El Ayuntamiento de Telde quiere hacer jefe de Urbanismo a un acusado por corrupción

Hasta aquí podíamos llegar, resulta que ahora en Urbanismo se pone a los zorros a cuidar de las ovejas. Esto ocurre en el ayuntamiento, del PP y CC, de Telde (Gran Canaria), donde pretenden colocar de jefe del Servicio de Urbanismo a un acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos urbanísticos, por lo que pide el fiscal de este caso ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para él. Como se aprecia el grado de degeneración política al que se ha llegado justifica todo, porque además la prepotencia con la que actúan los implicados es totalmente delictiva y, de nuevo, la justicia debería intervenir atajando estas situaciones, so pena de caer en complicidad evidente.
"ELDIARIO* : El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), formado por el Partido Popular y Coalición Canaria, pretende llevar al pleno corporativo de final de mes una propuesta de concurso para cubrir las jefaturas de servicio de la institución con la principal pretensión de colocar con plaza fija al frente del Servicio de Urbanismo a José Luis Mena, actualmente acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto interinamente en el periodo 2003-2007.

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde, la cuarta ciudad de Canarias (100.000 habitantes), pusieron el grito en el cielo el pasado viernes cuando en la comisión municipal de Régimen Interior aparecieron unas propuestas para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitadas por la vía de urgencia, en la que, entre otras jefaturas, aparecía la de Urbanismo, con unas bases que las centrales consideran “un traje a la medida” de Mena.

Fuentes sindicales consultadas este lunes por Canarias Ahora han confirmado sus sospechas que se centran en el baremo que PP y CC quieren aplicar para otorgar estas jefaturas por considerar que están hechas para que Mena pueda regresar al departamento de Urbanismo ya como jefe y sin posibilidad de que se le remueva por decisiones políticas, como ocurrió en este mandato al acceder a la concejalía de Urbanismo el nacionalista Pablo Rodríguez.

En concreto, las bases que el grupo de gobierno quiere aprobar prevén 27 puntos sobre 32 posibles para criterios que cumple sobradamente el acusado de corrupción José Luis Mena. Es particularmente destacable que se otorguen seis puntos a la “experiencia” en el puesto de jefe de servicio, condición que, unida a la exigencia básica de ser funcionario de carrera, pocas personas cumplen en Telde.

Los otros criterios que dan ventaja a Mena son grado personal (6 puntos), cursos (6), antigüedad (6) y titulación (3), mientras que tan solo cinco puntos se destinan a evaluar la memoria que habría de presentar cada opositando (3 puntos) y la defensa oral de la misma ante un tribunal (dos puntos).

De policía local a factótum del urbanismo

José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.

Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.

Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.

El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.

Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.

* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 27.1.14
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Un juzgado procesa al exconcejal de Urbanismo de Elche por ‘UrbiElx’

Continúa la corrupción urbanística en la provincia de Alicante, siguiendo el mal ejemplo de la capital donde aun hay pendientes varias y graves causas judiciales. En este caso se trata de Elche, donde se imputa al concejal de Urbanismo entre los años 2003-2007 por tráfico de influencias y negociación prohibida en una permuta de terreno. Un caso confuso ya que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el alcalde de entonces. Como vemos no hay quien entienda muchas decisiones judiciales, sobre todo si éstas se producen diez años más tarde de suceder los hechos delictivos.
"ELPAÍS* : El juzgado de Instrucción nº5 de Elche ha incoado un procedimiento abreviado contra el exconcejal de Urbanismo de Elche (Alicante) entre 2003 y 2007 y actual concejal socialista en la oposición, Emilio Martínez, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios.

Así lo ha confirmado este viernes el propio Martínez en una comparecencia ante los medios de comunicación convocada con carácter urgente después que esta mañana se le haya comunicado el auto.

La resolución judicial se enmarca en el conocido como 'caso UrbiElx', en el que un arquitecto ilicitano acusó, entre otros, al propio Martínez y al exalcalde socialista de la ciudad, Diego Macià, de influir en la compra de una parcela en las inmediaciones del actual centro comercial de El Corte Inglés --inaugurado en 2007-- mucho tiempo antes de la construcción de ese complejo, lo que reportó a la mercantil que adquirió los terrenos, según el querellante, unos cuantiosos beneficios cuando se edificó el centro comercial. Esos terrenos fueron adquiridos por la mercantil 'UrbiElx', participada por familiares de Macià.

Emilio Martínez ha expresado su "sorpresa y estupor" ante un auto judicial que permite seguir el proceso contra él cuando, según ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el exalcalde de Elche y exdiputado autonómico, Diego Macià.

"Quiero denunciar que esta querella forma parte de las casi 20 que han promovido dos personas afines al PP de Mercedes Alonso contra el alcalde y el equipo de urbanismo y que en su inmensa mayoría han sido archivadas", ha señalado Emilio Martínez.

Confía en la absolución

El edil socialista ha indicado que "ayer mismo se absolvió a una técnico municipal que ha sido criminalizada durante muchos años, asegurando el órgano judicial que existió temeridad manifiesta en la querella y en el escrito de acusación, es decir, que el acusador ha actuado de muy mala fe, y por tanto le obliga al pago de las costas", ha explicado Martínez, que ha confiado en que la causa que a él se le ha abierto tenga el mismo final.

"La hemeroteca constata que al menos desde noviembre de 2001 se conocía en la ciudad la ubicación del centro comercial El Corte Inglés en esta zona y no sólo eso, sino también que se han sometido a aprobación y a difusión pública en diarios oficiales todos los elementos que confirmaban la llegada y ubicación de ese centro comercial, antes que yo fuera concejal en el Ayuntamiento", ha defendido el edil socialista.

Martínez ha avanzado que presentará un recurso contra la resolución judicial porque "entendemos que el paso que da el juzgado contiene algunos elementos que en nuestro recurso vamos a intentar aclarar para que el órgano judicial reconsidere este paso". Emilio Martínez ha dicho que no abandonará su acta de concejal hasta conocer la resolución del recurso.


* El País - EP - 24.1.14
Foto: Elche (Alicante), ayuntamiento - absolutelche



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