Madrid.- Punto final para el Palacio de Sueca

Sin entrar en vigor todavía la nueva Ley del Patrimonio Histórico en Madrid, vemos que el ataque y desdén del ayuntamiento con los monumentos arquitectónicos ya viene de antaño. Un gran edificio municipal protegido y céntrico que Gallardón abandonó durante años, ahora va a ser demolido por el riesgo de derrumbe, sin que haya, como siempre, culpables en el ayuntamiento que paguen por esta situación deplorable de abandono.
"ELPAÍS* : Quizá haya intentado aparcar alguna vez en un hueco muy justo, conjurándose para meter el coche cueste lo que cueste. Y, sudando ante el volante, lo ha logrado, con infinitas maniobras a cuál más sutil y milimétrica, para darse cuenta luego de que sacarlo de allí resultaría imposible. Con una mezcla parecida de audacia y cabezonería se pueden resumir algunas peripecias urbanísticas del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En el caso del Palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio con la máxima protección histórico-artística, el resultado ha sido, siguiendo la metáfora, que el Ayuntamiento, incapaz de sacarlo del hueco en el que lo había metido, lo dejó herrumbrarse durante una década para verse ahora obligado a tirarlo abajo urgentemente antes de que se derrumbe debido al abandono. Y todo ello con un riesgo “inmediato” para vecinos, viandantes y niños.

El 29 de abril, el área municipal de Urbanismo emitió un informe urgente sobre el inmueble ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, “tras sucesivas visitas” y un prolijo análisis del estado de conservación. En dicho informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan medidas de seguridad “de actuación inmediata” para “evitar riesgos a personas y bienes en los espacios públicos colindantes”, es decir, la propia plaza, varios edificios y el instituto San Isidro, con más de un millar de alumnos que juegan en un patio vallado para evitar los cascotes que se desprenden del palacio.

El informe recalca el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”. “La situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos” en varias zonas, entre ellas las adyacentes al instituto. “Se ha producido el hundimiento del cuerpo colindante con la capilla, y existe la amenaza de nuevos derrumbes”, lo que “obliga a la clausura parcial del patio” del centro. La conclusión del análisis es que los daños tienen “carácter irreversible, al haberse producido hundimientos, el reventamiento de muros de cargas…”. Tanto es así que “el peligro impide adoptar medidas de seguridad sin grave riesgo para los operarios”. “No es posible demorar el trabajo de aseguramiento o demolición ante el peligro de derrumbe incontrolado sobre el mismo edificio y sobre el patio del instituto”, añade.

Urbanismo “estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” “en un plazo máximo de cinco días”. Esas obras ya han comenzado. Además, insta a “revisar las medidas de seguridad existentes, dado que algunas tienen más de 15 años”. Solo después podrá intentarse la rehabilitación de lo que quede en pie, aunque teniendo en cuenta “el elevado grado de deterioro de los elementos constructivos”.

El informe insta a informar a la dirección regional de Patrimonio, puesto que el edificio tiene la máxima protección. Data del siglo XVIII, ocupa 7.200 metros cuadrados y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de Asuntos Sociales. Gallardón aparcó ese plan tras ganar las elecciones, en 2003, y encargó al arquitecto Álvaro de Siza que lo convirtiera en 205 viviendas de alquiler para jóvenes. En la planta baja se ubicaría una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y estaría listo en 2006.

El alto grado de protección obligó a rebajar los planes a 60 viviendas. El uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje y convertir pisos en “alojamientos municipales”. En 2007, aún no había ni proyecto. Fue entonces cuando un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que la justificación alegada por el Ayuntamiento fue usarlo para dotaciones y, en realidad, allí lo que se iba a hacer era viviendas. Ayuntamiento y constructora mantienen ahora un sinfín de litigios judiciales para acordar una salida: deben pactar el precio de la reversión, pero, además, el Ayuntamiento ha de cambiar el uso del suelo para permitir que pueda usarse para, tal y como desean los antiguos dueños, levantar un hotel.

El líder municipal de IU, Ángel Pérez, denunció “el afán del PP por ganar titulares con grandes planes aun costa de perder credibilidad al no cumplirlos”.


* * El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 13.5.13
Foto: La Casa de la Duquesa de Sueca antes del inicio de la demolición. / ELENA G. SEVILLANO

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Exalcalde de Burguillos, imputado por malversación y delito urbanístico

Parecía que el goteo de alcaldes y concejales imputados por delitos urbanísticos estaba tocando fondo, pero a poco que se escarbe actualmente o en el pasado inmediato vuelve a aflorar la corrupción en ayuntamientos y comunidades. Este de ahora es un caso típico de concesión de licencias ilegalmente, algo recurrente en todo el país.
"IDEAL* : El exalcalde de Burguillos (Sevilla), José Juan López (PSOE), ha sido imputado por un delito contra la ordenación urbanística y otro de malversación de caudales públicos por el juzgado nº13 de Sevilla por irregularidades en la urbanización de la zona conocida como "Las Cardonas". Según el auto del juez, López llevó adelante el convenio para la urbanización de ese sector urbanístico "prescindiendo de las normas de procedimiento administrativo aplicables" y concedió licencia de obra de urbanización sin que estuviera aprobado en ese momento el proyecto de reparcelación de "Las Cardonas".

El alcalde también otorgó licencias de ocupación de viviendas "pese a que en las fechas de otorgamiento de las resoluciones no se encontraban conclusas las obras" por carecer la urbanización de los enganches de suministro eléctrico, por no estar soterrado el arroyo "El Chorrito" y por no estar hecha la rotonda de acceso a la urbanización.
Los informes jurídicos avisaron de que no podían concederse licencia sin estar finalizadas las obras de urbanización y en funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica, por lo que López ha sido imputado por todos los casos de licencia de primera ocupación, y el arquitecto Federico García Rotlan en los cinco casos en los que intervino.
Según el auto, este arquitecto, que prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Burguillos entre abril de 2007 y abril de 2010, emitió informe favorable, en vez de haberlo emitido el arquitecto municipal, Gerardo Alonso Casado.
Además, la empresa Promociones Dovamar abonó 80.447 euros al Ayuntamiento para que, mediante convenio urbanístico, se ejecutase la rotonda de acceso a la urbanización, y las obras del abastecimiento de agua, pero el Ayuntamiento no ejecutó esas obras.
Por otra parte, Endesa se negó a efectuar el suministro eléctrico porque "no estaban correctamente ejecutadas las obras de la red de instalaciones eléctricas", por lo que la energía eléctrica precisa para la conclusión de construcción de las viviendas fue proporcionada por generadores de las empresas constructoras.
La empresa municipal Burguillos Natural asumió el gasto de combustible de esos generadores, por un valor de 32.075 euros, y posteriormente, "ante la imposibilidad de que los propietarios de las viviendas pudieran contratar el suministro" con Endesa, el Ayuntamiento asumió el gasto de combustible y alquiler de generadores.


* Ideal - EFE - 14.5.13
Foto: Burguillos (Sevilla),  ayuntamiento - wikipedia.org



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