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ELPAÍS/Alicante* : El caso Brugal, que investiga una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura al sur de Alicante, adquiere una nueva dimensión con la imputación de otras 39 personas más, entre ellas la práctica totalidad de la cúpula del PP de Orihuela (86.164 habitantes). Entre los nuevos imputados, en una de las más de 20 ramificaciones del caso Brugal, destaca la actual alcaldesa, Mónica Lorente, así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP. El juez del caso pidió hace días a través de un escrito a la policía que se informase a los 39 nuevos imputados de su condición, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.
En esta nueva lista de imputados figuran nueve políticos, entre los que hay tres de la oposición, y el resto son empresarios y gerentes de empresas de la zona, relacionadas con la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Orihuela por valor de 190 millones de euros y por 20 años. La génesis del caso son los presuntos sobornos que ofrecieron algunas empresas, que pugnaban por la suculenta contrata, a políticos.
Hasta la fecha se había hablado de la imputación en el caso Brugal de 15 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres ediles del PP en Orihuela, así como de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Pero ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en función de distintos informes que obran en la causa, ha decidido imputar a otras 39 personas.
La imputación más relevante es la de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, que fue concejal de Fomento y Turismo durante la legislatura 2003-2007, además de asumir el cargo de portavoz del PP. Pero también figura como imputado José Manuel Medina, que fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007. En la lista de nuevos ediles imputados por este nuevo caso figuran David Costa, actual concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda, y José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde pedáneo de La Murada.
El escándalo también salpica a políticos de la legislatura anterior, como Antonio Francisco Franco Andreu, ex edil de Personal del PP, o los concejales en la oposición Joaquín Ezcurra Gilabert, del Centro Liberal Renovador, fallecido en 2009, y Jesús Fernández Peñalver, edil durante la legislatura 2003-2007 del Grupo Centro Liberal. Por último, entre los políticos implicados está Francisco García Ortuño, concejal durante la legislatura 2003-2007 por el PSOE, del que fue expulsado, y candidato del Partido Socialdemócrata en los comicios del año 2007, aunque no salió elegido.
El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró en septiembre de 2008 el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la Corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario fue el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno, que acabó por frustrar el primer concurso: Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente.
El supuesto intento de soborno fue difundido en marzo de 2006 por el empresario Fenoll. Éste, según una cinta grabada, sostenía que Urbaser llegó a ofrecer tres millones de euros a varios concejales, entre ellos el ex alcalde popular José Manuel Medina, por hacerse con el contrato. La difusión de la cinta obligó al entonces regidor a declarar desierto el concurso y convocar un nuevo pliego, cuyo proceso acabó dos años más tarde con la adjudicación a la oferta de Sufi. La grabación de Fenoll provocó, a su vez, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, cuya primera consecuencia fue el arresto del industrial y cuatro miembros de su entramado empresarial. Ahora, el caso se reactiva.
Basura, corrupción y compra de partidos
- El caso Brugal investiga una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con el arresto del industrial afín al PP Ángel Fenoll, al que también se le acusa de enterrar deshechos de forma ilegal.
- En julio fue detenido el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, junto a tres ediles de Orihuela. Al presidente de la Diputación de Alicante se le imputa, entre otros delitos, fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
- La fiscalía pide al juez que pase a la administración deportiva las escuchas a uno de los detenidos, el promotor Enrique Ortiz, que desvelan posibles pagos a equipos para lograr el ascenso a Primera del Hércules, del que es el primer accionista. El juez se niega; la Federación Española de Fútbol abre una investigación.
* El País - 17.08.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
El juez imputa a la cúpula del PP de Orihuela en el 'caso Brugal'
Marbella acumula 156 convenios de la era GIL pendientes de regularizar
LAOPINIÓN/Málaga* : La herencia del Grupo Independiente Liberal no deja de salir de los cajones del Ayuntamiento de Marbella. Entre los últimos vestigios se encuentran un total de 156 convenios de distinta índole suscritos por el gobierno municipal de este partido y que nunca llegaron a ejecutarse íntegramente y, por tanto, tampoco a cobrarse. O, al menos, no existe constancia de ello. Estos derechos de cobro computaban hasta ahora en la contabilidad municipal, de forma que afectaban directamente al cálculo de remanentes de tesorería de las cuentas anuales del Consistorio. Esto es, en el saldo resultante de la liquidación de los presupuestos de la administración local.
Pero ya no lo harán. Un acuerdo, adoptado por la junta de gobierno local el pasado 13 de julio, los anula. En unos casos de forma definitiva y en otros, provisional.
Revisión de acuerdos
La aprobación y entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el pasado 21 de mayo, es la causa de su anulación. Los convenios suscritos, urbanísticos, de concesiones administrativas y convenios de transmisiones de bienes inmuebles, estaban supeditados al planeamiento imperante en su momento, en este caso, al aprobado en 1986.
Los convenios dependían de modificaciones de las características urbanísticas de los terrenos a los que afectaban. «Se iniciaron expedientes administrativos para modificar el PGOU pero ninguno llegó a la deseada aprobación por excederse a las posibilidades urbanísticas de este Plan», indica el propio interventor municipal, Juan Antonio Castro, en su informe acerca de esta medida, que propone la regularización de estos acuerdos.
En el acta, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Ayuntamiento computa 128 convenios urbanísticos; 23, referidos a la enajenación de viviendas y solares, y otros 5, por concesiones y aprovechamientos de bienes patrimoniales.
Los servicios técnicos de Arquitectura y Urbanismo deberán estudiarlos, en virtud de esta iniciativa, y determinar «si la ordenación prevista en los convenios se ajusta a la establecida por el actual PGOU». En el caso de existir algún tipo de desajuste, tendrán que analizar «si es posible el reajuste de los convenios tramitados y, en caso contrario, proceder a la anulación de las actuaciones que procedan», añade el acta.
El gobierno municipal de Marbella anula definitivamente el derecho de cobro de 51.814 euros procedentes de tres convenios urbanísticos y que se consideran errores contables. Por otro lado, se limita a anular provisionalmente el derecho de cobro de 74,7 millones de euros.
Este último montante desaparecerá de los cómputos municipales pero su cobro dependerá del análisis de los citados convenios y de su ajuste o no con el actual planeamiento. En función de los resultados obtenidos, esta cantidad resultará modificada.
* La Opinión Málaga - 17.08.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Valencia.- El ayuntamiento estudia el derribo de Bombas Gens para levantar tres edificios
LEVANTE* : Cambio de planes. El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para derribar la nave de la antigua fábrica de Bombas Gens, sita en la avenida Burjassot, para levantar, en su lugar, tres edificios de servicios. Así consta en un escrito del Servicio de Licencias Urbanísticas del consistorio, adscrito a la concejalía que preside Jorge Bellver, y que data del 16 de julio. Lejos queda, pues, la propuesta de estudiar la adquisición del edificio en cuestión y declararlo Bien de Relevancia Local, lo que extendería la actual protección con la que cuenta la fachada, a toda la construcción.
El edificio de Bombas Gens, obra del arquitecto valenciano Cayetano Borso di Carminati, ha sido calificada en distintas ocasiones como una "joya del patrimonio industrial de Valencia" porque supuso, además, la llegada del Art Decó a la ciudad.
La respuesta de la entidad cívica Cercle Obert no se ha hecho esperar y asegura que solicitará a la fiscalía que investigue al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, "por nuevos atentados contra el patrimonio cultural valenciano" y por "conceder licencia para construir tres edificios en Bombas Gens". Además, solicita sanciones para los dueños de las instalaciones "por no cuidar el patrimonio" y exige al ayuntamiento que "agilice las actuaciones administrativas, destinadas a la adquisición o expropiación de este edificio extraordinario".
Cercle Obert recuerda que es responsabilidad de las autoridades locales y autonómicas "velar por el cuidado y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico" y que es "eso lo que deberían hacer, en lugar de permitir su degradación constante, con engaños a los ciudadanos para autorizar, como ahora se puede ver, con premeditación y alevosía, en peno mes de julio, un proyecto que implica tirar abajo unas instalaciones emblemáticas para levantar tres edificios terciarios".
Piden que la fábrica sea un centro socio-cultural
Para la entidad cívica Cercle Obert, el edificio de Bombas Gens debería "ser destinado a centro socio-cultural del barrio de Marxalenes", dada la "total carencia de equipamientos y servicios públicos, destinados a fomentar la participación y las actividades culturales, artísticas y formativas en este barrio". A juicio de esta asociación "es necesario y fundamental, la activación y puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación si, realmente, queremos recuperar y reutilizar adecuadamente el abundante y extraordinario legado histórico-artístico y ambiental valenciano, en aras a generar y reactivar nuestra precaria economía. Es el momento de impulsar y coordinar un plan integral y pluri-institucional, destinado a la rehabilitación y recuperación de todos nuestros bienes de interés cultural y local".
* Levante - 14.08.10
Foto: La antigua fábrica de Bombas Gens se encuentra en la avenida Burjassot. cercle obert
La guerra contra la corrupción
PABLO SIMÓN COSANO* : Día tras día, los casos de corrupción se suceden en los medios de comunicación. Si somos benévolos y sólo miramos a los últimos años, Seseña, Fabra, Palau o Gürtel son ya palabras parte de nuestro imaginario colectivo. Cuando se comenta la situación, para la mayoría de los ciudadanos esto tiene una fácil explicación: «Todos los políticos iguales: son unos chorizos». Creo que conviene empezar por desmontar este mito: España es un país que tiene predilección histórica por la corrupción. en todos los ámbitos. Usar la wi-fi del vecino, fumar un cigarro en horas laborales, trabajar en negro o sin contrato, una falsa baja laboral, evadir impuestos o hacer un trabajo mal a sabiendas son ejemplos claros de corrupción. Una corrupción que no es política pero que en otros lugares, a diferencia de aquí, no se tolera. O es sancionada duramente por la ley sin hacer la vista gorda, o la propia sociedad las rechaza, que ni ve con indulgencia ni jalea tales prácticas. Por lo tanto hay que afrontar la verdad: los políticos son una extracción de nuestra sociedad y son representativos de ella. Con sus virtudes y sus defectos.
Ahora bien, dicho esto: ¿Cómo atacar la lacra de la corrupción política? ¿Se puede atajar este cáncer endémico? Por supuesto no hay ni varitas mágicas ni mucho menos leyes mágicas pero si se pulsan varias teclas a la vez se podrá, al menos, empujar en la dirección correcta.
Para tratar el tema, atacaré tres frentes diferentes pero relacionados: el ámbito local, el judicial y el político. Como es conocido, la mayoría de casos de corrupción se vinculan con las competencias de urbanismo y el ámbito local. La discrecionalidad de la administración en la adjudicación de contratos estudios, etc., genera redes de amiguismo claramente clientelar y suele facilitar que el cargo público pueda ser corrompido por otros con ánimo de lucrarse a costa de la administración, ya paguen a la cuenta del partido o a la del concejal de turno. Para atajar este problema se deberían tomar diferentes medidas. Por un lado, se debería dotar de una financiación justa a los municipios que los haga menos dependientes del urbanismo, que además debería racionalizarse incorporando a la administración autonómica, controlando mejor los ingresos del patrimonio municipal del suelo o dando mayores atribuciones a los plenos. Además, se debería reformar la Ley Electoral para aumentar las incompatibilidades de los concejales y alcalde, limitando los mandatos de este último y la propia Ley de Bases del Régimen Local debería restringir los supuestos de contratación directa de obras y servicios, el abuso del concurso frente a la oposición libre y la contratación de personal de confianza.
En el ámbito judicial también hay diferentes medidas a aplicar. Hace falta dotar de más medios a la fiscalía anti-corrupción para aumentar la eficiencia de unos funcionarios sobrecargados. Más aún, podrían crearse juzgados especializados en este tipo de delitos, lo que agilizaría su trabajo y podría servir como garantía de una mayor independencia. Además es imperativo que, ahondando en lo que recientemente se aprobó en el Congreso, se endurezcan las penas por corrupción. Algunas propuestas pueden ir desde aplicar la Ley Anti-terrorista a los corruptos con cumplimiento íntegro de condenas hasta la incautación vitalicia de bienes inmuebles y financieros hasta la devolución de la cantidad desfalcada. Sólo por poner un ejemplo de lo ridículo del actual sistema penal: ¿Sabía que a un concejal de urbanismo que concede una licencia urbanística ilícita, lucrando arbitrariamente a una constructora amiga y arruinando el urbanismo municipal, se le castiga tan sólo con la inhabilitación y una multa?
Por último, hay que centrarse en el procedimiento político ante sus dos actores principales: partidos y ciudadanos. Se debe incentivar unos partidos políticos con democracia interna, porosos con la sociedad civil y que favorezcan la transparencia. Cuanto más opacos sean, más probable es que aniden corruptos en sus filas. La ley electoral debería garantizar procesos de primarias e, incluso, podría debatirse desbloquear las listas. La Ley de Financiación de Partidos debe garantizar mayor transparencia en las donaciones privadas y mayores atribuciones al Tribunal de Cuentas. Y por último, el frente crucial: la propia ciudadanía. Cuanto más intransigente sea la ciudadanía con la corrupción, más se informe sobre política y se implique en los asuntos públicos, más probable será que sancione a los partidos que lleven corruptos en sus listas. De hecho, se trata del primer lugar donde hay que ganar la batalla, en nuestra propia manera de entender la política y lo público. Si tenemos la voluntad podemos cambiar las cosas. Si no, seguiremos teniendo lo que nos merecemos: una perenne corrupción de la que todos, por acción o por omisión, seguiremos siendo cómplices.
* PABLO SIMÓN COSANO | PROFESOR ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
* La Rioja - 15.08.10
La Junta insta a la Justicia a ejecutar la orden de cierre del vertedero de Torremolinos
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SUR/Málaga* : Salvo por la mayor cantidad de residuos que llegan como consecuencia del aumento poblacional que se produce cada verano, nada ha cambiado en el vertedero de Torremolinos desde que a comienzos de año un juez ordenara su cierre. La actividad del único basurero al aire libre que queda en la provincia (ubicado en plena sierra) se mantiene como si nunca se hubiera producido ese pronunciamiento judicial, tal y como han constatado durante las últimas semanas agentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, que acaban de remitir un informe al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga en el que advierten de que el vertedero sigue activo.
Apoyándose en una serie de fotografías de camiones entrando y saliendo del mismo, se insta a la titular del citado juzgado a que adopte las medidas oportunas para que se ejecute el auto dictado el pasado 29 de enero en el que se ratificaba su clausura al desestimar la suspensión cautelar solicitada por la empresa municipal Litosa (Limpieza de Torremolinos, S. A.) contra la resolución de Medio Ambiente de febrero de 2007 en la que se exigía el cese inmediato de la actividad en el basurero.
La postura de la Junta es clara al entender que las instalaciones no cuentan con la pertinente autorización administrativa, carece de un estudio de impacto ambiental y, además, entraña un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando se abrió expediente sancionador contra Litosa (responsable del vertedero) a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la supuesta comisión de una infracción administrativa consistente en la gestión inadecuada de residuos peligrosos. Un procedimiento que se tradujo en la citada orden de sellado del vertedero y en una multa de 60.000 euros, cuya ejecución sí que ha quedado en suspenso de forma cautelar.
Para justificar su negativa a la paralización de la orden de cierre, la magistrada afirmó en su escrito que el interés público y la protección del medio ambiente «deben prevalecer» por encima de los posibles daños o perjuicios que se le puedan ocasionar al Ayuntamiento por el cese de la actividad. Además, recalca que Litosa tiene «otras alternativas, aunque más costosas, para no dejar de prestar el servicio», en referencia a la planta de tratamiento de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental y a donde llega toda la basura que se genera desde Manilva hasta Benalmádena (a excepción de Mijas, que tiene su propio vertedero)
Pulso municipal
En el Ayuntamiento nunca se han mostrado dispuestos a ceder un ápice -aunque a raíz del dictamen judicial puede cambiar su actitud- y mantienen el pulso defendiendo la legalidad del basurero y agarrándose a unos estudios en los que, según apuntan, se descarta cualquier efecto sobre los acuíferos. Además, en el equipo de gobierno del PP acusan al Gobierno regional de pretender con esta actuación que los residuos sólidos sean enviados a Casares.
Una posibilidad que el Consistorio ni siquiera se plantea bajo el argumento de que el incremento de los costes derivados del transporte de las 60.000 toneladas de residuos que se producen al año (desde Torremolinos hasta el complejo medioambiental hay 96 kilómetros) tendría una repercusión directa en el recibo de la basura. Así pues, la única alternativa que están abiertos a escuchar es la construcción de una nueva planta más cercana al municipio.
* SUR - 16.08.10
Foto: Alcalde de Torremolinos, P. Montes - diariosur.es
