consejería, hay un déficit de amarres. Nosotros hemos hecho un estudio sobre el problema del fondeo de barcos que no están amarrados y que compiten con los bañistas. En el Mar Menor invaden las zonas de baño. Hay casi mil barcos fondeados en la laguna, aparte de los que están en los puertos deportivos.
-¿Y la solución es...?
-Debe ser compartida con el Gobierno regional y los ayuntamientos. Hay tres salidas: buscar polígonos de fondeo, poner marinas de interior y regular. ¿Eso significa que se necesitan más puntos de amarre y más puertos? A lo mejor, lo que se necesita son más marinas secas, de interior. Los barcos, al fin y al cabo, necesitan zonas de aparcamiento porque se usan muy poquito a lo largo del año. No siempre un puerto tiene que estar en el mar. Ese modelo no prolifera mucho aquí. En otras provincias sí.
-¿Es para usted una frustración que el Mar Menor siga colmatado y amenazado por los fertilizantes agrícolas?
-Llevo 30 años en la Administración pública y he aprendido que los procesos son lentos. Pero se van dando pasitos y cumpliendo pequeñas metas. Esta laguna es única en el Mediterráneo y todas las administraciones se han interesado para resolver sus problemas. Creo que las tres administraciones vamos por el buen camino. Siempre soy optimista, por eso me mantengo en estos sitios. De lo contrario, no podría.
-Portmán también se eterniza. Desde que Carlos Collado cortó el chorro de los estériles mineros han pasado bastantes años y la recuperación de la bahía no llega.
-Se eterniza, efectivamente... El proyecto espera la declaración de impacto ambiental. Mientras tanto, se realiza un trabajo de investigación. Hay un impresionante laboratorio en vivo que despierta el interés internacional. Se investiga la metodología de trabajo en relación con el material contaminado, lo cual está dando pie a que se pueda usar en otros lugares.
-Los vecinos están cansados y quieren ver las obras. Son muchas promesas realizadas...
-Se está haciendo un trabajo previo importantísimo. Primero hay que estabilizar el sustrato con garantías de seguridad para la salud humana. No se puede decir que Portmán se ha archivado, en absoluto. Además, ahora existe una situación sobrevenida con el proyecto para colocar una inmensa dársena de contenedores en el Gorguel. Justo al lado. Las administraciones tendrán que decidir la compatibilidad de los usos. Hay que analizar si puede haber afecciones o no a la bahía y a la playa que se van a regenerar y las expectativas de desarrollo de la zona. Ha habido muchos cantos de sirena, pero ahora es el momento de la verdad.
-¿A priori, ve usted un puerto de contenedores junto a Portmán?
-No lo sé. En la vida todo se puede compatibilizar si se quiere. Hay cosas que no se reducen al dinero. A priori, no veo la conjunción de estas dos obras pegadas, pero habrá que demostrar con argumentos económicos y técnicos la viabilidad de ambos proyectos.
-¿Qué opina Costas sobre el proyecto de Marina de Cope que apadrina el Gobierno regional?
-Desde el punto de vista de Costas, no debe invadir los 100 metros. Se deben evitar las pantallas urbanísticas en los 500 metros, que también lo dice la ley, aunque no es muy contundente. Y poco más.
-¿Y a usted particularmente qué le parece el proyecto?
-Tengo mi corazoncito en Águilas y Marina de Cope me gusta como está. Aunque tampoco tiene que estar como está. Se podría hacer una actuación que revalorizara la zona y le diera calidad turística, pero no la que está planteada. Creo más en lo micro que en lo macro. En pequeñas cosas que revalorizan el paisaje y sirven más a la economía, y no en grandes cosas que a lo mejor matan la gallina de los huevos de oro.
-En Puntas de Calnegre hay vecinos levantados en armas porque no quieren ser desalojados.
-Nuestra posición se ciñe a un deslinde. El poblado tiene unas 46 viviendas dentro del domino público. La Audiencia nos dio la razón y ahora está recurrido en el Supremo. Mientras tanto, le hemos pedido al Ayuntamiento de Lorca que intente reubicar esas viviendas aprovechando que tiene un plan parcial colindante donde quiere ubicar 8.000 casas.
-¿Qué hay de cierto en las denuncias de que la Región de Murcia estaba en venta? El Gobierno regional dijo que otras regiones estaban peor y que aquí se conserva más.
-No sé si son ciertas o no. Es verdad que ha habido una desmesura a partir de 2001, cuando los ayuntamiento quisieron aprovechar ese 'boom' para llenar sus arcas. Ahora lo estamos padeciendo. Están en plena crisis y arruinados y no tienen ingresos porque todo se basó en la construcción y el desarrollo inmobiliario. Hemos perdido muchas oportunidades porque nos ha cegado la avaricia de vender todo lo que podíamos del suelo. El suelo es un patrimonio y un recurso irreversible. Hay que tratarlo con delicadeza. Las reglas del juego hay que tenerlas claras. Existe un interés general y otro particular. Para eso está la Administración pública, sobre todo para el urbanismo y la ordenación del suelo. Respetando la propiedad privada, por supuesto, no en todos los sitios se puede hacer cualquier cosa.
-El Ministerio ha comprado 300 hectáreas en la costa. ¿Ha sido un brindis al sol? La propiedad ha pasado de un ministerio a otro.
-No. Defensa suele desafectar su patrimonio y venderlo. Fue una manera de blindar unas zonas de alto valor. Entre los ministerios no se regalan las cosas. Fue una buena adquisición y el ciudadano lo nota.
-Usted pertenece a la ejecutiva regional del PSRM-PSOE. Haga un diagnóstico de su partido, que parece que no levanta cabeza.
-No es que no levante cabeza. Es que estar en la oposición es muy duro en esta Región. La política del PP es muy dura para un partido en la oposición. Estamos levantando cabeza poco a poco porque cuesta mucho esfuerzo superar eso. El ciudadano tiene que ver al PSRM-PSOE como una alternativa.
-Pero aún no lo percibe.
-Porque la política del PP hace que no lo perciba. Está siempre en primera línea. Es de un clientelismo y de un acapararlo todo absolutamente... El PP hace mucha propaganda y copa todos los ámbitos, por lo que el PSOE tiene más dificultades añadidas. Soy optimista y hay que seguir trabajando hasta que el ciudadano se dé cuenta de que el modelo del PP no es el que más interesa de cara al futuro. Nuestro partido denunció hace tiempo lo que pasa ahora con aquel modelo urbanístico desaforado. Cristicó la falta de perspectivas para los jóvenes y la escasa diversificación empresarial. Por eso se han perdido muchos trenes en estas Región. Posiblemente estamos pagando ese afán por el cortoplacismo que ha imperado en el Gobierno regional.
-¿No es también una cuestión de liderazgo, el de Pedro Saura?
-Pedro Saura es una esperanza importante que debe seguir consolidándose. Lo que cuenta de verdad es el equipo. Para mí, las encuestas sirven para tomar nota de por dónde va el sentir de la sociedad.





* La Verdad - 13.06.10
Foto: Mar Menor (Murcia), aérea excesos urbanísticos - skyscraperlife.com

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Vigo.- Más de 2.000 viviendas en el limbo

FARODEVIGO* : El Plan Xeral de 1993 adolecía de graves problemas de seguridad jurídica y dejó una pesada losa: una marea de sentencias contra grandes urbanizaciones, algunas de ellas con orden de derribo. En otros casos fueron los promotores los que incumplieron la licencia y acabaron en los tribunales. Al escenario se sumó un tercer factor: detrás de muchos pleitos están los mismos demandantes, que ganaron los recursos ante la debilidad de aquel PXOM. Por ahora todas las viviendas siguen en pie, pero la piqueta acecha.

El Plan Xeral en vigor desde 2008 estaba en teoría llamado a subsanar los graves problemas judiciales de casi todas las grandes urbanizaciones de la ciudad sobre las que planean órdenes de derribo. La norma da acomodo a las características de muchas de ellas, con lo que los afectados aspiran a obtener licencias, argumentar su nueva situación ante los tribunales, y salvar así sus viviendas de la piqueta. Con ello pondrían fin a años de pleitos, recursos ante el TSXG y el Tribunal Supremo, y reiterados autos desestimatorios que confirmaban las condenas e instaban al derribo en casos como O Piricoto, Jacinto Benavente o uno de los edificios de apartoteles de Samil. Con la aprobación del planeamiento, los promotores y comunidades en esta tesitura se pusieron manos a la obra y presentaron sus proyectos de legalización en el Concello.

Más de 2.000 pisos se encuentran en el limbo legal, principalmente por las lagunas jurídicas del Plan Xeral de 1993, que propiciaron una cascada de demandas. Detrás de muchas de ellas están los mismos recurrentes, que ganaron los pleitos ante las deficiencias y la debilidad jurídica de aquel planeamiento. Casi dos años después de la aprobación del PXOM que lo sustituyó se ha demostrado que la regularización no es sencilla. Sólo Jacinto Benavente y uno de los 19 edificios de Rosalía de Castro en situación irregular han obtenido licencia de la Gerencia de Urbanismo. Aún así el problema no se ha zanjado y los inmuebles siguen en peligro. Falta que los jueces avalen su legalidad y aprueben la inejecución de las sentencias, lo que en la práctica remataría el proceso con final feliz para los propietarios. En el lado contrario de la balanza está Finca do Conde, donde el propio Concello ha frenado las aspiraciones de los promotores de regularizarse con el PXOM. El pleno acordó la suspensión de licencias en el ámbito y ha iniciado el proceso para modificarlo, ya que el gobierno local considera que, con sus actuales condiciones, la urbanización incumple la sentencia que la ilegalizó. Las obras cumplían la licencia, por lo que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores, si se llegase a ejecutar el derribo, con una cantidad estimada en 350 millones. Demoler llevaría a la bancarrota a las arcas municipales. También en O Piricoto se respetó el permiso.
Los demás afectados de Rosalía, los propietarios de las Torres Ifer de García Barbón, A Pastora y los apartoteles de Samil esperan el dictamen municipal. Y, con ello, vislumbrar la luz al final del túnel.





* El Faro de Vigo - 13.06.10
Foto: Vigo, edificio Piricoto ilegal a derribar - lavozdegalicia.es

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«El desarrollo urbanístico de Castro me recuerda mucho al de Marbella»

DIARIOMONTAÑÉS/Entrevista* : La II Bienal de Arquitectura de Castro ha cerrado su programación este fin de semana con la conferencia 'La ciudad del siglo XXI: estrategias para el cambio de modelo' a cargo del catedrático de la Escuela de Arquitectura de la ciudad de Barcelona, Joseph María Montaner. El arquitecto aportó una serie de claves sobre el futuro del urbanismo y la arquitectura de España.
-La Ley de Costas dice que hay que tirar el Hotel Miramar y el pabellón Peru Zaballa, dos edificios emblemáticos del municipio, por estar en terreno marítimo terrestre, ¿qué le parece?...

-La Ley de Costas en sí es muy flexible porque las distancias que marca varían mucho en función de si se trata de una zona urbana o de un parque... y hay muchas decepciones. Por ejemplo, en Barcelona se ha construido un hotel de superlujo, proyectado por Ricardo Bofill, que se salta la Ley de Costas. Esta ley tiene muchos pliegues, muchas excepciones y es relativamente fácil encontrar excepciones. Es absurdo derribar el Hotel Miramar. Lo que habría que hacer es buscarle un uso público, que el beneficio repercutiese en los ciudadanos y no en el sector privado.

-Algunos han llegado a comparar el desarrollo urbanístico de Castro con el de Marbella. ¿Está usted de acuerdo?
-Sí. Cuando he llegado a la ciudad me ha recordado a un viaje que realicé hace un mes por la costa mediterránea y Marbella, y sí que se parece en estas urbanizaciones extensas, donde todas las viviendas iguales y se repiten casi sin infraestructuras, y sobre todo sin haber dotado las zona de transporte, de equipamientos... No obstante, es difícil llegar a los niveles de urbanización de la costa mediterránea.

-¿La falta de servicios es entonces el caballo de batalla de Castro?
- Sí. Es el problema del modelo urbano tan especulativo. Ese urbanismo que no tiene calidad y ha entendido la vivienda como un valor de cambio, un negocio. Se ha construido primero sin equipamientos, sin comercios, y si los hay son grandes cadenas. Es clave que pueda haber pequeños comercios adecuados a cada ciudad. En Castro el comercio pequeño está ubicado en el caso urbano y los pequeños barrios debería estar dotados de este tipo de negocios. En síntesis, se tiene que construir menos, rehabilitar más y uno de los retos que va a tener nuestro país es como hacer ciudad todo esto que ha crecido desmesuradamente. El esfuerzo de las próximas décadas va a ser cómo hacer que se viva dignamente en esto que se ha construido de una manera tan irresponsable.

-¿Cree que está justificada la investigación judicial que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Castro, sobre todo, por temas relacionados con el urbanismo?
-Es muy difícil opinar sobre este asunto porque no lo conozco, pero, en lineas generales, estas investigaciones pueden ser una consecuencia de esa burbuja inmobiliaria y de este movimiento de millones de euros que, inmediatamente, ha generado comisionistas y estos porcentajes que se han pagado por obras, para tener permisos...





* El Diario Montañés - 13.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com

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Marbella.- El juez levanta el secreto de sumario del caso en el que está imputado Sean Connery

SUR/Málaga* : La investigación sigue en curso, pero las partes ya pueden acceder a la parte del sumario que permanecía bajo secreto. El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha acordado dejar sin efecto esta medida en el caso sobre presuntas irregularidades en el convenio de la finca Malibú, en el que se encuentran imputados el actor Sean Connery y su mujer, entre otros. En la causa se investiga un supuesto perjuicio de más de 2,7 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por las operaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de las más de 70 viviendas que componen el complejo inmobiliario Malibú.

Connery, de 79 años, residió durante décadas en los terrenos al pie del mar donde hoy se levanta el conjunto residencial.

La imputación del intérprete escocés en el caso, iniciado en 2006, tuvo lugar el pasado mayo, poco antes de que la Policía desarrollara la operación 'Goldfinger' -en alusión a una de las películas en la que Connery interpretó al espía británico James Bond-, en la que se registraron los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastién y Truán, en su día responsables legales del actor. Varios de los integrantes del despacho también fueron imputados en esta causa, que suma ya una veintena de encausados. Entre ellos, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor Juan Antonio Roca.

En el auto en el que levanta el secreto del sumario, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado defiende la pulcritud de los registros practicados en las sedes jurídicas. En este sentido, el instructor recuerda que uno de los propios abogados imputado en el caso «manifestó públicamente» en relación con uno de estos registros que había sido «ejemplar y exquisito».

El magistrado señala en su resolución judicial que de la documentación intervenida en el bufete de letrados -en soporte físico e informático, incluidos correos electrónicos- ha sido incorporada a la causa sólo aquella que guarda relación con los hechos investigados.





* SUR - 10.06.10
Foto: El complejo Malibú está compuesto por 72 viviendas - JOSELE-LANZA, diariosur.es

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El juez actúa contra 14 políticos y técnicos por prevaricación en el 'caso Navas del Marqués'

ELPAÍS* : El juez de Ávila que investiga los planes para construir una urbanización con 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) ha concluido buena parte de la instrucción y ha actuado contra 14 políticos y técnicos por prevaricación. El juez considera que en la tramitación la urbanización -que ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo- hay indicios de delito en el ex presidente de la diputación, Félix San Segundo, y el alcalde de la ciudad, Gerardo Pérez, todos del PP, en el promotor de la urbanización, Francisco Gómez alias El Paloma, entre otros.

El caso quedó separado en cuatro piezas y el juez ha concluido la instrucción de dos de ellas. En Valladolid se tramita una tercera que afecta a cargos autónomicos. El juez ha pedido al fiscal que acuse para sentarlos en el banquillo.

El juez recoge todo el trámite de aprobación de la urbanización, desde que la comisión territorial de urbanismo dio su visto bueno en 1999 pese a que "la ponencia propuso que se informara desfavorablemente" ya que "no se justificaba la necesidad de dicha reclasificación dado el elevado valor forestal y pasajístico del terreno". Todos los terrenos en los que iban las casas están en un pinar maduro protegido como lugar de importancia para la cigüeña negra desde 1995. "Hay que destacar que no existe ningún informe del Servicio de Medio Ambiente" en el expediente, apunta el auto judicial.

Al aprobar la urbanización, la comisión de urbanismo obligó a la empresa a reforestar 200 hectáreas pero la ponencia de impacto ambiental afirmó en 2002 que no podía pronunciarse sobre la medida. El plan salió adelante definitivamente el 30 de abril de 2003 bajo la presidencia de San Segundo pese a que el 3 de enero de ese año un informe interno advirtió de que no se podía recalificar y de que era necesario una evaluación de impacto ambiental. Por esta pieza el juez actúa contra San Segundo y otras 11 técnicos que participaron en la comisión de urbanismo.

En otra pieza, el juzgado investigó las relaciones entre la empresa pública Montes de las Navas -del Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambos del PP, y la constructora Residencial Aguas nuevas, de El Paloma. Antes de que el terreno saliera a concurso ya habían firmado un acuerdo sobre los terrenos. El juez afirma que el alcalde, Gerardo Pérez, y el secretario municipal, Carlos de la Vega, llevaron a cabo unos contratos con la promotora "en los que se obviaron exigencias legales [...] para acceder a las exigencias del promotor de la Ciudad del Golf [...], las cuales no habrían podido ser satisfechas sin vulnerar la ley.

Así, en 2001, la empresa de El Paloma y la empresa pública propiedad del monte ya acordaron su intención de llevar a cabo la compraventa del terreno. El acuerdo compromete a las administraciones para que el proyecto salga adelante. Es decir, antes de la tramitación ambienta, representantes del Ayuntamiento firmaron que se comprometían a aprobar el proyecto, como así ocurrió pese a las trabas de los técnicos ambientales. El juez da el paso para procesar a los tres. Cuando el tererno salió a concurso El Paloma fue el único que acudió y se llevó el terreno al precio de salida

Cuando en 2006 el TribunalSuperior vetó al obra El Paloma inició la tala del pinar y se llevó 2.243 de los 63.000 que inicialmente tenía permiso para arrancar.

Carlos Bravo, de la Asociación Ecologista Centaurea de Ávila, se felicitó por las resoluciones judiciales: "La instrucción se ha retrasado mucho por los sucesivos recursos. Pero que el juez mande a los responsables al banquillo tiene mucho sentido después de la sentencia del Supremo que falló que era ilegal".





* ELPAIS.com - 11.06.10
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf - J.Martin ( EFE )

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