20MINUTOS/Madrid* : La operación Chamartín parece condenada a no ver nunca la luz. Cuando parecía que por fin estaba resuelto, un nuevo revés vuelve a retrasar el eterno proyecto para construir una gran ciudad financiera y residencial en el norte de la capital. En esta ocasión, el responsable de la demora ha sido la Comunidad por no hacer a tiempo sus deberes. La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid llevaba en el orden del día la "aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior de la Prolongación de la Castellana", proyecto más conocido como operación Chamartín. Sin embargo, para poder darle luz verde, el Ayuntamiento necesitaba que todas las administraciones implicadas ratificaran el convenio firmado en diciembre de 2008.
El Ministerio de Fomento y los organismos dependientes de él, Adif y Renfe, ya lo habían hecho; y las Juntas de Distrito de Chamartín y Fuencarral, también. Sin embargo, la Comunidad aún no les había remitido su firma, por lo que la aprobación se ha tenido que aplazar.
El Ejecutivo regional reconoce su responsabilidad por no suscribir el acuerdo y defiende que se les ha echado el tiempo encima: "No ha habido tiempo para dar conformidad" debido a "los largos y complicados procesos" que se requerían, apuntó la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.
Fuentes de su Consejería explicaron después que "el proyecto implica la participación de muchas direcciones generales en materia de transportes, carreteras, vivienda o medio ambiente", y dejaron claro que "no hay que buscar ningún trasfondo político, se trata sólo de un leve retraso operativo".
La consejera avanzó que tendrá listo el documento en enero, aunque esta pequeña demora puede provocar un efecto dominó, dilatando aún más el resto de plazos.
Mientras, la city del norte de Madrid tendrá que seguir esperando, algo que lleva haciendo ya 17 años. El proyecto se remonta a 1993, cuando se planeó soterrar las vías y la estación de Chamartín para prolongar la Castellana y levantar allí una ciudad financiera al estilo de La Défense parisina. Mediante el proyecto se pretendía trasladar el peso económico de la capital desde el centro hasta el norte.
El área a edificar se extiende sobre más de tres millones de metros cuadrados, lo que la convierte en la mayor operación urbanística de Europa. Levantar la city costará casi 11.000 millones de euros. La mayor parte del dinero saldrá de la iniciativa privada, que se encargará de urbanizar la zona, construir los edificios y financiar las obras ferroviarias de Fomento a cambio de la cesión del suelo.
Oficinas a 300 m de alto
Tras el soterramiento, se prevé la construcción de edificios de oficinas de más de 300 metros de altura en el suelo liberado entre la estación y la M-30. Allí trabajarán 68.000 personas, según las previsiones. Más al norte, entre Sanchinarro y Las Tablas, se levantarán unas 16.000 viviendas (4.000 protegidas), donde residirán más de 50.000 personas. Mientras, el paseo de la Castellana, que ahora acaba junto al hospital de La Paz, se alargará hasta la M-40. En total, la avenida se prolongará 2,8 km.
Pero el retraso no sólo afectará a las oficinas, viviendas y parques: las carreteras planeadas también tendrán que esperar. El Ayuntamiento tiene guardado en el cajón el proyecto para soterrar el nudo norte de la M-30 mediante un by-pass. Cuando Gallardón enterró el resto de la circunvalación dejó pendiente el tramo norte, a la espera de que se aprobara la operación Chamartín. Por otro lado, también se queda colgada la nueva línea del metro que unirá la estación con los desarrollos próximos a la prolongación de la Castellana.
La capital tiene operaciones urbanísticas pendientes por todos sus costados. Al sur, está prevista la operación Campamento, mediante la cual se construirán viviendas, parques y un hospital en los solares que ahora ocupan los cuarteles de Aluche. Al este, quedó paralizado el plan para construir tres megabarrios en San Blas, alrededor de La Peineta y la frustrada Villa Olímpica. Al oeste, se demolerá el Calderón y la Mahou para crear un lago y viviendas junto al Manzanares. Y al norte, se está ejecutando el desarrollo de Valdebebas, que incluye el mayor parque de toda la ciudad.
5 Preguntas sobre... Una ciudad sobre las vías
1.- ¿Dónde están los terrenos de la operación Chamartín? Son más de tres millones de metros cuadrados en el suelo que ocupan las vías de Renfe entre la estación de Chamartín, Fuencarral-El Pardo y la M-40.
2.- ¿Qué piensan construir en el área? Se soterrarán las vías y la estación para liberar suelo y levantar rascacielos de oficinas, 16.000 viviendas (4.000 de ellas protegidas), hoteles y carreteras para descongestionar la zona, como el cierre norte de la M-30.
3.- ¿Qué administraciones están implicadas? El suelo es de Adif (Fomento), Canal de Isabel II (Comunidad), EMT y propietarios privados. El Ayuntamiento debe decidir el cambio de usos del suelo (de ferroviario a residencial y dotacional) y la Comunidad revisa las infraestructuras para que el plan sea sostenible.
4.- ¿Cuándo comenzará a ejecutarse el plan? Es la gran incógnita. Tras la firma del último convenio (en 2008) parecía que iba sobre ruedas y podría estar todo construido en 2021. Pero la crisis y el nuevo retraso de la Comunidad dejan la fecha en el aire.
5.- ¿Qué obstáculos ha encontrado el proyecto? El plan lleva 17 años coleando, desde que se firmó el primer convenio en 1993. En 2004 hubo otro acuerdo, pero se bloqueó por el cambio de Gobierno. El penúltimo plan de Fomento (2006) tampoco gustó y el actual (2008) va retrasado.
* "0 Minutos - 16.12.10
Foto: Madrid, terrenos Operación Chamartín - 20minutos
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DIARIODEMALLORCA* : La Policía Nacional ha iniciado esta mañana una operación anticorrupción contra funcionarios de la Autoridad Portuaria de Balears durante la etapa del ex líder del PP, Joan Verger, por la supuesta comisión de diversos tipos de delito en la tramitación de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos del archipiélago balear. Durante el día de hoy se han llevado a cabo registros en la sede de la Autoridad Portuaria de Palma, en dos oficinas de una empresa privada y en un domicilio particular en Ciutat también de Palma, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. De momento no hay detenciones. Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, este asunto lo lleva investigando el Juzgado de Instrucción nº8 de Palma desde hace dos años, y es relativo a varios delitos de corrupción, entre ellos un supuesto amaño en el concurso del Club Marítimo de Mahón (Menorca) cuando Joan Verger presidía la Autoridad Portuaria.
Los implicados en esta operación, denominada Mar Blau, entre ellos el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ex líder del PP Joan Verger, serán citados por la policía a declarar en los próximos días, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso. Por el momento no hay más registros programados y, en principio, no se producirán detenciones.
En el marco de la operación Mar Blau se investigan presuntos delitos cometidos "al parecer" por funcionarios de la Autoridad Portuaria Balear (APB) con motivo de la concesión a la empresa "Trapsayates" de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos de las islas, según la Jefatura Superior de Policía de Balears.
En concreto, los delitos serían, en principio, los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública, estafa y otros.
En el registro de la sede de la Autoridad Portuaria Balear se ha dado cuenta de la actuación a la Delegación del Gobierno y se ha requerido al presidente de la entidad portuaria a que facilite documentación relativa a los expedientes investigados.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Balears investiga desde principios del 2009 las irregularidades denunciadas por el anterior presidente del club, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del muelle de Levante en el puerto de Mahón.
Los hechos objeto de investigación han sido las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.
Autoridad Portuaria de Balears confirmó el 30 de noviembre de 2008 la concesión a la empresa Trapsayates SL para explotar estos amarres muelle, situados entre Cala Figuera y la punta des Rellotge del puerto mahonés por un período de catorce años y diez meses.
El Club Marítimo de Mahón, cuyas instalaciones sociales están ubicadas en esta zona del puerto, había venido gestionando los amarres. La concesión otorgada a la entidad deportiva caducó en noviembre del 2011, pero fue renovada en dos ocasiones, hasta que en septiembre del 2003 Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Joan Verger, convocó concurso para una nueva adjudicación.
De las cuatro ofertas presentadas -Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo de Mahón y Trapsayates- fue escogida la de Trapsa, que desde octubre de 2008 contó con un permiso de ocupación temporal, después de que el consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares eligiese la propuesta de Trapsayates como la solución más ventajosa del concurso.
Trapsa se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante los casi quince años que durará la concesión y una inversión inicial para la mejora de las instalaciones actuales de 2,9 millones de euros.
El Club Marítimo de Mahón se movilizó para seguir gestionando los amarres y reclamó la anulación de la adjudicación del concurso, mientras que el delegado de Apeam en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, solicitó anular el informe de la comisión técnica aprobado por el consejo de administración de la APB.
En ambos casos los solicitantes consideraron que el proyecto de Trapsayates incumplía las bases del concurso, pero ambas alegaciones fueron rechazadas.
* Diario de Mallorca - 15.12.10
Foto: Palma, puerto - infonavegante
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ABC* : Las últimas inundaciones del Guadalquivir están sacando a la luz situaciones contradictorias en las que viven varias zonas de la ciudad, como es el caso de Fontanar de Quintos o La Altea, donde los vecinos llevan pagando desde hace ya una década, o más, impuestos de agua, basura o el IBI de Urbana, así como otros servicios oficiales, como es el caso de la luz a Endesa-Sevillana, que requiere de la autorización d ela Junta de Andalucía, o el teléfono a Telefónica, a pesar de que se siguen considerando zonas no legalizables. Es más, tal y como recordó una vecina de Fontanar de Quintos, María del Mar Antares, la infraestructura para que llegara el agua «la acabamos pagando todos los vecinos, a propuesta del Ayuntamiento, que también nos ofreció el alcantarillado, pero, como ya era excesivamente caro, no hubo unanimidad para realizar esa obra». En caso contrario, también estarían pagando por ese concepto, «como todo hijo de vecino», recordó por su parte, Carmen Pilar Cañamón, también vecina de esa zona.
Ella, junto a su hija de 13 años y su marido, habitan en una hermosa casa de la calle Orquídea, donde el pasado día 6 «me acabaron de poner la cocina estropeada por la riada de febrero; no está ni pagada y ya está para tirarla por completo». Algo parecido le ha pasado con las puertas de toda la vivienda, si bien estas todavía no habían sido instaladas por el carpintero y se han salvado de la última inundación.
La ayuda del Gobierno
Además, hace dos semanas le llegó, por fin, el dinero del Gobierno por los daños ocasionados por el agua a principios del presente año, «y ya vamos a tener otra vez al perito por aquí para hacer uso del segundo decreto que vaya a salir en este mismo año», se lamentó.
Para Pilar, «carece de toda lógica que nos sigan considerando ilegales cuando estamos pagando el IBI de Urbana, que indica que que esto es también la ciudad y no una mera zona rural, y otros servicios municipales, y eso es algo que los demás ciudadanos de Córdoba tienen que saber».
Y es que, en efecto, los parcelistas se sienten considerados por la generalidad de los cordobeses como unos «caraduras» o unos «okupas» que se libran de pagar sus impuestos para ahorrarse un buen dinero. «¿Ilegales? Eso es absurdo. Yo llevo diez años pagando el IBI de Urbana, e incluso cuando compré la casa y le hice un arreglo posterior fui a declararlo al Registro y al Catastro para ponerlo todo en orden y tuve que pagar, incluso, cinco años de retrasos por ese impuesto», sentenció, por su parte Juan Montilla, presidente de la calle Orquídea y funcionario del Ayuntamiento de Córdoba, quien aseveró contundente que «tengo todos los papeles en regla y pago ahora por mi casa, de 133 metros, mi cochera, mi piscina y por todo lo demás».
Hasta tal punto Montilla está convencido de que su situación está tan regularizada como la de cualquier otro cordobés que lanzó un reto al Consistorio: «Si realmente somos ilegales, ¿qué pasaría si de golpe y porrazo dejara de pagar el IBI de Urbana? ¿Me embargarían la vivienda o mi cuenta? Si soy tan ilegal, a ver qué solución le damos a todo esto».
Pero las curiosidades en esta zona de la ciudad no acaban ahí. Las calles de Fontanar de Quintos están sembradas con carteles indicativos de sus nombres, y todos ellos llevan impreso el logotipo del Ayuntamiento, como señaló irónica María del Mar Antares. «¿Se entiende que el Ayuntamiento pueda considerar irregular una zona a la que le presta su logotipo oficial?».
También en La Altea se consideran legales. Así, al menos, lo aseguró el presidente de la asociación vecinal, Julio Cortés, quien aseguró ayer a este periódico que cuenta con documentación para demostrar «eso, y el hecho de que no somos una zona inundable, como ocurre con una parte de Guadalvalle».
Planes urbanísticos
Según sus palabras, «nosotros nunca hemos actuado al margen de Urbanismo y siempre hemos hecho lo que nos han dicho desde el Ayuntamiento y, en nuestro caso, nosotros somos del tipo de urbanismo que está dentro del PGOU».
Una cuestión que, por cierto, también puntualizó el presidente de la asociación de vecinos de Fontanar de Quintos, Rafael Muñoz, quien afirmó que esta zona, en concreto, se incluía en el PAU III «como zona urbanizable y no con carácter rural».
Por lo pronto, los vecinos continuaron ayer con las labores de limpieza en el interior de sus parcelas, después de que un vehículo de Tragsa se encargara desde el pasado sábado de quitar el barro y el agua de los principales caminos y calles.
No obstante, al contrario de lo que ocurrió en febrero pasado, cuando el Ayuntamiento y la Junta se encargaron de hacer frente a este gasto también, en esta ocasión son los propios vecinos quienes se lo están pagando de su bolsillo, porque «como a las empresas encargadas de esto no se les pagó, ahora ya no se fían de las administraciones». Eso sí, a cambio de un «precio especial», tal y como aclaró la responsable de realizar estas labores, que han sido «muy solicitadas».
* ABC - 15.12.10
Foto: Carmen Cañamón y Juan Montilla muestran documentos de que están pagando impuestos de agua, luz, basura, teléfono y el IBI de Urbana - abc
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ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* :
Un ejemplo de la destrucción callada de nuestra arquitectura popular y rural de siglos tuvo lugar ayer mismo. En Labros, Guadalajara, un pueblecito tendido al sol en la paramera de Molina de Aragón, además de un arco románico del siglo XII, y una torre del XVI en una iglesia que sus descendientes han conseguido que se restaure, había en la plaza tres edificios singulares que fueron biblioteca, carnicería comunal y fragua, tras un porche (allí llamado portegao), con soportes de piedra para los pilares de sabina. Formaban hasta el lunes un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe, testimonio de una cultura tradicional que había merecido, entre otros reconocimientos, ser reproducido en el reciente libro Arquitectura Popular de Tierra Molina.
La vieja fragua se había convertido en Centro Cívico en 1983, por iniciativa de la Asociación de Amigos de Labros, y allí dentro, además de mostrar arados, albardas, hoces, fuelles y toda la memoria de lo que fue un pueblo campesino, se celebraban reuniones comunitarias, se organizaban exposiciones de fotos o se planeaba un premiado periódico, la representación de teatro clásico de cada año, las fiestas de agosto, un rastrillo, la recuperación de juegos tradicionales o iniciativas mil en bien del pueblo.
Después de muchos meses de batallas para que el Ayuntamiento (radicado en otro pueblo) no lo echase abajo, la mano del hombre, que no un rayo o el paso del tiempo, ha arrasado todo eso. No es mal reflejo (desolador y simbólico) de un país, un paisaje y un paisanaje municipal.
* El País - Opinión - 15.12.10
Foto: Labros (Guadalajara) - todopueblos
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SUR/Málaga* : Se preveía la regularización de un millar de viviendas ilegales antes de final de año y, de momento, la cuenta arroja un saldo de 316 inmuebles. Tras el pistoletazo de salida que dieron hace poco más de tres semanas 227 pisos de las promociones Santa María Green Hills y El Palmeral, tras ceder suelo y abonar 1,3 millones para cumplir con las cargas impuestas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue avanzando sin prisa pero sin pausa para arreglar el caos urbanístico heredado del gilismo. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer una nueva normalización de viviendas ilegales, en este caso de 89 casas de la urbanización La Corniche, ubicada en la Supermanzana D de Nueva Andalucía.
El método sigue la misma pauta que la mayoría de las normalizaciones que están por venir. Estos inmuebles, que hasta el momento habían estado fuera de ordenación por incumplir el PGOU del 86, han salido del limbo urbanístico tras pagar los promotores las cargas impuestas. En este caso, 712.000 euros en dinero contante y sonante y 12.031 metros cuadrados de terrenos que se destinarán a espacios libres, como se viene a denominar a las zonas verdes. En este caso, además, hay letra pequeña: una caución de 250.000 euros para garantizar la ejecución de las obras que tendrán que realizar en este sector.
Transferencia y escritura
No es una cuestión menor. En suma, las arcas municipales se han embolsado ya más de dos millones de euros solo por la regularización de 300 inmuebles; un balón de oxígeno para unas finanzas que llevan 500 millones en deudas de lastre. «Es un acuerdo importante para el Ayuntamiento, que está muy necesitado de los ingresos económicos», explicó Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno. Los pasos están marcados de antemano. Para que la regularización de una promoción de viviendas se apruebe en Junta de Gobierno Local, la transferencia bancaria y la escritura pública deben estar acreditadas.
«Todo está rematado oficialmente. Por eso se puede pensar que está siendo más lento de lo que se esperaba, pero hay muchos promotores interesados», señaló a este periódico Pablo Moro, concejal delegado de Urbanismo, que confía en que antes de que expire 2010 se eleve considerablemente el cómputo de inmuebles que se ponen del lado de la legalidad. Por su parte, Romero puso el acento en la trascendencia de las regularizaciones para los llamados terceros de buena fe. «Nos autoimpusimos trabajar para que los ciudadanos tuvieran seguridad jurídica y tranquilidad en la gestión de su patrimonio», abundó el portavoz del equipo de gobierno, que aventuró que a la vuelta de pocas semanas los acuerdos para la legalización de viviendas irregulares, de las 16.500 que dejó la gestión del GIL y que podrán normalizarse mediante el pago de compensaciones, serán algo «cotidiano».
No se prevé un camino de rosas. El sistema que marca el Plan General, hasta ahora inédito en un planeamiento urbanístico y realizado expresamente para intentar desenmarañar el caos del ladrillo que dejaron los gobierno gilistas, entraña una enorme complejidad jurídico-administrativa. Aunque algunos promotores han asomado por la sede de Urbanismo, al menos para interesarse por el estado de sus construcciones, pero otros han desaparecido y han dejado en la estacada a decenas de propietarios. El más crítico con este modelo de normalización es Ricardo Arranz, presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, que considera que el documento será «imposible» de gestionar. De momento la palabra imposible no entra en el diccionario de los primeros promotores que han dado un paso al frente. El plazo voluntario para que todos sigan su ejemplo concluirá en mayo. Pasada esta fecha, el Ayuntamiento podrá tomar medidas para reclamar las cargas.
* Sur - 15.12.10
Foto: Vista de las 89 viviendas ubicadas en Nueva Andalucía que se han regularizado tras el pago de las compensaciones - sur
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LEVANTE* : Las obras de protección y conservación del jardín de Monforte consistentes en la apertura de una nueva puerta junto al palacete, en la limpieza de las esculturas, la reparación de caminos y el esponjamiento y poda intensiva del arbolado arrancarán esta semana con cargo al Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, descartó que los retrasos en el inicio de la remodelación, adjudicada hace mes y medio, estén relacionados con su imputación en la investigación de un posible delito de prevaricación en las obras del aparcamiento de Severo Ochoa. Este aparcamiento se construyó sin los informes preceptivos de la Dirección General de Patrimonio por afectar al Bien de Interés Cultural del jardín de Monforte. El fiscal mantiene las imputaciones contra los funcionarios con responsabilidades urbanísticas implicados en el expediente, entre ellos, el actual secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa.
El delegado de Urbanismo está convencido de que la investigación del aparcamiento abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a instancias de Cercle Obert "se archivará en cuanto pasen las elecciones" municipales y autonómicas de mayo.
En relación a la otra obra pendiente en Monforte -la del controvertido derribo parcial del muro perimetral- Bellver apuntó que "se hará en el momento oportuno". El derribo parcial del muro de Monforte y su sustitución por una reja con el objeto de mejorar la conexión del jardín con la ciudad y la oxigenación de los árboles causó un fuerte rechazo. Expertos en jardines históricos, asociaciones en defensa del patrimonio y el mismo ex conseller de Cultura, Fernando Villalonga, se opusieron al proyecto.
Un portavoz de Cyrespa, la adjudicataria en UTE con Pavasal del proyecto, apuntó que hoy está prevista la firma del acta de replanteo, que supone el inicio formal de las obras de mejora del jardín de Monforte . La remodelación se adjudicó en octubre pero ha tardado mes y medio en empezar, un plazo que las adjudicatarias consideran que está "dentro de lo normal". Fuentes de Pavasal aseguraron que ya se ha empezado a trabajar aunque en partes del proyecto que no son visibles.
Una veintena de obras aplazadas
La remodelación del jardín histórico, en la que se gastarán 1,2 millones de euros, se ha retrasado y el ayuntamiento tendrá que solicitar una prórroga al Gobierno. Así lo ha hecho con otros proyectos como los huertos urbanos de Sociópolis y el jardín de Gas Lebón (incluido en el primer plan Zapatero). La reordenación de las grandes vías también ha empezado esta semana y no estará terminada en plazo. El ayuntamiento ha tramitado ya una veintena de solicitudes de aplazamiento de obras. Para no perder el dinero, tiene que justificar que la demora no ha sido por causas imputables al ayuntamiento o las contratas.
* Levante - 15.12.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia
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