Madrid.- Descontrol y falta de mantenimiento en los pisos protegidos vendidos a 'fondos buitre'

Como no podía ser menos, la ilegal adjudicación de la Comunidad de Madrid de numerosas viviendas sociales a fondos buitre internacionales, sigue trayendo cola. Vecinos de las 3.000 viviendas públicas que Madrid vendió al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora denuncian ocupaciones y desperfectos. Muchos inquilinos abandonaron sus hogares en Vallecas y, en su lugar, se han asentado unas 150 familias de manera 'ilegal'. En 2013 el Instituto de la Vivienda madrileño (IVIMA) vendió los hogares sociales al fondo buitre sin aviso previo. A partir de entonces, muchos salieron de sus casas al cambiarles el casero de público a privado, con sus nefastas consecuencias económicas. Pero la situación está a punto de explotar al ocuparse muchas de estas viviendas por multitud de familias sin hogar. Como se dice: "quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón"... Así que, ojo al parche!!
"ELDIARIO* : La gestión de antiguas viviendas sociales por parte del fondo de inversiones Goldman-Sachs al que la Comunidad de Madrid vendió sus promociones de pisos coincide con el aumento de tensión entre vecinos de pisos adjudicados y un creciente volumen de personas que han entrado sin permiso a vivir en las casas vacías. Vecinos del Ensanche de Vallecas (Madrid) se quejan de que, desde que Encasa Cibeles –la empresa colocada por Goldman-Sachs– es la propietaria se han multiplicado la ocupación de casas, los conflictos y los desperfectos en la colonia.

Estos inquilinos se enteraron en octubre de 2013 de que el Instituto de la Vivienda madrileño (IVIMA) había vendido sus hogares al fondo sin aviso previo. A partir de entonces, muchos salieron de sus casas al cambiarles el casero de público a privado (y abrirse la posibilidad de modificar las condiciones de su alquiler de social a propio del mercado libre). En su lugar, han entrado de manera ilegal más de cien familias. Los que se quedaron mantienen su lucha para que el IVIMA recupere sus contratos. La tensión entre los dos grupos ha ido aumentando sin que el fondo ponga solución.

La crisis de la vivienda resume el día a día de esta comunidad de vecinos situada entre las calles de Eduardo Chillida y la Gran Vía del Sureste. La promoción fue entregada como vivienda protegida, foto mediante, por la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (PP).

El patio interior, por el que corren decenas de niños sin obligaciones escolares, une los bloques blancos y grises que forman el complejo. Los primeros pertenecen a la promoción de pisos de alquiler con derecho a compra que el IVIMA ofertó para jóvenes, los que más se han despoblado tras la adquisición de Goldman Sachs-Azora, poseedores de la empresa propietaria Encasa Cibeles.

Ahora, las viviendas de la fachada blanca albergan a la mayor parte de las familias que viven irregularmente en los pisos. " Unas 150 casas", calcula José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que agrupa a los vecinos de esta y otras 31 promociones de pisos protegidos vendidos a la empresa privada.

Jonathan es uno de los que han entrado sin permiso. Conversando con eldiario.es, señala la ventana de la casa donde vive con su mujer y sus dos niños, desde hace cinco meses. Entró cuando le contaron que había varios viviendas sin dueño en la zona. "Porque no tenía otro sitio en el que vivir", cuenta. Echó varias veces la solicitud para acceder a una vivienda protegida, pero no le tocó nunca, y decidió instalarse sin permiso. "Dicen que somos delincuentes pero, para mí, dar un techo a mis hijos no es delinquir. Somos pobres", afirma.

"Aquí hay muchos casos: los que están pagando y apenas llegan a fin de mes, los que pagan de momento pero que no podrán hacerlo cuando les suban los precios en Encasa Cibeles y los que han visto la oportunidad de una vivienda, y están sin pagar", resume José Luis de Roa.

Antes y después de Encasa Cibeles

Khadija vive con su marido y sus tres hijos en uno de los bloques gris oscuro. Al principio, pagaban un alquiler de 363 euros, más los gastos de la comunidad y del seguro. Su situación económica empeoró y con una renta de unos 500 euros al mes no podían hacer frente a los gastos diarios. "Me rebajaron el alquiler hasta los 52 euros, gracias a que aún tengo vigente el contrato con el IVIMA hasta julio del próximo año", cuenta.

Las ayudas y las condiciones especiales de los inquilinos con más necesidad quedan en el aire cuando concluyen los contratos con el IVIMA. "Hay vecinos a los que les han vencido sus contratos y en Encasa Cibeles les han dicho que ellos no son una ONG", apunta José Luis de Roa. La asociación AVVI llevó su caso ante la Defensora del Pueblo, que concluyó que la venta del Instituto de Vivienda "resulta perjudicial" para los inquilinos. "Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público", sostiene la institución en una carta remitida a los afectados.

Un portavoz de Encasa Cibeles asegura que estudian "caso por caso". "Hay que distinguir entre aquellas situaciones de especial vulnerabilidad social, que estudiamos con nuestro equipo de mediación social para buscar soluciones, de otros casos que son simples actos de delincuencia", afirma el portavoz. La empresa argumenta que ha instalado puertas especiales para evitar más entradas ilegales y asegura que enviará en los próximos días un servicio de vigilancia, que aún no está operativo.

Las diferencias también se dejan sentir en el discurso de los vecinos que abonan con dificultad sus mensualidades. "Es más fácil que llegue una orden de desahucio a una familia que deja de pagar que ver salir a otra que ha entrado de manera ilegal", dice Khadija. Según Encasa Cibeles, los procedimientos para vaciar los pisos ocupados ya se han iniciado, pero son "procesos lentos".

Jonathan y Abraham, otro vecino que ocupó una vivienda con su mujer y sus dos hijos, coinciden en que de momento nadie ha acudido a echarles. "Pero es algo que sabemos que pasará", se resigna Abraham, que sobrevive con lo que saca "de la venta de fruta ambulante". "Nosotros lo que queremos es que vuelva el IVIMA y que nos ponga un precio que podamos pagar. Pero no los 600 euros que piden aquí, porque con eso no tendríamos para comer", continúa. Abraham, que ya lleva un año en la que considera su casa, quiere seguir en la comunidad, en la que "no hay problemas entre vecinos más allá de roces por ruido y otras discusiones normales", dice.

Septiembre, un mes clave

Al mismo tiempo que el número de ocupaciones aumentó, también lo hicieron los deperfectos en las zonas comunes, que ahogan a los vecinos. "Hay critales de los portales rotos, robaron las cámaras del garaje y se rompieron las cerraduras de entrada, entre otras cosas", enumera Marcelino Calvo, otro vecino de los bloques de alquiler que dejará su casa este septiembre porque ha encontrado "una alternativa mejor". Las continuas reparaciones han provocado un aumento en el precio de los seguros que contratan los vecinos. "Cuando no llegas ni para comer, estos imprevistos agobian mucho", dice Khadija.

Fruto del contrato con el IVIMA, se crearon las juntas vecinales que deben afrontar los gastos de mantenimiento de los edificios. Sin embargo, con la entrada de Encasa Cibeles los vecinos consideran que estos gastos los debe pagar el propietario. "Eso eran condiciones especiales con el IVIMA, por tratarse de viviendas protegidas. Aquí pagamos la comunidad, por ejemplo, y yo nunca la he pagado en otros alquileres", indica José Luis de Roa.

Sin embargo, se resisten a desmantelar las juntas vecinales. "No queremos perder el control", apunta De Roa, con la vista puesta en el 3 de septiembre, fecha en la que declarará Ana Gomendio, directora gerente del IVIMA, imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La querella partió de un grupo de diputados regionales socialistas, a la que se unió más tarde la asociación AVVI.

La declaración de Gomendio también la seguirán con atención los vecinos que viven sin contrato, porque septiembre es una de las fechas que se barajan para el desmantelamiento de las ocupaciones. "Puede que en enero, también. No lo sabemos", dice Jonathan. Y cuestiona si son solo ellos los que han actuado fuera de la ley: "El IVIMA vende estas casas por menos millones de lo que valen a un banco, que ahora echa a la gente que no puede pagar".

Khadija confía en que se reconozca el derecho de las familias a mantener las viviendas protegidas, como quien se resiste a la traición de una promesa incumplida. "Si no es así, espero que Esperanza Aguirre venga a hacerse una foto conmigo cuando me quiten las llaves que me dio", concluye.


* El Diario - Laura Olías - 24.8.14
Foto: Las zonas comunes presentan varios desperfectos, denunciados por los vecinos. / Olmo Calvo.

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El suelo urbano sin agua y luz debe tributar como rústico

Continúan las consecuencias nefastas de la llamada burbuja inmobiliaria de los últimos 16 años en este país. Actualmente hay un grave problema en la calificación del suelo y su tributación, que afecta negativamente a las economías familiares, aunque también, todo hay que decirlo, a los especuladores inmobiliarios que son los verdaderos culpables de la situación. Innumerables terrenos que han sido calificados como urbanizables, según consta en el Plan General municipal, no han desarrollado sus infraestructuras y dotaciones para llegar a ser urbanos, debido en gran parte a la crisis/estafa de estos años. No obstante, estos suelos tributan en el Catastro como urbanos (mayor cotización), algo a lo que los Tribunales de justicia han puesto coto, resolviendo que no debe ser así y que deben tributar como rústicos (menor cotización). El Supremo ha ratificado la sentencia, luego es de esperar que las valoraciones catastrales se modifiquen inmediatamente ya que son injustas e ilegales. Veremos si es verdad que así sucede.
"ELECONOMISTA* : La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014. En una nota publicada ayer, destaca Becerril que la legislación obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento, pero que existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una etapa de expansión y crecimiento inmobiliario, que nunca se ha desarrollado por el cambio en la situación económica.

No existe solar urbano
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Frías Ponce, concluye que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras...), deberá tributar como suelo rústico.

El Supremo ratifica el fallo establecido por el juzgado de instancia sobre la consideración de un inmueble, clasificado en el PGOU de Badajoz como suelo urbanizable con condiciones como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.

Dice Frías Ponce que es nula la valoración por cuanto la finca que es causa del litigio, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, es de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el correspondiente proceso de urbanización, al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.

Así, añade el magistrado que si fuera suficiente con la simple inclusión en el perímetro geométrico de sectores de desarrollo en el suelo urbanizable, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (como defendía la Abogacía del Estado), sería innecesaria la mención a "los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo", tal y como se regula en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

De ser así, considera que se entenderían por suelo de naturaleza urbana todos los inmuebles clasificados como urbanizables a efectos catastrales por considerarse así en el Plan General, incluso los urbanizables sin condiciones que precisan para su ejecución la modificación del Plan General, "lo que no tiene sentido alguno".

Por ello, el razonamiento del ponente concluye argumentando que debe calificarse como suelo urbano en el PGOU de Badajoz exclusivamente "el suelo comprendido en los dos Sectores en que el PGOU de Badajoz establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial, así como el suelo urbanizable en ejecución".

Por el contrario, considera que no es urbano el resto del suelo urbanizable, por exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa de Ejecución y, "por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado". Así, la sentencia coincide con el informe La Realidad Catastral en España, publicado por la Defensora del Pueblo en 2012.


* El Economista - Xavier Gil Pecharromán - 19.8.14
Foto: Suelo urbanizado - noticiasconstruccion



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