MADRIDIARIO* : Esperanza Aguirre insiste a Ruiz-Gallardón de lo idóneo de una 'desamortización' de edificios municipales, a pesar de la crisis del mercado inmobiliario. El Estado no ve razonable disponer del patrimonio de todos los madrileños para pagar deudas. La presidenta regional está estudiando un plan similar que consiste en trasladar sedes regionales no relacionadas con la atención al público a zonas más baratas de la capital para ahorrar. El alcalde guarda silencio. La mejor solución es jugar al Monopoly. Parece que esa es la solución de la presidenta regional Esperanza Aguirre para las pulgas que le salen a Alberto Ruiz-Gallardón en las flaquezas de su presupuesto. La jefa del Ejecutivo regional le propuso este jueves al primer edil vender algunos de sus "cientos de edificios" en el centro de la capital para obtener el dinero suficiente con el que hacer frente al pago de proveedores, tras la negativa de José Luis Rodríguez Zapatero a que el alcalde refinancie su deuda financiera. Y este viernes insiste. Ayudaría si pudiese al Ayuntamiento a reducir su deuda pero el Ejecutivo autonómico "no tiene competencias para hacerlo"
La venta de edificios es la solución que propone la región. Edificios como la Casa de Cisneros, el Palacio de Cibeles, la Casa del Reloj, el cuartel del Conde Duque o las Áreas de Medio Ambiente y Urbanismo son platos apetitosos para las inmobiliarias. De hecho, la presidenta se aplica el cuento y ha anunciado que estudia un plan para trasladar las sedes regionales que no atiendan al público a zonas de Madrid más baratas. Así se ahorran alquileres como el de la consejería de Medio Ambiente, Deportes o Empleo y Mujer.
En busca de liquidez
El alcalde guarda silencio ante la supuesta mano tendida de Aguirre a que siga sus tesis, que en algunos sectores municipales se considera como una auténtica bofetada. La presidenta del PP de Madrid achaca a Zapatero que impedir a los municipios refinanciar su deuda es discriminatorio, incomprensible y tendrá consecuencias perversas. Principalmente, provocar que las empresas acreedoras tengan que despedir a gente e incluso cerrar. La misma argumentación que la del alcalde, que no se hace responsable de lo que pueda pasar.
El punto débil de la argumentación de Esperanza Aguirre es que la venta de edificios públicos en plena crisis sólo provocaría que el patrimonio municipal se redujese de forma drástica porque tendrían que deshacerse de auténticas joyas inmobiliarias en el centro de Madrid a precio de ganga. A eso se une la política de sedes que desde hace años mantiene el Ayuntamiento. Vendió algunas de sus principales sedes para alquilarlas o arrendar otras con el objetivo de obtener liquidez para sus arcas, al igual que han hecho importantes bancos y empresas. El Área de Hacienda o el de Familia y Servicios Sociales son dos ejemplos. Según los presupuestos municipales de 2010, el Consistorio ha invertido este año 121,7 millones de euros en arrendar edificios.
En esa línea va Elena Salgado, Ministra de Economía y Hacienda. Opina que "no sería razonable que se dispusiera el patrimonio de todos los madrileños para financiar los gastos" que el Ayuntamiento de la capital "debería reducir". En todo caso, Ruiz-Gallardón sí que tiene la posibilidad de hacerlo, a pesar de las trabas de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la del Suelo y el Reglamento de Bienes y Servicios de las Corporaciones Locales. El Ayuntamiento tendría que demostrar que esos bienes no le son necesarios, pero tendría que modificar su uso en el Plan General de Ordenación Urbana. Una vez vendidos los inmuebles, ese dinero no podría dedicarse a gasto corriente (el que debe el alcalde) pero sí a inversiones (como la M-30), liberando así dinero para otros menesteres como el pago a proveedores. El Ayuntamiento les debe 900 millones y arrojará 434 millones de déficit.
* Madridiario - 19.11.10
Foto: Madrid, cuartel del Conde Duque - artehistoria
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LEVANTE/Valencia* : Centenares de personas, unas 1.500 según fuentes de la organización, se manifestaron ayer en Utiel para exigir al Ministerio de Fomento el mantenimiento de la línea de tren regional Madrid-Cuenca-Utiel y pedir que el Consejo de Ministros la incluya en la lista de líneas de interés público, que se aprobará el próximo 30 de noviembre. La manifestación, con el lema "No al cierre de la línea; no a la supresión del servicio; que no decidan por nosotros", estuvo encabezada por el primer edil de Utiel, José Luís Ramírez, junto con la corporación municipal, y más de 20 alcaldes y diputados de municipios de Valencia y Cuenca.
La marcha comenzó a las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Utiel y concluyó en la estación de Renfe, donde el alcalde leyó un manifiesto. Ramírez destacó que el cierre de esta línea supondría "un perjuicio histórico", no sólo a Utiel, sino a toda la comarca y a varias poblaciones de Cuenca. Asimismo, incidió en que el tren de Alta Velocidad no suple esta línea regional, "ni en servicio ni en prestaciones". "Por encima de la rentabilidad económica está la rentabilidad social y el interés general" subrayó.
Según fuentes del consistorio, Fomento ha manifestado su intención de eliminar la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia, en su tramo desde Aranjuez a Utiel, ante la falta de pasajeros, la falta de adecuación de la vía y la futura puesta en marcha del AVE que conectará Valencia con la capital de España. El cierre afectaría a seis estaciones de la provincia de Valencia, 16 de la de Cuenca y cuatro de la de Toledo., con lo que más 80.000 personas se quedarían sin servicio de transporte por tren regional.
* Levante - 20.11.10
Foto: La manifestación de Utiel congregó a un importante número de vecinos - levante
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CANARIAS7* : La operación del Canódromo no respondió al interés general porque la valoración de la parcela que dio origen a la polémica operación fue sobrevalorada. Así lo señala el informe de conclusiones de la comisión de investigación que lleva dos años de trabajo y que será llevado a pleno este viernes. El Ayuntamiento sobrevaloró sin justificación aparente el precio del suelo de la operación Canódromo -que permitió ganar un parque en Schamann- y a raíz de ahí organizó un sistema de contraprestaciones que resultó lesivo para el interés público. Así al menos queda constatado en el informe de conclusiones de la comisión especial de investigación del Canódromo.
"De los tres informes técnicos municipales de valoración que se pronuncian sobre el valor de la parcela del Canódromo y la contraprestación a entregar a cambio del mismo, podría derivarse una sobrevaloración de la propiedad privada en claro detrimento del interés colectivo representado por esta Corporación, que los señalaría como el origen de la lesividad del convenio firmado", recoge el documento.
De hecho, se asegura que el Consistorio, liderado por José Manuel Soria, no tuvo en cuenta el polígono fiscal 26 para establecer la edificabilidad de la parcela. En virtud de ello, se delimitó "una zona en torno al Canódromo distinta a la prevista por la ley (...) motivo por el que el aprovechamiento de la parcela que debían valorar aumentó exponencialmente, y con ello el precio de la misma".
La comisión de investigación advierte en este punto que otras valoraciones hecha en el mismo lugar sí se ajustaron en cambio al polígono fiscal 26. "Lo anterior", prosigue el documento, "además de ser frontalmente contrario a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, entra directamente en contradicción con el resto de la práctica habitual". De hecho, la comisión ha detectado que "justamente un mes después de realizar su informe de 8/5/00 relativo al Canódromo, se elaboraron varias decenas de informes-valoración de parcelas ubicadas también en el mismo polígono fiscal nº 26 a efectos de su obtención por expropiación, donde sí se aplicó sin excepción la ponencia catastral de valores de 1995 (vigente desde 1996)".
Por eso, se concluye que hubo un "escaso interés en la defensa de los intereses generales".
* Canarias 7 - 20.11.10
Foto: La operación urbanística del Canódromo resultó «lesiva» para el interés público, según la investigación municipal - canarias7
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía ha bajado a cinco años la petición de cárcel para el ex encargado de control y vigilancias de zonas rurales de Cártama (Málaga) por un delito continuado de cohecho, al, presuntamente, pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Además, ha rebajado de 250.000 a 15.000 euros la multa solicitada, manteniendo la petición de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En cuanto al relato de hecho, ha eliminado uno de los casos en los que este acusado supuestamente solicitó dinero a una vecina. Asimismo, en uno los casos ha precisado que el afectado no llegó a dar dinero alguno, pese a que en la calificación inicial sí se decía que lo entregó; y en otro ha precisado que la cantidad presuntamente solicitada fue de 9.000 euros por cada una de las parcelas a las que supuestamente se ofreció a regular.
Respecto a los otros dos acusados, un vecino que supuestamente pagó y un intérprete, el fiscal ha mantenido las penas de prisión de un año y de inhabilitación por cuatro años por un delito de cohecho, aunque en el caso del primero ha rebajado la multa de 60.000 a 15.000 euros, manteniendo la petición de 10.000 euros para el otro.
La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Cártama, ha realizado las mismas modificaciones en sus conclusiones provisionales que el ministerio público en cuanto a las penas y los hechos enjuiciados, mientras que las defensas han mantenido sus escritos.
La Fiscalía sostiene que el principal acusado, "abusando de sus funciones" como responsable municipal del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales de Cártama, supuestamente se ofreció a hacer varias intermediaciones, constando al menos 10 casos, según el escrito.
El fiscal ha explicado en su informe final que "el mero ofrecimiento o la mera solicitud ya es constitutivo de delito", aunque el principal acusado negó que solicitara pagos para resolver problemas urbanísticos en su declaración ante el jurado popular, que ahora tendrá que deliberar y dar un veredicto.
* La Opinión Málaga . 18.11.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
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LAVOZ/Ourense* : La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado al alcalde de Melón, Alberto Pardellas Álvarez, del PP, a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. Pardellas construyó un polideportivo en la zona de influencia del monasterio de Santa María, bien de interés cultural (BIC), sin disponer de los permisos de Política Territorial y de Patrimonio. Desestima así la Audiencia la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Penal nº1 ourensano en la que se argumentaba que el regidor ignoraba la legalidad por carecer de formación urbanística, y calificaba de «menor entidad» las infracciones cometidas por el acusado.
Pardellas firmó, el 7 de octubre del 2004, el acta de comprobación del planeamiento de las obras del polideportivo, autorizó su inicio y decía que estaban amparadas por las licencias previas, «lo que no se ajusta a la realidad», sostiene la Audiencia. El 29 de diciembre del 2004, con las obras iniciadas, remitió el proyecto a Patrimonio para pedir el informe, al afectar el polideportivo a un BIC. El 4 de mayo del 2005, tras varios requerimientos del Valedor do Pobo, responde que las obras están detenidas. Lo estuvieron en un momento no preciso, pero se reiniciaron a fuerte ritmo en julio, lo que obligó a Cultura a paralizarlas el 20 de ese mes. El alcalde no obedeció hasta que el 10 de agosto terminó las obras.
Orden de demolición
El 3 de agosto del 2006 la Dirección Xeral de Urbanismo multó al Concello con 120.000 euros, mientras que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenaba en mayo del 2008 demoler el polideportivo. La obra permanece. La Audiencia insiste en que se realizó sin autorización de Política Territorial ni de Cultura e infringe la norma urbanística al ser un uso prohibido en suelo rústico. «No respetó la parcela mínima exigida ni el debido retranqueo», indica la Audiencia, para la que el acusado, en el momento de aprobar la obra, «sabía de la necesidad de tener los debidos permisos». «No puede invocar un involuntario error basado en la ignorancia», añade.
* La Voz de Galicia - 20.11.10
Foto: Melon (Ourense) - enlapuestadelsol
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ALIMARKET* : El impacto positivo que para la economía va a suponer la entrada de las renovables en el mundo urbano propiciada por la Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios (E-3) es la principal conclusión de la primera edición del encuentro Tendencias IPM en energía 2010, Eficiencia Energética en Edificios: Directiva y Financiación organizado por imedia press & market. Los datos son concluyentes. Más del 80% de la población reside en zonas urbanas cuyos edificios ya existentes producen el 27% de todas las emisiones de CO2 y más del 80% de estas viviendas seguirán en pie en 2050. Por este motivo, abordar la eficiencia de los edificios de las ciudades europeas se ha convertido en un factor vital para nuestro futuro. A pesar de que nuestras ciudades son los mayores centros de consumo de energía y de emisiones de CO2, su diseño, sin embargo, no atiende a criterios de eficiencia energética. Actualmente, los desarrollos urbanos dependen por completo del cada vez mayor consumo de petróleo y de gas, para uso masivo de sistemas individuales de calefacción y refrigeración. Por otra parte, se ha comprobado el lento avance de la energía solar térmica para agua caliente sanitaria o de la fotovoltaica integrada en áreas urbanas.
En este contexto, la Directiva 2010/31/UE sobre Eficiencia Energética de Edificios (E-3), publicada el pasado mes de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea, destaca por su extraordinaria importancia como instrumento que desarrolla el acuerdo del Consejo Europeo de marzo de 2007 para reducir un 20% el consumo de energía, otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incrementando el consumo final de energías renovables con carácter obligatorio un 20%, como mínimo, hasta 2020.
La nueva Directiva resalta el enorme potencial de ahorro del sector de la edificación y el urbanismo para alcanzar estos objetivos de política energética. Así, introduce conceptos revolucionarios que se deberán incorporar a todos los edificios, nuevos y existentes: “edificios de consumo de energía casi nulo”, con un nivel de eficiencia energética muy alto mediante fuentes renovables, “nivel óptimo de rentabilidad” de la eficiencia energética a través del balance coste-beneficio durante la vida útil de cada elemento del edificio y “sistema urbano de calefacción y refrigeración”, como sistemas centralizados de distribución de energía térmica para la calefacción y refrigeración de emplazamientos con fuentes renovables. Todas las medidas de la nueva Directiva tendrán un impacto real si se realizan fundamentalmente sobre el parque de edificios existente.
La verdadera clave para el éxito de la Directiva E-3 será acercar la generación al consumo y que cada centro de consumo se convierta, a la vez, en un centro de generación. El papel del Estado y la regulación de las administraciones públicas se evidencia decisivo para la creación las condiciones necesarias con las que hacer frente a los problemas de dependencia energética, emisiones de CO2 e intensidad energética que se han escrito en los considerandos de esta nueva Directiva.
En definitiva, es necesario un cambio significativo en la política energética y en la mentalidad de los ciudadanos si queremos que las metrópolis europeas contribuyan sensiblemente a la reducción de emisiones de CO2.
* Alimarket - 19.11.10
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