Lezama impulsa a hurtadillas otro plan urbanístico tras el escándalo

ELPAÍS/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Lezama ha impulsado a hurtadillas un nuevo plan urbanístico para el municipio, tras la polémica suscitada con la recalificación de los terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El consistorio aprobó el inicio del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) el pasado 15 de marzo en un pleno extraordinario que había sido convocado de urgencia tres días antes, justo la jornada (el 12 de marzo) en la que el EL PAÍS desveló un acuerdo de los Etxeandia con dos constructoras que les pagan 5,3 millones por la venta de sus terrenos, ocho meses antes de que se recalificaran.

Aquella sesión fue justificada por la alcaldesa para acceder a las subvenciones que otorga la Diputación al desarrollo de planes urbanísticos. Y el único acuerdo adoptado, sólo con los votos favorables del PNV, que tiene 8 de los 10 corporativos, fue la adaptación del PGOU a la ley del Suelo. Ni la edil del PSE ni la de EB se enteraron que se aprobaba iniciar los trámites para un nuevo plan urbanístico.

Entonces y en los siguientes días, este diario contactó con el Ayuntamiento de Lezama para que explicara el acuerdo adoptado. "Lo que se hizo fue tomar el acuerdo de formulación del Plan General para adaptarlo a la Ley del Suelo de 2006", señaló reiteradamente un portavoz, sin aclarar si era una normativa y si suponía derogar el actual o mantenerlo.

La puesta en marcha de un PGOU, el principal instrumento de gestión de un ayuntamiento junto a los presupuestos ya que marca el desarrollo futuro de la localidad, no se adoptó además previamente en una comisión de Urbanismo, lo habitual en todo tipo de asuntos relacionados con el urbanismo, como se expresa en los reglamentos orgánicos municipales. "La explicación es que busquen dar cobertura a los nuevos aprovechamientos, entre ellos los terrenos de la alcaldesa, en caso de que se anulen definitivamente las normas actuales. Es un mecanismo que se ha utilizado en otros sitios, como en Tarragona, para no cumplir sentencias que anulen planes, aunque han sido luego otra vez anulados por el Tribunal Supremo".

El actual planeamiento urbanístico de Lezama está en vigor desde octubre de 2007, pero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia el pasado año (ha sido recurrido por el ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya ante el Supremo), y debería tener una validez durante cerca de 10 años. "Extraña que al de dos años se saquen otro plan", afirman los expertos consultados.

La confirmación de que se impulsa un nuevo plan vino el pasado 28 de abril, cuando el ayuntamiento convocó a la apertura de las plicas para contratar a los redactores del documento. El pasado viernes, durante el primer debate en las Juntas Generales sobre la polémica recalificación, la diputada vizcaína de Urbanismo, Pilar Ardanza, dijo, textualmente: "Ahora no hay en la Diputación ningún expediente urbanístico pendiente del Ayuntameinto de Lezama".

Ardanza no respondió a la pregunta de la juntera de Ezker Batua, Ana Tellería, sobre si el consistorio ha solicitado subvenciones para la elaboración del PGOU, una petición que siempre es tramitada por los municipios. El asunto fue comentado, en el mismo debate, por la representante del PSE Susana González, quien calificó de "esperpéntico" que la alcaldesa haya dicho en un pleno que no sabía de quiénes eran los terrenos de su familia, que el único proyecto urbanístico desarrollado en Lezama sea éste -el contrato firmado con las constructoras obliga a concluir los trámites urbanísticos en 2011 y, si no, deben reintegrar lo cobrado- y que exista un auto judicial explicando el acuerdo privado anterior a la recalificación. "No es esperpéntico a la vez que se ponga en marcha un nuevo plan general. ¿No es eso un despilfarro?".

El caso de los terrenos de los Etxeandia ha causado una revolución en Lezama, un pequeño municipio de 2.400 habitantes. Aunque el PNV no ha emitido ninguna declaración pública de apoyo e incluso la Diputación de Vizcaya apoyó la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía, en marcha desde marzo, los nacionalistas han cerrado filas y han vuelto a presentar como candidata a la alcaldía a Etxeandia, que lleva tres años en el cargo.





* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com

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Madrid: Pelotazo urbanístico para un amigo del número tres de Aguirre

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por el PP, ha puesto en bandeja un pelotazo urbanístico a un promotor inmobiliario cercano al número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Granados. El pelotazo, que los socialistas cifran en más de 15 millones de euros, tendrá una consecuencia directa para los habitantes de este municipio de 62.000 habitantes: las 693 viviendas que, en una nueva zona de expansión, habían sido calificadas como de protección pública básica, es decir, las más baratas, han pasado a tener la categoría de viviendas de precio limitado, lo que encarece su precio y dispara el beneficio, dado que los costes, según los socialistas, apenas varían.

La modificación, acusa el PSOE, se hizo vulnerando la legislación urbanística y provocará que cada piso cueste en torno a 40.000 euros más.

El principal beneficiario del cambio introducido por el Gobierno local del PP en esa zona, conocida como Las Zanjas Norte, es el promotor David Marjaliza. El consejero Francisco Granados y alcalde de Valdemoro hasta 2003 le vendió en 2006 un chalet en Marbella y, en 2007, un terreno heredado de su familia. Ese mismo año, una empresa en la que participan socios de Marjaliza entregó al Ayuntamiento de Valdemoro un local de 4.000 metros. A cambio, y en concepto de permuta, el consistorio compensó a la empresa con suelo para construir 129 viviendas de venta libre.

Caso Gürtel

Marjaliza fue presidente local de NNGG y concejal del PP en Valdemoro hasta 1995. Granados, Marjaliza y el actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, son amigos de juventud. En una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel, el ejecutivo de un grupo inmobiliario asegura a un ex concejal del PP que Marjaliza es "el tapado de Granados".

La modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte se hizo sin informe previo de la Comisión regional de Urbanismo pese a que la ley así lo exige si la modificación altera la llamada ordenación de usos pormenorizados, por ejemplo, el tipo exacto de vivienda que su puede construir. El PP vetó hace tres semanas en la Asamblea de Madrid una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

Si hay denuncia, "se estudiará"

A preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó que la comunidad no conoce el nuevo plan parcial dado que la ley otorga la potestad para su aprobación a los municipios cuando su población supera los 15.000 habitantes. Y añadió que, si se produce alguna denuncia ante el departamento de disciplina urbanística, la consejería "estudiará" el referido plan parcial para comprobar si se ajusta al plan general de Valdemoro. Si hay alguna irregularidad, "se actuará", dijo el citado portavoz.

La modificación del plan parcial fue aprobada definitivamente por el Gobierno local del PP el pasado 16 de marzo. La iniciativa de cambio partió de la junta de compensación de la zona, que agrupa a los propietarios de suelo y está presidida por Marjaliza como titular mayoritario. Los dueños de los terrenos argumentaron que, si se les obligaba a construir sólo viviendas con protección pública básica, ganarían menos dinero.

Este diario preguntó al Ayuntamiento de Valdemoro por qué, en un momento de crisis lacerante, accedió a encarecer el precio de la vivienda protegida. No hubo respuesta. "Están desvirtuando la defensa del interés general y primando el beneficio de los promotores", acusa el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La portavoz del PSOE en Valdemoro, la edil Margarita Peña, ya recurrió hace dos meses la nueva redacción del plan parcial de Las Zanjas Norte.

Carlos de Santiago, portavoz de David Marjaliza, precisó que el promotor posee el 60% de los suelos de Las Zanjas Norte. Admitió que las viviendas de precio limitado son más caras pero aseguró que no ha habido ningún cambio sustancial en el plan. Y negó que el beneficio adicional se cuantifique en 15 millones, pero no dio cifras.

Un dictamen obligado por la Ley del Suelo

La Ley del Suelo de Madrid establece que cualquier cambio que altere la llamada ordenación pormenorizada de una zona (el tipo exacto de viviendas, por ejemplo) requiere el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo de la comunidad. En este caso, no existió tal dictamen. Esa misma ley establece que, en cada área de suelo urbanizable, el 45% de las viviendas proyectadas deben gozar de algún tipo de protección pública. Y que sólo una de cada cuatro viviendas protegidas puede ser de "precio tasado", figura ahora equivalente a la de precio limitado. Tras el cambio aprobado en Valdemoro, el 100% de las viviendas protegidas de Las Zanjas Norte se venderá en la categoría de precio limitado. Una portavoz del consejero Francisco Granados aseguró que el número tres de Aguirre nada tiene que opinar al respecto.





* Público - 30.05.10
Foto: Esperanza Aguirre junto a su número tres en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. - G. del Río, publico.es


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Valencia: Anticorrupción investigará a «más de medio centenar» de altos cargos de Camps

LAVERDAD* : «Ahora comienza la investigación con mayúsculas». La frase es de uno de los máximos responsables de la investigación del 'caso Gürtel' el pasado jueves, horas después de que se conociera que el juez Antonio Pedreira enviaba a Valencia parte del sumario al constatar que hay indicios delictivos que apuntan a varios aforados de esa comunidad. Anticorrupción pidió esa inhibición, a su pesar, porque de no acelerar la instrucción en Valencia el delito electoral -financiación irregular- podría prescribir. La Fiscalía quería esperar hasta recibir de la Generalitat la relación de los responsables de 17 departamentos del Gobierno de Francisco Camps que contrataron con las empresas de Francisco Correa, según constató la Intervención General del Estado.

Esos contratos van a ser el origen de una parte de la investigación que Anticorrupción ultima para Valencia si, como se espera, el nuevo instructor del caso, José Flors, decide unificar el 'caso de los trajes' con la pieza del sumario remitida desde Madrid la pasada semana. A la espera de recibir los nombres de los consejeros, presidentes y directores de los departamentos de la Generalitat, la Fiscalía cifra en «más de medio centenar» los altos cargos que van a ser investigados y, quizás en breve, imputados.
A falta de esa lista, desde enero la Fiscalía Anticorrupción tiene encima de su mesa un listado de 17 nombres, entre ellos Camps y varios de los miembros de su Gobierno, para pedir su imputación por «cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal». Con esa panoplia de acusaciones, avisan los responsables del caso, la investigación se va a prolongar «meses, si no años».
Anticorrupción, siempre que Flors acepte, va a emplear el sistema que ha utilizado en Madrid para expurgar las cuentas, movimientos financieros, patrimonio y declaraciones de Hacienda de los sospechosos, entre los que hay aforados, pues la Fiscalía cree que entre los firmantes de los contratos bajo sospecha van a aparecer consejeros de Camps «sin ningún género de dudas».
Cinco departamentos
Para esta investigación, como se hace en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se repartirá el trabajo entre cinco departamentos: la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el servicio antiblanqueo del Banco de España (Sepblac), la Intervención General del Estado y el Consejo General del Notariado.
Esta investigación de los contratos persigue afianzar dos de los delitos que Pedreira estima que pudieron cometerse: cohecho y prevaricación. Y quizás un tercero: asociación ilícita.
El segundo eje que va a alargar la investigación en Valencia durante meses, aunque es algo más sencillo de que el de las adjudicaciones, según admite la UDEF, es la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y los ilícitos conexos a ese «delito electoral»: falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra el fisco. Éste último preocupa a los expertos de Hacienda, ya que en algunos casos estas irregularidades están cerca de prescribir. La Agencia Tributaria y los especialistas de la Policía Judicial, hasta el momento, sólo han estudiado el ejercicio de 2007, en el que ya han detectado un posible allegamiento de fondos 'opacos' al PP de 345.200 euros de empresarios afines al partido.
Quedan por esclarecer otros 2,5 millones de euros que aparecen a nombre de la formación en los libros de Orange Market y cuyo pago no figura en los asientos.
Prescripción
El objetivo de la ONIF, una vez que la Policía remita sus nuevos atestados, es estudiar 2008 y los primeros meses de 2009. El resto de los ejercicios, por ahora, no son prioritarios, ya que cualquier irregularidad anterior estaría prescrita en el plano fiscal, que no en el penal. Aun así, la UDEF cree imprescindible expurgar también los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 para comprobar si hubo condonaciones de deuda del PP por parte de la trama y si éstas se tradujeron en favores por parte de la administración, un nexo -financiación irregular-contratos irregulares- que no se ha probado aún.
En el punto de mira de esta parte de la investigación hay una decena de personas -seis empresarios, cuyas cuentas ya han comenzado a estudiarse en Madrid al no ser aforados y cuyos datos serán entregados al tribunal de Valencia una vez acepte la inhibición- y Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización de la formación en Valencia; Yolanda García, diputada autonómica y tesorera del PP valenciano, y Cristina Ibáñez, gerente del partido.
Entre las primeras diligencias que Anticorrupción reclamará a Flors estará la de rastrear todos los movimientos económicos de estos aforados. La única sin protección parlamentaria es Ibáñez y sus cuentas ya han comenzado a auditarse.
Así las cosas, los responsables de la investigación y la Fiscalía Anticorrupción creen que Flors podría enfrentarse a una investigación «aún más compleja que la abierta en Madrid», pues la rama de la supuesta financiación irregular nunca ha aparecido en las filas de Esperanza Aguirre. Flors, anticipan las fuentes, como ya hiciera Pedreira, va a necesitar crear «con toda probabilidad» una unidad de auxilio judicial, con la adscripción a su juzgado de inspectores de Hacienda y miembros de la Intervención del Estado para gestionar la avalancha de decenas de miles de folios que se avecina.

NUEVOS DELITOS CON AÑOS DE CÁRCEL

Cohecho agravado
Prisión de dos a seis años. Inhabilitación para empleo o cargo público de siete a doce años. Incurre en este delito del 419 del Código Penal «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito».

Delito contra Hacienda
Está castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Conlleva además el pago de una multa equivalente a una sexta parte de la cantidad defraudada. Incurre en este ilícito «el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 120.000 euros».

Prevaricación
Esta actitud delictiva está castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre siete y diez años, pero no lleva aparejada la pena de privación de libertad. Incurre en este delito, según el artículo 404 del Código Penal, aquella «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Falsedad documental
Esta castigado en la normativa vigente con entre tres y seis años de cárcel, y también acarrea la inhabilitación especial para su autor entre dos y seis años siempre que el que cometa la falsedad sea una autoridad o un funcionario público. Pero si el autor del delito es un ciudadano particular, la pena es, según el artículo 392 del Códio Penal, de de seis meses a tres años de prisión.

Blanqueo de capitales
Pena de prisión de seis meses a seis años e inhabilitación de uno a tres años. Incurre en el delito el que «el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos».

Asociación ilícita
De uno a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público entre seis y doce años. Incurren en el ilícito los que pertenezcan a organizaciones que «tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada».

Delito electoral
Está castigado con prisión menor y multa de entre 180 y 18.000 euros. Incurren en este delito aquellos «administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».





* La Verdad - 31.05.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org


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Las Palmas: Las pistas del 'caso Canódromo'

CANARIAS7* : La investigación judicial del convenio urbanístico del Canódromo dará un giro radical en los próximos meses. El juez que lleva el caso quiere reunir todos los detalles de la operación financiera. Una denuncia vecinal exige que se aclare si hubo malversación de fondos públicos, entre otras cosas. La investigación judicial sobre el Canódromo acaba de empezar. Nueve años después de que se iniciaran los trámites del convenio urbanístico más polémico de los años del PP en el gobierno municipal, y después de anulados todos los procedimientos urbanísticos que se aplicaron en este caso, el juez quiere despejar la incógnita que todavía les queda a los vecinos.

«Queremos saber por qué la ciudad no obtuvo el beneficio que se llevaron los intermediarios», explica Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta y promotora de todas las denuncias que han salpicado el caso.
En términos económicos, lo que el Ayuntamiento no vio fueron los 9 millones de euros que obtuvo de beneficio la empresa Urbacan, que se había hecho con una opción de compra en el año 2000. Un paso decisivo para convertir la parcela de 20.009 metros cuadrados en lo que hoy es el parque más grande de Schamann. Porque todos los planes generales de la ciudad siempre dibujaron un parque en ese solar, pero nunca hubo acuerdo hasta que llegó su último propietario.
El concejal de Urbanismo de entonces, Juan José Cardona, fue el encargado de la negociación y de la firma. El precio quedó fijado en noviembre del mismo año 2000; el convenio final se firmó el 2 de abril de 2002, y en junio se había pagado el primero de los plazos; la parcela registrada con el número 52.103, ubicada en Las Torres (junto al Hospital Doctor Negrín), y hoy urbanizada como Mirador de la Pradera. El Ayuntamiento la tasó en 3 millones de euros, y seis días después de que Urbacan la inscribiese a su nombre, la vendió a Realia por 7,5 millones de euros; obtuvo 4,5 millones de euros de plusvalías.
El segundo pago siguió un proceso simétrico; en diciembre de 2003, cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo, se inscribió a nombre de Urbacan la finca registral número 77.838, la llamada Esquina del Canódromo donde hoy se levantan las torres. Estaba valorada en 2,5 millones, pero apenas un mes más tarde, se vendió, también a Realia, por el triple (7 millones). El beneficio, otros 4,5 millones. Balance provisional, 9 millones de euros.





* Canarias 7 - 31.05.10
Foto: Las Palmas, torres del Canódromo - canarias7.es

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El partido de un humorista se hace con la alcaldía de Reikiavik

PÚBLICO/Islandia* : El Partido Mejor, una formación protesta encabezada por el humorista Jón Gnarr, fue la gran sorpresa de las elecciones municipales islandesas al obtener el triunfo en Reikiavik, según los resultados difundidos hoy por las autoridades electorales. Esta agrupación política, nacida hace 6 meses, logró el 34,7% de los votos y 6 escaños, desbancando al Partido de la Independencia, que ostentaba la alcaldía y se quedó con 5, los socialdemócratas, con 3, y el Movimiento de Izquierda Verde, con 1.

En el resto del país se constató el retroceso del Partido de la Independencia, tradicional dominador de la política islandesa, aunque mantiene la mayoría en cuatro de las diez principales poblaciones del país.

El Partido Mejor, al que hace una semana las encuestas colocaban con mayoría absoluta en la capital, nació como una parodia frente a las formaciones tradicionales, acusándolas de la crisis económica que en octubre de 2008 colocó a Islandia al borde del colapso al desmoronarse su sistema bancario, que tuvo que ser nacionalizado.

De ahí que afirmó desde el principio que no cumpliría ninguna de sus promesas electorales y que a diferencia de los otros partidos, que eran corruptos en secreto, sería abiertamente corrupto, esgrimiendo lemas como "diles a los okupas [por los políticos] que es hora de irse", al ritmo de Simply The Best, de Tina Turner.
Prometieron traer un oso polar al zoo de Reikiavik

Durante la campaña, Gnarr defendió traer un oso polar al zoo de Reikiavik, un Parlamento libre de drogas en 2020 y todo tipo de beneficios para los fracasados. La primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, declaró hoy que el éxito de la agrupación de Gnarr marcaba el fin del sistema tradicional de cuatro partidos en Islandia.

Los socialdemócratas y el Movimiento de Izquierda Verde gobiernan con mayoría absoluta desde abril de 2009, cuando obtuvieron el primer triunfo de la izquierda en unos comicios, adelantados esa vez por la dimisión del gobierno anterior por la protesta popular.





* Público - 30.05.10
Foto: Jón Gnarr, del Partido Mejor, en una imagen que figura en su cuenta de Facebook.- publico.es

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Bochorno sociovergente

NEUS TOMÀS/TONI SUST* : El caso Pretoria y sus detalles han deprimido un tanto a la clase política catalana, sobre todo, a la franja sociovergente, a los dos grandes partidos, el PSC y CiU. Entre los socialistas impera la perplejidad por lo abultado de los cifras que manejaban los ya exmiembros del partido. En el caso de los nacionalistas, al margen de que algunos asistan con desagrado a la voracidad económica de dos de sus más relevantes exdirigentes, se impone el sentimiento de que existe una campaña que persigue impedir que Artur Mas se convierta en president tras las autonómicas previstas para otoño. Las cúpulas de ambos partidos coincidían en poner la mano en el fuego por los dirigentes relevantes que recibieron la llamada de los hoy imputados y que aparecen en el sumario de Pretoria. Es decir, subrayaron ayer que no existe dudas sobre la actuación de Antoni Castells, la de Joaquim Nadal y la de Artur Mas.

En el PSC han pasado de la conmoción que provocó la detención del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y otros cargos muncipales, a la estupefacción por las cifras que los implicados en la trama se embolsaron. «¿Cómo puede ser que estos tíos tuviesen todo esto montado y no fuésemos capaces de detectarlo?», se pregunta uno de los dirigentes más importantes del PSC. Los socialistas saben que su electorado, inmerso en la crisis, no perdona la corrupción, aunque confían en que la contundencia con la que actuó el partido al expulsarlos de manera inmediata sea entendida por sus votantes.

EL PIJO Y EL CHORIZO / Muñoz era el pijo del PSC. Se desplazaba en Mercedes, jugaba a golf, y para hablar de negocios invitaba a cenar en restaurantes caros. ¿Nadie sospechó? Algún dirigente del partido se atreve a confesar que en el PSC había quien especulaba que este tren de vida «tan poco socialista» no podía pagarse con el sueldo de alcalde. Pero la respuesta siempre era la misma: «Su familia tiene dinero y la de su mujer todavía es más rica». Y así pasaron los años. En cambio, uno de sus estrechos colaboradores, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, también implicado, no levantó ninguna sospecha. «Era un hombre de partido», asegura un dirigente. «El sumario confirma que fue el tonto útil», asegura otro.
Si Muñoz era el pijo, Luis García, Luigi, era el «chorizo». «En el PSC lo sabía todo el mundo». La frase es de un dirigente socialista que recuerda que cuando le expulsaron del partido en 1992 ya fue por su vinculación con negocios sucios. De hecho, hay quien asegura que incluso antes de llegar a diputado, tras las autonómicas de 1984, algunos socialistas ya sabían que acababan de fichar a un personaje peligroso. Luigi empezó su carrera en la UGT y en el sindicato todavía hay quien se acuerda de él: «El secretario general de la UGT, Justo Domínguez, envió a Luigi a negociar con el PSC los nombres de la gente del sindicato que irían en la lista al Parlament. Y cuando regresó de la reunión, compungido, aseguró que el partido solo aceptaba a un sindicalista. ‘¿A quién?’ le preguntó Domínguez. ‘A mí’, contestó Luigi»
Ocho años después, como recuerda un antiguo cargo socialista, cuando se descubrió que su constructora AGT-Agrotecsa estaba implicada en un delito de estafa, quien decidió echarlo fue el ahora primer secretario y presidente de la Generalitat, José Montilla. «A Montilla nunca le gustó», asegura uno de sus colaboradores. Una vez expulsado, y aunque sospechaba de sus trapicheos, el PSC miró hacía otro lado. Ya no era uno de los suyos aunque la cúpula del partido sabía que todavía tenía amigos en ayuntamientos controlados por el PSC. Amistades sobre todo entre miembros de la antigua federación del PSOE de la que procedían también otros implicados como el exalcalde de Santa Coloma y su concejal de Urbanismo. Pero, aunque sea un consuelo menor, un destacado dirigente insiste en que el sumario confirma que la dirección del PSC renegaba de García antes de que se supiese que era el cerebro de la trama Pretoria. «Si Luigi no aparece en las conversaciones con consellers es porque era perfectamente consciente de que él no conseguiría nada», afirman fuentes del partido.

DUELO COMPLETADO / Sorprendidos por la magnitud de las operaciones que perseguían y consumaban Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, algunos integrantes de CiU se mostraban en privado sorprendidos por su actuación. Un parlamentario lamentaba el descrédito que se ocasiona a la política. Pero junto con esta actitud, convive la de denunciar que existe una campaña para contrarrestar los buenos pronósticos de las encuestas, que indican que CiU está cerca de gobernar. Una visión que deja en segundo plano la sorpresa por las operaciones de Prenafeta y Alavedra: «El duelo ya estaba hecho», afirma un dirigente aludiendo al momento en el que fueron detenidos el exsecretario y el exconseller, en octubre.
Ahora la prioridad es alcanzar la presidencia, y tanto los nuevos datos del caso Millet como del caso Pretoria son interpretados como palos puestos en la rueda de la federación nacionalista. El propio Mas desarrolló esta idea al comentar las revelaciones sobre Prenafeta y Alavedra. En declaraciones a TV-3, el líder de CiU negó toda relación con las operaciones de los exaltos cargos. «Yo duermo tranquilo. Duermo poco, pero duermo tranquilo», afirmó. El líder nacionalista aseguró que la de Pretoria no era «una red transversal» y subrayó el papel de «socialistas con cargos públicos». Preguntado por una conversación que aparece en el sumario en la que Prenafeta le informa de que un empresario que quiere «facilitar las cosas» desea almorzar con él, y que no quiere decir su nombre por teléfono, el nacionalista no entró en la cuestión.
«¿Dónde están los hechos concretos?», se interrogó en referencia a pruebas que le incriminen. «Yo no mando», dijo dando a entender que desde la oposición tiene escasas opciones de ejercer influencias. Y denunció la presunta campaña: «Determinada gente no quiere el cambio en Catalunya». Mas miminizó el papel de Prenafeta y Alavedra: «No es lo mismo lo que puede hacer un particular que un alcalde en ejercicio». Y consideró lógico que dos expolíticos utilizasen los contactos que habían logrado en su carrera en la vida pública para sus intereses: «Eso lo hace todo el mundo».
«Si Prenafeta y Alavedra han hecho algo malo, que lo paguen. Pero no dejarán de ser de los nuestros», afirmó un dirigente de CDC. Así están las cosas.





* El Periódico - Opinión - 28.05.10


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