ELPAÍS* : El Pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó ayer una de las operaciones urbanísticas más controvertidas en varias décadas al regularizar 5.000 viviendas de los alrededores de la capital y que se han venido construyendo ilegalmente desde la segunda mitad del pasado siglo. La medida, condicionada al visto bueno de la Junta de Andalucía, contó con el voto a favor de PSOE y PP, y el rechazo del socio de gobierno de los socialistas, IU, cuya portavoz, Isabel Mateos, acusó a los dos partidos mayoritarios de "especulación" y "electoralismo". Varias decenas de vecinos de las zonas residenciales de los Puentes y de la periferia de Jaén abarrotaron el salón de plenos para ser testigos de un momento "trascendental" en la historia de la ciudad, como lo definió la alcaldesa, la socialista Carmen Peñalver: la inclusión de sus viviendas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano consolidado.
Se trata de 5.000 chales, la mayoría de segunda residencia, construidos en las últimas décadas "con el amparo pasivo de las Administraciones", como señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López, que admitió que este problema había entrado "en un callejón sin salida" con la nueva normativa urbanística.
La inclusión de estas viviendas en el nuevo PGOU ha contado con la complicidad de la Junta, que el mes pasado confirmó el indulto de 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había determinado su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Ayer, sin embargo, la alcaldesa, Carmen Peñalver, defendió la inclusión de las casas en el nuevo PGOU "para evitar la especulación y dar seguridad a las familias" Los socialistas contaron ayer, sorprendentemente, con la sintonía del PP, que ya en la anterior legislatura intentó, sin éxito, legalizar los chalés. El portavoz popular, Manuel Peragón, justificó la alianza con los socialistas "por responsabilidad", aunque les advirtió de que la negociación aún no ha terminado: "Tienen que luchar con la Junta para dar a las viviendas el mayor estatus de legalidad".
IU no discrepaba del proceso de legalización, pero sí con la fórmula elegida por su socio de gobierno, el PSOE. Al calificar la zona como suelo urbano consolidado los vecinos no tendrán que asumir los gastos de urbanización de la zona ni ceder ningún aprovechamiento al Ayuntamiento. "Es una carta blanca a todo tipo de especulación y un asalto al PGOU", dijo la edil Isabel Mateos, que acusó a socialistas y populares de entablar una lucha "por la conquista de los votos" de estos vecinos.
* El País - 26.11.10
Foto: Ayuntamiento Jaén
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NOTICIASDEÁLAVA* : El currículo de Ignacio Ramonet habla por sí solo. Especialista en geopolítica, consultor de la ONU, profesor de Teoría de la Comunicación, director de Le Monde Diplomatique en español, autor del controvertido libro Fidel Castro: biografía a dos voces... Ayer, volcó parte de esa experiencia en el primer congreso europeo de proximidad, participación y ciudadanía en Vitoria. Este ideólogo rompió una lanza por la necesidad de evolución de la democracia. Poco antes de la entrevista, sobre un muro habilitado en el Palacio Europa para dejar mensajes, escribió su particular petición: "¡Más democracia participativa!". Así, entre exclamaciones.
-¿Se ha perdido el sentido de la democracia?
-Sí. La democracia cada vez parece algo más alejado de los ciudadanos. Se ve en el aumento de la abstención.
¿El absentismo preocupa a la clase política o sólo se ve como un problema cuando afecta a sus fieles?
Llega un momento en que incluso los fieles en cuestión no votan.
En Vitoria, por ejemplo, se tiene la percepción de que se vota más al candidato que al partido.
Un partido funciona en base a sus estrellas. Antes se votaba por un programa, pero ya no. Se ha pasado del ciudadano al que hay que convencer al ciudadano que hay que seducir.
Usted es de aquellos que afirman que la democracia es el sistema político menos malo.
Sí [categórico].
Cada día en el Ayuntamiento de Vitoria están más presentes las elecciones municipales. ¿Ahora, por las críticas y las promesas, es cuando la democracia se pone a prueba?
Claro, claro. La época de elecciones es época de críticas y programas. Sin embargo, si hicieras una encuesta a la gente sobre esos programas, habría una minoría de respuestas coherentes.
Usted también es muy crítico con los medios de comunicación.
Hay muchos problemas en el periodismo actual. El primero, el tecnológico. La información se ha acelerado, pero esa instantaneidad no da tiempo a la reflexión. Además, los medios han aumentado su competencia y se han multiplicado, sobre todo a través de Internet...
Aumenta la cantidad, pero no la calidad.
Exactamente. Nunca ha habido tantos rumores, manipulaciones e información oculta como hoy en día.
Si queremos ciudadanos que participen en los asuntos de la ciudad, ¿ese mensaje no puede paralizarles?
Los ciudadanos deben participar conscientemente. Igual les compensaba quedarse en casa viendo un partido de fútbol pero, si lo hacen, luego no podrán quejarse porque se implante esto o aquello. De todas formas, creo que no hay que tener miedo a participar.
Sin embargo, participar se asocia más a crítica que a debate.
Es verdad. La participación no es sencilla. Pero ahora, en todo el mundo, la gente no quiere que sólo le pregunten su opinión una vez cada cuatro años. Eso no funciona. La democracia no es fácil; es algo más que ser un dictadorcito durante cuatro años. Por eso debe haber diálogo.
Sin embargo, el concejal gasteiztarra de Urbanismo ha acuñado ya una frase, ante las dudas sobre los proyectos estratégicos: "Si consultáramos a la gente por cada cosa que hacemos, no haríamos nada".
Es posible, es posible.
Entonces, ¿sobre qué hay que consultar a los vecinos y sobre qué no?
La clave está en cumplir tu programa y, luego, consultar sobre otras cuestiones no incluidas en ese programa. Pero la participación no sustituye a la responsabilidad de los electos. La política no es una ciencia exacta. Hay que asociar las decisiones lo más que se pueda a la población, pero lo importante es que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para participar, si es que quieren hacerlo.
* Noticias de Álava - 27.11.10
Foto: Vitoria, entrevista I.Ramonet - noticiasdealava
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ABC* : La asociación ecologista ARCA ha opinado hoy que el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, confirmó ayer, con sus manifestaciones, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña se va a derogar para "impedir la ejecución de las sentencias" de derribo. ARCA se ha referido a las declaraciones del consejero de que "no sería ninguna una aberración" que las 91 viviendas de La Llana, en Argoños, se "salvaran", aunque afirmó que la solución depende del nuevo PORN de las Marismas de Santoña. "Lo que de verdad pretenden es derogarlo (el PORN) y recortar por las bravas los límites del Parque Natural, dejando fuera las urbanizaciones ilegales", ha afirmado ARCA en una nota de prensa.
La asociación ha aclarado que no está en contra de la modificación de este plan, pero ha criticado que los trámites iniciados por el Gobierno regional supongan su derogación y cambiar los límites con criterios, a su juicio, "exclusivamente políticos".
ARCA ha lamentado que "al frente a la ordenación del territorio y del urbanismo esté una persona que desprecia el imperio de la ley y que ha dedicado toda la legislatura a desmantelar los históricos logros de su antecesor en el cargo", ha dicho en referencia a José María Mazón.
Y al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo le ha achacado que no se esté tramitando el Plan Regional de Ordenación del Territorio, se "recorte" el Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas.
* ABC - EFE - 27.11.10
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
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LAPROVINCIA* : El Ayuntamiento de Las Palmas puso en marcha en 1998 una negociación para la compra del Canódromo de Schamann que fijaba el valor de la parcela en 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros), casi la tercera parte de la valoración que se hizo del suelo que se cedió a Urbacan en la esquina de Henry Dunant, donde van las torres, y Almatriche, a cambio del recinto, y que superó los 5,5 millones de euros. La cifra llegó a ser pactada por el entonces concejal de Deportes, Pascual Mota, con los propietarios del Canódromo en aquel momento, la familia del abogado Díaz Sosa. Aunque la operación no se concretó, llegó a hablarse de una permuta por suelo urbano. El ex edil recordó ayer, en una conversación con este periódico, que planteaba para esta parcela un polideportivo con pistas de atletismo, canchas de deportes de sala y una escuela de tenis de mesa en el edificio que hoy alberga dependencias sociales. "Yo creía que estaba conseguido y se lo dije al alcalde", José Manuel Soria, "pero él me dijo: 'Estupendo, Pascual, pero como tú de estas cosas no entiendes se lo voy a decir a [el entonces concejal de Urbanismo] Jorge Rodríguez para que él negocie".
Pero pasaron ese año 1998 y el siguiente, terminó el mandato y Pascual Mota no pudo presentarse a la reelección. Era uno de los cuatro concejales díscolos de Soria, como se les denominó entonces a él y a los también ediles del PP Rafael Viñes, Tino Montenegro y Julio Aldaz, por bloquear la aprobación del Plan General. Tras los comicios, con mayoría absoluta de los populares, se retomó el planeamiento urbanístico y se conoció la operación del Canódromo, con otros vendedores -Inprocansa, inmobiliaria propiedad del empresario Eduardo Fernández, que participa en Lifeblood, que acaba de conseguir un polémico contrato millonario con la Consejería de Sanidad-, y a través de un convenio urbanístico de por medio que planteaba la permuta de parcelas.
"Yo no puedo acusar a nadie y no tengo pruebas, pero cuando salí de la política y vi aquello, con las torres previstas en la esquina, no me encajaban las cosas y sospecho que hubo algo raro", comentaba ayer Mota. El ex concejal considera ahora, once años después de abandonar el Ayuntamiento, que de haber continuado él con la negociación las cosas habrían sido distintas. "De lo que estoy seguro es de que si hubiese salido mi idea, nadie se habría llevado un duro de más", abunda.
Pascual Mota, eso sí, jamás supo qué empresa era Inprocansa -que creó luego Urbacan, promotora de la operación del Canódromo- ni conoció a Eduardo Fernández. "Nunca oí hablar de ellos, pero tampoco Jorge Rodríguez me contaba nunca nada sobre cómo iban las negociaciones. Simplemente, después de aquel día que le conté mi propuesta a Soria, nunca más supe del asunto. Hasta creo que fui yo quien les abrí los ojos con lo que se podía hacer allí", recuerda.
* La Provincia - 25.11.10
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es
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PÚBLICO* : La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya formalmente al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que se inhiba a favor de Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCL) en lo que concierne a los aforados de esa comunidad que supuestamente recibieron sobornos dela trama corrupta. Si, como parece previsible, Pedreira accede a la solicitud de la Fiscalía, el caso Gürtel estará ya en manos de tres tribunales: el Superior de Madrid, que investiga el núcleo central de la trama; el de Valencia, que aún no se ha pronunciado sobre si indagará en torno a la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad; y el de Castilla y León. Entregado ayer, el informe de Anticorrupción por el que cursa su solicitud de inhibición no califica los presuntos delitos cometidos pero cifra las cantidades que supuestamente habrían recibido distintos cargos del PP a cambio de la adjudicación de la variante de Olleros (León), efectuada en abril de 2003 y de la que se benefició Teconsa, una de las empresas que más participó en los supuestos manejos de la trama corrupta.
El presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, habría recibido 24.000 euros. Habrían cobrado también el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; Gerardo Galeote, ex eurodiputado y ahora asesor de Rajoy en temas europeos; y el ex diputado Jesús Merino. Correa se habría reservado para sí una parte del total pagado por Teconsa a cambio de conseguir la construcción de la citada variante.
Los informes policiales emitidos desde que en febrero de 2009 estalló el caso ya señalaban al presidente de las Cortes castellano-leonesas y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, como perceptor de cobros.
Otros informes también implican a la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pero el escrito entregado ayer por la Fiscalía no la incluye. Hay dos contratos bajo sospecha, ambos adjudicados a la empresa Teconsa. El primero se refiere a la ya citada construcción de la variante de Olleros del Alba (León) y el segundo, a la planta de residuos de Gomecello (Salamanca).
Salvo viraje de última hora, el juez Pedreira decidirá a comienzos de la próxima semana si accede a la petición de la Fiscalía, aunque todo indica que dará su conformidad dictando un auto de inhibición. El inminente levantamiento de las actuaciones que aún permanecen secretas en el sumario Gürtel obliga a adoptar una decisión rápida sobre lo ocurrido en Castilla y León.
La nueva inhibición de Pedreira se producirá así, previsiblemente, antes de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se pronuncie sobre si acepta o no investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.
El precedente valenciano, cuyo tribunal superior ha estado mareando la perdiz durante más de un año, extiende sombras de duda sobre cuál será la actuación del TSJ de Castilla y León.
* Público - 26.11.10
Foto: Castilla y León, presidente Cortes Jose_M._Fernandez_Santiago - elpais
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha intentado por todos los medios boicotear la concentración contra la corrupción que se celebra este mediodía ante el Consistorio. El coche que cada semana anuncia publicidad de establecimientos comerciales o de diferentes eventos por las calles de Orihuela tuvo serios problemas el jueves con la Policía Local, y las cuñas contratadas en tres radios también fueron retiradas al recibir las emisoras un escrito de la alcaldía anunciando medidas legales por su supuesto contenido "injurioso, calumnioso y falso".
La Plataforma por la Transparencia, integrada por una quincena de colectivos cívicos, partidos y sindicatos, contrató un vehículo profesional para que emitiera por las calles unas cuñas con algunos titulares de prensa referidos a los casos de corrupción que han salpicado a ediles del PP, e instando a la ciudadanía a participar en la concentración de hoy. Según denunciaron ayer en una improvisada rueda de prensa Agustina Ballester, Nuria Iniesta y Guadalupe Sánchez, representantes de la plataforma, el vehículo con la megafonía salió el jueves a la calle y a los pocos minutos fue detenido por agentes de la Policía Local, que le pidieron un permiso especial. El conductor argumentó que cada semana hacía lo mismo para anunciar otras actividades o comercios.
Miembros de la plataforma acudieron al Ayuntamiento a solicitar la autorización, y por la tarde el vehículo volvió a circular. A los pocos minutos, una patrulla policial lo volvió a detener y ordenó su "inmovilización" porque lo que tenían era una solicitud de permiso, y no el definitivo. "Nos hemos quedado sin propaganda por las calles", admitía ayer resignada Sánchez, quien aseguró que los agentes amenazaron con sancionarla. Pero sus problemas no acabaron ahí. La campaña de cuñas en las radios locales apenas llegó a emitirse por "presiones y amenazas de la alcaldía", según Lucas López, de la plataforma.
Las advertencias del Ayuntamiento no fueron verbales, sino por escrito y remitidas a la Cadena SER, Onda Cero y Punto Radio. Las dos primeras emisoras no emitieron las cuñas, y la última, con sede en la vecina localidad de Guardamar del Segura, radió unas pocas el jueves, y luego dejó de hacerlo. David Costa, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento, en un escrito con membrete de la alcaldía y dirigido a los directores de las radios, avisó de que emprenderán acciones legales contra los medios que difundan estas cuñas.
El PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Orihuela desde 1986, está muy molesto con el contenido de las cuñas, que considera "absolutamente manipulado". El texto de los anuncios radiofónicos mezcla titulares de prensa del caso Brugal con comentarios sobre las deficiencias en educación, servicios sociales y trabajo que sufren los oriolanos. La concejal Josefa Ferrando salió en nombre del PP para defenderse de "las calumnias y mentiras" del "tripartito", en alusión a la oposición municipal del PSOE, Centro Liberal y Verdes, "que se esconden tras una plataforma inexistente para arañar un puñado de votos".
David Costa, en la carta a los medios, advertía de que "no se va permitir que se realicen manifestaciones de contenido claramente injurioso, calumnioso o directamente falso" y amenazó a "todo aquel que traspase la línea de la crítica política a que responda de sus actos ante los tribunales". El PP asegura que el Ayuntamiento no debe ocho millones de euros a sus proveedores, que el empresario Ángel Fenoll no pagó la campaña electoral de la alcaldesa, Mónica Lorente, y que ella tampoco adjudicó contratos a la empresa de su hermano.
"Es increíble lo de las amenazas y lo que nos está pasando", se lamentaron las representantes del colectivo censurado. "Lo único que hemos hecho ha sido poner en unas cuñas lo publicado en los periódicos. Eso no es delito y, además, dicen lo que la mayoría de la gente intuye", aseguró Guadalupe Sánchez. Ayer, la plataforma entregó a los directores de las emisoras una carta responsabilizándose directamente del contenido y de la difusión de las cuñas, aunque las radios no las emitieron.
Más de 15 colectivos cívicos, sindicatos, asociaciones culturales y partidos políticos pretenden sumarse hoy a mediodía a la concentración en la puerta del Ayuntamiento bajo el lema Por la transparencia y contra la corrupción. La plataforma tiene previsto leer un comunicado y luego emitir por megafonía las grabaciones a políticos hechas por Fenoll e intervenidas por la Policía en el caso Brugal. Los abogados del PP pidieron al juez que prohibiera la emisión pública de estas grabaciones, y el magistrado ha dado traslado del caso a la fiscalía, que se pronunciará el lunes.
Por otro lado, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, del PP, ordenó ayer a la Policía Local el desalojo de un joven del pleno municipal, que trataba de urbanismo, después de que empezara a grabar con una videocámara. El joven alegó que ejercía un derecho constitucional y desde el PSOE, su portavoz, Antonio Martos, denunció "el abuso de autoridad de la alcaldesa".
Los anuncios que no se emitieron
- Cuña 1:
- El Ayuntamiento de Orihuela debe más de ocho millones de euros a proveedores.
- El 'caso Brugal' destapa que Fenoll está detrás de la millonaria contrata de basuras y pagó la campaña electoral de Mónica Lorente.
- El fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa de Orihuela en la contratación de las basuras.
- Detenidos tres concejales del equipo de gobierno que ayudaron a Fenoll a crear una tapadera de empresas.
- Cuña 2:
- El 'caso Brugal' alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela.
- El fiscal Anticorrupción considera que Mónica Lorente adjudicó el servicio de jardines en Orihuela Costa a su hermano Jorge Lorente.
- El director de gabinete de Mónica Lorente, imputado por delito electoral.
* El País - 27.11.10
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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MATTEO GUAINAZZI* : Si Usted fuera dueña de una empresa que ha generado 98.5 millones de Euros de beneficios (después de impuestos) en 2009 y prevería un resultado neto de 61 millones en 2010; una empresa con 2200 trabajadores altamente cualificados; una empresa con más de 150 años de experiencia, que ofrece un servicio de calidad muy apreciado por los ciudadanos; una empresa cuyos resultados netos han permitido financiar la construcción de un nuevo teatro (100 millones de Euros), líneas de metros, carreteras, acontecimientos deportivos y culturales, además de su misión de servicio público; si usted fuera dueña de esta joya industrial-financiara, ¿qué haría?... A esta pregunta la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contesta: ¡venderla! Esto es lo que puede pasar con el Canal de Isabel II (CYII), la empresa pública que gestiona los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua en la Comunidad de Madrid.
Dos artículos en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales del 2008 prevén que la empresa pública será remplazada por una sociedad anónima, el 49% de cuya acciones se pondrá a la venta. “Una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños del su empresa de agua”, afirmó la Aguirre. Pero, ¡un servicio público ya pertenece por definición a tod@s l@s ciudadan@s! Sin embargo, el interés mostrado por grandes transnacionales como Agua de Barcelona para hacerse con el control del Canal demuestran que las acciones acabarán presumiblemente a grandes inversores, no a los pequeños ahorradores. La ley pretende además transferir a la sociedad que se cree todos aquellos bienes patrimoniales que no sean imprescindibles para garantizar el abastecimiento y saneamiento. Se trata de una gran cantidad de suelo, instalaciones y inmuebles con un enorme valor de mercado: ¡una ganga para los compradores!
Envuelto en un total secretismo, sin ni comunicaciones a su Consejo de Administración, el proceso ha seguido su lenta marcha en estos dos años. El Gobierno Regional contrató en Avril de este año sendos informes al Banco BBVA, a Rotschild y a Cuatrecasas sobre las condiciones de salida al mercado. Como desvela Morales de Urioste en un reciente articulo en “Rebelión”, “se están sustituyendo puestos de trabajo internos […] por […] subcontratación, […] eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apena se sacan oposiciones […] para sostituir los puestos vacantes.”
Un amplio abanico de asociaciones vecinales, movimientos sociales, partidos y sindicatos, reunidos en una plataforma ciudadana en contra de la privatización, expresa su más firme oposición a este proceso, ya qué:
* conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento como consecuencia de la previsible reducción de la plantilla de trabajadores e incremento de la precariedad laboral con el fin de reducir costes
* supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera
* prácticamente desaparecerían las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental
* desaparecerían además las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, ya qué serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos
* produciría el desplazamiento de la población hacia el consumo de agua mineral embotellada, por el previsible deterioro de la calidad del agua, lo que incrementaría el gasto mensual por familia
* La quiebra de una empresa privada dueña del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro adecuado de agua potable para la ciudadanía.
Todavía es posible parar los pies a quienes quieren hacer del agua – elemento básico para la vida y la dignidad de la personas y derecho humano básico según Naciones Unidas – un jugoso negocio. Pero, hace falta una fuerte movilización de l@s trabajadores y los ciudadan@s. Sin movilización, sus garras se apoderarán del agua que es, todavía, de tod@s.
* Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II
* Otro Madrid - Opinión - 21.11.10
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