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La corrupción urbanística tiene en Castro (Cantabria) uno de sus focos más llamativos ya que, como si se tratara de una mafia municipal, en la llamada 'Malaya del Cantábrico' se han cometido ilegalidades innumerables y ya fueron detenidos por ello dos exalcaldes de hace pocos años. Ahora dimite el candidato del PSOE a la alcaldía del municipio, D.Rivas, después de que la Audiencia haya ratificado su imputación por el 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados, 23 de ellos políticos. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en esta nueva zona de expansión castreña.
"ELDIARIO* : A apenas 48 horas de comenzar la campaña electoral, el PSOE ha sufrido un fuerte revés en dos municipios en los que prevé ostentar tareas de gobierno a partir del próximo 24 de mayo. La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la imputación de sus candidatos a la Alcaldía de Castro Urdiales y de Laredo, Daniel Rivas y Juan Ramón López Revuelta, respectivamente.
El primero ya ha anunciado que se retira de la carrera electoral, con lo que el partido tendrá que nombrar un nuevo candidato -posiblemente Ainhoa Pérez San Miguel, número dos en la lista-, mientras que López Revuelta comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión que, según ha podido saber este diario, será seguir siendo cabeza de cartel en las elecciones y dimitir una vez se abra juicio oral. Con ello, cumpliría "estrictamente" el Código Ético del PSOE, señalan fuentes del partido.
Ambos son las dos primeras víctimas del 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados -23 políticos, trece promotores y constructores, ocho funcionarios, tres técnicos y un notario- por el desarrollo urbanístico "irregular" de esta zona de Castro Urdiales. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, según recoge la instrucción del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro, quien tras la confirmación de la Audiencia Provincial, tendrá que emitir un nuevo auto para iniciar el juicio oral.
Entre el casi medio centenar de imputados también figuran los exalcaldes Fernando Muguruza (tránsfuga del Partido Regionalista de Cantabria) y Rufino Díaz Helguera, que es candidato por Acuerdo por Castro. En conjunto, la Fiscalía pide penas que suman 200 años de prisión por haber incurrido en diez tipos de delitos, entre otros, prevaricación, estafa, cohecho, falsedad de documentos públicos y malversación.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Rivas ha explicado que su renuncia es "irrevocable", y que constituye una decisión "personal" y "meditada". Lo hace, ha dicho, "por el bien del partido", y por no contribuir a "la mala imagen" de Castro y sus vecinos, después de que la Audiencia haya rechazado el recurso que interpuso en 2012 contra su imputación por prevaricación tras votar en el Pleno municipal a favor del Plan Parcial. "Ésta ha sido la única implicación que yo he tenido en todo el procedimiento" de La Loma, ha subrayado Rivas. En el caso de López Revuelta está acusado de estafa continuada por su actuación como representante de una de las empresas constructoras.
Tras apuntar que el Plan Parcial no se ha desarrollado, es decir, que a día de hoy "está verde", y que venía acompañado por los "informes favorables" de los técnicos municipales, Rivas ha asegurado que no tiene "nada que ver" con el resto del caso La Loma, esto es, "con licencias concedidas en suelo rústico, casas sin abastecimiento de agua, presuntos cohechos, enriquecimientos personales y un largo etcétera". "Mi única participación -ha insistido- fue en un Pleno, siendo concejal de la oposición y con informes favorables de los técnicos".
Así, el socialista ha defendido su honorabilidad. "Creo firmemente en la decencia política. No tengo nada que ocultar, todo mi patrimonio está a disposición de los ciudadanos. La calidad de las personas se fija con los niveles de exigencia que uno se exige asimismo", ha argumentado Rivas.
Finalmente, Rivas, que durante los últimos cuatro años ha liderado la oposición de su partido en el municipio, ha remarcado que el proyecto del PSOE en Castro es de "trabajo y futuro", y "a parte de Daniel Rivas hay mucho más PSOE".
"Trama de corrución"
El 'caso La Loma' constituye el mayor procedimiento judicial contra la corrupción de Castro Urdiales. En un auto de más de 200 páginas, el juez Acayro concluyó que el desarrollo urbano de ese sector se gestionó con "el pelotazo, la fata de infraestructuras básicas y la falta de equipamientos" como "denominador común".
En la instrucción de la causa, que supera los 70.000 folios, Acayro asegura que existen indicios sólidos "como para apreciar una trama de corrupción" en la gestión urbanística del municipio, uno de los que mayor crecimiento inmobiliario ha experimentado en los últimos años en Cantabria.
La Audiencia Provincial ha ratificado esta semana el auto del magistrado, manteniendo la práctica totalidad de las imputaciones -salvo la de dos empleados municipales-. El Tribunal afirma que la Corporación concedió licencias de obra para la construcción de viviendas "pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción".
* El Diario - Rubén Vivar - 6.5.15
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
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El macrojuicio por corrupción urbanística de Castro se cobra su primera víctima
Liencres.- No al proyecto de construcción de 200 viviendas en la cara norte de La Picota
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Como se ve el Urbanismo salvaje continúa asomándose por todas las zonas de país, aunque a veces pase desapercibido. En el Parque Natural de las dunas de Liencres (Cantabria) se pretenden construir 200 viviendas en La Picota, arrasando el paisaje de este lugar protegido. Ya hace unos años numerosas organizaciones ciudadanas consiguieron paralizar judicialmente otra urbanización en la cara sur, pero parece que no fue suficiente y los especuladores continúan buscando rendijas para edificar ilegalmente en las zonas protegidas, de mayor valor. Algo debería hacer el Gobierno cántabro para evitar este nuevo atentado territorial.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Una decena de organizaciones conservacionistas de Cantabria [1] piden la aprobación inmediata del PORN del Parque Natural de las Dunas de Liencres para evitar la construcción de 200 viviendas en La Picota. Una nueva y clara amenaza se cierne sobre el Parque Natural de Liencres, lugar que forma parte de la Red Natura 2000 y que alberga uno de los sistemas dunares más importantes del norte de España. Para las organizaciones conservacionistas de Cantabria, el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental presentado en Agosto de 2013 por la Junta de Compensación del Sector 2 de Liencres para la construcción de 200 viviendas y que ahora está en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente supone sin duda una amenaza real para el parque natural.
Vuelta al ladrillo
Pese a que en la cara Sur de la Picota los tribunales paralizaron y sentenciaron la urbanización del Cuco, hoy convertida en un monumento al afán constructor en la costa de Cantabria, no parece ser suficiente escarmiento para que se presente de nuevo un proyecto urbanizador aún más impactante sobre la cara norte de la Picota. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Dunas de Liencres iniciado por la Orden GAN/67, que data de Julio de 2.006 y que aún no ha sido aprobado, eliminaba cualquier actuación sobre el medio físico e incluía este sector en zona no urbanizable.
Los retrasos desprotegen el parque natural
En Septiembre de 2006, cuarenta Organizaciones no Gubernamentales de Cantabria firmaron un manifiesto sobre la necesidad de este PORN que extiende los límites del Parque Natural de Las Dunas de Liencres al monte la Picota dando cohesión a los ecosistemas y elementos geomorfológicos y paisajísticos que constituyen el patrimonio natural de espacio protegido. Sin embargo y tras nueve años de haberse cumplido holgadamente los trámites de desarrollo del Plan que han incluido consultas, exposición pública, estudio y contestación de alegaciones aún seguimos esperando su aprobación.
A juicio de las organizaciones conservacionistas estos retrasos, lejos de garantizar los derechos y garantías legales, lo único que consiguen es desproteger el parque natural y alimentar las ideas tóxicas entre los habitantes de la zona de identificar el PORN con un proceso general de expropiación de bienes y derechos o un perjuicio a las actividades agrícolas o ganaderas, ideas que en absoluto se ajustan a la realidad.
Actividades compatibles con la conservación
Para las organizaciones conservacionistas de Cantabria, las actividades agrícolas y ganaderas tienen cabida en el mantenimiento sostenible del entorno, y de hecho en la fase de alegaciones se ha asumido la construcción de estabulaciones que a ello favorezcan. Lo que sí que se ha considerado incompatible es la posibilidad de construir viviendas anexas, entre otras razones porque que ni las distancias lo exigen ni están permitidas por un instrumento anterior de mayor rango, que es el POL y que califica a toda la zona de la mies de Liencres como zona de Protección Litoral. Además existe suelo urbanizable de sobra en las cercanías, con lo cual no habría justificación para edificar ningún tipo de vivienda en la zona.
En definitiva, las organizaciones conservacionistas requerimos al Gobierno de Cantabria a que paralice la tramitación del expediente de urbanización del sector 2 de la Picota, y proceda sin más demora a la aprobación e implantación definitiva del PORN del Parque Natural de las Dunas de Liencres mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria dentro de la actual legislatura.
Notas
[1] ARCA, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Mortera Verde, Asociación RIA, Red Cambera, Costa Quebrada, Fundación Oso Pardo, Fundación Naturaleza y Hombre.
* Ecologistas en Acción - 26.2.15
Foto: montaje de la nueva urbanización en Liencres - EA
El Ayuntamiento de Santander paga más de 2,6 millones de euros en sobrecostes a un empresario del PP
Se sabe que en todas las ciudades del país, principalmente gobernadas por el PP, ocurren los mismos delitos urbanísticos. En Santander una de cada dos obras ejecutadas por Copsesa, constructora del 'popular' José Domingo San Emeterio, ha costado más de lo presupuestado. Como este constructor es amiguete de los gerifaltes políticos, tiene bastantes obras ejecutadas, así la cantidad total que ha supuesto el hecho delictivo de aumentar fuertemente el coste final para los habitantes de la ciudad es más de 2,6 millones. Algo inaudito que debía haber sido investigado con mayor dedicación por los encargados de velar por los intereses generales, si es que los hay, claro.
"ELDIARIO* : Con Íñigo de la Serna (PP) al frente del Ayuntamiento de Santander, la empresa Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), ha ingresado de las arcas municipales más de 13 millones de euros, de los cuales una quinta parte -2,6 millones- corresponden a modificados de obra, es decir, a incrementos del precio aprobados con posterioridad a la adjudicación del concurso público.
Estas cuantías corresponden a trece adjudicaciones y a siete modificados, lo que supone que más de la mitad de las obras ejecutadas por Copsesa en Santander conllevaron sobrecostes.
Entre estos modificados se encuentran el Centro de Interpretación Arqueológica de la Plaza Velarde, incluido en el 'Anillo Cultural'. Esta obra fue licitada por 1.216.638 euros y adjudicada en julio del año 2012 por 677.910 euros con un plazo de ejecución de seis meses. Al final, la obra supuso para las arcas públicas 1.216.506 euros, apenas 100 euros menos del precio inicial de licitación y casi el doble del precio de adjudicación. En total, 538.596 euros de incremento.
Anteriormente, Copsesa había llevado a cabo la reforma de esta misma plaza. La obra se presupuestó en 2.283.062 euros, pero la empresa licitó en 1.872.110 euros y ganó el concurso. Pero el descuento del 18% entre el presupuesto y la cantidad comprometida por Copsesa quedó prácticamente en nada, ya que la firma propuso una modificación y ganó 373.687 euros más, con la que la diferencia entre licitación y el precio final de la obra se quedó en este caso en unos 37.000 euros.
A más de medio millón de euros también ascendieron los cambios aprobados por el equipo de Gobierno en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Menéndez Pelayo y en la peatonalización de la calle Juan de Herrera, cuyo presupuesto inicial fue ligeramente superior a dos millones de euros en ambos casos.
Precisamente, el encarecimiento en la primera de estas obras fue puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas al considerar que no estaba justificado. Los modificados tienen que llevar siempre aparejados un informe técnico, pero ello no quita que estén lo suficientemente motivados como para aprobar un incremento del coste inicialmente establecido en el contrato de adjudicación, como advirtió el Tribunal.
Igualmente, la empresa del dirigente del PP ingresó 329.000, 176.600 y 172.500 euros por las 'desviaciones' en las obras de renovación urbana del área San Simón-Entrehuertas, la urbanización del terreno en la calle Colombia-Justicia y el carril bici entre Pronillo y el Complejo de La Albericia, respectivamente.
Estos datos, a los que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, corresponden a obras ejecutadas entre los años 2007 y 2013, con lo que no está contabilizado el último año y medio de la presente legislatura, la segunda de De la Serna como alcalde de la capital cántabra. Tampoco están incluidas las obras licitadas por las sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento de Santander, como la Sociedad de Vivienda y Suelo o el Instituto Municipal de Deportes.
El caso Amparo
El encarecimiento en 220.000 euros conocido este lunes sobre el precio de adjudicación del nuevo vial que conectará la S-20 con la Avenida de los Castros -a cargo de la UTE formada por Copsesa e Isolux-Corsán- ha venido a echar más leña al fuego sobre una obra que ya se encontraba en el disparadero público, especialmente por la gestión del equipo de Gobierno en la expropiación y desalojo de Amparo Pérez.
Durante meses, el alcalde ha sostenido que pagar más de los 78.000 euros fijados por el justiprecio para la vivienda de esta mujer -de 90 metros cuadrados y 370 más de terreno- sería prevaricación, y apenas una semana después de su fallecimiento, el Ayuntamiento ha aprobado un modificado que conlleva un desembolso adicional de más de 200.000 euros, y ello sin dar explicación alguna más allá de apuntar que se ha debido a "causas geológicas y geotécnicas", lo que ha suscitado las críticas del resto de partidos.
El secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, ha destacado que esta forma de actuar del equipo de Gobierno "no es nueva" y que confirma la "falta de información" con que gestiona sus "macroproyectos de hormigón". El regionalista José María Fuentes Pila ha criticado el "despilfarro y la falta de sensibilidad" de la que ha "hecho gala" el alcalde, al tiempo que ha destacado que "la bajadas temerarias a las que siguen modificados" comienzan a ser "la norma" en la contratación del Consistorio.
Para Podemos, De la Serna ha demostrado que "sus intereses están muy alejados de las necesidades de los ciudadanos y muy cercanos a aquellos que están haciendo la obra pública". La Unión ha ido más allá y ha reclamado que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Otros incrementos
El modificado de las obras llevadas a cabo en Menéndez Pelayo no es el único que el Tribunal de Cuentas ha considerado como no justificado. Éste órgano, que se encarga de fiscalizar las cuentas de las Administraciones públicas, también ha puesto en cuestión, entre otros, el puente sobre la Vaguada de Las Llamas, conocido como el Puente Arenas, por un sobrecoste del 30% -1,3 millones de euros-.
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus recelos sobre la restauración y rehabilitación del Palacio de Riva Herrera de Santander (Pronillo), que concluyó con un retraso de un año y medio sobre el plazo inicial y un incremento presupuestario del 26,5%.
También el Centro de Acogida en la Avenida Candina, donde se autorizó un modificado días antes de la finalización de las obras, en las que hubo una desviación temporal del 62% respecto a la fecha inicial y un incremento presupuestario del 32,2%.
Más recientemente, a finales de 2014, el equipo de Gobierno dio el visto bueno a un sobrecoste de 220.000 euros en la construcción de las 111 viviendas de protección oficial que ejecuta la empresa Ascan en La Albericia, tal y como denunció la portavoz socialista en el Consistorio, Judith Pérez Ezquerra.
* El Diario - Ruben Vivar - 24.2.15
Foto: El Ayuntamiento ha aprobado esta semana un modificado de 220.000 euros en la nueva conexión de la S-20 - eldiario
Castro.- El fiscal pide 23 años de cárcel para los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera
El 'caso La Loma' está relacionado con la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicio como agua, luz y limpieza viaria.
El escrito de acusación que ha emitido la Fiscalía señala que los procesados, con el fin de «hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico» han elaborado, informado y aprobado «consciente y voluntariamente planes parciales que contravienen el contenido del Programa de Actuación Urbanística y del Plan General y que carecen del contenido mínimo exigible por ley». Señala también el documento que los acusados han «informado y concedido consciente y voluntariamente licencias de obras que no se adecuaban al Plan General ni al resto de la normativa urbanística vigente» y han concedido «consciente y voluntariamente licencias de primera ocupación a edificaciones que carecen de infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas».
Destaca también el fiscal que los particulares «han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas» en lo que se refiere al «estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular y respecto a la repercusión económica de esta circunstancia». Como resultado de ello «provocaron la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles». Además de penas de cárcel que suman cerca de 200 años, el fiscal pide para un gran número de los procesados multas que asciende a varios millones de euros y penas de inhabilitación para empleo o cargo público, inhabilitación para el derecho de sufragio e inhabilitación que consiste en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración. Entre los encausados para quienes se piden penas más elevadas figura el arquitecto Pedro Restegui, para quien se solicitan 12 años de cárcel, igual número que para el concejal Rufino Díaz. Para el exalcalde Fernando Muguruza, la Fiscalía solicita 11 años mientras que para Salvador Hierro pide 8.
Alude también el escrito a la situación patrimonial de algunos de los encausados, como Pedro Restegui, la responsable de disciplina urbanística Yolanda Sánchez, el secretario municipal, César Saiz y Rufino Díaz. Señala que todos ellos recibieron «contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a derecho».
* El Diario Montañés - I. BAJO/ A. RUIZ - 14.9.12
Foto: Castro (Cantabria), imputados dos corporaciones - diariomontañes
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Cantabria autoriza la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico
La reforma normativa, que entrará oficialmente en vigor el sábado, 30 de junio, responde a la necesidad de atender a una demanda social consistente en conceder al suelo rústico una serie de usos que, respetando la necesaria protección de esta clase de suelo, permitan su puesta en valor y hagan posible darle un destino que coadyuve tanto a un desarrollo sostenible, como a la dinamización de los núcleos rurales tan necesaria en un contexto de crisis, según señala el preámbulo de la Ley.
Al respecto, subraya que la "auténtica defensa" del medio rural consiste en ofrecer a éste una alternativa real de futuro, que necesariamente pasa por otorgar al suelo rústico un catálogo de usos que haga atractiva su protección, su cuidado y su desarrollo y, por esta razón, la reforma amplía la relación de usos y actividades que podrán llevarse a cabo en el suelo rústico con la finalidad de favorecer su dinamización social y económica.
Así se configura un régimen transitorio, hasta la aprobación de los correspondientes Planes Especiales, que permite de forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, cumpliendo una serie de límites recogidos directamente en la Ley.
Según recoge el texto, por un lado se intenta facilitar y potenciar en todo el suelo rústico la recuperación de las edificaciones existentes antes de acudir a la construcción de otras nuevas, puesto que la restauración de lo ya existente coadyuva tanto a un desarrollo sostenible del medio rural como a su protección, al limitar el consumo de suelo rústico para usos constructivos.
Por eso, se permiten las obras de restauración, renovación y reforma de dichas edificaciones, y se admite la posibilidad de su cambio de uso, siempre que el mismo sea compatible con el planeamiento territorial y urbanístico, e, incluso, se permite la ampliación de la superficie construida hasta un 20%, siempre que se trate de edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, y se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo.
Por otro lado, el modelo de crecimiento que se propone con esta reforma legal es el del desarrollo moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes, que es la forma de crecimiento tradicional de los núcleos rurales.
Así se pretende orientar el crecimiento en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las tradicionalmente denominadas corolas, mediante viviendas unifamiliares aisladas, que perpetúan y arraigan en el terreno las relaciones sociales y familiares posibilitando y favoreciendo la fijación de la población en el territorio, y también mediante instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural "que aportan un indudable valor al medio rural".
Al mismo tiempo se persigue dotar a esta nueva posibilidad de crecimiento de todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una "auténtica protección" del suelo rústico, limitando la autorización a ámbitos espaciales muy concretos y próximos a los núcleos urbanos y tradicionales existentes, y exigiendo en todos los casos el debido respeto tanto a la tipología edificatoria preexistente, como al paisaje, al entorno y a los valores ambientales, con los que las nuevas construcciones tienen necesariamente que armonizar.
Además, se intensifica la esfera de la autonomía local, de modo que son los Ayuntamientos los que asumen las competencias para la autorización de ciertas actuaciones, con lo que "se agiliza y acerca" al ciudadano la resolución de estos procedimientos, y, por otra parte, se otorga a los municipios la posibilidad de modular y de decidir el nivel de aplicación de las nuevas medidas en el ámbito territorial de su término municipal.
¿Qué usos se autorizan?
En concreto, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser autorizadas las construcciones necesarias para la realización de actividades relativas a la elaboración y comercialización de productos tradicionales o derivados de la actividad agropecuaria, y los servicios complementarios de dichas actividades, así como las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas.
También se permitirán los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas y de ocio descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o que ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la posible adecuación a estos nuevos usos.
Además se autoriza la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos establecidos la Ley.
Para la construcción de una vivienda, la parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo que el planeamiento establezca una parcela mínima inferior, y la altura máxima de las viviendas que puedan autorizarse no será superior a nueve metros, medidos desde cualquier punto del terreno en contacto con la edificación hasta su cumbrera.
* La Vanguardia - Ya encontré - 29/06/2012
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM
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Cantabria.- Arca cree que el concurso eólico "encubre" un plan de ordenación
Además, denuncian que el concurso cántabro vulnera normativas de mayor rango y excede las previsiones energéticas ya fijadas, que, advierten, son una competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Así lo argumentan en las conclusiones que han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), dentro del recurso que presentaron contra el concurso de asignación de potencia eólica, resuelto en junio de 2009.
En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se advierte de que las empresas adjudicatarias del concurso cuentan con tener derechos "consolidados" por el resultado, lo que unido a los gastos ya realizados antes de la construcción de los parques, lleva a los ecologistas a pronosticar que el Gobierno tendrá que conceder "importantísimas indemnizaciones" con la anulación del concurso, que dan por hecho.
Además, avisan de que la modificación de las previsiones eólicas que recoge el nuevo Plan Energético no servirá para legalizar la "masacre" eólica del "desproporcionado, descabellado e ilegal" concurso.
Los ecologistas descartan que el nuevo Plenercan pudiera legalizar las "radicales ilegalidades" del concurso "desaparecen" cuando este propone una potencia de 707,2 MW, "tan minuciosamente concreta" que "invita al sonrojo" por ser "sintomática" de "acuerdos previos", pero que no sirve para dar amparo legal a los 1.400 bajo los que se convocó.
El trámite de las conclusiones es uno de los pasos previos a la culminación del procedimiento judicial.
Arca, como demandante, tras las fases que se han seguido después de su demanda (toma de declaraciones, pruebas y examen de documentación), es la primera que debe hacerlo, y luego lo tendrán que seguir las codemandadas, que son las empresas y el Gobierno de Cantabria.
A la vista de esos informes, el TSJC decidirá si anula o no el concurso eólico.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Para Arca, el plan trata de "encubrir" de forma "maliciosa" un instrumento de planificación, programación y ordenación del territorio.
El informe se remite a la documentación que se ha analizado para concluir que afecta a cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.
tendría que ser un Plan Especial, multiplica las zonas, superficie mayor exceden con mucho lo estrictamente necesario para adjudicar mediante un concurso una potencia, convirtiendo "de facto" el concurso público en un "ilícito y encubierto" instrumento de planificación y ordenación.
Bajo la resolución que convoca el concurso, Arca percibe "claras estrategias, directrices y propuestas" para "ordenar y zonificar el territorio", lo que sobrepasa las características de un concurso que, de esta forma adquiere la condición de plan o programa.
Es decir, pese a que se eludiera esa denominación, en realidad lo ven como un plan "encubierto", con lo que cual debería someterse a evaluación ambiental.
Es un plan al que se ha "intentado dotar de apariencia legal" por el "falso e insuficiente paraguas" de "aparentar" un "simple concurso" con el que se pretende "escapar" de la evaluación ambiental.
COMPETENCIAS
Los ecologistas perciben que podría haber indicios delictivos en este concurso, que siendo una forma de aplicar una norma de carácter general "incumple" otra norma general (la Ley de Procedimiento Administrativo), por lo que lleva a viciar de nulidad "de pleno derecho" todo el proceso, así como el decreto para la instalación de parques eólicos.
Un decreto, recuerdan, que se remitía para su desarrollo al Plan Energético y, por tanto, a las previsiones expresas a las que establecía su "sumisión", superadas en el concurso.
INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
Arca cuestiona la propia denominación del concurso, y la metodología, como el "supuesto" trámite de audiencia, que no se cumplió "en modo alguno" y que, en cualquier caso, "carece de cualquier eficacia legal".
El escrito enumera los obstáculos a la hora de acceder a la información (desde enlaces a Webs que no se abrían hasta documentos que no se les facilitaban).
Arca advierte de que parece "de fácil y razonable acreditación" el hecho de que a ellos se les estuviese negando el acceso a la información "a la que tenía derecho" y paralelamente si lo estuvieran teniendo las empresas interesadas en la actividad, a cuyo "favor" se tramitaron expedientes administrativos
COMPETENCIAS
También se remite a un informe solicitado por Cantabria a la Comisión Nacional de Energía en la que se advertía de que la asignación de cuotas de potencia de parques por concurso es algo que no se ajusta a derecho, pues supone pasar de la autorización a casi una concesión, para lo que la comunidad no tiene competencias.
Los ecologistas enumeran, además, que el concurso excede los límites fijados en el Plenercan, el Plan de Energías Renovables de España y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas.
DEMANDA DE ENERGÍA
Las conclusiones de Arca cuestionan el argumento sobre la necesidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica de Cantabria que llevó a aumentar la potencia, ironizando con que es una meta con "tan poca relevancia jurídica" como si se hablara de la producción de "naranjas, automóviles, material ferroviario o barcos pesqueros".
El déficit energético "no se corresponde con la realidad" y se limita a reproducir "lugares comunes y leyendas urbanas", tan "inciertas" como "no acreditadas", en una idea que tacha de "absurda y pueblerina" pues, entre otros motivos, el sistema eléctrico "no es cántabro, ni madrileño, ni vasco ni catalán, sino español".
Asimismo, apunta que se da ya un exceso de potencia que no se ajusta al consumo, "en muchos casos por simple interés económico", lo que lleva a concluir que la construcción de los parques no tendría beneficio para los ciudadanos, sino que, al contrario, el beneficio es "exclusivo" para las "poderosas" empresas privadas adjudicatarias.
Estas persiguen un "negocio" que se basaba en el cobro de las "cuantiosas" primas que se esperaba cobrar de la Administración.
Además, señala que la línea eléctrica Soto de la Ribera-Penagos ("muy ilegal e innecesaria") dejaría "sin justificación" el "sobredimensionado" concurso eólico.
* Europa Press - 15.5.12
Foto: Parque eólico - wikipedia
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Cantabria.- El Plan de Derribos sigue "adelante" en "todos y cada uno de los casos"
El consejero ha hecho estas afirmaciones, a preguntas de la prensa, después de que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) pidiera este jueves al presidente del Gobierno, Ignacio Diego, la legalización de todas las viviendas afectadas por sentencias de demolición.
Minutos antes de participar en la Mesa Sectorial de Vivienda, el consejero ha recordado que el Ejecutivo regional tiene "un plan" con el que cree que es "posible promover la legalización de un número importante" de viviendas afectadas.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno está trabajando en esta línea, ya que "la mayor parte de los supuestos de legalización dependen de modificaciones de planteamiento" como son los casos de Arnuero, Argoños, Miengo, San Vicente de la Barquera y Escalante, para los que "se están haciendo las modificaciones de planteamiento necesarias que permitan la futura legalización", según ha dicho.
Sin embargo, Fernández ha manifestado que en el caso de Cerrias, al contrario que en otros, el Ejecutivo no ve "viable" la legalización en la situación actual, aunque tiene "la vista puesta" en una "posible" reforma de la Ley de Costas de cuyo resultado dependerá la situación de estas viviendas.
De hecho, ha explicado que precisamente este viernes se ha celebrado una reunión entre los afectados de Cerrias y técnicos de Costas para "buscar alguna alternativa técnica" que permita "propugnar y defender" una legalización de estas viviendas.
En posteriores declaraciones realizadas momentos antes de participar en la celebración conjunta del Día Meteorológico Mundial y del 125 aniversario de la Agencia Estatal de Meteorología, Fernández ha reconocido que la posibilidad de salvar todas las viviendas sería para el Gobierno regional "lo ideal", si bien ha señalado que "hoy por hoy" cree que el plan elaborado por el Ejecutivo "sigue plenamente vigente".
"Cuando hay alguna razón para fundamentar la legalizacion, la plantearemos pero mientras no la veamos no la podemos plantear", ha señalado.
"PUERTA ABIERTA" A REUNIONES
Sobre la petición de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) de crear una comisión de seguimiento, Fernández ha manifestado que el Ejecutivo tiene "la puerta abierta" para "mantener todas las reuniones que consideren necesarias" o para la creación de una comisión a través de la que "tener reuniones periódicas".
A este respecto, el consejero ha recordado que el plan del Ejecutivo ya indicaba que la Consejería informará a los órganos judiciales semestralmente de la situación, y ante los que Fernández propuso al presidente de AMA, Ciriaco García, mantener encuentros "previos" para mantener a los afectados "puntualmente" informados.
"A ese tipo de reuniones o comisiones estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, y lo que hay que hacer ahora es llevarlo a la práctica", ha considerado el titular de Urbanismo.
* La Información - EP - 23.3.12
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM
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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Puerto de Laredo
El Gobierno de Cantabria debe a los bancos cerca de 40 millones de euros como consecuencia de las obras del Puerto de Laredo. A eso hay que añadir una cifra más, 3,6 millones de euros por la lonja que se está construyendo y de la que queda pendiente la urbanización de su zona de servicios.
El Puerto de Laredo fue inaugurado por Revilla en la legislatura pasada. Pero está sin abrir. Ningún barco atraca en él. Un proyecto que ha supuesto un importante despilfarro para la comunidad autónoma y que no quedará totalmente pagada hasta 2019. Supone un gasto anual de 5 millones de euros, lo que condiciona el resto de las partidas presupuestarias del ejercicio.
El Puerto está protegido por un dique de abrigo exterior de 730 metros de longitud y un contradique paralelo a la playa Salvé de 380 metros. El puerto pesquero-recreativo tiene cabida para 1.043 atraques deportivos, pero nadie lo usa. A esos hay que sumar 200 plazas habilitadas en la marina seca para embarcaciones menores de 8 metros.
La dársena deportiva dispone de una superficie total de 126.000 metros cuadrados y la pesquera de 37.500 metros cuadrados, ambas separadas por un espigón.
El proyecto incluye la construcción de una nave que acoge la marina seca, las bodegas y talleres, la sede de Capitanía Marina y la estación depuradora, instalaciones a las que se añade la lonja y la fábrica de hielo. También se han construido nuevos aparcamientos.
90 millones de euros a un proyecto ambicioso que está en desuso.
* El Soplón - 27.1.12
Foto: elsoplon
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El juicio contra el alcalde de San Vicente se reanuda el día 30
La vista estuvo fijada inicialmente para los días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada. Junto a Vélez, estaban acusados el teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Angel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.
El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local (sólo Vélez forma parte actualmente de ella). A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque de Oyambre. La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados. Según el Fiscal, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque «eran conscientes» de que el informe no sería favorable a la construcción. El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, «con mayor fragilidad paisajística» a la que de hecho causó un «significativo impacto».
* El Diario Montañés - EP. - 12.1.12
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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Santander.- El PGOU es un ejemplo de "urbanismo depredador" y el Centro Botín "desfigurará" el paisaje
Así lo ha dicho el presidente de este colectivo, Gonzalo Canales, en una entrevista concedida a RNE, en la que participó Europa Press y en la que ha manifestado también que "Cantabria necesita como el comer un plan de ordenación del territorio" para acometer después los planes sectoriales. Sobre el PGOU de la capital, ha lamentado el hecho de que plantee urbanizar "todo lo que no era urbanizable hasta ahora". "Absolutamente todo", ha apostillado Canales, para precisar que el nuevo documento no deja "un solo hueco sin urbanizar".
Lo "único" que no se urbaniza es la franja norte del litoral, que está incluida en el POL (Plan de Ordenación del Litoral). "Porque está protegida por el POL, si no, también se urbanizaba", ha apuntado.
Por ello cree que el plan es "insostenible" y constituye el "típico ejemplo de cómo se genera la corrupción urbanística", es decir, urbanizando "todo lo que se pueda".
En cuanto al nuevo informe de la CROTU (la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), Canales ha señalado que con él "intentan tapar chapuzas y agujeros" para que el PGOU "no se les caiga en los tribunales".
CENTRO BOTÍN
Por otro lado, sobre el Centro de Arte ha lamentado que se ponga "a disposición de un particular", en alusión a Emilio Botín, presidente de la Fundación y del Banco Santander, "el bien del paisaje de la Bahía" que se va a "desfigurar".
Y es que para Arca, la ubicación del edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano es un "verdadero desacierto", toda vez que se va a levantar en una zona "nueva", en un lugar "privilegiado" que constituye "el mejor sitio" de la ciudad.
Frente a ello, ha recordado, el Museo Guggenheim de Bilbao se edificó en un lugar "absolutamente degradado" y contribuyó a "regenerar" la zona. Por eso, Canales ha pedido que no se primen "los intereses de Botín", sino los de "todos los santanderinos", y se busque una ubicación "adecuada" para el Centro.
Después de recordar que Arca ha presentado alegaciones al emplazamiento actual y porque se han hecho modificaciones puntuales y evaluaciones ambientales "troceadas" respecto al plan general de la ciudad, su presidente ha indicado que decidirán más adelante "si vamos a por el Centro Botín".
En cuanto a la planificación cultural, Canales ha considerado que se necesita hacer una política "coherente", ya que ahora no ve un "claro esfuerzo y dirección" en esta materia, lo que a su juicio es un "error".
Tras reflexionar sobre el PGOU de Santander y el Centro Botín, y a propósito de preguntas sobre el uso del suelo rústico y la posibilidad de construir en él, el presidente de Arca ha señalado que el debate en torno a este último tema no es "prioritario" y ha concluido que "Cantabria necesita como el comer un plan de ordenación del territorio".
* El Economista - 31.12.11
Foto: Santander, revisión Plan General - eldiariomontanes.es
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Defensores de la Bahía de Santander presentan firmas en el CROTU contra el Centro de Arte Botín
El Centro de Arte Botín, creado por la Fundación Emilio Botín, pretende edificar en los muelles pueblos de Maura y Albareda un edificio de 22 metros de altura y que ocupara alrededor de 7000 m2. Los vecinos no critican el proyecto, tan solo el lugar elegido para su construcción.
Critican la modificación puntual del nº 9 del Plan del Sistema Portuario por parte de la clase política, a la que acusan de estar haciendo “un traje a medida” a la Fundación Emilio Botín.
“Las vistas de los muelles diáfanos y la armonía del paisaje natural del frente marítimo conforman la identidad de la Bahía, y los ciudadanos queremos esos muelles públicos vacíos como espacios complementarios de los Jardines de Pereda y abiertos a la convivencia y disfrute de los ciudadanos”, concluye el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía.
* Tercera Información | 19-11-2011
Foto: Santander, Gobierno de Cantabria- wikipedia
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El Fiscal pide 11 años de prisión para el alcalde de San Vicente por las viviendas de La Argolla
A estas penas, se suman otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, por delitos de prevaricación urbanística, por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre.
El juicio se celebrará durante la semana que viene, del 7 al 10 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.
La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.
Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.
El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, "con mayor fragilidad paisajística" a la que de hecho causó un "significativo impacto".
La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria --en caso de que estos no respondan-- del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
La Fiscalía hace hincapié, además, en que Vélez fue diputado autonómico por el Partido Popular justo en el período en el que se modificaron, por ley, los límites del Parque de la Naturaleza de Oyambre.
Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como Urbano.
El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).
Pero además, alega que el trámite ante el Gobierno no era necesario, pues se enmarcaba dentro de la Ley del Parque Natural, lo que excluía el citado documento.
Y además se remite a la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), instrumento urbanístico posterior, necesario para la gestión del Parque Natural, que aún no se ha aprobado, lo que lleva al Ayuntamiento a concluir la "ineficacia" de la declaración como Parque Natural.
También argumentaba que lo que se produjo fue movimiento de tierras y rehabilitación de edificios, en lugar de construcción nueva.
Y las defensas de los acusados descartan que los cuatro no se encargaron de la tramitación del expediente, por no ser de su competencia, de modo que se limitaron al voto a favor de una licencia con informe previo favorable.
* Europa Press - 4.11.11
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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Cantabria.- La Ley del Suelo permitirá construir en zonas rústicas de especial protección
Para autorizar construcciones en suelo rústico de especial protección en los municipios sin planeamiento, el borrador del anteproyecto establece que debe haber una distancia máxima de 100 metros del suelo urbano, que la tipología de la edificación sea la tradicional del núcleo y que genere «el mínimo impacto visual» sobre el paisaje. Asimismo, la cantidad de viviendas admisible no podrá superar en número a las preexistentes en la zona en el momento de la entrada en vigor de la ley.
Para el suelo rústico de protección ordinaria, se establece que los ayuntamientos con plan general o normas subsidiarias, hasta la aprobación del Plan Especial de Suelo Rústico, podrán autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar en un radio máximo de 200 metros del suelo urbano, siendo el resto de 'reglas' idénticas a las señaladas anteriormente.
Con carácter general, la altura máxima de las viviendas que pueden autorizarse no será superior a ocho metros; la parcela mínima será al menos de 2.000 metros cuadrados; y la separación de la vivienda de las fincas colindantes no será inferior a diez metros, con tres metros de distancia mínima del cerramiento hasta la calzada.
Este borrador establece, tal y como adelantó el pasado 7 de octubre el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, la posibilidad de obtener «licencia directa», con todos los controles y limitaciones que sean precisos para la protección del suelo rústico» y hace especial hincapié en «todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una auténtica protección del suelo rural».
En el texto se consideran insuficientes las medidas que se aprobaron en la anterior reforma y que, en la práctica, no han colmado las expectativas. Por ello, se intenta completarlas «con nuevas posibilidades y alternativas que hagan posible realmente obtener las autorizaciones y licencias necesarias para poder llevar a cabo la construcción en el suelo rústico de las tan demandadas viviendas unifamiliares aisladas». El borrador introduce la posibilidad de autorizar la construcción de estas viviendas, así como de pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural.
Demanda social
El Gobierno busca, a través de esta iniciativa, «atender una demanda social de dar al suelo rústico un uso que, respetando la protección de esta clase de suelo, permita su puesta en valor y darle un destino que ayude tanto a un crecimiento sostenible, como a la dinamización económica de los núcleos rurales». De esta manera, constituiría un espaldarazo para facilitar que la gente joven apueste por permanecer en los núcleos rurales si ése es su deseo, en unos época marcada por la crisis económica, que necesita de «un elemento dinamizador de gran importancia», como pretenden que sea esta reforma y reactivar la economía y el empleo.
En este sentido, sostiene que la «auténtica defensa» del medio rural consiste en ofrecer a éste «una alternativa real de futuro». Así, la reforma apuesta por un crecimiento «moderado y sostenible» en torno a los núcleos urbanos o tradicionales existentes, y busca ser «real y efectiva».
* El Diario Montañés - EP - 30.10.11
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org
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La Fiscalía de Medio Ambiente, "prácticamente colapsada" por las investigaciones en Castro Urdiales
La situación de Castro Urdiales, según asegura la Fiscalía Superior de Cantabria en su memoria de 2010, a la que ha tenido acceso EP, también ha puesto de manifiesto la necesidad de la existencia de un cuerpo de peritos especializados en arquitectura y adscritos a los Juzgados.
Su colaboración, es "tan necesaria" como la de los médicos forenses en otros casos, sostiene el Ministerio Público, que considera "esencial" la colaboración de arquitectos independientes en estos procedimientos, sobre todo cuando se dirigen a representantes de Corporaciones locales, como sucede en Castro.
En estos casos, de hecho, se ha contado con el apoyo pericial "indispensable" de técnicos de distintas administraciones y, "muy en particular", de los de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria.
Además de las fiscales de Medio Ambiente, el partido judicial castreño también se está resintiendo de los "extensísimos" procedimientos que se siguen en el municipio.
Allí, entró en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con el objetivo de "aliviar la apurada situación" de los órganos judiciales de Castro, que son tratados principalmente por el Juzgado número 2, cuyo titular es Luis Acayro Sánchez, aunque "ya sin las medidas de apoyo" que se articularon durante el año anterior a través de un Juez de Refuerzo.
De momento, se instruyen dos procedimientos penales en Castro (los del caso La Loma y Urdicam), que llegan a los 150 tomos (100 el primero y 50 el segundo).
En el primero existen piezas --causas-- separadas derivadas de la principal, de la que la fiscal Pilar Santamaría formuló escrito de acusación en un "esfuerzo" y "trabajo meritorio" que destaca la Fiscalía Superior de Cantabria.
La instrucción de estas causas evidencia, para la Fiscalía, la "problemática" intervención conjunta de las distintas Administraciones competentes en materia urbanística.
Y así, enumera que el Ayuntamiento "no tuvo en cuenta" los informes de la CROTU que advertían de las carencias observadas en los Planes Parciales que se les sometían a informe; se obvió "presuntamente" el contenido de estudios estatales y se remitieron al Gobierno de Cantabria certificaciones de infraestructuras falsas para "salvar formalmente" el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a cargo de personal "irregularmente contratado" por el Ayuntamiento.
La Fiscalía se refiere a las irregularidades detectadas, como la ausencia de la infraestructura para el abastecimiento de agua, la omisión de información por parte de las empresas y la carencia de informes jurídicos.
Los proyectos de urbanización no se adecuaron a lo aprobado y se obviaron pasos en la tramitación, al darse cuenta de que sería larga por requerir cambios en el PGOU y Planes Especiales para la zona protegida sobre la que se asentaban.
* Europa Press - 20.09.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), plataforma contra corrupción - elcorreo
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Cantabria.- Arca denuncia que el plan para los derribos es "un plan para incumplir sentencias"
"No vamos a pasar por ahí", advierte en declaraciones a Europa Press el representante de la organización ecologista, promotora de la mayoría de los procesos judiciales que llevaron a la ejecución de sentencias de derribo.
En Arca adelantan que este plan acabará generando más recursos judiciales porque lo que pretende es "legalizar todo lo que se pueda", como prueba a su juicio que, de las aproximadamente 600 sentencias, el documento recoja la ejecución de 200, la tercera parte.
Es una "verdadera farsa" y una "tomadura de pelo", censura Gonzalo Canales, para quien el documento preparado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo encabezada por Javier Fernández se ha elaborado "de cara a la galería".
* Qué - EP. - 17.09.11
Foto: Santander, Gobierno de Cantabria- wikipedia
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La Fiscalía cuestiona la ley que permite legalizar viviendas condenadas al derribo
Con ambas leyes el Parlamento pretendía dar una salida a las 663 viviendas que hay en Cantabria afectadas por una sentencia de demolición. Hasta ahora se conocían las dudas de los jueces sobre uno de los textos. La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, nunca se había pronunciado en público al respecto, a pesar de que la Memoria Fiscal ya había sido difundida en parte el pasado mes de junio a través de los medios de comunicación.
Ha sido una pregunta del portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, formulada a Calvo en su comparencia, la que ha desvelado los reparos de la Fiscalía al texto legal. En la Memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía no entra a valorar la política de protección ambiental de los organismos legislativos, pero muestra su preocupación por la iniciativa que permite legalizar algunas urbanizaciones, al crear «inseguridad jurídica».
De la Sierra pidió a la fiscal superior una «aclaración» sobre el motivo de una afirmación «tan negativa», y quiso saber si en el año de vigencia que tiene la norma se ha producido algún caso de inseguridad jurídica. La respuesta de Calvo fue lacónica. Se limitó a decir que alude a «conceptos jurídicos indeterminados que a veces pueden ser un elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta». Tras la comparecencia, en una reunión de café, los parlamentarios obtuvieron más explicaciones.
El texto normativo (Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo) fue aprobado con el apoyo de los tres grupos políticos. Su objetivo era que los ayuntamientos adaptaran sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral (POL), circunstancia que los diputados aprovecharon para evitar la demolición de viviendas que creaban un impacto sobre el paisaje y que, por situaciones sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, eran susceptibles de ser legalizadas. La mayor parte de ellas se sitúan en los municipios de Piélagos y Argoños.
Peritos independientes
En su intervención, la fiscal superior de Cantabria reclamó la constitución de un cuerpo de peritos especializados vinculados a la Fiscalía en los casos de delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio, ya que al resultar imputados representantes de los ayuntamientos, se necesita la colaboración de arquitectos independientes.
El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, pidió también una aclaración sobre este asunto, ya que podía ponerse en duda «la independencia de los funcionarios». Calvo aseguró que la expresión ha podido ser «desafortunada», pero que en ningún momento se ha puesto en duda la independencia del funcionario público. «Se trata de crear equipos de trabajo dentro de la figura del fiscal instructor, que requiere una investigación diferentes», matizó. Los grupos políticos elogiaron también el trabajo de los fiscales.
* Diario Montañés - 2.09.11
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización Las Llamas con sentencia de derribo (archivo) - eldiariomontanes.es
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San Vicente de la Barquera.- La urbanización de Santa Marina se incorpora al Plan de Derribos
En Santa Marina no se ha llegado a construir viviendas, pero la Sala de la Contencioso Administrativo dictó un auto en el que ordenaba la demolición de los trabajos de urbanización previos. Javier Fernández ha explicado que, aunque esta urbanización no iba a ser incorporada al Plan de Derribos porque en ella no hay viviendas, se ha acordado hacerlo «con la filosofía del cumplimiento de las sentencias y la búsqueda de soluciones concretas».
El consejero subrayó que su departamento hará «todo lo posible» para que el Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente sea una realidad «en poco más de un año», algo que, según el alcalde, es de «vital importancia» para un municipio que «lleva veinte años con el urbanismo parado».
El calendario de derribos que el departamento de Urbanismo presentará a los jueces afecta a 663 viviendas situadas en cinco municipios (Escalante, Arnuero, Argoños, Piélagos y Miengo)
* El Diario Montañés - 26.08.11
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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Costas se pronuncia contra la modificación del PGOU de Piélagos para evitar los derribos en Cerrías
Además, la Demarcación de Costas entiende que no se argumenta de ninguna forma por qué las edificaciones se encuentran en el litoral y en los tramos de playa, algo que para la Ley de Costas es excepcional y, por tanto, debe justificarse. Costas recuerda también que el área está incluida en una zona de especial protección, en concreto, el Lugar de Interés Común de las Dunas de Liencres y el Estuario del Pas.
El municipio aprobó el pasado mes de mayo el inicio de los cambios en sus normas urbanísticas en esta y otras dos zonas, acogiéndose además a la posibilidad de legalización que abrió el Parlamento de Cantabria con la Ley de Medidas Urgentes, votada en julio del año pasado por unanimidad de todos los grupos.
En concreto, lo que se está tramitando en estos momentos es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la Unidad de Ejecución L-01 de Piélagos, que afecta a la zona de Somocueva y, en concreto, al Barrio de La Caseta y al Barrio de Las Cerrías.
La modificación planteada contempla clasificar estos suelos, considerados en la actualidad como urbanos, con la categoría de Suelo Urbanizable Delimitado, para lo que hará falta un Plan Parcial.
Tras su aprobación por el Ayuntamiento, el cambio pasó al Gobierno de Cantabria, que a partir de ahora se encargará de estudiar los efectos que tendrá sobre el medio ambiente esta reclasificación.
De momento, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha formulado el documento que servirá de referencia para la evaluación medioambiental.
A partir de ahora, se abre un proceso de evaluación ambiental, que incluye, entre otros pasos, la elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), tras la celebración de consultas a los afectados.
Ha sido en este trámite de consultas en el que la Demarcación de Costas ha expresado su opinión contraria a la modificación puntual, mientras que la asociación ecologista Arca no ha realizado ninguna apreciación al respecto, ni en sentido positivo ni en negativo.
Desde Arca, su presidente, Gonzalo Canales, matiza a Europa Press que esto no significa que apoyen la modificación, ya que, reitera, este colectivo está en contra de todo lo que suponga legalizar viviendas con sentencias de derribo.
Por eso, se matiza que todas las medidas que vayan en este sentido acabarán en los tribunales, como viniendo haciendo en los últimos años esta asociación ecologista.
EVALUACIÓN
Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, se especifica que el ISA deberá recoger toda la información de carácter medioambiental, con un inventario y un diagnóstico global para, después, proponer medidas que contrarresten los efectos negativos detectados.
Además, se tendrá que analizar la modificación puntual, así como las alternativas y su viabilidad económica.
* Europa Press - 19.08.11
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización ilegal Cerrías - publico.es
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El juez implica a 51 personas en una «trama de corrupción» en Castro
Acayro puso fin ayer a la instrucción del 'caso La Loma', el de la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria. Y de esta instrucción salen imputaciones para 23 concejales y exconcejales, seis técnicos municipales y quince promotores y constructores, además de para un notario, un exsecretario y una secretaria del Ayuntamiento de Castro y otros cuatro técnicos (no municipales).
Diez son los delitos que Acayro imputa en su auto de procedimiento abreviado: prevaricación administrativa y urbanística, falsedad de documento público, estafa, delito contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad de documento mercantil, infidelidad en la custodia de documento público y malversación de fondos públicos.
Entre los imputados, están los alcaldes castreños de los últimos veinte años, Rufino Díaz Helguera (1991-2003) y Fernando Muguruza (2003-2011), además del candidato del PSOE a la Alcaldía en las últimas elecciones, Daniel Rivas. Díaz Helguera está imputado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, ya que pudo beneficiarse de sobornos por valor de cerca de 150.000 euros que no ha justificado. Por su parte, Muguruza y Rivas están imputados por presunta prevaricación.
Dentro de este caso, también está imputado el constructor y exalcalde de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, que también fue designado por el PSOE como candidato a la Alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones.
Entre los imputados, el juez destaca al exsecretario municipal César Saiz, al que acusa de haber recibido comisiones y de haber obtenido un enriquecimiento ilícito de 1.087.334 euros sólo en este caso. Lo mismo dice de la responsable municipal de la disciplina urbanística, Yolanda Sánchez, sobre la que dice que existen indicios de que cobró sobornos que le permitieron ingresar hasta 442.000 euros. Y otro tanto atribuye al exarquitecto del Consistorio, Pedro Restegui, del que asegura que estaba «a sueldo de promotoras y despachos de arquitectos sobre cuyos proyectos tenía que informar».
En su auto, Acayro destaca que hay «indicios sólidos» como para «apreciar una trama de corrupción en la gestión urbanística de Castro Urdiales, integrada por personas que se han enriquecido en el desempeño de sus funciones públicas». Y alude a informes periciales que señalan que los responsables de varios departamentos del Consistorio «han podido recibir sobresueldos con fondos públicos».
El instructor sostiene que la responsable de disciplina urbanística, el de contratación, la técnico de rentas, el responsable de recaudación y, evidentemente, el encargado de elaborar las nóminas que debe canalizarlas, entre otros muchos, han recibido en conjunto, en los últimos años, «cientos de miles de euros de más en sus nóminas sin amparo legal alguno».
Otra de las conclusiones a las que llega Acayro es que indiciariamente «existe una nula voluntad de cumplimiento de la legalidad por parte de los responsables del urbanismo del Ayuntamiento de Castro, ya que se trabaja con un instrumento de planeamiento distinto al que está en vigor, con conocimiento de ello y se ha actuado en contra de las ordenanzas municipales aprobadas por ellos mismos».
Además, señala que un número importante de informes «han podido ser manipulados y que el registro de entrada y salida de documentación del departamento de urbanismo incumple los requisitos básicos de control de legalidad».
Perjuicios
El magistrado cifra en más de 9,6 millones de euros el perjuicio patrimonial al Ayuntamiento por las presuntas irregularidades urbanísticas en La Loma», principalmente por aprovechamientos que tenían que haber cedido al Consistorio varios promotores.
Según Acayro, el perjuicio al patrimonio municipal se debe a las tasas de licencias que no se recaudaron y a las cantidades que no se repercutieron a los promotores por daños a bienes públicos. El auto dice que la peritación de esas cantidades ha sido «extraordinariamente prudente», porque no se han incluido las cesiones de espacios libres de uso público de varios puntos de La Loma.
El magistrado destaca el papel que tuvo la hija del exsecretario municipal, María Ángeles Sainz, en la no liquidación de las licencias, puesto que «actuó en beneficio de los promotores». Acayro cifra en 226.336 euros la cantidad total que perdió el Ayuntamiento por tasas que no fueron recaudadas y por licencias de primera ocupación.
Los imputados
Cargos públicos
Rufino Díaz Helguera: Concejal electo de Acuerdo por Castro. Fue alcalde de Castro doce años. Es el concejal de Atención Ciudadana y está acusado dentro del ‘caso Santa Catalina’, donde se enfrenta a tres años de cárcel por falsedad de documento público.
Daniel Rivas: Concejal electo y secretario general del PSOE. Es su única imputación.
Fernando Muguruza: Alcalde de Castro en funciones. Está inhabilitado durante siete años y medio para empleo o cargo público. Está inmerso en una docena de causas judiciales. Estuvo en la cárcel 19 días ante el riesgo de destrucción de pruebas y por participar en asuntos urbanísticos pese a estar inhabilitado en esta materia, dentro del ‘caso La Loma’.
José Miguel Rodríguez ‘KyK’: Primer teniente de alcalde en funciones. También está inhabilitado para cargo público y el juez Acayro le prohibió tomar decisiones en materia de Personal y Contratación. También está inmerso en otras seis causas como el ‘caso Trapur’, que se juzgará del 20 al 23 de junio.
Pedro Revuelta: Concejal de Juntas Vecinales y compañero sentimental de la exconcejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico, a la que sustituyó en la Corporación castreña cuando fue cesada por el alcalde.
Concepción Carranza: Concejal de Educación y Cultura. Está inhabilitada durante siete años y medio para cargo público.
Salvador Hierro: Concejal de Tráfico y portavoz de Izquierda Unida. También está inhabilitado y está imputados en las dos investigaciones que hay en la zona de Santa Catalina.
Ana Zubiaurre: Concejal de Turismo y Comercio. Es la única imputación que tiene.
Víctor Echevarría: Concejal del PSOE en la oposición. Se enfrenta a una petición de un año y medio de prisión por un presunto delito societario.
Teresa Pérez Barreda: Exconcejal del PSOE.
Pedro Olano: Exedil del PSOE.
Socorro Andueza: Exedil del PSOE.
Ana Vélez: Exedil del PSOE.
Emilio Casas: Exedil del PSOE.
Pascuala San Miguel: Exedil del PSOE.
Elisa Dopico: Exedil del PP. Ha reconocido hace unos días que amenazó a una funcionaria municipal, testigo del ‘caso Trapur’, y ya le ha indemnizado con 20.000 euros. Tiene pendiente el juicio por el ‘caso Trapur’.
Jaime Díez Muro: Exedil del PRC. Está inhabilitado dentro del ‘caso Mioño’ por la adjudicación «a dedo» de los trabajos del túnel de Mioño, a la empresa que representaba su hermano.
Juan Tomás Molinero: Exconcejal del PRC. Acayro ordenó hace unos días su detención (finalmente no se produjo) por no acudir a una citación como imputado en el ‘caso La Loma’.
Marta González: Exedil del PRC.
Santiago Vélez: Exedil del IU. Está inhabilitado para cargo público en el ‘caso Mioño’.
Exconcejales
Elisa Cantero: Exconcejal de IU.
María Ángeles Blanquet: Exconcejal del Partido Socialista.
Guzmán Miranda: Exconcejal del Partido Regionalista.
Técnicos municipales
Mª Carmen Villanueva: Ingeniera.
Pedro Restegui: Exarquitecto.
Álvaro Pérez: Ingeniero.
Pablo Sopeña: Arquitecto.
Alicia García: Exgerente de Urbanismo.
Yolanda Sánchez: Técnico de Urbanismo.
César Sainz: Exsecretario.
María Ángeles Sainz: Secretaria.
Otros Técnicos
Javier Leonardo: Técnico.
Ramiro Amorrortu: Arquitecto.
Valentín Galdós: Arquitecto.
Javier Galdós: Arquitecto.
Promotores
Vicente Santamaría: Bifamiliares y Adosados Castreños.
Martínez Parra: Teconsa y Proinsa.
Juan Ramón López Revuelta: Nosur.(Es concejal del Partido Socialista en Laredo).
Javier Sáinz, Oteo Orive, Pérez Ibáñez : Norsur.
Colina Otero y Cardoni: Altos de Otañes.
Arce Rivas: Cenavi.
Puente Pelaz: Castro 16.
Santamaría Hierro: Quinorsa.
Quindós Aguirre: Quinorsa.
Gutiérrez Pozo: Quinorsa.
Valenzuela Sanz: Vallehermoso.
Granados Isusi: Graisu.
Notarios
José Graiño.
* El Diario Montañés - 10.06.11
Foto: La mayoría de los condenados a penas de inhabilitación para empleo o cargo público por el 'caso Mioño' están ahora imputados dentro del 'caso La Loma'.- diariomontañés
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Cantabria.- Velasco declara hoy como imputado por el caso 'Bezana Lago y Bezana Bella'
La comparecencia de Velasco se produce después de que el juez haya rechazado la nulidad de actuaciones solicitada por el regionalista hace meses y la solicitud de sobreseimiento libre emitida por los abogados de Carabaza.
Junto al exalcalde, el magistrado interrogará hoy a la perito que elaboró el informe técnico de la urbanización.
Como se recordará, han pasado casi cinco años desde que la Agrupación de Vecinos Independiente (ADVI) de Santa Cruz de Bezana denunciara las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de los conjuntos residenciales Bezana Lago y Bezana Bella ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La investigación trata de determinar ahora si en las urbanizaciones se ha permitido un exceso de edificabilidad de más de 15.000 metros cuadrados en espacios bajo cubierta y planta baja que no figuraban en el proyecto y que, supuestamente, habrían beneficiado al constructor en 10,5 millones de euros.
* Diario Montañés - 7.06.11
Foto: Velasco llegó esta mañana a las Salesas acompañado de sus abogados minutos antes de comenzara la vista - diariomontañes
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