LAPROVINCIA* : Las numerosas irregularidades urbanísticas de la época del PP han propiciado cuantiosos perjuicios económicos para los intereses de la ciudad, que ahora se enfrenta además al pago de indemnizaciones multimillonarias, tras los varapalos judiciales que comenzaron a sucederse a cuentagotas a partir de 2004 y amenazan desde 2008 con convertirse en una verdadera avalancha.
Sólo por la reversión de la parcela de Pavía y el caso del Canódromo, el Ayuntamiento se enfrenta al pago de indemnizaciones por más de 50 millones de euros.
La última sentencia, en la que el Supremo ratifica la anulación de la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, expone al Ayuntamiento al pago de indemnizaciones millonarias si la empresa Fadesa decide reclamarlas. Esta es la última condena hecha pública, pero las denuncias sobre irregularidades urbanísticas comenzaron a multiplicarse desde 2002 y el movimiento vecinal jugó un papel importantísimo para que algunas de ellas llegaran a los tribunales.
Una de las primeras denuncias urbanísticas de la 'era Soria' estuvo protagonizada por la recalificación en el año 2000 de 3.000 metros cuadrados de terreno rústico que la hermana del ex alcalde había comprado tres años antes en Las Mesas. Soria llevó al nacionalista Marino Alduán -que fue el que denunció la recalificación- a los tribunales por injurias, pero perdió el caso.
También en 2002 salió a la luz el caso Valdemar, cuando dos propietarios de las parcelas que no fueron compensados por el promotor del edificio, junto al paseo de Las Canteras, amenazaron con ir a los tribunales.
La compra de la antigua fábrica La Favorita para oficinas municipales, bajo el mandato de Soria, provocó también un gran escándalo. El Ayuntamiento adquirió el edificio en 2002 por 12,3 millones de euros, pese a que un informe municipal lo valoró un año antes en 9,3 millones de euros. Los socialistas acusaron entonces al PP de "fabricar un traje a medida" para comprar La Favorita que le salió a la ciudad 3,3 millones más caro.
Pero, el primer gran varapalo judicial que reciben los populares se produce en 2004, cuando el TSJC anula la unidad de actuación para prolongar la avenida de Mesa y López.
Después fueron tumbadas las unidades de actuación previstas en la calle Presidente Alvear y la que contemplaba la construcción de una rambla peatonal entre la plaza de América y Las Canteras. La de Lazareto ha sido suspendida cautelarmente.
En todos los casos, el argumento es el mismo: en suelo urbano consolidado sólo se puede recurrir a la expropiación forzosa. A principios de este año se produce el segundo gran varapalo: el TSJC ordena al Ayuntamiento revertir a la familia Reyes el solar de Pavía, dado que el solar se expropió como zona deportiva y luego fue recalificado como espacio residencial con una altura que llegó varios años después a tener 16 plantas.
Luego, en febrero de 2008, el TSJC anula el plan especial que ampara la operación de las torres del Canódromo y la modificación del plan general, que recalificó una esquina de la zona de ocio para construir sendos edificios, porque no fue sometida a información pública. En realidad era la segunda anulación del plan. Unos meses antes el tribunal había dado la razón a uno de los dueños de un pequeño solar de la parcela que ocupan las torres que no fue indemnizado.
Los vecinos que denunciaron esta operación llevarán ahora a la Fiscalía Anticorrupción la operación de venta de más de 9 millones que protagonizó la empresa Urbacan con los solares que le permutó el Ayuntamiento. Este mes fue anulada también la licencia de construcción de las torres, pero la obra sigue adelante.
La lista de sentencias contra actuaciones urbanísticas continúa, y entre ellas figuran numerosas expropiaciones mal hechas, por las que el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 28 millones.
* La Provincia - T. G. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 19.10.2008
Foto: Solar de la calle Pavía. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es
Las Palmas: Catálogo de pufos urbanísticos
Medio Ambiente blinda Las Salinas y paraliza el gran complejo urbanístico
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ELALMERÍA/Roquetas de Mar* : Una Orden Ministerial establece como dominio público marítimo-terrestre 2.600 metros de costa en los que Amat había previsto construir 18.000 viviendas y un millón de metros de zonas verdes.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente que notifica la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008, por la que se aprueba el deslinde en un tramo de costa de unos 2.600 metros de longitud en el término municipal de Roquetas de Mar, estableciendo "aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos de la Romanilla". Se ordena además al Servicio Provincial de Costas iniciar"las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado".
Esta publicación supone la imposibilidad de construcción del gran complejo urbanístico que el alcalde Gabriel Amat y el equipo de gobierno del Partido Popular tenían previsto desarrollar en esa zona de primera línea de playa y da la razón a la oposición municipal de Indapa y PSOE que durante años han denunciado una política de "sólo ladrillos". También se ve así ratificada la versión de la Junta, que se oponía a la realización de este proyecto con argumentos de conservación de espacios naturales para evitar la degradación del medio ambiente y la política especulativa.
La Junta informó años atrás a la Dirección General de Costas que si bien Las Salinas no están catalogadas como humedales, sobre el territorio existe una protección total al diferenciarse en la zona dos hábitats correspondientes a las formaciones de matorrales halófilos mediterráneos y vegetación halófila mediterránea continental, estepas salinas, éste último catalogado como prioritario, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre, por lo que el área en cuestión alberga valores naturales al margen de que no esté incluido en un inventario en particular. El área se recoge también dentro del Plan de Ordenación del Poniente como un Sistema de Espacios Libres.
El deslinde Las Salinas es uno de los casos que han provocado una gran polémica en torno al municipio de Roquetas de Mar, ya que un grupo de propietarios presentó hace tres años un proyecto de urbanización que supuestamente contaba con la aprobación inicial del consistorio. Parte de este suelo está afectado por el nuevo deslinde y quedará convertido en dominio público y no habrá posibilidad de edificación.
* El Almería - I. M. G. / Roquetas De Mar - 21.10.2008
Foto: Esta zona se recoge dentro del Plan de Ordenación del Poniente como un sistema de Espacios Libres. - elalmeria.es
El decano del Colegio de Arquitectos critica la degradación territorial balear
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DIARIODEMALLORCA* : El decano del Colegio de Arquitectos, Luis Antonio Corral, criticó ayer la degradación de Balears por la utilización del territorio que se ha hecho en muchas zonas. Como ejemplo, puso el uso "abusivo del litoral por la actividad urbanizadora", así como por infraestructuras que han afectado negativamente a los recursos naturales y los "activos medioambientales".
Corral realizó estas declaraciones durante la inauguración de las VII Jornadas de Ordenación del Territorio, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears con la colaboración del Govern y del Consell de Mallorca, y que en esta edición se centran en el Convenio Europeo del Paisaje firmado en Florencia en el año 2000.
El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, afirmó que la aprobación de las leyes del Suelo y del Paisaje son "dos objetivos inmediatos" del Govern. En el caso de la Ley del Suelo, resaltó que "precisamente tendrá como ejes vertebradores los criterios ambientales y paisajísticos", mientras que la del Paisaje dotará a las administraciones de los "·procedimientos para identificar y sobre todo gestionar, conservar y restaurar los paisajes de las islas".
Recordó que Balears es "un país pequeño y fragmentado" que tiene en el turismo su principal motor económico", por lo que el paisaje "debería ser entendido como un patrimonio identitario". Por ello, consideró que no puede seguir estando "amenazado por la actividad turística descontrolada ni por la arbitrariedad de las planificaciones de infraestructuras", dos cuestiones que han sido las "principales responsables de su deterioro".
La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, pronunció el discurso de inauguración oficial en el que recordó que la institución insular se adhirió el pasado mes de febrero a la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. Armengol apostó por un cambio de modelo territorial en Mallorca que tenga como referente la protección del paisaje ya que el actual "ha tocado techo".
Resaltó que el Convenio Europeo "huye de la demagogia interesada" y no sólo habla de la protección del paisaje en ámbitos "excepcionales, sino también "en los paisajes cotidianos", como las entradas a los barrios o pueblos. "Las instituciones y la sociedad hemos de ser decididos y valientes para impulsar este cambio con una política urbanística y de protección del paisaje que debe ser el binomio para cambiar un modelo que ha tocado techo", concluyó la presidenta del Consell.
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 21.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es
El juez sostiene que la vicepresidenta de Castilla y León prevaricó al recalificar un pinar
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ELPAÍS* : El juez de Ávila que desde hace dos años instruye el caso por la tala de un pinar protegido en Las Navas del Marqués lo tiene tan claro como el fiscal: "Hay indicios racionales de la comisión de un delito de prevaricación" por la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, que firmó en 2004 la declaración de impacto ambiental que permitía talar más de 35.000 pinos protegidos para que el promotor Francisco Gómez, alias El Paloma, construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf.
El juez Miguel Ángel Pérez califica ese dictamen como "ilegal y arbritrario" y apoya la petición del fiscal de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Ruiz. En un escrito de 16 folios fechado el viernes pasado, el juez considera que la Junta de Castilla y León incumplió sus propias normas de protección de la naturaleza.
El juez coincide con el ministerio público en que toda la actuación de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Ruiz estuvo destinada a recalificar el pinar. Ruiz prometió al alcalde de Las navas, Gerardo Pérez, del PP y también imputado, que aporbaría la declaración. El alcalde y altos cargos de la Junta y la Diputación de Ávila habían firmado con el promotor de antemano que recalificarían el pinar y que si se retrasaba el trámite le indemnizarían con 1,5 millones de dinero público. La urbanización ya fue declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Superior y ahora la justicia investiga si hubo delito en la aprobación del plan.
Miguel Ángel Pérez destaca que "las leyes no permitían" recalificar el pinar, que tiene una parte clasificada como área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. "Cuando se concibió y planificó el proyecto Ciudad del Golf y se realizaron las autorizaciones administrativas para llevarlo a cabo existín suficientes instrumentos legales para defender las áreas naturales más valiosas de las agresiones urbanísticas, de modo que sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible que se produjera la agresión al medio ambiente determinante de la presenta causa penal", afirma el escrito del juez.
El auto añade: "Aquellos informes técnicos de Medio Ambiente que podían cuestionar la legalidad de la urbanización, unas veces, directamente se omitieron (...) en otro caso no se hizo caso a lo informado por ellos (...) y, como caso más extremo, en determinados expedientes se exigió la colaboración a los técnicos para que los informes fueran favorables (esto ocurrió en el expediente de la declaración de impacto ambiental con la polémica exclusión del área crítica para la cigüeña negra".
El fiscal pidió, y el juez acepta, separar el caso en cuatro piezas y que el Tribuanl Superior investigue la aprobación ambiental (ya que Ruiz es aforada) y el juzgado de Ávila seguiría con el resto. También están imputados los miembros de la comisión de urbanismo que aprobaron la recalificación urbanística; el alcalde, el secretario municipal y el promotor por pactar de antemano la recalificación, y el promotor por talar 2.243 pinos cuando la urbanziación ya era ilegal con el argumento de que la sentencia no era firme.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 21/10/2008
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
Sólo 29 concellos adaptaron su Plan Xeral a la ley de 2002
FARODEVIGO* : ¿Cuánto tiempo lleva elaborar el plan urbanístico de un ayuntamiento en Galicia? A la vista de lo que está ocurriendo, años. Los datos son claros y rotundos. Seis años lleva ya en vigor la normativa autonómica que obliga a todos y cada uno de los concellos a poner a punto el diseño futuro de su territorio, la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, de 2002. Y, desde entonces, sólo 29 municipios de los 315 que salpican la geografía de la comunidad se han puesto al día.
Dos de ellos, además, cuentan sólo con la aprobación parcial. Es decir, que la Xunta les ha pedido unos cuantos retoques para recibir su beneplácito.
El 91% restante está en trámites. ¿En cuál exactamente? Es difícil saberlo, según la Consellería de Política Territorial. No quiere decir que ninguno de ellos haya presentado ya toda la documentación necesaria ante la Administración autonómica, pero el proceso todavía puede estar cerrado entre las paredes del correspondiente consistorio. Un "elevado porcentaje" se pierde en las discrepancias políticas de las corporaciones locales, lo que impide a los planes seguir dando los pasos administrativos necesarios. Otros pueden estar ahora en manos de la Consellería de Medio Ambiente, obligada ahora a someter a los planes generales de ordenación municipal (PGOM) a una evaluación ambiental y dictar su correspondiente informe de sostenibilidad. Ante semejante procesión burocrática, varios arquitectos gallegos señalan que la tramitación puede superar con creces los cinco o seis años. Y eso, añaden, si por camino no encuentran el recelo del Gobierno gallego y se ven obligados a modificarlos.
Ourense, en suspenso
La estadística no se cumple en el caso de Ourense, el primer concello que adaptó su plan. Recibió la aprobación de Política Territorial en abril de 2003. Cinco años después recibió un duro revés legal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el documento porque "lo que se aprobó inicialmente no fue sometido a información pública". El veto es, además, para la totalidad y sólo el comienzo del calvario que le puede quedar a la vista de los 17 recursos que todavía quedan pendientes de resolver interpuestos por particulares y del Partido Socialista local, que en su momento -el gobierno estaba liderado por el Partido Popular- votó en contra. El concello alegó que se trataban de "vicios simplemente formales" y que en ningún momento se vulneró el interés de los propietarios, pero el alto tribunal gallego sentencia que "el vicio" no se puede subsanar "por falta de reclamaciones".
Al plan general de Santiago de Compostela le esperan también unos cuantos recursos ante el TSXG que se han ido publicando las últimas semanas en el Diario Oficial de Galicia (DOG. E pasado 1 de septiembre recibía el respaldo de Política Territorial. Contaba con la aprobación parcial en octubre de 2007, que dejaba en suspenso una quinta parte de las actuaciones previstas. La pregunta: ¿cuántas viviendas prevé construir? El concello compostelano calcula que la ciudad tiene capacidad para absorber 40.000 y suelo industrial equivalente a ocho polígonos industriales como el del Tambre.
En Vigo, Plan parcial
La tercera, y última, gran ciudad gallega que cuenta con planeamiento urbanístico autorizado ya por la Xunta es Vigo. Sólo de forma parcial. Tras un largo proceso de negociación, y una oleada de protestas desde la oposición al bipartido encabezado por Abel Caballero y Santiago Domínguez, vecinos y parte del sector en la recta final de la elaboración, el documento, iniciado hace más de siete años, echó a andar el 25 de agosto. Hasta 19 millones de metros cuadrados pasan a ser edificables, lo que permitirá elevar alrededor de 140.000 viviendas. El Concello prevé marcar el crecimiento del próximo cuarto de siglo, cuando la población superará los 400.000 habitantes. El impacto, según el responsable de urbanismo vigués, José Mariño, será "inmediato" con la puesta en marcha de obras que llevaban años atascadas.
La mayor parte los ayuntamientos que cumplen con la Lei do Solo están en la provincia de A Coruña. Además de la capital gallega, Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, Vedra, A Pobra do Caramiñal, Zas, Curtis, Toques y Arzúa. La Dirección Xeral de Urbanismo dio su negativa al de Sobrado. El mismo veredicto para los de Esgos, Melón y Vilardevós, en la provincia de Ourense; y Moaña y Rodeiro, en Pontevedra. A lo que se añade la suspensión decretada por el TSXG a los planes de Ares, Gondomar, y el de Ourense.
En la provincia de Lugo están en vigor ya la planificación de O Incio, otro de los más apurados (2005), Paradela, Castroverde y Rábade. En Ourense, los de San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro, Laza, Taboadela, Melón y Paderne de Allariz, que únicamente cuenta con la aprobación parcial. Y en la provincia de Pontevedra, únicamente Vigo.
Según los arquitectos y expertos en urbanismo, una de las claves de que los concellos pontevedreses se retrasen tanto está en los retoques constantes a los que han tenido que ser sometidos por la salida de normativas urbanísticas relacionadas con el litoral, como las Medidas Urxentes decretadas por el departamento que dirige María Xosé Caride para prohibir la construcción a menos de 500 metros de la costa. Los cinco niveles de protección contemplados se conocerán en 2009.
La visión "desoladora" de los arquitectos
El resumen de los arquitectos ante esta situación con los planeamientos urbanísticos en Galicia es "desalentadora". "En general -apunta el colectivo en su último informe general-, las normas que regulan el territorio están desfasada por su falta de adaptación al marco legal vigente". Y no es el único hándicap. Hay que tener en cuenta su "escasa entidad técnica". Las Normas Subsidiarias o Delimitaciones de suelo urbano. "En algunos casos -añaden-, esta fallas resultan irrelevantes frente a la simple inexistencia de una norma que regule la actividad urbanística".
Los arquitectos llaman la atención sobre el hecho de que la mayoría de los concellos costeros carezcan de un plan urbanístico. Únicamente dos ayuntamientos del litoral de la comunidad, A Pobra do Caramiñal y recientemente Vigo, se han adaptado a la ley vigente, pese a que la proximidad al mar o a las rías implica una mayor responsabilidad a la hora de dibujar el crecimiento de una localidad.
217 peticiones de ayudas para redactar el documento
Una de las principales razones que dan los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, para justificar los evidentes retrasos en la aprobación de sus planes urbanísticos es la falta de medios. Por eso, la Consellería de Política Territorial abrió una línea de ayudas para que los concellos pudieran hacer frente al costoso proceso. Desde la contratación de personal a los gastos derivados de la tramitación. Hasta comienzos de agosto, la Xunta había otorgado un total de 20,2 millones de euros entre 212 solicitudes presentadas. En la partida se contemplan todavía otros 6 millones de euros más, en previsión de más peticiones.
De los que tienen la subvención concedida, 182 saben la cuantía que van a recibir. Las cuantías oscilan entre los 31.400 que recibirá el concello lugués de Os Blancos y los más de 360.000 de Vilalba, en la misma provincia. La ayuda depende del volumen de población. Los de menos de 5.000 habitantes cubrirán al 100% el gasto; los que no superen los 20.000 tienen derecho a una partida de hasta el 90%. En la horquilla de los 20.000 y 50.000 habitantes, el 80%. Para las siete grandes ciudades gallegas, la colaboración se realiza mediante un convenio específico. En caso de que el municipio tenga su plan general suspendido por una orden judicial, "ante la situación más delicada y urgente" que supone, Política Territorial eleva hasta el 100% la ayuda, independientemente del número de habitantes.
"Esta línea de ayudas tiene un carácter transparente y objetivo de forma que cada concello puede calcular la cuantía que le corresponde", señalan desde el Gobierno gallego. Los parámetros establecidos coinciden con los precios recogidos por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para la elaboración y que tienen en cuenta el número de habitantes, la superficie, la dispersión de los núcleos y el tipo de planeamiento que está vigente en ese momento.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 20.10.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El círculo urbanístico se cierra sobre el acantilado de Benitatxell
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ELPAÍS/Alicante* : El proyecto de un puerto deportivo consolidaría frente al mar la mayor barrera de cemento, que ya cubre sus montañas, de La Marina Alta. El majestuoso litoral de los Penyasegats de Benitatxell, formado por cuevas marinas, acantilados cortados a pico y calas de silenciosa belleza como la del Moraig o la del Llebeig, está ya en el ojo de la piqueta.
La decisión del Partido Independiente de Benitatxell (Piddeb), que gobierna la población con mayoría absoluta, de apoyar el proyecto de un puerto deportivo impulsado por una empresa privada amenaza esta costa protegida por la Unión Europea por sus endemismos y praderas de posidonia.
El Piddeb bendijo las instalaciones portuarias en el último pleno municipal pese a la indignación de tres de los grupos de la oposición (PP, PSPV y BNV), que denunciaron que la mercantil, denominada Real Club Náutico Pesquero y Deportivo de Benitatxell, SL, y con sede en Teulada, no ha presentado ni siquiera un estudio de impacto medioambiental, limitándose a asegurar que "la actuación será lo menos agresiva posible". Tampoco ha indicado en qué lugar ubicará las futuras instalaciones. "Hasta dentro de un mes no podremos decir nada", indicó a este diario uno de los administradores de la firma, Cristian Soto.
Habilitar un recinto portuario en una costa muy escarpada cuyos escasos accesos viarios se ven entorpecidos no sólo por la naturaleza sino por un gran número de urbanizaciones, se antoja difícil y puede disparar el impacto ambiental del proyecto. La mercantil, en la memoria que ha presentado al Ayuntamiento, admite que éste es un obstáculo serio y subraya la necesidad de realizar una circunvalación y nuevas carreteras que permitan transportar maquinaria pesada. Por su parte, fuentes de la oposición sostienen que la ubicación más probable sería la cala de los Testos, muy cerca de la del Moraig. Para llegar a ella, por cierto, habría que atravesar terrenos de la controvertida urbanización Cumbre del Sol, donde existen más de 5.000 viviendas.
Se trata de un proyecto ambicioso que, según la firma, podrá cubrir la demanda de amarres para embarcaciones recreativas durante los próximos 25 años y prevé la creación de un paseo marítimo. En el objeto social de la empresa que consta en el Registro Mercantil también se alude a la construcción de clubes náuticos, locales hosteleros y centros sociales y comerciales. Así, ofrecería 50 puestos de trabajo directos, además de otros 150 indirectos.
La propuesta irrumpe en plena crisis económica y cuando los ingresos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento se han desplomado y han pasado de los 900.000 euros en 2004 a tan sólo 75.000 en lo que va de 2008. De hecho, un 25% de los terrenos del plan parcial de Cumbre de Sol aún está pendiente de urbanizar. La empresa del puerto se erige como una solución al parón inmobiliario al asegurar que la dársena constituirá una "revalorización de las propiedades de la población derivada de la mejora en la oferta turística y ofrecer amarre de barco en el municipio".
El proyecto está minado de incógnitas. La firma se constituyó como sociedad limitada el mismo día que presentó su plan al Ayuntamiento y uno de sus administradores acudió a la comisión informativa en la que los ediles debatían la propuesta.
Las nuevas instalaciones portuarias cerrarán frente al mar un círculo de hormigón que comenzó a trazarse en la montaña de Benitatxell hace 30 años, en las postrimerías de la dictadura de Franco, cuando la empresa de Benissa VAPF le compró al Ayuntamiento los terrenos del Puig Llorença, un cerro de 445 metros de altura. En 1975, VAPF obtuvo autorización para construir en las lomas entonces vírgenes del monte una urbanización casi sin parangón en el resto de la costa valenciana, la de Cumbre del Sol. Hoy existen allí medio millar de viviendas y 100 kilómetros de viales sobre 3,7 millones de metros cuadrados que constituyen un abigarrado laberinto de chalés, bungalós, apartamentos, piscinas y supermercados. Un auténtico imperio urbanístico.
Con Cumbre de Sol, Benitatxell pasó de pueblo agrícola a emporio turístico-residencial de primer orden y experimentó una explosión demográfica: en 1981 había empadronados 1.525 habitantes; en 2008 ya son más de 5.000, el 63% de ellos extranjeros.
Esta expansión urbanística ha tenido un precio: "Aceleró la degradación del medioambiente en muy corto espacio de tiempo con un irreparable deterioro paisajístico", asevera la profesora de la Universidad de Alicante Cristina Montiel en un estudio sobre el desarrollo turístico de Benitatxell.
El Ayuntamiento, atraído por los ingresos por licencias, ha apoyado sin reparos a Cumbre del Sol. En 1987, cuando, con motivo de la redacción de las normas subsidiarias del municipio, la Generalitat gestionada entonces por el socialista Joan Lerma quiso elaborar un plan de especial protección para el área, se suspendieron las licencias en la zona. El Ayuntamiento y VAPF recurrieron. El conflicto se resolvió en enero de 1988 con un convenio entre VAPF y el Consistorio por el que la mercantil se comprometía a sacrificar los enclaves más espectaculares de la urbanización, como los acantilados y la cumbre del monte, para crear un cinturón verde protegido de 2,8 millones de metros.
Un alcalde imputado
El paraje idílico con el que la naturaleza recompensó a Benitatxell ha provocado sin embargo que en los últimos 30 años el municipio haya sufrido una intensa presión urbanística sazonada de conflictos sociales y escándalos políticos. Pese a su desmesurado crecimiento, la población ha dependido tanto de los ingresos urbanísticos que ya durante el presente mandato el Piddeb tramita un nuevo Plan General que prevé urbanizar otro millón de metros cuadrados y triplicar el censo de la población.
Este PGOU también se ha visto sacudido por la polémica: el 8 de julio de este año, el alcalde, Juan Cardona, y su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf, fueron detenidos por la Guardia Civil por pedir a un promotor 50.000 euros por mantener urbanizables sus terrenos en ese documento. Los dos están imputados por un presunto delito de cohecho, según una causa abierta en un juzgado de Dénia y en el que están implicados también el administrador de fincas de origen alemán Kai Oliver Wagner y el arquitecto municipal.
Un aluvión de proyectos portuarios
Los proyectos de las empresas privadas para construir puertos deportivos arrecian en la Marina Alta. Además de Benitatxell, sólo durante este año en la comarca se han presentado otras dos propuestas: una para instalar una marina de 600 amarres en la desembocadura del río Girona, en Els Poblets, y otra para ampliar el puerto de Xàbia y dotarlo de un total de 1.000 amarres más. En paralelo, el año pasado se inauguró la ampliación del puerto de Dénia, que ahora tiene capacidad para otros 280 barcos.
Las inmejorables condiciones paisajísticas de la costa de La Marina y el componente residencial de su turismo han propiciado esta presión por parte de las empresas del sector, que insisten en sus proyectos portuarios pese a la oposición de los ecologistas, de algunos Ayuntamientos, como el de Xàbia o el de Dénia cuando era gestionado por PSPV y BNV, y de asociaciones vecinales como la de Els Poblets.
La náutica parece inmune a la crisis, "ya que la demanda de amarres es muy superior a la oferta en toda la provincia de Alicante", explican fuentes empresariales del sector, quienes añaden que "el propietario de un barco no puede renunciar a comprar un amarre ni siquiera con esta coyuntura, ya que no hay ninguna garantía de que tenga uno disponible después".
La falta de oferta ha disparado incluso la reventa de puntos de atraque. "Ha creado un mercado negro basado en la especulación que nos perjudica como empresarios". El precio del amarre en España se ha multiplicado por cuatro en el último lustro. El negocio, según las fuentes, mueve en todo el país cerca de 18.000 millones de euros anuales.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 20/10/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
