Marbella.- La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’

El caso Saqueo II era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar. Tras la vergonzosa sentencia de hace un mes sobre el caso Saqueo I, ahora se dicta otra que también parece débil en cuanto a la absolución de varios implicados y a los numerosos atenuantes que ha tenido en cuenta el tribunal. A este paso, el mayor escándalo de corrupción urbanística habido en la historia de un municipio de este país, va a quedar en 'agua de borrajas' y va a tener poca ejemplaridad para el juicio de otros casos de menor relevancia política y empresarial.
"ELPAÍS* : Julián Muñoz y Juan Antonio Roca suman una nueva pena de cárcel apenas un mes después de ser sentenciados en el caso Malaya. La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de Marbella y al exasesor de Urbanismo de esta ciudad a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el conocido como Saqueo II, que ha enjuiciado el desvío de dinero de las arcas municipales desde principios de los noventa hasta 2001. Se trata de una de las causas centradas en el expolio del Ayuntamiento marbellí durante la etapa del GIL.

El tribunal, que ha tenido en cuenta para todos los implicados la atenuante de dilaciones indebidas, ha dictado otras 11 condenas y ha absuelto a 15 acusados, entre los que están la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exconcejal Tomás Reñones.

El grueso del grupo que ha quedado libre de cargos son exediles. Se fijan, además, indemnizaciones por responsabilidad civil por unos 40 millones de euros que deberán ser abonadas de manera solidaria por varios condenados, incluidos Muñoz y Roca.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal los ha absuelto, en cambio, de los delitos de asociación ilícita (añadido tras la vista oral) y contra la Seguridad Social que les imputaba la fiscalía, que reclamaba para ellos una pena de 15 años y medio y 13 años de prisión, respectivamente. Los dos se encuentran actualmente en la cárcel. Roca fue penado a principios de octubre con 11 años de reclusión en el caso Malaya y el exalcalde, que cumple condena por el caso de blanqueo en el que fue juzgado junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, con dos años de prisión en el mismo proceso.

Saqueo II es la continuación temporal del primer sumario con este nombre, en el que Roca ya fue sentenciado por la Audiencia Nacional a seis años y diez meses de prisión por malversar más de 20 millones de euros públicos entre 1991 y 1995. En este caso también fue condenado José Luis Sierra, antaño asesor jurídico de Jesús Gil y responsable de urdir en los inicios del gilismo el entramado de sociedades municipales a través de las cuales se habrían desviado los fondos públicos.

En este procedimiento se ha juzgado a exconcejales (han sido absueltos 12 exediles) y a gerentes y empleados de las mercantiles creadas alrededor del Ayuntamiento.

El tribunal considera probado que el Consistorio asumió “deudas ficticias” de las sociedades, bien por operaciones ilusorias o por contratos “inexistentes”, mediante transferencias de fondos que no están justificadas. Los seis exconcejales que han sido condenados emitieron esas órdenes de pago.

La sentencia, de 208 páginas, detalla decenas de traspasos de dinero irregulares desde el Ayuntamiento, incluido uno de 2,9 millones de euros autorizado en julio de 1993 por decreto por Pedro Román, también condenado a seis años de prisión por malversación.

La salida irregular de fondos se llevó a cabo, además, a través de seis contratos con una empresa que pretendían simular proyectos que en realidad no existían y con honorarios “ficticios”. El mecanismo de pago se articuló en una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental, que en septiembre de 2000 autorizó que fuera Contratas 2000 la sociedad encargada de cumplir con esas supuestas obligaciones de pago. Esos proyectos eran “una copia” de otros presentados en otras ciudades o ya desarrollados en Marbella. El representante de la empresa era Carlos Monteverde, también condenado en este procedimiento por malversación, y el tribunal señala a Roca como uno de los participantes en esta operación.

El caso Saqueo II, cuya sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar, después de Saqueo I (con sentencia firme) y el conocido como caso Minutas, con Julián Muñoz y el presidente del Sevilla, José María del Nido, como principales implicados. Este procedimiento está pendiente de resolución por parte del Supremo.

El pasado 4 de octubre se hizo pública la sentencia de Malaya, centrada en las irregularidades urbanísticas de este municipio y en los sobornos extendidos durante años para lograr la adjudicación de obras y servicios.

Centrada en el tripartito que lideró Marisol Yagüe, roto en 2006 con el estallido de esta operación, la Audiencia de Málaga concluyó la existencia en el Ayuntamiento de un “sistema de corrupción generalizada” en el que Roca ostentaba “todo el poder” y los concejales estaban en nómina.


* El País - MARÍA FABRA / ESPERANZA CODINA - 30.10.13
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es



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El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sufrirá en persona las consecuencias de la pasividad del Ayuntamiento que preside a la hora de ejecutar sentencias judiciales firmes en materia de Urbanismo. En este caso es por las viviendas ilegales del barrio de Valdemarín, una de cuyas sentencias, no ejecutada por el municipio, es de hace 9 años (nueve). Pero hay otros muchos asuntos urbanísticos pendientes y el Ayuntamiento siempre trata de poner pegas a la acción judicial. Habrá que ver si esta desobediencia jurídica es perseguida, a partir de ahora, por la débil y politizada justicia existente.
"VOZPÓPULI* : El Ayuntamiento de Madrid ha acabado con la paciencia de la Justicia en lo que materia de Urbanismo se refiere. Así se deduce de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de mayo en el que los jueces responsabilizan personalmente a la alcaldesa, Ana Botella, de hacer ejecutar una sentencia firme del año 2004 que el Consistorio aun no ha aplicado. El auto daba un plazo de dos meses para llevarlo a cabo, transcurridos los cuales sin novedad ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El proceso se refiere a una serie de edificaciones en la exclusiva zona de Valdemarín, en la zona noroeste de Madrid. En contra de lo que indicaba el planeamiento original, que reservaba el terreno a la construcción de viviendas unifamiliares, comenzaron a levantarse bloques de apartamentos turísticos, lo que originó la presentación de diversas denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por parte de los vecinos.

Una de ellas, presentada por un vecino de la Comunidad de Propietarios Valdemarín 42, obtuvo sentencia firme en febrero de 2004, una resolución judicial que instaba al Ayuntamiento de Madrid a declarar ilegales una serie de obras realizadas en dicha comunidad.

Pero a pesar de esta sentencia y de numerosos autos de ejecución dictados por los tribunales, el Consistorio madrileño ha hecho siempre oídos sordos.

De esta forma, el pasado mes de abril el denunciante presentó ante el TSJM un escrito en el que solicitaba directamente el desalojo de las viviendas afectadas por la sentencia de 2004. El Tribunal respondió en apenas quince días con un auto en el que se considera que no ha lugar el desalojo pero en el que muestra el hartazgo de los jueces ante el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid lleve nueve años sin ejecutar una sentencia firme.

Multa personal coercitiva

De este modo, el TSJM decidió que, a partir de ahora, la alcaldesa en persona sea la que se responsabilice de este asunto. Así, ha sido la propia Ana Botella la denunciada ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y también la que deberá asumir, en persona, la multa coercitiva de 300 euros por cada mes que transcurra sin que la sentencia sea ejecutada.

Como el auto fue emitido en mayo y daba dos meses de plazo para llevar a cabo esta ejecución, Botella acumula ya tres meses de sanción, es decir, 900 euros de multa.

Esta es sólo una de las múltiples denuncias presentadas contra las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en Valdemarín, una exclusiva urbanización en la que llegó a tener una vivienda el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente y actual consejera del Banco Santander y dos hijas de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados y de la Junta de Castilla-La Mancha.

El conflicto comenzó a mediados de los años 90 cuando en el desarrollo de la zona conocida como los Valdemarines (Valdemarín Este y Valdemarín Oeste) comenzaron a convivir dos normas urbanísticas: la original prevista en el Plan Urbanistico de 1985, de chalets unifamiliares con amplias parcelas, y la denominada ordenanza colectiva de baja densidad (pequeños bloques de viviendas y apartamentos turísticos).

La zona comenzó a poblarse de bloques de este tipo que no estaban previstos en el planeamiento, lo que motivó el enfado de los primeros vecinos que se trasladaron a vivir allí y que adquirieron las propiedades bajo el supuesto de que sólo se construirían viviendas unifamiliares.

Más de 2.000 viviendas en el aire

Las demandas no se hicieron esperar. Ya en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conminó al Ayuntamiento de Madrid a que reconociera para la zona de Valdemarín un régimen urbanístico homogéneo. Es decir, que hubiera sólo chalets o sólo apartamentos.

Ahora, los demandantes esperan sentencias firmes u órdenes de ejecuciones que pueden suponer la declaración de ilegales para algo más de 2.000 viviendas en la zona, unos pisos cuyo valor medio se sitúa en el entorno de los 800.000 euros.


NOTA DE LA REDACCIÓN

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid considera necesario aclarar que la información aparecida en Vozpópuli bajo el titular "El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica" no se ajusta en absoluto a la realidad, toda vez que no se ha producido traslado alguno al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito imputable a autoridad alguna o funcionario alguno del Ayuntamiento de Madrid por la causa referida en la noticia del citado medio de comunicación. El auto al que hace alusión la noticia no contiene imposición de sanción al Ayuntamiento, sólo incluye un apercibimiento de imponer, tal como establece la Ley, multas coercitivas, así como poner en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal si no se cumple el requerimiento efectuado. A día de hoy, el Ayuntamiento ha contestado dicho requerimiento y está pendiente de decisión por la Sala el modo de cumplimiento de la sentencia.


* VozPópuli - Raul Pozo - 28.10.13
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y Gallardón - elpais



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