*Ecologistas en Acción denuncia que la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Vizcaya) en el Estado español. En los últimos años se ha producido una importante involución en la protección del suelo forestal de tal forma que se están aprobando proyectos urbanísticos descabellados que arrasan cientos de miles de árboles y miles de hectáreas forestales.
En el periodo 1987-2000, han desaparecido 250.730 ha de suelo forestal, de éstas, 6.536 corresponden a bosques de frondosas, 59.933 a bosques de coníferas, 55.520 a pastizales naturales, 26.436 a zonas de matorral y 157.208 a vegetación esclerófila.
En el mismo periodo se ha producido un incremento de 80.182 ha de suelo urbano y 57.588 ha destinadas a redes de transporte. Gran parte de esta red de transporte corresponde a infraestructuras viarias y trenes de alta velocidad, que dan servicio a las nuevas zonas urbanas. Si además se añade la superficie destinada a zonas de extracción minera y vertederos la cifra asciende a 240.166 ha. Hay que tener en cuenta que la actividad minera abastece de materia prima a la industria de la construcción y los vertederos de inertes albergan los residuos de esta misma actividad.
Además, en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente la actividad urbanística, concretamente 800.000 proyectos visados de nuevas viviendas en 2005 y 920.000 en 2006, indicando que en los próximos años la reducción de la superficie forestal va a continuar.
Ecologistas en Acción considera grave y alarmante la dinámica en la que han entrado la mayoría de las comunidades autónomas permitiendo e incluso promoviendo proyectos urbanísticos irracionales sobre terrenos forestales. Entre estos cabe destacar:
· Los proyectos de la ciudad del golf en Navas del Marqués sobre un pinar incluido en zona ZEPA y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, recientemente aprobada por ley por la Junta de Castilla y León y que afecta al Soto de Garray, también sobre suelo forestal protegido.
· En Cáceres el proyecto Marina de Valdecañas, proyecto promovido por la Junta de Extremadura y que consiste en la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf dentro de dos islas existentes en el embalse de Valdecañas, dentro de una zona ZEPA
· La Ciudad Agroalimentaria promovida por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) que se está construyendo sobre terrenos que eran hábitat de aves esteparias
· Recalificaciones en la zona de Serelles, en Alcoi (Alicante) en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de la Sierra de Mariola.
· Construcción de la estación de esquí, con un amplio desarrollo urbanístico, de San Glorio (Castilla y León y Cantabria) afectando a dos espacios protegidos como son el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.
· En Murcia, construcción de 4.000 viviendas y campo de golf en La Zerrichera, en la ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara (Águilas).
· En El Puerto de Santa María, Cádiz, el Ayuntamiento y diversas empresas han firmado un total de 25 convenios urbanísticos para recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable, de los que 500.000 m2 son forestales de especial protección.
· En Aragón, en el municipio de Montanuy se proyecta la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la Zona del Valle de Castanesa. Todo ello afecta a terrenos forestales.
· En la isla de Gomera, Canarias, en el Parque Rural de Valle Gran Rey, se está afectando a una montaña y a toda su vegetación para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey.
· En la Comunidad de Madrid, son muchos los proyectos que pretenden eliminar superficie forestal. Entre estos cabe destacar los nuevos planeamientos generales que están tramitando en 20 municipios de la Sierra de Guadarrama y 8 en la ZEPA de los Río Alberche y Cofio, en total se plantea la recalificación de unas 6.000 ha de terreno forestal, una superficie similar al municipio de Galapagar.
· En el caso concreto de Boadilla del Monte, el Plan General vigente ha recalificado 400 ha del encinar que formaba parte del Monte de Boadilla y ha iniciado los trámites para ampliar el campo de golf de Las Rejas sobre el encinar.
Estos son sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el Estado, y Ecologistas en Acción considera muy grave que en todos los casos las administraciones públicas, locales o autonómicas desempeñan un papel fundamental en la promoción y autorización de estos proyectos.
Por ello, coincidiendo con la próxima celebración del Día Forestal Mundial, el 21 de marzo, Ecologistas en Acción reclama que con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas y Locales, las formaciones políticas se comprometan a garantizar la protección efectiva de las zonas forestales y a dar un giro radical en las insostenibles políticas urbanísticas de las diferentes administraciones.
*Ecologistas en Acción - Naturaleza 19 de marzo
Foto: E.A.
El desarrollo urbanístico destruye las zonas forestales
Un juez investiga a dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El juez de instrucción nº1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto.
El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
*ELPAIS.com - Madrid - 19/03/2007
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)/ noticias
Nueva concentración en el Portalet contra la especulación urbanística
EL PERIÓDICO* : "Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en el Portalet para denunciar, por cuarta vez, el "desarrollo especulativo-urbanístico" de la sociedad Aramón en el entorno de la estación de esquí de Formigal, una iniciativa convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
En la concentración, bajo el título Espelunciecha nunca más, se dieron cita representantes de CHA e IU, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo, el himalayista aragonés Santiago Sagaste, y el director del programa Al filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro.
Los asistentes desplegaron una pancarta en la que podía leerse Naturaleza irrepetible, destrucción no y comenzaron una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema Diálogo por las Montañas, tiene como objetivo efectuar una solicitud a la comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para que recupere el texto de la Ley de las Montañas, que contó con el apoyo de decenas de miles de aragoneses.
ACTUACIONES EN MONTANUY En esta línea, consideran "grave y urgente" paralizar la intención del alcalde de Montanuy, José María Agullana, de aprobar por la vía de urgencia un nuevo plan urbanístico "que significaría la destrucción del valle de Castanesa (Ribagorza) bajo un macro-complejo urbanístico asociado a la nueva estación de esquí de Aramón-Castanesa", según los convocantes. La movilización comenzó en el Portalet con una excursión guiada hasta el Ibón de Espelunciecha.
Aunque finalmente no estuvo presente el catedrático de Geografía de Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, se dio lectura a un texto suyo titulado, igual que la concentración Espelunciecha nunca más. "Hemos asistido aquí desolados a la desfiguración de un paisaje querido y hemos aprendido mucho en esta batalla perdida en la que hemos dejado la candidez pero no el idealismo que, al contrario, ha salido reforzado", señalaba el manifiesto según informó la agencia Efe.
Asimismo, los convocantes insistieron en que no han cesado en el intento de "defender nuestras razones ni la vigilancia con el fin de estar alertas cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo", concluyó.
*EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 19/03/2007
Foto: Defensa de las Montañas. - S.E. (DiarioAltoAragón)
El problema de la vivienda se agrava en el caso de los hombres y mujeres separados
JorgeSALIDO COBO* : "Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el cuarto problema que más preocupa a los españoles. Los altos precios y la continuada ascensión de los tipos de interés han hecho que acceder a una casa sea poco más que una odisea que puede desembocar en hasta 40 largos años de pagos hipotecarios. Pero este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo.
El hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres separados en el territorio español. Para intentar cambiar esta realidad, el País Vasco y Madrid mantienen acuerdos en materia de vivienda con las respectivas asociaciones regionales de padres y madres separados. A ellos les dedican un cupo de su lote anual de VPO.
En el 2004, el INE (Instituto Nacional de la Estadística) hizo público que había 132.789 separados o divorciados en España. Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.
En el 2004 había 132.789 separados o divorciados en toda España
En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con dos hijos y con un salario de 2.000 euros mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.).
El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible. En el País Vasco, los camping han pasado a ser las nuevas 'urbanizaciones' de los separados/as. Hasta un 10%-12%, según Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (KIDETZA), acude a estos campamentos para salir del paso en un primer momento.
"A estas personas, que conviven diariamente en estos campamentos o incluso duermen en sus coches, les da vergüenza hacer pública su situación diaria y desde la Federación hemos dado pasos muy importantes, en consenso con la Consejería de Vivienda, para conseguir la máxima equiparación social en materia de vivienda entre el hombre y la mujer. Hemos firmado un acuerdo pionero en España donde se favorece a los ex cónyuges a la hora de acceder a pisos de protección oficial y también hemos creado las condiciones necesarias para favorecer la liquidación de los bienes gananciales", afirma Sáenz.
Más allá de estas medidas oficiales, la KIDETZA también les aconseja cómo conseguir locales bajos y reconvertirlos en vivienda de carácter transitorio. "Hay que tener en cuenta que el problema no sólo afecta a la parte que tiene que abandonar la casa, en la mayoría de los casos, por orden judicial. Suele ocurrir que el cónyuge que se queda con la casa quiere empezar de cero y olvidarse del pasado. Para eso tiene que cambiar de hogar", declara Sáenz.
elmundo.es ha hablado con el propietario de, al menos, uno de los tres camping que acogen a este tipo de personas. "Nosotros sólo tenemos ocupados por separados tres de los 45 puestos fijos con los que contamos. Todos tienen alquilado un módulo y se han traído sus respectivos bungalows. Firman el mismo tipo de contrato que el resto de la gente y pagan 196 € al mes", informa José. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en el País Vasco es otro de los hándicap que juegan en contra de las personas divorciadas.
La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), también dedica un cupo de sus VPO a separados. Por primera vez, en 2006 el IVIMA dedicó un tanto por ciento de sus viviendas sociales (alquiler o venta) a este sector social. Sin ir más lejos, en los próximos meses este organismo entregará 2.300 viviendas de alquiler social de las que 202 irán destinadas directamente a los ex cónyuges. El Ministerio, en su Plan Estatal de Vivienda, no hace referencia directa a este sector de personas. Se limita a favorecer el acceso a viviendas pequeñas, los llamados 'minipisos', a jóvenes, divorciados, separados, jubilados, familias monoparentales, etcétera.
*elmundo.es - Su Vivienda - 09/03/2007
Foto: Bungalows tipo de uno de los camping donde residen divorciados. (Foto: ELMUNDO)
¿Por qué se movilizan los agentes forestales?
JesúsGarcíaJiménez* : "Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.
El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.
Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.
Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.
*Jesús García Jiménez, (vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA))
*ELPAIS.com - 19/03/2007
