La Xunta perdona la demolición del asilo ilegal promovido por Baltar

ELPAÍS/Ourense* : El edificio se inició sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura máxima permitida.
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos públicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposición de la legalidad urbanística que ordenó al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecución inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el montañoso paisaje del Macizo Central. El negocio, planificado en el año 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pagó la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde cedió terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedaría con la gestión del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuestó en más de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a través de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense. El esqueleto del geriátrico lleva más de un lustro esperando una artimaña legal que permita rematar la edificación en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcaldía del ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras a través de una moción de censura.

El subdirector de la APLU ordenó el archivo del expediente que certificó la ilegalidad y ordenó la demolición. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urbanística que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcción se levanta en terreno rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inició sin autorización administrativa, duplica la altura máxima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsión de aparcamientos, nunca se aprobó un expediente de delimitación del terreno y, además, excede la ocupación máxima de la parcela. La agencia urbanística concluyó que las obras no eran legalizables, por lo que ordenó el derribo en una resolución de octubre de 2010.

El plazo máximo para ejecutar la demolición era de tres meses. Dos años después el edificio no ha sido derribado. La mole continúa impertérrita en medio de la montaña ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodríguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que “debe adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística en el ejercicio de sus competencias”. Además, el Ayuntamiento de Chandrexa pagó multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.

El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, presentó varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el diseño del centro geriátrico “no se adapta al ambiente en que está situado” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural”. El regidor llegó a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificación del Catastro señala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.

Dos clanes políticos muy unidos

Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamartín de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleció en 2009 en medio de un proceso judicial que le encausó por un presunto delito de prevaricación. La relación entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al “benefactor” cacique ourensano. Además uno de los puentes que atraviesa el río Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbarón. Los Candal, como los Baltar, también se perpetúan en las instituciones a través de sucesiones dinásticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamartín durante 36 años. Su hija, María Jesusa, ha ocupado esa alcaldía en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Heredó el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las últimas elecciones locales perdió el bastón de mando y el PSdeG accedió al gobierno siendo la lista más votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobró el control del Ayuntamiento a través de una moción de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Además, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el día que prestó declaración ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorrés, entró a trabajar en la Diputación ourensana como técnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposición en 2009. También forma parte de la dirección del conglomerado empresarial familiar que aún aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos públicos.


* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAR 2013
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ

.................................... Leer más...

Por los suelos y en el aire

LNE/Gijón* : El Plan General de Ordenación (PGO) generó suelo urbanizable en la zona rural para construir más de 7.000 pisos. Veintiún promotores y algunas de las familias con más solera de Asturias tomaron el control de este terreno para garantizar su participación en el futuro crecimiento de la ciudad. Con la anulación del planeamiento urbanístico, las parcelas que adquirieron en tiempos de bonanza económica e inmobiliaria, llegando a pagar hasta 200 euros por metro en algunas zonas, queda en el aire. La nueva sentencia contra el PGO les pilla, además, en plenas negociaciones con los bancos, que poco a poco van tomando el control de algunas operaciones.
Quienes durante años clamaron por llevar la expansión de la ciudad más allá de la Ronda Sur se encuentran ahora en una encrucijada de la que algunas empresas no han conseguido salir. Según argumentaban a principios de 2000, las reservas de suelo urbanizable se quedando cortas ante la fuerte demanda de un mercado inmobiliario que entonces estaba en plena ebullición. Y el Plan General aprobado en 2005, así como el que lo sustituyó en 2011, atendieron ese planteamiento introduciendo grandes manchas edificables en la zona rural.

Pero el mercado de la vivienda acabó reventando. Los tribunales hicieron el resto. Y, hasta que el Ayuntamiento no enderece la situación, el urbanismo gijonés tiene ante sí un futuro incierto. A continuación se detalla la situación de las principales operaciones pendientes:

l Castiello de Bernueces. Es la operación más potente del Plan General de Ordenación y también la única que cuenta con aprobación definitiva por parte del Pleno municipal. La obtuvo antes de que se produjese la primera anulación judicial del PGO en verano de 2009. En su ámbito de actuación, de 948.664 metros cuadrados, tienen suelo Construcciones Prieto, San Bernardo, Durbelan, Esbelso, Moro, Interprovincial (familia Cosmen), Blima Deneb, La Lloseta de Deva, Promociones Cascos, Los Sauces, Rendueles López, Villa de Jovellanos, Rubiera y Varas, San Lorenzo y Quintas de Viesques.

Para poder desarrollar conjuntamente esta operación de casi 4.000 viviendas, la mayor de iniciativa privada prevista en el concejo, decidieron constituirse en una sociedad civil de la que también forman parte Covibarges, con sede en Madrid y propietario asturiano, o Reyal Urbis, ahora inmerso en el segundo concurso de acreedores más grande de España. La crisis también ha dejado por el camino a Arcisa, Fontela Gestión -vinculada al presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez- o Construcciones Orcema.

La revisión del PGO anunciada por el gobierno municipal, en caso de que se altere la calificación del terreno o su edificabilidad, salpica por tanto a «medio sector» de la construcción asturiana. La sociedad de Bernueces -integrada también por la Fundación de Escuelas Cristianas y varios particulares- se ampara en la aprobación definitiva del plan parcial para hacer valer sus derechos patrimoniales sobre el suelo, que estiman en unos 70 millones de euros. Sólo en gastos de gestión llevan asumidos más de 7. El asunto ya está en manos de abogados, «por lo que pueda pasar».


l Cabueñes. Uno de los planes más polémicos del PGO. De hecho, ha pasado varias veces por los tribunales. El gobierno de Foro, que ahora lo mete en el saco de su revisión integral del PGO, le dio aprobación inicial al proyecto hace unos meses. La operación abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, donde la gallega Lomas-Barajas controla el 49,15 por ciento del suelo junto a Reyal-Urbis, cuya participación caerá muy posiblemente en manos de los bancos.

En Cabueñes están posicionados, además, Promociones Moro (a través también de Playa de Gijón), el Ayuntamiento y Beyos y Ponga. La filial de Cajastur para asuntos inmobiliarios desaparecerá en cuanto la entidad asturiana, como parte de Liberbank, transfiera sus activos tóxicos -solares, pisos y créditos con riesgo de impago- al «banco malo».

Al igual que ocurre en Castiello, las entidades financieras tendrán, a corto plazo, voz y voto en la operación. La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes -como se conoce en la parroquia a la urbanización de 600 pisos que el PGO proyecta entre el hospital y el Parque Científico Tecnológico- solicita al Ayuntamiento que elimine la operación.

l Granda. Detrás del proyecto de hacer 1.200 viviendas a orillas de la senda fluvial, en el entorno inmediato del enlace de la Autovía Minera, se encuentra Covibarges. En Castiello tiene una participación de apenas el 3 por ciento. En el caso de Granda, sin embargo, la empresa del asturiano Armando Rodríguez Vallina lidera la operación.

Lo que ahora queda en el aire es la ordenación urbanística de 337.000 metros cuadrados de terreno, del que también son propietarios Rubiera y Varas, Promociones Rendueles, Dursa, el Grupo Maya y Duro Felguera. La inversión por compra de suelo en el plan parcial de Granda, al que Foro también ha dado su aprobación inicial, supera «con creces» los 50 millones de euros.

Al igual que ocurre con otros urbanizables, los actuales dueños del suelo se preparan para plantar batalla a cualquier revisión del PGO que lesione sus intereses. No sólo hablan de derechos edificatorios o patrimoniales. Están en juego también -según advierte el sector- las negociaciones con los bancos para ampliar créditos o entregar las parcelas como dación en pago.

l Porceyo. Este plan parcial apenas ha despertado interés en el sector de la construcción. Hasta el punto de que hay quien lo da directamente por parado. La ficha del PGO lo divide en cuatro núcleos, que suman 184.000 de suelo edificable para 1.200 viviendas. A día de hoy, sólo los vecinos de la parroquia mencionan esta operación cuando se habla del PGO.

l Alto del Infanzón. Nunca generó grandes polémicas, porque la mayor parte del ámbito de actuación de este plan parcial no cambió de manos. Los dueños originales de las parcelas participan en la promoción de los casi 500 chalés que les permite construir el PGO que ahora se anula. Aunque, al frente de la operación, se sitúa Promociones Cascos y la familia Figaredo.

De los 616.569 metros cuadrados recalificados en el Alto del Infanzón, coronando la parroquia de Somió, son para uso residencial -de baja densidad- apenas 74.000. El resto del terreno se destinará a servicios, viales y zonas verdes. El proyecto de urbanización ya ha superado su tramitación inicial y ahora está pendiente del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

Expertos en urbanismo aseguran que, actualmente, este plan parcial es el más viable a nivel económico y urbanístico. Los propietarios del suelo esperaban culminar las gestiones administrativas en este primer semestre del año. Aunque, con la anulación del PGO, desconocen qué piensa hacer el Ayuntamiento.


* LNE - Miriam SUÁREZ - 7.3.13
Foto: Vista de la ciudad desde los terrenos donde está previsto desarrollar el plan del Infanzón.- lne

.................................... Leer más...