DIARIODEMALLORCA* : Cuatro personas han sido detenidas esta mañana por la policía nacional en una nueva operación anticorrupción contra una trama descubierta en el servicio de gestión de recogida de basuras del Consell de Mallorca, según fuentes de la investigación. La operación, bautizada precisamente con el nombre de "operación Cloaca" y dirigida por la fiscalía anticorrupción, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones de presuntos implicados en la trama. Entre los detenidos se encuentra la directora financiera de la empresa constructora Melchor Mascaró, María Mascaró, que será defendida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner. La Policía Nacional la ha arrestado tras un largo registro en la sede que posee Melchor Mascaró en el polígono de Son Castelló, en Palma.
Asi, tres de los detenidos son responsables de importantes empresas que se dedican también a la gestión del medio ambiente en Mallorca. Se trata de directivos de FCC, de Melchor Mascaró y de Ses Nostres Eines.
Otro de los cuatro detenidos hasta ahora es un funcionario de la consellería de Medio Ambiente del Consell insular que fue arrestado en su despacho, identificado como G.P.
En este nuevo caso se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, de emisión de facturas falsas y posible cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca, que comprende a todos los municipios de la isla exceptuando el área metropolitana de Palma.
El detenido G.P. es un ingeniero técnico de la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, que ha presenciado el registro de su despacho en la consellería por parte de los policías del Grupo de Delincuencia Económica encargados de la investigación.
El ingeniero se ha declarado "totalmente inocente" y permanecerá en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, según ha explicado su abogado, Tomeu Oliver, que estuvo presente en el registro.
La operación anticorrupción que ha iniciado hoy la policía nacional, bautizada como "operación Cloaca", se ha centrado en la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, en Palma, y en diferentes empresas adjudicatarias de las localidades mallorquinas de Inca y Manacor.
Nada más enterarse de la operación, la consellera del departamento, Marilena Tugores, del BLOC, abandonó esta mañana la reunión del pleno ordinario que celebraba el Consell para acudir a las dependencias que eran registradas, en la calle de General Riera 111.
Precisamente fue el propio Consell el que denunció a la Fiscalía que se había detectado una sobrefacturación de más de un millón de euros en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos que prestaban empresas privadas concesionarias de la administración insular.
Según ha explicado el conseller de Presidencia del Consell, Cosme Bonet, el actual equipo gestor del área insular de Medio Ambiente, que dirige Marilena Tugores, detectó el pasado verano desfases en las cantidades facturadas por empresas concesionarias de la recogida de basuras.
Por ello, el gobierno insular encargó una auditoría que confirmó que la sobrefacturación ascendía a más de un millón de euros, lo cual se puso en conocimiento de los servicios jurídicos de la institución, que aconsejaron trasladar esta información a la Fiscalía.
El vicepresidente responsable de Cooperación Local, Miquel Rosselló, que al igual que Tugores es representante del Bloc, ha incidido en que las sospechas surgieron cuando el nuevo equipo se hizo cargo de Medio Ambiente después de la expulsión de UM del gobierno del Consell de Mallorca.
Hasta entonces, la titular del departamento responsable de la gestión de los residuos en la isla había sido Catalina Julve, que comenzó a desempeñar esta función en la anterior legislatura.
Durante el día de hoy, fuentes de la investigación informaron a Efe de que Julve no estaba imputada en el caso. Julve es actualmente vicepresidenta y portavoz de la nueva UM liderada por Josep Meliá.
Los detenidos prestaban esta tarde declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares.
* Diario de Mallorca - 13.01.11
Foto: Registros en la sede de Melchor Gasparo en Son Castello - diariodemallorca
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ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha aprobado hoy por decreto la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, que incluye 400 propuestas, 1.600 proyectos y los criterios de planificación para coordinar las actuaciones de las distintas consejerías, en un "ambicioso" plan que "mira hacia el futuro" y que pretende garantizar el desarrollo sostenible de la región hasta 2030. Así lo ha asegurado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras la aprobación del proyecto en un acto que ha contado con la asistencia de diversas personalidades del mundo político, académico y empresarial, a quienes ha agradecido sus aportaciones a lo largo de estos tres años, desde que en 2007 se iniciara la tramitación. En este sentido ha recordado que el proyecto se inició al comenzar la legislatura y que en 2009 se propuso el documento, al que se ha incorporado el 85% de las 2.222 alegaciones presentadas por ayuntamientos, colectivos y asociaciones, administraciones públicas y particulares.
La Estrategia aborda la asignatura pendiente de la vertebración del territorio bajo unas directrices comunes que compatibilicen el desarrollo con la protección del entorno y potencien las ventajas de la región. Y lo hace tras los años del urbanismo salvaje, que marcó un crecimiento desequilibrado y sin coordinación. Con la crisis económica, el ladrillo ha dejado de ser el factor clave de competitividad a favor de un desarrollo sostenible por el que aboga la Estrategia Territorial, que se marca un total de 25 objetivos y 100 metas con indicadores de cumplimiento que integran las políticas sectoriales de las distintas consejerías con la proyección territorial para "trabajar de una forma integral y coordinada". Eso sí, "no protege más suelo", ha puntualizado la directora general de Territorio y Paisaje, Arancha Muñoz, durante el acto de presentación.
Abarca todos los aspectos relacionados con la actividad económica, medio ambiente, sistema urbano, áreas metropolitanas, mundo rural, litoral, turismo, energía, cambio climático, suelo, vivienda, aguas, infraestructuras y cohesión social para disponer de un "instrumento mejor y más avanzado" en materia de ordenación del territorio como una "hoja de ruta" que, según ha augurado, "permitirá salir de la crisis económica y situar a la Comunidad Valenciana en una posición puntera".
Para fomentar el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo, la Estrategia Territorial "agiliza" y "simplifica" los trámites administrativos urbanísticos, con el objetivo de facilitar inversiones estratégicas, como es el caso del Corredor Mediterráneo, para el cual se prevé la "reserva de suelo", ha subrayado Muñoz. En esta línea, la directora general ha anunciado que se está preparando un anteproyecto de ley de actuaciones territoriales estratégicas para que "ninguna inversión estratégica se escape" y que "ofrecerá a los agentes inversores un único interlocutor en el proceso de planeamiento" de forma que se acelerarán trámites, plazos y actuaciones.
Además, mediante el decreto aprobado hoy, se ha creado el Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunidad Valenciana, que velará por el cumplimiento de los objetivos además de impulsar nuevas iniciativas de elevado impacto económico y de empleo sobre el territorio. Presidido por el jefe del Consell, el comité está integrado por varias consejerías, asociaciones empresariales, municipios y otras entidades.
* El País - EP - 13.01.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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ELCORREOWEB/Sevilla* : La alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes (PSOE), se enfrentará a los 16 meses de prisión y los 16 años de inhabilitación para ejercer cargo público que le reclama la Fiscalía de Sevilla por cuatro presuntos delitos contra la ordenación del territorio por la concesión de dos licencias. También solicita 27.000 euros de multa, a razón de 6.750 por cada uno de los delitos. Según relata la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, la regidora otorgó a dos particulares la licencia pertinente para construir unas viviendas en suelo no urbanizable, y pese a contar con el informe desfavorable del arquitecto municipal, hechos por lo que reclama la apertura de juicio oral en un juzgado de lo penal.
El escrito de calificación señala que el 5 de julio de 2005 el propietario de una parcela situada en la avenida de la Constitución de esta población de la Vega solicitó una licencia para edificar una vivienda unifamiliar. Ese mismo día, el arquitecto municipal informó a la alcaldesa de que la solicitud "era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento, por ser suelo no urbanizable". Pese a ello, la acusada, "consciente de la ilegalidad de su proceder", concedió la licencia, según el relato del ministerio público.
Posteriormente, el 14 de octubre de 2005, el titular de otra parcela similar situada en el mismo lugar y, por tanto, con la misma clasificación, también pidió al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas una licencia para hacer otra vivienda. De nuevo, el arquitecto municipal "advirtió el mismo día que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento, por ser el terreno no urbanizable". Sin embargo, el fiscal recuerda que, "nuevamente y sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió".
Estas irregularidades fueron denunciadas en los juzgados de Lora del Río el 8 de enero de 2009, por lo que la alcaldesa fue citada a declarar como imputada meses después. Según el fiscal, fue entonces cuando ordenó incoar diligencias informativas previas al expediente urbanístico por la realización de las obras contra las dos personas a las que ella misma había autorizado. Por ello, el fiscal considera los hechos como dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación y otros dos del mismo tipo, pero por inducción.
* El Correo Web - 14.01.11
Foto: Villanueva del Río y Minas (Sevilla) - sevillatequiero
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QUÉ/Madrid* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación a la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, por votar a favor de un convenio urbanístico en 2001 para la construcción de viviendas de carácter social que contaba con un informe negativo del secretario del Ayuntamiento de esta localidad. En una sentencia hecha pública esta tarde, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal madrileño ha impuesto la misma pena al ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán. En la resolución, cuyo fallo fue leído por el presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira, los magistrados esgrimen que su intervención fue de "singular relevancia en los hechos" en relación a la aprobación en el Pleno de 26 de noviembre de 2001 de un convenio con la sociedad Patrimonio Siglo XXI para la construcción de 107 viviendas de carácter social. El acuerdo se firmó entre el Ayuntamiento y esta empresa para ceder unas parcelas municipales a cambio de la construcción de estas viviendas.
Además, se ha condenado a siete años de inhabilitación a la diputada regional Esperanza Rozas; a Julia López Jiménez; a María del Mar González Romero; a Josefina Ginovart Amorós; a María de los Desamparados Gallego Alfaro; y a Francisco Montero Almirón.
Los abogados de Rollán y de Rozas, Antonio González Úbeda y Wilfredo Jurado, han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al estar en desacuerdo. "Habrá un recurso seguro para luchar contra esta sentencia porque es una injusticia manifiesta", ha aseverado Jurado al conocer la resolución.
La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.
MECANISMO ENGAÑOSO
En la sentencia, la Sala explica que en el Pleno se aprobó "un convenio tendente, entre otros extremos, a la enajenación de ciertos terrenos de propiedad municipal que tenían consideración jurídica de bienes patrimoniales", por lo que se rige conforme a la normativa reguladora de la contratación de Corporaciones locales.
Según la Ley, "las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública", con la excepción de "la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario".
"Se establece así con toda evidencia una tajante línea de partida cuyo incumplimiento nos sitúa de lleno en el ámbito de la ilicitud", ha recalcado la Sala, que añade que "el recto acatamiento de la regulación hubiera debido impedir que la Corporación municipal implicada pudiere predeterminar de antemano, a través de sus mandatarios, la identidad del contratante con el que se habría de concertarse el negocio jurídico que sus redactores buscaban".
La sentencia señala que "el procedimiento intentado para defraudar los sensatos mandatos del legislador consistió en acudir al juego de la única excepción que se repite en todas las disposiciones aplicables, esto es a la añeja figura convencional del canje, trueque o permuta".
"Acaece, sin embargo, que el contenido concreto del pacto al que a través de tal vestidura se trataba de legitimar, no encajaba, ni de lejos, dentro de las costuras de tan vetusto como, en general, lícito negocio jurídico".
Así, concluye que "la pretensión de calificar este pacto como constitutivo de un trueque o una permuta, no entrañaba en realidad sino el recurso, similar al de los juegos de prestidigitación, que consistía en acudir a un mecanismo engañoso, y hacerlo, además, de una forma rudimentaria para ignorar la Ley".
"Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica".
Por ello, el TSJM da validez al informe del secretario municipal en su informe de 23 de noviembre de 2001 en el que indicaba que "no puede existir permuta si no existe una reciprocidad de dar y recibir una cosa".
INFORME MUNICIPAL
En el juicio, que se celebró el pasado mes de diciembre, Rollán recalcó ante la sala de lo Civil y Penal que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.
Además, indicó que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también declararon otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.
A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.
"En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.
* Qué - 13.01.11
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
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SUR/Málaga* : Óscar Román, exalcalde de Carratraca por IU, ha dimitido como cargo de confianza en la Diputación Provincial de Málaga tras conocerse que ha sido condenado a un año de prisión y ocho de inhabilitación para ostentar cargo público por un delito urbanístico, al otorgar en el año 2002 una licencia de segregación de una parcela de suelo clasificado como no urbanizable. Román ha dimitido como director del Área de Juventud, Deportes y Formación de la Diputación, que llevaba siete años ostentando, y va a presentar también su renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Carratraca, según confirmaron a este periódico la diputada provincial de IU Encarnación Páez y el coordinador provincial de la coalición de izquierdas, José Antonio Castro.
Tanto Páez como Castro valoraron el gesto ético de Román de presentar inmediatamente su renuncia a los cargos públicos tras conocer una sentencia que piensa recurrir en instancias judiciales superiores. "Se trata de una actitud coherente y además ha salido directamente de él por lo que no ha hecho falta que nosotros, como teníamos pensado hacer, le pidiéramos la dimisión" declaró el líder de IU a SUR.
Román dimitió en enero de 2010 como alcalde al manifestar su desacuerdo con algunos aspectos de la normativa urbanística andaluza, la LOUA y su aplicación, abriendo entonces una crisis profunda en el seno de IU en Carratraca y en este Consistorio al no querer ningún concejal de la coalición asumir la vara de mando. Al final, tras arduas negociaciones, Francisco Duque -el número dos de la lista de IU en las elecciones municipales de 2007- se convirtió en regidor.
* SUR - 13.01.11
Foto: Carratraca (Málaga) - andaluciarustica.com
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ELPAÍS/Marbella* : El supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y sus socios financiaron con dinero negro la compra de la parcela de Crucero Banús, cuya posterior recalificación les permitió dar un pelotazo de seis millones de euros. "Se usaron fondos ocultos a la Agencia Tributaria que afloraron con esta operación", afirmaron ayer tres funcionarios de este organismo, que actuaron como testigos en el juicio del caso Malaya. La décima sesión de la vista oral sobre la trama de corrupción en Marbella tuvo un carácter marcadamente técnico. La atención se centró en los detalles financieros de la operación urbanística, en la que, además de Roca, participaron el ex edil Pedro Román -socio mayoritario-, el abogado Juan Germán Hoffmann y el ex comisario de policía Florencio San Agapito.
Los cuatro socios constituyeron en 2001 una sociedad -Lispag AG- con domicilio en Suiza. Esta mercantil compró en octubre de ese año todas las acciones de la sociedad española Yambali 2000, propietaria de la parcela. Aunque el precio real de la adquisición fueron cuatro millones de dólares, en la escritura de compraventa solo se declararon 841.416 euros.
El mismo día de la compra de Yambali, la parcela pasó de tener uso comercial a residencial, y su edificabilidad se multiplicó por 21, supuestamente gracias a la influencia de Roca en el urbanismo marbellí. En octubre de 2002, los cuatro socios de Lispag vendieron la finca recalificada al constructor granadino José Ávila Rojas por 10,4 millones de euros.
Los inspectores de la Agencia Tributaria afirmaron ayer que Lispag AG, no es sino "una sociedad meramente instrumental creada al servicio de la ocultación" de sus titulares. Los beneficios de la operación fueron derivados a una cuenta de un banco suizo y desde allí a fundaciones opacas de los socios en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Ninguno de ellos declaró la plusvalía. Solo el ex comisario San Agapito realizó una declaración complementaria del incremento patrimonial logrado con la operación Crucero Banús tras su imputación en el caso Malaya.
Durante las primeras jornadas del juicio, el ex edil Pedro Román, antigua mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil, trató de distinguir entre su actividad como persona física y las labores de las sociedades en las que figura como administrador, accionista o apoderado.
En este caso, su tesis fue refutada por los peritos de Hacienda. "Los rendimientos logrados hay que imputárselos a las personas físicas, no a la sociedad Lispag", afirmaron los testigos, que solo tuvieron tiempo ayer de contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
La sesión de ayer, con declaraciones muy favorables a las tesis del acusador público, se inició con la comparecencia de Raquel Escobar. La ex abogada de la delegación de Urbanismo marbellí terminó su declaración, interrumpida el lunes por motivos técnicos. Escobar afirmó que el poder de Roca en el consistorio abarcaba mucho más que los asuntos de licencias de obra y planeamiento urbanístico. "Si Roca quería que el tesorero municipal o los concejales de Personal o Economía acudieran a su despacho de Planeamiento, ellos iban", afirmó.
Escobar recordó que cuando fue contratada, en 1999, el entonces alcalde Jesús Gil había exigido que las licencias urbanísticas se aprobaran sin informes jurídicos específicos, y se utilizaba un dictamen general redactado por el abogado de confianza del regidor, José Luis Sierra, condenado en el caso Saqueo.
* El País - 12.01.11
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es
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