Y este desmán quedó amnistiado

ELPAÍS* : A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.

Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.

“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.

Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.

Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.

Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.

El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 19.2.13
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais.jpg

.................................... Leer más...

Revelan la lista de 57 montes públicos que quiere vender Castilla-La Mancha

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* de Castilla-La Mancha ha desvelado en un informe el listado inicial de montes de utilidad pública susceptibles de venta que ha elaborado la Consejería de Agricultura de Castilla- La Mancha a instancias de la Consejería de Hacienda. El listado es el resultado de un opaco proceso de selección de montes candidatos a la venta de entre todos los que figuran en los Catálogos provinciales de Montes de Utilidad Pública publicados en el año 2012.
No siendo un listado definitivo, sino de trabajo, puede sufrir altas o bajas en el proceso, pero por sí mismo refleja la enorme dimensión ambiental y territorial que puede alcanzar la venta de montes públicos y la tipología de terrenos que el Gobierno está dispuesto a poner en manos privadas.

De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado en un primer momento 57, con una superficie total de 40.038 hectáreas susceptibles de venta, y ello a pesar de conocer las restricciones legales que habría para realizar dicha operación. Castilla-La Mancha está dispuesta a declarar en venta una cuarta parte de los MUP existentes en la región.

Ecologistas en Acción ha valorado el gravísimo impacto ambiental y territorial que supondría la venta de montes.

Por provincias, la más afectada en número de montes sería la de Ciudad Real, con 19 MUP preseleccionados para la venta, seguida por Albacete y Guadalajara con 13 y 11 respectivamente. En un tercer escalón queda Cuenca, con 8 montes, y Toledo con 6. Sin embargo, en proporción a la superficie de montes de utilidad pública existente, la provincia más afectada por la medida es Toledo, donde se pondrían a la venta más del 50% de las superficies de MUP existentes, seguida de Ciudad Real con casi el 30%.

Por municipios, la distribución es más equilibrada, salvo por una muy llamativa excepción. Casi todos los municipios afectados lo son por un solo MUP preseleccionado, o a la sumo dos, como son los casos de 7 municipios (Los Yébenes, Elche de la Sierra, Viso del Marqués, Puertollano, Aliaguilla, Semillas y Guadalajara). Pero en el caso del municipio de Anchuras (Ciudad Real), el número de montes preseleccionados se eleva espectacularmente a 9, que suman 4.078 hectáreas de superficie

Para el impacto ambiental se ha valorado la afección a espacios naturales protegidos y de la Red natura 2000, mostrándose un panorama desolador. De los 57 MUP incluidos en el listado, 13 se encuentran en algún tipo de espacio protegido de la red regional y 4 en refugios de fauna en vigor o recientemente descatalogados.

Es decir, cerca del 30 % de los MUP que se plantea privatizar afectan a espacios naturales, un 22 % en concreto a parques naturales y microrreservas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla- La Mancha. Llama especialmente la atención el número y superficie de los montes afectados en los Parques Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara (6 MUP) y del Valle de Alcudia-Sierra Madrona (3 MUP), así como las 4 microrreservas afectadas, algunas de ellas en el 100% de su superficie.

En cuanto a la Red Natura 2000 el impacto de la venta de montes sería aún mayor. Un total de 27 de los 57 montes listados están en su totalidad o en parte en espacios así catalogados, y otros 7 descansan sobre los límites geográficos de alguno de estos espacios naturales. Casi el 50% de los montes preseleccionados afectan directamente a Red Natura 2.000 y otro 12 % adicional afecta indirectamente. Un total de 18 espacios de la Red Natura 2000, 8 ZEPA y 10 LIC, se verían seriamente afectados por la venta de montes.

Se demuestra por tanto el gravísimo impacto ambiental y territorial, y también social y económico, que supondría la venta de montes públicos que planea el Gobierno de Castilla-La Mancha. Una desamortización que afectará muy especialmente a los espacios protegidos, pero también al uso público de los montes, dado que la privatización que se pretende llevar a cabo cerrará el paso a los terrenos y el acceso a los aprovechamientos de los mismos, que venían siendo disfrutados por los habitantes de los municipios en los que se ubican.

La venta de MUP sólo beneficiará a unos pocos privilegiados en detrimento del conjunto de la ciudadanía y supondría poner en cuestión el concepto de dominio público forestal.

Por último, se señala también en el informe que la amenaza de venta no sólo planea sobre los montes de utilidad pública, sino también lo hace sobre otros terrenos de titularidad de la Junta cuyo inventario se desconoce pero que en el caso de superficies forestales abarcaría más de 48.000 hectáreas. Estos terrenos corren aun más riesgo pues el amparo legal es más limitado sobre ellos, a pesar de que cumplen una función ambiental y social de primer orden.

Ecologistas en Acción reitera su demanda al Gobierno de Castilla-La Mancha de que ceje en su empeño de poner a la venta montes públicos y reclama en todo caso y más que nunca transparencia e información sobre la medida que pretende llevar a cabo.


* Ecologistas en Acción - 18.2.13
Foto: Castilla La Mancha, monte_publico - ecologistasenaccion

.................................... Leer más...