LEVANTE* : El Ayuntamiento de Valencia aprovechará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que prevé la recalificará 481 hectáreas de huerta protegida, para hacer otras recalificaciones puntuales en el casco urbano y dar salida de una tacada a pequeños solares urbanizables de la ciudad que se han quedado aislados por falta de interés de los promotores. La fórmula para hacerlos más atractivos a ojos de las constructoras será recalificar y aumentar su edificabilidad residencial en detrimento normalmente de parcelas vecinas reservadas a uso dotacional, educativo y espacios verdes.
Se trata de trece unidades de ejecución ubicadas en suelo urbano consolidado de Campanar, Tendetes, Malilla, Orriols y el entorno del Camino de Moncada y San Miguel de los Reyes. Con estas modificaciones de las unidades de ejecución se podrán construir unas 2.000 viviendas más, que se añaden a las 30.000 que está previsto construir en la huerta que se recalifique en la revisión del plan. El nuevo planeamiento diseñado por el gobierno de Rita Barberá da un nuevo bocado de 481 hectáreas a la huerta.
En el antiguo Camino de Moncada, la revisión del PGOU prevé recalificar varias parcelas -ocupadas por viviendas ruinosas- que en 1988 se reservaron para un nuevo colegio y una zona verde para hacer 160 nuevas viviendas, sobre las 25 previstas inicialmente. Casi siete veces más. Las parcelas destinadas a jardines y colegios se reducen a la mínima expresión y en su lugar aparecerán torres de entre 6 y 10 alturas.
El suelo escolar previsto inicialmente (9.000 metros cuadrados) permitía hacer un colegio de dos líneas o un instituto pero a reducirse a 5.298 m2 por debajo del parámetro de 5.500 m2 que la Generalitat exige para colegios de una línea. La zona verde original queda fragmentada por las torres de viviendas que se proyectan en la revisión del PGOU.
En las fichas de las nuevas unidades de ejecución en suelo urbano no figura en qué zona de la ciudad se compensa el suelo dotacional que desaparece, tal como marca la Ley Urbanística Valenciana.
Otro de los ámbitos donde se recurre al aumento de densidad edificatoria para financiar la eliminación de tapones urbanísticos está en el entorno de San Miguel de los Reyes, una de las zonas de huerta de máxima protección previstas en la revisión del PGOU.
Se trata de una unidad de ejecución ubicada enfrente del monasterio protegido y sede de la Biblioteca Valenciana donde la edificabilidad casi se duplica. De este modo, el ayuntamiento hace más rentable una unidad con elevadas cargas porque hay que derribar un edificio moderno fuera de ordenación y realojar a los vecinos. De los 27.790 m2 (86 viviendas) previstos inicialmente frente a San Miguel de los Reyes se pasa a 40.498m2 (327 viviendas). Se podrán construir doce fincas de cinco plantas.
Las trece unidades de ejecución que se modifican forman parte de la revisión del PGOU que está en fase de exposición al público en la página web del ayuntamiento y en el edificio de la Tabacalera.
Más de 200 modificaciones
El gobierno municipal del Partido Popular ha aprobado más de 200 modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que han hecho posibles, entre otras, la construcción de viviendas de alta gama en el entorno del edificio de la Tabacalera o la permuta del solar del nuevo campo del Valencia, en la avenida Corts Valencianes.
El incremento de edificabilidad en estas parcelas a costa de consumir suelo para equipamientos es una vuelta al concepto de urbanismo desarrollista de los años 60 con mucha densidad de edificios y pocas zonas verdes y dotacionales, advierte el grupo municipal socialista.
* Levante - 18.10.10
Foto: Tapón urbanístico entre el Camino de Moncada y la avenida Constitución.- levante
Valencia.- El PGOU recalifica suelo de colegios y parques para edificar 2.000 casas
Los alcaldes tránsfugas de Gondomar obstruyen una orden de demolición
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ELPAÍS/Pontevedra* : Los alcaldes tránsfugas de Gondomar -Alfonso de Lis por las mañanas y el titular, Martín Urgal, como regidor vespertino- están ignorando los requerimientos judiciales interesados en el derribo de una vivienda unifamiliar cuya licencia de construcción ya le costó a Carlos Silva, el alcalde del PP en el anterior mandato, su expulsión de la política. No es el único vínculo. La petición de la licencia fue tramitada, para su hija, por Jaime Fernández, auxiliar administrativo del departamento municipal de Urbanismo y, entonces, responsable del Registro y custodio o mero porteador de la carpeta con los documentos a firmar por el alcalde.
Su testimonio en otro juicio celebrado contra Silva por falsedad documental contribuyó a que el ex alcalde esquivara la cárcel que el fiscal pedía para él. Ahora, los requerimientos del juzgado sobre esa vivienda salen de Urbanismo para su tramitación en la Alcaldía, único órgano competente en el procedimiento, pero ninguno regresa a Urbanismo con la firma de Urgal o De Lis para continuarlo.
La demolición de la vivienda, construida en Cruceiro-Donas, fue ordenada en febrero de 2008 en sentencia que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) confirmó en julio del año pasado: la casa no cuenta con amparo normativo, ni en el plan general de urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Tribunal Supremo (TS) en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria. Es lo que sucede con centenares de construcciones en Gondomar. Pero la licencia para esa casa de Cruceiro fue otorgada por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva el 17 de enero de 2006, fecha que pone un punto de inflexión en la gestión urbanística local.
La junta de gobierno, desentendiéndose de las sentencias judiciales, había otorgado hasta entonces licencias a mansalva. Un pequeño lote de ellas condenó a todos sus miembros en primera instancia por prevaricación continuada, aunque la Audiencia Provincial estimó que la prevaricación solo estaba suficientemente probada en la licencia tramitada por Jaime Fernández, que, según él, no fue la última: "Se concedieron licencias hasta mayo de 2006", asegura.
El Gobierno local del PP había respondido a la anulación del plan de 1997 con sucesivas maniobras de distracción que usó hasta la extenuación para no reconocer las órdenes judiciales. Primero, porque la sentencia del TSXG no fue firme hasta que la confirmó el TS y, cuando esto sucedió, en febrero de 2005, el pleno municipal amañó la continuidad del plan con una supuesta corrección de las lagunas señaladas en las sentencias para anularlo.
Hasta el 16 de enero de 2006 no hubo manera de que Silva y compañía se dieran por enterados de que estaban actuando ilegalmente. El requerimiento de la Xunta para que anularan el acuerdo plenario que mantenía la vigencia del plan fue ignorado porque llegó (por Registro) fuera de plazo, y los posteriores autos del TSXG (del 21 de noviembre de 2005 y 10 de enero de 2006) que ordenaban el cese tajante de licencias cayeron en un limbo, hasta que el último de ellos, sin saberse cómo, apareció sobre la mesa de la secretaria municipal, que ese mismo día trasladó su contenido a un informe advirtiendo a los ediles de los riesgos penales que estaban asumiendo. Pese a ello, otorgaron la licencia de Cruceiro.
La orden de demolición, aunque deriva de ese correoso caldo de cultivo, no es consecuencia directa del mismo, sino de la encarnizada hostilidad de dos hermanos que "están a despedazarse en los tribunales". Jaime Fernández es uno de ellos. Entró en el ayuntamiento como secretario particular de Ramón Sestelo, el alcalde que precedió a Carlos Silva, y continuó dos años (de 1999 a 2001) al servicio de este; después pasó a Urbanismo.
En el juicio por falsedad documental contra Silva, celebrado en mayo de este año, Fernández testificó a favor del ex alcalde. Los documentos que le inculpaban se trapichearon en bares del pueblo, a 500 euros la pieza, según sus compradores, y certificaban una falsa antigüedad de viviendas para dejar constancia de la prescripción de obras ilegales realizadas en ellas. Tampoco aquí pudo aclararse en qué momento, en qué lugar ni por qué mano se introducían en la carpeta de firmas que Fernández presentaba a Silva.
La sombra alargada de Carlos Silva
"Habiendo transcurrido con exceso el segundo plazo concedido al Concello para contestar al requerimiento de 9 de marzo de 2010", señala el 1 de septiembre la última providencia judicial en relación con la vivienda de Cruceiro, "se requiere nuevamente al Concello para que en el improrrogable plazo de 10 días indique nombre del funcionario responsable de la demora, al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades". Todos piensan en el funcionario Jaime Fernández, aunque ya no es responsable del Registro ni de la carpeta de firmas del alcalde. Pero esas tácticas de desentendimiento trascienden su papel, formaron escuela en los dos mandatos de Carlos Silva.
Como alcalde, Silva no se enteró de que otorgaba licencias urbanísticas ilegales -hasta la de Fernández, y ni así: "Después de tanto ruido con la corrupción, se me condena por una simple falta administrativa", dijo en una entrevista-, ni de que firmaba documentos falsos que Fernández le traía en la carpeta para legalizar obras ilegales. Tampoco se enteró de que sus principales ediles -el de Urbanismo y el portavoz de su Gobierno, condenados por cohecho- vendían a cachos la edificabilidad de un plan general en marcha ni de que el Ayuntamiento perdía 750.000 euros en una permuta con un promotor. Méritos suficientes todos para que Rafael Louzán le fichara para su equipo en la Diputación Provincial.
Ahora sus seguidores entretienen a los jueces para llegar a legalizar la vivienda de Cruceiro en un nuevo plan general. De otro modo, el Ayuntamiento, que dio la licencia, tendría que indemnizar a Fernández por el derribo. Y sucesivamente, reclamar patrimonialmente a Silva y compañía, que prevaricaron al darla.
* El País - 18.10.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Cartagena.- La UE cuestiona Novo Carthago
LAVERDAD/Murcia* : La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado.
«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.
* La Verdad - 17.10.10
Foto: Un hombre pasea en bicicleta y otro a pie por un camino de tierra junto a la finca de Novo Carthago, donde unas banderolas anuncian la urbanización, en enero pasado - laverdad
Trescientos vecinos de Dénia claman contra las obras en una plaza centenaria
LEVANTE/Alacant* : "Por favor no nos quitéis el Panterri, no enterréis una parte importante de nuestra memoria histórica y de nuestros sentimientos". Así terminó el manifiesto que en la tarde de ayer leyó Virginia Ramírez ante trescientos vecinos de Dénia que se concentraron en la calle Cop, junto a lo que queda de la histórica plaza del Panterri (ese es su nombre popular) o de la Constitució. Esa última frase desató un aplauso encendido de todos los manifestantes, que, a continuación, corearon el lema de "salvem el Panterri".
La protesta de ayer fue más emotiva que numerosa. Los vecinos que la secundaron intentaron insuflar algo de vida en una plaza centenaria que tiene los días contados. Ya se han iniciado las obras de remodelación que eliminan un elemento arquitectónico tan singular como el del parterre. La alcaldesa, Ana Kringe, del PP, ha asegurado que estas obras no las paraliza ni el sursuncorda. De hecho, el viernes las máquinas entraron en la plaza en una demostración de que, efectivamente, el gobierno local no se plegaba a las presiones vecinales.
Ayer, ya quedaba bien poco del centenario parterre. En un extremo de la plaza, estaban apilados los sillares de piedra del Montgó que lo coronaban.
Los manifestantes interpretaron ese mensaje de que las obras no se van a parar como "tozudez". Denunciaron que con la excusa de modernizar se va a destruir "esta plaza más que centenaria en la que se han vivido tantos y tantos hechos que forman parte de nuestra historia".
Pero, más allá de la importancia histórica de una plaza en la que están la iglesia de l'Assumpció y el ayuntamiento, que es un edificio señorial del siglo XVII, los manifestantes reivindicaron la memoria sentimental del Panterri, que es, por deformación de parterre, como se conoce en Dénia a este espacio urbano. "La major parte de la gente de Dénia ha hecho su trayecto vital por el Panterri; han pasado por él desde que nacieron hasta que dejaron este mundo", indicaba el manifiesto. "Si lo hacen desaparecer, las nuevas generaciones podrán saber, pero no sentir lo que de verdad ha significado para los vecinos".
Los manifestantes argumentaron que destruir el parterre es como "si se cortaran los árboles de la calle Campo en nombre de la modernidad y la movilidad".
A la protesta, asistieron, entre otros, el historiador Vicent Balaguer, la portavoz socialista y ex alcaldesa, Paqui Viciano, el nuevo edil del Bloc, Josep Crespo, y los presidentes de las asociaciones de vecinos de Baix la Mar y Roques.
* Levante - 17.10.10
Foto: Los manifestantes se concentraron en la calle Cop, ya que no tenían permiso para hacerlo en la plaza del Panterri.- levante
Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca
LAOPINIÓN* : El desplome de más del 20% de los precios de la vivienda en Málaga desde que empezó la crisis tiene un efecto pernicioso, advertido por no pocos analistas: la pérdida patrimonial de muchos de aquellos que compraron casas con valores inflados y que ahora se encuentran con que sus pisos valen menos de lo que indica la costosa hipoteca que firmaron en su día. Un estudio realizado por la prestigiosa agencia de calificación Standard & Poor´s revela que un 8% de los pisos que se compraron en España en los años 2006, 2007 y 2008 en España (en particular los de estos dos últimos ejercicios) están devaluados y, por tanto, no valen los que sus compradores pagan religiosamente por ellos mes a mes en su cuota hipotecaria.
Para Andalucía, el informe arroja un porcentaje del 8,3%, lo que para Málaga, el auténtico motor inmobiliario de esos años en la región, supone un verdadero revés. En estos tres años se firmaron en la provincia unas 148.000 hipotecas por valor de 23.800 millones de euros. Pues bien, un total de 12.500 de esos préstamos hipotecarios corresponderían a viviendas que no valen lo que sus sufridos propietarios firmaron por ellas en su día. La mayor parte de los afectados, según opina el sector, respondería al prototipo de compradores que, con sus ahorros, compraron una segunda residencia como elemento de inversión o a jóvenes que adquirieron su primera casa como trampolín con el pensamiento de, al paso de los años, venderla y poder adquirir otra mejor.
«Para ellos, la bajada de precios ha sido muy negativa, ya que contaban con revender esa casa y sacarle una ganancia que ahora no existe. Pero no afecta tanto al que compró su casa con la idea de vivir en ella indefinidamente», comenta el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Alfredo Martínez. A esas personas solo les queda, a su juicio, esperar a que , a medio y largo plazo, los precios vuelvan a repuntar poco. Pero una revalorización rápida para sacar beneficio es, hoy por hoy, una utopía.
De la misma opinión es el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), Francisco Villalba, que cree que ahora se están pagando los «excesos» de un tiempo en el que la vivienda fue considera el mejor y más fácil vehículo de inversión. Villalba piensa que a los precios de los pisos les queda todavía un margen de bajada del 10% hasta llegar a ese 30% que AEA siempre ha considerado como el sobreprecio arrastrado desde el boom inmobiliario. Sólo entonces, en su opinión, podrán tener también salida rápida ese stock de 22.600 viviendas sin vender en Málaga que sigue paralizando al sector inmobiliario.
Riesgos de la bajada de precio
Sin embargo, algunos vienen alentando sobre el peligro de la bajada de precios. El director general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, considera que nuevos descensos traerían más pérdida patrimonial para los que compraron entonces y abriría la puerta a que se repitan errores del pasado: «Si siguiéramos así sólo conseguiríamos dar ventaja a los especuladores con liquidez, que comprarían muy barato todo ese parque de vivendas para luego volver a venderlas a precios desorbitados», ha afirmado en varias ocasiones.
La desenfrenada espiral de precios que se vivió entre 2004 y 2008, donde un piso podía subir de precio en varios millones de las antiguas pesetas en sólo un par de meses, provocó que muchos compradores accedieran a pagar lo que se les pedía amparados por un crédito bancario que fluía de forma irresponsable, como han demostrado los posteriores problemas de liquidez de muchas entidades financieras. La burbuja inmobiliaria estalló justo cuando la crisis económica y el paro comenzaron a hacer aparición. No en vano, el informe de Standard & Poor´s también revela que un 6,3% de los créditos firmados en esa época –5,9% a nivel nacional– también presentan problemas de morosidad. Haciendo la proyección, en Málaga tendrían ese problema más de 9.250 hipotecas.
El problema para los bancos y cajas también es morrocotudo, ya que aunque haya casas que terminan siendo embargadas porque sus dueños no las puedan pagar –algo que, de hecho viene sucediendo en los últimos dos años–, no habría ganancia alguna, más bien al contrario. La subasta de esos pisos a los precios en que ahora mismo se mueve el mercado no igualaría el de las hipotecas concedidas en su día para esos inmuebles. Para el banco o caja, el verdadero negocio es que el hipotecado siga pagando.
* La Opinión de Málaga - 17.10.10
Foto: Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca - laopinion
Hotel del Palau, urbanismo y delito
CARLES PAREJA LOZANO* : La imputación penal de los responsables del urbanismo barcelonés y de un reconocido arquitecto por el caso del hotel del Palau constituye la última manifestación de un fenómeno que causa asombro a los que llevamos ya bastantes años dedicados al derecho urbanístico: la criminalización de las mal llamadas recalificaciones urbanísticas, que, según parece, resultan en sí mismas sospechosas de entrañar un buen número de delitos.Las recalificaciones o, más propiamente, las modificaciones de los planes aparecen previstas expresamente en la vigente legislación y constituyen un instrumento habitual e imprescindible para el desarrollo de las políticas urbanísticas. Si alguien obtiene beneficios ilícitos de una actuación urbanística debe ser perseguido penalmente, pero por causa de la ilicitud de tales beneficios, no por la actuación urbanística en sí, que aparece con carácter general sujeta al derecho administrativo. Únicamente cuando existan indicios de que la obtención de tales beneficios ilícitos era la finalidad perseguida con la modificación del plan procederá la calificación penal de la tramitación urbanística seguida, ya que en tal supuesto estaríamos ante la denominada prevaricación urbanística prevista en el art.320 del Código Penal.
En el caso del hotel del Palau, y como evidente daño colateral de las andanzas del inefable dúo Millet-Montull, parece que la imputación de la cúpula del urbanismo barcelonés se relaciona con una supuesta ocultación de la identidad real del propietario de las fincas, dado que quien había promovido la actuación urbanística, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, ya no era propietario de los terrenos cuando se aprobó su recalificación, sin que dicha información constara en el plan. Supuestamente, el error u omisión en la identificación de los propietarios podría esconder una finalidad especulativa en la operación, en lugar de las finalidades de interés público que, también supuestamente, comportaba el hecho de que esta actuación fuera promovida por el Palau.
No obstante, esta vinculación entre propiedad de las fincas y bondad de la actuación urbanística nada tiene que ver con el criterio que debe guiar la formulación y aprobación de los planes urbanísticos. Las administraciones competentes deben decidir la procedencia de modificar o no el plan en función de la racionalidad y bondad de la ordenación urbanística, sin olvidar que es también necesario garantizar su viabilidad: que genere las suficientes plusvalías urbanísticas para afrontar las cargas de urbanización y poder llevar a cabo la actuación prevista por el plan. Y en este contexto carece de toda relevancia quién va a ser el propietario final de las fincas. Tanto es así, que la propia legislación estatal sobre el suelo prevé expresamente la participación de los particulares no propietarios en los procesos urbanísticos.
En el caso del hotel del Palau las plusvalías se generaron en gran parte a favor de la Generalitat de Catalunya, que realizó una excelente operación patrimonial mediante el cambio de calificación de la finca de su propiedad, de residencial a equipamiento, según el convenio firmado en su momento. Para que estas plusvalías fueran efectivamente apropiadas por la Generalitat, así como por el Palau, era imprescindible que un tercero asumiera su pago mediante la adquisición de las fincas recalificadas destinadas a la construcción de la instalación hotelera, tal y como además se estableció expresamente en el referido convenio. En consecuencia, la decisión urbanística de implantar un hotel en ningún caso podía aparecer supeditada a que el titular de las fincas fuera el Palau de la Música (¿o es que acaso el Palau tenía que convertirse en un empresario hotelero?), sino a la conveniencia para la ciudad de tal decisión.
No voy a entrar aquí en el legítimo debate planteado por determinadas entidades vecinales sobre la bondad urbanística de la propuesta; pero es evidente que dicho debate no debería haberse situado nunca en la órbita del derecho penal. No parece, pues, que se esté cumpliendo en este caso con el principio de última ratio propio de la intervención penal ante la eventual existencia de ilícitos administrativos, sino más bien todo lo contrario. En este contexto, es ciertamente lamentable que, partiendo de una errónea aproximación a la naturaleza de las actuaciones urbanísticas, pueda cuestionarse la honorabilidad de excelentes servidores públicos y profesionales con una trayectoria personal sin tacha alguna.
Pero más allá de esta circunstancia, los efectos de este intervencionismo de la jurisdicción penal pueden ser especialmente nocivos para el buen funcionamiento de la Administración pública, ya que pronto va a resultar algo cercano a la heroicidad participar en la gestión de la cosa pública. Y disponer de los mejores, dispuestos a ello, es fundamental para la construcción de un país.
* Profesor titular de Derecho, Administrativo de la UPF. Abogado.
* El Periódico - Opinión - 16.10.10
