ELPERIÓDICO/Barcelona* : El director del Consorci de l'Orfeó Català-Palau de la Música, Joan Llinares, ha considerado que los siete convenios que Fèlix Millet firmó con la fundación de CDC, la Trias Fargas, estaban "fuera de lugar" y son "de difícil justificación". El actual gestor del Palau ha asegurado que todavía falta mucha documentación por examinar, pero que en el Palau existen papeles "extraños y sorprendentes" relacionados con adjudicaciones de obra pública realizadas por CiU, como la L9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia. "Se tiene que seguir investigando", ha añadido.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Palau, Llinares ha confirmado la información publicada hoy por EL PERIÓDICO sobre la coincidencia entre el dinero que recibía Millet de Ferrovial y los pagos que, pocos días después, realizaba el exdirector del Palau a la Trias Fargas. "Es una relación extraña y anormal, que no solo consta en anotaciones personales [el diario de la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull], sino también en ficheros informáticos que obran en poder de la institución", ha explicado Llinares, quien ha añadido que "no se explica" por qué estos documentos están en el Palau de la Música.
Convenio "dudoso"
Asimismo, el actual director del consorcio del Palau ha insistido en todo momento en que debe ser la justicia la que dictamine si en estos documentos existe una base probatoria de algunas actuaciones irregulares. El tripartito ha dejado entrever esta posibilidad en sus intervenciones. Por ejemplo, ERC ha asegurado que el 75% de los ingresos que recibió la Trias Fargas mientras Millet dirigió el Palau provenía de Ferrovial. Por su parte, CiU se ha aferrado a que, hasta el momento, no se tiene ninguna "constancia fehaciente" de todos estos hechos.
Llinares también ha calificado de "dudoso" el convenio que Millet firmó con la Fundació Espai Catalunya, que dirigía el actual secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom, en el año 2000. Sobre este asunto, la directora general de Dret i Entitats Jurídiques, Elena Lauroba, ha afirmado en la comisión que dicha fundación, de carácter independentista, nunca llegó a formalizar su registro. Sin embargo, sí consta, como Llinares ha dejado claro, que Millet le otorgó 150.000 euros en dos pagos. Lauroba ha asegurado que la Generalitat consignó en una auditoría a la fundación del Palau dos pagos a la fundación de CDC, en los años 2002 y 2005. "Hubiese sido mejor que esta relación no se hubiera producido", ha remachado Lauroba.
Caja única
Respecto al grueso de las irregularidades cometidas por Millet, Llinares ha remarcado que buena parte de los delitos se vieron favorecidos por el hecho de que las tres entidades existentes en el Palau de la Música (fundación, consorcio y asociación) funcionasen como una "caja única", con el mismo equipo directivo detrás de cada una de ellas. Según la auditoría que los nuevos gestores encargaron a la empresa Deloitte, el agujero que Millet y Jordi Montull dejaron en el Palau es de 33.644.000 euros. Después de detallar la profundidad del saqueo, Llinares ha asegurado que más de una cuarta parte de esta cantidad ya ha sido resarcida a la institución.
* El Periódico - 14.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
El director del Palau considera "fuera de lugar" y "de difícil justificación" los convenios de Millet con la Trias Fargas
'Gürtel'.- Anticorrupción pedirá enviar el caso a Castilla y León por nuevos imputados
ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la parte del sumario del caso Gürtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicación de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (León) a la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).
Anticorrupción quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organización corrupta que dirigía Francisco Correa a partir de la adjudicación, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervención del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti. Así le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la policía en sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su día de la parte principal porque la fiscalía no quería abrir más frentes sobre la trama Gürtel, máxime tras lo acontecido en Valencia. Allí, el Tribunal Superior de la comunidad se negó a investigar al presidente, Francisco Camps.
De hecho, Anticorrupción se mantenía entonces a la espera, pues la situación le beneficiaba. La imputación por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del ex diputado del mismo partido Jesús Merino, podía arrastrar al alto tribunal a Fernández Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y León en razón de su cargo. Así, Toti sería investigado por el Supremo junto a Bárcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupción sólo tenía que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de Gürtel, mientras no se aclarase la situación de la causa en Valencia.
La operación de ingeniería procesal urdida por el PP para que Bárcenas y Merino dejasen sus escaños en busca de un tribunal más favorable a sus intereses, como sería el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibujó otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, Bárcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputación de Fernández Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y León. Eso es lo que va a intentar Anticorrupción cuando reciba las actuaciones del Supremo, según fuentes de la investigación.
En la causa hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Baltasar Garzón en el que se implicaba a Bárcenas. Entre la documentación del contable de Correa, José Luis Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel y supuesto asesor de Correa en la colocación en el extranjero del capital de sus empresas.
Del auto de Garzón se desprendía que Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Según la policía, en alusión a Toti y al ex senador Bárcenas, entre otros. Más tarde, los investigadores hallaron otra documentación que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León", de otro reparto similar de 96.100 euros.
Teconsa resultó beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra pública entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y León, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realizó movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.
Las últimas investigaciones policiales señalan que la relación de Correa con el grupo de empresas de José Martín Núñez, administrador único de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervención telefónica de Correa con un consejero de Teconsa, José Luis Martínez Parra, en la que hablan de un amigo común, José Ramón Blanco Balín.
* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm
Las ocho victorias de Roca
LAOPINIÓN/Málaga* : Cualquiera podría pensar que desde el 29 de marzo de 2009, fecha en la que fue detenido el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, todo le ha ido mal a este murciano que llegó a la Perla del Mediterráneo a principios de los 90 de la mano de Jesús Gil. Actualmente arrastra más de ochenta procedimientos penales en diversos juzgados del país, la mayoría de ellos en la localidad costasoleña, pero también ha habido momentos de satisfacción: ocho en concreto. Cuatro pares de instantes en los que la Justicia le dio la razón al supuesto cerebro de la trama de corrupción conocida popularmente como «Malaya».
Ha ganado, tras arduas investigaciones, siete casos urbanísticos y uno en el que estaba imputado por un fraude a la Hacienda Pública aunque, eso sí, a partir del 27 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados por «Malaya» y todavía debe responder por «Saqueo 2» ante la Audiencia Nacional. También le resta conocer la sentencia de «Minutas», que se desarrolla estos días.
La última alegría se la llevó el 2 de junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella archivó una causa contra Roca y otros nueve ex ediles del Consistorio, entre ellos Julián Muñoz, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos se castigan con penas que prescriben a los diez años, lo que se habría producido en este caso, en el que se investigaba la cesión por parte del Consistorio de unos terrenos a una empresa. Los delitos prescribieron.
El mismo órgano ya archivó otra causa contra el ex asesor en febrero de 2009. Se investigaba la concesión de una licencia a una sociedad para construir 63 viviendas en suelo no urbanizable, pero el pacto que la Fiscalía alcanzó con los ex concejales, por el que éstos reconocían su responsabilidad y sufrían una pena inferior, motivó que lo que eran indicios de criminalidad para Roca se convirtieran, como dice el juez, «en meras sospechas». Y es que lo que se investigaba era si el ex asesor asistía a las comisiones de gobierno que aprobaban los permisos.
Poco antes, el 27 de enero del pasado año, la Fiscalía pidió, por los mismos motivos, el sobreseimiento de la causa que había contra el murciano por la concesión de una licencia a una constructora para reformar el Hotel Guadalpín con la oposición de los informes técnicos. Al haber acuerdo entre Julián Muñoz, sus compañeros de corporación y el ministerio público, se sobreseyó el asunto.
Febrero de 2009 fue sin duda el mes de su vida. El día 10, se archivó un caso contra el ex asesor por la concesión de una licencia para la construcción de 86 casas en Guadalpín Sur. Una vez más, la asunción de responsabilidad por parte de los políticos, tras el pacto fiscal, le permitió eludir el banquillo. Sólo había sospechas de su actuación, y eso no es suficiente para condenar a nadie.
Sólo un día después, Instrucción 1 de Marbella sobreseyó las actuaciones por el otorgamiento de una licencia de obras a una promotora para la edificación de un hotel de cuatro estrellas, argumentando el magistrado lo mismo que en las ocasiones anteriores.
Instrucción 2 de Marbella se subió al carro el 17 de febrero de 2009, esta vez por otro delito urbanístico. El pacto estuvo una vez más detrás. La guinda al pastel se la puso en noviembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que archivó una causa contra el ex asesor de Urbanismo por un delito fiscal. No se acreditó la perpetración de delito alguno.
Antes, el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga lo absolvió por la concesión de una licencia de obra al fallecido periodista Antonio Herrero. Ocho victorias que, entre otras cosas, le han permitido mantener un optimismo moderado de cara a su situación penal.
En la cárcel de Albolote, le da clases a los presos analfabetos, «sobre todo les enseña a escribir, sumar y restar». Incluso les escribe las cartas que éstos envían a sus esposas. «Tiene don de gentes y es querido y respetado por sus compañeros. Por la tarde, se dedica con entusiasmo a preparar sus procedimientos. Está siempre encima de todos», aclaran las fuentes consultadas por este periódico.
Ya se ha agotado su periodo de prisión preventiva por «Malaya», cuatro años, pero aún se tramitan contra él 42 diligencias previas por diversos procedimientos con temática urbanística de fondo. Tiene más de 80 procesos en total.
En el último juicio de «Minutas» se le ha visto muy entero contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo. Como buen jugador, Roca piensa que puede seguir ganado.
* La Opinión de Málaga - 14.06.10
Foto: Imagen de archivo de Juan Antonio Roca a la salida de uno de sus procesos judiciales - laopiniondemalaga.es
Mari Carmen lleva cinco meses sin poder entrar en su casa, que ha sido 'okupada'
20MINUTOS/Madrid* : "Puedes gastar todo lo que quieras en abogados que no te va a servir de nada". Éstas fueron las últimas palabras que Mari Carmen Peña cruzó con el grupo de personas que han okupado su vivienda del paseo de las Delicias (Madrid). Ocurrió hace dos meses en el descansillo de la escalera. Una mujer con acento latinoamericano le gritó detrás de la puerta que no volviera. "No seas tan pesada y déjanos tranquilos, bruja", recuerda que le dijeron. Mari Carmen volvió a llamar a la Policía y, entre lágrimas, abandonó una vez más el edificio en donde está el piso que compró con mucho esfuerzo cuando era tan sólo una jovencita.
Pero la pesadilla comenzó a principios de abril. Un día, un vecino le preguntó si había alquilado su casa porque llevaba meses viendo luz. Ella bromeó y le dijo que no era posible porque estaba dada de baja. Más tarde la llamó para avisarla de que había visto gente en el piso. "Fui y vi que habían roto la cerradura y que le habían puesto un candado a la puerta. Llamé a la Policía y me dijeron que pusiera una denuncia porque sólo un juez podía ordenar el desalojo. Además, me explicaron que ni se me ocurriera entrar a la casa porque sería allanamiento de morada y eso complicaría las cosas", recuerda.
Los okupas utilizaron una de las cartas del buzón de la vivienda para conseguir los datos personales de la dueña (nombre, apellidos, DNI...) y poder darse de alta de la luz y el gas por teléfono. Mari Carmen consiguió dar de baja los servicios, pero desde las compañías le advirtieron de que ellos podían estar robando el gas y la luz por otro lado.
1.500 euros en abogados
Mari Carmen ya ha gastado más de 1.500 euros en abogados, ha puesto más de una decena de reclamaciones y nadie le ha dicho cuándo podrá recuperar su casa. "Mi abogado cree que pueden tardar en marcharse entre seis meses y un año, pero que no me lo asegura porque depende de la rapidez de los juzgado, no de él", cuenta.
Esta mujer tenía pensado volver a vivir en su vivienda del paseo de las Delicias porque las cosas no le van muy bien y necesita dinero."Casi he agotado el paro y no encuentro trabajo. Había pintado la casa para mudarme porque el piso donde vivo ahora es más fácil de alquilar. Es más bonito", cuenta desconsolada.
20 minutos intentó ponerse en contacto con los okupas de Mari Carmen, pero nadie contestó a las llamadas pese a que en el interior de la vivienda se escuchaban ruidos.
"Que pase lo que Dios quiera"
Mari Carmen confiesa estar harta de la situación. Asegura que la ley deja a los propietarios desprotegidos en este tipo de situaciones y que sólo defiende a la gente que entra en las casas. Por este motivo, dice que está pensando encadenarse a la puerta de su piso cuando ellos se vayan para que no puedan volver a entrar. "Que venga la Policía y que pase lo que Dios quiera", cuenta esta mujer que asegura estar pasando el peor momento de su vida.
* 20 Minutos - 14.06.10
Foto: Madrid, vivienda okupada a Mari Carmen - 20minutos.es
Costas ha detectado 218 infracciones en el litoral balear durante el último año
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DIARIODEMALLORCA* : La Demarcación de Costas del Estado ha detectado en el último año 218 infracciones en el litoral balear. Los municipios que más han vulnerado la Ley de Costas durante 2009 y los primeros meses de 2010 son Santanyí y Llucmajor con 14 expedientes cada uno. Le sigue Pollença con 13 expedientes sancionadores. Las principales infracciones corresponden a vertidos de líquidos y de escombros en el mar, obras en el dominio público marítimo terrestre, aparcamiento y circulación de vehículos en zonas de litoral prohibida y acampadas.
Los datos facilitados por Costas separan por islas las infracciones. Mallorca cuenta con 94 expedientes, seguida de Menorca con 55 y Eivissa con 54. En Formentera se han contabilizado 12. La recaudación por las multas impuestas a raíz de infracciones en el litoral ascendió a 182.826 euros, si bien esta cantidad puede corresponder a sanciones de años anteriores que durante 2009 o principios de 2010 se ha concluido el expediente y cobrado la multa.
Los datos de este año contrastan con los de 2008, donde el número de expedientes por infracción en el dominio público marítimo terrestre aumenta en casi cien casos. En concreto fueron 316 las infracciones detectadas hace dos años. En Mallorca fueron 142 por las 110 de Menorca, las 49 de Eivissa y las 15 de Formentera. La recaudación también se incrementó y el Estado cobró por multas en el litoral de las islas 290.181 euros. Esta diferencia es puramente administrativa, ya que cada expediente antes de iniciarse tienen una tramitación diferente y puede que la infracción sea cometida en un año y el expediente se inicie en otro.
Por lo que respecta a los municipios es coincidente que en los pueblos con la costa más extensa es donde se han producido mayor número de infracciones. En el caso de Llucmajor, la mayor parte de los 14 expedientes corresponde a estacionamientos y circulación de vehículos invadiendo la zona litoral. En el caso de Santanyí, también con 14 expedientes sancionadores, un número importante son también sobre vehículos, otros son obras como es el caso de la colocación pasarelas o pavimentación por parte de propietarios. También existe algún expediente por el varado de embarcaciones.
En 2008 el municipio con más infracciones fue Campos con 22. Lo curioso del caso es que 21 expedientes son por circulación de vehículos en la costa. Le siguen Artà con 20 infracciones de los cuales 15 son por acampadas en zona de dominio púbico.
* Diario de Mallorca - 14.06.10
Foto: Llucmajor (Mallorca), nuevas construcciones - T.Ramón (El País)
Imputado el ex presidente del PP de Íllora por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja ha llamado a declarar en calidad de imputado al que fuera presidente del PP de Íllora, Juan Francisco Palma, por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio en suelo no urbanizable en Escóznar. Será el próximo 30 de junio cuando tendrán que aportar su testimonio ante el juez, que ha pedido además al Seprona que informe sobre el estado actual de las obras que ya fueron paralizadas por orden judicial, según consta en una providencia de fecha 7 de junio de 2010, facilitada a Europa Press.
Según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Íllora, el juez atribuye al ex político un posible delito de desobediencia grave, al desoír tres órdenes de paralización de la construcción del tanatorio, que se levantaba en suelo de especial protección agrícola; y otro contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
El pasado 2 de junio el juez decretó la paralización "inmediata" y el precintado de las obras realizadas por Palma a través de la empresa 'Palmavalen S.L.', que "no estaban amparadas por licencia" y que, a pesar de la orden del Ayuntamiento de Íllora, continuaron ejecutándose.
Así, Palma prestará declaración ante el magistrado de Loja y también lo hará Gallego, que concedió una licencia supuestamente ilegal un día antes de que tomara posesión la nueva corporación municipal, del PSOE.
* Ideal - 14.06.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
