El Tribunal Superior anula la legalización masiva de viviendas en Barreiros

De nuevo, aunque sea demasiado tarde, otro caso de ilegalidad urbanística manifiesta que trataba de ocultarse en la costa de Lugo. La Xunta legalizó cientos de viviendas fuera de ordenación y ha tenido que ser la justicia la que anule esa actuación ilegal del gobierno 'popular'. Ahora habrá que ver cómo termina este grave asunto y qué se hace con esas viviendas, además de si se penaliza materialmente a los cómplices gobiernos municipal y autonómico.
"ELPAÍS* : Una de las más controvertidas actuaciones urbanísticas del Gobierno de Feijóo, la legalización de cientos de viviendas en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo, ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La más alta instancia judicial de la comunidad autónoma ha aceptado un recurso de la agrupación ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprobó el Consello de la Xunta en marzo de 2012. Con ese plan el Ejecutivo autónomo pretendía dar cobertura legal a la mayor actuación urbanística de los últimos años en el litoral gallego —el Ayuntamiento había concedido licencias para 5.800 pisos, una buena parte de ellas declaradas ilegales— y a la vez aportar dinero público para dotar de infraestructuras a unas urbanizaciones edificadas sin apenas servicios para las viviendas.

El TSXG acepta los argumentos de Adega, que sostenía que la Xunta incurrió en “desviación de poder” al dar carta de naturaleza jurídica a unas urbanizaciones que en su mayor parte se construyeron sin cumplir los requisitos legales. El Gobierno gallego se había acogido a una fórmula prevista en la ley de ordenación del territorio y declaró el plan de Barreiros de interés supramunicipal, pese a que su ámbito de actuación se limitaba a ese Ayuntamiento.

Ningún caso simboliza mejor el desenfreno de los años de euforia del ladrillo en Galicia que el de este municipio lucense. En 2006, el alcalde, Alfonso Fuente, del PP, concedió licencias para construir 5.800 viviendas en una localidad de 3.200 habitantes, pese a la advertencia expresa de ilegalidad que formuló la secretaria municipal. Un año después, los socialistas paralizaron desde el Gobierno bipartito de la Xunta las autorizaciones de 3.174 pisos y entablaron una batalla judicial contra el Ayuntamiento. Algunos cientos de viviendas ya estaban en construcción, pese a que se trataba de suelo urbano no consolidado y no contaba con calles de acceso ni con conexión a las redes de abastecimiento públicas.

La llegada del PP a la Xunta supuso la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento y, finalmente, la elaboración de un plan sectorial que legalizaba lo construido y garantizaba la dotación de servicios a las viviendas. El plan fue pactado con el municipio, los promotores urbanísticos y la Diputación de Lugo, presidida por un socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quien rompió con la línea beligerante que había mantenido en este asunto su partido bajo el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. Los servicios para las urbanizaciones costarían 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría el 40%, la Diputación el 10%, el Ministerio de Fomento 1,2 millones y el resto los propios promotores.

Con la llegada de la crisis, el plan no llegó nunca a ponerse en marcha. Pero, mientras tanto, Adega planteaba una nueva batalla judicial, que ha terminado con victoria ante el TSXG. Los firmantes del plan todavía podrían presentar un recurso de casación ante el Supremo.

En su sentencia, el tribunal gallego desmonta los argumentos que empleó la Xunta para declarar el convenio de interés supramunicipal. El Gobierno gallego había apelado a que la suspensión de las licencias en Barreiros producía un quebranto económico en la comarca de A Mariña y en el sector inmobiliario de toda la provincia. Los magistrados del TSXG replican que la dotación de infraestructuras a las viviendas “no tiene una incidencia que trascienda del término municipal ni por su magnitud e importancia ni por la demanda social”. Los argumentos de la Xunta, advierte el tribunal, permitirían que “cualquier actividad con efectos beneficiosos, aunque tuviese un ámbito territorial muy concreto” pudiera ser declarada de interés supramunicipal ya que “algunos de esos efectos, por escaso que fuese, se extendería a otros ámbitos próximos”. El fallo también explica que el origen del problema no es la “falta de previsión legal” sino una actuación del Ayuntamiento que la misma sala del TSXG ya declaró en otras sentencias “no conforme a la legalidad”.


* El País - XOSÉ HERMIDA - 25.6.13
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - elpais

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Las denuncias ecologistas no frenan los rellenos de tierra en Gibraltar

El escándalo territorial continúa en Gibraltar, tras años de haberle ganado fraudulentamente terreno al mar. Además es algo fácilmente comprobable si se toman dos instantáneas de la roca de hace 40 años y de la actualidad. Los distintos gobiernos han mirado para otro lado, mientras los 'llanitos' seguían edificando en esos terrenos ganados ilegalmente al mar, sobre zonas altamente protegidas, incluso.
"ELPAÍS* : Los rellenos en la costa de Gibraltar siguen siendo una constante a pesar de las denuncias de los grupos ecologistas. El Gobierno de Fabian Picardo, al igual que los de sus antecesores, permite que se siga ganando terreno al mar a pesar de la declaración de Zona de Especial Conservación de esta parte del litoral que separa el Estrecho de Gibraltar de la Bahía de Algeciras (Cádiz). La última actuación en la cara Este del Peñón, en las proximidades de la playa de La Caleta, ha sido denunciada en los últimos días en Bruselas por el grupo Verdemar -Ecologistas en acción, que acusa al Reino Unido de “vulnerar los hábitats naturales, de la fauna y de la flora silvestres” del Estrecho Oriental, declarado por la Unión Europea dentro la Red Natural 2000.

El desarrollo de las obras iniciadas hace más de diez años en esta parte del litoral gibraltareño, prevé la ejecución del proyecto Eastside Development con una inversión de 1.500 millones de euros, para la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, comercios y hoteles entre Eastern Beach y Catalan Bay, en tierras ganadas al mar. Este proyecto pretende dar servicio al negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas, a las que se ofrecerán servicios de mantenimiento y reparación de yates.

Antonio Muñoz, portavoz de los conservacionistas, asegura que, “Gibraltar está realizando rellenos de áridos, algunos con materiales contaminados en los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”. Verdemar denuncia que “en esta zona destaca la presencia de especies de bivalvos de interés pesquero como la coquina, navaja, chirla, curruco y concha fina, la presencia de los decadópodos Liocarcinus vernalis y Portumnus latipes, el equinodermo Echinocardium mediterraneum y el poliqueto Ophelia” y añade que en este espacio protegido alberga en sus aguas poblaciones estables de especies de cetáceos como el delfín listado y el delfín común.

No sería la primera vez que los ecologistas de la zona del Campo de Gibraltar sufriesen un varapalo de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea a la hora de abordar denuncias contra la colonia británica. Sin embargo, en esta ocasión los conservacionistas esperan que la protesta registrada prospere y se ponga punto final a esta situación que vienen denunciando “desde hace ya muchos años”, cuando se iniciaron los primeros rellenos de arena, para ganar “tierra al mar” durante la construcción de la pista del actual aeródromo.

La denuncia de los ecologistas ha coincidido con el anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, a principios del mes de junio, compartió la preocupación sobre la incidencia en el litoral de Levante, en La Línea de la Concepción (Cádiz), de los rellenos que realiza Gibraltar. “Somos conscientes de la situación y hemos registrado esa área como Zona de Especial Conservación (ZEC) para establecer limitaciones por razones medioambientales”, afirmó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

“El ministerio, junto al de Asuntos Exteriores, está interesado en bloquear ese tipo de prácticas y será necesario un pleito ante el Tribunal de Justicia de la UE”, añadió Ramos, quien agregó que “hace ya seis meses que el ZEC está declarado, cartografiado y con las restricciones de uso en vigor”.

El Gobierno de Gibraltar guarda silencio, mientras que entre los ciudadanos gibraltareños, surge la pregunta de siempre: ¿por qué los ecologistas no denuncian los rellenos para la ampliación de las instalaciones portuarias de Algeciras o de los del puerto deportivo de La Línea?


* El País - CÁNDIDO ROMAGUERA - 23.6.13
Foto: Imagen de las obras de relleno de tierras en Gibraltar. / ANDRÉS CARRASCO

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