El Gordo.- La ecologista gana y se va del pueblo

ELPAÍS/Cáceres* : Lo que para muchos es un sueño a punto de hacerse realidad: disfrutar del macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, para Paca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca de Campo Arañuelo, es un infierno. Hace cinco años que sufre acoso y agresiones por haber denunciado la ilegalidad del complejo, construido en un paraje protegido, que pertenece a la red natura 2000, y que ha sido declarado por la UE como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Muchos de los vecinos de El Gordo, municipio en el que se levanta el complejo, ven en las denuncias de Blanco una amenaza a los intereses económicos del pueblo, de 300 habitantes. Marina Isla de Valdecañas se encuentra a 160 kilómetros de Madrid, de donde procederán muchos de sus clientes, algunos de ellos, según Blanco, famosos del papel cuché, y contará con dos hoteles de 4 y 5 estrellas; casi 200 villas de lujo; un campo de golf y un puerto deportivo. El entorno de esta urbanización también es de lujo, está ubicada en una isla del Embalse de Valdecañas, enmarcada a por las Sierras de Gredos y de Las Villuercas.

Ecologistas en Acción lleva peleando en los tribunales desde 2007, cuando la Junta de Extremadura, entonces presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aprobó un decreto para poder construir en la Isla de Valdecañas, como Proyecto de Interés Regional (PIR). Ahora el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los ecologistas por considerar que la urbanización no cuenta con las condiciones necesarias para ser un PIR, y por lo tanto ordena su derribo. La Junta recurrirá al Supremo.

El miércoles, día en que se conoció la sentencia, Blanco puso un fax a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres pidiendo protección. Tenía miedo de que las agresiones que, presuntamente, viene sufriendo estos últimos cinco años pudieran acabar con una desgracia. Relata con aplomo que han tirado a su vivienda cócteles molotov. "Uno de ellos estuvo a punto de impactar contra una bombona de butano", cuenta. Le han roto varias veces los cristales de sus ventanas, han lanzado contra su casa huevos, incendiado su buzón y provocado daños en su coche por valor de más de 2.000 euros. Asegura que con ella no van a poder, pero también reconoce que no quiere poner en peligro a su familia y, en concreto, a su nieto de seis años que vive con ella. Así, ha puesto su casa en venta, quiere irse del pueblo.

"Agredirme y acosarme se ha convertido aquí en el deporte nacional. Hace cinco años lo hacía un grupo de menores, ahora han tomado el relevo otros. Lo hacen por lo que oyen en sus casas", dice. Los jóvenes a quienes ha denunciado solo se han disculpado por el incidente del buzón, el único del que existen pruebas. Lo han hecho a petición del alcalde, que no quiso hacer declaraciones a este periódico.

Blanco, de 62 años y 20 como ecologista, está acostumbrada a vivir con miedo. "Una vez en Navalmoral de la Mata (a 25 km de la Central Nuclear de Almaraz) me quemaron el coche por llevar una pegatina contra las centrales nucleares", relata.

Que no despierta simpatías en el pueblo es algo palpable. El propietario del Bar Las Cigüeñas, Teodoro Gutiérrez, lo confirmaba. "Esa mujer está empeñada en que por allí pasan aves, y por allí no pasa nada. Ha puesto el grito en el cielo, quizás demasiado alto, y en esas condiciones no puede tener a nadie del pueblo de su lado; el complejo beneficia a los bares, las tiendas y da trabajo". Gutiérrez sabe que se ha construido en zona protegida. "No pasa nada, no hace ningún daño", dice.A pesar de los sustos y sinsabores, Blanco está satisfecha con el fallo de los tribunales. Sabe que no se va a derribar el macrocomplejo pero espera que se condene a los implicados en la iniciativa, por la que se recalificó 1,3 millones de metros cuadrados no urbanizables de especial protección.

Ecologistas en Acción ha redactado un manifiesto de apoyo a Blanco, al que se están adhiriendo colectivos conservacionistas, intelectuales y artistas como la escritora Rosa Regás, el actor Alberto San Juan, el periodista y escritor, Isacc Rosa o los directores de Greenpeace y WWF-España, Mario Rodríguez y Juan Carlos del Olmo.



* El País - Reportaje - 19.03.11
Foto: Paca Blanco, ante el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en El Gordo (Cáceres).- elpais

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Barcelona.- Imputado el extesorero de CDC por comisiones ilegales en el 'caso Palau'

ELPAÍS* : El caso Palau le ha estallado de nuevo en la cara a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y esta vez como partido de Gobierno. El juez que investiga el desfalco de la entidad musical catalana imputó ayer al extesorero del partido nacionalista Daniel Osàcar por el presunto pago de comisiones irregulares que Convergència recibía a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas al grupo Ferrovial. La decisión judicial ha puesto en jaque a Convergència y ha desatado una tormenta política. Además de a Osàcar, el juez ha citado a declarar como imputados al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura; a dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao; a los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, y a la hija de este, la exadministradora Gemma Montull. Las imputaciones forman parte de una pieza separada del caso Palau, por el que se investiga el desfalco de unos 35 millones del Palau de la Música.

Según el auto judicial, el objetivo de la investigación es conocer "el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau de la Música" entre 2001 y 2008. El juez considera que hay indicios para pensar que las aportaciones eran, en realidad, "contraprestaciones" en las que los responsables del Palau actuaban como intermediarios en la adjudicación de obra pública a la constructora.

Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria señalan que las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones de CDC suman 2,33 millones. En esos informes aparecen cifras ligadas a un tal "Daniel", que presuntamente sería Daniel Osàcar. El auto cita como ejemplo un documento de 2008 en el que se indica que "Daniel" recibió 675.855 euros. Ese dinero iba a parar, supuestamente, a CDC y a entidades afines, como la Fundación Ramon Trias Fargas.

En ese entramado, Millet desplegaba "una amplia actividad en dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas". En el ordenador de su lugarteniente, Jordi Montull, apareció información sobre la adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Buenaventura era la "persona de contacto" de Millet en la constructora. El saqueador confeso del Palau le envió cartas comprometedoras. En una de ellas, de mayo de 2002, le informó de la adjudicación de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Lo hizo antes de que finalizasen los trámites y precisaba, incluso, el monto exacto de la operación. La carta termina así: "Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible".En otro escrito de la misma fecha, aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de la adjudicación del pabellón. Ese mismo porcentaje figura también en las obras de la Ciudad de la Justicia y en la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro. El juez, Miguel Ángel Tabarés, ha pedido abundante documentación -en algunos casos, con una "cronología detallada" de las resoluciones administrativas- de estas tres obras para averiguar si hubo irregularidades.

Tabarés ha resuelto en apenas tres días las peticiones de la fiscalía de imputar a diversas personas por el cobro de comisiones, celeridad que contrasta con la lentitud de su antecesor en la investigación, Juli Solaz. El nuevo juez del caso Palau ofrece al Orfeó Català y a la Fundación del Palau de la Música que se personen en la causa "en calidad de perjudicados" por el desvío económico.

La fiscalía también había solicitado la imputación de los responsables de las empresas Altaforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic, que facturaron, supuestamente, casi dos millones al Palau por trabajos que, según los gestores de la entidad musical, nunca se realizaron. El juez considera que, por ahora, no es necesario. Sí ha atendido, en cambio, la petición de que acudan a declarar como testigos diversas secretarias de Millet y Montull, así como la ex directora general del Palau, Rosa Garicano.

La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al líder de Convergència y presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien optó por permanecer en silencio. En su lugar, el portavoz de CiU en el Parlamento, Oriol Pujol, salió en defensa de Osàcar, que fue administrador del partido hasta el pasado noviembre. La salida de Osàcar fue disimulada entonces con la marcha el mismo día de otro peso pesado de Convergència, David Madí, que fue secretario de comunicación del partido.

En las filas de Convergència había temor porque lo ocurrido ayer podía pasar en cualquier momento. Sin embargo, la decisión del juez coge al partido en un momento delicado: necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los grandes recortes y a las puertas de la campaña electoral para las elecciones municipales.

La oposición, comenzando por el PSC, mantiene que más preocupado debe de estar el Gobierno. Ni el Partido Popular, que busca acercarse a CiU desde hace semanas, dejó pasar la imputación del extesorero de Convergència: el diputado Pere Calbó dijo que Mas debe dar explicaciones "de forma inmediata". En las filas de la izquierda vieron la decisión del juez como la justificación de la larga comisión de investigación parlamentaria en la que CiU siempre eximió a Osàcar de cualquier vinculación con el caso Palau. "Ahora es el juez el que cree que el Daniel de las libretas es Daniel Osàcar", dijo la diputada ecosocialista Dolors Camats. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, apuntó directamente al presidente de la Generalitat: "Ni Artur Mas ni Convergència pueden seguir escondiéndose tras esta imputación".
Una resolución judicial contundente

- Las donaciones de Ferrovial. "Parece deducirse que, en realidad, se trataba de contraprestaciones de esa empresa [Ferrovial] por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ellas. Y ello sin perjuicio de que los intermediarios también pudieran obtener algún beneficio".

- El rol de Millet. "Su posición no ha sido la de un simple mediador pasivo que cobra las cantidades (...). Reclama la adjudicación de obras y apremia a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas".

- Las cartas a Buenaventura. "Fèlix Millet dirige varios requerimientos a Pedro Buenaventura para que cumpla con los compromisos económicos de Ferrovial, manifestándole en algún caso de manera críptica que 'es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes".

- Los pagos de Daniel. "La mención a esa fundación [Ramon Trias Fargas] aparece precisamente en la columna de Daniel. Estas circunstancias conducen a pensar, tal como se hace en el informe, que el tal Daniel sea Daniel Osàcar". "Los pagos que realizaba Ferrovial al Palau estaban vinculados, en todo o en parte, a la Fundación Trias Fargas".



* El País - 18.03.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Un juez impulsa el derribo de 25 casas ilegales en zonas inundables del Guadalhorce

SUR/Málaga* : Un juzgado de Málaga ha instado al Ayuntamiento de Cártama a que proceda a la demolición de una vivienda situada en suelo no urbanizable de especial protección e inundable, una orden judicial que podría abrir la puerta al derribo de otras 24 casas más situadas en la misma zona y sobre las que pesa una sentencia de restablecimiento de la legalidad urbanística desde el año 2008. El caso, que surge en pleno debate sobre la amnistía urbanística a la que aspiran cerca de 50.000 viviendas en toda la provincia, viene a poner de manifiesto la dificultad que tendrán muchos propietarios de construcciones en suelo rústico para acogerse al decreto de regularización que prepara la Junta de Andalucía. Los últimos llamamientos en este sentido por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y la movilización ciudadana impulsada por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) no han hecho detenerse a la maquinaria judicial, que sigue avanzando con paso lento pero firme en aquellos casos sobre los que ya pesa una sentencia.

«Se ha recibido escrito del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga en el que se reitera la exigencia al Ayuntamiento de la demolición de esta construcción, y, en el caso de no realizarla en el plazo de un mes, se podrá considerar delito de desobediencia», apuntó el concejal de Urbanismo de Cártama, Jorge Gallardo. En el Consistorio se temen ahora que a este requerimiento puedan seguir otros similares por viviendas situadas en la misma zona, la de la Dehesa Baja, ya que, según explicó el propio Gallardo, esta casa es una de las 25 que se vieron afectadas por una sentencia de 2008 a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía en 2005 por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Aviso al Consistorio
«El juzgado lleva tiempo solicitándonos informes sobre el estado de algunas de estas viviendas y sobre si se han ejecutado o no los derribos», subrayó el edil de Urbanismo, quien agregó que en el último oficio por primera vez se apercibe al Ayuntamiento de que incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad si no procede a la ejecución subsidiaria de la demolición.
No es la primera vez que un juez obliga a derribar una casa en el campo en Cártama, municipio donde se contabilizan entre 3.000 y 3.500 expedientes abiertos por construcciones irregulares en suelo no urbanizable. El último caso tuvo lugar hace ahora dos años, cuando el Consistorio recibió un requerimiento para demoler un inmueble en la Dehesa Alta, no muy lejos de la zona afectada por esta última orden judicial. En aquella ocasión, finalmente fueron los propietarios los que procedieron a la demolición simplemente por razones económicas (cuando los ayuntamientos se encargan de los trabajos, luego pasan la factura a los dueños).
Después de la Axarquía, el Valle del Guadalhorce es una de las comarcas con más edificaciones irregulares en Málaga. Aunque no existen un censo exacto, se habla de hasta unas 15.000 entre todos los municipios, siendo Cártama el que presenta más casos, muchos de ellos en terrenos inundables, como sucede en la Dehesa Baja. Uno de los residentes en esa zona indicó ayer a este periódico que se encuentran «completamente desmoralizados» por la situación, ya que llevan años luchando y pagando sus impuestos al Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo señaló que habían mantenido varias reuniones con los afectados pero que el gobierno municipal no podía hacer nada porque se trata de viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición.


* Sur - 18.03.11
Foto: Imagen de una demolición ejecutada por el Ayuntamiento de Cártama en 2005 - sur

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Gallardón y la M-30: ¿el tribunal le da la razón?

Estupefacta. Así se declara la organización ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* al oír las palabras del Alcalde afirmando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “le da la razón al Ayuntamiento” y que “ya ha cumplido el mandato que emana de la sentencia del TSJM”. Nada más falso. En lugar de asumir responsabilidades políticas y pedir disculpas, el Alcalde intenta confundir a la opinión pública. Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha refrendado y confirmado la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº22, de 16 de octubre de 2008, en la que el juez acogía “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento de la M-30 junto al cauce del Manzanares. Pues bien, repasando esta sentencia que refrenda ahora el TSJM, Ecologistas en Acción le quiere preguntar al Alcalde de Madrid: ¿en qué medida le da la razón?

Efectivamente, si nos fijamos en la sentencia, en su página 33 se afirma que (los destacados en cursiva son nuestros): “La conducta de la administración que ahora se pretende hacer valer, extemporánea e improcedentemente, para que se desestime el recurso; esa conducta consistente en atender una carta de emplazamiento de la Comisión Europea y elaborar un “planning” de actuación para elaborar los preceptivos informes de impacto ambiental que había omitido durante la tramitación administrativa del expediente, no puede llevar a la conclusión de que la administración ha cumplido con sus obligaciones […] Tal conducta no supone otra cosa que el palmario reconocimiento de lo que los demandantes [Ecologistas en Acción] vienen sosteniendo en este proceso”.

O más adelante, en la misma página, en el inicio del punto séptimo, cuando la sentencia afirma que “la elaboración posterior de estudios de impacto ambiental no puede amparar la ilegalidad inicial de los actos, ni puede servir para subsanar las consecuencias de la omisión de este vicio trascendente”.

Así que Ecologistas en Acción se pregunta ¿en qué le da, pues, la razón esta sentencia al Ayuntamiento? ¿Dónde está la decencia política de Gallardón, al presentar un varapalo jurídico como un éxito de su gestión? ¿Toma a los ciudadanos por estúpidos? ¿Dónde están las explicaciones y disculpas que le debe a la ciudadanía, y más después de que la obra haya arruinado durante décadas a las arcas municipales? ¿O es que lo que piensa es que la política de los hechos consumados junto con la lentitud de la justicia puede hacer mutar una actuación ilegal en un éxito político?



* Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid - 18.03.11
Foto: Madrid, túneles M30 - terra

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Brasil.- Curitiba, el pulmón del continente

7DÍAS* : Dicen que Brasil es el pulmón del mundo, pero Curitiba es el pulmón de Brasil. Además de sus hermosos paisajes y sus atractivos turísticos, la ciudad del estado de Paraná es la más verde de América latina y se convirtió en un ejemplo mundial de soluciones de urbanismo, educación y medio ambiente. Lleva ese estandarte por sobre el resto de las ciudades del continente. En los últimos días de noviembre de 2010 se presentó en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes la investigación realizada por un grupo de expertos reunidos por "The Economist", llamados Economist Intelligence Unit. El objetivo del trabajo presentado fue determinar el ranking de sustentabilidad de 17 concentraciones urbanas latinoamericanas. Los indicadores evaluados fueron: eficiencia energía y emisiones de dióxido de carbono, la sustentabilidad en cuestiones del uso del suelo y edificios, transportes, desechos, la situación de las aguas residuales, saneamiento, calidad del aire y políticas ambientales. Curitiba quedó en el primer lugar y fue la única en estar en la categoría de "Muy por encima del promedio".

Desde hace mucho tiempo es pionera en la región en sustentabilidad. Allí nació, por ejemplo, el sistema de colectivos rápidos que se tomó de modelo para el resto del continente. Otra de sus creativas ideas fue la implementación de la primera gran avenida peatonal de Brasil. Como ejemplo de su preocupación por implementar políticas que cuiden el planeta, desde 2009, la autoridad medioambiental ha monitoreado de forma permanente el promedio de absorción de CO2 en las áreas verdes y ha evaluado las emisiones totales de este gas. Otra de las acciones del gobierno es tratar de reubicar a las personas que habitan en asentamientos informales y darles viviendas de bajo costo con buenas condiciones de saneamiento.

La razón por la cual esta ciudad logró este desempeño en la investigación "Índice de ciudades verdes de América latina" es por que ha aplicado durante mucho tiempo un enfoque global con el medio ambiente. En los ’70, la población tuvo un crecimiento veloz y obligó a aplicar estrategias para el plan urbano. Además de un sistema eficiente de transporte público, pensaron en términos de creación de áreas verdes, reciclaje de desechos y medidas de saneamiento.

TE QUIERO VERDE. Curitiba está conformada por 30 parques y bosques creados con la infraestructura pertinente para el esparcimiento y la práctica de deportes. Culturalmente, es una ciudad ecléctica y muy influenciada por los inmigrantes italianos, alemanes, polacos y ucranianos. Tienen muchos atractivos turísticos y sus espacios verdes son los protagonistas del paisaje.

Uno de los paseos para no perderse es el Jardín Botánico, que fue creado al estilo de los jardines franceses, con campos de flores, un vivero de estructura metálica, un museo con investigaciones de todo el mundo, una biblioteca y un auditorio. El Bosque Alemão es otro atractivo que muestra las tradiciones alemanas, en un perímetro de 38 mil metros cuadrados de flora nativa. El Parque Barigüi tiene 1,4 millones de metros cuadrados, que son los más frecuentados de la ciudad, tanto por turistas como por brasileños. Preás, socós, garzas blancas, zorrinos, tico-ticos, sabiás y decenas de otros animales de la región hacen del Barigüi su hogar. Además, cuenta con parrillas, quioscos, pistas de ciclismo y aeromodelismo, canchas polideportivas, equipos para gimnasia, estacionamiento, restaurante, parque de diversiones, Museo del Automóvil, Feria de Exposiciones y Centro de Convenciones, Estación Maria Fumaça y la sede de la Secretaría Municipal del Medio Ambiente. Un plan completo para pasar una jornada al aire libre.

Otro de los espacios verdes importantes de Curitiba es el Parque da Barreirinha, considerado el más bello por la gran variedad de especies vegetales que lo habitan. Suelen dictarse clases de botánica y ahí está el huerto municipal. Para el resto de los 30 parques, cada uno tiene su atractivo, ya sea desde lo cultural por referirse a una nacionalidad o etnia o porque tienen algo que ver con la educación (hasta las universidades se crearon en torno a espacios verdes). Los cementerios también están parquizados.

La falta de playas y mar, para Curitiba no son una falencia, ya que logra suplir esto con sus otros encantos, que tientan a cualquier amante de la naturaleza y de la ecología. Porque vale la pena dar una vuelta para ver a "la ciudad más verde de América latina".



* 7Días - El Argentino - Melisa Miranda Castro - 12.03.11
Foto: Más de 30 parques y bosques, junto a políticas medioambientales, sociales y culturales convierten a la ciudad brasileña en la urbe más sustentable de América latina.- 7días

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La rebelión de los ´Pringaos´

DAMIÁN CANEDA* : L­a crisis, con su crudeza y duración, va perfilando de forma nítida y clara los distintos sectores en los que habitualmente se divide la población laboral y la diferencia con la que cada grupo transita por las dificultades. Ricos, funcionarios, trabajadores de empresas públicas, de grandes empresas, pequeños empresarios y sus trabajadores, autónomos… Cada grupo experimenta la crisis de distinta manera. A unos no les afecta nada, a otros un poco y a otros muchísimo. Estos últimos son los «pringaos», básicamente, constituido por las pymes con sus trabajadores y los autónomos. La diferencia es notable. En una coyuntura normal este grupo es el que más trabaja, con la crisis las jornadas se alargan por las dificultades, obteniendo menos ingresos y con la incertidumbre siempre de si sobrevivirá la empresa. Por el contrario, si eres trabajador de una empresa pública que ha disminuido su volumen de trabajo, simplemente, tienes más tiempo de ocio. Las pérdidas serán cubiertas subiendo impuestos a los «pringaos». Igual que si hay que ayudar a una multinacional a pagar generosas indemnizaciones o prejubilaciones. Es la ruleta de la vida. Caso especial son las empresas públicas por excelencia: los ayuntamientos.

Vemos noticias, cada vez con más frecuencia, de la imposibilidad de pagar las nóminas y del retraso en el cumplimiento con proveedores. Curiosamente la reflexión no es cuestionarse si han contratado personal innecesario o, en el mejor de los casos, necesario en su día pero no ya hoy, como claramente pasa en todas las gerencias de urbanismo, ni tampoco plantearse si se ha despilfarrado en viajes y obras innecesarias, no.

La conclusión es que necesitan más financiación. Es decir, más impuestos a los referidos «pringaos» para pagar la brillante gestión y el ocio de muchos empleados de los ayuntamientos de Barbate, Los Barrios, Vejer, Mondoñedo, Viveiro… por citar los que más salen en prensa por sus reclamaciones de ayuda, pero que es válido para cientos, miles de ayuntamientos que se acercan a la quiebra técnica. Eso si, sin preguntarse cómo es posible que un policía local gane más y trabaje menos que un policía nacional o un guardia civil. Ni por supuesto plantearse un plan de saneamiento riguroso y realista que pase por frenar el déficit, adecuando gastos y plantillas como cualquier empresa.
No, la solución es más multas e impuestos al susodicho grupo de sufridores para que graciosamente mantengan miles de televisiones públicas, municipales y autonómicas de muy dudosa utilidad.

¿Qué pueden hacer los «pringaos», chantajear a la sociedad como los controladores, los trabajadores de Aena, los del metro de Madrid o recurrir a piquetes violentos como los de los liberados sindicales? Obviamente no, están ocupados trabajando para subsistir y, por conciencia social, saben que tienen que mantener a 5 millones de parados, 9 millones de pensionistas, 3 de funcionarios y otros cuantos millones de estudiantes a los que les gusta el status y repiten curso una y otra vez.

La respuesta está siendo una rebelión silenciosa que ha detectado el cuerpo de inspectores de Hacienda, el incremento de la economía sumergida.

Hartos de legislaciones absurdas, empezando por la laboral, inspecciones constantes, impuestos confiscatorios, seguridad social abusiva, generosas subvenciones a sindicatos y partidos..., hay «pringaos» que se sumergen y escapan al control del Estado. Ya alcanza el 23% de la riqueza nacional, es decir, casi 1 de cada 4 euros que se producen es en negro.

La construcción, la hostelería, el turismo, el transporte de mercancías y de pasajeros, la agricultura… Por todos los sectores se extiende, el problema es que lo que no pagan estos sumergidos lo tienen que pagar de más los «pringaos» de superficie.


* La Opinión Málaga - Opinión - 19.03.11

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