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ELPAÍS/Galicia* : Lo repite el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cada vez que le mientan la retirada de competencias y personal a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) o el cese del director que la puso en marcha, Hipólito Pérez, responsable último de que en 2007 se empezasen a demoler construcciones ilegales en Galicia después de 30 años de mirar hacia otro lado. Cuando surge la pregunta, Feijóo repite que sus presupuestos reservan 600.000 euros para que la piqueta siga haciendo su trabajo. Y tiene mucho, a juzgar por las más de 200 órdenes de derribo que acumulan los archivos de la APLU.
Entre los edificios sentenciados abundan los mamotretos en estructura que proliferaron gracias a la vista gorda, cuando no complicidad, de distintas instituciones durante décadas. En las semanas anteriores a su cese, previa modificación de los estatutos de la agencia, Hipólito Pérez estampó su firma sobre algunos de los expedientes más polémicos -varios vinculados directamente con dirigentes del PP-.
A los pies de Cabo Silleiro, en Oia, sólo falta que el fallo de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra dictamine a quién corresponde demoler el hotel Talaso Atlántico. El ambicioso complejo residencial, que incluye un balneario de talasoterapia, horadó el acantilado en virtud de una licencia concedida de manera irregular por el Ayuntamiento de Oia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado sin que quepa recurso posible. Igual suerte debería correr, dentro de ese mismo municipio, la nave industrial que el concejal de urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, levantó a 200 metros del mar, sobre una superficie de suelo rústico con protección de costa. El tránsfuga del PSOE que dio el gobierno local al PP, ha sufrido ya varias multas coercitivas de la agencia de legalidad urbanística. De momento, la nave sigue en pie, pese a que contra la orden de demolición no cabe recurso.
Las vistas inmejorables de los 52 chalés que una promotora vinculada a cargos del PP edificó en O Grove estarán también amenazadas si la nueva dirección de la APLU se decide a hacer cumplir la orden firmada por el equipo anterior. Pero dos meses después del relevo propiciado por Hernández, la agencia ni siquiera ha abierto el preceptivo expediente sancionador. Fuentes de la actual Consellería de Medio Ambiente admiten las presiones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para ralentizar el proceso abierto contra una promotora en la que ejerce como administrador Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura.
Las excavadoras también deberían actuar contra el tanatorio de Pompas Fúnebres en Pontevedra, que colinda con el hospital de Montecelo, o la residencia que la Fundación San Rosendo regentada por el cura Benigno Moure pretendió levantar en Arteixo sobre suelo rústico de protección forestal.
LUJO Y RELAX A LA ORILLA DE CABO SILLEIRO
Con piscinas interiores de agua salada, amplio aparcamiento y solarium, el complejo residencial Talaso Atlántico está a la espera de que un juzgado decida a quién compete financiar su derribo. La licencia que sirvió para horadar la falda de un acantilado frente al Atlántico, expedida por el Ayuntamiento de Oia, fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El proceso está ya en fase de ejecución de la sentencia.
LA HERENCIA DE UNA PROMOTORA EN BANCARROTA
El grupo inmobiliario Mahía hizo fortuna a finales de los 90 con el boom de la construcción en las inmediaciones de Santiago. La promotora dejó una deuda de 300 millones de euros que ahora intenta capear como puede el grupo Maexpa. No fue la única herencia que dejó la sociedad. Muy cerca del convento de San Francisco, en Padrón, abandonó un bloque de decenas de viviendas a medio levantar. La APLU, tras subrogarse las competencias del ayuntamiento ordenó su derribo, que ha ratificado el juzgado.
EL EJEMPLO DEL CONCEJAL DE URBANISMO
La levantaron entre el concejal del PSOE en Oia Serafín Fernández y Alfonso de Lis, su compañero de partido en Gondomar, quien se convirtió en tránsfuga para dar el gobierno local al PP, que acabó premiándole con la concejalía de urbanismo. Edificada sobre suelo rústico de Oia, alberga una carpintería. De Lis exige un millón de euros a cambio del derribo.
TANATORIO SENTENCIADO
La comisión provincial de urbanismo de Pontevedra, dependiente de la Consellería de Obras Públicas en tiempos de Fraga, autorizó su construcción justo al lado del Hospital Montecelo, en la capital provincial. Los vecinos recurrieron y cuando un tribunal anuló la licencia pidieron la ejecución del derribo, que deberá costear la Administración.
CUANDO EL ATAJO DEL PLAN XERAL NO SIRVE
En O Pino, la estructura del complejo residencial El Camino lleva años abandonada con una grúa a sus pies. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, intentó legalizar el edificio a través de una modificación del plan general de urbanismo que acabó anulando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El coste de la demolición, que está lista para ejecutar, lo asume la APLU.
OTRO PLEITO PERDIDO DEL CURA MOURE
La Fundación San Rosendo del cura Benigno Moure edificó la residencia de la foto sobre terrenos rústicos de protección forestal cedidos por el Ayuntamiento de Arteixo. La APLU ha ordenado su derribo.
* ELPAIS.com - 16.05.10
Foto: Oia (Pontevedra), hotel Talaso ilegal - lavozdegalicia.es
Piqueta contra naves, hoteles y tanatorios
Los cambios de ley para legalizar obras urbanísticas contrarias a derecho, una “práctica generalizada” en Canarias
LAVOZDELANZAROTE* : La situación se ha repetido en muchas ocasiones en Canarias. El Ayuntamiento de turno concede licencias ilegales para que promotores privados realicen obras que, a pesar del pertinente recurso, se construyen y se finalizan muchas veces cuando la sentencia aún no se ha publicado. Para entonces, la Justicia se encuentra con la disyuntiva de tener que ejecutar la sentencia que anula la obra, y la propia obra ya construida. Ejemplos en las Islas sobran: el conocido como ‘Mamotreto’ en la playa de Las Teresitas, la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria, los 23 hoteles ilegales de Lanzarote y un sinfín de pequeñas obras que se realizan contrarias a derecho. En muchas ocasiones, un simple cambio de ley, permite que una obra ilegal pase, como por arte de magia, a ser legal.
El catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, es uno de los que cree que este ‘truco legal’ se da “con demasiada frecuencia” en las Islas. Padrón participó este viernes junto a Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo (TS) y ponente de la primera sentencia que anula la compra-venta de la playa de Las Teresitas, en un debate en torno al cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Padrón cree que esta práctica está “desgraciadamente muy generalizada en Canarias”, y que la propia Administración pública incurre en ella. Pone como ejemplo la ‘Supercomisaría’ de Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a la sede de la Policía Nacional, “donde acaban yendo los detenidos, que en aquel sitio tienen un ADN propio de la ilegalidad urbanística”.
Otro ejemplo paradigmático es el de la ampliación del Parlamento de Canarias en la que se creó “nada más y nada menos que una ley casi de caso único para expropiar las edificaciones”. Ley ‘ad hoc’ que luego el Tribunal Constitucional ( TC) declaró inconstitucional, por lo que el Parlamento tuvo que llegar a un acuerdo con los propietarios expropiados, ya que el edificio ya estaba hecho, lo que al final hizo que éstos “salieran ganando” porque estaban “en fantásticas condiciones para negociar”.
Pero sin duda, el caso que los expertos como Faustino García Márquez (ex responsable de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático) consideran “más sangrante” es el de los hoteles ilegales de Lanzarote ya que hay más de 8.000 plazas alojativas funcionando con licencias anuladas. Padrón recuerda que en las últimas semanas los propietarios han declarado que “ni siquiera van a intentar legalizarlas”, lo que denota a su juicio un “síntoma de que no son por cuestiones formales si no por cuestiones sustantivas” y “están esperando a que el Parlamento haga algo”.
Y es que así las cosas, “si en Canarias las situaciones ilegales se legalizan muy fácilmente el mensaje que se trasmite es que todo se acaba resolviendo”. Para el experto en Urbanismo, el mejor intento para resolver el asunto fue del Cabildo de Lanzarote anterior “con una propuesta equilibrada para que los infractores no se vayan de rositas”, pero que ha quedado en el olvido.
Padrón señala que la mayor parte de estos hechos consumados son por actuaciones de los Ayuntamientos, lo que le hace afirmar que “en Canarias tenemos un problema grave de indisciplina urbanística”.
La indemnización
Para que los culpables de estos hechos consumados no se vayan de rositas, el magistrado Fernández Valverde propone que se plantee una indemnización, aunque el problema viene cuando se trata de determinar quién debe hacer frente a ese pago.
El magistrado explica el problema desde el punto de vista jurídico: “Declarada una construcción ilegal o un planeamiento no ajustado a derecho nos encontramos con una realidad física, la obra, y la ley contempla que mediante un procedimiento incidental se declare que existe causa legal, por una ley que lo impida o una causa de carácter material, pensemos que es un edificio voluminoso difícil de derribar, que no permita el derribo”. ¿Cómo actuar? El magistrado propone “que se haga con una indemnización de carácter sustitutorio”, ya que en muchas ocasiones, “se han consolidado situaciones familiares y saltan problemas sociales”, en referencia a edificios ocupados por ciudadanos, y no de iniciativa pública.
Entonces “chirría la necesidad de ejecutar la sentencia con unos problemas sociales que quienes lo van a sufrir no son los causantes”. La disyuntiva está en si la justicia derriba el edificio y hace que la sentencia se lleve a su justo término “o establecemos una indemnización”.
“En este último caso ¿quién paga, la Comunidad Autónoma que debió vigilar, el Ayuntamiento que concedió la licencia o el promotor que ha desaparecido?”. “El TS debe marcar unos principios muy claros y permitir que los tribunales autonómicos decidan si procede o no derribarlo”, concluye.
* La Voz de Lanzarote - ACN - 15.05.10
Foto: Lanzarote, hotel licencia anulada - laprovincia.es
Galicia: La Ley de los 500 metros cumple tres años sin consenso
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XORNAL* : La prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa cumple mañana tres años sin que políticos, arquitectos, ecologistas y promotores se pongan de acuerdo sobre sus efectos. La medida fue implantada de forma cautelar por el bipartito a través de una ley que entró en vigor el 17 de mayo de 2007. La norma establecía la prohibición cautelar para aquellos terrenos no calificados como urbanos durante un plazo de dos años o hasta que estuviese aprobado el Plan de Ordenación Litoral (POL). Ese documento sigue pendiente todavía a día de hoy, por lo que cuando, hace un año, cambió el gobierno, casi al tiempo que finalizaban esos dos primeros años de prohibición, el nuevo ejecutivo tuvo que encontrar otra fórmula para prorrogar la medida.
Finalizado el tiempo en vigor de la ley, optó por un decreto que establecía que, como en todo plan de ordenación, el simple inicio de la redacción del POL permitía a la administración suspender las nuevas construcciones en su ámbito de influencia. Esa fórmula es la que ahora, un año después, ha vuelto a prorrogar la Xunta, asegurando que no va a pasar de este año que se pueda volver a construir, con restricciones y según zonas, en la costa gallega.
En la práctica, el resultado de los anteriores pasos jurídicos es que desde hace tres años no se ha levantado un solo edificio nuevo en zonas litorales que no sean núcleos urbanos, evitando así la dispersión territorial. Pero ello no ha supuesto la paralización del urbanismo en los concellos costeros, ya que han podido seguir construyendo en suelo urbano y fuera de esa franja. De hecho, ni siquiera se puede establecer una relación de causa-efecto entre la norma de los 500 metros y la caída de la construcción (como se refleja en los datos del gráfico superior). En ese punto es en el único en el que están de acuerdo la mayoría de las partes consultadas.
En el resto, tres años después los promotores siguen pensando que la medida fue mal planteada. Javier Garrido, portavoz de Aproin, recuerda: “No fuimos nunca partidarios de aquella ley”, aunque reconoce que “era razonable parar mientras se establecía un criterio de ordenación, porque si no se corría el riesgo de llegar tarde”. “Pero se paró la construcción sin hacer nada más”, dice Garrido, quien se muestra esperanzado en que “ahora se está haciendo el trabajo necesario con el POL”.
Similar apreciación se hace desde el PP y la Xunta, que llevan tres años insistiendo en que “paralizar no es ordenar” y defienden su redacción del Plan Litoral.
Por contra, socialistas, nacionalistas y organizaciones ecologistas coinciden en que la ley supuso “un punto y aparte” para la protección de la costa. De hecho, estas últimas ya han reclamado que la medida cautelar se convierta en permanente.
PROTECCIÓN EN PLENA BURBUJA
Por su parte, la socialista Mar Barcón cree que la ley fue “el factor fundamental para que hoy hablemos del Plan Litoral, porque sin ella hoy no habría ni litoral que proteger”. Barcón también apunta la oportunidad de la ley en 2007 ya que “lo que pretendían construir algunos en aquel momento no se habría terminado, no hay más que ver la urbanización de Miño parada”.
Desde el BNG, Teresa Táboas también destaca el momento en que se aprobó la medida, “en plena burbulla inmobiliaria e antes de que estalase a crise”. Según la nacionalista, la ley fue “unha medida valente que nunca tería tomado o PP”. También destaca que, “como noutros casos, as previsiones catastrofistas dalgúns promotores non se cumpriron”.
El COAG NO VALORA EL ANIVERSARIO
Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) ha decidido posponer su valoración sobre los tres años de suspensión cautelar que se cumplen mañana hasta dentro de unas semanas, mientras su junta de gobierno se pone de acuerdo en una postura conjunta, lo que revela otra falta de consenso más sobre la medida.
Sin embargo, destacados arquitectos han expresado reiteradas veces el acierto de la ley. Es el caso de César Portela, que cree que “era necesario parar y reflexionar qué estamos haciendo con nuestra costa, que es nuestro bien más preciado”. En todo caso, Portela no tiene “ninguna esperanza” en el Plan Litoral. “No soy pesimista, pero tampoco tonto”, sentencia.
* Xornal - 16.05.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Con la música a otro polígono
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ELPAÍS/Barcelona* : Las discotecas del polígono Famades, en Cornellà, son ilegales porque su actividad no está permitida en suelo industrial. La sentencia dictada por un juzgado de Barcelona, que declara nulas las licencias de tres salas de fiesta, ha encendido las alarmas en la patronal del ocio nocturno. Una parte notable de los locales más concurridos del área de Barcelona está precisamente en zonas industriales y los empresarios temen que la sentencia sobre Cornellà (que aún no es firme) siente un precedente peligroso.
Fecalón, la patronal del ocio, está preocupada ante la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, padece por culpa de la Administración, según Fernando Martínez, portavoz de los empresarios. El planeamiento urbanístico de Cornellà sólo permite en Famades el uso industrial, y el recreativo queda reservado a los trabajadores de las fábricas, no al el público en general, señala la sentencia.
El Ayuntamiento de Cornellà declinó ofrecer explicaciones sobre su gestión urbanística en una zona por la que cada fin de semana pasan 2.000 jóvenes. Lo cierto es que otros municipios del área metropolitana (como Sabadell, Badalona y Mataró) aprobaron o modificaron en su día planes urbanísticos que permiten compaginar ambos usos, el industrial y el recreativo. Gracias a esas intervenciones, los locales disfrutan de mayores garantías jurídicas. Aunque el caso de Cornellà no es paradigmático, los empresarios se sienten igualmente indefensos y a merced de que el consistorio de turno haya hecho los deberes.
"En los noventa, nuestra oferta de ocio era reducida y muchos jóvenes se iban de la ciudad. Hubo una serie de accidentes de tráfico con víctimas y decidimos facilitar el uso nocturno en la ahora famosa Zona Hermètica", detalló ayer Joan Carles Sánchez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell. Pero la Hermètica creció demasiado deprisa y en 1997 el Consistorio redactó un plan especial de usos que se reelaboró en 2003 para restringir un poco más la actividad ante los conflictos de convivencia con los vecinos de la zona.
Como Sabadell, también Mataró decidió empujar las discotecas hacia las afueras de la ciudad. El plan especial de usos recreativos de 1998 fijó que unas de las zonas aptas para la marcha nocturna serían las industriales, lo que se concretó en el desembarco de diversas salas en el polígono Pla d'en Boet. Badalona, al fin, vio aprobado su plan para ampliar los usos en el sector industrial de Can Ribó en 1992; entre otras, la sala Titus se estableció allí. En este tiempo, las áreas residenciales han ido ganando terreno y lo que antes podía ser un polígono aislado hoy ya no lo es. Este acercamiento ha provocado choques entre las salas de fiesta y los vecinos, que, en el caso de Famades, han acudido a los tribunales.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Una de las discotecas de la Zona Hermètica de Sabadell.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
La Plata: Vecinos se movilizan contra la construcción ilimitada de torres en la ciudad
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HOY/Argentina* : Asociaciones vecinales participarán el próximo lunes a las 18 horas de un encuentro en 9 y 51, para protestar contra el nuevo COU que permite la construcción de torres de 14 pisos en 140 manzanas, ubicadas en la zona central de La Plata. "No se sabe cuál es el modelo de ciudad” a partir de la sanción del nuevo COU, opinó el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, arquitecto Néstor Bono. “Cualquier ciudad tiene un plan y en función de ese plan que debería ser participativo se debe hacer el código del cual todos debemos opinar. Acá estamos empezando al revés”, sostuvo Bono.
“La facultad ha tenido en los últimos diez años participación directa a través del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). Sin embargo, nos sorprendió que la nueva gestión planteara la modificación al Código de Ordenamiento Urbano y la eliminación de los organismos asesores que antes funcionaban”, agregó el decano al referirse a que no fueron convocados para participar del proyecto.
A esas críticas, se suma el arquitecto platense, Alfredo Luis Conti, presidente de Icomos Argentina, la organización internacional patrimonialista con voto ante la UNESCO. “El proyecto del nuevo código urbanístico no promueve una adecuada calidad de vida”, porque la infraestructura de servicios “no fue renovada”, advirtió Conti ante el escenario de nuevos edificios.
También, el ex director de Cultura de la Municipalidad de La Plata, el arquitecto Pedro Delheye calificó de “penoso” el nuevo COU. “Es increíble que nuestra ciudad este siendo cruelmente herida en su traza urbana por la propias instituciones que deberían velar por su patrimonio”, agregó.
En tanto, el arquitecto Rubén Pesci, titular de la Fundación Centros de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA), mencionó que es "peligroso e inútil” el flamante COU y “no es un plan directo de desarrollo urbano. Es apenas, un código que ordena edificios privados. No se sabe para qué, ni por qué, ni donde se hacen edificios, como una gran lógica estricta de mercado inmobiliario” y se mostró preocupado porque, en “una política de falta de cuidado del patrimonio construido, se tiran abajo casas históricas y se construyen torres en cualquier lado”.
Los vecinos, organizaciones e instituciones que organizan el encuentro del lunes en 9 y 51 crearon un grupo en Facebook, “Para que no se destruyan la ciudad de La Plata”. Ese grupo ya sumó a casi cuatro mil miembros.
* Diario Hoy - 15.05.10
Foto: La Plata (Argentina) - diariohoy.net
Piden formación especializada en derecho urbanístico para jueces y fiscales
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ABC/Tenerife* : El presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), Juan José Santana, afirmó hoy que "existe una clara necesidad de formación especializada" en este asunto por parte de quienes se dedican al urbanismo en la administración pública, jueces y fiscales. Así lo afirmó Juan José Santana en la clausura del segundo congreso canario de derecho urbanístico, en el que aseguró que no es fácil aplicar el derecho, pero "hay que seguir avanzando en beneficio de todos", afirma la organización del evento en un comunicado.
El director del congreso, Francisco Villar, también catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, recordó que detrás de la conflictividad propia del derecho urbanístico se encuentra una suma de intereses contrapuestos que entran en juego, e indicó que hay que saber buscar el equilibrio, como el derecho a la propiedad, la preservación del medio ambiente y el interés público.
Prueba de la complejidad del derecho urbanístico en el caso de Canarias es la incidencia que tiene la aplicación de la normativa de costas, pues este Archipiélago es un territorio vulnerable desde el punto de vista medioambiental y cuenta con más asentamientos en el litoral, añadió.
Por este motivo, se requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las administraciones públicas, destacó Juan José Santana.
* ABC - EFE - 14.05.10
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
