ELPAÍS* : El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y Convergència Democràtica (CDC). Así lo indica el informe que la Agencia Tributaria entregó ayer al juez instructor del caso, que indica que la constructora Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de euros para hacerse con obras de Administraciones gobernadas por CiU entre 2001 y 2008. Dos terceras partes de estas cantidades salieron en efectivo de las arcas de la entidad musical , mientras que el resto se abonó a la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y a empresas que realizaban campañas electorales para la federación nacionalista.
La Agencia Tributaria analiza las aportaciones al Palau procedentes de Ferrovial, que dio más de 12 millones de euros a la entidad entre 1998 y 2008. Lo hizo, según sus responsables, en concepto de patrocinios. Pero Hacienda no está de acuerdo y determina que en realidad el destino de ese dinero era "la contraprestación correspondiente" por "la adjudicación de obras públicas". La documentación hallada en el coliseo barcelonés apunta a que la constructora de la familia Del Pino pagó comisiones por la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia, dos de las mayores obras adjudicadas en Barcelona. Con la primera obra, CDC se habría asegurado ingresos regulares para todo el periodo que ha estado en la oposición, puesto que los pagos se fraccionaron.
La comisión que abonaba la constructora de la familia Del Pino al Palau de la Música, según Hacienda, correspondía "habitualmente" al 4% del presupuesto de ejecución. De esa cantidad, una parte -entre el 0,5% y el 1,5%- iba presuntamente al bolsillo de Millet, mientras que la otra iba a CDC a través de sus responsables financieros Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osácar.
El principal documento que acredita esa salida de dinero hacia la formación nacionalista es un archivo de Excel que lleva el nombre de Quadre Ferrovial 29 abril, en concreto una pestaña llamada "cuadro cobros". Se trata de un documento con varias columnas: una de ellas detalla las aportaciones de Ferrovial y otra los "pagos a Daniel", el destinatario de los 5,9 millones de euros. ¿Quién es Daniel? La Agencia Tributaria razona que se trata Daniel Osácar i Escrig, responsable de finanzas de CDC y de su fundación. Las tablas examinadas por Hacienda coinciden con los movimientos de dinero que la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, anotaba en su agenda.
Antes de Osácar, quien desempeñaba esa función era supuestamente Carles Torrent, que ejercía el mismo cargo dentro del partido. La investigación ha hallado al menos ocho documentos en los que el ex dirigente de CDC aparece vinculado a las adjudicaciones de obra pública. Entre ellos, hay una carta en la que Millet apremia a Torrent a adjudicar una depuradora en la Costa Brava a Agromán -del grupo Ferrovial-. "Estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas", insiste Millet.
Este "triángulo" entre Ferrovial, Millet y "personas ligadas a la Administración pública adjudicante", en palabras de la Agencia Tributaria, defraudó presuntamente 3,7 millones de euros en efectivo y 2,2 a través de la fundación Trias Fargas y cuatro empresas que, según los gestores del Palau, nunca trabajaron para la entidad pero sí realizaban las campañas de CiU. Una de ellas, Altraforma, tiene como socio a Jordi Vilajoana, actual portavoz de CiU en el Senado y consejero de Cultura entre 1999 y 2003.
* El País - 4.08.10
Foto: Millet, rodeado de periodistas, en el Parlamento de Cataluña el mes pasado - elpais.com
Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència a cambio de obra pública
Un mercadillo en Marbella
JAVIER NAVAS* : Juan Antonio Roca se está desembarazando del capital que acopió en Marbella durante su época de turbio asesor de urbanismo. La vedette del caso Malaya, el tipo listo que se forraba en la sombra mientras sus compinches se forraban a la luz de focos televisivos, abandona sus bienes como una vez los rebañó. Sólo que de forma más rápida y visible… y polémica. Después de todo no se discute lo que no se puede ver (o no se quiere ver: si el dinero cabe en el tímido espacio de una libreta bancaria, los tochos con vistas al mar difícilmente se escapaban a un juez o un político atento) pero ahora el discurrir del caso, que fluye por las páginas de nacional y los platós de petardos, hace que todos lo miren, opinen y critiquen. No sólo a Roca sino también al que mira desde la otra orilla.
El astuto y amnésico cerebro de la trama ha aceptado que el tribunal ponga a la venta su botín. Roca tiene problemas de liquidez, como pasa con los ricos genuinos, que nunca llevan dinero suelto. Aparte de las deudas con la Justicia, ha contraído otras con Hacienda y con varios bancos, que son deudos que no olvidan. Para saldarlas ya han colocado siete mercedes que un día detentó (quedan más) y en la sala Sotheby's subastarán sus cuadros. Hay ofertas para su helicóptero y una imperiosa impaciencia por endilgar los caballos, que comen como descosidos. Mejor librarse hasta de la última alfombra antes de que quiebre el tapiz de sociedades a nombre del acusado.
Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno marbellí, ha protestado porque la restitución no llega a Marbella. Acusa al Gobierno de la nación de hacer "negocios" con ese patrimonio que, afirma, perteneció al pueblo. El Ayuntamiento también debe lo indecible tras el paso del GIL y Gil por sus pasillos; sólo a la Seguridad Social, 300 millones. Nadie tiene intención de perdonar tanta trampa al Consistorio, la institución más vapuleada y la que peor va a llevar la recuperación. El dinero también fluye, sí; pero no suele remontar su curso.
* Málaga Hoy - 3.08.10
Tres fallos firmes declaran ilegales las instalaciones de una marina de Vigo
ELPAÍS* : El deambular judicial del lujoso puerto deportivo de A Lagoa, en Teis (Vigo), sigue adelante con idénticos resultados: sentencias contrarias a la marina promovida por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. En esta ocasión sube el rango. Ya no son los juzgados de Vigo los que declaran la ilegalidad de las obras, sino el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha dictado tres sentencias firmes en las que desestima todos los recursos promovidos por la empresa.
Las sentencias tienen fechas del 29 y 15 de abril y del 6 de mayo de este año. En ellas, distintas salas del tribunal con sede en A Coruña ratifican la denegación de licencia de actividades y la solicitud de legalización de la nave industrial vinculada al puerto deportivo, una edificación de más de 1.000 metros cuadrados visible desde el otro lado de la ría. Uno de los fallos ratifica la multa de 33.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Vigo por una infracción urbanística, consistente en la construcción de la nave en el camino de A Lagoa. Las sentencias aceptan de forma prácticamente total los fundamentos jurídicos de los fallos emitidos en primera instancia.
El puerto deportivo de A Lagoa fue impulsado por un acuerdo de Fernández de Sousa con la Autoridad Portuaria de Vigo, cuando estaba presidida por Julio Pedrosa, del Partido Popular. A la marina, que carecía de amparo municipal, le queda pendiente el recurso presentado contra otra sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo, en la que se confirma el derribo de la nave ilegal. La demolición fue decretada por el Ayuntamiento vigués. Astilleros y Construcciones A Lagoa, nombre de la sociedad que explota la marina, también ha tenido que precintar un restaurante construido con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros cuadrados, que se sustituyó por un edificio que quintuplicaba la superficie autorizada y que carecía de la posibilidad de ser retirado.
Una de las nuevas sentencias del Tribunal Superior, como resultado de las denuncias presentados por los vecinos de Teis, revela que la dirección del puerto deportivo "ni siquiera llegó a solicitar (...) la licencia de obra, lo que no impidió que alzara las construcciones que le servían de soporte". Esa fue la causa de que las autoridades municipales ordenasen la demolición.
"La entidad local sí era competente para conceder o denegar las licencias de actividad que se pretendían llevar a cabo en unas instalaciones ya erigidas dentro del dominio público de un puerto de interés general", relata la sentencia en sus fundamentos de derecho, que añade que "las naves de un puerto deportivo son obra pública de interés general".
Multa confirmada
El Tribunal Superior utiliza argumentos muy similares, y siempre acordes con los de las sentencias recurridas, para rechazar la petición de que se anule la sanción de 33.000 euros impuesta por el Ayuntamiento vigués. En este caso, el puerto solicitó la necesidad de audiencia a la Autoridad Portuaria en el expediente de reposición de la legalidad urbanística tramitado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo. "Dicha Autoridad no había tenido participación alguna en la realización de la obra, y por lo tanto no era interesada en ella", concluye la sentencia. El fallo añade que sólo lo realizado conforme a la legalidad puede ser reintegrado a la Autoridad Portuaria, "no lo que fuese fruto de actuaciones ilegales".
Los vecinos de Teis han celebrado las sentencias como la demostración de que la razón les acompaña en el largo litigio emprendido contra el puerto deportivo de A Lagoa, según los afectados, una de las obras más agresivas con la ría de Vigo, al pie del monte de A Guía.
Un paseo en el camino
Las instalaciones del puerto deportivo de A Lagoa se levantaron sin permisos para las obras en tierra, que consistieron en la ejecución de las dos naves y el restaurante declarados ilegales. Para la construcción del complejo y como vía de acceso a los usuarios se utilizó durante años un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento. El paso constante de camiones retrasó un año tras otro una inversión del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de un paseo marítimo, cuyo trazado coincidía con el del camino usado por el puerto deportivo.
Después de muchos titubeos, el Ayuntamiento de Vigo acabó por cerrar al tráfico el cortafuegos, lo que supuso el desbloqueo del proyecto del paseo. El pasado 19 de junio, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, inauguró el bulevar, realizado de forma conjunta con la rehabilitación del borde marítimo del monte de A Guía. La inversión del Gobierno superó los 1,4 millones de euros. Su finalización supuso la culminación de una lucha vecinal que se prolongó durante casi dos décadas, en las que tuvieron que intervenir los juzgados para certificar la titularidad municipal de los terrenos del cortafuegos, puesta en entredicho por la dirección de A Lagoa.
* El País - 4.08.10
Foto: Puerto Marina Punta Lagoa - barcoamotor.es
El reconocimiento mundial de l´Albufera peligra por las nuevas viviendas de Pinedo
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Medio Ambiente le exige al ayuntamiento que acate el informe de la misión Ramsar y regenere y clasifique la zona sur con la máxima protección. Declarar la zona sur de Pinedo como suelo no urbanizable protegido y realizar un plan especial de regeneración medioambiental ante la "degradación" del terreno. Estas fueron dos de las conclusiones de la misión Ramsar, organismo internacional encargado de la protección de los humedales más importantes del mundo. Sin embargo, de eso hace ya tres años y el Ayuntamiento de Valencia, lejos de acatar las recomendaciones, ha dejado una puerta abierta a un posible desarrollo urbanístico en la zona.
Es más, muchos de los terrenos de cultivo que ocupan esta zona han sido abandonados y su lugar lo ocupan ahora vehículos aparcados (durante el año) y camiones y caravanas de feriantes, en los meses estivales.
Pero formar parte del convenio Ramsar implica algo más que pertenecer a la lista de Humedales de Importancia Internacional. L'Albufera podría dejar de formar parte del acuerdo si el ayuntamiento no acata sus recomendaciones. Así se lo ha hecho saber el organismo internacional al Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, el pasado 15 de julio, el Servicio de Conservación de Humedales del ministerio volvió, una vez más, a exigirle al ayuntamiento que acate el dictamen del convenio Ramsar y proteja la zona con el máximo nivel, ahora que está realizando la revisión del Plan General de Ordenación urbana (PGOU).
En el escrito sobre el incumplimiento de las conclusiones del informe de la misión Ramsar, el Ministerio de Medio Ambiente le recuerda al ayuntamiento que todos los terrenos localizados dentro de los cascos urbanos "están incluidos en la zona de l'Albufera, por lo que obligatoriamente deben clasificarse como suelo no urbanizable protegido en aplicación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana" por lo que, si dichas consideraciones no están incluidas en la memoria ambiental del PGOU de Valencia "deben incorporarse a la propuesta que se está redactando en estos momentos".
Además, el ministerio también asegura que si, finalmente, la sentencia del Supremo es declarada firme "quedarían anuladas sin excepciones las posibilidades de expansión urbanística del núcleo de Pinedo".
Protección transitoria
Y es que en la memorial ambiental del PGOU de Valencia, la conselleria afirma que, de forma transitoria, la zona se debe catalogar como "área de uso agrícola-huerta (A-H) y "área de uso agrícola-arrozal (A-A)", hasta que exista un fallo firme sobre el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) que, en la actualidad, está pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo.
Es más, en la memoria medioambiental de la conselleria se asegura que la zona sur de Pinedo tendrá una protección mínima "de forma transitoria" hasta que se clarifique su situación jurídica, es decir, hasta que el Tribunal Supremo diga si la zona existente entre el suelo urbano residencial consolidado de Pinedo y el nuevo paseo marítimo y la franja litoral debe ser una zona regenerada y con la máxima protección o, por el contrario, podría ser susceptible de futuras edificaciones. Hasta que los jueces dicten sentencia, el ayuntamiento mantiene la puerta abierta y se muestra reacio a proteger estos 89.171 metros cuadrados.
Pendiente del Tribunal Supremo
El escollo de la cuestión reside en que el PRUG, en su artículo 35.4 afirma que, con carácter excepcional, "el Consejo Directivo del Parque Natural, a propuesta de los ayuntamiento respectivos, podrá emitir informe favorable, preceptivo y vinculante, sobre la realización de las actuaciones urbanísticas necesarias en determinados ámbitos colindantes al suelo urbanos, entre ello el de Pinedo". Acció Ecologista Agró llevó el PRUG a los tribunales que declararon parcialmente contrario a derecho el decreto en cuestión. La Generalitat Valenciana, sin embargo, no acató la sentencia y la recurrió al Tribunal Supremo.
* Levante-emv - 3.08.10
Foto: La zona sur de Pinedo es, en la actualidad, un aparcamiento de camiones y caravanas - levante
Lisboa, la capital del vacío
ELPAÍS/Portugal* : El corazón de Lisboa está envejecido. Este es el diagnóstico de Helena Roseta, concejal de vivienda, al describir el despoblamiento de la capital portuguesa y el abandono de muchos edificios. Las casas desocupadas abundan en el centro histórico, en barrios tan conocidos como Chiado, Baixa, Alfama, Graça o Alcántara. Es una imagen que se repite hasta en las zonas más cotizadas. Entre tiendas de lujo, hoteles, bancos y empresas multinacionales asoman edificios en avanzado estado de degradación.
El Ayuntamiento contabiliza una quincena en la Avenida da Liberdade, la principal arteria lisboeta, comparable con el paseo de la Castellana de Madrid o el paseo de Gracia barcelonés. Lisboa y Oporto se encuentran a la cabeza de las ciudades de la UE que más se han vaciado desde 1999 y con el mayor índice (24%) de habitantes de más de 65 años.
Helena Roseta, arquitecta de profesión, trabaja desde hace años a favor de una política de vivienda decente y fue reelegida en octubre pasado como concejal independiente en la lista del Partido Socialista. Roseta menciona tres elementos comunes del panorama urbanístico de ciudades como Lisboa, Oporto y Braga: el elevado número de pisos desocupados, el declive demográfico y el envejecimiento de la población.
Según un recuento de 2008, en Lisboa hay 4.000 edificios abandonados, de un total de 55.000. "Una parte ya tienen programas de rehabilitación aprobados por el Ayuntamiento, otros no pueden ser recuperados y tendrán que ser demolidos", explica el también arquitecto Manuel Salgado, teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. De su estudio salieron proyectos urbanísticos como el Centro Cultural de Belem, los espacios públicos de la Expo de Lisboa, el estadio de Oporto y el paseo marítimo de San Miguel (Azores). En 2007 cambió la arquitectura por la política activa, y de momento no parece desencantado en su papel de brazo derecho del alcalde socialista António Costa.
En los últimos 30 años, Lisboa perdió unos 100.000 habitantes por década, y pasó de 800.000 habitantes al medio millón actual. Salgado dice tener "perfectamente identificadas" las causas del despoblamiento: "La mala calidad de los equipamientos de proximidad: guarderías, escuelas, centros de salud; la búsqueda de viviendas unifamiliares; y, la más importante, el coste del metro cuadrado, que en Lisboa es dos o tres veces más caro que en los municipios limítrofes".
Una cuarta parte de la población de la ciudad vive en el umbral de pobreza, según cálculos del Ayuntamiento. Jubilados, desempleados, gente que vive del subsidio mínimo, en un extremo. En el otro, quienes tienen más recursos y pueden acceder sin problemas al mercado de la vivienda en Lisboa. En muchos casos tienen casa en las zonas más exclusivas de los alrededores, como Estoril y Cascais. "Queremos acabar con la brecha enorme que existe en Lisboa entre los muy ricos y los muy pobres, y para ello es muy importante que la clase media y los jóvenes sean parte importante de la población de la ciudad", señala Manuel Salgado.
La ciudad tiene 650.000 puestos de trabajo, pero solo 500.000 residentes, de los que una cuarta parte son activos, explica el teniente de alcalde. "Esto significa que cada día entra y sale de Lisboa más de medio millón de personas. Es una situación prácticamente única en Europa, solo comparable con Oslo, que tiene más puntos en común con las ciudades estadounidenses". El geógrafo João Seixas, profesor de la Universidad de Lisboa, define el fenómeno como "una enorme fragmentación de residencia".
Las consecuencias de este trasiego diario son dramáticas para una ciudad que se llena y vacía como un pulmón. Desequilibrio, congestión de la vía pública, contaminación y ruido. "Hay 162.000 vehículos registrados en Lisboa y entran cada día unos 400.000, que suponen un gran desgaste para la ciudad y no aportan ingreso alguno a las arcas del Ayuntamiento porque pagan sus impuestos en otros municipios", explica Salgado.
Las noches y los fines de semana, Lisboa se vacía y hay zonas que adquieren un aire fantasmagórico. Algunos barrios más céntricos, donde abundan edificios abandonados, tienen notables carencias de servicios. Ante la falta de demanda hay poca oferta de tiendas, bares o taxis, lo que ahuyenta a los moradores jóvenes, que optan por vivir en barrios más lejanos pero con más vida.
Propietarios, inquilinos y autoridades municipales se acusan mutuamente del deterioro del parque inmobiliario. Los primeros se quejan de la ley de arrendamientos urbanos, que se remonta a los años cincuenta, en plena dictadura salazarista, y mantiene congelados alquileres irrisorios que no permiten afrontar obras de rehabilitación. "La propiedad se ha convertido en Portugal en una asistencia social privada al inquilino", dice Monteiro de Barros, de la Asociación Lisboeta de Propietarios.
Los contratos firmados desde 1990 son libres y el nuevo régimen de arrendamiento de 2006 permite aumentar los alquileres si la casa está en condiciones de habitabilidad, lo que no ocurre en bastantes barrios. Pero no se han tocado las rentas antiguas porque, según Manuel Salgado, "provocaría un choque social muy serio". Romão Lavadinho, presidente de la Asociación de Inquilinos Lisboetas, reconoce que "hay muchos pisos en mal estado, por los que el inquilino paga unos 70 euros al mes". "Pero no es menos cierto", añade, "que muchos propietarios dejan que las casas estén al borde de la ruina, para lograr su demolición y construir un inmueble con más pisos y más rentable". Lavadinho también acusa a los ayuntamientos de ciudades como Lisboa y Oporto: "Son los mayores propietarios y los que tienen el patrimonio más deteriorado".
A pesar de la decadencia de la Lisboa antigua y señorial, la belleza de la ciudad, con sus siete colinas y el río Tajo omnipresente, sigue siendo un poderoso imán para el visitante extranjero. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha encontrado un instrumento para recuperar la vitalidad de la ciudad: el programa Erasmus, que facilita la movilidad académica de los estudiantes dentro de la Unión Europea. "Nuestro objetivo es transformar Lisboa en una ciudad Erasmus", asegura Manuel Salgado. Según los indicadores municipales, los 3.000 estudiantes extranjeros que llegan por año están contribuyendo a dinamizar el mercado de vivienda de alquiler.
* El País - 1.08.10
Foto: Lisboa, centro - viajesdefindesemana.net
Miño: Todo por los terrenos
LARA GRAÑA/ A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló, en 2006, a favor de los afectados por las expropiaciones que el Concello de Miño llevó a cabo para que la entonces Fadesa acometiera su macrourbanización. Obra que ha quedado a medio hacer y que ocupa unos terrenos que se pagaron, en su día, a seis euros el metro cuadrado. Tanto el concello como la compañía inmobiliaria, hoy Martinsa-Fadesa, interpusieron un recurso de casación contra dicha sentencia del TSXG aludiendo a que esta tenía fallos de “claridad, falta de motivación” o que incurría en una “infracción de jurisprudencia estatal”. Su recurso no tuvo en cuenta, como le acaba de recordar el Supremo, que son las comunidades autónomas las que tienen competencia sobre materia urbanística y que, por tanto, lo que falló en 2006 el TSXG es perfectamente válido y ha de acatarse.
Dicen los tribunales que la concesión de dichos terrenos, articulada a través de un convenio firmado por Fadesa Inmobiliaria y el concello –antes, por cierto, de la aprobación de un Plan Xeral y sin plan parcial de obra–, es nula. Que las expropiaciones se hicieron de manera ilegal porque “se produce la falta de información pública y la citación a los propietarios”, que no tuvieron opción a que sus propiedades dejaran de ser suyas por mandato municipal. ¿Qué implica esto? Que hay una urbanización que se mira en el espejo de la de la inhóspita ciudad fantasma de Seseña –de Paco El Pocero–, que se edificó sobre terrenos expropiados de manera ilícita. Que la concesión de estos queda anulada.
No se puede demoler lo ya construido y devolver a los dueños sus propiedades tal y como ellos las tenían antes de que les fueran desposeídas, por lo que deberán ser indemnizados. Pese a que Fadesa había abonado entonces a seis euros cada metro cuadrado de los más de un millón que ocupa la urbanización, otro fallo judicial elevó esta cifra a más de 25 euros. Ahora, y con las leyes en la mano, el Concello de Miño tendrá que desembolsar un 25% adicional. En cifras redondas, este ayuntamiento debe abonar a los afectados unos siete millones de euros procedentes, claro está, de las arcas públicas. Se dará la circunstancia de que los expropiados, habitantes del municipio, recibirán dinero que ellos mismos sufragan con sus impuestos.
¿Y por qué ha de ser Miño el que ponga el dinero sobre la mesa? Porque fue el Ejecutivo municipal, en una sesión plenaria, el que decidió que las propiedades de la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova tenían que ser carne de recalificación y urbanización.
Ha vuelto a pasar lo que se ha venido repitiendo en muchas localidades españolas. Expropiaciones que, a posteriori, fueron calificadas como ilegales o nulas una vez que sobre ellas ya había veinte chalés, catorce adosados, dos pistas de tenis y una parcela con un pequeño parque infantil. Y, al final, es el contribuyente el que repara, como siempre, aquel acuerdo plenario que prometió una vez mucho progreso para una localidad gallega.
* Lara Graña, xornalista
* Xornal - Opinión - 29.07.10
