ELPAÍS* : La imagen del Partido Popular y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales. Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno.
El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.
Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular.
De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.
Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.
Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007
sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".
Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.
Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.
Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas.
Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos).
La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.
Los intentos de Bauzá por pasar página cobran mayor importancia a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Esta misma semana ha asegurado: "No estamos condicionados por el pasado". Y algo similar deben pensar varios políticos de su partido imputados en esta maraña de presunta corrupción, toda vez que pretenden figurar en las listas electorales del PP para esos comicios.
El último en defender públicamente su derecho a hacerlo ha sido José Sala, alcalde de la localidad ibicenca de Sant Antoni. Pese a estar implicado supuestamente en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura de su partido al Consell de Ibiza.
LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES
'Caso Palma Arena'
- Investiga: Malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, blanqueo, fraude a la Administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas en la construcción del velódromo. - Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Jaume Matas y ocho ex directores generales.
'Caso Bitel-2'
- Investiga: Apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa pública de tecnología Bitel.
- Imputado: El ex director gerente Damià Vidal, que ya participó en la defensa de Matas en otro caso.
'Caso Scala/Cola Cao'
- Investiga: Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico. - Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Un ex consejero y tres directores generales o jefes de gabinete.
'Caso Funeraria'
- Investiga: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma de Mallorca.
- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex director gerente.
'Caso Ibatur/Pasarela'
- Investiga: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el Instituto Balear de Turismo.
- Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores generales.
'Caso Andratx'
- Investiga: Las irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas.
- También están bajo sospecha, por el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx, un ex consejero del Gobierno balear y el propio Jaume Matas.
'Caso Bomsai'
- Investiga: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.
- Imputados: Un ex consejero y dos ex directores generales.
'Caso Plan Territorial'
- Investiga: Tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.
- Imputados: Un ex consejero y un consejero insular. El primero de ellos, Jaume Font, continúa en su escaño del Parlamento autónomo por el Partido Popular.
'Caso Turismo Joven'
- Investiga: Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud de la Administración autónoma.
- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.
Políticos en prisión
- Tres ex políticos -el PP los ha expulsado- están en la cárcel con condena firme por delitos de corrupción: el ex director general del Territorio Jaume Massot; el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo; y el ex edil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, por abuso de menores y malversación.
Las causas de UM
- Otros seis casos de presunta corrupción involucran a Unió Mallorquina en su etapa de alianza con el PP y el PSOE. Entre los implicados, los ex líderes Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Tomeu Vicens, Toni Pascual.
- Vicens, ex secretario general, cumple una pena de 42 meses por malversación y falsedad.
* El País - 7.08.10
Foto: Palma, Matas detenido - diariodemallorca.es
La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados
Un casco histórico olvidado en Santa Cruz
ELDÍA/Tenerife* : El popular barrio de El Toscal, en pleno centro de Santa Cruz, no pasa por buenos momentos. Tras décadas de abandono, hace escasas semanas se produjo la alarma social entre sus vecinos como consecuencia de un incendio que se propagó desde una arboleda situada en una ciudadela de la calle Tribulaciones y que afectó a unas diez viviendas abandonadas, aunque no hubo que lamentar consecuencias personales. Muchas fueron las voces críticas que manifestaron más tarde que era algo que se veía venir. Pendientes aún de la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital y de un Plan Especial de Protección (PEP), los vecinos del barrio claman por la mejora de servicios y la rehabilitación de viviendas, muchas de ellas catalogadas, pues parte del barrio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico en 2007.
Por todo ello, el debate de EL DÍA quiso reunir a parte de los principales conocedores de la problemática de El Toscal: José Ramos Arteaga, portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal; Ignacio González, concejal del Distrito Centro-Ifara; Ángel Isidro Guimerá, concejal de Ciudadanos de Santa Cruz (partido que ha presentado varias mociones en el ayuntamiento para promover la rehabilitación de El Toscal); y José Ángel Martín, concejal del PSC en el consistorio capitalino.
El primero en abrir fuego fue Ángel Isidro Guimerá, quien dijo ser un gran conocedor del barrio pues ha vivido muchos años en la calle de La Rosa. Guimerá repasó la presentación de mociones en el ayuntamiento "sin que ninguna haya servido para nada".
"Ya el 30 de julio 2003 presentamos una moción, estando en el PNC, en el que pedíamos urgentes medidas de limpieza interior de las casas, el arreglo de elementos de carpintería y cerrajería, la instalación de cubiertas, el pintado de fachadas que evitaran el progresivo deterioro de edificios catalogados y la mejora de la imagen de la zona urbana catalogada BIC del conjunto histórico de El Toscal", recordó Guimerá.
En aquella ocasión se aprobó que la moción se quedara en suspenso hasta la aprobación de la revisión del PGO y que el consejo rector se encargaría de la elaboración PEP. Asimismo, en 2004, "como no se había hecho nada", apuntó el edil de Ciudadanos de Santa Cruz, solicitaron la redacción del PEP. "Era un caso de dejadez porque había casas que se estaban cayendo y ni siquiera se permitía a sus propietarios arreglarlas", aseguró Guimerá.
Por su parte, el concejal del distrito Centro-Ifara, Ignacio González, determinó que lo importante "es ir solucionando la problemática de un barrio que ha quedado fuera de la modernización de Santa Cruz". En este sentido, rememoró que cuando se desarrolló el Plan Urban se quedó a las puertas de El Toscal por lo que las infraestructuras viarias "están envejecidas y se necesita su renovación urgente".
Asimismo, expuso la urgencia de rehabilitar las casas más antiguas, "no sólo por motivos de conservación de nuestro patrimonio sino por la propia seguridad de los ciudadanos".
En algunos casos son viviendas catalogadas porque parte del barrio está considerado como Bien de Interés Cultural (BIC) y debido al estado de algunas viviendas "la Concejalía de Seguridad hace que se vallen para que la gente no pase por debajo de los balcones por lo que tienen que pasar por la calzada con el consiguiente peligro. Esto no puede extenderse durante años", censuró Ignacio González quien afirmó que se pueden hacer actuaciones en las casas, solicitando el preceptivo informe al Cabildo de Tenerife por tratarse de un entorno BIC y sin contar con la aprobación del PGO.
El concejal socialista José Ángel Martín recriminó que "el ayuntamiento no se caracteriza por cuidar su patrimonio histórico como hemos visto con el cementerio de San Rafael y San Roque y en tantos otros entornos. Sale muy perjudicado, por ejemplo, si se le compara con La Laguna, que mima su patrimonio". Por ello, apuntó que "El Toscal, junto a la calle de La Noria, es el único reducto del Santa Cruz histórico que nos queda a los chicharreros" por lo que lamentó su estado actual.
Martín mostró su preocupación y se decantó por un discurso pesimista dado los años transcurridos sin que la administración haya tomado medidas que evitaran el deterioro del barrio: "En lo que al PSC se refiere tenemos más preocupación, si cabe, por el futuro que por el presente del barrio. O se toma una decisión contundente y seria que no sea parchear o corremos el riesgo de que perdamos parte de nuestra historia".
El patrimonio humano
El portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal, José Ramos, defendió la necesidad de respetar lo que una declaración de BIC significa al tiempo que detalló sólo una parte muy concreta del barrio está catalogada, algo que "se consiguió porque los vecinos lo sacaron de un cajón y lograron que se aprobara en enero de 2007".
Además, recriminó que mucha gente se olvide de que existe también un patrimonio humano que es el de la gente que vive en ese BIC y "que se les debe tener en cuenta". Por otro lado reiteró que todo plan de choque es "una declaración de fracaso municipal porque se ha llegado a una situación insostenible que indica que el ayuntamiento a fracasado en El Toscal".
En este punto, Ignacio González, ponderó la importancia de llevar a cabo el convenio firmado con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo el Área de Rehabilitación Integral (ARI), algo que, a su juicio, es posible llevar a cabo, independientemente del PGO y del PEP.
Sin embargo sí especificó que el convenio para realizar el Área de Rehabilitación del Casco Histórico sí necesita la aprobación del PEP que no está subordinado al PGO y que está siendo tramitado en el Cabildo. "Otra cosa es lo lento de su tramitación", sentenció.
Por su parte, Ángel Isidro Guimerá expuso que hace seis años se acordó la realización de un plan de actuación y de revitalización y que el Pleno se comprometió a tramitar el PEP antes de la aprobación provisional de la revisión del PGO. Por ello, manifestó que "que si se aprobase ahora el PGO por la Cotmac pediría la suspensión hasta que se apruebe el PEP porque se estaría incumpliendo un acuerdo plenario que decía que debía aprobarse antes". Finalmente expuso que "ha habido un abandono consciente y premeditado por parte del ayuntamiento en el barrio de El Toscal.
En este sentido, el portavoz del PSC en el ayuntamiento capitalino, José Ángel Martín, tachó de "lamentable" el que "después del esfuerzo que supuso su declaración como BIC, no exista la voluntad política para mimar esa zona y hacerla un referente".
Así, criticó que la actuación del ayuntamiento "ha sido de negligencia y rozando la incapacidad". No sólo porque no se haya aprobado el PEP, que se lleva redactando seis años, sino porque "se aprueban mociones por unanimidad que no se llevan a cabo", según censuró el socialista, enunciando la última moción al respecto presentada en febrero de 2009 también por Ciudadanos de Santa Cruz para que se limpiaran los solares.
"La negligencia del consistorio se ve en los convenios de 7 millones de euros que se han perdido en este tiempo. No existe ni existirá voluntad política para solucionar el conflicto en el barrio de El Toscal porque las actuaciones del ayuntamiento denotan otros intereses", censuró Martín, quien, a su juicio, "en el ayuntamiento buscan poner a la ciudad ante los hechos consumados y que el barrio caiga por su propio peso y hacer lo que realmente quieren que es hacer un barrio nuevo que sustituya a El Toscal".
En parecidos términos se expresó José Ramos, quien subrayó que "no es que el plan Urban quedara a las puertas del barrio es que al ayuntamiento le interesó que quedara ahí. Es una forma de degradar un espacio público como se intentó hacer con El Rabal de Barcelona para convertirlo en un barrio chic".
La protección no llega
Por otro lado, el portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal se mostró convencido de que el PEP no es la solución por lo que se han planteado varios documentos de alegaciones en los que debe respetarse lo que significa un casco histórico. Por el contrario, a juicio de José Ramos, "el PEP es tan agresivo que, incluso, hemos pensado denunciarlo porque va en contra de algunos principios básicos de protección del barrio, entre ellos, la trama urbana". De esta forma, detalló que "no es que se tenga que modernizar el viario de El Toscal sino que precisamente lo que se debe proteger son esas calles irregulares que siguen la orografía de los antiguos barranquillos".
Igualmente Ángel Isidro Guimerá expresó que "es obvio que se ha abandonado y que existe peligro evidente de incendio como se ha visto recientemente. No se han querido aprobar ni tomar las decisiones por la dejadez del ayuntamiento como en Las Teresitas y en tantas otras cosas. El Toscal necesita protección y no dejación por omisión de sus obligaciones. El Toscal no puede ser objeto de especulaciones inmobiliarias porque es un barrio emblemático de Santa Cruz".
En este punto, el concejal del Distrito Centro-Ifara, Ignacio González, destacó la importancia del reciente plan de choque acordado y en el que intervendrán las Concejalías de Urbanismo, Seguridad, Sanidad y Servicios Públicos para realizar actuaciones de todas esas áreas en El Toscal.
González especificó que "algunas actuaciones van orientadas a la mejora de las condiciones sanitarias de determinadas viviendas y solares porque se han convertido en basureros clandestinos que suponen un peligro sanitario para las casa colindantes". Al mismo tiempo detalló que "el plan debe ser lo más participativo posible para que sus vecinos no se sientan abandonados".
Precisamente, para José Ángel Martín esta actuación "es sólo un parche más en la historia del barrio" y especificó que "se necesitan garantías de su pervivencia en el tiempo". Sin embargo, aclaró que el PSC apoyará el plan de choque pero "pedimos más capacidad y voluntad política".
* El Día - 8.08.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, barrio del Toscal abandonado - barriodeltoscal.com
Mallorca.- El GOB asegura que la Ley que declara de interés autonómico el campo de golf de Son Bosc contiene "mentiras" en su texto
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20MINUTOS* : El GOB ha asegurado que la Ley que declara de interés autonómico la construcción del campo de golf de Son Bosc (Muro), que entra en vigor este viernes, contiene mentiras en el capítulo de la exposición de motivos. Así lo ha afirmado el grupo ecologista en un comunicado en el que ha indicado, por ejemplo, que la Junta Rectora del Parque Natural de la albufera "nunca" ha hecho un informe favorable sobre el campo de golf, tal y como afirma la ley, según el GOB.
En este sentido, ha explicado que la Ley dice que en la tramitación del expediente de declaración de interés la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera dictó un informe favorable (entregado el 3 de mayo del 1999), si bien el GOB ha asegurado que esto es "mentira", puesto que la junta notificó que no era competente para emitir informes respecto al expediente promovido por la entidad Golf Playa de Muro S.A. en la finca de Son Bosc.
Además, ha añadido que en el acta de la reunión de la Junta celebrada el 24 de junio de 2008 consta "el posicionamiento contrario y unánime" de la misma.
Asimismo, el GOB ha indicado en Ley reza que "todos los acuerdos de la Comisión de Medio ambiente de las Islas Baleares y todos los informes sectoriales son favorables a la construcción del campo de golf", cuando el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria informa "desfavorablemente" debido a que "el proyecto no valora suficientemente los valores ambientales (hábitats y especies) del área, afectando de forma grave al conjunto de las especies de flora i fauna", ha puntualizado el GOB.
También señala que la construcción de este campo de golf "afecta indirectamente al resto de hábitats próximos incluidos dentro del actual Parque Natural".
Además, el GOB ha afirmado que existen informes urbanísticos desfavorables al otorgamiento de la licencia de construcción, emitidos por la Dirección general de Administraciones Públicas de la Conselleria de Presidencia, por el Departamento de Territorio del Consell de Mallorca y por el técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Muro.
Por otra parte, la Ley apunta que la Secretaría de la Convención de Ramsar dictaminó que "el acuífero no se verá afectado negativamente, en calidad ni en cantidad, por el desarrollo del campo de golf" y que el "uso de productos fisiosanitarios tampoco afectará al área". No obstante, el grupo ecologista ha dicho que la oficina de Ramsar "nunca" ha señalado que no exista impacto negativo del campo de golf sobre la zona húmeda de importancia internacional de la Albufera.
Lo que dice realmente el escrito de Ramsar, según el GOB, es que "del informe remitido por la Conselleria de Medio ambiente sobre los aspectos hídricos, entendemos que el acuífero no se verá afectado negativamente por el desarrollo del campo de golf, ni en cualidad ni en cantidad. Sin embargo, la dirección del flujo subterráneo es hacia el mar, con posibles aportes hacia el colindante sitio Ramsar". Por ello, animaron "a seguir de cerca la evolución del sitio Ramsar colindante, especialmente referente a los posibles impactos de los productos fitosanitarios".
El GOB ha puesto en conocimiento de la oficina del Secretariado del Convenio de Ramsar esta "utilización tergiversada" de su escrito por parte del Parlament. Además, el GOB prepara un escrito para remitir al Defensor del Pueblo con la intención de que éste impugne algunas de las normas aprobadas recientemente por el Parlament, entre ellas ésta.
* 20 Minutos - E.P. - 6.08.10
Foto: Muro (Mallorca), ajuntament - mallorcaweb.com
Cáceres.- La ciudad y el hotel Atrio
JORGE BENAVIDES* : En Cáceres, el problema del hotel Atrio no preocupa a los consumidores sino a los ciudadanos. Cuando el consumidor ejerce su condición, no tiene por qué pensar en el otro. Con el ciudadano sucede todo lo contrario, no puede ser indiferente, frente al otro, a la forma de hacer ciudad; lo cual a la vez, no depende únicamente de los políticos sino principalmente de quienes delegan en ellos su confianza por un corto período, es decir de quienes los eligen. Es la esencia de la democracia. Pero, más allá del cumplimiento formal que se cuantifica en las urnas, entre nosotros la calidad democrática debe mejorar. Ello dependerá de las dos partes. Desde luego, más de los electores que delegan su representación en los políticos, que de éstos. El poder no existe si no hay sumisos.
Hace muchos años un grupo de arquitectos visitamos las obras que J. M. González-Valcárcel ejecutaba en el extraordinario recinto amurallado de Cáceres. Hoy es patrimonio cultural de todos los ciudadanos del mundo; por eso es que debe disponer de instrumentos urbanísticos (Plan de Protección, Normativa, etcétera) rigurosos, exhaustivos, con un soporte doctrinal y teórico sólido y actualizado. No sólo una doctrina (cartas) de soporte. Está cerca de lo inalterable. Tampoco un soporte únicamente de teoría (derecho de cada época a enriquecer el patrimonio material de la ciudad); en cuanto a la ciudad (Carta de Atenas) y a la arquitectura (Movimiento de Arquitectura Moderna). Antes había varios maestros pero un solo conjunto de principios teóricos. A los cinco de Le Corbusier se añadieron veinte más. La arquitectura actual carece de ellos, tiene tantas teorías cuantas marcas famosas de arquitectos existen. Las marcas (Koolhaas, Calatrava, Hadid, Ghery, etcétera) se generan para facilitar el consumo; rara vez para estimular la civilidad. Una de ellas hace apología de la especulación inmobiliaria. Se ha generado una especie de teoría a la carta (conveniencia) que relativiza y hace preponderante la subjetividad de quien proyecta.
XVIVIMOS TODAVIAx las consecuencias de la ruptura del diálogo entre lo nuevo y lo antiguo que provocó aquel movimiento moderno. Lo prueban las profundas cicatrices en las calles y el parcelario de la ciudad (Sevilla, calle Imagen, Corte Inglés) y la ciudad actual que es cada vez más fea e inhóspita. También en Cáceres. Recuperar ese diálogo con suficientes dosis de civilidad es cada día más difícil por culpa del lucro y de la pérdida de conciencia ciudadana. Es una constatación, no doy una opinión. Es lo que también hice después de leer EL PERIODICO (29.07.10). Fui a constatar lo que se ha hecho en el hotel Atrio. He preferido no leer el Informe del Icomos. He visto la secuencia fotográfica. Con esta intervención, el tejido urbano del conjunto no ha ganado aunque se generen 50 empleos. Eufemísticamente se dice que se ha vaciado la parcela; el muro exterior, estéticamente no ha ganado. Es irreversible. Lástima que después no pude llenar una hoja de reclamaciones para quejarme de lo que había visto. No hay derecho, me dijo un escultor en la Escuela de BBAA con quien charlé mientras él terminaba el busto del maño Jesús Usón . Un extremeño, propietario de un cyber, ni siquiera conocía dónde estaba San Mateo. Hemos cumplido escrupulosamente con la normativa, me describió durante 45 minutos un colega del ayuntamiento (no podía, no puede ser de otra manera), el vicepresidente del Icomos, un distinguido geógrafo tiene una opinión a favor del hotel; la presidenta respalda un informa contrario; el COCAC "visó el proyecto" y punto, me respondieron por teléfono. Leo en internet: "Ni los promotores, ni los arquitectos, ni los miembros de la comisión de seguimiento del Plan Especial, ni los colegios profesionales, ni los partidos políticos, ni colectivos ciudadanos o sociales han roto una lanza a favor del proyecto". Me imagino el disgusto de Toño Pérez . Menos mal, ha provocado una situación de la cual nos podemos beneficiar todos. El hotel por la publicidad que acompaña a la polémica, los ciudadanos porque se comprometen con su ciudad y tienen oportunidad de aportar sus opiniones, los técnicos porque habrán aprendido que este tipo de proyectos, más que de las normas dependen de la sensibilidad, más que de la técnica, del arte, de la cultura; más que del deseo de inmortalidad del proyectista, de la humildad con la que debe aproximarse a un producto cultural tan sensible como es el Patrimonio de la Humanidad en Cáceres. Por respeto, bien podía mimetizar lo más posible sus aportes; los políticos porque pueden convertir esta situación en un ejercicio de pedagogía cívica y política que recupere el sosiego ciudadano. Bien pueden conseguir que se reordene lo que yo llamo la quinta fachada (cubiertas) con el fin de conseguir una mejor integración al conjunto. Los elementos extraños no harán perder la calidad arquitectónica que los proyectistas seguramente han buscado. Tienen mucha experiencia y- sensibilidad. Lo harán por la ciudad.
* Jorge Benavides, arquitecto
* El Periódico Extremadura - Opinión - 3.08.10
Colombia.- Radiografía de la vivienda ilegal
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ELESPECTADOR/Bogotá* : En los últimos tres años la cantidad de viviendas ilegales en la ciudad ha aumentado el 15%, según cifras de la Secretaría de Hábitat. En número de hectáreas, se ha pasado de 3.024, en 2007, a 3.472, en 2010. Parte del problema radica en que diariamente llegan a la capital aproximadamente 50 familias desplazadas en busca de un sitio para vivir y en la existencia de constructoras que venden proyectos edificados en zonas de alto riesgo, casas sin servicios públicos, entre otros. Históricamente, la mitad de los barrios en Bogotá fueron creados de manera ilegal: de los 3.000 que existen, 1.600 fueron construidos sin aprobación.
El Distrito, a través de la Secretaría y la Caja de Vivienda Popular, tiene un programa de reasentamiento y legalización de tierras para frenar el avance de este fenómeno.
Pero aunque ya se hayan adoptado medidas para contrarrestar el problema de la ilegalidad, aún existe en la ciudad 30% de este tipo de construcciones, según cifras del Concejo de Bogotá. De acuerdo con las estadísticas de la Unidad Coordinadora de Política Habitacional, de las 35.232 hectáreas del suelo urbano determinadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, aproximadamente 6.906 han sido urbanizadas ilegalmente.
La Secretaría de Hábitat tiene registro de desarrollos informales de vivienda en las zonas periféricas de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y, en menor grado, en otras zonas de la ciudad en donde existen grandes extensiones de terreno sin desarrollo. Generalmente, esta problemática ha sido asociada a los estratos más bajos, uno y dos. Sin embargo, también hay casos, como en los cerros orientales, que pertenecen a los estratos cinco y seis.
Para la secretaria de Hábitat, Juliana Álvarez, algunas de las características más comunes de las viviendas ilegales son la “carencia de urbanismo, zonas verdes o áreas comunes, la no existencia de los servicios públicos, o la toma de éstos de manera fraudulenta, la construcción en materiales precarios que no cumplen con la norma de construcción sismorresistente, entre otros”.
La funcionaria afirma que, actualmente, existen 304 desarrollos informales, de los cuales 163 se encuentran en proceso de legalización. Los restantes 141 no se pueden legalizar por varios factores: su ubicación al lado de las rondas de ríos o quebradas, zonas de protección ambiental o riesgo no mitigable, y por ser barrios construidos desde 2003, pues el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estipula que cualquier asentamiento construido después de esta fecha no puede ser legalizado.
Entre los actores clave que fomentan el crecimiento de viviendas ilegales están algunas constructoras, que aprovechando la necesidad de las personas y el déficit de vivienda en la ciudad, ofrecen casas mal construidas o en sitios no autorizados. Sólo en 2008, de acuerdo con el Concejo, la Secretaría de Hábitat recibió más de 1.300 quejas contra urbanizadoras por la mala construcción de las obras, a las cuales la entidad les impuso más de 200 multas.
Para solucionar esta problemática, el año pasado el Concejo aprobó un acuerdo (el 378 de 2009) en el cual quedó consignada la obligación de la Secretaría de crear un portal en donde se le informe al ciudadano qué constructoras, y en dónde, están desarrollando proyectos de vivienda, así como del estado de estos desarrollos: legales, ilegales o en trámite de legalizarse.
El mapa puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Hábitat (www.habitatbogota.gov.co). De la misma forma, quien quiera consultar más información acerca de un proyecto de vivienda puede acercarse a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, (Avenida Caracas 53-80 Piso 1) o a la Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano de la Secretaría, (Carrera 13 N° 52-25), así como a los Centros de Hábitat y a la red de SuperCADE de la Ciudad.
* El Espectador - Nathaly Martínez Ariza - 5.08.10
Foto: El sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, uno de los sitios en donde existen asentamientos ilegales - elespectador.com
