ELPAÍS/Palma* : El empresario Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió Mallorquina, cobraba en comisiones hasta el 20% de los negocios que facilitaba, una parte de ellos relacionados con Administraciones públicas, gracias a su "asesoramiento comercial". Fluxá se convirtió en personaje público al destaparse el caso Bomsai, un escándalo vinculado a la corrupción política relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicación de las obras de construcción de dos edificios públicos que sirvieron para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno balear.
Fluxá, según el sumario de la investigación judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS, cobró 120.000 euros por presentar al anterior Gobierno balear -presidido por Jaume Matas- a un banco de inversiones, Atlas Capital, que se encargó de tutelar el concurso para adjudicar los trabajos y del control financiero de esas obras públicas. Por esa tarea cobró 600.000 euros, el 1,8% del coste total de los dos proyectos.
Cuando la policía fue a detener al empresario Fluxá, halló en su despacho comercial tarjetas, anotaciones y cartas con sus contactos, entre los que había nombres de políticos con responsabilidades de gobierno y gestores de grandes empresas, tanto públicas (AENA) como privadas.
Al ser detenido, el pasado 14 de mayo, el empresario se declaró "insolvente y embargado en multitud de ocasiones". Fluxá confesó "que no pagaba a Hacienda", aun cuando recibía subvenciones para sus promociones culturales en Pollença, algo vetado a los que incumplen con sus obligaciones fiscales.
Fluxá guarda parte de su dinero en paraísos fiscales, según la investigación: Qatar, Abu Dabi, Barbados, Panamá, y en especial Suiza, de donde iba y venía con sus fondos. La policía le intervino la contabilidad, parte de ella escondida en los servicios de su oficina, y las agendas personales de una década.
Carmen Sampol, consejera delegada de una empresa que consiguió uno de los contratos de obras del parque de bomberos, declaró a la policía que la comisión de pago obligatorio al Banco de Inversiones Atlas Capital era una "una salvajada".
Federico Rodríguez, gerente de JPB, otra concesionaria de los trabajos, consideró la comisión fijada para Atlas Capital "una barbaridad de unos caraduras". Fluxá reconoce que él cobraba por dar la cara: "Yo únicamente les presenté" [Atlas al Gobierno balear]. La policía y Hacienda sostienen que además de los 120.000 euros que Fluxá cobró de Atlas, el comisionista también cobró cantidades que oscilan entre los 350.000 euros de la constructora San José hasta los 15.000 de una ingeniería. Del edificio del parque de bomberos de Palma, Fluxá percibió también 83.000 euros de un suministrador.
Al levantarse el secreto del caso Bomsai se ha conocido el rastro del comisionista, su intervención en la adjudicación de millonarios proyectos como la autopista Inca-Sa Pobla o la estación central de trenes y del metro de Palma. También trató con el Gobierno de Matas y con grandes empresas sobre dos grandes proyectos en ejecución: el hospital de Palma y el Palacio de Congresos.
* ELPAIS.com - 23.06.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com
Un 20% de 'mordida' por obra en Baleares
Aguirre pagó a MQM facturas hinchadas hasta el 400%
PÚBLICO/Madrid* : El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing Quality Management (MQM), empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada de IU Reyes Montiel. En algún caso, el sobrecoste llegó al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol.
Por la escenografía de este acto, que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.
Los que asistieron al acto de 2010 apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó cinco veces menos.
En 2008, MQM había presentado a la Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del edificio".
La primera, por un total de 52.963 euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008. Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas.
Respuesta del Gobierno
Este periódico preguntó el pasado jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.
Ante otras facturas también hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".
Entre estas otras facturas hinchadas destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó 128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.
El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes Montiel, diputada de IU. Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la causa Gürtel.
La adjudicación del IMADE fue en octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía el acto de homenaje a las víctimas del 11-M.
El concurso tomó como base de licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en 62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.
* Público - 23.06.10
Foto: Madrid, facturas hinchadas, caso Gürtel, por la Comunidad - publico.es
Las ciudades 'invaden' sus puertos
MÁLAGAHOY* : Veinte años y la herida abierta. Dos décadas después de que Málaga iniciase la discusión sobre la necesidad de abrir el puerto a los ciudadanos, el debate sigue sin cerrarse. Cuando el asunto sobre los usos públicos de los muelles 1 y 2 parecía solventado en forma de un proyecto consensuado, que impedía cualquier construcción por encima de la cota del Paseo de la Farola y subrayaba la necesidad de generar un espacio comercial de calidad "media-alta", la cuestión sigue sobre la mesa.
Y ello después de que la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la concesionaria del uso comercial del muelle 1, Unión de Iniciativas Marina de la Farola, planteen modificar por enésima vez el plan especial para autorizar la edificación de un equipamiento cultural en la denominada esquina de oro que sobrepasará en 13 metros la cota de la calle. Una particularidad a la que se suma la idea de los privados de asentar un supermercado camuflado junto a la esquina de los muelles 1 y 2.
La estampa final diseñada para abrir el puerto a la ciudad tiene una doble dimensión claramente diferenciada: de un lado, la correspondiente al muelle del Paseo de los Curas, que alberga el Palmeral de las Sorpresas, de iniciativa pública (más de 30 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía) y la dársena paralela al Paseo de la Farola, de uso comercial-privado (14.000 metros cuadrados de techo).
El escenario al que se retrotrae el puerto de la capital de la Costa del Sol motiva más que nunca tornar la mirada hacia aquellas otras urbes donde los espacios portuarios se agregaron a la ciudad, al objeto de analizar los usos que en cada caso se dan. Siguiendo el consejo del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Vicente Granados, este periódico viaja para conocer otras experiencias de integración puerto-ciudad.
Y en todos los casos analizados, la estrategia a seguir es similar a la de Málaga. Espacios de ocio y esparcimiento sobre los suelos antes portuarios; aprovechamiento de los terrenos para generar nuevas playas (caso de Gijón); reserva de parcelas sobre las que edificar iconos culturales, hoteles y usos terciarios (Barcelona, Valencia...). Son las opciones predominantes.
PORT VELL DE BARCELONA
Aunque a una escala distinta, por la envergadura del espacio objeto de la intervención (56 hectáreas), el puerto de Barcelona es pionero en una actuación de estas características. Buena parte de la misma se llevó a cabo coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 1992, si bien desde ese origen la anexión de terrenos para el uso de los vecinos ha continuado. Sobre esta localización pesa aún la marca de la fallida actuación del centro comercial Maremagnu, que dio pie al asentamiento de bares de copas y discotecas. La estrategia, que sirvió de ejemplo a no seguir por Málaga, ha sido variada en los últimos años por parte de los responsables del complejo, donde hoy se aglutinan más de cuarenta tiendas de ropa, complementos y joyas, restaurantes, telefonía... Pero en ningún caso un supermercado, como sí se busca en Málaga.
Pero el Port Vell da cabida a mucho más. De hecho, sirve de base al Wolrd Trade Center de Barcelona, un centro de congresos y convenciones de 6.000 metros cuadrados, que alberga las sedes de 100 empresas y 25 comercios; la rambla del mar, un singular paseo sobre el agua; varios hoteles; los museos de Historia de Cataluña y Marítimo de Barcelona; un cine Imax, y el Acuario de Barcelona, entre otros equipamientos.
VALENCIA
La Autoridad Portuaria de Valencia trabaja desde hace años en iniciativas que favorecen una suave transición entre los terrenos ciudadanos y los comerciales del puerto a través de la cesión de terrenos a la urbe. En este contexto se ha dado forma al conocido proyecto Balcón al Mar, resultado de la voluntad de seguir abriendo la ciudad al mar. Este proyecto supone la transformación de los terrenos de la Dársena Interior del Puerto de Valencia de uso portuario a uso cultural y de ocio. En los últimos años se han realizado importantes avances como el Edificio del Reloj, que sirve de sala de exposiciones; la puesta en servicio del puente móvil de ferrocarril, que elimina el tránsito de trenes por el interior de la Dársena, posibilitando con ello la supresión de las vías férreas que circundan esta zona; la unión de los muelles de Levante y Poniente con el fin de suprimir el tráfico rodado que actualmente circula por la Dársena Interior (en fase de proyecto); la cesión efectiva de los tinglados 2, 4 y 5 para su gestión por parte del Ayuntamiento de Valencia. Actuaciones análogas se han llevado a cabo en los Puertos de Sagunto y de Gandía. En el primero de los casos, cabe destacar la colaboración en el proyecto de la Ciudad de las Artes Escénicas, proyecto que supuso la recuperación del antiguo complejo siderúrgico de Altos Hornos del Mediterráneo para convertirlo en una zona para representaciones de teatro, musicales, danza...
BILBAO
Uno de los mejores ejemplos de integración puerto-ciudad es el de Bilbao, que ha dado lugar al desarrollo de la zona de Abandoibarra en la zona de la ría, donde antes se asentaban las instalaciones portuarias. Tras la crisis industrial de principios de los 80, se inició la idea de configurar Bilbao como ciudad turística y de servicios. En 1989 nació el Plan Estratégico para la Revitalización de Bilbao, que permitió el comienzo de las labores de recuperación de los espacios industriales abandonados y los barrios antiguos en deterioro. Ello dio lugar a la construcción del Museo Guggenheim y del Palacio Euskalduna. Hay que destacar también la participación del Puerto de Bilbao en el desarrollo de la península de Zorrozaure, cuyo plan director fue diseñado por Zaha Hadid, ganadora en 2004 del premio Pritzker de arquitectura. Su plan contempla la creación de un parque empresarial relacionado con actividades innovadoras en el que trabajen en materia de investigación la iniciativa privada junto con la Universidad. También se habilitarán zonas comerciales y de ocio. Los espacios que antes ocuparon los astilleros, las playas de contenedores o los altos hornos, se convierten ahora en paseos, parques, galerías de arte al aire libre, nuevos barrios y zonas de negocio.
GIJÓN
El puerto de Gijón fue galardonado el pasado año con el premio que organiza la European Sea Ports Organization (ESPO) -entidad que representa a las dársenas de los Estados miembros de la Unión Europea (UE)- al mejor proyecto de puerto-ciudad, por su labor durante tres décadas desarrollando políticas en beneficio del entorno de Gijón. A comienzos de los años 80, el puerto local estaba abandonado, con una pequeña actividad pesquera y de talleres de reparación, con sus cuatro dársenas secas en bajamar.
La Autoridad Portuaria de Gijón emprendió su rehabilitación entre 1986 y 1995 y lo convirtió en un puerto deportivo con 850 atraques y el paseo marítimo peatonal del que disfrutan los ciudadanos. A partir de este hito, se iniciaron los estudios para intentar recuperar la línea de playas que existían hasta finales del siglo XIX entre dicho puerto y el de El Musel. En dicha zona la arena había desaparecido debido a la ocupación de línea de costa por las instalaciones industriales y la construcción de muros y diques para proteger la superficie ganada al mar, quedando sólo un lecho rocoso. Respetando los dos astilleros en funcionamiento en la bahía y aprovechando la superficie liberada por la desaparición de otros, se proyectaron dos playas, una, la de Poniente, de 800 metros, limitada por dos diques laterales de escollera con una superficie de playa seca de 60.000 metros cuadrados, y otra, la del Arbeyal, con un dique de escollera para contener la arena, lo que supone una longitud de playa de 440 metros lineales y una superficie de arena de 28.000 metros cuadrados.
TENERIFE
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife convocó en julio de 1998 un concurso de ideas para la ordenación del Muelle de Enlace con el objetivo de permitir la prolongación natural de la ciudad devolviendo así el mar a los ciudadanos. La propuesta presentada por el estudio de arquitectos Herzog & De Meuron fue distinguida con el primer premio. El 16 de enero de 2006 la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó de manera definitiva el plan. El ámbito de trabajo del proyecto comprendía 17,38 hectáreas y se planteaba mediante un sistema de grandes espacios que se concretan en ocho zonas a las que a su vez se les asigna los usos correspondientes. Ejemplo de ello es la Marina del Atlántico, de 13.313 metros cuadrados, donde se apuesta por uso de servicios náuticos, club marítimo y talleres, así como usos complementarios como comercios, hostelería, oficinas y aparcamientos. A ello se suma una zona recreativa, de 26.783 metros cuadrados. Otras de las piezas es la Plaza. Asimismo, destaca el que dentro de suelo portuario se levanten el auditorio, diseñado por Santiago Calatrava, y el palacio de congresos.
ALICANTE
En el caso de Alicante, la construcción de nuevos muelles para la actividad industrial permitió integrar parte de las viejas instalaciones portuarias en la ciudad. La transformación tuvo lugar a lo largo de la década de los años 90, siguiendo el modelo de Barcelona. En este sentido, destaca la construcción del centro comercial Panoramis, que acoge 40 tiendas, incluyendo unos multicines.
* Málaga Hoy - 22.06.10
Foto: Malaga, diseño conflictivo nuevo Puerto - malagahoy.es
La Fiscalía quiere que la policía controle que se ejecutan los derribos que ordenan los jueces
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LAVOZDEGALICIA* : La de la Audiencia de Pontevedra es una de las fiscalías provinciales que aboga por extremar el control policial para verificar que se ejecutan los derribos acordados por sentencia judicial. Así lo recoge la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, en cuyo informe anual refleja que se debe establecer «una especial vigilancia sobre las ejecutorias en esta materia con el fin de evitar que las demoliciones acordadas no se lleven a cabo».
Si en otras provincias, los representantes del ministerio público se encuentran con trabas de los propios ayuntamientos, en Pontevedra no ocurre así. En las Rías Baixas lo que abunda es «la picaresca en su más puro y señero estilo». El fiscal de medio ambiente pontevedrés reconoce que «las argucias que se pueden llegar a utilizar para simular una demolición son sorprendentes».
Es el caso de dos condenados que, tras la sentencia, aportaron un informe pericial , en el que se «afirmaba la realidad de la demolición incluyendo fotografías en las que no aparecía la construcción, sino un terreno en una zona [en] pendiente con unos paneles solares encima». Con el documento en la mano, solicitaron que el juez diera por ejecutado el derribo. Y el magistrado picó.
No así la Fiscalía, que recurrió. Tras una dilatada tramitación, el juez accedió a que la Guardia Civil comprobase in situ la realidad. De este modo, se sacó a la luz que los dos condenados, aprovecharon la pendiente del terreno, muy próximo al mar, para enterrar la construcción y colocar encima unos paneles solares.
Ejecución de la pena
La respuesta del ministerio público fue contundente. No solo, solicitó la ejecución de la pena de cárcel y la demolición de la edificación. En la actualidad, y tras verificarse el derribo, el fiscal ha optado por interesar «la ejecución integra de las restantes penas impuestas (multa e inhabilitación) antes de pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de la prisión».
Para evitar la proliferación de estos casos, el ministerio público de Pontevedra ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la necesidad de que agentes del Seprona comprueben y verifiquen sobre el terreno la realidad de las demoliciones.
Además, aboga por que, antes de un derribo, el organismo competente en materia de legalidad urbanística elabore un presupuesto de demolición. De este manera, se podrá requerir a los encausados el pago de una fianza por esta cantidad para «asegurar las responsabilidades que puedan derivarse del procedimiento con apercibimiento de embargo de bienes».
De este modo, el juzgado se garantizaría el disponer de un dinero para «realizar la demolición a costa de los condenados». Asimismo, aclara que, en principio, no habría que preocuparse de la insolvencia de los mismos, toda vez que «el terreno en el que se asienta la construcción es propiedad de los denunciados».
* La Voz de Galicia - 23.06.10
Foto: REDONDELA, EL ÚLTIMO CASO. Juan Carlos Pérez Míguez fue obligado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recientemente a demoler su propia casa, en Cesantes (Redondela). - lavozdegalicia.es
La fiscalía pide la inhabilitación para el ex edil de Urbanismo de Albox
Ideal/Almería* : La Fiscalía de Almería ha pedido la demolición de nueve viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox dentro del procedimiento judicial abierto contra, entre otros, el ex concejal de Urbanismo del municipio, José Luis González Wandosell, para quien solicita un total de diez años de inhabilitación especial por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.
El escrito del Ministerio Público formula acusación, asimismo, contra el constructor y los dos arquitectos encargados de redactar los proyectos e interesa penas individuales de dos años de prisión por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 20 euros al día para ellos, quienes deberían sufragar, de producirse, el coste de los derribos tasados pericialmente en 229.6156,38 euros.
Según informaron fuentes judiciales, el titular de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, encargado de las diligencias de la causa, ha dado traslado de las actuaciones a las nueve familias perjudicadas para que se personen como acusación particular ya que el fiscal establece, asimismo, que los tres imputados deberán hacerse cargo de las "eventuales" indemnizaciones para restituir los derechos de aquellos que compraron de "buena fe".
La Fiscalía señala en su escrito que el promotor dio comienzo en 2004 a la construcción de 13 viviendas unifamiliares en el paraje albojense conocido como 'La Hortichuela' sobre suelo no urbanizable y no autorizable con los proyectos elaborados por los dos arquitectos, quienes a su vez, ahonda, tenían conocimiento de la irregularidad y de que, además, la obra se estaba ejecutando sin la oportuna licencia municipal.
Autorizaciones administrativas
Al ex edil José Luis González Wandosell, quien formó colación de gobierno con el PP desde las filas del PA entre 2003 y 2006, le acusa de firmar, a lo largo de ese mismo año, autorizaciones administrativas para nueve de las viviendas sobre las que se efectuó contrato de compraventa "consciente de que no podía" y de que no contaban, ni "mucho menos", con licencia de primera ocupación.
Subraya el fiscal, en esta línea, que el ex concejal, quien concurrió a las elecciones municipales de 2007 como cabeza de lista de GIAL, no abrió expediente disciplinario ni se ocupó de restablecer la legalidad urbanística pese a que "tenía delegadas funciones" por parte de alcalde y a que tenía la "obligación" de denunciar al tener conocimiento de que había indicios de que se podía estar cometiendo un delito.
La calificación del Ministerio Público interesa nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación para González Wandosell y otro año más por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Solicita, asimismo, inhabilitación profesional durante dos años para el constructor y los dos arquitectos.
* Ideal - EP. - 22.06.10
Foto: Albox, viviendas ilegales - teleprensa.net
El fiscal alerta contra el extravío de documentos en el 'caso Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : El párrafo, de apenas seis líneas e impecable estilo jurídico, pasa bastante desapercibido en un escrito de 584 páginas que resume la mayor trama de corrupción municipal conocida en la historia de España -el caso Malaya- y pide penas que suman varios siglos de cárcel. Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha lanzado en el tercer otrosí -petición de orden secundario- de su escrito de calificación una verdadera carga de profundidad. El representante del Ministerio Público, temeroso de que el extravío de documentos haga zozobrar el juicio, como ha sucedido en el caso Ballena Blanca, y pueda echar por tierra años de trabajo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Málaga que "acuerde lo necesario" para que todos los documentos de la causa "puedan ser utilizados en el juicio oral".
Durante la instrucción del caso Ballena Blanca, un error administrativo propició que documentos del sumario de blanqueo de capitales se traspapelaran entre los tomos del caso Malaya. Estos documentos, algunos de los cuales pertenecen a expedientes intervenidos en el despacho del principal imputado de Ballena Blanca, el abogado Fernando del Valle, han sido anulados del juicio para regocijo de las defensas.De las 584 páginas del escrito acusatorio del caso Malaya, un total de 150 están dedicadas a detallar las piezas documentales que el fiscal tiene especial interés en que se lean. Esta lectura incluye prácticamente todos los documentos que han generado las actuaciones del sumario contra la corrupción en Marbella, y que incluyen desde las distintas declaraciones ante el juez y la policía de los 95 procesados en el caso hasta el volcado de los discos duros intervenidos en las oficinas del ex gerente de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama.
Los papeles que no se han podido incorporar al juicio de Ballena Blanca pertenecían a 10 bridas de documentación intervenida durante los registros policiales. El sistema de bridas, avalado por la Audiencia Nacional y muy usado en asuntos de delincuencia económica, que obligan a manejar mucho papel, permite empaquetar documentos por bloques y precintarlos en presencia del secretario judicial. La rotura de la brida para examinar la documentación solo la puede ordenar el juez instructor mediante una providencia, con lo que se garantiza que no hay manipulación posible de las pruebas.
En el caso Malaya, el fiscal ha solicitado que se lean hasta las comparecencias ante el juez de los agentes que realizaron las bridas documentales.
López Caballero solicita a la sala una pena de 30 años de cárcel y una multa de 810,78 millones de euros para Roca por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo (recibir sobornos). Además de estas sanciones, el fiscal ha pedido el comiso de las cuentas corrientes de ex asesor urbanístico y de sus numerosos bienes muebles e inmuebles. Estos incluyen 34 vehículos a motor -entre ellos dos autobuses-, una avioneta, un helicóptero, 72 fincas, 144 pisos, un hotel y dos palacios, entre otros bienes.
El juicio oral del caso Malaya, cuyo inició se prevé para el 27 de septiembre, promete ser largo. El fiscal ha pedido la presencia en la vista como peritos de dos arquitectos de la Agencia Tributaria, que valorarán los bienes de propiedad municipal que han sido objeto de convenios urbanísticos. Un catedrático universitario de Historia del Arte y la directora del Museo de Málaga tasarán los cuadros y objetos de arte que se intervinieron en las casas de Roca y por las que el ex asesor urbanístico pagó más de 25 millones de euros. Además, si la sala lo acepta, comparecerán como testigos el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, así como otros 62 agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Según el fiscal, Roca, constituyó una "verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas, que bajo su dirección gestionaban y administraban su patrimonio como si de una empresa se tratara", y apunta que el blanqueo de fondos asciende a cerca de 245 millones de euros.
* ELPAIS.com - 22.06.10
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es
Valencia.- Cercle Obert lamenta Bellver culpe a técnicos en caso aparcamiento Monforte
ABC* : La asociación Cercle Obert ha lamentado hoy que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, "no asuma sus responsabilidades y desvíe la culpabilidad hacia los técnicos municipales". Este colectivo ha reaccionado así en un comunicado a las manifestaciones efectuadas por Bellver tras declarar ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia por supuestas irregularidades en la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte de esta asociación.
Bellver ha asegurado en declaraciones a los periodistas que el aparcamiento contó con todos los informes técnicos y biológicos necesarios para autorizar su construcción.
Al respecto, Cercle Obert, considera que "urgente que los funcionarios y técnicos tengan absoluta independencia y se ajusten al cumplimiento de la legalidad, sin actuar bajo el dictado de los políticos de turno".
En este sentido, ha acusado al Ayuntamiento de Valencia de actuar "por encima de la ley" e ignorar el mandato constitucional que ordena a los poderes públicos "garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos".
Asimismo, recuerda que "simplemente" ha pedido "el cumplimiento de la positiva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, redactada y aprobada por el PP".
A su juicio, el Jardín de Monforte, ha sufrido intervenciones en el subsuelo "sin contar con el obligado Plan Especial de Protección, y el informe de impacto ambiental, algo totalmente prohibido en la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano vigente".
La entidad "únicamente aspira y desea velar por la legalidad y lograr que las normativas sobre patrimonio cultural se respeten y cumplan por parte de la administración y los particulares, dado que pensamos que proteger y rehabilitar nuestro legado histórico-artístico y ambiental es una garantía de progreso", comenta.
"El único jardín neoclásico, con sabor romántico del siglo XIX de Valencia, merece un gran respeto por parte de todas las instituciones públicas y privadas", añade el colectivo, que asegura que se ha centrado "en garantizar que las intervenciones efectuadas en el subsuelo y las previstas realizar, se ajusten a la normativa legal vigente". EFE
* ABC - EFE - 22.06.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
