ELPAÍS* : El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, prepara un total de 99 embargos (algunos ya están en marcha) contra bienes que atesoró la trama que dirigían Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Pedreira pidió en noviembre pasado a la policía que detallase los bienes muebles e inmuebles vinculados a la red Gürtel con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a politicos del PP a cambio de contratas. La policía ha entregado al juez una relación de 102 bienes situados en diferentes partes de España. Prácticamente todos ellos pertenecen a Correa, aunque los tiene a nombre de sociedades interpuestas, Kintamani, Artas, Caroki, Osiris Patrimonial... Otros están a nombre de Crespo, lugarteniente de Correa, o de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market en Valencia.
Los agentes le han descubierto 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante.
En registros hechos por la policía en viviendas de Correa los agentes también han decomisado todo un arsenal de joyas, que también serán tasadas y subastadas. El juez Pedreira quiere que todo sea subastado y se convierta en dinero que vuelva a las arcas del Estado. En la citada relación de bienes no figuran otros apartamentos que Correa tiene en Colombia, Panamá y Estados Unidos.
Aparte de estos pisos, coches, fincas y plazas de garaje, la trama Gürtel esconde muchos millones en el extranjero procedentes de las comisiones que obtenía Correa merced a los pelotazos inmobiliarios que le permitían sus contactos políticos, a los que sobornaba. Los agentes han descubierto ya 33 millones en Suiza y Mónaco, y se le buscan otros 30 en EE UU.
* El País - 4.02.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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ELPAÍS/Valencia* : El profesor John Adams se muestra esperanzado respecto al futuro, lo que resulta un tanto extraño. Dice allí donde va que cada vez hay más coches en el mundo, más aviones cruzando el cielo y que las previsiones de crecimiento en ambos casos le ponen los pelos de punta. "Es la hipermovilidad", dice, "ahora nos movemos unos 30 kilómetros de media al día, mientras que hace unas décadas apenas pasábamos de cinco". Así lo explicaba ayer este profesor emérito de la University College London, experto en movilidad. Adams, que inauguró el pasado martes el seminario Moure's. Reinventar la ciutat, que organiza el Centre Octubre de Valencia, matiza que la gente tiende a moverse cada vez más y más lejos, a desear su propio vehículo motorizado. El daño medioambiental es lo de menos, asegura, pues la ciencia trabaja en resolverlo. El problema es que los valores de una sociedad cambian: se vuelve menos democrática, más paranoica y anónima; decae la convivencia entre los ciudadanos.
Las áreas metropolitanas crecen y crecen y la dependencia del coche es mayor. "Pero tengo esperanza", admite. "Lugares así me dan esperanza", se sincera.
El profesor Adams entiende que cada lugar en el mundo, cada ciudad, experimenta una etapa diferente de la hipermovilidad más o menos avanzada. "Los Ángeles es el máximo ejemplo de una sociedad hipermóvil", apunta, "mientras que las ciudades holandesas, partes de Alemania, Suecia o Dinamarca, reflejan el lado contrario. De todas formas, allí, los medios de transporte más democráticos, ir en bici o a pie, están en declive, a paso muy lento pero también lo están, precisamente por el crecimiento de las áreas metropolitanas".
Al profesor le extraña que con las condiciones climáticas de Valencia no haya más ciclistas por la calle. "Qué raro", comenta. A tenor de sus palabras, la ciudad apenas pasa del aprobado: aún no somos Los Ángeles, pero tampoco Copenhague, el área metropolitana no es inasible para el ciudadano, pero el transporte público y la red de carril bici no están en su nivel óptimo. Adams advierte de que "el problema no solo se soluciona acondicionando el área urbana para ciclistas y peatones. El problema está fuera del centro, en las afueras".
El distrito histórico de Valencia, Ciutat Vella, ha perdido 10.000 habitantes en 30 años, mientras que el crecimiento del área metropolitana resulta imparable. Ricardo Marqués, doctor en Física por la Universidad de Sevilla y próximo ponente en el Octubre, asume esta expansión tanto en su ciudad como en Valencia, pero defiende la política de movilidad en su ciudad. "En el área urbana, en cuatro años, se ha promovido el uso de la bicicleta y una peatonalización sin precedentes. Lástima que esto no se reproduzca en las zonas conurbanas mediante el transporte público y las bicicletas". Marqués explica que en Sevilla se han instalado carriles bici en "todos" los grandes viales.
* El País - 3.02.11
Foto: Valencia, bicicletada - comunitatvalenciana
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SUR/Málaga* : El Alto Tribunal Andaluz considera inaplicable el artículo tres de la norma, que fija los criterios para otorgar las licencias en el suelo no urbanizable. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el artículo tercero de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Frigiliana en abril de 2004 por la cual se regulaban las autorizaciones de licencias para la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable del municipio. Este fallo se produce casi siete años después de que la Junta de Andalucía, tras la denuncia de los ecologistas, llevara al juzgado de lo contencioso una normativa que desde el equipo de gobierno del PA siguen entendiendo como «muy necesaria» para poner orden en el caos urbanístico de la Axarquía.
«Es cierto que el tribunal andaluz ha fallado ahora en nuestra contra, y que por lo tanto no se va a continuar aplicando la ordenanza, pero hay que dejar muy claro que las viviendas que se han autorizado en estos años en base a esta normativa, que han sido alrededor de unas quince, no son ilegales, porque la ley no puede tener efectos retroactivos, y cuando la Junta y los ecologistas presentaron su recurso y pidieron que se paralizara la aplicación de la ordenanza, el juez lo desestimó y continuo con el recurso», argumentó ayer a SUR el concejal de Urbanismo frigilianense, Francisco Moyano (PA).
Según explicó el edil, el equipo de gobierno del PA está estudiando ahora, conjuntamente con los servicios jurídicos municipales y con el asesoramiento del gabinete jurídico de la Diputación Provincial, que presta servicio a todos los ayuntamientos pequeños de la provincia, la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por una sentencia que acatan y aceptan pero que consideran «injusta». «Lo que no puede ser es que nueve años después de que se aprobara la LOUA, aún no se haya redactado un reglamento para saber qué se puede y qué no se puede hacer en el suelo no urbanizable», se quejó Moyano.
Mesa del Urbanismo
El concejal recordó que todos los ayuntamientos de la comarca, a través de la Mancomunidad de Municipios, constituyeron en 2009 la llamada Mesa por el Urbanismo, que pedía la modificación de la ley andaluza y su desarrollo reglamentario, tal y como planteó la ordenanza ahora anulada por el TSJA. «Es una pena que tantos esfuerzos no hayan servido para nada, por la cobardía del PSOE para reclamar en Sevilla ante la Junta de Andalucía», manifestó.
El Alto Tribunal Andaluz entiende que la ordenanza se extralimita en las competencias municipales, pues en su artículo tres recogía los criterios que deben cumplir las viviendas que se construyan en el campo, de acuerdo a lo estipulado por la LOUA en cuanto a su vinculación al uso agrícola, ganadero o forestal. «Exigimos unos metros mínimos de terreno, una documentación para justificar la dedicación a la agricultura y las dimensiones y características de la edificación», relató el edil.
«Otra cosa es lo que después hayan hecho los propietarios, pero el Ayuntamiento siempre ha cumplido con la ley y ha abierto expediente a los que no se ajustaban a las licencias», argumentó Moyano, quien reclamó que la Junta apruebe «de una vez» un reglamento específico sobre las viviendas en el suelo no urbanizable. «El problema es muy grave, porque todos los proyectos de actuación que se han presentado para construir viviendas en el campo en la Axarquía han sido informados desfavorablemente por la Junta, aunque estos informes eran preceptivos pero no vinculantes», explicó el edil.
* SUR - 3.02.11
Foto: El PA dice que se han dado quince licencias con la normativa - sur
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ELCORREOGALLEGO* : Los propietarios de las 96 viviendas de la viguesa urbanización Colina de Castrelos, cuya licencia fue concedida en 1991 por el gobierno de Manuel Soto, acaban de sufrir otro revés judicial a su intento de legalizar el edificio. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el tercer recurso de casación presentado para evitar que se ejecute la sentencia dictada en 1994 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, declarada firme en 2000, que ordena el derribo total o parcial de la construcción, ya que considera que la propuesta de construir una pantalla vegetal no cumple con el fallo judicial. En una sentencia con una explícita crítica a las sucesivas corporaciones municipales que no ejecutaron el fallo de demolición, así como con los propietarios y promotores del edificio por presentar hasta tres recursos de casación contra una decisión judicial firme, que interpreta en clave de "impedir o evitar" el cumplimiento de la sentencia, el máximo tribunal indica que la propuesta del gobierno de Corina Porro de crear una pantalla vegetal para minimizar el impacto visual "se aparta inaceptablemente de la exigencia de derribo".
La nueva sentencia del Supremo, reiterando el fallo de hace 17 años, es interpretada por el alcalde Abel Caballero como un nuevo espaldarazo judicial a la actuación de su gobierno por asegurar que la última propuesta remitida por la concejalía de Urbanismo de Vigo sí se ajusta a la sentencia porque incluye el derribo de una parte del edificio.
El regidor utiliza el fallo judicial para arremeter contra la propuesta planteada en el mandato de Corina Porro. "El Supremo avala lo que hacemos, porque la decisión del gobierno anterior no acataba la sentencia y por tanto era impropio". Abel Caballero recuerda que en la actualidad el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se encuentra en pleno proceso de análisis de la última propuesta de Urbanismo de Vigo para que la urbanización se ajuste al entorno del monte de Castrelos.
PROPUESTA. La fórmula planteada por la actual administración viguesa al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para cumplir la sentencia de 1994, contempla derribar el aprovechamiento bajo cubierta que más de 20 propietarios utilizaron para construir un dúplex. Además, se eliminaría la cubierta de terrazas para crear una planta ajardinada. La piqueta también afectará a los garajes y trasteros situados en el nivel de la calle, alineados con las puertas principales de acceso a los tres edificios del complejo, para dejar toda la construcción sobre una base pilotada.
EL DATO
Indemnización En una de las primeras valoraciones de las indemnizaciones a percibir por los afectados por el derribo total del edificio se fijaba un valor de entre 30 y 40 millones de euros que tendría que afrontar el Ayuntamiento de Vigo por haber concedido la licencia de construcción en 1991.
* El Correo Gallego - 3.02.11
Foto: Vigo, colina Castrelos - farodevigo.es
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ELPAÍS* : La juez ha decretado la imputación del concejal de Deportes de Ciudad Real, César Manrique, y del jefe de compras municipal, Juan Carlos Mascuñana, tras la denuncia del empresario Jesús Manuel Rosado por corrupción contra el equipo de gobierno de Ciudad Real, con su alcaldesa Rosa Romero (PP) a la cabeza. Al concejal, la magistrada le atribuye los delitos de cohecho y falsedad documental y, al jefe de compras, idéntica conducta y tráfico de influencias. Tras presentarse la denuncia en noviembre pasado, la regidora popular, a la que el denunciante asegura haberle realizado obras en su domicilio que nunca le pagó, intentó desbaratar todo este escándalo como una acusación sin base que se había orquestado para desacreditarla. Pero en los primeros escarceos de la investigación judicial ya se han podido comprobar algunas de las acusaciones de este empresario manchego, habitual contratista del Ayuntamiento de Ciudad Real hasta su denuncia.
Rosado, por ejemplo, aseguró ante la juez que costeó viajes a cargos municipales por orden de Mascuñana. Y aportó facturas. La agencia Barceló ha identificado ya a algunos de los cargos o funcionarios municipales beneficiarios de los viajes pagados por este constructor y, entre ellos, figura Mascuñana, que presuntamente disfrutó de billetes de tren y habitaciones de hotel gratis por un importe superior a los 1.400 euros. La juez ha acordado citar a ambos cargos municipales. Su investigación incluye, además, las presuntas obras gratis a la alcaldesa, la supuesta adjudicación ilegal de contratos, el pago por inexistentes servicios y un presunto donativo ilegal al PP.
Donativos ilegales
Un juzgado de Valdepeñas ha destapado otro presunto donativo ilegal al PP en esta provincia, con el que se abonó en 2007 una fianza judicial en una querella por corrupción contra el alcalde de Valdepeñas, el socialista Jesús Martín Rodríguez Caro. La juez, tras imponer una fianza de 24.000 euros que depositó en menos de 48 horas el PP, archivó el caso. Pero el alcalde socialista llevó por injurias a los tribunales a su denunciante, el portavoz del PP de Valdepeñas, Antonio de la Torre Camacho. Y este ha reconocido en sede judicial que tal suma la obtuvo de un joyero local, habitual contratista cuando gobernaba el PP, y "no entró ni salió de la contabilidad del partido". La ley prohíbe donativos finalistas y exige contabilizarlos.
* El País - 3.02.11
Foto: Ciudad Real, ayuntamiento - sobreespana.com
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ELCORREO/Cantabria* : El primer equipo de gobierno de Fernando Muguruza como alcalde de Castro Urdiales contrató "a dedo" a la empresa Dirsur para que hiciera un texto refundido de su plan de urbanismo, un trabajo que le podría haber salido gratis, con el objetivo de "maquillar las ilegalidades que se estaban cometiendo". Así lo afirma el juez nº2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez Lázaro, en el auto con el que da por concluida la instrucción del llamado 'Caso Dirsur', en el que se investiga una de las irregularidades en materia de contratación que denunció la Fiscalía y también puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas. El juez estima que hay indicios suficientes para imputar un delito de prevaricación al alcalde y los otros cinco concejales que componían la Junta de Gobierno el 22 de julio de 2004 (José Miguel Rodríguez López, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Marta González y Salvador Hierro), por haber adjudicado ese contrato a sabiendas de que con ello infringían el procedimiento legal.
El mismo delito, aunque por omisión, imputa el juez al secretario del Ayuntamiento en aquellas fechas, César Saiz Alonso, al que acusa de haber "favorecido" con "su pasividad" la actuación del equipo de gobierno y de no haber cumplido con las obligaciones de su cargo.
El juez Sánchez Lázaro establece además una conexión directa entre este caso y las irregularidades urbanísticas que investiga en otros procedimientos penales, ya que considera que se contrató a Dirsur con la finalidad de "maquillar las ilegalidades que se estaban cometiendo" en materia de urbanismo.
A lo largo del auto, el Juzgado relata cómo se contrató a Dirsur sin tramitar expediente alguno un trabajo que, por su cuantía (25.520 euros), requería, al menos, que se hubiera abierto un procedimiento negociado sin publicidad, "lo que es tan sencillo como pedir no menos de tres ofertas".
Explica además que el trabajo objeto de ese contrato -reunir en un solo documento el plan general vigente en el municipio y todas las modificaciones aprobadas hasta ese momento- podía haberle salido gratis al Ayuntamiento, si hubiera pedido esa información a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Y añade que, en paralelo, se estaba tramitando siguiendo un procedimiento correcto un expediente para contratar al redactor del nuevo plan general de urbanismo, al que se iba a hacer, entre otros encargos, el mismo que a Dirsur: un texto refundido del PGOU.
Indicios suficientes
El juez defiende que hay suficientes indicios de que los concejales imputados actuaron a sabiendas de que infringían la ley por varios motivos: primero, porque la auditoría que habían encargado poco antes para fiscalizar la actuación del anterior equipo de gobierno del PSOE les prevenía expresamente contra ese tipo de prácticas; y segundo, porque también les había advertido contra esas actuaciones el interventor del Ayuntamiento.
Además, añade, consta en el expediente que los funcionarios municipales formularon reparos contra ese contrato y su pago, pero sus objeciones fueron levantadas por decreto de la Alcaldía.
"En síntesis, de lo instruido resulta indiciariamente acreditado que se ha prescindido de la legalidad para adjudicar de manera directa un contrato a una empresa previamente elegida por los imputados, con conocimiento de ello y al margen de los supuestos en que excepcionalmente hubiera sido lícita", argumenta el juez.
El instructor resalta también que el texto refundido que presentó dos años después Dirsur "no se ajusta a la realidad urbanística (del municipio) y oculta modificaciones de hecho del PGOU realizadas al margen de cualquier procedimiento", entre las que cita "un mínimo" de seis. De hecho, sostiene que ese trabajo no responde a una "utilidad pública", sino a la intención de "maquillar las ilegalidades que se estaban cometiendo".
En cuanto al secretario municipal César Saiz Alonso, el juez asegura que las explicaciones que ha dado de por qué se actuaba de esa manera en el Ayuntamiento en materia de contratación resultan "altamente incriminatorias" y no le disculpan de su responsabilidad.
El auto imputa a Saiz Alonso un delito de prevaricación por omisión por "su pasividad en las juntas de gobierno" y por haber hecho "dejación de sus funciones". El juez considera que existen indicios de que esa "pasividad" del secretario del Ayuntamiento se debía a que "conocía la ilegalidad que se estaba cometiendo y cooperó de manera necesaria dándole trámite".
* El Correo - 2.02.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
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JULIO LIZÁN/Valencia* : La degradación consentida del barrio del Cabanyal, en Valencia, ha llevados a una parte de los y las menores del barrio a encontrarse en una grave e invisibilizada situación de exclusión social. Cooperación Social Universitaria denuncia que se vulneran los derechos fundamentales de los menores. Desde su nacimiento en el siglo XV, el barrio del Cabanyal, en Valencia, ha sabido ir creciendo, resistiendo y reinventándose. El estilo de sus calles resistió a los incendios y a una epidemia de cólera en el siglo XIX , y cambió las barracas de madera por construcciones más sólidas que sin embargo mantuvieron el espíritu marinero y las fachadas mirando al mar. La burguesía valenciana del siglo XX las decoró con azulejos y las pintó de colores, creando el estilo de modernismo popular que caracteriza al barrio, único en el mundo. Algo más tarde llegaron los tiempos tristes de los bombardeos de la Guerra Civil, y de la posguerra, que sumergieron al barrio en la marginación, la represión y la escasez, debido a su pasado republicano y anarquista. Aún así el barrio consiguió superar esas adversidades sin perder su espíritu, igual que salió vivo de la riada del 56 que lo afectó gravemente.
Sin embargo, desde hace dos décadas el barrio se encuentra en el punto de mira de un plan urbanístico que amenaza con partirlo en dos y arrancar ese espíritu que ha ido cultivando a lo largo de los siglos. Pero aunque la codicia y la ceguera de unos pocos amenacen los hogares, el entorno y las relaciones de unos muchos, estamos convencidos de que el barrio saldrá victorioso de la amenaza que supone dicho proyecto.
Y lo conseguirá gracias al esfuerzo de muchos de sus vecinos, que llevan años dando la cara en una lucha ejemplar.
Desde Cooperación Social Universitaria ( CSU ) mostramos nuestro apoyo rotundo a esta lucha que antepone la cultura, el bienestar de los vecinos y el sentido común a la irracionalidad del beneficio económico de unos pocos y a la ceguera de un desarrollo insostenible y devorador. Denunciamos la degradación del barrio, consentida y promovida por el Ayuntamiento, desatendiendo la limpieza de los espacios públicos, absteniéndose de la lucha contra el absentismo escolar, promoviendo la infravivienda, permitiendo el tráfico de drogas, creando solares llenos de escombros, obstaculizando la rehabilitación de las casas… generando así conflictos de convivencia y enfrentando a los vecinos. Todo ello con el objetivo de esgrimir esta degradación para justificar la ampliación de la avenida.
Desde CSU hemos sido testigos ‘privilegiados’ de las consecuencias de esta degradación sobre una parte de los y las menores del barrio, que se encuentra en una grave e invisibilizada situación de exclusión social, siendo vulnerados sus derechos más fundamentales como la educación, la vivienda o la sanidad. Sin educación es difícil conseguir una buena formación, sin una buena formación es difícil obtener un buen trabajo y sin un buen trabajo es difícil proporcionar una buena educación para los niños. La pobreza puede ser un ciclo pero no una fatalidad. Por ello entendemos que actuar para poner fin a la vulneración de derechos es poner los cimientos para un futuro más justo.
Entendiendo que la degradación del barrio viene motivada por unas decisiones políticas, creemos que es necesario, tanto por parte de los vecinos como del resto de actores del barrio, comprender que las personas en situación o en riesgo de exclusión social no son parte del problema. Más bien han sufrido una instrumentalización por parte del Ayuntamiento dentro de su estrategia de degradación del barrio. Por lo tanto, la solución no pasa por su desalojo, sino porque la administración asuma sus responsabilidades y garantice sus derechos, así como los del resto de vecinos. Para que esto sea posible es necesario hacer visible esta instrumentalización, y fomentar la búsqueda conjunta de alternativas.
En definitiva, pensamos que la rehabilitación urbanística del barrio debe ir acompañada de una rehabilitación social, de forma que se garanticen los derechos de todas las personas que habitan en el barrio. Creemos que trabajando juntos en esta dirección el barrio recuperará poco a poco la alegría, la vitalidad y el espíritu fraterno que le ha caracterizado a lo largo del tiempo.
Fuente: http://www.canalsolidario.org/noticia/cabanyal-como-la-especulacion-urbanistica-cercena-los-derechos-humanos/25500
* Rebelión - 2.02.11
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