Sevilla.- Un rascacielos achica la Giralda

ELPAÍS* : El esqueleto espigado de la torre Pelli asoma en el horizonte de Sevilla. Apenas se ha construido un tercio del edificio de 178 metros diseñado por el argentino César Pelli para Cajasol, pero la estructura ya supera en altura a todos los edificios de su entorno. Enfrente, al otro lado del río, tiene a la Giralda, que le pone el listón alto (97 metros), pero a la que está llamada a dejar atrás en cuestión de altura. Aunque no es este el único título que el rascacielos podría quitarle al icono de Sevilla. La amenaza que de verdad preocupa es la lanzada por la Unesco: la salida de la lista de ciudades Patrimonio Mundial por el impacto visual que la nueva torre tendrá sobre la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, los tres monumentos que situaron a Sevilla en este selecto club.
El próximo reto del proyecto es la visita de una "misión reactiva" de la Unesco durante este mes. "Cuando existe un problema urgente con alguno de los bienes Patrimonio Mundial, se realiza una visita de un miembro de la Unesco y otro de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) para valorar la situación.

Estos expertos no serán españoles para salvaguardar su independencia", explica Víctor Fernández Salinas, vicepresidente de Icomos España, institución que asesora a la Unesco en materia de patrimonio.

El pasado junio, la Unesco pidió al Gobierno español, responsable último ante la organización internacional, que parara las obras hasta tener un tercer informe que el Ministerio de Cultura deberá presentar en verano de 2012. "La Unesco se fía de los informes de los Estados hasta un determinado punto, porque tienden a ser benévolos", añade Fernández Salinas, miembro de una institución que siempre se ha manifestado en contra del rascacielos.

Mientras, las obras del edificio siguen adelante a un ritmo de casi dos plantas al mes. Y ya van ocho de las 43 proyectadas. Los promotores, que cuentan con el aval de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, han obviado las sugerencias de la Unesco de que se paren los trabajos. Y la llegada del PP al Gobierno municipal no ha hecho sino aumentar la incertidumbre.

Los detractores de la torre tenían la esperanza de que el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, que mientras estaba en la oposición sembró dudas sobre la legalidad de la torre, se posicionara en contra. Pero Zoido está en una encrucijada: de un lado, Cajasol (ahora integrada en Banca Cívica), uno de los principales poderes económicos de la ciudad; y de otro, los opositores al rascacielos, agrupados en la plataforma ¡Túmbala! que integra a 20 asociaciones, desde Ecologistas en Acción a conservacionistas locales. El proyecto también cuenta con simpatizantes en la ciudad, entre ellos muchos arquitectos, pero estos han optado por el anonimato y las únicas voces que suenan son las que están en contra de la torre.

Los vaivenes del Ayuntamiento se han evidenciado en los últimos días. Tras estudiar el tema, los nuevos responsables reconocieron que todo está "de acuerdo con la legalidad". Sin embargo, Zoido ha enviado una carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, preguntando quién asumiría la indemnización a los promotores en el caso de que se revisara o se anulara la licencia.

El equipo municipal ha dejado la pelota en el tejado de la Unesco. "No vamos a permitir que a Sevilla se le quite la declaración de Patrimonio de la Humanidad", advierte el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP). Dejar clara esta prioridad era también, según Vílchez, la intención de la carta del alcalde. Es decir, si la amenazada de la Unesco se consolida, el Ayuntamiento está dispuesto a que se tire la torre.

El consejero de Cultura, Paulino Plata, no pica el anzuelo: "El Ayuntamiento otorgó la licencia, si la revoca tendrá que responsabilizarse de lo que eso representa. Lo que no puede hacer es trasladar la responsabilidad de una Administración a otra". Mientras tanto, Pelli permanece ajeno a la polémica. Un miembro de su equipo ha asegurado a este periódico que el arquitecto no ha tenido noticias de que se estén replanteando revocar la licencia. El promotor, Cajasol, ha rechazado hacer declaraciones e insiste en la legalidad "absoluta" del proyecto.

El PSOE, que concedió la licencia de obras cuando estaba en la alcaldía, cree que la nueva estrategia municipal es poco inteligente: "Entiendo que Zoido esté asustado por si, siendo él alcalde, Sevilla pierde la declaración, pero lo que tiene que hacer es convencer a la Unesco. Estás ya empezando a perder el partido si tú mismo siembras dudas", afirma el portavoz socialista, Juan Espadas. Él no estaba en el Ayuntamiento cuando el PSOE dio el visto bueno al rascacielos y admite que si el proyecto surgiera ahora "no tendría, probablemente, un respaldo mayoritario". "La decisión se tomó como y cuando debía hacerse. Ahora hay que ser consecuentes y luchar porque siga adelante".

No opinan lo mismo desde la asociación ¡Túmbala! "Las cosas ilegales no tienen que ser irreversibles", afirma el arquitecto Fernando Mendoza, miembro de este colectivo, que ha llevado la torre a los tribunales tras encontrar hasta 12 supuestas ilegalidades administrativas en la licencia. Los jueces hasta ahora no le han dado la razón, pero el asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El mismo que ordenó la demolición de una biblioteca de la Universidad de Sevilla proyectada por la iraquí Zaha Hadid.

Cronología
- Enero 2007. El arquitecto argentino César Pelli gana un concurso convocado por Cajasol en Sevilla con una torre de 178 metros de altura.
- Mayo 2007. Icomos alerta de la "grave amenaza" que supondrá para el Patrimonio Mundial de la ciudad.
- Marzo 2009. Comienzan las obras de la torre Cajasol.
- Enero 2010. Un informe del Gobierno concluye que la torre no tendrá impacto visual sobre los monumentos.
- Junio 2011. La Unesco pide al Estado que pare las obras.


* El País - REYES RINCÓN / MARGOT MOLINA - Sevilla - 02/10/2011
Foto: Reconstrucción virtual del impacto visual que tendrá la torre de Pelli en Sevilla. A la derecha, la Torre del Oro, junto al río Guadalquivir.- elpais

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Valencia.- Proyectos faraónicos, ostentosos e imposibles

LEVANTE* : Las grandes obras, los edificios y complejos arquitectónicos emblemáticos, que tenían que poner a las ciudades de la Comunitat Valenciana en el mapa del mundo, han muerto con la crisis económica. El afán de principios de siglo por albergar magnas construcciones ha pasado a la historia ante la imposibilidad de su financiación.
Valencia es la ciudad que, por volumen, mayor número de grandes proyectos arquitectónicos ha presentado y que se han aparcado por la crisis económica. En la memoria de todos se encuentran, por citar algunas obras, las tres torres de Santiago Calatrava (en la Ciudad de las Artes y las Ciencias) la Torre de la Música (en Quatre Carreres), el Nou Mestalla (a medio construir en Benicalap) o la Esfera Armilar (que se ha ido ubicando ficticiamente en varios puntos de la ciudad). El proyecto de las Torres de Calatrava se ha presentado en diversas ocasiones. La primera se produjo en noviembre de 2004. El complejo estaba formado por cuatro torres de 280, 260, 240 y 220 metros de altura, respectivamente. En la segunda maqueta, los rascacielos se redujeron a tres (se bautizaron como Alicante, Castelló y Valencia), pero aumentó la altura a 308, 266 y 220 metros. El coste de construcción de los edificios se cifró en 450 millones, cantidad que frenó la iniciativa.

La torre de la Música se anunció en 2005 como la sede de la Berklee College of Music, la escuela independiente de música de mayor prestigio internacional. El presupuesto era de 100 millones de euros que se sufragaban gracias a la aportación de la misma escuela y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Valencia cedía el solar en el barrio de Quatre Carreres.

Un rascacielos de cien metros
El proyecto del arquitecto Antón García Abril, una torre de cien metros de altura cuyas plantas giraban, se presentó de forma conjunta por los entonces presidentes del Consell, Francisco Camps, y de la SGAE, Teddy Bautista, así como por Rita Barberá y el dirigente de la Berklee College of Music, Roger Brown. Al final, el edificio no se construyó por la crisis y la sede del colegio Berklee se ubicó en el Palau de les Arts.

Otra obra no realizada fue la Esfera Armilar que diseñaron Rafael Trénor y Antonio Fernández Ordoñez. Cien metros de altura, noventa de ancho y más de 50 millones de euros de coste. La Generalitat asumió el proyecto en 2004 y fue en 2007 cuando anunció su última ubicación: el Parque Central. Desde entonces la esfera es invisible.
La que sí que es visible, de gran coste y preocupación para la ciudad, es la obra del nuevo campo de fútbol del Valencia CF. Tras una polémica concesión municipal, las obras del «Nou Mestalla» comenzaron en agosto de 2007 y se pararalizaron en febrero de 2009 cuando el club ya no pudo hacer frente a los pagos. El precio del estadio —si se cumple el proyecto y tras los atrasos— podría superar los 400 millones de euros.

Ciudad de las Artes Escénicas
Pero las magnas obras sin realizar no son patrimonio de Valencia ciudad. En Sagunt, a principios de milenio, se habló de una Ciudad de las Artes Escénicas, de casi medio millón de metros cuadrados y con un teatro al aire libre diseñado por un prestigioso arquitecto. Incluso se hizo una reserva de suelo que paralizó durante años las nuevas instalaciones en un polígono industrial. Aquella ambiciosa iniciativa se recortó poco a poco y en 2006 se reconvirtió en un Campus de las Artes Escénicas para el que aún no hay siquiera proyecto redactado.

Lo mismo pasó con la Ciudad Deportiva prevista en el municipio de Canet d´ En Berenguer. Con una inversión de 20 millones de euros fue el primer gran proyecto que fracasó en El Camp de Morvedre antes de empezar a tomar forma. En marzo de 2010, la empresa heredera del que fue el primer gigante de Enrique Bañuelos, Astroc, rompió su convenio con el ayuntamiento y zanjó de un plumazo con el sueño de tener las mejores instalaciones deportivas de la comarca.

El proyecto del tercer polígono más grande de la C. Valenciana sigue sin autorización
En Requena estaba prevista la construcción del parque empresarial del Rebollar. Las últimas noticias conocidas datan de abril de 2010 cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, anunció, a instancias de una pregunta parlamentaria del PP, que las obras comenzarían en 2011. Los instrumentos urbanísticos de la actuación están presentados, pero la autorización de la Generalitat Valenciana no se ha producido. Con 1,7 millones de metros cuadrados, el polígono de El Rebollar sería el tercer emplazamiento más extenso de suelo industrial de la Comunitat Valenciana. En Utiel está parado el centro del transporte, un área logística de la que se conoce muy poco más aparte de su nombre. También siguen paralizados los proyectos para la construcción de una estación intermodal en Requena o un centro comercial. Nada se sabe de la Ciudad del Motor de Cheste, un polígono terciario de ocio que contemplaba la construcción de zonas de hoteles, espacios para ubicar concesionarios de vehículos nuevos y de ocasión y tiendas de accesorios deportivos. Además de estos establecimientos está previsto incluir una zona con restaurantes, bares y espacios de recreo.


* Levante - 2.10.11
Foto: Valencia, proyecto torres Calatrava - levante

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Málaga.- Diez años de urbanismo en el banquillo

SUR* : La alegría económica con la que comenzó el milenio lanzó al galope a la construcción y el ladrillo se convirtió en una suculenta y fácil fuente de ingresos para las arcas municipales. La tentación del enriquecimiento personal se fraguó en escándalos de proporciones mayúsculas como en el caso de Marbella, con alcaldes, exalcaldes y concejales en la cárcel. Otros regidores de la provincia, sin excepción de color político, aplicaron con demasiada manga ancha la normativa urbanística y, sin llegar a meter la mano en el cajón, contribuyeron unas veces de forma activa y otras haciendo la vista gorda a la construcción de miles de edificaciones ilegales que en algunas zonas, como en la Axarquía, han supuesto una notable alteración paisajista y de los recursos medioambientales, que la Junta de Andalucía ahora tiene intención de regularizar. Ninguna comarca de la provincia se salva. Todas tienen en su haber al menos un alcalde encausado o condenado.
El modelo urbanístico de una década ha hecho aguas y se sienta ahora en el banquillo de los acusados. El 'caso Malaya', el más emblemático, está en pleno enjuiciamiento. Pero en los tribunales esperan una larga lista de procesos, a los que se siguen sumando nuevos casos. El último esta semana, en Ronda, con la detención del exalcalde Antonio Marín Lara y tres ediles que finalmente han presentado su dimisión. Al igual que en Marbella, el rumor de las corruptelas sonaba insistente desde hacía tiempo en la Ciudad del Tajo.

¿Fallaron los controles? ¿Se miró para otro lado? Mecanismos, desde luego, había. Junta de Andalucía, Diputación, partidos políticos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces... todos forman parte de un engranaje social que abordó el problema sólo cuando el mal ya estaba extendido. Y entonces comenzaron a saltar todas las alarmas.
«Sí, no solo han fallado los controles de los partidos políticos, también los administrativos. En la época dorada del urbanismo, la Junta de Andalucía se dedicaba a recaudar los impuestos patrimoniales y no se puso coto. Y los ayuntamientos hicieron caja y a vivir por encima de sus posibilidades. Estaban obnubilados por el vellocino de oro del urbanismo», critica el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro.
Para el presidente del PP, Elías Bendodo, que no entra a valorar directamente los casos de corrupción, «ha habido una falta de planificación estratégica. Se ha dejado de hacer a todo el mundo y esto ha tenido consecuencias negativas, con un modelo de urbanismo desordenado y con la Junta de Andalucía mirando para otro lado».
Y desde la Junta, blanco de los disparos políticos, el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, devuelve la pelota al tejado de los ayuntamientos: «Nosotros velamos por el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, pero hay que recordar que las competencias en materia de disciplina urbanística corresponden a los ayuntamientos». Asimismo recuerda que en el año 2005 se creó la Dirección General de Inspección, que «cuenta con recursos humanos adecuados, y que mantenemos una línea abierta de comunicación con la Fiscalía y elaboramos informes puntuales a petición suya», añade.
La Fiscalía tampoco se ha librado de los ataques, por su lentitud a la hora de actuar. «Si hay alguien adelantado en la lucha contra la corrupción ha sido el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente y la Anticorrupción. Sin embargo la corrupción ha sido amparada increíblemente en algunos casos por la ciudadanía con su sufragio y los resultados están ahí», afirma el fiscal jefe Antonio Morales, quien reconoce, no obstante, que «se debe hacer autocrítica porque siempre se podría haber hecho mejor».
La Justicia, en general, ha sido reprobada en muchas ocasiones, aunque también ha tenido intervenciones que han merecido del aplauso general, como la del juez Miguel Ángel Torres en el 'caso Malaya'. Al igual que la Fiscalía, se le ha achacado una actuación tardía. «Los jueces actúan cuando les llega la denuncia de la policía, de la Guardia Civil o la querella de un particular. Y así lo han hecho. Creo que la sociedad en general ha reaccionado un poco tarde», afirma el que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga durante nueve años, Francisco Arroyo Fiestas.
La proliferación descontrolada de construcciones irregulares provocó en 2009 una actuación singular del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes peinaron por orden alfabético pueblo a pueblo toda la provincia buscando irregularidades. Esta actuación puso de manifiesto que al final de la década ni una sola comarca de la provincia de Málaga faltaba en el mapa de la corrupción y de las irregularidades urbanísticas.
Ha sido el último golpe contra la corrupción urbanística, pero no ha sorprendido. Al igual que ocurrió en Marbella, en Ronda se veía venir. Eran muchas las denuncias, sobre todo de colectivos ecologistas y de Izquierda Unida, alertando de las presuntas irregularidades en el urbanismo del municipio. El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, un tránsfuga declarado acogido en las filas del PSOE, se encuentra en el ojo del huracán de la 'operación Acinipo'. El jueves fue puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros. También están imputados tres concejales socialistas que ya han dimitido. Las investigaciones se centran en tres operaciones, entre ellas la polémica urbanización Los Merinos.
Poco más dos años separan las operaciones estrellas de la Fiscalía Anticorrupción en la Costa del Sol. 'Malaya' (2006) lleva un año de juicio, con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sentado en el banquillo de los acusados, junto a él otras 94 procesados, entre ellos los exalcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, funcionarios, así como señalados empresarios de la construcción. Herederos del gilismo son también algunos de los imputados en la trama de Estepona. 'Astapa' (2008) llevó a la cárcel al entonces alcalde socialista Antonio Barrientos y a tres antiguos concejales gilistas que se presentaron a las elecciones bajo las siglas PES (Partido de Estepona), pactando la alcaldía para el PSOE. 'Astapa' se encuentra aún en fase de instrucción. Por otro lado, el exalcalde de Manilva, el independiente, Pedro Tirado, detenido en 2005, está aún pendiente de juicio.
El 'caso Almexia' (Almogía en árabe) saltó en 2009, en una intervención del Seprona, que registró el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura. Están imputados el alcalde socialista Cristóbal Torreblanca y otras quince personas, entre ellas el arquitecto, el secretario municipal y dos policías locales.
La construcción de más de 11.000 casas ilegales (22.000, según los ecologistas) durante los últimos años está pasando factura a numerosos exalcaldes y exediles, aunque de momento al único que se le acusa de corrupción es al exregidor socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba. En la 'operación Arcos' (2009), la Guardia Civil halló 160.000 euros en su casa, debajo de un colchón. Martín Alba fue a prisión y dimitió como alcalde. En las elecciones municipales del pasado mayo, se presentó como independiente y salió elegido concejal. Hasta la fecha han sido inhabilitados por delitos urbanísticos el exalcalde de Arenas, Victoriano García Cuadrada (IU); el exalcalde de Cómpeta (dos condenas), Leovigildo López (PP); el exalcalde de Canillas de Albaida, Gregorio Díaz (PP); el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE); el de la Viñuela, Juan Millán (PSOE), y el de Salares, Jorge Luis Fernández (PP).
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, anunció en febrero de este año que la Junta estaba trabajando en la elaboración de un decreto para facilitar la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía. En la provincia se estima que unas 50.000 edificaciones están fuera de la ley.
El 'caso Troya' (2007) ha llegado ya a juicio. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de urbanismo, están acusados de recibir dinero a cambio de favores urbanísticos. Martín Serón, que está en libertad bajo fianza y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, sigue ocupando la Alcaldía, cargo que revalidó con mayoría absoluta en las elecciones de mayo. El pasado viernes negó en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial tener que ver con este asunto.
El otro gran caso de esta comarca es el de Tolox. Su alcalde, Juan Vera (PA), tiene nueve juicios pendientes por la construcción irregular de unas 2.000 viviendas. Este asunto se remonta a 2006, cuando Obras Públicas de la Junta denunció el caso ante la Fiscalía . Dos exalcaldes de IU, el de Alozaina, Antonio Blanco, y el de Carratraca, Óscar Romero, fueron condenados a inhabilitación y dimitieron. Están pendiente de juicio el exregidor de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), y el de Guaro, Sebastián Rueda (PSOE).


* Sur - 02.10.11 - MONTSE MARTÍN
Foto: Axarquía (Málaga), urbanismo salvaje - laopiniondemalaga.es

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Alicante.- Diccionario de la corrupción

ELPAÍS* : Los principales protagonistas y términos de las tramas del ‘caso Brugal’.
Alicante. La sociedad alicantina ha pasado en un año del ficticio glamur dimanante de la burbuja inmobiliaria a ver como los tres pilares básicos del sistema (político, empresarial y financiero) resultaban salpicados por supuestos casos de corrupción, en su mayoría por tramas vinculadas al urbanismo.
Brugal. Nombre con el la Policía comenzó en marzo de 2007 a investigar en La Vega Baja una supuesta trama vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Las iniciales pesquisas policiales desembocaron en una mayúscula confabulación, con una veintena de ramificaciones y más de un centenar de implicados, entre imputados y acusados. El sumario ocupa más de 40.000 folios.
Contratas. Las contratas de la basura protagonizan la mayor parte de las tramas destapadas por la investigación del caso Brugal. Las dos más relevantes son un supuesto cohecho por la planta de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicada por la Diputación, y el amaño de la contrata del municipio de Orihuela.

Delitos. La investigación inicial apuntó a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión. A medida que avanzó, el fiscal incorporó otros tipos penales como prevaricación, uso privilegiado de información, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Escuchas. El grueso del proceso se deriva de la incautación de grabaciones que el empresario Ángel Fenoll realizaba en la sede de su empresa y de los pinchazos telefónicos posteriores a los investigados entre mayo de 2007 y junio de 2010.

Fenoll. Ángel Fenoll es el empresario hegemónico del negocio de la basura en La Vega Baja y está imputado en al menos diez de la veintena de causas en las que se desgajó el sumario principal. Su principal imputación se deriva del supuesto regalo de dos pisos o su equivalente en un millón de euros al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll.

Gregori. Rafael Gregori es el intermediario clave, según la investigación. Estuvo en contacto con Fenoll, Ortiz y Ripoll para conseguir el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal y entregar la contraprestación al político. También es empresario de la automoción y está imputado en otra causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros.

Hermanos. La trama del caso Brugal incluye la participación de familiares directos de los implicados, entre los que destaca el abogado hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo. En esta línea se encuentran las esposas de Ripoll y Ortiz y Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como casi todo el clan familiar de Fenoll.

Instituciones. Las dos principales instituciones salpicadas por el caso son el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, además de otra docena de Consistorios de la provincia, entre los que destacan Orihuela, Benidorm y Calp.

Gutiérrez. Exedil socialista de Alicante que se asoció con el hermano de la alcaldesa de la ciudad para convertir Salvetti Abogados en el puente entre Alperi y Ortiz y el Ayuntamiento y, supuestamente, obtener información privilegiada del Plan General.

Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es considerado por la Policía y el fiscal como uno de los instigadores de la trama para amañar el PGOU. Alperi todavía no está imputado por el juez dada su condición de aforado. La investigación sostiene que se valió del despacho Salvetti para consumar sus propósitos a cambio de jugosas dádivas de Ortiz. Entre los regalos sobresale un viaje a Creta en avión privado.

Ministerio público. La acusación del caso Brugal la inició y la ejerce en las causas más relevante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El registro del despacho de Castedo y Gutiérrez descubrió la existencia de un archivo con datos sobre la vivienda particular del acusador público.

Ortiz. El empresario Enrique Ortiz es uno de los cabecillas de las dos principales tramas del caso, la de la basura y la del PGOU de Alicante. Está imputado en ambos, en el primero por un supuesto cohecho de un millón de euros a Ripoll y en el segundo por un amplio abanico de cohechos a diferentes cargos del PP, entre ellos Alperi, Castedo o el exconsejero de Infraestructuras, Mario Flores.

PGOU. El Gobierno del PP alicantino comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hace una década. Sin embargo, tras despedir al primer redactor, Lluís Cantallops, en 2008 comenzó la recta final de su elaboración hasta que fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2010. En este periodo de tiempo, la Policía y el fiscal destaparon el intento de amañarlo para favorecer intereses particulares de Ortiz.

Quesada. Jesús Quesada fue el arquitecto a quien se le adjudicó en febrero de 2007 la finalización del Plan General a través de la empresa Laboratorio de Proyectos. Este profesional esta imputado en la causa y reconoció haberse reunido con Ortiz atendiendo los requerimientos de la alcaldesa, Sonia Castedo.

Ripoll. El juez que instruye la causa de la adjudicación de la contrata del plan zonal de basura de La Vega Baja imputa al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, cinco delitos derivados de la concesión de la planta de basura comarcal. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias, uso privilegiado de información, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fue arrestado por la Policía y registrado su domicilio en julio de 2010.

Castedo. La alcaldesa de Alicante está acusada por el fiscal por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada tanto en su condición de edil de Urbanismo como de regidora desde septiembre de 2008. Su imputación, al igual que la de Alperi, depende del TSJ porque su condición de diputado autonómica desde mayo de este año la mantiene aforada.

UDEF. Esta unidad policial, especializada en delitos fiscales y económicos, asumió la carga de la investigación. Una decena de agentes llegados de Madrid se repartieron los horarios para realizar un minucioso seguimiento de los pasos de los principales investigados.

Viajes. El modus operandi más común de los dos principales empresarios implicados en la trama, Ortiz y Fenoll, era agasajar a los políticos con una aluvión de regalos. Fenoll optó preferentemente por la entrega de dinero en efectivo y Ortiz, en cambio, prefirió colmarlos con regalos de lujo coincidiendo con las fiestas de Navidad o viajes, en el caso de Sonia Castedo. La regidora mostró la factura de uno de ellos a Andorra, pero lo hizo un día después de que trascendiera la acusación del fiscal.

Yates. En el yate de Enrique Ortiz, llamado Elena, viajaron a cuerpo de rey Alperi, Castedo y Ripoll por las Islas Baleares. El empresario colmó de detalles las travesías en su lujoso barco, que incluso sirvió como base de peraciones estando atracado.


* El País - SANTIAGO NAVARRO / ARTUR BALAGUER Alicante 2 OCT 2011
Foto: Aznar, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo en una foto de la web de la Fundación Cultura Pública de Alicante - elpais

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Los detenidos por la vivienda digna vuelven al banquillo cinco años después

DIAGONAL* : Nueve de las 21 personas detenidas en la segunda sentada por la vivienda digna, en el año 2006, se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel por presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Después de cinco años de espera y de restricciones a la movilidad, este lunes pasarán por la vista oral para responder de unas acusaciones que los grupos de apoyo consideran un montaje.
Cuando se cierre la segunda sesión, el martes, el juicio habrá quedado visto para una sentencia que puede tardar unos diez días en llegar, según la defensa de una de las encausadas. Las dos sesiones tendrán lugar en los juzgados de la calle Julián Camarillo, 11, en la sala 16. Ambas sesiones son públicas, por lo que el grupo de apoyo está solicitando que se presente el máximo número de gente posible para llenar los 50 asientos de la sala.
“El único ’delito cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle”, asegura en su comunicado la asamblea de apoyo a las personas detenidas.

Una interpretación a la que se ha sumado también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en su llamamiento a la manifestación por el derecho a la vivienda del 25 de septiembre expresaba su “total apoyo a los 9 detenidos/as en las manifestaciones por una vivienda digna de 2006” y la “repulsa al montaje policial”, además de pedir la absolución para todo el grupo.

El grupo de apoyo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 1 de octubre bajo el lema “Por la libertad de expresión, basta de represión: absolución detenid@s por una vivienda digna”. La marcha comenzará a las 18 horas en la Plaza del 2 de mayo y terminará en la plaza de Lavapiés. La protesta, junto con una jornada de apoyo en el centro social la Tabacalera, culmina una serie de acciones de difusión iniciadas desde esta primavera, que han incluído una activa presencia en las comisiones de vivienda de las asambleas populares del 15M, la edición de un comic de denuncia sobre lo sucedido y la participación en la marcha de los hogares hipotecados del domingo 25.


* Diagonal - 30.09.11
Foto: Vivienda digna, manifa contra detenidos 1Oct - diagonal

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