ELPAÍS/Alicante* : La decisión de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de elevar en un 55% la edificabilidad en la actuación urbanística en El Plantío de Alicante recibió ayer numerosas críticas. El departamento que dirige Juan Cotino ha autorizado la declaración de interés comunitario (DIC) que permitirá ampliar en esta zona de la partida de Bacarot el actual campo de golf y 200 apartamentos con un segundo campo, un hotel de cinco estrellas y más apartamentos.
El portavoz del Grupo Socialista municipal de Alicante, Roque Moreno, criticó que la decisión "pisotea" las sentencias de un tribunal de Alicante y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en 2006 anuló la intención del Ayuntamiento, del PP, de autorizar 22.500 metros cuadrados en esta zona para urbanizar y los rebajó a 14.500 metros cuadrados.
Esquerra Unida recurrirá la DIC y consideró "escandaloso" que se apruebe al margen del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) lamentó un proyecto de lujo que "contrasta con la falta de infraestructuras" en esta zona de Alicante.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Imagen del actual campo de golf y las viviendas anexas en la partida de Bacarot. PILAR CORTés - diarioinformacion.com
El Consell da un 55% más de edificabilidad en El Plantío
Proponen crear Maracaibo Oeste otra vez
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NOTICIAALDÍA/Venezuela* : Para algunos es una utopia, para otros un proyecto inviable, pero para otro gran número de personas representa la esperanza de mejorar significativamente su calidad de vida; lo cierto es que desde hace varios años, los habitantes del oeste de Maracaibo, han escuchado un vaivén de propuestas para crear un nuevo municipio. Hoy esa idea nuevamente toma forma y cobra cada vez más respaldo de la población marabina.
Freddy Araujo y Carlos Contreras, miembros de la Comisión Promotora Pro Creación del Municipio Maracaibo Oeste, visitaron Noticia Al Día para compartir su visión sobre la posibilidad de conseguir verdaderas mejoras en los servicios públicos, conservación del ambiente y calidad de vida para los habitantes de las ocho parroquias que conforman la zona oeste de la capital zuliana.
Araujo se refirió al histórico abandono en el que los gobernantes han mantenido a las parroquias Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Raúl Leoni, Luis Hurtado Higuera, San Isidro y Francisco Eugenio Bustamante.
“En Maracaibo viven 1 millón 800 mil personas, de la cuales 1 millón viven en estas parroquias, es decir más de la mitad, y no puede ser que siendo así, está sea una zona sumamente desasistida, con enormes carencias en los servicios públicos y en planificación urbanística” declaró Araujo.
Araujo, manifestó que los habitantes de Maracaibo Oeste, debían trasladarse largas distancias para acceder a organismo nacionales “No hay Onidex, ni una oficina de transito para sacarse la licencia de conducir, con nuevo municipio se tendrían que crear este tipo de oficinas en la zona”.
En ese sentido, Araujo expresó que están cumpliendo con una serie de pasos para que el proyecto se vuelva una realidad “Presentaremos la propuesta nuevamente ante el CLEZ, a la autoridades nacionales, al Ministerio de Planificación y venimos recorriendo los consejos comunales y juntas vecinales de las ocho parroquias, para explicarles en que consisten y consultando a la población sobre el tema”.
Por su parte, el sociólogo Carlos Contreras narró que el 23 de mayo de 2003 el Consejo Legislativo del Estado Zulia, sancionó la propuesta, más no fue promulgada por el gobernador y un sector de la sociedad se encargó de introducir un recurso ante el TSJ, el cual dictaminó que no estaban dadas las condiciones para crear este nuevo municipio.
No obstante, Contreras enfatizó que actualmente las condiciones socio-políticas están dadas para se produzca éste cambio, y se reestructure la conformación geopolítica del municipio.
De la misma manera, Contreras explicó que la creación de este municipio mejoraría de un 80 a un 100% la calidad de vida de sus habitantes, ayudaría a la preservación del ambiente y crearía mecanismos de asignación de recursos.
El sociólogo, manifestó que harán un profundo estudio de aceptación en la población, y que el gentilicio “Marabino, Maracucho o Maracaibero” no se verá afectado por está división.
Como parte de los beneficios que tendría la propuesta de ser aprobada, sería la adecuación del parque Las Pionías “Las personas tienen que ir hasta la Vereda del Lago, para recrearse; igualmente la construcción de un Hospital tipo 4, como el general del Sur, el diseño de un modelo de transporte eficiente, un plan de desarrollo urbano ajustado a la realidad de está zona, y la conformación de una zona industrial que genere empleo”. Concluyó Araujo.
* Noticia Al Día - Abraham Corona - 14.05.10
Foto: Maracaibo (Venezuela) - fotopaises.com
Un magistrado del Supremo da dos meses para cumplir la sentencia de Las Teresitas
LAOPINIÓN/Tenerife* : El magistrado del Tribunal Supremo (TS) y uno de los ponentes de la primera sentencia que anuló la compra-venta de las parcelas de Las Teresitas, Rafael Fernández Valverde, ha considerado que la última sentencia, publicada a finales de abril, y que ratifica esta anulación, "está muy clara" y que por tanto "hay que cumplirla antes de dos meses". Así lo declaró ayer el magistrado a Acn Press este viernes tras participar junto al catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, en un debate sobre el cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados, debate que tuvo lugar en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Ponente
Fernández Valverde ha sido uno de los ponentes que participó en la redacción de la sentencia de mayo de 2007 que anuló la compra-venta por 52,4 millones de las parcelas cercanas a la Playa de Las Teresitas.
Esta sentencia, tras numerosos recursos presentados por las partes, fue ratificada a finales de abril. La nueva decisión jurídica dictaminó la ilegalidad de esta compra-venta, al no contar con informes de arquitectos municipales para contrastar la tasación del valor de los terrenos. Esta última sentencia está, a juicio de Fernández Valverde, "muy clara", lo que en teoría supone que ILT debe devolver los 52,4 millones que le pagó el Ayuntamiento, y la institución municipal entregar a la empresa, participada por Ignacio González y Antonio Plasencia, las parcelas que adquirió. Velázquez recordó que por ley, las sentencias del TS deben cumplirse antes de los dos meses de su publicación, lo que supone que el plazo para su cumplimiento expira el próximo 21 de junio.
Padrón, por su parte, consideró que todo lo referente a este entramado judicial "está patas arriba". De hecho, el ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, estima que la decisión de remitir la ordenación de este espacio a un plan especial. "Es tan sólo una manera de intentar centrar el asunto".
Para Padrón tras la sentencia del TS que anula la compraventa, "aquí queda claro que el planeamiento va por un lado, la compra va por otro y el convenio va por otro más". El catedrático no pudo confirmar en qué medida influirá en la resolución de todo el conflicto urbanístico de Las Teresitas la causa penal que mantiene imputados al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, pero sí dijo que "aquí todo actúa como un vaso comunicante".
El catedrático dijo desconocer el asunto como para adelantar una solución. "Este contencioso judicial tiene tantos frentes abiertos a la vez que ahora mismo me resultaría imposible adelantar una salida que sea lógica". Padrón descartó, la vía de la expropiación pactada con los antiguos propietarios de los terrenos, según el valor que tenían len el año 2001 cuando se podía edificar en los mismos.
En el caso de la sentencia de Las Huertas que obliga a devolver las parcelas a sus legítimos propietarios, Padrón dijo que es inejecutable. El catedrático se refería al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a llevar a cabo una indemnización económica al dar por imposible la restitución física de las parcelas a los afectados.
Además, en el auto que marca la forma en la que se debe ejecutar la sentencia que dio la razón a los antiguos propietarios de Las Huertas, el TSJC se niega a paralizar las obras de urbanización que se están llevando a cabo en este entorno y da por bueno el principio de actuación de buena fe por parte de la empresa promotora.
* La Opinión Tenerife - 15.05.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
El juez ordena derribar la casa de un funcionario de urbanismo de Gondomar
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LAVOZ/Pontevedra* : El TSXG ha emitido una sentencia firme por la que anula definitivamente la licencia que permitió a un técnico del departamento de Urbanismo de Gondomar construir una vivienda unifamiliar en la parroquia de Donas. El fallo implica la demolición de la casa para devolver el terreno a su estado original. La decisión judicial se sustenta en que el gobierno municipal otorgó el permiso de obra conforme al Plan General del año 97 en un momento en el que este planeamiento ya estaba anulado por los tribunales de justicia.
La junta de gobierno local se reunió un 16 de enero del año 2006 para adoptar el acuerdo de la concesión de la licencia.
Los regidores locales sabían entonces que no existía ningún planeamiento en vigor, pero aún así otorgaron el permiso a los solicitantes.
El beneficiario de aquella licencia, que después se convirtió en víctima de una decisión municipal errónea, fue el auxiliar administrativo que trabaja precisamente en el departamento de Urbanismo, Jaime Fernández y familiares, que con aquel permiso fraudulento comenzaron la edificación de la vivienda en el barrio de Cruceiro confiando en que contaba con todas las garantías legales.
Pero lo que no esperaba es que unos meses después vecinos del entorno por rencillas personales presentaron una denuncia urbanística en el Ayuntamiento.
Las autoridades locales hicieron caso omiso de esta denuncia, por lo que los demandantes se vieron obligados a interponer un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Vigo.
Y los tribunales les han acabado dando la razón. Una licencia concedida conforme a un plan general anulado judicialmente no tiene ninguna validez y, por tanto, hay que demoler las obras realizadas conforme a dicho permiso, es lo que ha venido a decir el juez en su resolución.
Existe un primer fallo del 29 de febrero de 2008 del juzgado de lo contencioso número 2 de Vigo, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Se da la circunstancia de que el propietario afectado, tras demoler la vivienda, podría volverla a construir con un nuevo planeamiento aprobado. El funcionario de Urbanismo, antiguo secretario personal del ex-alcalde Ramón Sestelo, rehusó ayer hacer ningún tipo de declaración sobre la sentencia. De todas las viviendas ilegales que concedió el anterior gobierno de Carlos Silva, es la única que recibió una denuncia urbanística.
* La Voz de Galicia - 15.05.10
Foto: El Ayuntamiento de Gondomar lleva años viviendo una situación irregular. El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Urbanismo del 97, por una denuncia que fue interpuesta por el grupo socialista. El gobierno local consideró que su planeamiento continuaba siendo válido mientras no se resolvieran todos los recursos y continuó otorgando licencias de obra. Más de 300 permisos de construcción fueron declarados posteriormente ilegales. - lavozdegalicia.es
El Ejido adjudica otra batería de obras del Plan E a una empresa de Lirola, imputado en el caso 'Poniente'
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IDEAL/Almería* : El Ayuntamiento de El Ejido ha adjudicado una segunda batería de obras por un importe total de 243.520 euros con cargo a fondos del Plan E a la empresa en la que figura como administrador José Carlos Lirola López, en libertad bajo fianza tras su detención en diciembre de 2009 junto a sus dos hermanos en el marco de la operación 'Poniente' contra una presunta trama de corrupción en el municipio. La decisión adoptada en la última reunión de la junto de gobierno, según informó el Consistorio en una nota que detalla casi un millón de euros en inversiones, se suma a la adjudicación hace apenas un mes de otras cuatro actuaciones con financiación estatal y por un valor económico muy similar, en concreto 243.470 euros.
Ingeniería y Obras Lirola SL será la encargada de dotar de suministro eléctrico y fibra óptica al pabellón de deportes, la piscina cubierta y edificio municipal ubicados en la Avenida Nicolás Salmerón, así como de mejorar el ya existente para el centro de usos múltiples y consultorio de Salud en Santo Domingo y Las Norias.
La sociedad, que según consta en el registro se constituyó el pasado día 9 con un segundo administrador, cuenta también tras la aprobación de los ediles del PAL con la contratación, entre otras, del suministro y los trabajos necesarios para la conexión mediante fibra óptica de las comunicaciones entre los principales edificios municipales.
Además, dotará de esta nueva tecnología a la Casa Consistorial, la Casa del Deporte, el Teatro Auditorio y el nuevo edificio donde se ubica la Jefatura de la Policía Local, la concejalía de Servicios Sociales y Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM).
La empresa se encarga también de la obra para mejorar el suministro eléctrico en el centro de usos múltiples de Las Norias, en el centro de usos múltiples y el consultorio de la barriada de Santo Domingo o la instalación de un centro de transformación de media tensión para el pabellón, la piscina y el edificio municipal del antiguo Ejidomar.
* Ideal - EP. - 14.05.10
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
Lo público y lo privado: ya está bien
PEDRO L. ANGOSTO* : Después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la instauración en Europa del modelo socialdemócrata, los Estados montaron empresas de todo tipo que competían directamente con las privadas. Pasaron esos tiempos y hoy los Estados de la Unión Europea –excepción hecha de Francia, que conserva participaciones mayoritarias en muchas de sus grandes corporaciones- raramente se dedican a fabricar barcos comerciales, automóviles, planchas de acero, hormigones, periódicos o zapatos. Se comprende que esos sectores nada tienen que ver con los servicios públicos y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada. Sin embargo, estos movimientos casi nunca terminan en el punto justo, tal vez porque se necesite más tiempo para ello, tal vez porque se ha criticado tanto lo público a escala planetaria, que hoy lo privado parece, y no lo es siempre, sinónimo de buen servicio y eficacia.
Nadie mejor para promover una industria de conservas vegetales, una cadena de supermercados, un periódico, una fábrica de ordenadores o de bicicletas que un grupo de personas con iniciativa, ideas y capital siempre que su peso económico no los lleve a crear un oligopolio; nadie mejor que un agricultor o ganadero –protegido por el Estado de los carroñeros que tanto anidan por estos y otros pagos- para producir fresas, melocotones, cereales, leche o carnes de calidad. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es que los planes de ordenación urbana de las ciudades los hagan empresas privadas, que los expedientes y la concesión de títulos académicos puedan estar en manos de gestores privados, que la seguridad, la sanidad y la educación pública se hayan convertido en una fuente de enriquecimiento inagotable para los agraciados con el reparto de premios que las distintas Consellerías hacen periódicamente, que los bancos y los especuladores puedan jugar con el futuro de un país, de un continente o del planeta.
Pues bien, visto lo visto, creo que hay que poner coto a tanto desenfreno y delimitar perfectamente que actividades corresponden al sector privado y cuales al público. En nuestra opinión, al privado pertenecen todas aquellas que comporten iniciativa e innovación, que auguren un beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, todas las que no afecten a los intereses y derechos colectivos de la ciudadanía. Por el contrario, al Estado, corresponde, irrenunciablemente, la elaboración de las leyes que rigen la utilización del suelo, la seguridad ciudadana mediante la dotación necesaria de funcionarios de policía y de jueces; dar una enseñanza pública de calidad; dotar a la sociedad de los servicios sanitarios públicos que demande y ampliar las infraestructuras de todo tipo –autovías, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, redes de agua potable y de riego, suministros energéticos…-; ofrecer una banca pública de calidad, controlar las transacciones comerciales y, en fin, todas aquellas actividades que, relacionadas con los servicios públicos y el bien común, no depararían beneficio alguno para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan los presupuestos del Estado.
La privatización de la seguridad ciudadana, de la planificación urbanística, de la sanidad, de las pensiones y la educación está en el origen de la corrupción y supone un serio atentado contra uno de los artículos básicos de nuestra Constitución, el artículo catorce que dice así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se conculca ese inalienable derecho cuando el noventa por ciento de los emigrantes se concentran en escuelas carentes de los más elementales medios; cuando hay alumnos que se educan en centro subvencionados por el Estado que poseen lujos innecesarios mientras otros lo hacen en barracones, cuando se hacen convenios con empresas sanitarias, que nada arriesgan, para que construyan o gestionen nuevos hospitales, mientras los grandes centros hospitalarios públicos del país –que son los mejores del mundo si tenemos en cuenta el número de transplantes, de operaciones de alto riesgo que realizan y el éxito obtenido- se ven privados de medios para eliminar las insoportables e injustas listas de espera, cuando es el sector privado el que diseña a su medida la ordenación del suelo, cuando se transfiere parte del cuidado de nuestra seguridad ciudadana y de nuestras libertades a empresas que forman y pagan mal a sus empleados, mermando además la esencia del propio Estado, único constitucionalmente autorizado para ejercer la fuerza.
La iniciativa privada es imprescindible para el normal desenvolvimiento de la economía, lo que nadie puede pretender es que el beneficio de un número indeterminado de empresas provenga de los presupuestos del Estado menoscabando su razón de ser y la justicia social. Hoy, más que nunca, después de la experiencia neoliberal que nos ha llevado al borde de un abismo descomunal, es necesaria la presencia del Estado no sólo para reactivar la economía, sino para retomar las funciones que le son propias e impedir que delincuentes de guante blanco nos vuelvan a meter en cenagal semejante. Espero que hayamos aprendido la lección, también que los responsables, los predicadores de la privatización de todo, de la ingeniería contable, de la especulación inmobiliaria y financiera, de la destrucción de la economía productiva, previo juicio justo, ocupen el lugar que merecen, que no es otro que la cárcel: Aquí hay responsables, con nombres y apellidos. No sería justo ni ético que se les permitiese ver la tempestad desde cualquier paraíso fiscal mientras millones de personas nadan sin flotador tras el naufragio por ellos provocado. Causar ruina es un delito monstruoso, especular con el hambre, auspiciar la explotación, la destrucción del Estado del bienestar, su paralización, son delitos mucho más graves que los que han cometido la mayoría de los presos que se encuentran a la sombra en nuestras cárceles. Es necesario que en esos lugares comiencen a entrar los responsables de la miseria, el miedo y la usura. De una vez por todas, los estafadores, los del dinero fácil, los canallas, los desaprensivos de misa diaria, los corruptos de cualquier tipo pasen una temporada tras las rejas o resarciendo a la sociedad, siquiera mínimamente, del inmenso daño que le han causado.
No olvidemos que uno de los motivos principales por los que hoy está siendo sometido a vejación, humillación y oprobio uno de los mejores jueces del mundo, el juez Baltasar Garzón, es por haber destapado la trama Gurtel y tratar de acabar con la impunidad franquista: Es decir, por acabar con la corrupción y hacer valer el imperio de la Ley. Si queremos regeneración y cambiar nuestra sociedad para dejarla mejor a quienes vengan detrás, es preciso comenzar a limpiar la casa sin ningún tipo de tibiezas.
* El Plural - Tribuna - 13.05.10
